viernes, 31 de octubre de 2014

La reforma procesal de Boudou y Berni



La reforma del Código Procesal Penal se inscribe en la batalla de fondo que el gobierno libra en el frente judicial. Se ha publicitado largamente su propósito de garantizar la impunidad de la camarilla oficial, agobiada por denuncias de corrupción. Pero no ocurrió lo mismo con sus ataques a las libertades democráticas, en la línea de las leyes antiterroristas y otras disposiciones represivas que la oposición, de un modo general, apoya.

Corrupción

El Código de Procedimientos regirá en todo el país para los delitos federales -como narcotráfico, falsificación de moneda y defraudación fiscal- y a los que involucran a funcionarios públicos -como enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, entre otros. El cambio más significativo radica en que serán los fiscales quienes estarán a cargo de impulsar la investigación y recabar las pruebas en el proceso. De ese modo, queda limitado el papel de los jueces de instrucción, quienes tendrán prohibido realizar actos de investigación o impulsar la persecución penal. En la instancia del juicio oral, tampoco podrán realizar preguntas ni suplir la actividad de las partes.
El impulso y la calidad de la acusación son depositados, por lo tanto, en los fiscales. Actualmente, la jefa de los fiscales es una ultra K, la procuradora Alejandra Gils Carbó, protagonista en el freno a las causas que involucran al poder político.
Gils Carbó nombró fiscales sub-rogantes a diestra y siniestra, lo que le valió una denuncia que fue desestimada por un juez amigo de los K, Sebastián Casanello. Antes de fin de año, serán designados por este "método" diecisiete nuevos fiscales. El nuevo código permitirá que la procuradora asigne causas discrecionalmente, sin sorteo.
Es cierto que el fiscal no podrá desestimar la acción penal cuando haya funcionarios públicos involucrados, algo que el oficialismo argumenta para responder a las críticas de la oposición. Lo que no dice es que los fiscales podrán dejar caer las causas por corrupción si no existe denuncia o limitar los pedidos de prueba.

Libertades democráticas

Entre sus nuevas atribuciones, los fiscales podrán solicitar a los jueces allanamientos y requisas en forma oral, lo cual podrán fundamentar por escrito luego de realizados. En un extremo, estas medidas se presentarán como hechos consumados, sin control por parte del imputado ni de las víctimas.
Un artículo del nuevo código faculta al fiscal a realizar investigaciones genéricas para esclarecer "alguna forma especial de criminalidad". Es un verdadero cheque en blanco que puede ser utilizado para criminalizar la protesta social, en la línea de las leyes antiterroristas contra las organizaciones populares. Del mismo modo, se ha redactado el artículo que regula la prisión preventiva con términos indefinidos, como "la gravedad de las circunstancias" y "la conmoción social del hecho", cuyos alcances quedan a criterio de quien juzga.
Llamativamente, se excluye la aplicación de la prisión preventiva para los delitos de abusos sexuales, incluso a menores, si no existieran lesiones graves o muerte de la víctima. Esto impacta directamente en los casos de violencia de género, en las que el violador puede actuar sobre las víctimas mediante amenazas con el propósito de evitar el proceso.
En relación a la participación de la víctima, no se ha avanzado más allá de la jurisprudencia existente. En cambio, se consagra el derecho del sector público a constituirse como querellante. El gobierno había intentado hacerlo en el juicio por la masacre de Once para encubrir sus propias fechorías, pero el tribunal se lo denegó.
La posibilidad de expulsar a los extranjeros del país, prevista en los casos de indocumentados que incurran en delitos menores, podría constituirse en un nuevo recurso para la criminalización de la protesta -por ejemplo, contra las ocupaciones de terrenos federales, los cortes de vías o calles o cualquier otra medida de lucha. Medio siglo después de su derogación, el kirchnerismo ha reflotado una versión propia de la Ley de Residencia, que la Unión Industrial exigió a principios del siglo XX contra la organización obrera que emprendían los inmigrantes de filiación socialista o anarquista. El nuevo código no sólo está redactado a la medida de los Boudou y Jaime: es la letra y el puño (represor) de Sergio Berni. Oponemos a estos planteos reaccionarios la elección de jueces y fiscales por el voto popular, así como el cierre de las causas y la anulación de las condenas de todos los perseguidos por luchar.

Claudia Ferrero (Apel)

Los capitalistas no sacan los pies del plato

Aunque el constitucionalista Sabsay recibió un aplauso cerrado por su diatriba contra la presidenta Cristina Kirchner, varios de los empresarios más importantes que estuvieron en el coloquio de IDEA salieron rápidamente a desmarcarse. La presidenta de General Motors, que oficia de presidenta del cónclave empresarial, fue la primera en poner paños fríos. Tiene motivos para ello: su empresa recibió un préstamo de la Anses a tasas subsidiadas, y cotidianamente negocia con el gobierno la entrega de dólares para importar las autopartes que el monopolio automotriz yanqui ensambla en la ciudad de Rosario.
En la misma línea que los pulpos automotrices se expresaron otros capitalistas beneficiados por la política del gobierno. El propietario de uno de los principales laboratorios del país también reprobó a Sabsay. Después de todo Cristina Kirchner ha respetado la ley de patentes que asegura enormes beneficios a la industria de los laboratorios. También ha autorizado, en los últimos meses, un aumento permanente de las tarifas de las pre-pagadas, que son junto con el Estado y las obras sociales los principales compradores de medicamentos.
Las disidencias entre los capitalistas se eliminaron cuando fueron consultados sobre qué medida debe tomarse ante el agravamiento de la crisis económica. La respuesta unánime fue arreglar con los fondos buitres, para por esta vía volver a obtener financiamiento internacional que permita pagar la deuda externa, tanto pública como privada. Los propios empresarios hicieron saber que los cumplimientos a término de las deudas privadas estaban comprometidos en la próxima etapa, sino se logra un acuerdo rápido con los buitres. El default, que ya alcanza a una parte de la deuda pública, se propagaría así al conjunto de la economía.
Pero en este punto también los capitalistas tienen motivos para presentarse como componedores con el kirchnerismo. Es que las negociaciones entre el gobierno y los fondos buitres para alcanzar un acuerdo en enero, una vez que la cláusula RUFO pierda vigencia, son febriles. Lo atestigua, por ejemplo, que la primera actividad del nuevo presidente del Banco Central haya sido concurrir a una reunión organizada por la JP Morgan, donde afirmó que el gobierno ya tomó la decisión de regularizar la deuda en default en el 2015. Vanoli dijo que se buscará la forma para que el costo político sea el más reducido posible, sabiendo que el gobierno deberá mandar a blanquear las paredes pintadas con la consigna “patria o buitres”. Esta forma será, muy posiblemente, el pago con bonos, siguiendo el `modelo` Repsol y los juicios del CIADI.
El arreglo con los buitres será un gran negocio para los capitalistas reunidos en el coloquio de IDEA. Esto porque permitirá la valorización de todos los títulos de la deuda externa, que mayormente están en manos de la burguesía nacional. Sin embargo el pacto con los buitres no alcanzará para abrir un ciclo de endeudamiento internacional y de ingresos de capitales. Para que esto ocurra será necesario proceder a una mega-devaluación, que abarate los activos del país, levantar el cepo cambiario y aplicar un tarifazo. Este programa es un golpe brutal contra los trabajadores.
La clase capitalista no quiere sacar los pies de plato. Su objetivo es que el gobierno llegue a fin del mandato y que realice el trabajo sucio de llevar adelante el ajuste, que ya está en marcha. La diatriba de Sabsay es la bronca de un derechista que no entiende porqué Chevrón, Exxon Móbil, Soros y el Citibank aún siguen bancando al gobierno.

Gabriel Solano

jueves, 30 de octubre de 2014

Detrás de la lluvia, sale a flote la miseria



El anuncio de “democratización de las telecomunicaciones” efectuado el miércoles 29 con la presencia de Capitanich, Kicillof y De Vido se vio, literalmente, pasado por agua.

Mientras la plana mayor del gabinete nacional celebraba la llegada del 4G y la eliminación del concepto de larga distancia, el agua sacaba a flote todo lo que una década de anuncios rimbombantes no pudo tapar.
Si la inversión en infraestructura urbana y obra pública era una deuda arrastrada por todos los gobiernos democráticos, la situación pegó un salto en calidad en los ’90 con la privatización de los servicios públicos y su virtual entrega al mejor postor para gestionarlos en pos del beneficio empresarial. La situación de degradación no solo no se revirtió durante la llamada “década ganada”, sino que se siguió profundizando: un festival de subsidios a las privatizadas, sin control de que se realizaran las obras necesarias, derivó sólo durante los últimos dos años y medio en más de un centenar de muertos , considerando para empezar los crímenes sociales de Once y Castelary el de las inundaciones de abril de 2013. A esto se suma la decadencia creciente de las condiciones de vida de sectores cada vez más amplios de la población, que vieron empeorar paulatinamente su situación en lo que respecta a vivienda, transporte público, acceso a servicios como luz, agua potable y cloacas, por mencionar algunos aspectos. La enorme cantidad de fotos y denuncias recibidas desde el martes a la noche por La Izquierda Diario constituyen un testimonio vivo de la situación en distintas ciudades y de la indignación que genera en los vecinos volver a pasar por momentos de angustia e incertidumbre ante cada temporal. Trabajadores de Kraft y Donnelley, del Hospital Alende, telefónicos, docentes y estudiantes de distintas localidades actuaron como verdaderos corresponsales mostrando su realidad.

Inundaciones: nada nuevo bajo el sol (o las nubes)

En lo que se refiere a la infraestructura urbana, ya durante el año pasado las inundaciones que afectaron centralmente La Plata, otras localidades de la provincia de Buenos Aires, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las ocurridas este año en el noreste del país, dejaron claro que la deuda en materia de infraestructura pluvial e hidráulica es enorme: significó la muerte de decenas de personas, además de pérdidas materiales irreparables para los sectores más postergados de la población, aquellos que justamente habitan las zonas más desfavorables de las ciudades.
Muchas de las casas devastadas en las cercanías del arroyo El Gato de La Plata, por ejemplo, habían sido construidas en terrenos cedidos por el gobierno local, que con completo desparpajo había aprovechado para su propia campaña el otorgamiento de títulos de propiedad en un área que se sabía peligrosa para ser habitada. Las inundaciones de esta semana, al igual que las mencionadas anteriormente, no se deben a desconocimiento ni a fenómenos naturales fuera de control: numerosos estudios y denuncias realizados por especialistas, asociaciones de vecinos y universidades alertan permanentemente sobre la situación de riesgo en determinadas zonas y la falta de obras necesarias, pero son también permanentemente ignoradas por los distintos gobiernos, dedicados a inaugurar obras más superficiales que muestran una cara “más linda” de las ciudades y que dan rápido rédito político. Todo lo que se puede prevenir, entonces, deja de justificarse en nombre del “desastre natural”; por eso se habla de crímenes sociales en estos casos.

Obras que no se concretan y negocios redituables

La falta de obras responde a varias razones, entre ellas la decisión política de priorizar la inversión en otras áreas; un ejemplo claro de esto es que tanto el gobierno nacional como el bonaerense, por mencionar dos de los que poseen un mayor presupuesto, asignan fondos cada vez más cuantiosos a las distintas fuerzas represivas, lanzando operativos que llenan de gendarmes, prefectos y policías las zonas más pobres del país y se utilizan para reprimir a los trabajadores que salen a luchar contra despidos y suspensiones. Por otra parte, la planificación urbana, que debería responder a las necesidades de los habitantes de las ciudades manteniendo una armonía con el entorno natural, está, muy por el contrario, sujeta a la lógica del mercado y a la especulación.
Constructoras y desarrolladoras inmobiliarias están lejos de perder dinero en esta situación. Los arreglos entre el kirchnerismo y el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, por mencionar un caso, han significado durante toda la década la concesión de obras y beneficios fiscales a las principales constructoras, quienes además facturan cifras exorbitantes. Un claro ejemplo de los grandes negocios de las constructoras que no paran de facturar e incumplen los plazos son los siete “hospitales del Bicentenario” cuyas obras se encuentran paralizadas, y donde constructoras como Caputo y Creaurban vienen realizando beneficiosas “readecuaciones de precios” a lo largo de los seis años desde que fueron anunciados por la presidenta Cristina Fernández por primera vez. Esto vale también para las obras viales: según un informe de la Auditoría General de la Nación, el 60% de las programadas desde 2003 no se ejecutó o sufrió demoras de años.

Un verano que pinta candente

Antes de este último temporal, los primeros picos de calor ya venían mostrando que la crisis energética será otro actor privilegiado de la temporada estival. Tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires y distintos distritos del conurbano bonaerense los cortes de energía eléctrica vienen siendo frecuentes y cada vez más extendidos, situación agravada con el temporal que dejó decenas de miles de hogares más sin luz. El corte de suministro, además de los lógicos problemas de no tener luz, no poder aliviar el calor ni conservar los alimentos refrigerados, genera que en muchos casos se corte además el suministro de agua. En este contexto, las inundaciones vienen a empeorar un panorama que hace prever un difícil tránsito del último tramo del año, sobre todo para los sectores de la población que viven en zonas donde el acceso a los servicios básicos se logran mediante mucho esfuerzo de sus habitantes, ante la desidia de las empresas y los funcionarios.

Verónica Zaldívar

El modelo de exterminio uribista, alabado por Macri y Massa

El genocida expresidente de Colombia Álvaro Uribe vendió en Buenos Aires sus políticas represivas y de “tierra arrasada” bajo el disfrazar de disponer de una política de Estado para hacer frente al narcotráfico y contó entre sus interlocutores nada menos que a dos candidatos presidenciales de la derecha, Sergio Massa y Mauricio Macri.
El jueves 23 de octubre, Macri y Massa se reunieron con Uribe, un político conservador, vinculado con bandas paramilitares y también acusado de espiar a sus opositores en forma ilegal y ordenar crímenes de lesa humanidad durante los ocho años de su gobierno. Por si fuera poco, el presidente venezolano Nicolás Maduro lo acaba de sindicar como autor intelectual del asesinato del legislador chavista Robert Serra.
Existen numerosos antecedentes –y pruebas ante la justicia colombiana e internacional- de que la “excusa” de este conflicto bélico intensificado durante el periodo Uribe, causó destrucción de viviendas, desplazamiento de la población, sistemáticos asesinatos y heridos de miles de personas inocentes, mientras paralelamente, se siguen imponiendo megaproyectos de industrias extractivas con intereses de transnacionales, como mineras y petroleras. ¿Este es el modelo que alaban Macri y Massa?
Macri y Massa lo presentaron a la prensa argentina como el “campeón” de la lucha contra el narcotráfico. Los paramilitares –en especial los comandados por el hoy preso en EEUU, Salvador Mancuso- ligados a Uribe también formaban un importante cartel del narcotráfico.
"La violencia y el narcotráfico necesitan que se los enfrente de manera brutal. Se necesita toda la fuerza del Estado para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y lo que tiene que ver con la logística del delito", dijo Massa, exintendente de la localidad bonaerense de Tigre, él mismo sindicado por la parlamentaria opositora Elisa Carrió de tener conexiones con el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de él.
Massa recordó el asesoramiento del exdirector de la Policía colombiana, general Oscar Naranjo: "Tuvimos una capacitación en su momento con él sobre logística de prevención y seguridad (…) La violencia y el narcotráfico necesitan que se los enfrente de manera brutal”.
El exdirector de policía de Colombia llegó a México a mediados dle 2012 de la mano del entonces candidato presidencial priísta Peña Nieto, como asesor externo en temas de seguridad. Estuvo 18 meses, con la intención de desterrar el término "guerra" del discurso en materia de seguridad, repetido una y otra vez durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Es de recordar que durante su mandato, Uribe prohibió hablar del “conflicto interno” de seis décadas, para poder aplicar su política de exterminio y tierra arrasada. La situación descontrolada en varios estados mexicanos (Michoacán y Guerrero últimamente), habla del asesoramiento de Naranjo, quien fue frecuentemente vinculado con los grupos paramilitares y las violaciones a los derechos humanos.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, en los últimos 55 años de “experiencia exitosa” hubo 220 mil muertos, 25 mil desaparecidos, 1900 masacres y más de cinco millones de desplazados.
Macri, jefe de gobierno de la capital argentina, señaló tras la entrevista, que "Es importante tomar esas experiencias y aprender de aquellos que le ganaron al narcotráfico", en referencia a las políticas desarrolladas por Uribe, que significaron un férrea (auto)censura de prensa para acallar miles de muertos, desaparecidos y desplazamientos forzosos.
Quizá Massa y Macri no estén enterados (la televisión pasatista no suele hablar de esas cosas, claro), pero tres de los jefes de seguridad de su gobierno están siendo juzgados y uno de ellos, un ex general, fue extraditado a Estados Unidos, por sus actividades como narco con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, tristemente conocidas como fuerzas paramilitares.
El propio hermano de Uribe, Santiago, ya fallecido, estaba acusado de formar parte de Los Doce Apóstoles, un grupo paramilitar, y la que fue su pareja también está siendo juzgada en Estados Unidos.
Invitado al XII Congreso Internacional de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, presuntamente financiado por el paramilitarismo a lo largo del continente, Uribe alentó a los gobiernos a "no tener ningún tipo de contemplación con aquellos que producen y venden drogas" y habló sobre la necesidad en la región de combinar inversión con desarrollo humano, políticas sociales y sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Paramilitares, narcotraficantes, trasnacionales que se benefician con las políticas de tierra arrasada, empresas y asesores de seguridad se regodean en Argentina con el negocio que puede llegar de la mano de Massa o Macri. ¿Un modelo de exportación?

Aram Aharonian

“Estos hechos no están en discusión”

Habló de la confesión que le hizo el represor Adolfo Scilingo, que luego reflejó en el libro El Vuelo, sobre el asesinato de los desaparecidos. También se refirió a la complicidad de la Iglesia con la última dictadura cívico-militar.

El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, ofreció ayer, ante el Tribunal Oral Federal Número 5, detalles sobre la confesión que recibió del represor Adolfo Scilingo respecto de los vuelos de la muerte. En el marco del tercer juicio que se desarrolla por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la ESMA durante la última dictadura, Verbitsky contextualizó cómo conoció a Scilingo y cómo éste le confesó haber “arrojado 30 personas al mar desde aviones de la Armada”. “Scilingo fue el único en confesar los vuelos. Luego se sumaron otras pruebas, como los cuerpos aparecidos en las costas. La existencia de estos hechos no está en discusión, ya es cosa juzgada en este país”, concluyó Verbitsky. Luego declaró Diego Martínez, también periodista de Página/12.
De los 68 imputados en este tramo de la megacausa ESMA, sólo los ya condenados Juan Carlos Rolón y Ricardo Cavallo escucharon los testimonios. Hacía mucho que Rolón no aparecía por la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, donde desde hace casi dos años se desarrolla el debate oral. Su nombre formó parte de la primera parte del relato de Verbitsky, “periodista desde 1960” y con “numerosos artículos y libros sobre lo ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983” en su haber. Uno de ellos, El Vuelo, editado en 1995, tiene vinculación estrecha con el exterminio de prisioneros de la ESMA a través de los vuelos de la muerte. Cuando comenzó a hablar sobre su investigación relacionada con el rol político de la Iglesia argentina y la vinculación directa de la jerarquía eclesiástica con los crímenes de lesa humanidad, defensores de varios imputados intentaron impedirlo. “El testigo sólo fue citado por los vuelos de la muerte. Si habla sobre cualquier otra cosa, atenta contra el derecho a defensa”, se quejaron la defensora oficial de Francisco Rioja y la de Jorge Magnacco, jefe de la maternidad clandestina que funcionó en el predio, Julieta Mattone. Varios otros coincidieron con la advertencia, que el presidente del tribunal, Daniel Obligado, esquivó sensiblemente: “No es una cuestión simple (el tema de los juicios). Hay muchas cosas relacionadas”, respondió.

El contexto

El presidente del CELS ubicó el comienzo de su relato en 1993. El Senado se disponía a tratar el decreto de ascenso de Rolón y Antonio Pernías en la Armada, a salvo de la Justicia por las leyes de impunidad. Verbitsky, entonces, creyó oportuno publicar en un artículo periodístico “sus antecedentes, las denuncias que había en su contra sobre torturas y asesinatos de los que habían sido parte”. En octubre de 1994, ambos aún marinos en actividad, admitieron las torturas ante el Senado, que los había citado para defenderse de las acusaciones; el tema “había tomado notoriedad”, remarcó el periodista. Sus ascensos fueron rechazados. Algo se había revuelto.
Aún no había terminado ese año cuando “un hombre de 45 años aproximadamente”, cruzó a Verbitsky en el andén de la estación Pueyrredón de la línea D de subte. “Como presentación me dijo ‘yo estuve en la ESMA’. Yo pensé que como víctima, entonces le digo algo así como ‘sí, qué duro debió haber sido todo’ y me corrigió: ‘No, como compañero de Rolón y Pernías’”, recordó el periodista respecto de la primera vez que vio a Adolfo Scilingo. Según apuntó, el hombre, entonces capitán de corbeta retirado, “hizo una especie de planteo gremial en defensa de Rolón y Pernías” sobre su ascenso trunco, al decir que “todos habían hecho lo mismo, todos participamos” de lo ocurrido en el centro clandestino de detención más grande del terrorismo de Estado.

Empujado por la culpa

Verbitsky se encontró con Scilingo decenas de veces a lo largo de varios meses. En una de esas reuniones, “Scilingo cambió el discurso” y se quebró. “‘Ya no aguanto lo que hice, no me soporto a mí mismo’, me dijo. Yo le pregunté qué había hecho y me respondió: ‘Arrojé 30 personas al mar desde aviones de la Armada’”. En los encuentros subsiguientes, el entonces marino retirado detalló la mecánica de ese método de exterminio de los genocidas: que los prisioneros eran seleccionados por represores de la ESMA, que en la enfermería eran adormilados con una primera inyección de pentonaval, que eran llevados en camión hasta Aeroparque, en donde los cargaban en un avión y que, una vez en el aire, los pinchaban nuevamente con más sedante, los desnudaban y los arrojaban por la portezuela al vacío. Scilingo le confesó que él una vez casi cae también, se resbaló. “Me dijo que a partir de ahí tomó conciencia de lo que era matar a una persona de esa manera”, señaló Verbitsky como el posible punto de origen de la culpa en el ex capitán, preso desde hace diez años en España por esos delitos.
Ante Verbitsky, Scilingo involucró a sus superiores, como el entonces vicealmirante Luis María Mendía –lo acusó de ordenar los vuelos en Puerto Belgrano–, y le entregó documentación: cartas enviadas a Jorge Videla, a las autoridades de la Armada de entonces e incluso al ex presidente Carlos Menem. Todo eso integra El Vuelo, la primera confesión pública sobre los vuelos de la muerte, la complicidad de la Iglesia con el genocidio de la última dictadura cívico-militar y la intención de la Marina y del gobierno de entonces de querer mantener lo sucedido en silencio. “Me dijo que luego de participar en uno de los vuelos se sentía muy mal y que buscó consuelo en los capellanes, que le dijeron que estaba bien lo que había hecho porque había que separar la cizaña del trigo”, remarcó el testigo. Scilingo le dio nombres: Angel Zanchetta y Luis Mancenido.
La confesión pública de Scilingo trajo consecuencias. Años más tarde resultó condenado a 640 años de cárcel en España, pero no es la única: “Hasta el día en que Scilingo habló, los vuelos formaban parte de las versiones de las víctimas. Scilingo es el primer militar que coincide con lo que las víctimas plantean, con lo que comienza una nueva etapa en el proceso social de reflexión respecto de esos hechos: se dejó de negar lo sucedido y pasó a justificarse”, reflexionó el periodista.

Los otros

Tras la exposición de Verbitsky, el periodista Diego Martínez aportó más datos sobre los vuelos, provenientes de su labor periodística entre 2006 y 2012. Las confesiones que el enfermero Juan “Jeringa” Barrionuevo, Emir Sisul Hess y Rubén Ormello –estos últimos, dos de los seis imputados por los vuelos– hicieron frente a compañeros de trabajo respecto de su participación en diferentes vuelos, así como el relato exclusivo del suboficial Roberto Del Valle, quien le dijo al periodista haber visto sangre y restos de ropa en un avión en Ezeiza, se destacaron entre la información que sumó.

Ailín Bullentini

miércoles, 29 de octubre de 2014

En la mira de Berni: los trabajadores que luchan, los inmigrantes y la izquierda



Sergio Berni se lanzó a los medios, con el nuevo Código Procesal Penal en la mano, mediante un operativo- campaña: “estamos infectados de delincuentes extranjeros”. El ministro de Seguridad de Scioli, Alejandro Granados, se manifestó “totalmente de acuerdo con Berni”. A una semana de la brutal represión en la Panamericana contra los obreros de Lear; está claro: los trabajadores que luchan, los inmigrantes y la izquierda, son los enemigos declarados del giro derechista del gobierno. En la mira de Berni: los trabajadores que luchan, los inmigrantes y la izquierda.

Ayer comenzó en el Senado la discusión del nuevo Código Procesal Penal, y ayer mismo el Secretario de Seguridad recrudeció sus ataques xenófobos, a partir de un teatral episodio con colombianos que supuestamente intentaban un asalto al fiscal Federico Stornelli.
¿Xénófobo yo? "Hay dos cosas que nadie puede decir: ni que el discurso es xenófobo ni que esto implica echarle la culpa a los extranjeros. Los que dicen eso no tienen la responsabilidad de estar todos los días en la calle", declaró Berni defendiéndose. Y atacó: "estas personas, cuando salen a robar, dejan un tendal en la ciudad. La laxitud judicial así se lo permite. Generan delitos que son rápidamente excarcelables y, mientras esperan un juicio que nunca llega, siguen cometiendo delitos."
Desde que fue presentado por Cristina Kirchner, la semana pasada y por cadena nacional, el punto fuerte del debate público giró en torno al procedimiento penal con los inmigrantes. La polémica, aún dentro de las filas kirchneristas, está en que el nuevo Código permite suspender el proceso de prueba a extranjeros que se encuentren “en situación irregular” y cometan “delitos de flagrancia”.
El abogado Diego Morales, director del área de Litigio del CELS, especialista en el tema sostiene que: “El objetivo de la suspensión de juicio a prueba es evitar el proceso y una condena a extranjeros. Esta opción en el caso de migrantes pasa a ser un dilema, ya que los migrantes pueden optar por suspensión de juicio pero tienen prohibido volver a Argentina de 5 a 15 años. Es como decirles: ¿Qué preferís: esperar un juicio o te vas mañana?”. Y remata: “se convierte en una opción distinta a la que tienen los argentinos. El argentino puede obtener suspensión juicio a prueba pero el migrante si acepta se tiene que ir”. Es decir, una medida claramente discriminatoria.
Además, Berni intenta poner en práctica la idea que la misma presidenta señaló “para terminar con esta puerta giratoria se deberá tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho; la conmoción social que haya generado. Cuando hay un hecho que produce conmoción social no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura”. El concepto de “conmoción social” es claramente un poder extra para los medios de comunicación; justamente una atribución que le regalan a “las corpos” los kirchneristas que se quejan que el Grupo Clarín ya logró la “condena mediática” del vicepresidente Boudou, antes de ser condenado por la justicia. El despliegue mediático del Carancho en Jefe de la Gendarmería Nacional contra “los extranjeros” apunta a esa condena para una minoría que intentan hacer aparecer como “peligrosa” ante la opinión pública y la clase media que reclama “seguridad”.

Doble condena para un sector importante y castigado de nuestra clase trabajadora

El último censo realizado en 2010 indica que en la Argentina viven poco más de 1.800.000 extranjeros, el 4,5% de la población. En el área metropolitana reside el 77% de los migrantes sudamericanos, con mayoría de paraguayos y bolivianos, seguidos por chilenos, uruguayos y peruanos. La comunidad boliviana, además, está presentes en el NOA (7% del total de los nacidos en Bolivia); los migrantes paraguayos en el NEA (7% del total de nacidos en Paraguay), y en la Patagonia se concentran los inmigrantes chilenos (41%).
Los migrantes sudamericanos representan el 5% del total de los trabajadores ocupados en la Argentina y el 7% en la zona metropolitana. Su presencia aumenta en las industrias que incorporan menos tecnología —textil, confección y calzado- y de mayor flexibilidad laboral, como la construcción y el servicio doméstico, donde constituyen entre el 11% y el 13%. En el Gran Buenos Aires llegan a constituir el 17% en la industria de construcción y el 20% en el servicio doméstico. El 34% de los varones inmigrantes trabaja en la industria de la construcción. En el servicio doméstico, el 47% de las mujeres extranjeras.
Casi el 60 % de los inmigrantes ocupados se encuentran en puestos de trabajo informales, en tanto la informalidad entre los trabajadores argentinos es 10 puntos menor. Si son mujeres extranjeras la informalidad asciende a un 67%. Sus salarios son, en promedio, un 24% más bajo que el ingreso de los trabajadores nativos. En el caso de las mujeres inmigrantes sus ingresos son aún un 15% más bajo que el percibido por los hombres inmigrantes, y un 30% menor que el de las mujeres trabajadoras argentinas.
A estas condiciones de empleo y salario, ya en desigualdad con respecto a la clase trabajadora nativa, se le agrega ahora el Código Berni. A menos de una semana de la última y brutal represión a los obreros de Lear en Panamerican a, está claro: los trabajadores que luchan, los inmigrantes y la izquierda están en la mira del Secretario de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner.

Manolo Romano

“Perseguir a los criminales contra la humanidad es una premisa para mejorar el mundo”

Entrevista al abogado Carlos Slepoy Prada

Desde que en 1977 tuvo que exiliarse en España, Carlos Slepoy no deja de ejercer la abogacía en favor de los Derechos Humanos. Galardonado con diversos premios por su trabajo, ha sido conocido mundialmente por juzgar a genocidas y criminales como el dictador chileno Augusto Pinochet, quien gracias a su labor, en conjunto con el juez Baltasar Garzón, fue detenido en 1998 durante un viaje a Inglaterra para una intervención médica. Actualmente forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.
- Comunidades indígenas desterradas por topadoras sojeras, toneladas de agua y millones de hectáreas contaminadas por el uso de cianuro y agrotóxicos, miles y miles de ciudadanos arrojados a la pobreza y a la exclusión en todo el mundo. ¿Cómo se está trabajando para intentar cambiar este estado de cosas?, ¿Se puede trazar un paralelismo con la lucha por los derechos humanos en épocas de las dictaduras?
Las cuestiones que plantea la pregunta son diversas, pero tienen un elemento común: la economía y el conocimiento puestos al servicio del lucro y no al de la satisfacción de las necesidades humanas y el respeto a la naturaleza. Hay quienes opinan que estas prácticas acreditan el invariable egoísmo, a través del tiempo, de la especie humana y son en consecuencia, y en esencia, irresolubles.
Actuar sobre los males y aberraciones que produce el sistema económico y social que nos ha tocado vivir no sólo es posible y necesario, sino que colabora a desentrañar, y combatir las causas que los producen. Las luchas parciales no se agotan en sí mismas sino que ayudan a pensar y construir un mundo distinto. Lo ejemplificaré con las luchas que se han dado, y los logros que se han obtenido, en la persecución y sanción de quienes cometen los que, en sentido genérico, calificamos como crímenes contra la humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad como tal, como sujeto de derechos.
Las normas sancionadoras del derecho penal cumplen, a estos efectos, un papel que va mucho más allá de la sola represión de los delitos y de la prevención que ésta genera en cuanto anuncio cierto de que al crimen sucederá la persecución y la aplicación de la pena.
Estableciendo normas prohibitivas de determinados hechos y, con ello, promoviendo el valor social de los bienes jurídicos agredidos por estas conductas criminales, nos interpela a preguntarnos por qué acaecen y, sancionándolas, cuestiona y deslegitima sus causas. Pone en tela de juicio la estructura social productora de los ilícitos y nos convoca a construir una realidad distinta. Perseguir eficazmente a quienes cometen crímenes contra la humanidad constituye así una premisa necesaria para mejorar el mundo.
Renunciar a hacerlo no sólo deja sin castigo conductas que conforme al estadio actual de la conciencia universal no pueden dejar de ser sancionadas y promueve que se reiteren, sino que promueve el disvalor de la impunidad. Vivimos, como lo han hecho antes las generaciones que nos precedieron, habituados a este disvalor. Los delincuentes menores y los terroristas que actúan contra las instituciones de los Estados son perseguidos y sancionados como regla general y, también como norma, no se persigue ni sanciona a los grandes delincuentes ni a los terroristas de Estado. Sus influencias, sus cómplices, sus armas, su posición social, su estrecha relación con grupos económicos y sociales poderosos, su control sobre las instituciones, su capacidad de intimidación criminal determina que sus delitos no sean penados. Más aún, se elaboran y lanzan mensajes conforme a los cuales perseguirlos penalmente colabora a la desestabilización de los países e impide la reconciliación social.
Frente a esta realidad lacerante se han venido abriendo conceptos como la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad; la persecución y castigo, a través del principio de justicia universal, de quienes los cometen cualquiera sea el lugar en que los hayan perpetrado; la irrelevancia e ineficacia de leyes de impunidad para impedir su juzgamiento, etc. La aplicación de estos principios es producto de un largo proceso histórico y debe su consagración al esfuerzo indoblegable de miles de víctimas de crímenes atroces y múltiples organismos sociales y de derechos humanos. Hasta no hace mucho tiempo se instrumentaba el discurso de que su aplicación vulneraba el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la soberanía de los países donde se cometen los crímenes. Su consagración en el derecho internacional no sólo ha demostrado que las batallas dadas han sido fructíferas sino que estimulando a las poblaciones agredidas y acorralando a los criminales, ha colaborado en gran medida para que la justicia negada, a veces durante décadas, empiece a actuar allí donde antes sólo reinaba la impunidad.
Como las grandes tareas de trascendencia histórica tienen aún un largo trecho por recorrer. No se ha logrado todavía alcanzar a los criminales con mayor poder y asistimos a la invasión, bombardeo y destrucción de países sin que ninguna instancia judicial sea capaz de instruir procesos para que sus responsables rindan cuenta ante la justicia. Pero la brecha está abierta y sin duda se seguirá profundizando. Y lo hará porque ello constituye una necesidad para la humanidad.

Franquismo y después…

-¿En qué situación está en la actualidad todo el trabajo que se ha venido haciendo desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo?, ¿Qué pasó con la orden de captura internacional contra los torturadores Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, dictada por la jueza Servini de Cubría?
Lo que se conoce como la querella argentina contra los crímenes del franquismo – en realidad son muchas querellas y denuncias de muchas personas y asociaciones, unificadas en una misma causa- ha tenido notables avances, en especial en este último año. Entre otros, se habilitaron los consulados argentinos en todo el mundo para recibir gratuitamente denuncias de las víctimas; se han celebrado videoconferencias venciendo la inicial oposición del gobierno español; la jueza ha viajado a España para tomar declaración a personas imposibilitadas de trasladarse y los jueces, de distintas provincias, prestaron plena colaboración haciendo ellos mismos las preguntas que proponía la jueza; se han dictado órdenes internacionales de detención contra las personas que se mencionan en la pregunta –dos de ellas han fallecido– lo que implica que si son halladas fuera de España pueden ser detenidas por INTERPOL y extraditadas a Argentina para ser juzgadas.
Asimismo se solicitó a España su extradición, que fue denegada por la justicia española con el insólito argumento de que las torturas fueron aisladas, no constituían en consecuencia crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptas, lo que impedía el juzgamiento de estas personas y, por ende, su extradición. Y ello aunque se cometieron en una dictadura que reprimía salvajemente, fusilaba, torturaba sistemáticamente, reprimía los derechos de huelga, de reunión de asociación y un largo etcétera. En todo caso, fue muy importante que por parte del gobierno español se diera traslado a la justicia de los pedidos de extradición. Fue algo que no se esperaba que ocurriera prácticamente por nadie y que nosotros no pudimos conseguir en los juicios que se llevaron a cabo en Madrid respecto de los criminales de las dictaduras argentina y chilena.
Todo esto no hubiera sido posible sin el magnífico trabajo de difusión, visibilidad y búsqueda de apoyos que viene desarrollando la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo que está integrada por distintas plataformas de apoyo en distintas comunidades autónomas, que a su vez nuclean a distintas asociaciones. En Argentina también existe una plataforma de apoyo que está integrada entre otras asociaciones por la CTA. Como siempre, es el movimiento social el que garantiza que crezcan, y vayan logrando sus objetivos, procesos judiciales de esta naturaleza.
-Quizás el ejemplo más claro de que las estructuras franquistas han dejado una huella profunda en la vida política, social y cultural española es que las víctimas del terrorismo de Estado –que duró más de 40 años– no pueden declarar en su propio país donde los crímenes de lesa humanidad quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977, ¿De qué manera se organizan los españoles para luchar contra estas estructuras?
El franquismo, con el apoyo del nazismo alemán y el fascismo italiano, con los cuales compartía intereses e ideología, se sublevó contra el gobierno legítimo de la Republica con la proclamada intención de erradicar de la Nación española a todos aquellos grupos humanos –políticos, sociales, culturales, etc.– que se oponían al modelo de Estado nacional-católico que pretendía establecer y finalmente implantó.
Estos grupos estaban constituidos por cientos de miles de personas que fueron eliminadas en forma sistemática, participaran o no en la guerra civil. Son innumerables las matanzas producidas en amplias zonas de Galicia, Aragón, el País Vasco, Andalucía, la actual Castilla-León, la provincia de Cáceres, las islas Baleares y Canarias, entre otras, que fueron tomadas sin que hubiera apenas resistencia. El plan de exterminio se produjo primero en estos lugares y luego, a medida que el ejército sublevado fue ocupando más territorios, en el resto de España.
Se trata por lo tanto de un proceso genocida plenamente consumado cuyas secuelas perduran fuertemente. Una manifestación de ello fue que durante la transición de la dictadura a la democracia se establecieran por un lado pactos de impunidad que están actualmente vigentes y, por otro, que prácticamente todos los funcionarios del franquismo se incorporaron a las instituciones, entre ellos los que integran la administración de justicia. El resultado fue que se “naturalizó” la impunidad.
Por eso no es extraño que el Tribunal Supremo de España haya resuelto que los crímenes no pueden ser investigados ni sus responsables perseguidos con el peregrino argumento, entre otros, de que en el momento de su comisión, los crímenes contra la humanidad no estaban contemplados en la legislación española – ahora si lo están – y por lo tanto que no se podían aplicar retroactivamente ni podían ser declarados imprescriptibles. Además de que, en todo caso, los autores de los mismos son beneficiarios de la ley de amnistía. Como se ve los mismos argumentos que se utilizaron en Argentina durante más de una década para justificar la impunidad. Por otra parte, y como caso único en la historia moderna, ha llegado al colmo de procesar a un juez (Garzón) por pretender investigar crímenes contra la humanidad.
La justicia española y el Tribunal Supremo habían ganado mucho prestigio con el procesamiento y persecución internacional de militares chilenos y argentinos, la condena al marino argentino Scilingo o la detención de Pinochet, a los que había aplicado los principios que hoy niega en relación con el franquismo. Su involución y su descrédito son mayúsculos. Ello se explica, como decía, por la continuidad en las altas esferas del Estado, y de la justicia en particular, de importantes remanentes del franquismo y es posible porque se ha desarrollado una política deliberada para garantizar la impunidad de los criminales, no para escuchar, proteger y reparar a las víctimas del franquismo.
A pesar de todo esto, ha surgido desde hace poco más de una década la llamada generación de los nietos. Se trata de personas ya adultas que buscan los restos de sus abuelos en fosas comunes y que, como regla general, no eran buscados por sus hijos, dados el terror imperante y la impotencia que éste generaba. De a poco, ello ha ido dando lugar a la emergencia de otros sectores como los de familiares de niños robados, familiares de fusilados, ex presos políticos, torturados, víctimas del trabajo esclavo, exiliados, etc., que han desarrollado asociaciones en toda la geografía española, que ponen en jaque a la impunidad y que adoptan diversas iniciativas. La querella argentina es un producto de esta fuerte corriente y a su vez la alimenta y potencia. Esperamos que de la misma manera que los denominados juicios de Madrid colaboraron al fin de la impunidad en nuestro país, sus actuaciones logren lo mismo en relación con los crímenes cometidos como parte de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo pasado.
-Otra de las cuestiones que tampoco tienen lugar en la justicia española es el robo de bebés durante la dictadura franquista, ¿en qué estado está ese tema?
Garzón señaló en sus resoluciones que desde el comienzo de la guerra civil, y más específicamente una vez terminada, y hasta 1.950, hubo más de 30.000 niños apropiados a través de un plan legalizado a través de decretos dictados al efecto. Esta apropiación reglamentada de hijos e hijas de mujeres republicanas presas se transformó luego en práctica sistemática hasta comienzos de los años 90. En esta segunda etapa con ánimo de lucro y aprovechando las instituciones y funcionarios del Estado que fueron autores, cómplices o encubridores de estos crímenes. Su número es incalculable. Hay quienes cifran en varias decenas de miles los niños y las niñas robadas y con su identidad sustituida. No se sabe con certeza porque hay un ocultamiento absolutamente consciente y premeditado para que los hechos no sean investigados.
En Argentina fueron aproximadamente 500 los niños apropiados, en España son decenas de miles. Se privó a las niñas y niños de su identidad y se la sustituyó por la que le imprimieron los apropiadores. Se enmarcó en la deliberada política de exterminio de que antes hemos hablado. En este caso privando de sus hijos a los integrantes de aquellos grupos humanos que los represores estimaban nocivos para el nuevo Estado o nación que se proponían crear. La apropiación de niños y niñas por parte del Régimen franquista es una conducta típica del accionar genocida.
Frente a esta situación la inacción por parte de las instituciones estatales para averiguar el destino de estos menores y restituir su identidad es prácticamente absoluta. Sigue la tónica de la impunidad de todos los crímenes del franquismo. En los pocos casos en que hay investigación, se desarrolla como si se tratara de casos aislados. Se desconoce conscientemente que fueron actos generalizados y sistemáticos de una trama delictiva sostenida y alimentada desde las estructuras e instituciones de la dictadura.
-Usted dijo alguna vez que los tribunales internacionales responden a los intereses de las grandes potencias y del imperialismo, ¿de qué manera se puede luchar contra estos poderes para que la justicia esté del lado del pueblo y la ciudadanía?
Una de las herramientas fundamentales es la aplicación generalizada del principio de justicia universal, es decir, la actuación de los tribunales de justicia de los distintos países del mundo en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, cualquiera sea el lugar o tiempo en que los cometan e independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios o los intereses particulares del Estado al que pertenezcan los tribunales actuantes.
En la medida que estos crímenes lesionan y ofenden a la humanidad, su comisión debe determinar la actuación de distintas jurisdicciones nacionales en protección de bienes jurídicos que son universales. Lo que se promueve es la acción pacífica de la justicia y no lo exactamente contrario: la violenta y criminal intervención en el territorio de otros países.
Nos proponemos utilizarlo ahora en la presentación de una querella ante juzgados federales de Buenos Aires –ya se interpuso una denuncia penal ante los juzgados de Córdoba– por la reciente masacre cometida en Gaza por el Estado de Israel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países de América, mediante sendas resoluciones, en los años 1998 y 2003, a ejercer la jurisdicción universal. En distintos instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, se convoca a los Estados a comprometerse en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes internacionales que contemplan: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delito de agresión.
Por otra parte el objetivo último es fortalecer el desprestigio y la repulsa internacional hacia quienes cometen estos delitos; hacer sentir a las víctimas la solidaridad internacional; poner de manifiesto las múltiples y variadas violaciones que de elementales derechos viene sufriendo desde hace décadas el pueblo palestino; apoyar a los judíos que dentro y fuera de Israel se oponen a lo que está ocurriendo; colaborar para que se detengan las masacres y contribuir a un futuro de justicia, entendimiento y paz entre ambos pueblos.
Debemos pensar primero que la aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal es muy reciente y que constituye un nuevo paradigma civilizatorio, un corte epistemológico con la concepción, que hasta hace poco se tenía, de que la impunidad de los más graves crímenes contra los seres humanos podía ampararse en supuestas soberanías o de que la guerra y la destrucción podrían ser un modo legítimo de resolución de los conflictos. Se opone y enfrenta tanto a la intervención violenta, en forma directa o indirecta, en los asuntos de otros Estados, como a la resignación frente a la violación masiva e impune de los derechos humanos.

Inés Hayes
CTA

Entrevista publicada en el periódico 106 de la CTA

Intimidación y perturbación pública



El papel que mostró el represor al finalizar el juicio sobre los crímenes cometidos en La Cacha.

Los fiscales platenses Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira señalaron que el represor debía ser investigado.

El numerito que pretendió montar el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz tras la lectura de la sentencia en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio La Cacha le salió caro. La unidad fiscal federal de La Plata pidió que el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense sea investigado por los delitos de intimidación pública y perturbación al ejercicio de las funciones públicas, luego de que el represor mostrara un pequeño papel en el que podía leerse el nombre de Jorge Julio López, el testigo de cuya desaparición él es uno de los sospechosos. Los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira consideraron que ésa fue la intención de Etchecolatz al exhibir la nota manuscrita ante la lente de los reporteros gráficos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había exigido a la Justicia que “este acto” sea investigado.
El genocida acababa de recibir una nueva condena a prisión perpetua cuando otro de los condenados, Héctor Acuña, intentó agredir al público que entonaba cánticos. En ese momento se levantó con la intención de entregar el papel al tribunal, pero los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se lo impidieron. Entonces, los fotógrafos de Infojus Noticias captaron las imágenes, y también la TV Pública.
En la presentación realizada en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Adolfo Ziulu, los fiscales sostuvieron que “la acción desplegada por Etchecolatz tuvo como fin poner en estado de alerta, temor y confusión al colectivo de víctimas y testigos que participan de juicios por delitos de lesa humanidad”. Schapiro y Nogueira analizaron en los videos del Tribunal Oral Federal Nº 1 la secuencia minuto a minuto del paso del genocida por la sala de audiencias el viernes pasado, cuando se leyó el veredicto del juicio por La Cacha, tomada por una de las cámaras ubicada de frente a los acusados. Ahí se lo observa con el papel en la mano en diferentes momentos de la audiencia y cuando intenta acercarse a los jueces pero sin éxito.
“Todo ello ocurrió mientras el imputado estaba en el estrado, junto con otros acusados y efectivos del SPF que lo custodiaban, en una posición en la que cualquier medio periodístico podía captar la secuencia”, señalaron los fiscales la indagatoria del multiprocesado represor, ex mano derecha del genocida Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Schapiro y Nogueira detallaron que “fue un hecho público y notorio, lo cual permite suponer válidamente que el imputado Etchecolatz se montó en dicha circunstancia y en la abundante cobertura periodística que tuvo la lectura del veredicto para generar un efecto intimidante y/o perturbar”. Y recordaron que durante el juicio por los delitos cometidos en el denominado Circuito Camps, algunos reporteros gráficos captaron un borrador de una carta abierta que el represor le estaba escribiendo durante el debate a María Isabel Chorobik de Mariani, en la cual intentaba sembrar la versión de que su nieta desaparecida, Clara Anahí, había muerto en el ataque a la casa de sus padres, en noviembre de 1976.
Fuentes judiciales consultadas por Página/12 aclararon que las fuerzas de seguridad, y en ese contexto el entorno de este represor, son una de las líneas de investigación de la desaparición de López, por lo cual no podría haber sido convocado por este hecho en ese expediente.
Etchecolatz fue condenado en 1986 en la causa 44, luego en 2004 por la apropiación de Carmen Sanz, en una causa iniciada por el fallecido legislador socialista Alfredo Bravo. El 20 de septiembre de 2006 fue condenado a prisión perpetua en la causa en la cual el testigo López lo había acusado (estaba desaparecido desde hacía dos días). También provocó incidentes en aquella oportunidad, al igual que al ser condenado, también a prisión perpetua, en 2012 por los crímenes del Circuito Camps, cuando levantó un cartel que rezaba “162 policías muertos, juicio y castigo a la Justicia corrupta”. Todo un estilo, o un modus operandi, podrían concluir quienes ahora lo juzguen en base a la denuncia de los fiscales.

Adriana Meyer

martes, 28 de octubre de 2014

Cristina, ¿te acordás de Carlos Fuentealba?



¿Qué hubiera pasado si las balas de goma que destrozaron los brazos de varios manifestantes iban un poco más arriba? ¿No recuerda el kirchnerismo que al maestro Carlos Fuentealba lo mató un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por la policía para "desalojar una ruta"? ¿Eso es lo que están buscando desde el gobierno? Cristina, ¿te acordás de Carlos Fuentealba?

“Este gobierno dejará una marca en todos los argentinos”, dijo una vez Cristina Kirchner. Los defensores del gobierno, fanáticos, de vez en cuando lo repiten. “Esta década dejará marcas imborrables”.
Para quienes no comprendíamos el contenido de esas “marcas”, o las relacionábamos con la inflación que nos come el salario o la precarización en que trabajamos millones, ayer la Presidenta nos aclaró. Eligió el lugar: una protesta de trabajadores de Lear que hace 4 meses reclaman su reincorporación. Eligió el blanco: hombres y mujeres, grandes y jóvenes, que se fueron a solidarizar con ellos. Eligió el grupo de tareas que llevaría a cabo el ataque: no podía ser otra que su fuerza preferida, la Gendarmería Nacional. Y tuvo que elegir un hombre: no lo dudó un segundo, es su preferido desde hace mucho tiempo, el ayer ex carapintada y hoy soldado k Sergio Berni.

En la vida hay que elegir, y Cristina eligió.

Los manifestantes habían salido de sus trabajos, de las escuelas y las fábricas, para reclamar que no dejen familias en la calle.
Los soldados de Cristina habían salido de Campo de Mayo, tristemente célebre por albergar un centro clandestino de represión donde torturaron hasta la muerte a la vanguardia obrera de la Zona Norte, y por haber albergado en los últimos años el Proyecto X kirchnerista para espiar trabajadores y militantes.
Los manifestantes cortaron dos carriles, y levantaron sus banderas: trabajadores de Kraft y Pepsico, de Donnelley, de Lear, docentes del SUTEBA de Tigre y otros distritos, de los Astilleros de La Plata y los aeropuertos porteños. También levantaron los carteles que decían “Familias en la calle nunca más”, “Reincorporación de todos los despedidos”, “Basta de represión”.
Los soldados de Cristina cortaron todos los carriles y levantaron sus armas, que son las nuevas banderas de gobierno nacional y popular. Prepararon los bastones, los gases y las itakas. Les habían dicho que hoy podían correr a los troskos y los desocupados hasta que les duela.
Los manifestantes cantaron, desde que bajaron, que son los yanquis de Lear los que despiden a los trabajadores, que este gobierno reprime pero van a seguir luchando en la Pana. Se tomaron de los brazos sabiendo que la lucha tiene momentos duros, pero en 150 días de conflicto han forjado una moral inquebrantable.
Los soldados de Cristina se juntaron, escudo con escudo, y marcharon haciendo sonar sus borceguíes en el asfalto de la Panamericana. No hubo opción al diálogo. La orden, que venía del carapintada Berni, que venía del despacho de la Presidenta, que venía de la oficina del SMATA, que venía del despacho del gerente yanqui, estaba tomada.
Y chocaron. De un lado, los hombres y mujeres solidarios con quienes reclaman sus puestos de trabajo. Del otro los mercenarios soldados de la Presidenta y la multinacional norteamericana. Gendarmería Nacional, centinela de los buitres
La salvaje represión de la Gendarmería dejó un saldo de 50 heridos, 30 de ellos de balas de goma, muchos otros gaseados y golpeados, 13 hospitalizados, varios detenidos y autos atacados y secuestrados por los soldados de la Presidenta.
La orden, que bajó del gerente, al sindicato, a la presidenta, al carapintada, a los soldados k fue tirar a quemarropa. Fue una orden política y militar.

Brazos que hacen cuadernos para los pibes que no pueden comprarlos

Varias horas después, algunos de esos trabajadores – baleados a quemarropa por orden del gobierno de los derechos humanos – tenían la moral alta pero los brazos estropeados. A Germán Gassibe, trabajador de Donnelley (hoy MadyGraf), la cantidad de balas que le habían penetrado el brazo le habían desgarrado la piel y los músculos. Fue internado para ser intervenido quirúrgicamente por la gravedad de las lesiones. A René Córdoba, delegado de Donnelley, los balazos en la espalda y el brazo, también lo habían llevado al quirófano.
La historia y las heridas de Germán y René son un símbolo del momento que vivimos. Con esos brazos, en los últimos días, habían votado ocupar la fábrica, cuando los gerentes de otra multinacional norteamericana, Donnelley, quisieron dejarlos en la calle. Con esos brazos abrieron los portones, colgaron una bandera obrera en el portal de entrada; con esos brazos encendieron las máquinas otra vez, pero esta vez para hacer funcionar la fábrica bajo gestión obrera.
Con esos brazos, la última semana, Germán, René y sus compañeros fabricaron 10 mil cuadernos. Hermosos cuadernos. Y con esos brazos, y los de sus compañeras de la comisión de mujeres, fueron a llevarlos a 10 mil pibes de las escuelas públicas bonaerenses que no tienen para comprar cuadernos, porque apenas tienen para comer.
Anoche ellos y sus compañeros estaban preocupados. Los disparos a quemarropa del kirchnerismo habían llegado cerca de los músculos y tendones. Ellos quieren tener los brazos siempre firmes para seguir militando y haciendo esos cuadernos. “Queremos que a ningún pobre le falten libros y cuadernos”, es uno de los lemas de los obreros de MadyGraf. Y eso se siente en los nervios y los músculos.
Hoy Germán y René están un poco mejor. También José Montes, el experimentado y entrañable dirigente revolucionario del Partido de Trabajadores Socialistas que ayer recibió una decena de balazos, igual que el diputado Nicolás del Caño, la maestra y Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA La Matanza Nathalia González Seligra, y decenas de compañeros y compañeras. Para los luchadores obreros y los militantes revolucionarios, el dolor y la bronca son un nuevo empujón para luchar más duro por organizar esa fuerza de los esclavos insurrectos que acabe con el capitalismo y sus perros guardianes. Pero la denuncia de la brutal represión debe ser implacable, llegar a cada punto del país.
¿Y quien no puede tener odio, bronca y más ganas de luchar y militar cuando ve la represión de ayer y las heridas de hoy? ¿Y quien no puede tener más ganas de luchar y militar cuando ve la valentía de Germán, de René, del Negro, de Nicolás, de Nathalia, de todos y cada uno de los que ayer bancaron a los soldados de Cristina?

Cristina ya eligió: los buitres

El gobierno “nacional y popular” parece empeñado en no dejarle espacio a Macri ni Massa. Quiere que a su derecha sólo quede la pared. Y seguirá empeñado en gastar en balas más que en cuadernos para los miles de pibes que no tienen con qué comprarlos, en reprimir a los obreros que los hacen, y a las maestras que los usan para enseñar.
En esos cuadernos se podrá anotar, que el gobierno de Cristina Kirchner dejará marcas fuertes, que pretende que sean imborrables. Son los brazos de Germán, de René, las cabezas de Nathalia y decenas de compañeros.
¿Qué hubiera pasado si las balas de goma que destrozaron esos brazos iban un poco más arriba? ¿No recuerda el kirchnerismo que al maetro Carlos Fuentealba lo mató un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por la policía de Neuquén para "desalojar una ruta"? ¿Eso es lo que están buscando desde el gobierno?
Marcas imborrables de esta década fueron también los asesinatos de los qom en Formosa, de Mariano Ferreyra, de los sin techo del Parque Indoamericano, la desaparición de Julio López y el crimen de Luciano Arruga.
La represión de ayer tendría que dejar una marca también, en los millones de trabajadores y jóvenes a los que el gobierno quiere confundir con que son ellos o “el peligro de la derecha”. Y a quienes sean honestos y alguna vez apoyaron a este gobierno, pero no deberían tolerar que tiren a matar para defender una multinacional buitre.
Déjense de joder. "Patria o buitres": ayer Cristina volvió a elegir.

Triunfos progresistas, agenda de derecha



Las elecciones en Brasil y Uruguay revalidaron al PT y al Frente Amplio. Pero Tabaré no pudo ganar en primera vuelta y Dilma ganó muy ajustadamente. El desgaste de los modelos llamados pos neoliberales fortaleció a opciones que inclinaron la balanza hacia una agenda de derecha. Primer balance y posibles consecuencias para Argentina.

De la ajustada victoria de Dilma surge un gobierno debilitado

La reelección de Dilma con el 51,64% de los votos frente al 48,36% de Aécio Neves, representa el resultado electoral más ajustado desde 1989, cuando se enfrentaron Collor de Mello y Lula Da Silva. De esta forma, hace agua el intento de volver al poder de PSDB, el partido que llevó adelante todo el proceso de privatizaciones y las reformas neoliberales sobre las jubilaciones y los derechos laborales en la década de los ’90 bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. No hubo cambio de signo político de la región.
Si bien esto es cierto, también lo es que el PSDB obtiene su mejor elección desde que abandonó el gobierno en 2002, creciendo en 6 millones de votos en relación a la elección presidencial anterior. Por su parte el PT y Dilma retroceden 1,3 millones de votos respecto a 2010. Por otro lado, dentro de la coalición oficialista se fortalece el socio del PT, el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasilero) que representa lo más rancio de la casta que domina el régimen político brasilero, siendo parte de todos los gobiernos desde 1985 a esta parte, sean del PSDB o del PT.
Esta votación se da en el marco de una profunda crisis de representación , que quedó plasmada en las masivas movilizaciones de junio de 2013, y que se expresó a lo largo del proceso electoral en la volatilidad del electorado. Primero fue el fenómeno Marina Silva, que amenazaba, según las encuestadoras con hacerle frente a Dilma en una supuesta segunda vuelta, mientras que Aécio y el PSDB parecían encaminarse a la peor elección de su historia. Luego vino el desplome de Silva y el ascenso de Aécio que terminó con más del 33% de los votos en la primera vuelta.
Sin embargo, sobre la recta final de la segunda vuelta el electorado se volcó mayoritariamente hacia Dilma, en especial en el norte y el nordeste del país donde ganó la mayoría de los Estados, siendo la clave para la victoria nacional, a pesar de ser derrotado las regiones sur y sureste. Con una ajustada diferencia de poco más 3% sobre Aécio surge un gobierno debilitado que tendrá que enfrentar los grandes cuestionamientos que atraviesa el régimen.
El voto a Dilma es un voto al mal menor, buscando conservar, frente a la posibilidad de ataques del PSDB los planes sociales como el “bolsa de familia”, el ciclo de consumo y el nivel de empleo que marco estos años de crecimiento económico. Sobre esta genuina aspiración de masas hay que poner atención. Pero es un voto desapasionado en el marco de que se mantiene la fisura entre las expectativas de las masas que se expresaron en junio de 2013 y la realidad de un régimen que no es capaz de abordar problemas estructurales del país como el transporte, la educación, la salud, la vivienda, precarización laboral, etc. Si Dilma sigue la agenda de la derecha hacia un ajuste va a chocar con la agenda de junio, que aun anida en las masas que la votaron como mal menor.
Esta situación contrasta con la preparación de todos los sectores de la burguesía para ajustar contra los trabajadores una economía que, luego de crecer hasta un 7,5% anual, ahora apunta a crecer menos de un 1%, con una inflación creciente.
La propia Dilma, así como su actual ministro de Hacienda, Guido Mantega, salieron desde un principio a calmar a los mercados. "Esta es una prioridad para los próximos cuatro años. Tendremos que realizar un esfuerzo fiscal mayor en el próximo año y mantener esto en los próximos cuatro años.”, afirmó Mantega. En línea con este planteo, Dilma llamó en su discurso luego de conocerse los resultados, a la unidad nacional y al diálogo con la derecha.
El reclamo democrático que atravesó las jornadas de junio contra la casta de políticos burgueses que domina el régimen en Brasil, también contrasta con lo que mostró la propia campaña electoral, dejando en evidencia ante las masas la amplia podredumbre del régimen, al salir a luz el esquema de corrupción en Petrobras que implica desvío de fondos y lavado de dinero e involucra a 14 constructoras y 32 parlamentarios, tanto del PT como del PMDB y PSDB.
Para enfrentar este cuestionamiento, Dilma en su discurso luego de imponerse sobre Aécio destacó el llamado a una reforma política y el combate a la corrupción. Un planteo, como mínimo, poco probable si se piensa que la casta de políticos burgueses que dominan el Congreso van a querer limitar o restringir en algo su propio poder.

Continuidad del Frente Amplio y derrota de la “derecha renovada”.

En Uruguay, Tabaré Vázquez se impuso con 47,8% de los votos y si bien no pudo evitar ir a un balotaje con el candidato del Partido Nacional, Lacalle, parece prácticamente asegurado un triunfo del Frente Amplio en segunda vuelta. La votación de Vázquez superó ampliamente los 42 a 45 puntos que le otorgaban las encuestas, y dejó atrás la suma de los votos de blancos y colorados que apenas llegan al 44%. A su vez la derecha también salió derrotada en el intento de imponer vía plebiscito una baja en la edad de imputabilidad, contra la que se habían movilizado miles de personas hace una semana en Montevideo.
El conteo voto a voto terminará de definir si el FA consigue la banca número 50 en la cámara de Diputados, lo que le daría la mayoría, y retuvo las 15 bancas en Senadores lo que le permitiría tener mayoría de ganar la segunda vuelta, por el voto del vicepresidente.
Al igual que en Brasil, la "derecha renovada" no se pudo imponer y lo que vemos en Uruguay es una continuidad "con cambio", es decir un nuevo gobierno del FA, pero con Tabaré a la cabeza que en el tramo final de su campaña intentó expresar un "centro político" y apostar a un voto conservador, en contra del cambio hacia variantes abiertamente neoliberales. Como lo demuestran los resultados de la primera vuelta, el FA gana "por derecha" parte del voto que se caen del Partido Colorado mientras que pierde "por izquierda" una proporción similar hacia Unidad Popular, el PERI y, en menor medida el PT.
En el último tramo de su gobierno, el actual presidente frenteamplista José Mujica vino intentando una transición tranquila. El equipo económico dirigido por Danilo Astori ha priorizado cuidar los números macroeconómicos sin tocar el margen de ganancia empresarial, lo que como contrapartida trae para los trabajadores la aplicación de topes salariales, pérdidas del poder adquisitivo vía inflación, la confiscación que implica el impuesto al salario (IRPF), y ataques a las condiciones de trabajo. También ha venido buscando concretar algunos megaproyectos que aseguren inversión extranjera aunque implican graves daños al medioambiente.
Sin embargo, a diferencia de Brasil donde Dilma y el PT cuentan con una estrecha alianza con los evangélicos que bloqueó todo avance en derechos democráticos como el aborto y el matrimonio igualitario, en el caso del Frente Amplio tuvo lugar la despenalización el aborto y la legalización de la marihuana, cuestiones que también hay que sopesar a la hora de analizar los resultados electorales.
En el marco de una situación económica en la que la crisis aún no se manifiesta con fuerza, Tabaré tiene margen para evitar ir a un ataque directo a los trabajadores y el pueblo de Uruguay, pero se prepara para ser él mismo la transición hacia un gobierno donde el FA ya se ha demostrado que es un partido integrado plenamente al régimen Uruguayo que garantiza los negocios del capital local y extranjero sin sobresaltos ni rispideces.
En el plano interno, durante la campaña el candidato a la vicepresidencia Raúl Sendic, centró su oratoria en temas de desarrollo productivo, industrial y tecnológico ilusionándose con "un Uruguay industrializado". Un discurso en el que intentó tomar los rasgos “neo-desarrollistas” de los gobiernos frenteamplistas que en 10 años han profundizado los lazos y la dependencia del capital extranjero, manteniendo las cuentas “ordenadas” y aplicando las reformas estructurales que habiliten más inversión extranjera. En el plano externo el discurso no estaba muy lejos del programa que representaba Aécio para Brasil, con buenas relaciones con EE.UU. y una flexibilización del MERCOSUR para acercarse hacia la Alianza del Pacífico.

Continuidad con cambio… hacia derecha

En este panorama, no es de extrañar que uno de los que se haya apresurado a saludar los triunfos de Dilma y Tabaré en Argentina haya sido Daniel Scioli. “Que no nos subestimen algunos, que plantean cambios como si fuera algo mágico. Y ahí está la respuesta del pueblo. Queremos desarrollo, queremos cuidar los logros y no volver al pasado, por eso los triunfos de Dilma y de Tabaré Vázquez”.
El kirchnerismo viene utilizando, al igual que el PT o el Frente Amplio, el “peligro de derecha” para derechizar su agenda desde la represión de las luchas de la mano de Berni, el nuevo código civil a medida del vaticano, el código procesal penal de la deportación de inmigrantes y la “conmoción social” y más en general el discurso del orden que viene ensayando Cristina.
Lo cierto es que los intentos de imponer un nuevo “consenso derechista” aún tienen que enfrentar las expectativas de las masas. Brasil y las jornadas de junio de 2013 son el mejor ejemplo de esto. En este marco, son gobiernos pos neoliberales como el de Dilma o el del Frente Amplio en Uruguay los que se postulan para llevar adelante esta transición. Como diría Scioli, “continuidad con cambio”, eso sí, hacía la derecha.

Juan Andrés Gallardo / Matías Maiello

lunes, 27 de octubre de 2014

¿Hasta cuándo vas a bancar esta represión del gobierno?



Las imágenes que la mayoría de los medios nacionales relevaron de lo sucedido ayer en la Panamericana, son más que elocuentes. La represión de la Gendarmerìa fue feroz. Tengo 7 balazos de goma en los brazos y piernas. ¿Hasta cuándo vas a bancar esta represión del gobierno?

No fue un entrevero más entre la Gendarmería de Sergio Berni y los manifestantes, que nos movilizamos hace cuatro meses, por que no queden en la calle los despedidos de la patronal buitre de Lear Corporation. Esta vez hubo una especial saña. Como diputado, votado por el pueblo de Mendoza para estar a la cabeza de sus reclamos, no me quejo. Se que es así la tarea de ponerse al lado de los obreros que luchan.
Solo lamento que a los compañeros y compañeras trabajadores que, por mantener su trabajo, suben a la Panamericana para llamar la atención popular, que de otra manera le es negada por los medios, se los maltrate peor que a un perro. No me lamento de mi situación que elegí al ponerme en este lugar como diputado de la izquierda y de los trabajadores, pero sí repudio la suerte de muchos compañeros y compañeras, baleados, apaleados, detenidos como delincuentes. En la Argentina que los ladrones de guante blanco son vicepresidente.
Denuncio la agresión a nuestro histórico dirigente obrero, José Montes del Astillero Río Santiago, con marcas de balas de goma en su pecho. Me indigna ver a mi compañera maestra Natalia Gonzales, Secretaria de DDHH de SUTEBA Matanza con una herida en el cráneo. A Gabriel Fernández, Congresal del Sindicato de la Alimentación por la lista Bordo de Mondelez-Kraft Victoria y Camilo Mones miembro de la Comisión Interna de Pepsico con balas de goma en la pierna. Me enerva ver agredidos a los obreros de Donnelley Rene Córdoba y Germán Gassibe, ambos internados y operados debido a las heridas recibidas. Ellos que lograron que no queden en la calle 400 familias que los buitres dejaban sin trabajo, ¡ahora le dan balas! El obrero Córdoba tiene perdigones dentro del cuerpo, que no pueden ser retirados sin intervención quirúrgica, mientras que Gassibe tiene alojadas balas de goma cerca del tendón, por lo que también deberá ser intervenido en una delicada operación.
Fui testigo: la Gendarmería disparó a escasos metros de los manifestantes. Lo más alevoso es que las balas de goma se dispararon cuando la Panamericana ya había sido liberada. A muchos le impactaron las balas cuando estaban refugiados dentro de la carpa de Lear. Los disparos son muestra de la saña con la que actuó la Gendarmería. Además, hubo autos secuestrados, muchos fueron dañados, porque los agentes de Gendarmería rompieron vidrios y abollaron autos sin ningún fin más que provocar daños a los manifestantes de una causa justa. Como diputado de la izquierda y los trabajadores, moveré cielo y tierra para que esto se sepa en cada rincón de la Argentina.
Ya el Secretario general del SUTEBA Roberto Baradel, al que agradezco en nombre de todos los que estamos en esta causa, envió un comunicado repudiando el accionar de la Gendarmería. Ahora se trata de actuar.
Me dirijo especialmente a los compañeros y compañeras que militan en las filas del kirchnerismo y que, con tantas diferencias que tenemos, no pueden traicionar causas tan nobles como esta. Los compañeros del Movimiento Evita, por ejemplo, los intelectuales de Carta Abierta, desde ya, y todo el espectro de organizaciones de lo que se denominan a sí mismo como la izquierda kichnerista.
¿Hasta cuándo se va a permitir esta impunidad represiva de los que dicen que hay que deportar a los extranjeros como en 1902?
¿A quién le puede resultar indiferente esta represión que es un salto en el tratamiento de “la protesta social”? ¿Van a convalidar esta represión como si nada pasara? ¿Esto es parte del nuevo consenso de derecha que une a Cristina, Berni, Scioli, Massa y Macri en cómo responder a los reclamos legítimos como el de “familias en la calle, nunca más” como dicen los obreros y obreras de Lear?
Nuestra suerte, como diputados de la izquierda y de los trabajadores, no nos interesa. Sabemos con quienes tratamos del otro lado del mostrador, y lo asumimos. Pero es indignante ver a familias obreras maltratadas por querer mantener su puesto de trabajo, y ser pisoteados por una multinacional yanky y su gobierno servil.
La izquierda que represento tiene la frente bien alta a pesar de estas afrentas. Los que defienden al gobierno, en cambio, no pueden mirar a los trabajadores a los ojos sin que se les caiga la cara de vergüenza.

Nicolás del Caño
Diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda
@nicolasdelcano

Sentencia La Cacha: un día de luz sobre la casa del terror

Los fundamentos del fallo, el 19 de diciembre

La lectura del veredicto que condenó a quince represores a perpetua duró una hora y diez minutos. Hubo tensión y emoción. El fallo ordenó quitar jubilaciones y pensiones. Y exhortó a convertir La Cacha y el Destacamento 101 en sitios de memoria. Afuera, la ciudad de La Plata asistía a un juicio emblemático.
Los querellantes y referentes de derechos humanos hicieron su entrada a la sala ex AMIA para la lectura de la sentencia sobre los crímenes de La Cacha casi como celebridades de cine. Hubo fuertes aplausos para las llegadas de Estela de Carlotto, Chicha Mariani, Adelina de Alaye (fundadora de Madres de Plaza de Mayo La Plata), María Esther Tello, Rosa Bru (Asociación Miguel Bru), Hugo Cañón (ex fiscal de Bahía Blanca, hoy en la Comisión provincial de la Memoria), Ramón Baibiene (hijo de desaparecidos y director de Políticas reparatorias de la secretatría de DDHH de la provincia de Buenos Aires) y Verónica Bogliano (abogada querellante de varios HIJOS y familiares).
En la primera fila, el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, fue de los primeros en llegar junto a su hermana. El homicidio de su hermano era uno de los cuatro juzgados con esa misma figura en el juicio que llevó diez meses, junto a los de Luis Bearzi, Laura Carlotto, Olga Noemía Casado.
Nunca la sala había estado tan llena de medios ni de público: algunos habían hecho largas filas para entrar. Desde temprano, muchos jóvenes, organizaciones y militantes se fueron acercando a la esquina y siguieron la lectura de la sentencia desde una pantalla montada afuera.
Era la sentencia de un juicio paradigmático en la ciudad con la tasa más alta de desaparición por cantidad de habitantes, según un informe de la secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez se había logrado juzgar a los servicios de Inteligencia del Ejército en La Plata y también el rol activo del Servicio Penitenciario Bonaerense en un centro clandestino de detención.
La presencia de muchos sobrevivientes (María Laura Bretal y Nilda Eloy, entre tantos), familiares e hijos (los mellizos Reggiardo Tolosa, Julia Bearzi, Julia Pizá) y familiares se respiraba en el aire. Estaban Lita Boitano, Claudia Carlotto -en primera fila, no se separó un minuto de su madre-, su hermano Kibo Carlotto (secretario de DDHH bonaerense) y algunas nietas de Estela. También los diputados Horacio Pietragalla y Julián Domínguez. El presidente de la Cámara baja lidera el Grupo San Martín, donde muchos de sus compañeros han declararon en el juicio. También estuvo la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout.
Para los familiares de los represores se había dispuesto, como siempre, un sector en el primer piso junto al área de prensa. Pero esta vez, a diferencia del día de los alegatos, fueron muy pocos. La mujer del Oso Acuña escuchó toda la sentencia ahí, sentada sola y custodiada fuertemente por tres policías.

La sentencia

La lectura estaba prevista para las 18 pero empezó casi dos horas tardes por problemas técnicos. Minutos antes de de las ocho y en un ritual que sigue pareciendo fuera de época- o de una justicia de otros tiempos- una voz anunció al auditorio ponerse de pie para la entrada del Tribunal Oral Federal N°1: Carlos Rozanski (presidente), Pablo Jantus y Vega. Cuando Carlos Rozanski pidió que entraran los imputados -había doce sillas dispuestas en el “corralito”-, la tensión acumulada en 38 años de espera estalló. “Como a los nazis/les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”, cantaba el auditorio a pleno mientas once represores entraron custodiados por 8 penitenciarios con chalecos antibalas y escudos antidisturbios y un médico. Todos ellos se mantuvieron en riguroso alerta el resto de la audiencia.
El primero de ellos en entrar, el Oso Acuña, atinó a hacer sus habituales gestos al público. El último en sentarse fue Miguel Etchecolatz, exjefe de investigaciones de la policía provincial, entró con una sonrisa desafiante. Rosanski advirtió que si el auditorio no mantenía las formas, la sala sería desalojada y la sentencia, leída sin público. “Los fundamentos del fallo se leerán el 19 diciembre, a las 18hs”, anunció.
La lectura del veredicto a los 20 imputados abrió con la condena a Etchecolatz. El público celebró con fuertes aplausos y cánticos. Etchecolatz no se inmutó. Tampoco sus compañeros de banquillo, por lo menos, mientras las quince prisiones perpetuas fueron cayendo, una por una, como martillazos.
Se fundaron en las figuras penales de privación ilegítima de la libertad y tormentos triplemente agravada –por haber sido cometidos por funcionarios públicos, por haberse cometido con violencia o amenazas y haber durado más de un mes-, sumado a los homicidios calificados de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, y los de Bearzi y Bettini.
Los 15 condenados a prisión perpetua fueron, además de Etchecolatz, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Herrero Anzorena, Gustavo “El Francés” Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Ricardo Fernández, Jorge Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón. También el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda y el ex agente penitenciario Raúl " Oso" Acuña, “quienes intervinieron en la matanza de un grupo y la lesión grave de la integridad física y mental de los miembros del grupo, y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total y parcial" en calidad de autores, según leyó el presidente del Tribunal Carlos Rozanski.
Las penas menores Los montos de penas menores –con la disidencia de Carlos Rozanski- fueron para los agentes civiles del Destacamento 101 Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y para el marino Juan Carlos Herzberg. Los consideraron “partícipes secundarios” y no “autores” de los crímenes, Al final, fue absuelto Luis Orlando Perea, a quien el Ministerio Público Fiscal había desistido de acusar. El abucheo y los silbidos colmaron la sala Amia.
Quedó fuera de la sentencia Eduardo Gargano, porque al momento de los alegatos su abogado defensor presentó un examen médico hecho un hospital público –coincidente con el de los forense de la Corte- que dice que el policía bonaerense padece una enfermedad degenerativa y no está en condiciones de comprender la sentencia en su contra.

Sin jubilaciones y con sitios de memoria

La sentencia tuvo aspectos novedosos. Decretó por unanimidad que cuando esté firme el fallo “se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados, y a la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro”. Fue unánime también el pedido de los jueces a los poderes ejecutivos Nacional y de la provincia de Buenos Aires “a fin de que adopten las medidas necesarias para que se desafecten” los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha –que aún permanece en manos del Servicio Penitenciario- y “sean destinados como sitio de Memoria”. Por último, pidió que se abra una investigación por el agente penitenciario Lucas Miguel Gordillo, visto en el centro clandestino de detención por una testigo durante el juicio.
Apenas terminó la lectura, que duró una hora y diez minutos, Estela se abrazó fuerte con sus hijos Claudia y Kibo. El mismo gesto se repitió acá y allá en la sala. Muchos de los hijos de los desaparecidos en La Cacha se deshacían en llanto como nunca antes. Los cánticos sobre los nazis y la tenacidad con la que buscarán sus condenas se hacían más fuertes. Ellos se fueron retirando sin mirar a sus espaldas, a excepción de dos de los reos que habían sido agentes penitenciarios: Isaac Crespín Miranda y Héctor “el Oso” Acuña. El “Oso” estaba fuera de sí y quería saltar sobre el público. El grito fue unánime, ensordecedor: “¡Asesinos-asesinos!”.
Al Oso tuvieron que reducirlo como a un animal desbocado más de cinco guardias federales. Lo arrearon cuerpo a cuerpo. Les pegaba para que lo soltaran. Miguel Osvaldo Etchecolatz quiso dirigirse hacia el Tribunal –aunque no se lo permitieron- para entregarle un trozo de papel que había apretado junto a su rodilla durante toda la lectura. El fotógrafo de Infojus Noticias captó con su lente lo que decía el papel: Jorge Julio López.

37 años para llevarlos al banquillo

Afuera, en la antesala, se palpaba que la sentencia había dejado un sabor de conformidad general, con alguna mueca de incertidumbre por la absolución de Luis Orlando Perea, las condenas leves a los agentes civiles de inteligencia –doce y trece años- y por las prisiones domiciliarias que no fueron revocadas: Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Juan Carlos Herzberg y Eduardo Gragano. Colleen Torre y Emanuel Lovelli, querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, dijeron a Infojus Noticias: “No estábamos de acuerdo con la absolución, porque cumplió un rol, sabía lo que estaba sucediendo en La Cacha aunque no haya estado ahí. Estamos contentos con las perpetuas pero no con las penas leves a los guardias que tuvieron un rol activo, no eran partícipes secundarios”.
“Creemos que se ha hecho justicia pero necesitamos más justicia”, dijo la abogada Verónica Bogliano, en su rol múltiple de abogada querellante, hija de dos padres -María Susana Leiva y Adrián Bogliano- que pasaron 42 dos días en La Cacha y testigo, en el hall de entrada a la ex Amia.
“Las perpetuas están muy bien, es lo que corresponde, porque son atrocidades las que han cometido, sobre un montón de víctimas. Hay algunas penas que han sido menos. No nos sorprende. No consideramos que sean partícipes secundarios, son tan autores como los otros, porque además fueron reconocidos por muchísimos testigos en el centro clandestino de detención, entonces vamos a apelar”, dijo. Y agregó, la abogada que comenzó su militancia en la década del ’90, en la agrupación HIJOS: “Nada nos fue gratis nunca en la vida. Para poder llegar acá tuvimos que pasar 37 años, tuvimos que anular leyes de obediencia Debida y Punto Final, tuvimos que hacer marchas interminables, marchas contra el indulto y todo eso, no nos paró. Ahora vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar porque si lo que cometieron fue el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos, se merecen perpetua y que se los condene por desaparición forzada de personas”.
Matías Moreno, director de Formación de la Secretaría de DDHH de la Nación también estaba feliz después de una jornada que había empezado temprano con las señalizaciones de La Cacha y del Destacamento 101. “Estamos muy conformes con las 15 perpetuas. Con sacarles las pensiones y jubilaciones. Las penas bajas o que no se hayan revocado las domiciliarias hablan del hecho de que todavía falta mucho por hacer. Pasaron casi 40 años para llevarlos al banquillo. Siempre hay algo a mejorar”, dijo.
Afuera, había un clima de festivo. Los abrazos se multiplicaron, interminables, entre las víctimas, los abogados, los militantes y familiares que habían llegado para asistir a un día histórico. En la esquina, seguían los bombos y había montado dos escenarios: uno en la esquina, donde estaba la militancia de izquierda, y treinta metros más abajo, por la calle 4, el de las agrupaciones kirchneristas como La Cámpora. A primera hora del día había habido alguna escaramuza por la esquina, pero en aquél momento todos hacían sonar sus bombos y flamear sus banderas por la condena. Al escenario subió María Laura Bretal, una de las detenidas desparecidas en La Cacha, que advirtió sobre el pedido desestimado por el Tribunal de juzgar a los delitos sexuales como figuras autónomas, separadas de los tormentos, y de algunos prófugos en la causa, como el PCI Aníbal Gauto. Al final un cántico: “el Oso está en la cueva, chirivín, chirivín, chunchán. El oso están en la cueva y ya no volverá, se va para Marcos Paz”.
Después de diez meses, era la noche de los aplausos y las sonrisas de alivio, de la alegría por un feliz que nadie podría llamar feliz pero sí el gran final posible: una noche luminosa de Justicia sobre la casa del terror.
Agradecemos la colaboración de Virginia Ilariucci, periodista de Radio AM Universidad de La Plata, a lo largo de la cobertura del juicio por los delitos de La Cacha.

Laureano Barrera y María Eugenia Ludueña
Infojus

Triunfo mapuche en Vaca Muerta

El Gobierno neuquino inscribió la personería jurídica de la Comunidad Mapuche Campo Maripe. En 90 días se debe relevar el territorio comunitario.

En un gran triunfo de la organización y lucha del Pueblo Mapuche, la Comunidad Campo Maripe obtuvo la inscripción de la personería jurídica por parte del gobierno provincial. El hecho es trascendente por varios motivos: el Gobierno y las petroleras (entre ellas YPF) negaban la pertenencia indígena de la comunidad, hacía catorce años que en Neuquén no se entregaban personerías jurídicas (en total violación de la legislación provincial y nacional) y, tercer punto, fue obtenida por la persistente organización y resistencia de las comunidades mapuches de Neuquén.
“Es un logro muy importante. El mismo Gobierno que decía que no existíamos tuvo que cumplir la ley y darnos la personería. Vivimos muchos momentos de tensión, incluso durante la firma de la personería, pero estamos muy contentos y la comunidad está muy unidad y muy fuerte para hacer cumplir sus derechos”, explicó la werken (vocera) mapuche de Campo Maripe, Natalia Izaza. Relató que los funcionarios provinciales quisieron hacerles firmar un documento de apoyo a la nueva Ley de Hidrocarburos (la comunidad se negó) y, en cambio, sí firmaron que se debe cumplir la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT (normativa indígena supralegal).
La comunidad Campo Maripe vive, trabaja y cría sus animales en Loma Campana (Añelo), donde las petroleras YPF y Chevron comenzaron en 2013 a explotar petróleo con la cuestionada técnica de fractura hidráulica (“fracking”). Loma Campana es parte de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, señalada como una de las mayores reservas mundiales de petróleo no convencional.
El Estado Nacional y Neuquino vulneraron los derechos de la comunidad (vigentes en legislación nacional e internacional) al no realizar el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a la comunidad. Incluso YPF y funcionarios provincias de primera línea discriminaron a la Comunidad, negaban su identidad mapuche y los llamaban “familia”.
Desde 2012, la comunidad, junto a la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), exigen el cumplimiento de sus derechos, el respeto al territorio indígena y la inscripción de su personería jurídica. Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, el 9 de octubre las comunidades mapuches de la Zonal Xawnko (de la CMN) cerraron el ingreso a los pozos petroleros y mujeres mapuches se encadenaron en las torres de fracking.
Funcionarios provinciales abrieron el diálogo y se comprometieron a inscribir la personería jurídica antes del 22 de octubre. Pero no cumplieron con esa fecha. Ese mismo día, en un gesto de buena voluntad, la Comunidad Campo Maripe y la Confederación Mapuche extendieron el plazo hasta el viernes 24 de octubre.
El viernes a las 22 horas, el gobierno de Neuquén hizo efectivo el decreto 2407 de inscripción de la personería jurídica de la comunidad Campo Maripe. El Gobierno se comprometió por escrito a relevar el territorio de la comunidad en un plazo máximo de 90 días. “Ahora vamos a estar atentos a que se cumpla el relevamiento y que se nos consulte para las acciones que empresas y gobiernos pretendan realizar en nuestro territorio”, adelantó la vocera de Campo Maripe, Natalia Izaza. También destacó el trabajo junto a Gabriel Cherqui (de la comunidad Kaxipayiñ) y a la Confederación Mapuche.
El derecho indígena legisla que la personería jurídica no es constitutiva (no crea a la comunidad, porque la misma existe más allá de la aceptación o no del Estado), pero sí es una herramienta frente a instituciones del Estado (desde organismos de Gobierno hasta tribunales judiciales). “Con la inscripción de la personería se deja atrás la postura oficial de negar la identidad indígena mapuche y ahora tendrá que realizarse el proceso de consulta para cualquier acción que afecte al territorio”, explicó Micaela Gomiz, del ODHPI.
Triunfo mapuche en Vaca Muerta

ODHPI

Los bancos: autopista de la fuga de divisas

Nunca existió un control de cambios verdaderamente adecuado por parte del Banco Central. Por ejemplo, en los años 60’s/70’s, durante un período en la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse, existía un control estricto de cambios. El Banco Central publicaba un voluminoso libro donde figuraba taxativamente, la nomenclatura arancelaria exclusivamente bajo la cual los bancos estaban autorizados a vender divisas para pagos al exterior (importaciones y otros rubros). El sistema era mucho más estricto que la actual administración de las importaciones. En esas circunstancias por ejemplo, un gerente de una concesionaria de automóviles, en una ciudad del interior, podía abrir una caja de ahorros especial (Gold) en un banco en Londres. En la declaración jurada diaria del banco al Banco Central, se hacía figurar como ayuda familiar, falseando la información. Una información obviamente falsa, pues en esa época se autorizaban solamente u$s 300 mensuales por ayuda familiar. La sucursal de un banco extranjero en una ciudad del interior, vendía dólares en concepto de ayuda familiar algunos días de la semana, no todos y en esos casos, se efectuaban como máximo una o dos operaciones cada día. Declarar al BCRA ventas de u$s 50.000 por ese concepto representaban más de 160 operaciones por ayuda familiar en un solo día. Al revisar la declaración jurada el funcionario encargado del banco central inevitablemente debía tener la semiplena certeza de que había un falseamiento de la información. Pero no existían inspecciones. Y cuando las había no inspeccionaban nada relevante.
Si un gerente de una pequeña empresa podía obtener en 15 días -en los años ’60s/70’s- una libreta de caja de ahorro Gold en Londres, por u$s 50.000, ¿Qué se puede pensar de la fuga de divisas que podrían realizar las grandes empresas? Según el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del año 2003 sobre la fuga de divisas durante el 2001, los bancos “fueron la autopista de la fuga de divisas” [1]. Siempre lo son. Cabe subrayar que ese depósito de u$s 50.000 dólares fue pagado mediante débito en la cuenta corriente en pesos del cliente. O sea que en definitiva, el cliente puso pesos y el Banco Central puso los dólares para pagarle al banco de Londres por el depósito. Dólares que, por supuesto, salieron de las reservas del Banco Central. Hoy en día la situación no ha cambiado mucho. La falta de verdaderos controles e inspecciones por parte del Banco Central, es generalizada. En la década del ’90 con la liberalización financiera la situación empeoró, pero durante la década actual no ha mejorado demasiado, a pesar de la nueva Carta Orgánica del Banco Central.
También la subfacturación de exportaciones es una práctica rutinaria y cuasilegal. En la misma época, por ejemplo, llegaba cada tanto un télex a la sucursal con el texto: “Páguese a tal empresa u$s 100.000, concepto: adelanto de exportaciones”. Con la firma del gerente y ese sólo télex se le compraban los dólares a esa empresa y se le acreditaba el equivalente en pesos en su cuenta corriente. ¿De dónde provenían esos dólares? De una cuenta corriente en dólares en un banco europeo propiedad de la misma empresa exportadora argentina. ¿Cómo llegaban esos dólares a la cuenta corriente de la empresa en el banco europeo? De exportaciones anteriores. ¿Cómo era la operatoria? El importador del exterior le pagaba al banco europeo los dólares de la exportación argentina. El banco europeo, cumpliendo las instrucciones de la exportadora argentina, depositaba por ejemplo, el 50% del pago en la cuenta corriente del cliente y el otro 50% lo enviaba a su sucursal en Argentina para el pago de la exportación. ¿Cómo se establecía ese 50%? De acuerdo a la facturación y la documentación aduanera efectuada por la empresa argentina. El procedimiento era de rutina. Tanto en el banco extranjero como en la sucursal bancaria argentina. El procedimiento contable lo realizaban empleados sin cargo jerárquico alguno, o de muy baja jerarquía. O sea era un procedimiento conocido por todos los empleados de los dos bancos, por los empleados de la empresa exportadora, etc. ¿En qué consistía toda la operación “adelanto de exportaciones”? Simplemente, cada vez que la exportadora necesitaba pesos para su operatoria en el país traía algunos de sus dólares de su cuenta corriente en el banco europeo, que eran parte de los dólares de sus exportaciones subfacturadas. ¿Control de cambios? Sólo en los papeles.
La fuga de divisas es cuasi legal y a través de la autopista que son los bancos. ¿Cómo se puede evitar la restricción externa (escasez de divisas) en estas condiciones? Si toda esta operatoria la conocen los empleados bancarios sin nivel jerárquico, si la conocen los empleados de las exportadoras, ¿No lo saben los gobiernos? ¿No lo saben los políticos? ¿No lo saben los economistas? Sí lo saben. El que no lo sabe es el pueblo. Los ciudadanos y ciudadanas comunes. Para ellos es este artículo.

Carlos A. Larriera

Nota:
[1] Expresión utilizada en el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, emitido en 2003, citada por C. Scaletta: “…Específicamente cómo el sector privado no financiero "es el agente más dinámico de la fuga", mientras que los bancos operan "como autopista que vehiculiza la salida", a la vez que el sector público actúa como "garante del proceso, mediante la disponibilidad de reservas y la ausencia de medidas" que restrinjan el drenaje…”, tomado del artículo de Claudio Scaletta publicado en Página 12 y reproducido por Rebelión el 27.10.03.