A mediados de este año, el gobierno presentó con bombos y platillos la “ley de reparación histórica” como un “reconocimiento” a los jubilados que sufrieron durante años por las malas liquidaciones de sus haberes cuando, en realidad, el objetivo oficial era -y es- tratar de liquidar los reclamos por la actualización de las jubilaciones, con un resarcimiento miserable.
Pero resulta que, pese a que han pasado varios meses desde que fuera aprobada la ley, el gobierno ni siquiera ha puesto a media marcha la mentada y mentirosa “reparación”.
Se sabe ahora que el fuero de la Seguridad Social, encargado de certificar los acuerdos de los jubilados que acepten las propuestas del gobierno, está totalmente colapsado porque desde el gobierno no le enviaron el personal necesario para cumplimentar los trámites.
A casi seis meses de sancionada la ley, los únicos que han cobrado algo son aquellos que no le habían iniciado juicio al Anses y que cobran los haberes más bajos. A ellos solo se les ha comenzado a pagar un reajuste promedio del 12% -decidido por el gobierno de manera unilateral- y nada por todos los años anteriores, durante los cuales les fueron mal liquidados los haberes.
Con estas maniobras, el gobierno ha golpeado aún más a los que ya tienen sentencia firme –incluso de la Corte Suprema-, que son unos 80.000 y a los cuales el Anses tendría que abonarles lo dispuesto por la Justicia sin más demora. Han quedado postergados porque el gobierno ralentizó los pagos, con la excusa de que les va a hacer “una oferta”, que será sustancialmente menor a lo que les corresponde, en lo que supone un atropello jurídico y un brutal ataque a los jubilados.
Es de suponer que la inmensa mayoría de estos 80.000 va a rechazar las propuestas oficiales, que no solo tendrían un recorte importante sobre el monto de los fallos sino que el pago se haría el 50% al contado y el resto en cómodas cuotas a tres años de plazo. Pero, mientras tanto, a la larga espera de varios años que supusieron esos juicios, se les suma ahora esta arbitraria postergación en el pago.
Una situación de atropello similar enfrentan los 350.000/400.000 jubilados que se encuentran en juicio, en muchos casos con fallos a favor en primera instancia. A la espera de “las propuestas” oficiales para la “reparación histórica”, esos juicios también se han ralentizado y se extiende así en el tiempo el proceso legal iniciado por esa masa de jubilados para lograr la actualización en sus haberes y el cobro del retroactivo por las jubilaciones mal liquidadas durante años.
Aferrado a la caja, el gobierno maniobra con la “reparación” para postergar el pago de lo que legítimamente le corresponde a los jubilados y apunta a presionarlos para que acepten las miserias que ofrecerá el gobierno. Cuanto más tiempo pasa, la presión es mayor, ya que se trata –claro- de personas que, en la mayoría de los casos, está cerca o supera los 70 años.
Basta de atentar contra la salud y las condiciones de vida de los jubilados. La “reparación” es una estafa.
Para enfrentarla, los jubilados deben organizarse para la lucha por sus reivindicaciones.
El programa es el que levanta nuestra agrupación Jubilados Clasistas: jubilación igual a la canasta familiar, aumento de emergencia de 6.000 pesos, restitución del 82% móvil y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ’90 y la devolución de la Anses (y el Pami) a un directorio electo por trabajadores y jubilados.
Nelson Marinelli
No hay comentarios:
Publicar un comentario