miércoles, 30 de septiembre de 2015

Alquimistas: las inversiones que salvarán al país según Scioli, Macri y Massa



Cuanto menos falta para la votación presidencial más aumentan las promesas de los candidatos patronales. Hablan de inversiones, pero solo planean un ajuste contra los trabajadores. ¿Qué plantea el Frente de Izquierda?

Daniel Scioli no se cansó de repetir en el acto que realizó en el Teatro Opera la semana pasada la palabra “desarrollo”. Y para lograrlo prometió 30 mil millones de dólares de inversión en infraestructura.
En estos días subió la apuesta: dice que va a incrementar la inversión en educación del 6 al 8 por ciento del PBI. Los docentes bonaerenses, que en más de una oportunidad tuvieron que esperar mucho tiempo para cobrar su salario, no le creen nada.
Pero la letra chica de este “contrato social” con el votante la escribe Miguel Bein. El asesor estrella de Scioli dice que frente a los buitres “Argentina irá con el planteo de obtener una quita significativa y un estiramiento de plazos”. Suena parecido al canje de bonos que impulsaron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en 2005: los especuladores hicieron ganancias del 300%.
Esa negociación (negoción para los buitres “buenos”) no fue tan soberana como se la promovió. No sólo por la enorme rentabilidad que ofreció, sino también porque la orquestaron los fondos especulativos Fintech (del magnate mexicano David Martínez, socio del Grupo Clarín en Cablevisión), Fidelity y Gramercy. Hay buitres y buitres. Además ese canje, como el de 2010 de Amado Boudou, extendió la jurisdicción para los litigios a EEUU. En base a esa concesión el longevo juez Thomas Griesa juega con los títulos argentinos desde Nueva York. ¿Bein quiere repetir la historia?
En una entrevista dominical en el oficialista Página 12 Miguel Bein planteó algunas pistas para descifrar el enigma del desarrollo: “Lo que se necesita ahora es una agenda que genere divisas.”. Y más adelante agregó: “Hoy en el mercado internacional de capitales hay mucho entusiasmo con la Argentina que viene”.
Este alquimista sabe olfatear cuando en el “mercado” hay “entusiasmo”. En 2000 como Secretario de Programación Económica de la Alianza implementó el “blindaje” que trajo casi 40 mil millones de dólares al país. También trajo recorte de salarios estatales, de jubilaciones y congelamiento de partidas públicas. En esos días Fernando de la Rúa festejaba que “a partir de ahora se inicia una nueva etapa de crecimiento sostenido en la Argentina”. Un año después la historia tuvo el desenlace conocido: un presidente huyendo en helicóptero de la Casa Rosada.

¿Quién da más?

Para no ser menos en la subasta de promesas de inversiones Sergio Massa resaltó que "Proponemos dejar de ser amigos de los malos del mundo". ¿Un gesto de pleitesía al capital imperialista? Es muy probable. Estaba hablando en un encuentro con corresponsales de prensa extranjeros en el país.
Massa tiene antecedentes en ser amigo de los “buenos” del mundo: en el 2009 frente a la protesta de los obreros de Kraft salió corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa. Estos gestos ayudan a mejorar el “clima de inversiones”.
Ahora está rodeado de los famosos economistas Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli que hicieron su aporte a la salida devaluatoria de la convertibilidad que licuó el salario. Lavagna también se postula para negociar “duro” con los buitres. La experiencia del canje de 2005 no lo deja bien parado.
El que no se quedó atrás en grandilocuencia es Mauricio Macri. Prometió un “Plan Marshall del Norte" para desarrollar la infraestructura con inversiones por 16 mil millones de dólares y 250 mil viviendas para las provincias más postergadas. El “Plan Marshall” permitió reconstruir Europa después de la guerra y de paso buscar detener al comunismo. El de Macri no se sabe si apenas le va a permitir salir del escándalo de Fernando Niembro. Todavía no está claro si esta original propuesta va a contar con la repatriación de los fondos que Macri tiene en sus cuentas bancarias de los Estados Unidos y Suiza.
Rogelio Frigerio (nieto), referente económico del PRO, señalo que "es importante que Argentina recupere el crédito y en consecuencia es importante que Argentina resuelva el problema de default". Esto significa arreglar con los buitres. Una vez más los referentes económicos son quienes, aunque tratan de maquillar el discurso, borronean la letra chica.

El verdadero plan

La idea de los políticos patronales es que la entrada de capitales extranjeros ayudará a establecer empresas y a dar trabajo. Puro mito.
De lo que se cuidan de hablar Scioli, Macri, Massa y sus respectivos asesores es que la inversión productiva no sólo escasea en la Argentina, sino en todo el mundo. Los capitales van a donde los trabajadores tienen salarios miserables, donde pueden expoliar los recursos naturales o donde pueden hacer ganancias financieras rápidas.
Durante los últimos años Brasil, junto a otros países de América Latina, constituye un claro exponente del último caso. Ahora se están viendo afectados negativamente por la salida de capitales. No hay ningún paraíso capitalista a la espera de Argentina como aseguran quienes dicen que estamos “aislados del mundo”.
Los capitales que se esperanzan en traer no vendrán en favor del país. Exigen condiciones de mano de obra súper explotada, como bien lo conocen los obreros chinos, y beneficios extraordinarios por parte del gobierno. Pero dados los desequilibrios que acumuló el “modelo”, a la Argentina también le exigen una devaluación y ajustes de todo tipo.
Incluso las llamadas inversiones “productivas” tienen como correlato una fuerte salida de dólares por giro de utilidades. En la Argentina kirchnerista las empresas extranjeras giraron utilidades por 70 mil millones de dólares y, mientras tanto, en los mejores momentos de la década, la inversión no estuvo ni siquiera a la altura del nivel de crecimiento de la economía. Es otra prueba de que lo que falta no es “dinero”. El peso de las remesas de utilidades sobre la economía nacional fue durante estos años el doble que en los años noventa. Apostar a la inversión extranjera es profundizar esta gangrena.
Como muestran los dólares fugados por la burguesía argentina durante las últimas décadas, sobrarían recursos para invertir sin apostar a la deuda o el capital imperialista. En el exterior hay fugados unos 400 mil millones de dólares. Es más que el PBI del país en un año. Como demostró el fraude del HSBC, los bancos vehiculizan esos recursos que se fugan.
Como es evidente no hacen falta más buitres extranjeros para “desarrollar” el país.

¿Qué plantea el Frente de Izquierda?

Medidas como el no pago de la deuda implicarían un enorme ahorro no sólo de divisas sino también fiscal. Este 2015 los pagos de deuda serán de unos 15 mil millones de dólares. Su no pago liberaría enormes masas de dinero para inversiones productivas.
En 2014 las exportaciones sumaron casi 72 mil millones de dólares y las importaciones 65 mil millones. Ese superávit de 7 mil millones de dólares se termina volatilizando en fuga de capitales, remisión de ganancias de las empresas extranjeras y pagos de la deuda. Mediante el monopolio estatal del comercio exterior se pueden orientar todos esos recursos en función de necesidades sociales.
Tranquilamente se podría llevaría adelante un plan de obras públicas bajo gestión de los trabajadores que asuma de manera urgente la construcción de viviendas necesarias para los casi tres millones de familias que sufren el déficit habitacional. También para que lleve las cloacas y todos los servicios públicos a todos los hogares que lo necesiten. Un solo ejemplo: dedicando sólo 30% del presupuesto público durante tres años se soluciona el problema del déficit habitacional.
Históricamente la llegada de inversiones extranjeras terminó beneficiando al capital imperialista. Desde los ferrocarriles ingleses dispuestos para llevarse las riquezas hasta la privatización de los ’90, con el emblemático caso de Repsol que no invirtió un peso y saqueó los recursos hidrocarburíferos. Esto no hizo más que agravar los desequilibrios de la economía argentina, entre otras cosas por la dependencia de insumos industriales importados que al día de hoy caracteriza nuestra industria.
En Argentina los grandes proyectos de desarrollo económico, de inversión en ciencia y tecnología, los realizó el Estado, con un enorme esfuerzo de trabajadores y técnicos. En la mayoría de los casos para terminar privatizándolos. Así fue con la puesta en pie de YPF, la creación de una industria siderúrgica, Aluar que contó con un enorme apoyo estatal, INTA, INTI, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el INVAP, ARSAT y varios ejemplos más. En un Estado capitalista estas empresas son utilizadas para generar condiciones de rentabilidad al conjunto de la burguesía. Pero muestran en potencia lo que podría lograr un gobierno obrero con la socialización de los principales resortes económicos.

Pablo Anino

La reconstrucción de las caídas de prensa

La fiscalía dio por probados los secuestros y los asesinatos, a través de los vuelos de la muerte, de trece personas entre el 25 de junio y el 30 de julio de 1976. Las víctimas integraban el área prensa de Montoneros y comisiones gremiales de medios gráficos.

Vera Jarach se levantó de la silla para correr del otro lado de las puertas. Se acercó a los fiscales como pudo, con su pañuelo blanco abrazado al cuerpo, eternamente marcado con el nombre de su hija Franca. Durante la audiencia, los alegatos acababan de dar por probado el secuestro de Franca Jarach, como parte de la caída colectiva del grupo de prensa de Montoneros. Dieron cuenta del testimonio “importantísimo” de Vera durante las audiencias de juicio. Y presentaron los datos de lo que ahora, finalmente, se da por probado: el trasladado de Franca en un vuelo de la muerte ocurrido entre julio y agosto de 1976. “El traslado consistió en aplicarles una inyección de pentotal para que personal que allí operaba los condujera al avión desde el cual fueron arrojados al mar, en los posteriormente denominados vuelos de la muerte –dijeron los fiscales–. Tales traslados culminaron con la muerte de las víctimas.” Entre ellas, Franca.
“De las sensaciones hablaría de las pequeñas y grandes victorias que vienen después de atravesada la tragedia, de haberse empeñado, primero más visceralmente porque queríamos saber y salvar”, dice Vera apenas terminada la audiencia. “Después fuimos a una resistencia, siempre estuvimos con esas metas de conocer la verdad, de justicia y memoria, y llegamos a una etapa nueva que se basa en todas las demás. La justicia contribuye a la verdad. Se entrelazan las cosas. La memoria nos da la garantía, la esperanza de que se reconozcan síntomas de eventuales repeticiones de los hechos porque la historia nos dice que se han repetido. Y hay una etapa nueva que se funda en cosas que están pasando. Los sueños de nuestros hijos los ves realizados, gradualmente, por etapas. Algunos se están realizando. Otros se han realizado. Otros faltan.”
En la sala terminaba otra jornada de alegatos de este abrumador, enorme tercer juicio oral de los crímenes de la ESMA. Concluía la reconstrucción del grupo de caídas nombrado aquí como “prensa Montoneros”. Un nombre que da cuenta del modo en que lo llamaron los sobrevivientes. El encadenamiento de los secuestros muestra la persecución y exterminio de trece personas, entre el 25 de junio y 30 de julio de 1976. Uno de los datos que sobresalen es el modo brutal de operar de la ESMA que iba a la caza de todo, levantando todo lo que estaba en el medio, y el saqueo. En esta caída van a toparse con una de las imprentas de Montoneros, ubicada en una galería comercial de la avenida Cerrito, donde se imprimía la revista El Montonero. Se robaron dos imprentas offset y una guillotina, entre otros equipos. Los artefactos iban a ser usados en la fabricación de documentos falsos de la ESMA. Otro de los datos que muestra esta caída son las primeras señales de secuestros de trabajadores de prensa organizados, dos de ellos integrantes de la comisión gremial interna del diario La Nación. Un colectivo que volverá a sufrir otras bajas poco después, con nuevas caídas.

La sucesión

Uno de los logros de este debate, según el fiscal Guillermo Friele, fue volver a ubicar a Franca Jarach en este espacio político. Anudar eso que los marinos desarmaron. Una resolución que hoy es posible por quienes la vieron y ya la conocían dentro del centro clandestino y por la desclasificación de archivos de la represión, en este caso de la ex Dipba. A Franca se la llevaron el 25 de junio de 1976 desde una pizzería ubicada sobre la avenida Patricios al 500. Tenía 18 años. Su historia es conocida. Había hecho casi todo el secundario en el Nacional de Buenos Aires, donde la dejaron libre por una toma de la escuela a pesar de que era abanderada con medalla de oro. Franca había militado en la UES. Trabajó en un taller gráfico y luego de los estudios militó en la JTP, vinculada con el grupo sindical de los gráficos. Cuando la secuestraron estaba con Hernán Daniel Fernández, de 21 años, muy recordado porque le decían Cassius Clay, por su parecido con el boxeador. Hernán estudiaba Historia, trabajaba para la Editorial Codex y militaba en Gráficos de la JTP. También quedó probado en este juicio, en el que están en juego las condenas a los pilotos de los vuelos de la muerte, que a él lo arrojaron al mar a mediados de diciembre de ese 1976.
Las actividades del grupo de tareas, aquel 25 de junio, habían empezado antes del secuestro de Franca. Cerca de las seis de la mañana, una parte de la patota secuestró a Alberto Luis Castro, en su departamento de Corrientes al 3800. Tenía 31 años, estudiaba Filosofía y militaba en Montoneros. Estaba casado con Antonia Moreira, con quien tenía una hija de 9 meses. La patota había pasado por la casa de su padre, Juan Alberto Castro, en la calle Arenales. Lo encapucharon y lo llevaron a la casa de su hijo mayor. A Alberto le preguntaron por su hermano, Carlos Enrique Castro. Carlos tenía 23 años, lo apodaban Patria y militaba en la Juventud Peronista y Montoneros. Estaba en pareja con María del Carmen Tortrino, que en ese momento estaba embarazada. Tras revisar el departamento de Alberto, los represores lo encaucharon y se lo llevaron al trabajo de Carlos, que era mozo en un buffet de la avenida Callao. Mientras tanto, su padre, su esposa y su hija quedaron a cargo de otra parte del grupo de tareas en su casa. En el bar, secuestraron a Carlos. Lo llevaron encapuchado y esposado a la ESMA. A eso de las ocho de la mañana, la patota volvió al departamento de Corrientes. Esta vez se llevaron a Antonia Moreira y dejaron a su hija al cuidado de su abuelo. Subieron a Antonia a un Ford Falcón verde, donde estaba su esposo. Y los llevaron a ambos hasta Palermo, como señuelo para secuestrar a Alfredo Juan Buzzalino. Alfredo tenía 30 años. Militaba en la rama sindical de la Organización Montoneros. Pertenecía al gremio de Prensa.
Todos ellos fueron trasladados a la ESMA. Alfredo fue sometido al proceso de recuperación de prisioneros, de donde salió con libertad vigilada en febrero de 1979, situación que se prolongó hasta la democracia. A Antonia Moreira la liberaron 48 horas después del secuestro. Alberto y Carlos Castro están desaparecidos.
Un día más tarde, el 26 de junio, el grupo de tareas secuestró a dos parejas: Marta Alvarez y Adolfo Kilman y a Rita Irene Mignaco y Javier Antonio Otero. Marta Alvarez había trabajado en el diario La Razón, Rita Mignaco era parte de la comisión interna del diario La Nación y ambas militaban en Montoneros. Marta estaba embarazada. Desde mediados de junio se hospedaba con su compañero en la casa de Rita y de Javier, que hacía el servicio militar en la ESMA. La patota se los llevó de la casa de ellos, ubicada en la Avenida General Paz al 7000 de la Ciudad de Buenos Aires. Marta dio a luz a su hijo el 1º de marzo de 1977 en el Hospital Naval Doctor Pedro Mallo, ámbito que colaboró con la ESMA, asistida por Jorge Luis Magnacco. Como no le retiraron completamente la placenta, sufrió hemorragias y volvió a ser internada más tarde. Estuvo con su hijo hasta el 16 de julio, cuando el bebé fue entregado a su abuela, luego de ser inscripto como Federico Emilio Francisco Mera. “Durante su cautiverio, ella fue obligada a realizar varios trabajos como parte del llamado proceso de recuperación”, dijo la fiscalía al comienzo de una enumeración agobiante sobre la enorme diversificación de negocios y operaciones de los marinos. Marta y su hijo son los únicos sobrevivientes de esa caída. Su esposo, Rita y Javier continúan desaparecidos.
Ese mismo día, el 26 de junio del 76, fueron secuestrados Carlos Pérez Jaquet, Juan Carlos Gualdoni y Pedro Oviedo. Los tres trabajaban en la imprenta que funcionaba en una galería comercial ubicada en Cerrito 256, Local 16, de la Ciudad de Buenos Aires. Todos militaban en Montoneros. Bernardo era el responsable de la imprenta. Juan Carlos era conocido como Waldo o Alejo, tenía 27 años y era estudiante de Sociología. Y era delegado gremial del Banco Nación. Pedro tenía 24 años, era estudiante de Sociología y afiliado gremial de Ctera. A las 10.30, un gran número de personas rodeó la galería para facilitar el ingreso del grupo de tareas. Saquearon la imprenta. Y a ellos los llevaron encapuchados y esposados al centro de exterminio de la ESMA. Juan Carlos Gualdoni Mazon, Carlos Alberto Pérez y Pedro Bernardo Oviedo están desaparecidos.
Meses después, en diciembre de 1977, el grupo de tareas secuestró a la hermana de Pedro, Patricia Oviedo Domínguez. Se había sumado al grupo de familiares que se reunía en la Iglesia Santa Cruz a buscar a sus detenidos-desaparecidos.
El 30 de julio de 1976 fue secuestrado Víctor Eduardo Seib. Tenía 27 años, también trabajaba en el diario La Nación y era miembro de la comisión interna junto a Francisco Marín y María Cristina Solís de Marín, también secuestrados más tarde. Después del secuestro de Marta y de Rita Mignaco, Víctor decidió ausentarse de su trabajo porque estaba atemorizado. Finalmente, lo secuestraron en la calle cuando se iba de su casa, ubicada en la calle Huergo al 100, de la localidad de Temperley, en el sur del conurbano. Víctor permaneció en el centro clandestino de detención hasta agosto de ese mismo año, cuando se decidió su traslado. Durante su desesperada búsqueda, la madre de Víctor fue a la redacción del diario La Nación para pedir ayuda. Ante su reclamo, le dijeron que escribiera en dos carillas todo lo que sabía. Ella lo hizo, con la letra más pequeña que pudo, para incluir la mayor cantidad de información posible. El diario nunca publicó su carta.

Alejandra Dandan

Para garantizar derechos, hacen falta trabajadores con derechos

El pasado miércoles miles de estatales se movilizaron bajo la lluvia hasta la Jefatura de Gabinete de Ministros. Juntas internas bonaerenses y porteñas de ATE, diversas agrupaciones internas y organizaciones territoriales alzaron su voz a favor del pase a planta de los 70.000 trabajadores del Estado nacional precarizados. La actividad tuvo réplicas en distintos puntos del país, en el marco del paro nacional resuelto en asambleas.
Ni la lluvia ni el viento detuvieron el espíritu de lucha de los trabajadores del Estado nacional. Motivo les sobra: casi el 20 % de la planta es precarizada mediante distintas modalidades de contrato. Este porcentaje asciende al 80 % en casos como el del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de que la ley marco que regula las relaciones laborales entre el Estado patrón y sus empleados sólo permite hasta un 15%, para tareas temporarias o estacionales.
Un ejemplo lo constituyen los trabajadores pertenecientes al Programa Nacional de desarrollo infantil “Primeros Años”, quienes hicieron oír su voz este lunes mediante la realización de un festival de música, títeres y murales en Moreno y Lima, sede del Ministerio de Desarrollo Social que preside Alicia Kirchner.
Luego de tres años de reclamo sin respuesta favorable, exigen la regularización laboral inmediata y la continuidad del Programa “Primeros Años” porque luego de 8 años de implementación sus trabajadores continúan en condiciones precarias, sin cobro de aguinaldo, ni licencias, ni seguro laboral.
Entrevistamos a los delegados Gerardo Giasante y Edward Acuña
M.H.: Estamos con dos trabajadores del Programa “Primeros Años”, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Gerardo Giasante, delegado de del Ministerio de Desarrollo Social y Edward Acuña, delegado de “Primeros Años”.
Me llegó un comunicado de los y las trabajadores del Programa Infantil “Primeros Años”, son alrededor de 120 trabajadores a lo largo y ancho de nuestra República Argentina “promoviendo el fortalecimiento de la familia en su rol protagónico en la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años. Actualmente se lleva adelante en 20 provincias del país, a través de equipos técnicos, alrededor de 120 trabajadores, equipos interdisciplinarios.”
La situación que se está planteando es que son trabajadores contratados, monotributistas, a pesar que hace varios años están participando del Programa, este es un tema recurrente en el Estado. Hace unos días vinieron los compañeros de la Lista Bermellón de ATE y me decía el compañero de Planeamiento que en el caso de ellos el 70% son contratados, situación muy parecida a la que nos contaba el compañero del INTI y también a la de los trabajadores del Ministerio de Trabajo, donde más del 50% de la fuerza laboral está bajo esta situación de contratación y tercerización.
G.G.: El Ministerio de Desarrollo Social encabeza el ranking de precarización laboral dentro de los ministerios nacionales.
M.H.: El Ministerio cuya titular es Alicia Kirchner.
G.G.: Sí. De 6.500 trabajadores en total hay solo 450 aproximadamente están en planta permanente y todo el resto en diferentes tipos de precarización laboral. Ahora se abrieron concursos cuyo objetivo es sumar a alrededor de 1.200 trabajadores más pero la amplia mayoría de trabajadores del Ministerio seguimos estando en diferentes formas contractuales que implican precarización laboral. La más extendida es lo que conocemos como artículo 9 resolución 048 que implica un contrato de tareas temporales que se renueva anualmente. Uno de los problemas fundamentales que tiene es que no garantiza la continuidad laboral, te tienen que renovar el contrato cada diciembre. Hay compañeros que hace 15 años que están bajo ese contrato cumpliendo supuestamente tareas eventuales, es un contrato que además no te da los mismos derechos que el trabajador de planta permanente, tiene otro régimen de licencias, no se cobra lo mismo por adicional por título y fundamentalmente no tenés seguridad laboral.
Hay otros tipos de contratos más precarizados aún que son los de locación de servicios y los de locación de obra, ese es el caso de los compañeros del Programa “Primeros Años”, un programa que hace casi 8 años que está funcionando con compañeros en esta situación. El Estado ni siquiera los reconoce como trabajadores estatales, es como que le vendés un servicio, sos una especie de entidad autónoma, no te reconocen como trabajador, lo que implica tener muchísimos menos derechos que inclusive los contratos precarios de la resolución 048, menos seguridad laboral todavía y, por ejemplo, los compañeros ni siquiera cobran aguinaldo. M.H.: Se habla de la prestación de un servicio y me gustaría Edward que nos cuentes en qué consiste la tarea que realizan.
E.A.: El Programa nacional de desarrollo infantil fue creado para promover un abordaje integral de la primera infancia previa a lo que pueden ser las instituciones formales educativas u otro tipo de instituciones. El programa de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional y a la ley 26061 de Protección de los derechos del niño a nivel nacional, viene a cubrir esa falencia del Estado de no poder abordarlo previamente, la intención es cambiar el paradigma de esta concepción de la crianza pasiva.
Lisa y llanamente lo que el programa trata de hacer es que las familias y comunidades, a partir de un trabajo social comunitario y un anclaje territorial, entiendan que deben cobrar un rol protagónico para comprender que los y las niños/as son sujetos plenos de derechos previo y posterior al nacimiento desde temprana edad.
Conformamos equipos interdisciplinarios con psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, maestros de inicial, etc. A través de esta mirada se promueve la instauración de esta política pública. Es una política que promueve el generar las condiciones familiares e institucionales para un desarrollo infantil temprano desde un abordaje integral.
M.H.: En este comunicado ustedes hacen un alerta donde dicen que no tienen seguridades de que a partir de la caducidad del contrato en diciembre próximo se vuelva a renovar. ¿Por qué piensan esto?
E.A.: Nuestros contratos de locación tienen plazos de vencimiento, a partir de la lucha que sostenemos con el colectivo de trabajadores de todo el país hemos logrado poner al día esa situación y que esos contratos lleguen a diciembre, pero a principio de año trabajamos varios meses sin contrato. A partir de que empezamos a movilizarnos y a presionar a las autoridades logramos que nuestra locación de servicios esté documentada, lo que te da una seguridad mínima en meses.
Pero cuando decimos que corre riesgo nuestra continuidad nos referimos a que con el cambio de gestión los primeros programas que seguramente van a caducar, lamentablemente, son algunos de los programas sociales y fundamentalmente los de mayor impacto como ser éste.
Al final de la carta abierta de los trabajadores de “Primeros Años” decimos que para garantizar derechos hacen falta trabajadores con derechos. Nosotros estamos en medio de un reclamo conjunto con los trabajadores precarizados del Ministerio de Desarrollo Social, no es aislado nuestro reclamo ya que forma parte de toda esta práctica sistemática del Estado de contratación precaria de los trabajadores y de no reconocimiento de los mismos ni de la relación de dependencia que tenemos con el Estado.
Es importante remarcar que hay casos de compañeras madres de familia que trabajan para el Estado facturándole todos los meses cuando eso es declarado por la Administración de Ingresos Públicos como algo ilegal, pero es una práctica instaurada en el Estado y no somos una excepcionalidad. El Centro Cultural Kirchner es un ejemplo de esto, todos sus trabajadores son contratados en forma totalmente precaria.
M.H.: Inclusive da lugar a juicios laborales. Yo fui delegado general durante muchos años del Banco nacional más importante de la Argentina, el ahora Santander-Río, antes Río de la Plata. En ese momento no había muchos trabajadores contratados tercerizados, pero teníamos claro que la Ley de contrato de trabajo dice que un trabajador que es sistemáticamente contratado tiene derechos después de un período determinado.
Recuerdo que una de mis hijas trabajaba en el Four Seasons como moza de eventos y le hacían firmar un contrato cada vez que iba, yo le señalé esto que recordaba de mi tiempo de actividad sindical y junto con otras compañeras le hicieron juicio y todas cobraron indemnizaciones. Señalo esto abonando lo que decís, este accionar ubica al Estado en un cuadro de ilegalidad.

Si se habla de una “década ganada” no se puede despreciar a los trabajadores que la hicieron posible

G.G.: Es una situación de fraude laboral, cuando la situación contractual no expresa tu situación laboral real. Y en esa situación hoy están la mayoría de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, y el caso de los trabajadores de “Primeros Años” es peor aún porque tienen menos derechos y menos estabilidad laboral, los que estamos en la resolución 048 al menos cobramos aguinaldo, igualmente ATE siempre reclamó el pase a planta de los trabajadores, pero la situación de los compañeros es indignante y sobre todo porque si se plantea que hubo una ampliación de las políticas públicas y se habla de una década ganada, más allá de que uno esté o no de acuerdo, tiene que ver con quiénes son los que llevaron adelante en el territorio esas políticas públicas, es un desprecio muy grande a los trabajadores responsables de lo que tanto se reivindica.
M.H.: ¿Cómo sigue esto?
E.E.: Nosotros iniciamos este reclamo hace más de 3 años, el proceso se dio primero de organización colectiva de los trabajadores para lograr tener la fuerza para poder reclamar en forma clara a las autoridades. Hace más de 3 años que se han ido presentando distintas notas y petitorios a las autoridades y lo único que hemos recibido como respuesta es un ninguneo y violencia laboral, porque se pasan la pelota mandándonos de una ventanilla a otra.
El Programa está afincado en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales entonces se pasan la pelota entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo. Salvando ese brete donde nos quieren meter las autoridades, planteamos claramente que es el Estado quien debe hacerse cargo de esta situación y que la política pública como Programa nacional de desarrollo infantil “Primeros Años” debe continuar, por todo lo que promueve, por todos los derechos que garantiza y restituye a la primera infancia y a las familias involucradas, pero debe continuar con la regularización laboral de sus trabajadores, porque el Consejo de políticas sociales dijo que no tenía recursos pero abrió un llamado hace pocos días para 40 trabajadores, y en el Ministerio de Desarrollo Social nos dijeron en su momento que no podían asumir contratos pero a la vez contrataron a 8 compañeros trabajadores, lo que saludamos, pero son solo 8 de 130, a la vez que hicieron ingresar por la ventana del costado a más de 20 trabajadores de Centros integrales del conurbano utilizando la estructura del Programa “Primeros Años”. Por eso convocamos a esta actividad en el día de hoy para visibilizar nuestra situación.

Mario Hernandez

martes, 29 de septiembre de 2015

Crujidos en el “proyecto”



Lo que dejó Tucumán. Progresismo y clientelismo. Scioli, Cristina y el “doble comando”. Un balance del “modelo” que silencia muchas cosas.

Los editoriales de este domingo dan cuenta de las tensiones existentes luego de las elecciones en Tucumán y la semana que tuvo entre sus componentes, varios días de caída aguda de la Bolsa.
Así, Horacio Verbitsky habla tanto de las consecuencias de los fallos de la Cámara en lo Contencioso como de la Corte Suprema de Tucumán. Lo hace en parte, debatiendo con el constitucionalista Roberto Gargarella.
Escribe el periodista que “la Corte Suprema tucumana puso límite a la peligrosísima estrategia de deslegitimación de la voluntad popular, planteada por la coalición derrotada y admitida en un fallo escandaloso por una sala de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo que intentó embarrar el camino hacia las elecciones presidenciales del mes próximo”.
Refiriéndose al régimen político tucumano, añade: “que todas las opciones sean malas afecta la libertad de elección en un modo muy distinto al que pretende el fallo, y no pueden corregirlo ni dos iluminados ni una nueva elección”.
La afirmación menosprecia que lo “malo” de Manzur y Alperovich es parte de la configuración política del kirchnerismo en su conjunto. Al mismo tiempo, omite dar cuenta de los problemas sociales sobre los que se construye el clientelismo que, todos admiten, rondaron la elección tucumana.

Poderes

Mario Wainfeld, por su parte, en el mismo diario da cuenta de las crisis ocurridas durante la semana por la caída de la Bolsa de Buenos Aires.
El periodista lo atribuye a una suerte de complot de los poderes económicos que, tras haber "fracasado" en Tucumán actúan desde Buenos Aires.
“Los medios dominantes relegaron a la opo tucumana a un lugar subalterno. La “política” cedió espacio a “la economía” que es también un territorio en disputa. El establishment –que se afincó sin admitir matices en la cúpula de Unión Industrial Argentina (UIA)– se mudó, pongamos, de San Miguel de Tucumán a la city porteña, donde juega de local y usa el gas pimienta a discreción” afirma el cronista.
Pero el poder de ese establisment no brota de la nada. Es la resultante de las tensiones de la economía nacional, en un marco de incertidumbre global luego de 12 años donde, a pesar del Relato, el poder de las grandes multinacionales sobre la economía nacional se mantiene sin alteraciones.

Scioli, Cristina y el futuro

Las tensiones futuras, dentro de un eventual gobierno de Scioli, se han convertido ya en un secreto a voces.
Eduardo Van Der Kooy analiza que el peor enemigo de Scioli no es Massa o Macri sino la misma presidenta que le impone limites y marca la cancha. Las declaraciones de sectores kirchneristas fogonean el retorno de Cristina.
Dice el columnista de Clarín que “a un mes de las elecciones presidenciales el fantasma más temido ha vuelto a merodear las vecindades de Daniel Scioli. Aquel fantasma no lo corporizan ahora mismo ni Mauricio Macri ni Sergio Massa. La amenaza se llama, sin vueltas, Cristina Fernández (…) la Presidenta no ayuda en ningún terreno al candidato”.
La presidenta ayuda y no ayuda al mismo tiempo. Lejos de cualquier esquematismo, los intereses futuros de la fracción kirchnerista se alinean con los presentes. Sin Scioli presidente no hay “operativo retorno” y, ni siquiera, escaños en el Congreso. Pero una alineación sin fisuras significaría dejar que las fuerzas centrífugas empiecen a actuar.
Jorge Fernández Díaz escribe en La Nación que no hay nada más inestable que un gobierno "de transición". La dureza llega a la comparación con el mismísimo De la Rua que no tuvo un partido atrás suyo. Rememorando una supuesta anécdota de la renuncia de Héctor Cámpora, el periodista señala que “la anécdota vuelve hoy a rodar porque los kirchneristas plantean cada vez con más crudeza la consigna "Scioli al gobierno y Cristina al poder", y porque los veteranos del peronismo imaginan el formato que viene sobre la base de aquel desdichado vacío camporista. "¿Cuántos meses pasarán hasta que los diputados y el vicepresidente peregrinen a El Calafate en busca de instrucciones?", se preguntan”. Añade, lapidario, “Doble comando o traición. ¿Pero puede hacerle Scioli a Cristina lo que ella y su esposo le hicieron a Duhalde? (…) la última vez que se combinaron crisis grave con doble comando, los escombros no sólo cayeron sobre el que pagaba la fiesta, sino que ametrallaron a su partido y dañaron a quien había armado la bomba: Carlos Menem”.
Parece que anunciar tempestades y crisis sin salida es una suerte de obligación contractual para los periodistas de la Tribuna de Doctrina.
La dinámica política del gobierno de Scioli dependerá de muchos factores. Ya se ha señalado que no será un camino de rosas, pero el catastrofismo no es nunca un buen consejero.

El "modelo" a 12 años

Mario Wainfeld ensaya un defensa global del “modelo” kirchnerista. A pesar de los límites, el periodista rescata la "voluntad política" evidenciada. Reseñemos solo algunos elementos del balance que, por lo demás, suena incompleto o sesgado.
Señala, entre muchos otros datos, que “se mantiene el núcleo duro de alrededor de un tercio de la clase trabajadora laborando en la informalidad. Es una proporción preocupante porque contradice los objetivos del “modelo” y porque se mantiene muy estable desde hace años (…) El kirchnerismo creó millones de puestos de empleo en sus mejores años en los que redujo (atacó) en alta proporción la informalidad. Esas variables se amesetaron lo que genera desigualdad entre los propios laburantes. Los ingresos son muy diferentes tanto como la posibilidad de “defenderlos” frente a la patronal y contra la inflación. Obras sociales, vacaciones, sueldo anual complementario acentúan las diferencias (…) La necesidad de pasar a otro estadio económico, de cambiar herramientas, de innovar es uno de los desafíos para la próxima administración, cualquiera fuera su signo. El kirchnerismo tiene una trayectoria que la ranquea como la más calificada para procurarlo, lo que no garantiza el éxito pero sí la voluntad”.
Cualquier análisis fino demostraría que la voluntad se detuvo a los umbrales de las ganancias del gran capital. Lejos del relato y cerca de la realidad, grandes pulpos económicos siguieron siendo todopoderosos en las diversas ramas de la economía. De allí que, hace ya más de 6 años, el nivel de trabajadores informales se mantiene estable. Seis es la mitad de 12.

Los trabajadores y el kirchnerismo

Agreguemos un párrafo más del periodista.
“El empleo se defendió con uñas y dientes, praxis desconocida por los gobiernos anteriores. Desde el Repro que paga parcialmente salarios en coyunturas de suspensiones o mermas de actividad hasta la protección novedosa a las empresas recuperadas, transitando un abanico muy amplio de política laboral-sociales. Carecen de precedentes por decir poco: reman en sentido contrario a lo que se hizo a partir de los ‘90. Los ejemplos muy conocidos de Kraft Foods o Donnelley (ahora MadyGraf) son emblemas pero no casos aislados. Apoyo técnico, capacitación y aportes de plata (en MadyGraf se llevan invertidos más de dos millones y medio de pesos) se conjugan con la combatividad y creatividad de los laburantes. Las relaciones entre el estado, sindicatos o delegados distan mucho de ser edénicas pero cuando se observe el conjunto en unos años se verá que hubo más armonía que la aparente y más resultados que los que se reconocen”.
La afirmación hace abstracción de muchos elementos para presentar un panorama embellecedor. Del gobierno y de la burocracia sindical peronista.
La lucha de Kraft fue uno de las que impuso límites a los despidos en 2009. Los RePRo fueron una salida estatal para evitar que ejemplos como esa gran lucha se generalizaran. Que esto fue la lógica que se impuso, lo evidencia la lucha de Lear en 2014 donde la relación “edénica” se dio entra la patronal imperialista, el gobierno y la reaccionaria burocracia del SMATA en pos de destruir la organización interna combativa de los trabajadores.
La reivindicación de la actuación estatal en Donnelley, hoy MadyGraf debe remitirse al mismo período. Mientras el gobierno intervenía para tratar de que los trabajadores de la gráfica no se convirtieran en un sector en lucha, reprimía brutalmente a los de Lear. El Relato, por esos días, tuvo el rostro de Sergio Berni. Agreguemos que los trabajadores de Donnelley sostenían una poderosa organización previa, lo que los hubiera convertido en un nuevo “conflicto testigo” en caso de que el gobierno no interviniera.
Hoy esos trabajadores son parte de las listas del Frente de Izquierda. Mientras, a Scioli lo apoyan los sectores burocráticos que, en cada uno de esos reclamos, estuvieron del lado de las patronales y contra los trabajadores de base. No hacen falta más palabras.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo

El extractivismo minero como política de Estado

En el año 2002, el país contaba con 18 proyectos mineros. En 2003, con 40. Hacia 2011 las explotaciones superaron las 600. Los datos los brinda el informe oficial presentado por la Secretaría de Minería titulado ‘Minería en números’, actualizado por última vez en enero de 2012. El crecimiento a partir de 2003 fue del 1.500%.
El “Informe de gestión” de la misma Secretaría señala que son más de treinta los países que extraen mine rales en el país. Destacan principalmente a Estados Unidos, Canadá, China, Suiza, Australia, Japón, Reino Unido e Italia.
La minería es “política de Estado”, dice el informe. El extractivismo expoliador también.
La megaminería no es cuestionada sólo por contaminación, por la violación de los derechos de las poblaciones donde se asientan, por el atropello a la voluntad de comunidades, por el grado de feudalismo con el que se desenvuelve o por las represiones que siguieron a la resistencia. La megaminería exprime los recursos dejando poco y a veces nada de lo que se extrae del suelo argentino. El “Marco jurídico especifico” y un “escenario tributario competitivo” son destacados en el mismo informe. Esto explica las ventajas y la política del Estado para las empresas extranjeras.
En el año 2004, Néstor Kirchner presentó el Plan Minero Nacional frente a funcionarios y empresarios. Durante su discurso, el entonces presidente declaró: “El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del 90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente”. Fue una clara reivindicación del plan neoliberal minero del menemismo que introdujo reformas en la Constitución Nacional y al Código de Minería para garantizar el saqueo de los recursos.

Fabián Chiaramello

lunes, 28 de septiembre de 2015

El efecto cianuro en San Juan



El 14 de septiembre, Barrick Gold derramó un millón de litros de solución cianurada en Jáchal.

La Justicia de San Juan imputó a nueve empleados de la minera Barrick Gold y no descartó que pudiera haber responsabilidades del gobierno provincial en el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en el río Jáchal. Anoche, vecinos de las ciudades de Jáchal e Iglesia marcharon en las calles de la capital provincial para rechazar la actividad minera.
El juez Pablo Oritja imputó a nueve empleados de Barrick, pero advirtió que los acusados podrían ser más, si la recolección de información, que continúa llevando adelante, permite determinar que hay más responsables del derrame producido el 13 de septiembre en la mina Veladero. “Hay una idea clara de lo que puede haber pasado. No descartamos la omisión en los controles que debía realizar el Estado, motivo por el cual hemos solicitado la documentación de los organismos que tenían competencia”, dijo el juez a una radio sanjuanina. El magistrado provincial también aseguró que, en adelante, el funcionamiento de la minera en San Juan tendrá un control más estricto.
Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello ordenó que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Minería de la Nación entreguen información sobre los permisos y proyectos de explotación de la empresa minera canadiense. Los operativos fueron ordenados a pedido del fiscal federal Ramiro González, quien imputó al secretario de Minería nacional, Jorge Mayoral; al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; al secretario ambiental provincial, Domingo Tello; y a directivos de Barrick Gold. El fiscal González pidió abrir una investigación contra todos ellos.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal, tras lo cual el juez Casanello delegó la causa en el fiscal González, quien es titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) de la Procuración General.
Casanello envió exhortos a la Justicia sanjuanina para requerir que las dependencias provinciales de Minería, Ambiente y Salud entreguen información sobre el funcionamiento y las autorizaciones de Barrick Gold.
En respuesta, el juez sanjuanino Maximiliano Blejman allanó despachos en los ministerios provinciales de Minería y Salud Pública, la Secretaría de Ambiente y oficinas del edificio de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.
Por su parte, el gobierno de San Juan informó en un comunicado que a través de sus ministerios y secretarías puso a disposición “la totalidad” de la información referida a la “contingencia” ocurrida el 13 de septiembre en la mina Veladero.
En tanto, la senadora nacional por San Juan Maira Riofrío atribuyó el derrame a un “sabotaje político” y reclamó a la Justicia provincial que oriente la investigación en ese sentido. “La compuerta estaba abierta a 40 días de las elecciones”, dijo, y agregó “las causalidades no me cierran”.
El 14 de septiembre, un tubo maestro del proyecto minero El Veladero, que Barrick tiene en San Juan, se rompió y provocó el derrame de agua cianurada en el río Jáchal. Inicialmente, la empresa declaró que habían sido 224.000 litros, pero luego rectificó los números e informó que se había tratado de más de un millón de litros.
Anoche, un grupo de manifestantes llegaron desde los departamentos cordilleranos cercanos a la mina Veladero, con consignas antimineras y algunos de ellos se colocaron barbijos. Bajo el lema “Cierre, remediación y prohibición”, caminaron varias cuadras en el microcentro, hasta la plaza 25 de Mayo, donde realizaron el acto central.

Página/12

Rebelión estudiantil en Paraguay

Los decanos de las 12 facultades quedaron secuestrados durante 16 horas por miles de estudiantes que reclaman “moralización, democratización y una reforma integral de la educación nacional”. Y como primer paso, la renuncia del rector y de todos los decanos.
El rector de la Universidad Nacional de Paraguay (Una) está escondido desde el lunes de noche, arrinconado por un movimiento estudiantil que se refuerza hora tras hora. Los decanos de las 12 facultades, que lo han abandonado, se reunieron de urgencia el martes de mañana y, tras difundir un acuerdo conciliatorio, quedaron secuestrados durante 16 horas por miles de estudiantes que reclaman “moralización, democratización y una reforma integral de la educación nacional”. Y como primer paso, la renuncia del rector y de todos los decanos.
El campus universitario quedó sitiado en la madrugada del martes 22 por unos 2 mil jóvenes que cerraron todos los accesos y prohibieron el ingreso de un amenazante y fuerte contingente de los Cascos Azules, el cuerpo de elite de la represión, haciendo valer el estatuto de autonomía de la universidad. A las ocho de la mañana llegaron los decanos y una hora después quedaron atrapados en un edificio sin aire acondicionado, con la electricidad cortada por manos anónimas. Bajo un calor superior a los 40 grados, vivieron quizás el peor momento de su suntuosa existencia. Recién se les permitió salir cerca de la medianoche, dominados por un confeso pavor ante la inmensa masa de gente que, en las puertas del recinto, escenario de décadas de prepotencia, nepotismo, tráfico de influencias y discriminación, los esperaba para escracharlos.
Las cabezas visibles de la rebelión estudiantil les dieron garantías de no agresión y formaron un pasaje custodiado por un férreo cordón de jóvenes, por donde fueron desfilando los decanos bajo ensordecedores silbidos y una lluvia de epítetos. “Decana, basura, vos sos la dictadura”, debió escuchar la titular de Filosofía, María Angélica Galeano, quien prohíbe en su facultad las reuniones de más de cuatro alumnos y exige revisar sus bolsos y conocer el contenido de los filmes y audiovisuales que quieren proyectar, además de calificar a “los pensantes” de “zurdos asquerosos”. Ignacio Vallejo, decano de Ingeniería, quien se ha permitido suspender durante meses a estudiantes por trasmitir por las redes mensajes en su contra, fue otro de los repudiados por corrupción administrativa y nepotismo. Se le recordó que hizo perder un año a un estudiante que criticó a su hija por recibir un salario de la facultad sin trabajar. “Delincuentes”, “canallas”, “crápulas”, “ladrones”, “ignorantes”, “esbirros de los partidos”, “asesinos de sueños”, se escuchó durante la intensa hora que duró la evacuación de los decanos.
Froilán Peralta, veterinario y rector de la Una, quedará en los registros como el profesional que más abusos, humillaciones y bochorno ha causado en la historia de la educación en este país. Desde el martes 22, cuando el estudiantado sitió el campus que siempre consideró su propiedad personal, cortó toda comunicación con sus colegas, a los que horas antes había prometido presentar su dimisión. Peralta tiene todas sus suntuosas residencias bajo doble llave, protegido por una guardia pretoriana. Entre sus aportes a la cultura se recuerda su ufana declaración de que para él una vaca o un perro son iguales a cualquier alumno. Con esos méritos fue ungido al frente de la Universidad por la fracción más poderosa y cavernaria del Partido Colorado. Peralta es hombre del extravagante senador Juan Carlos Galaverna, íntimo del presidente Horacio Cartes, pero temporalmente distanciado.
Esta revuelta estudiantil es algo inusitado en Paraguay. Sus protagonistas son miles de estudiantes secundarios y universitarios. Hace dos meses los primeros comenzaron por realizar una sentada en un colegio salesiano de Asunción, una protesta que se fue extendiendo. En su inicio la protesta fue casi ignorada por la ciudadanía, que la miraba como una diablura más de chicos de instituciones privadas. Al cabo de un mes resultó que esa ocurrencia había tomado fuerza, y el viernes 18, sin mucho esfuerzo ni recursos, desbordó el centro de la capital con reclamos de una educación de calidad y rechazando las flores que, a su llegada al Ministerio de Educación, les ofreció la titular de esa cartera, junto con su colega de Hacienda: “No es con flores que se soluciona este desquicio”, le espetaron.

José Antonio Vera
Brecha

domingo, 27 de septiembre de 2015

A 47 años de la histórica huelga de YPF



A partir del 25 de septiembre de 1968 y hasta el 26 de noviembre, los trabajadores de la Destilería YPF nucleados en el SUPE protagonizaron lo que a la postre se denominó la “La huelga Santa”. Estaba en marcha el Polo Petroquímico que se terminó entre las décadas del ‘70 y ‘80 con la instalación de Petroquímica Gral. Mosconi, IPAKO, Polibutenos, Maleic y Copetro. Aquí algunas conclusiones de esta histórica lucha que tuvo que enfrentar a la dictadura de Onganía, y a todas las alas de la burocracia sindical.

Corrían los fines de la década del ’60 y Argentina estaba gobernada por la dictadura de Onganía denominada “Revolución Argentina”. En el plano internacional se avecinaba el agotamiento del boom de la posguerra, renacían las disputa interimperialistas, que se empezaba a expresar en crisis de sobreproducción. A estas cuestiones económicas se les sumaban los factores políticos que eran los cuestionamientos a la hegemonía norteamericana. El declinar de las ganancias capitalistas plateó la necesidad de reducir los derechos que los trabajadores habían ganado durante la vigencia del llamado “Estado de Bienestar” en los países centrales, a la vez que se intensifican la ofensiva imperialista sobre las semicolonias.
En ese marco la dictadura establece un plan económico racionalizador que favorece a los sectores más concentrados del capital, en particular los internacionales. Dirigido por el “célebre” Krieger Vasena como ministro de Economía favorecía al mercado financiero y las exportaciones industriales. Devaluaba el 40%, retenciones a las exportaciones agrarias desde el 16 al 25%, redujo los aranceles de los productos importados favoreciendo la baja de los insumos industriales y para el 69 la deuda con el FMI creció enormemente. Congelamiento salarial, aumento de tarifas de servicios públicos, incremento de los impuestos y reducción del empleo estatal. Suspensiones de las negociaciones colectivas lo que abrió aun más la brecha entre los ingresos de los trabajadores y las ganancias patronales. Modificación del régimen jubilatorio de 45 años y 25 de aportes a 60 y 30 respectivamente (Circular N° 27).
Así es que para el sector petrolero dictamina la Ley de Hidrocarburos que le permitía a las empresas privadas explotar yacimientos de YPF y la Ley 14343 de racionalización administrativa que provocaba prescindibilidad a muchos trabajadores estatales.

La huelga

Estalla en el ámbito de la Destilería en forma total, operarios, empleados administrativos, técnicos y el personal de maestranza, a los que se les sumó el personal de Flota Taller Naval. El detonante fue el conocimiento de una circular patronal que imponía la pérdida de las 6 horas por 8 horas de trabajo, movimiento de personal “excedente”, la reducción de tiempo de refrigerio y los alimentos deberían ser llevados por los propios trabajadores. Conquista de más de 20 años, que el Estado de Bienestar en período de expansión generó, creando la figura de “ypefianos” y la comunidad de fábrica, con su Convenio Colectivo, guarderías, barrios etc.
El 20 de septiembre había habido una asamblea convocada por el SUPE (Sindicato Unido Petrolero del Estado) de más de 3.800 afiliados que había votado el paro por tiempo indeterminado si se imponían las 8 hs., por eso conocida la circular, el cuerpo de delegados resolvió aplicar este mandato. De inmediato se conforma un comité de huelga entre los tres sindicatos intervinientes (Destilería, Flota y Taller Naval).
Pararon los trabajadores del Taller Naval, Almacenes y Muelle YPF y el congreso de delegados de Flota Petrolera del Estado, en sesión del 23 de septiembre exhorta a todos los trabajadores a abandonar todos los buques.
Rápidamente se ponen en funcionamiento todos los actores, ante tamaña medida de fuerza que deja vacía la destilería. La dictadura prepara la represión, la dirección de Destilería organiza rompehuelgas y cancela la personería del SUPE Ensenada y del Sindicato Flota Petrolera.
La CGT dividida en dos, la Vandorista o Azopardo y la Ongarista o Paseo Colón situación que hizo que algunos sindicatos se dividieran y sus gremios nacionales se fueron con la CGT Azopardo y sus seccionales locales adherían a la “Paseo Colón”, por ejemplo Luz y Fuerza de Córdoba y SUPE Ensenada. La federación donde se encontraban todos los trabajadores petroleros del país se encontraba dirigida por Cavalli decidió no plegarse a nivel nacional con la escusa de esperar el momento de la represión. Cuando los tres sindicatos locales le respondieron que la cancelación de las personerías ya era represión, la respuesta fue el silencio para luego iniciar una lucha abierta contra la huelga. Todo determinó tres niveles de la lucha: Al interior de la fábrica por conquistas, a nivel político en contra de los planes económicos y de la política petrolera de la dictadura, y a nivel sindical desafiando la actitud colaboracionista de la dirección nacional del SUPE.

El descenlace

¿Cómo es posible que tanta energía desplegada por la clase obrera con 7.000 obreros unidos en lucha se pierda? Con acciones contra los carneros, piquetes con molotov etc. Comisión de Mujeres de Berisso, Ensenada y La Plata. Con el apoyo de la FULP y el movimiento estudiantil. Después de 63 días intensos, con más de mil despidos, las conquistas perdidas, los sindicatos intervenidos etc., los trabajadores volvieron a trabajar.
La causa esencial fue su aislamiento, producto del fracaso de todos los intentos por extender a otras seccionales del SUPE como Mendoza, Comodoro Rivadavia. La falta de apoyo de otros gremios de la zona. Las dos CGT le dieron la espalda, la Vandorista dio su “solidaridad moral” como una burla a los trabajadores en conflicto, y la Ongarista se fue en promesas, nunca organizó ni un solo paro ni la ayuda económica, por el contrario, intentaron permanentemente utilizar el conflicto para los fines golpistas del sector patronal al cual respondían.
También la dirección del comité de lucha confió durante los meses que duró la lucha, en distintos sectores del gobierno, en generales buenos, en intermediarios oficiosos, en obispos etc., pero nunca confiaron en el resto de la clase obrera, en su movilización, en el aporte del estudiantado, que eran las únicas armas que tenían para poder triunfar.
La corriente de la cual provenimos y somos parte de su tradición como partido de combate, el PRT La Verdad nucleados detrás del periódico Política Obrera, puso desde afuera del conflicto, todas sus fuerzas para el triunfo de los petroleros. El MAU (Movimiento de Alianza Universitaria), organización estudiantil de la corriente que dirigía el centro de estudiantes de Arquitectura de la UNLP, encabezado por Daniel Betti, puso en acción la unidad obrero estudiantil y se puso a la cabeza de la organización del fondo de huelga y la distribución de víveres.

Germán Chivelli

La situación de la industria automotriz

En una reunión realizada el sábado 19 en Pacheco por invitación de militantes clasistas y antiburocráticos del SMATA, discutimos la situación y perspectivas de la crisis automotriz. Reproducimos acá los puntos centrales del panorama allí planteado.

El sábado 19 participamos con Guadalupe Bravo de una reunión en el local del Partido de Trabajadores Socialistas en Pacheco para discutir sobre el panorama de la industria automotriz, a la que fuimos invitados por militantes clasistas y antiburocráticos del SMATA que se proponen consolidar una oposición a la conducción del burócrata Ricardo Pignanelli. Entre los presentes estaban numerosos protagonistas de la dura lucha de Lear, como Rubén Matu y Damián “Bebe” González, así como Roberto Amador (despedido de Gestamp) y Javier “Mancha” Aparicio (VW) y otras decenas de trabajadores.
El sector automotriz atraviesa ya dos años de fuerte caída en los niveles de producción, que sólo en lo que va de este año acumulan una caída de 9,7% respecto de los ya bajos niveles de igual período en 2014. La caída de las ventas al exterior (21,3% en enero-agosto respecto de igual lapso de 2014) es uno de los elementos que más vienen golpeando al sector. Acá resumimos algunos de los aspectos clave que intercambiamos sobre la crisis del sector y sus perspectivas.

Una industria dólar-dependiente

El sector automotriz argentino expresa de forma extrema las contradicciones que recorren a toda la estructura productiva argentina. Un análisis de estos rasgos, que acá resumimos, puede encontrarse en la revista Ideas de Izquierda n° 12, donde escribimos junto a Guadalupe y Lucía Ortega.
Los rasgos que tiene hoy nos remontan a la reconversión que atravesó el sector en los años ’90, de la mano del retorno al país de las grandes multinacionales que habían dejado la producción local en manos de distintos grupos con preeminencia de capital local (Sevel, Autolatina). Estas y otras nuevas radicaciones trajeron algunas inversiones para renovar los modelos confeccionados en el país, y tuvieron un fuerte impacto sobre los proveedores del sector. Las terminales contaron dentro del Mercosur con un comercio administrado ajustado a sus necesidades, y reorganizaron su sistema de aprovisionamiento a escala del mercado común. Muchas autopartistas quedaron fuera de camino y otras fueron impulsadas a aumentar su escala, mientras ingresaron jugadores globales traídos por las mismas firmas. En la Argentina, el sector autopartista, que contaba con 1000 empresas a comienzos de los años ’90, cuenta hoy con 400 firmas. Esta reorganización vino de la mano de una fuerte disminución de la integración local de autopartes, que fue sustituida por importaciones. Un auto que se produce en la Argentina, tiene del valor gasto en insumos sólo un 27% adquirido localmente. El resto proviene del exterior. Más de la mitad de las piezas que se importan provienen de Brasil, lo cual muestra la importancia que tuvo la reestructuración a nivel Mercosur.
Esta desarticulación de la industria automotriz ocurrida en los últimos 25 años, llevó a que sea caracterizada como una armaduría por parte de especialistas.
Cuantos más autos se producen, entonces, más dólares son necesarios para adquirir las piezas que vienen del exterior. No sorprende entonces que los récord de producción de autos alcanzados en los años previos a la crisis actual (la producción de multiplicó por 6 desde comienzos de los noventa, y duplicó el máximo de esa década que había alcanzado en 1998), hayan ido acompañados de un aumento del déficit comercial del sector. Aunque el 60% de los autos producidos en el país se exporta (casi todo a Brasil), esto no permite cubrir el déficit comercial generado por la importación de piezas y de autos terminados.
La automotriz es una industria “dólar-dependiente”; una parte de los dólares que entran al país por otras vías (hoy centralmente por la exportación de soja y otros granos, cuyo valor viene en caída) son demandados por ésta para cubrir su déficit. El problema es que tiene fuerte competencia: el dólar es uno de los insumos más preciados en la economía argentina. En la industria, el 60% de los insumos son importados, lo cual muestra que la desarticulación de la industria automotriz no es excepción sino norma. El déficit energético creció fuerte en el último lustro, generando otra importante demanda de divisas. Pero todo esto palidece frente a la sangría generada por los pagos de la deuda y la fuga de capitales.

Como desde 2011 faltan dólares y el gobierno viene administrando el acceso a los mismos, incluso la mimada industria automotriz está teniendo un acceso dosificado a los mismos. Como la caída de ventas a Brasil redujo además la cantidad de dólares que consigue el sector, esto agravó las dificultades. Cuantos menos dólares propios generen las firmas, mayores trabas para conseguirlos.
Un elemento estructural que opera en la crisis del sector está dado por este carácter de armaduría altamente dependiente de dólares. La caída en las exportaciones pega doblemente: por un lado, la menor demanda externa es un freno directo para la producción de autos local, que debe ajustarse a esta caída. Por otro lado, menos exportaciones significan menos dólares, y frenan la posibilidad de importar piezas. Por lo tanto, también se traba la producción para la venta local. Esto explica que aunque la demanda de autos en el mercado interno está hoy por debajo de 2013, supere sin embargo la cantidad de autos que las terminales están en condiciones de entregar: faltan piezas porque faltan dólares.

Otra vez el discurso de la “competitividad”

Con la devaluación en Brasil, que se aceleró el último mes y no da signos de frenarse a pesar del paquetazo de ajuste anunciado por Dilma Rousseff, los industriales locales vuelven a poner en la agenda la cuestión de los costos en dólares que serían poco “competitivos”. Es decir, reclaman una devaluación para que se reduzcan sus costos medidos en dólares, empezando por los salarios. Ningún empresario lo dice en voz alta, pero dejan que lo digan los “especialistas” que hablan en su nombre: por ejemplo, el ex director de la Cepal Argentina Bernardo Kosacoff, de conocidos lazos con Techint, afirmó en el Coloquio realizado por la Unión Industrial Argentina en Córdoba en julio de este año que “es difícil tener salarios alemanes, cuando tenemos una productividad africana”. Estas opiniones expresan la salida de siempre de la burguesía argentina: cargar los costos de su baja productividad sobre las espaldas de los trabajadores. Con el salto en la devaluación del real, y también del yuan, estos reclamos no hacen más que profundizarse. El fantasma de la radicación de inversiones en otros países, empezando por Brasil, en detrimento de la Argentina, si no se “adecúan” los costos, con amenaza de los puestos de trabajo, es parte de los planteos que ya están “bajando” las patronales entre los trabajadores, como expresaron varias opiniones en esta reunión. Que esto tiene muy poco de verdad y mucho de verso de las empresas para presionar por mejorar sus márgenes, lo expresa el hecho de que mucho de lo que se produce localmente es complementario, y no sustituto, de lo que se produce en Brasil.

La crisis como oportunidad

Por el nuevo capítulo de la crisis mundial con epicentro en las economías dependientes, que viene pegando de lleno en Brasil, la escasez de dólares que condiciona la economía argentina y el panorama de una demanda local de autos que tampoco será muy dinámica en los próximos años, puede preverse que la industria automotriz, que hasta hace unos años se ilusionaba con llegar al millón de unidades al año, seguirá en el período inmediato con un ritmo de producción cansino, moviéndose entre las 550 mil y 600 mil unidades al año. Con este panorama podemos esperar que se amplíen las suspensiones que ya se están aplicando, sobre todo en las terminales más ligadas a la venta a Brasil que arrastran la peor caída (Fiat, General Motors) y varias autopartistas. Lear y Fate anunciaron ayer suspensiones, mientras circuló que en el sector de autopartes prevén el recorte de 1200 puestos de trabajo este año.
Si algo muestra el accionar de esta patronal en las últimas décadas, y la adaptación del gremio SMATA conducido por Pignanelli a sus necesidades, es que cada crisis fue aprovechada como una gran oportunidad para incrementar la explotación de los trabajadores de las terminales y autopartistas. Por eso se puede observar una notoria tendencia a la caída de los costos salariales, como reflejamos en el gráfico.
Durante la charla, numerosas experiencias pusieron de relieve cómo este aprovechamiento de las crisis se dio en todo el sector en los últimos años, al mismo tiempo que las patronales continuaron degradando las condiciones laborales, dividiendo entre “viejas” camadas de trabajadores y otras “nuevas” con menos derechos, siempre con aval del gremio. No faltaron tampoco comentarios sobre cómo las empresas están circulando un discurso que prepara el terreno para futuros ajustes.
Todos indicios que anticipan que podemos esperar que el complejo panorama que atraviesa el sector, tenga como resultado un intento de descargar los mayores costos del frenazo sobre las espaldas de los trabajadores; la flexibilización que tienen los convenios del sector les permite como nunca hacerlo. Pero, además, podemos prever que busquen seguir barriendo conquistas con la excusa de la crisis al mismo tiempo que reducir la planta empleada e incrementar la productividad por obrero, preparándose para reiniciar el ciclo alcista y habiendo reducido todavía más la participación de los asalariados en el valor generado en el sector.
La charla concluyó con el debate de un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

sábado, 26 de septiembre de 2015

Nos siguen faltando 43



Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas y del asesinato de 3 estudiantes más en la fatídica noche de Iguala. Hoy, 26 de septiembre, como desde hace un año, el clamor de Fue el Estado y Vivos se los llevaron, vivos los queremos se escucha con fuerza.

Un movimiento que sacudió México

Antes de esa fecha, Peña Nieto parecía avanzar irrefrenable en la entrega del país. El legado del pacto por México era un nuevo capítulo de la infamia. Las noticias de esa noche se tradujeron primero en indignación, después en ríos de manifestantes que recorrieron México, desde las más grandes urbes hasta pequeñas ciudades. La consigna tomó forma: Fue el estado. Espontáneamente, surgieron las pancartas de Fuera PRI-PAN-PRD. Para millones se hizo cristalina la colusión entre el narco y la casta política.
Fuera Peña Nieto fue el clamor bajo el que el 20 de Noviembre cientos de miles de trabajadores, jóvenes y sectores medios y populares nos manifestamos. Ese día será recordado además por la participación y el paro de telefonistas, maestros y otros sectores de trabajadores.
La extensión a todo el país, así como el cuestionamiento al gobierno y a la llamada “narcopolítica”, convirtieron a este movimiento en el proceso de protesta social más importante de las últimas décadas en México. Su impacto rebasó las fronteras, y despertó la solidaridad por igual en Argentina, Uruguay, el Estado Español y Estados Unidos, por citar algunos países.
Y tuvo consecuencias profundas. Hay un antes y un después de Ayotzinapa.
Por una parte abrió una profunda crisis del régimen, que llega hasta hoy. Sumidos en el descrédito, las instituciones y partidos patronales perdieron credibilidad. El PRD, la otrora “izquierda moderna”, fue señalado como activo participante -a través del gobernador de Guerrero y el presidente municipal de Iguala-, en los hechos del 26-27/9. El “sol azteca” culminaba su deriva hacia la derecha, como garante, desde la oposición, de los intereses de esta democracia asesina.
Por otra parte, surgió así una nueva generación, nutrida por miles de estudiantes y también de trabajadores, que perdió muchas de las ilusiones basadas en la transición y “alternancia democrática”. Que despertó a la vida política -en tanto que otros venían ya del #yosoy132-, y se movilizó.
Para muchos de ellos, comenzó a mostrarse que este régimen es irreformable y que está para defender los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros. Ante sus ojos se hicieron visibles, crudamente, las consecuencias de la enorme subordinación del país a los intereses de Washington: cientos de miles de desaparecidos y muertos, militarización, feminicidio y trata de personas, asociación entre el “crimen organizado” y el estado, todo bajo la égida de la clase política y sus partidos.

Era crucial la participación del movimiento obrero

A un año, cabe preguntarse porque no triunfó el movimiento, para definir las tareas del presente.
Un importante límite fue que la clase obrera – que puede paralizar el país y poner en cuestión quien gobierna- no fue el actor central del proceso. Aunque miles de trabajadores y sus familias participaron a título individual, el proletariado y sus organizaciones no fueron la columna vertebral ni encabezaron la lucha. Esta fue una debilidad estructural del movimiento, aprovechada por el régimen político y el gobierno. No hay que olvidar que la responsabilidad de ello radica en las direcciones sindicales, tanto oficialistas como la mayoría de las “opositoras”: se negaron a impulsar un verdadero plan de acción y movilización basado en los métodos de lucha de los trabajadores, como el paro y la huelga.
Ante eso era crucial una política alternativa, para preparar una Huelga General Política, que paralizara el país y plantease la caída del gobierno de Peña Nieto, el cual enfrentaba una movilización que se profundizaba.
Sólo la enorme fuerza social de los trabajadores, encabezando a la nación oprimida, podía enfrentar a un régimen que cuenta con una fuerza también descomunal, que se sustenta en el apoyo incondicional de Washington y el imperialismo norteamericano, y que además tiene una importante base en sectores medios acomodados y en la alta burguesía.
Esta era la clave para imponer un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares en lucha, para lograr tanto las reivindicaciones del movimiento como el conjunto de las demandas de los trabajadores y el pueblo.
Sin embargo, esto no fue el planteo de aquellas organizaciones que, pertenecientes al arco populista y estalinista, influían en el movimiento. Se limitaban a proponer acciones radicales, en tanto se oponían a una política activa para incorporar a los trabajadores y apostar por un plan de lucha que culminase en una Huelga General; lo cual implicaba desde exigir a las organizaciones sindicales que se sumen, hasta acudir a las fabricas y centros de trabajo.
A la par, eran adversarios de proponer una alternativa al gobierno de los capitalistas, esto es, un gobierno de las organizaciones obreras y populares en lucha. Esta orientación solo llevaría al movimiento al desgaste y al retroceso, como finalmente ocurrió. Sin una estrategia superior, no había cómo hacer realidad el Fuera Peña que miles coreaban en las calles.

Reformar el régimen o echarlo abajo

Los socialistas del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS), en esos momentos álgidos, propusimos esta perspectiva y planteamos que, como primera medida, dicho gobierno debería convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana sin ninguna restricción y con acceso igualitario a los medios de comunicación para las organizaciones obreras, campesinas, populares y de izquierda, con representantes electos por sufragio universal cada 50.000 habitantes, que fueran revocables y que cobraran lo mismo que un maestro, donde voten todos los mayores de 16 años, en la cual la agenda de discusión fueran las demandas y aspiraciones de las grandes mayorías.
Por ejemplo, poner fin a la represión y la militarización, el juicio a los culpables de las desapariciones y asesinatos, la trata y los feminicidios, legalizar las drogas para atacar el negocio del narcotráfico, expropiar a los grandes capos de la droga y del lavado de dinero y las medidas necesarias para acabar con los cárteles que actúan coludidos con las fuerzas represivas y los políticos del régimen.
Como decíamos entonces, una Asamblea Constituyente debería resolver sobre la demanda de tierra para los campesinos y la autodeterminación para los pueblos indígenas. Así como enfrentar el saqueo y la entrega al imperialismo, lo cual pasa en primer lugar por la ruptura de los pactos como el TLC, así como llevar adelante un programa obrero de emergencia. Para que esta Asamblea discutiera libremente, era necesario echar abajo las instituciones, y organizarla de forma independiente de los partidos de esta democracia asesina.
Esto contrastaba con la política de quienes durante años propusieron democratizar al régimen y sus instituciones, como es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y el mismo López Obrador. Éste, aunque se solidarizó con los padres de familia, contrastando con los partidos tradicionales del régimen político, hizo poco para fortalecer la lucha y mantuvo una política cuyo norte es democratizar y reformar estas instituciones que, como mostró Ayotzinapa, son irreformables.

Hoy, retomar la lucha y la movilización

En los meses siguientes, el movimiento retrocedió. En las elecciones del 7 de junio, mientras el PRI y PAN caían en votos y el sol azteca se hundía, emergió el MORENA, que capitalizó parte del descontento abierto el 26 de septiembre. Sin embargo, las medidas que propone – a pesar de ser vistas con simpatía por trabajadores y jóvenes- no cuestionan de raíz al régimen político de los capitalistas, ni se plantean acabar con la casta política y sus instituciones.
A la par, y como decimos arriba, el movimiento por Ayotzinapa abrió el camino para nuevas luchas y movilizaciones, mientras otras se mantuvieron en pie. Desde las que protagonizó el magisterio, hasta la heroica resistencia que lleva 4 años de las obreras de Sandak. Esto, junto a la emergencia de una nueva generación juvenil, son las bases para salir a las calles este 26 de septiembre y retomar la lucha y la movilización.
Hoy es fundamental bregar para que las organizaciones obreras, junto a los organismos de derechos humanos, los padres de familia de Ayotzinapa, y la juventud combativa, impulsemos una gran movilización, unifiquemos las luchas y comencemos a preparar el camino de un Paro Nacional, sin darle ninguna oportunidad de legitimarse con “diálogos” que no resolverán nada y que Peña Nieto utilizará para recomponer su imagen. .
En ese camino, una de las grandes lecciones del movimiento por Ayotzinapa, es la urgencia de que en México surja una nueva organización, anclada en los sectores más avanzados de la clase obrera y la juventud combativa. Una gran organización que levante una estrategia para luchar - partiendo del ¡fue el estado!- contra las bases del estado capitalista y para barrer las instituciones de esta democracia asesina.
Por eso, como se plantea en la reciente declaración del MTS, “llamamos a luchar por una alternativa socialista y revolucionaria de los trabajadores y de la juventud combativa, para acabar con este régimen político asesino, al servicio de los de arriba y el imperialismo, para luchar por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y el pueblo. Y para que ello abra el paso a una sociedad sin explotadores ni explotados, donde el conjunto de la economía y todas las decisiones sean tomadas y planificadas democráticamente mediante los organismos de autodeterminación de las masas, en el camino de la lucha por lo que es nuestro objetivo final: el comunismo. Para luchar por esta estrategia, te invitamos a sumarte a las filas del MTS.”

Pablo Oprinari
Ciudad de México / @POprinari

Quedaron en libertad cinco integrantes de la Triple A



Se trata de Jorge Héctor Conti, periodista y yerno del ex ministro de Bienestar Social,

“El Brujo” José López Rega; Carlos Alejandro Villone, ex secretario privado de López Rega; y Julio José Yessi, ex jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA). Rubén Pascuzzi, Norberto Cozzani, un feroz torturador que durante la dictadura actuó bajo las órdenes de Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense.

Todos ellos, salvo Cozzani condenado por crímenes de lesa humanidad, esperarán en libertad el momento del juicio. Esta decisión de los camaristas, pocas veces vista cuando se trata de jóvenes humildes que esperan años en prisión una sentencia, es un claro mensaje de impunidad.
La jueza de la causa, María Servini de Cubría, resolvió una prórroga de cuatro meses de prisión preventiva que fue denegada por la Cámara Federal, integrada por los camaristas subrogantes Luis Bunge Campos, Julio Lucini y Mariano Scotto quiénes le otorgaron el beneficio de la libertad condicional. Éstos argumentaron que los detenidos, todos ellos de más de 70 años y varios con arresto domiciliario, ya habían superado el plazo de tres años de prisión preventiva sin que se hubiera dictado sentencia, cumpliéndose así los “los dos tercios de la pena requerida” para el delito que se les imputa, asociación ilícita, que tiene una pena máxima de cinco años, según el viejo Código Procesal Penal, que es el que antiguo que rige en esta causa.
Esta misma Sala de Casación ya había dictado la falta de mérito y liberado a otros tres acusados originalmente, Carlos Jorge Duarte, Raúl Ricardo Arias y Rodolfo Alberto Roballos.
La Triple A fue la principal de las bandas parapoliciales de ultraderecha que utilizó el gobierno peronista para acallar a la vanguardia obrera y estudiantil de origen tanto peronista, como de izquierda y clasista. Se estima que entre 1500 y 2000 luchadores fueron asesinados por los sicarios de López Rega. Muchos de ellos luego se reciclaron como parte de la dictadura del 76 y en su mayoría están impunes. La reciente sedición de la Cámara abona esta tendencia.
La causa judicial contra los integrantes este grupo fascista, se inició en 1975 a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi. Cuando muere López Rega, en 1989, se cierra y vuelve a abrirse en 2007 por orden del juez Oyarbide que reclama la extradición de España, de uno de los principales integrantes de la banda, Fernando Almirón, también hoy fallecido, autor directo del asesinato del cura tercermundista Carlos Mujica. Otro de los fallecidos, que debían juzgarse en esta causa, es Juan Ramón Morales, custodio de López Rega.
En este caso, como en muchísimas causas de lesa humanidad, el tiempo y la justicia corren a favor de los asesinos de la vanguardia obrera y estudiantil de los 70.

Gloria Pagés
Noticia de Casapueblos-AEDD

Carta de Clara Petrakos ante el desmantelamiento del BNGD



Reproducimos una carta de Clara Petrakos, hija de Constantino Petrtakos y María Eloisa Castellini, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar que busca a su hermana Victoria, nacida en cautiverio.

Hubo un tiempo, en que unas abuelas maravillosas, a fuerza de amor, valor y desesperación lograron el desarrollo de una herramienta novedosa para identificar a sus nietitos robados: el BNDG (Banco Nacional de Datos Genéticos).
Eran tiempos de solidaridad y no hubo dudas en que el BNDG que nació en un hospital público, formado por profesionales con vocación de servicio estuviera disponible para todo aquel que lo necesitara.
Con el correr de los años, el Banco devolvió muchas identidades, algunas son conocidas y llevan un número, otras no. Algunas tienen que ver con personas desaparecidas en la última dictadura y otras no. Todas son igual de importantes, para la persona, para su familia y para la sociedad.
Este Banco que fue pionero en el mundo, que fue creciendo y mejorando y que cumple con excelencia sus objetivos vio con asombro y dolor como en el 2009 bajo el pretexto de jerarquizarlo, se votó una ley que lo mutiló y que cercenó el derecho a acceder a él de miles de personas.
Muchos, entre ellos personal del BNDG, quisieron alertar sobre este hecho y entonces empezó una batalla silenciosa de ninguneo y desprecio contra aquellos que hace muchísimos años ponen día a día mucho más que su conocimiento al servicio de la identidad, una campaña de desinformación acerca de la verdadera labor que allí se lleva a cabo, acerca de las dificultades reales que tienen que sortear para desempeñar sus tareas y de las verdaderas motivaciones de la nueva ley.
Se silencia, por ejemplo, las numerosas veces que no pudieron avanzar con las pericias por falta de suministros, en cambio se miente al decir que unas pericias demoran otras.
Se silencia que nunca hubo partidas para las capacitaciones sumamente necesarias en una especialidad que avanza día a día y que en los casos que pudieron hacerse fue con los esfuerzos personales de los técnicos. Sin embargo hubo partidas para capacitar personas ajenas al BNDG, hubo partidas para costear viajes al extranjero de conocidos directores de laboratorios privados que fueron a hablar en nombre del Banco sin haber pertenecido jamás al mismo.
En el 2009 empezó a crecer una sombra sobre el BNDG: ya no más un banco para la identidad, el banco “jerarquizado” priorizará las investigaciones y la divulgación: contar lo que alguna vez fue en vez de seguir siéndolo.
El nuevo banco estará dirigido por una persona que siempre ha ganado dinero con los conflictos de filiación, una persona que en su entrevista pública para el cargo dijo que “la función técnica del banco la cumple cualquiera”, una persona carente de ética y que acumula causas penales de diversas índoles.
El nuevo espacio físico dónde quiere “trasladarse” al banco tiene muchísimas falencias por haber sido pensado para otro fin.
En este punto alguno se preguntará ¿Qué dicen las abuelas que ayudaron a crear al BNDG de todo esto?
La triste respuesta es que algunas de estas abuelas ya no están, otras como Mirta y Chicha miran con espanto y dolor como la última esperanza de conocer a sus nietos robados está a punto de desvanecerse con la “transformación” del BNDG.
Y otras, que ya han encontrado a sus nietos o que creen ciegamente en las mentiras oficiales apoyan incondicionalmente la destrucción de lo que alguna vez ayudaron a construir.

Clara Petrakos

Laura Duguine explica el rescate arqueológico del Club Atlético



Las ruinas del terror.

Fue un centro clandestino de detención que funcionó en el 77, en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Luego, quedó sepultado bajo la autopista. La arqueóloga que dirige la recuperación del sitio cuenta cómo se lleva adelante el trabajo. Y destaca el valor judicial, pero también emotivo, de las piezas que se van encontrando.

Por Verónica Engler

Sobre la mesa del Laboratorio de Arqueología hay un rectángulo de algo menos de un metro de largo, embalado como si fuera una obra de arte venida de ultramar. La arqueóloga Laura Duguine lo mira entusiasmada. Es un pieza que estuvo en el centro clandestino de detención Monte Peloni, en Olavarría, y llegó a Buenos Aires para ser restaurada. Es que Duguine está al frente del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Club Atlético –de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación–, pero colabora junto a su equipo en la reconstrucción de la memoria de otros lugares en donde desaparecían y torturaban a las personas durante la última dictadura cívico-militar.
El edificio donde funcionó el Club Atlético tuvo la particularidad de quedar bajo la traza de la autopista 25 de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual fue demolido a fines de la década del setenta. Esto hizo que muchos vestigios del horror quedaran soterrados y guardados como en un caja negra. Las excavaciones en el lugar comenzaron en 2002 y hasta el momento se han encontrado innumerables rasgos arquitectónicos que dan cuenta de una obra para nada improvisada puesta al servicio del exterminio. Pero también se han hallado más de un millar de objetos, muchos de los cuales han servido como sustento a los testimonios de los sobrevivientes. Estos objetos, conservados como gemas preciosas, además de funcionar como prueba en los juicios al aparato represivo del terrorismo de Estado, al decir de Duguine, también “tienen una función sanadora”.
–¿Qué sucedía con este espacio antes de que se pudiera comenzar con las excavaciones en 2002?
–Para que pudiera iniciarse el proceso de recuperación del lugar, creo que lo más importante es que en la década del noventa, con tanta impunidad a nivel legal, la sociedad se reafirmó en su demanda, y desde 1996 un grupo de personas, como si fuesen unos locos, como las Madres dando vueltas en Plaza de Mayo, bajo la autopista, en un lugar que no era nada, con una plaza seca, con un bar, insisten en que ahí había algo que no se veía, en principio. Por eso esto plantea algo que parece medio loco, reclamar sobre un lugar que no se está viendo. Hasta ese momento había sólo un testimonio que fue fundamental, el de un sobreviviente que decía que mientras estuvo secuestrado escuchó en la enfermería que había pasado un colectivo con una hinchada, y los represores decían “estando tan cerca de la cancha de Boca, qué lástima que no podemos ir a ver el partido”. Entonces, este secuestrado, Miguel, cuando lo liberan empieza a buscar dónde podría haber estado secuestrado, hasta que un día, ya desahuciado, se va a tomar el (colectivo) 8, por Cochabamba, y ve esa manzana ya con todos los edificios demolidos. Al estar los edificios demolidos, se veía el sótano ya sin la loza, se podía ver la planta del sótano que había sido el campo de concentración, el pasillo con las celdas, la sala de tortura. Esto es a comienzos del setenta y nueve. Entonces, su testimonio se suma a otros datos que se producen a partir de una carta que envía Ana María Careaga desde Europa, diciendo que la policía le había remitido una nota en la que le informaban que ella no había estado secuestrada en el Comando Antártico, sino en un lugar llamado Club Atlético. De ahí surge también el nombre Club Atlético, porque en el único lugar que está documentado es en esa respuesta que le dan a ella.
–¿De qué manera la apertura de los juicios por violación a los derechos humanos durante la dictadura afectó el proceso de recuperación de la memoria en sitios como este?
–Fue importantísimo y elemental la apertura de los juicios. En general para todos es importante, somos el primer país en el mundo que está juzgando por sí mismo a los represores, esto es un hecho para recalcar. Pero específicamente en nuestro trabajo acontece que en aquellos primeros testimonios de Conadep o del CELS, en la década del 80, lo importante era testimoniar la existencia de centros clandestinos. Hoy estamos en otra etapa, en una etapa mucho más fina de lo que es la recuperación de la memoria, ya nadie duda de la existencia de alrededor de quinientos centros clandestinos en todo el país. Entonces, los datos que surgen de los juicios sirven para enriquecer estos espacios de recuperación de la memoria, porque se genera información novedosa. Estamos concretamente afinando en esos datos de cómo funcionaron esos centros, quiénes fueron las personas que participaron, quiénes fueron las personas secuestradas, quiénes son las personas desaparecidas, quiénes son las personas sobrevivientes.
–¿Cómo se inician en 2002 las obras de excavación y rescate arqueológico del Club Atlético?
–En el año 2002 se conjugan un par de cuestiones: un gobierno de la ciudad proclive a las políticas de derechos humanos, un ministro de Obras Públicas, que era Abel Fatala, que tiene familiares desaparecidos y también era vecino del barrio y había participado de las jornadas de memoria que se habían realizado. Así, el 13 de abril de 2002 comienzan las excavaciones. En un principio la idea era recuperar la arquitectura, poder dar cuenta de eso que estaban diciendo los sobrevivientes que había funcionado ahí. Pero no había una expectativa muy clara de todo lo que podía ser hallado. Lo concreto que acontece cuando comienzan las excavaciones es que se empiezan a encontrar una enorme cantidad de objetos que daban cuenta tanto del uso legal del edificio, que había sido almacén de suministros de la Policía Federal, como del uso ilegal. Empiezan a aparecer un montón de uniformes, de objetos como cachiporras, zapatos, todo lo que tenía que ver con el abastecimiento a las fuerzas y, por otro lado, un montón de objetos que empiezan a ser identificados por los sobrevivientes y que les daban sustento material a cosas que ya habían testimoniado ante Conadep o ante el CELS al comienzo de la democracia. Nosotros siempre recalcamos la tarea de denuncia de los sobrevivientes, porque no es común en el mundo que víctimas de un hecho traumático, como lo fue el terrorismo de Estado, salgan a denunciar, es una característica nuestra, de esta sociedad. Los sobrevivientes ni bien fueron liberados y pudieron exiliarse en el exterior, denunciaron ante todas las instancias que pudieron.
–¿Qué cosas encontraron que daba sustento a los testimonios?
–Por ejemplo, todos los centros clandestinos tienen particularidades que tienen que ver por lo general con lo auditivo, porque a los secuestrados se les tabicaba los ojos, y esta condición era mantenida durante todo el cautiverio. Esto hace que las descripciones visuales sean casi inexistentes, salvo en casos muy aislados de secuestrados que fueron utilizados para trabajar. Pero la mayor parte de los sobrevivientes no vio en dónde estuvo secuestrado, entonces reconociendo en donde se estuvo secuestrado se inicia el primer proceso de recuperación de la memoria. Toda la gente que identificaba que había estado secuestrada en un centro clandestino que le decían Club Atlético refería que el sonido característico era el del juego de ping pong, que los represores jugaban al ping pong. Cuando comienzan las excavaciones, una de las cosas que se encuentran es una pelotita de ping pong en el foso del ascensor. Entonces, ésa es la función que tienen en algún punto los objetos que empiezan a ser hallados, el ser una prueba material de testimonios que tenían casi veinte años y que no tenían un asidero porque las fuerzas represivas no han entregado ninguna documentación que tenga que ver con todo este procedimiento. De ahí la difícil tarea del proceso de recuperación de la memoria del terrorismo de Estado. Quienes como técnicos o peritos trabajamos en esto nos tenemos que manejar sin documentación, es como armar un rompecabezas, un relato con pequeños fragmentos y con la interrelación de esos pequeños fragmentos para poder dar cuenta de ese pasado, de ese procedimiento.
–Y de esta manera los objetos hallados pasan a ser prueba judicial, ¿verdad?
–Sí, es la primera función que tienen los objetos en un comienzo, pero hoy en día, con el andar del proyecto, nosotros mismos vamos descubriendo nuevos roles del trabajo que hacemos, van cobrando otras dimensiones también los objetos. Para tomar el mismo ejemplo de la pelotita de ping pong, un sobreviviente vino por primera vez a visitarnos en el año 2010, porque cuando fue liberado se exilió en Israel. Entonces él no sabía nada, sólo que había estado secuestrado acá, sabía que había un equipo trabajando y vino. Cuando vio entre los objetos que están exhibidos la pelotita de ping pong se emocionó, se puso a llorar, y cuando se recompuso nos dijo que nunca pensó que jugaran realmente al ping pong, él pensaba que ese sonido era una grabación, como otras grabaciones que les ponían los represores en un radiograbador que había fuera de la sala de torturas, con el que pasaban discursos de Hitler y marchas alemanas más que nada. El pensaba que el sonido del ping pong era un sonido como ése, para torturarlos y no que jugaban realmente. Eso a él lo emocionó muchísimo, encontrar una verdad, fue como descubrir algo de ese pasado que no era como se lo había imaginado. Desde entonces, él cuando viene a la Argentina nos visita, y el año pasado nos dio un dato que a nosotros nos emocionó muchísimo, nos dijo que a partir de ese día en que vio esa pelotita a él se le silenció el sonido en la cabeza del juego de ping pong. Esa pelotita y todos los objetos con el correr del tiempo, en este caso para las víctimas directas, tienen una función de sanación. Esa misma pelotita que en un momento fue prueba judicial para demostrar que no era un delirio lo que estaban diciendo, que eran verdad todos esos testimonios, hoy en día también es un objeto que permite reparar. Lo mismo sucede también con la ropa que se encuentra, en este caso son los familiares los que quieren ver esa ropa, tal vez para encontrar una huella de lo que fueron sus familiares desaparecidos. En un mundo de incertezas, este trabajo que hacemos crea pequeñas certezas que hacen muy bien.
–¿Por qué este lugar se convierte en un sitio arqueológico?
–Es un sitio arqueológico porque el lugar en donde estaba ubicado el centro clandestino fue expropiado por el Gobierno de la Ciudad para construir una autopista, fue demolido, soterrado y luego algunas partes del sitio fueron rotas por zapatas de la autopista que se enclavaron en esos sedimentos. Sabemos por los sobrevivientes que funcionó entre febrero y diciembre del 77. El 26 de diciembre del 77 es una fecha que está documentada con muchos testimonios, porque ese día se llevaron a los secuestrados de acá a otro centro clandestino, que es el Banco (ubicado muy cerca del cruce de la Autopista Riccheri y el Camino de Cintura), y traen a algunos secuestrados a desmantelar el lugar. Hay versiones de que, por ejemplo, partes de este edificio habrían servido para acondicionar El Olimpo como centro clandestino. Entonces, a este edificio no le ocurre algo en particular, no es que es demolido para ocultar alguna evidencia, es demolido como son demolidos todos los edificios que están bajo la traza de la autopista, sufre el mismo proceso en el cual es desmantelado, demolido, soterrado, porque se traen camiones de afuera para rellenar esos grandes sótanos que tenían los edificios. Eso lo tenemos documentado con fotografías de la época y con la propia excavación que nosotros hacemos. En los estratos que nosotros excavamos tenemos el estrato de demolición que es como una compactación de todo lo que tiene que ver con el edificio demolido en donde están entrampados, apresados, los objetos que nosotros recuperamos cuando trabajamos en gabinete y que algunos de ellos llegan a la sala de exhibición.
–¿Cómo reconstruyen el devenir de este sitio para encontrar pruebas que indiquen que en esas dependencias de la Policía Federal funcionaba un centro clandestino?
–Los únicos documentos que nosotros tenemos son los del propio edificio, los planos de Aguas Argentinas, que van documentando ese edificio a través del tiempo en su uso “legal”. En ninguno de esos planos está este acondicionamiento que sufre para ser un centro clandestino, pero es importante tener esos planos previos, porque justamente lo que podemos ver a partir de los planos, y de la comparación con los planos dibujados por los sobrevivientes y con lo que nosotros estamos encontrando concretamente en la materialidad, en las excavaciones, sirve para poder documentar y registrar esa inversión que tuvo que hacer el Estado para acondicionar ese espacio como centro clandestino. Acá no hubo improvisación, en este caso en particular se hizo un inversión muy grande para acondicionar ese espacio, para generar más de cuarenta celdas, tres salas de tortura, y hacer sanitarios en un lugar que no tenía baños originales porque el edificio en realidad había sido concebido como fábrica, y los sótanos de una fábrica son depósitos, no tienen ni todas estas divisiones ni sanitarios. Entonces, en el caso de los sanitarios lo tenemos documentado, porque a pesar de que se ha excavado muy poco, se excavó la entrada a los baños, y tiene un pequeño desnivel, y ese pequeño desnivel justamente está dando cuenta de la necesidad de levantar el piso para generar los desagües, y no está ese baño en el plano original. Lo que hacemos es arqueología de la arquitectura, que es una herramienta metodológica muy buena para el análisis de la materialidad del terrorismo de Estado, porque nos ayuda a documentar y registrar muy bien y poder comparar todos estos cambios que les acontece a los edificios y las huellas que en ellos van quedando de esta violencia. Porque no sólo son los cambios en la arquitectura del edificio, se encuentran huellas en las paredes, escrituras, incisiones.
–¿De qué manera se planifican las excavaciones?
–El universo a abordar es muy grande realmente, hoy en día se ha excavado menos del diez por ciento del total de la planta del sótano. En parte esto tiene que ver con que hay un sector grande afectado que no puede estar sometido a las excavaciones si no se hacen grandes obras de ingeniería, porque tenemos un talud de tierra que en parte sostiene a la autopista. Pero aun así, ese universo es tan grande que nosotros priorizamos espacios o áreas con valor testimonial. Es decir, con los recursos humanos, técnicos y materiales que tenemos nos abocamos mayormente a concentrarnos en esos sectores.
-¿Cual es el futuro de la colección del Club Atlético?
–Creo que es necesario que se conozca, que sea una colección abierta, con los consensos necesarios para su exhibición, ya que hay parte de ella que está conformada por objetos que poseen alta sensibilidad, como por ejemplo las prendas de ropa. Es necesario que la colección esté accesible. Cuanto más se visibiliza más se la conoce, y cuanto más se la conoce más se la valora, y por ende más se la protege. Nadie puede defender algo que no conoce. En este sentido estamos haciendo todo lo posible para poder ampliar la cantidad de piezas en la sala de exhibición. El primer paso que debía darse, el más difícil, que es que la colección esté ordenada, documentada, accesible y en buen estado de conservación, ya lo hemos dado. Si bien quedan muchas cosas por hacer, es mucho lo que ya hay hecho.

o recuperar la memoria

Por Verónica Engler

Durante la última dictadura cívico-militar, en la ciudad de Buenos Aires funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio denominado Club Atlético en el sótano de un edificio de tres plantas ubicado en la avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, que era la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Se calcula que en el Club Atlético permanecieron secuestradas y fueron torturadas más de 1500 personas. Muchas de ellas continúan desaparecidas. Se estima que por allí pasaron catorce embarazadas y que podrían haber dado a luz. Tres de esos bebés apropiados ya recuperaron su identidad. Aún se busca a los otros once.
Laura Duguine, arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires y Máster en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco (España), está al frente de este Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos –de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–, en el que trabaja con un equipo interdisciplinario conformado por conservadoras, historiadores, educadores, e ingenieros, entre otros.
Su equipo declaró en el año 2010 en el juicio al circuito represivo conocido como ABO (Club Atlético, Banco y Olimpo), en el que se juzgó a diecisiete represores. En esa ocasión pudieron aportar las pruebas encontradas en las excavaciones realizadas desde 2002 a la fecha.
Hasta el momento sólo se ha excavado menos del diez por ciento de lo que fue el sótano en donde funcionó el centro de tortura y exterminio. Sin embargo, ya se han hallado, además de numerosas huellas arquitectónicas, más de mil objetos que funcionan como pruebas de lo que allí aconteció, como apoyo del testimonio de los sobrevivientes. “Fue necesaria una inversión muy grande para acondicionar ese lugar como centro clandestino, eso es un dato en sí mismo que nosotros desde la materialidad lo documentamos y lo registramos, demuestra que no fue algo improvisado, sino que formó parte del terrorismo de Estado”, evalúa Duguine.
A dos cuadras del sitio arqueológico, sobre la avenida San Juan, se ubican las oficinas y el Laboratorio de Arqueología. Allí hay una gran cantidad de anaqueles metálicos sobre los cuales se encuentra la colección de objetos hallados, cada uno envuelto con material adecuado para su conservación y guardado con sumo cuidado en cajas individuales. Hay retazos de tela de ropa, medibachas, botones… y en una caja blanca que parece albergar el ajuar de una novia se ubica restaurada una bombacha de goma de bebé. Cada pieza guarda una historia que debe ser contada.

Noticia de Casapueblos-AEDD