Asimismo, el Gobierno anunció la movilización de militares para tareas de seguridad interna.
En el programa de Mirtha Legrand, Patricia Bullrich esgrimió la existencia de “grupos en Facebook que dicen que van a saquear y voltear al Gobierno”, y en comunicación con diversos medios prometió “una apuesta en el marco de la ley contra aquellos que lo que hacen es decir que van a saquear” (Perfil, 12/12).
La funcionaria explicitó su aval al espionaje a las organizaciones populares, refiriendo orgullosa un trabajo mancomunado del Ministerio de Seguridad y el Departamento de Ciberdelito.
Las bravatas de Bullrich van en línea con el propósito de reforzar la presencia de Gendarmería en el Gran Buenos Aires, relevando a 1.200 miembros de esa fuerza por militares (Clarín, 12/12). La medida, que debería ser resuelta por un DNU del gobierno, establece a su vez el reforzamiento represivo en una zona clave y la incorporación de Fuerzas Armadas a tareas de represión interna.
A su turno, la tapa del oficialista La Nación (12/12) advierte que “el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le informó al presidente que en enero empezará a desalojar los piquetes más pequeños y de menos activistas (…) a partir del momento en que se lance la nueva Policía de la Ciudad, el 1° de enero”
Las palabras de Bullrich son también la confesión del fracaso del represivo protocolo antipiquete, para cuya aplicación el gobierno macrista no ha contado con condiciones políticas. Las declaraciones de la ministra buscan intimidar a la movilización popular, en el cuadro del ajuste de Macri y los gobernadores y de un creciente impasse econoómico. La misma edición de La Nación recuenta más de 6 mil piquetes en lo que va del año y menta la preocupación del presidente sobre el crecimiento de estos en el último período: “Macri presume que las concesiones a los piqueteros, con subsidios millonarios y con la ley de emergencia social, fueron a cambio de nada”.
Bien visto, tanto el pacto sellado con la CTEP, el Movimiento Evita y Barrios de Pie como las intimidaciones a las manifestaciones forman parte del mismo cuadro. La “paz social” establece un cerco: para quienes queden adentro, se establece un conjunto de prebendas; para quienes prosigan la movilización contra el ajuste, se agita la amenaza de espionajes, persecuciones judiciales y represiones.
Para el próximo 20 de diciembre, cuando se cumplen 15 años del Argentinazo, está planteada una manifestación del clasismo y la izquierda, por una salida obrera y socialista a la crisis nacional. Una movilización contundente de los trabajadores ocupados y desocupados será la mejor respuesta posible a las intimidaciones del gobierno.
Tomás Eps (@tomaseps)
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