Brasil: crisis política (y militar)

La nueva crisis política en marcha tuvo como detonante la corrupta y criminal ineptitud gubernamental para enfrentar el colapso sanitario y la expansión del coronavirus. Brasil ha escalado rápidamente el podio en víctimas de la pandemia y colapso sanitario. 

Con 330 mil muertos, con récords que llegan a 3000 fallecidos y decenas de miles de contagiados diarios. El sistema de salud está en terapia intensiva. 

 Ante el incremento de los contagios y sus víctimas fatales, hace 15 días, fue reemplazado el ministro de salud, general Eduardo Pazuello, el cuarto desde el inicio de la pandemia. Según palabras del propio Bolsonaro, «a partir de ahora vamos a partir en forma más agresiva contra el virus”, aunque la semana anterior trató como un «capricho» y «cobardía» las acciones (cuarentenas, etc.) para frenar los contagios masivos. Llegó a presentar un recurso ante la Corte Suprema para prohibir estas cuarentenas por parte de algunos gobernadores. Y en el ínterin, sus acólitos fascistoides, organizaron caravanas frente a los hospitales atestados de enfermos críticos, contra las vacunas y cuarentenas.

 Esta tirada de “lastre” no sirvió ante la continuidad del crecimiento de la pandemia. La “renuncia”, ayer lunes, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, venía siendo exigida por la mayoría del Congreso. Este era portavoz radicalizado del pensamiento reaccionario-fascistoide de Bolsonaro. Desde su ministerio se colocó en una posición ultramontana al lado de Trump contra la lucha contra el coronavirus y de agresión a China. Este último no solo atacó el principal destino de las exportaciones agropecuarias del Brasil, sino que se opuso y bloqueó la importación de las “peligrosas” vacunas. Su política terraplanista demoró la concreción de acuerdos comerciales para recibir las vacunas necesarias. Apoyó a Trump hasta el final, incluso en sus denuncias golpistas contra el fraude de Biden.

 El Congreso había amenazado la semana pasada con iniciar un impeachment (proceso de destitución) de Bolsonaro por su política criminal frente al coronavirus, entre otras acusaciones. Al presidente reaccionario, no le quedó otra que sacrificar a su más fiel ministro. Pero… la renuncia de Araujo indicó la existencia de una crisis política y de diferencias entre Bolsonaro y parte de la cúpula militar que lo viene sosteniendo no solo política, sino físicamente con miles de militares en lugares ejecutivos claves del gobierno.

 Fue seguida el mismo día por media docena de cambios en el gabinete ministerial. La que más resalta es la renuncia del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, quien habría intentado mantener un relativo equilibrio en el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno, para no ver arrastrada a estas ante un eventual colapso del gobierno Bolsonaro. En noviembre pasado, Azevedo e Silva y los comandantes de las tres ramas militares del país —el general Edson Pujol (Ejército), el almirante Ilques Barbosa (Armada) y el brigadier Antonio Carlos Moretti (Fuerza Aérea)— emitieron una declaración conjunta en la que reafirman la separación político-institucional entre las Fuerzas Armadas y la “política”. Esto luego de que Bolsonaro amenazara con el uso de «la pólvora» para defender su política depredatoria en el Amazonas. El nuevo ministro de Defensa, el general Walter Souza Braga Netto, ex Jefe de Estado Mayor, retirado en el 2020 y especie de primer ministro de Bolsonaro, viene a encarar una reestructuración más profunda de las Fuerzas Armadas, para lo cual piensa defenestrar a la actual comandancia de las 3 armas.

 Se trata de un choque importante, ya que Bolsonaro cuenta con mayor apoyo entre militares retirados que en actividad. También se producirá un enroque entre el Ministerio de Justicia y la Abogacía General de la Unión (Fiscalía General). El actual ministro de Justicia, André Mendonca, reemplazará al fiscal José Levi que se retira porque no había querido apoyar el ataque ante la Corte Suprema de Bolsonaro contra gobernadores opositores que decretaban medidas de cuarentena. Por supuesto que en el lugar del ministro de Justicia, asumirá un conocido represor: un comisario de la Policía Federal, Anderson Torres. Por otro lado, el Ministerio de la Secretaría de Gobierno, que se ocupa de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, pasará a manos de la diputada Flavia Arruda, esposa de un exgobernador de Brasilia destituido y preso en su momento por corrupción, de buenos oficios con el “centrao”, la bancada derechista mayoritaria en el parlamento que apoyó todas las medidas reaccionarias de Bolsonaro (reforma jubilatoria, privatizaciones, etc.) pero que aspira a contener sus “excesos” y a cogobernar. 

 Se trata de una tirada de lastre con la renuncia del reaccionario ministro de Relaciones Exteriores, combinada con un semigolpe ministerial que pretende, por parte de Bolsonaro, afianzar su dominio político directo sobre las Fuerzas Armadas y conciliar al mismo tiempo, con la bancada civil del “centrao” derechista. La crisis no se ha cerrado ni por lejos. Por lo pronto, se acaban de conocer las renuncias de los jefes de las tres armas, producidas tras la dimisión de seis ministros, lo cual no tiene precedentes en la historia política del país. 

 Por supuesto que detrás de esta fuerte crisis política y militar está no solo la feroz crisis sanitaria, sino el trasfondo de la crisis económica-social. La deuda externa se ha elevado a más del 90% del PBI. La desocupación, precarización laboral y la miseria (hambre) se expanden más rápido que el coronavirus. 

 El ausente en forma directa es el movimiento de lucha de las masas trabajadoras. Esto es producto de la política de contención del Partido de los Trabajadores, el PCdoB y el PSOL que se han colocado como perspectiva la formación de un Frente súper Amplio para derrotar electoralmente a Bolsonaro en las elecciones de fines del 2022. Las centrales obreras y de masas están frenadas desde adentro por esta orientación. Lula –que ha sido habilitado por la “justicia” para presentarse a elecciones– ha salido a plantear que es necesario un frente electoral con sectores opositores de la derecha. Disputa con Bolsonaro el apoyo del corrupto “centrao” parlamentario. Los intentos de imponer un impeachment que destituya a Bolsonaro son solo un saludo a la bandera. Colocar a las masas trabajadoras detrás de esta perspectiva es llevarlas a la parálisis y el fracaso. 

 Es necesario que la clase obrera y los explotados recuperen las centrales obreras y sus organizaciones de masas para enfrentar la masacre sanitaria y social que impulsa con amenazas de creciente represión el gobierno Bolsonaro. Impulsar y apoyar todo movimiento de resistencia de las masas. Organizar encuentros y congresos de trabajadores con delegados electos en las provincias y a nivel nacional. Los trabajadores necesitan organizar un plan de lucha en marcha a la huelga general, para rechazar los ataques e imponer sus reivindicaciones, para echar a Bolsonaro, Mourao y todo el régimen capitalista de barbarie y explotación. 

 Rafael Santos

Estados Unidos pide la liberación de los golpistas bolivianos

El asesino vuelve a la escena del crimen. 

 El sábado pasado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, emitió un comunicado en que reclama la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez y el resto de los detenidos por el golpe de Estado de noviembre de 2019. No es casual, toda vez que Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Evo Morales. 

 Hasta el momento, se encuentran en prisión, además de la exmandataria, dos de sus ministros (Álvaro Coímbra, de Justicia; Rodrigo Guzmán, de Energía) y el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta. Hay órdenes de detención contra otros ministros y militares, algunos de los cuales huyeron del país. A su vez, el general Alfredo Cuéllar y el excomandante de policía Jaime Zurita están en prisión domiciliaria por la masacre de Sacaba, Cochabamba, en que once personas fueron asesinadas en el puente de Huayllani, en noviembre de 2019. En el caso de las masacres en Senkata, en El Alto, ocurridas ese mismo mes, en las que fueron asesinadas diez personas, solo está detenido el comandante de la División Mecanizada del Ejército, Franco Orlando Suárez. Al mismo tiempo, 27 policías fueron procesados por la quema de la wiphala (bandera indígena) en esa misma época. 

 Pese a la machacona propaganda de los propios golpistas por presentar la asunción de Áñez como resultado de una sucesión constitucional, no hay ninguna duda de que se trató de un golpe de Estado. Las fuerzas armadas efectuaron una conferencia de prensa el 10 de noviembre de 2019 en la que “sugirieron” a Evo Morales que dejara el poder. Y fue el comandante en jefe de esas fuerzas, Williams Kalimán, quien le colocó la banda presidencial a la entonces senadora Áñez dos días más tarde, en una sesión irregular del Senado, sin el quórum correspondiente. Como parte del operativo golpista, Luis Fernando Camacho organizó milicias fascistas que arribaron a La Paz desde el oriente boliviano. El mismo ingresó al Palacio Quemado con la Biblia bajo el brazo. Como resultado de una extraordinaria lucha obrera y popular, un año más tarde los golpistas debieron convocar a elecciones presidenciales y perdieron el poder. 

 Frente a las detenciones, la derecha inició una campaña. Camacho, que en las últimas elecciones de gobernadores de este mes logró ser electo gobernador de Santa Cruz (por la fuerza Creemos), amenazó con que “un preso más y paramos el país” (La Nación, 16/3). Se protege, en primer lugar, a sí mismo. Comunidad Ciudadana (CC), la fuerza del expresidente Carlos Mesa, emitió un comunicado en que reclama la libertad de los presos con el argumento de la “reconciliación” y la “paz” (hablan de paz los defensores de un golpe que dejó decenas de manifestantes muertos). El gobierno de Bolsonaro también salió a defender a Añez. En Cochabamba, esposas de policías encabezaron una movilización para que cesen las aprehensiones. A su vez, la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) de La Paz y Cochabamba se declararon en estado de emergencia.

 Aunque el gobierno del MAS criticó las declaraciones de Blinken como una intromisión en los asuntos internos de Bolivia, trascendió estos días una entrevista al presidente Luis Arce en que señala que el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, se contactó con representantes norteamericanos para iniciar diálogos y “mejorar las relaciones” (La Razón, 28/3). La entrevista sería previa al posicionamiento público del titular del Departamento de Estado, pero es ilustrativa de la línea contemporizadora del gobierno boliviano. Del mismo modo, el ecuatoriano Andrés Arauz ha usado una parte de su campaña presidencial en seducir a Estados Unidos (pronosticó que “nuestra relación va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente Biden”). Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, más allá de algunas críticas en sus discursos, siguen negociando un acuerdo con el FMI. Los “nacionales y populares” no tienen intenciones de emprender una lucha contra el imperialismo. 

 La lucha por la cárcel a los responsables del golpe en Bolivia y por justicia para las víctimas tiene que ir de la mano del desarrollo de una independencia política del movimiento obrero y campesino. Es necesario poner en pie un partido de trabajadores. 

 Gustavo Montenegro

Los planes no alcanzan para resolver la pobreza // Eduardo Belliboni

Una salida a la crisis de la vacunas // Gabriel Solano · Partido Obrero - FIT

Para el gobierno, nada contagia

Pero la segunda ola ya llegó.

 En medio de la segunda ola que azota a Argentina, el ministro de Trabajo de la Nación dijo que “no hay motivo para pensar que los lugares de trabajo son espacios de contagio” por lo tanto “no tiene sentido parar ninguna actividad”, sin importarle la suba de contagios y descartando cualquier tipo de medida que permita reducir la circulación de personas. 

 El ministro ignora uno de las principales fuentes de contagio: el transporte público, que usan millones de trabajadores diariamente y que no posee ningún tipo de control para disminuir la cantidad de usuarios (por ejemplo, mediante el cierre de algunas actividades no esenciales) o para evitar las aglomeraciones de gente (cómo se podría hacer aumentando la frecuencia). Moroni tampoco se detiene en los endebles protocolos de bioseguridad laborales, que son poco aplicados y que bajo estas circunstancias deberían, al menos, ser reforzados. 

 Con la llegada del otoño, la falta de medidas y la segunda ola en América Latina, el aumento de casos de la última semana fue muy pronunciado, tanto así que se duplicaron la cantidad de contagios de una semana a la otra. Hoy en día no hay actividades restringidas en Argentina; de hecho, luego de abrir hacia finales del año pasado, se llevó adelante durante el verano una gran campaña por fomentar el turismo interno. 

 Las declaraciones de Moroni están en sintonía con el resto de los funcionarios y ministros del gobierno, que tras la suba de casos de las ultimas horas tomaron una posición de negación de los contagios. Por ejemplo, en vísperas de Semana Santa, el gobierno anunció que no habrá restricciones ya que para el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, “claramente está demostrado que no es el turismo el problema en la suba de contagios”. Pero lo cierto es que el aumento en la circulación de los próximos días puede ser una bomba que estalle en la situación sanitaria del país, que ya roza números aún peores que los de julio del 2020. 

 En el mismo tono se pronunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien dijo que el contagio del docente de CABA fallecido por Covid “no necesariamente se produjo en la escuela”. Para el gobierno, los contagios no se producen en ningún lugar, aunque el promedio se haya mantenido en 10 mil diarios la última semana. 

 La situación sanitaria no parece ser suficiente para que el gobierno, sus ministros y los gobernadores discutan un dispositivo de cuidado y protección de la población mediante la reducción en la circulación. La reunión entre Vizzotti, Alberto Fernández y Santiago Cafiero del domingo pasado solamente anunció el cese de la actividad presencial para la administración pública nacional por tres días y la “recomendación” a las gobernaciones de las provincias para que adopten medidas. 

 Que el gobierno no cierre ciertas actividades (de las medidas más eficientes para enfrentar la pandemia) responde, por un lado, a las presiones patronales a las que se subordinan el Estado de mantener sus negocios y ganancias a costa de la salud de la población. Por el otro, al hecho de que el gobierno no pone en pie medidas que permita que la población priorice su cuidado y cumpla un aislamiento en medio de la profunda crisis económica, como lo fue -aunque miserable- el IFE y las ayudas sociales entregadas en 2020. 

 En este escenario, la vacunación se mete de lleno como una de las cuestiones fundamentales para la prevención del Covid-19. Las idas y vueltas del gobierno en torno a este punto y la lenta campaña de inoculación junto con el escandalo de la vacunación VIP pusieron de manifiesto que el proceso en manos de quienes nos gobiernan es un absoluto fracaso, así como lo fue la cuarentena y el manejo de la pandemia en su conjunto, desde la porción netamente sanitaria hasta lo económico, pasando por la cuestión social. La vacunación masiva es claramente una prioridad, y por lo tanto también lo es la defensa de un programa que plantee la confiscación de la producción del grupo de Sigman, que hoy produce millones de dosis en Argentina pero que las lleva a otros países, aun cuando el nuestro tiene un contrato por más de 20 millones de vacunas. 

 Lucía Cope

Mariano Hermida │ "Docentes contra la presencialidad en pandemia"

Lacalle lo logra: caída del 5,9% del PIB y aumento crítico del coronavirus

Las autoridades uruguayas estimaron la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa, mientras que el cierre de oficinas estatales y la cancelación de espectáculos públicos se extenderá hasta el 12 de abril de este año, como estrategia para disminuir los contagios de Covid-19. 

 Quizás el acto más reprochado fue tomar “la decisión contundente” sobre el eslabón más débil, porque todo lo que involucre a los niños, niñas y adolescentes tiene ese plus de protección que todos reclaman, pero la educación al igual que bares, gimnasios, termas, no mueven la aguja. 

 “Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad y una vez más la acción de Gobierno tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales”, dijo Lacalle. Con la exhortación «Quédate en tu burbuja» es la medida que sugiere a los ciudadanos sobre quedarse con su círculo o su núcleo familiar en sus hogares para actuar de “forma responsable” ante el nuevo brote de coronavirus. 

 La presencia de la cepa brasileña P1 del virus en siete departamentos uruguayos, la dupilcación de casos de Covid-19 en 24 horas, fueron razones de peso para que el Gobierno acordara las medidas nacionales en una reunión previa.

 El telón de fondo de todo esto es la confirmación, por parte del Banco Central, de que la caída del producto interno bruto (PIB) el año pasado fue por demás importante, del 5,9 poor ciento, poniendo fin a 17 años de crecimiento, 15 de ellos bajo gobiernos del Frenbte Amplio. Pero incluso en este terreno hay que tener en cuenta las diferencias. Mientras muchos sectores sufrían duros golpes, el agropecuario y el de la construcción crecieron. 

 Duros golpes recibieron los sectores menos favorecidos en 2020, ya que, según cifras oficiales-en las que muchos no confían-, la pobreza subió casi tres puntos porcentuales y alcanzó a 11,6 por ciento de la población. El Ejecutivo ha rechazado expresamente en varias ocasiones la propuesta de brindar un ingreso transitorio de emergencia a sectores más amplios afectados por la crisis. 

 Cien mil personas habían caído en la pobreza en abril del año pasado, a apenas 15 días de decretada la emergencia sanitaria y a un mes del cambio de gobierno. La disparada del dólar (devaluación) mandó millones de pesos directamente de los bolsillos de ,los ciudadanos a las cuentas bancarias del sector agroexportador. Sí, a ese sector siempre lo cuida este gobierno y lo financian entre todos los uruguayos. 

 Obviamente, la pobreza afecta más a los hogares con jefatura femenina en todo el país, y más a las personas jóvenes que a las de mayor edad. La emergencia sanitaria fue un factor de mucha importancia para que se produjera el fenómeno. Sin embargo, no fue el único, ya que el Ejecutivo, respaldado por votos oficialistas en el Parlamento, dispuso una pérdida de salario real en el sector público, y que aseguró que habrá luego una recuperación, pero todavía no asumió compromisos sobre cuándo y cómo producirla. 

 La respuesta del primer mandatario -que reiteró en la rueda de prensa la actitud de acaparar el micrófono, resalta la prensa montevideana- fue que, si bien esperaba que las decisiones adoptadas fueran eficaces, no le correspondía a él, sino a los periodistas y la opinión pública, evaluar su oportunidad ni su suficiencia. Llamó la atención que no incluyera entre quienes deben opinar sobre el asunto a los científicos y especialistas en temas sanitarios. 

 Lacalle dejó en claro que es el que manda y no escucha ni a los asesores científicos y menos aún a alguien de la oposición. Por eso no extrañó que no dijera palabra sobre ampliar el diálogo y la búsqueda de acuerdos con organizaciones sociales y políticas. Parece que el presidente se toma muy en serio lo de no salir de su burbuja.

 Una investigación de la Universidad de la República y la Asociación de Bancarios de diciembre del año pasado revelaba la existencia de cerca de 700 ollas populares y merenderos que, a fuerza de trabajo voluntario y ayuda silenciosa, trataban de paliar el hambre de miles y miles de personas que vieron severamente comprometida su alimentación durante el último año. 

 Sólo se refirió en una ocasión, genéricamente, al asesoramiento científico con que cuenta, pero sin mencionar al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) relación que se ha tensionado en los últimos días, por la insistencia de los expertos en sugerir medidas que planteó el 7 de febrero (hace mes y medio) que no se adoptaron, y porque desde todos lados se le señaló públicamente al Ejecutivo que si no se hacía algo pronto para reducir la movilidad social seguirían produciéndose “muertes evitables”. 

 Esto último tiene un claro y considerable efecto sobre la opinión pública, ya que implica poner sobre la mesa una cuestión grave de responsabilidades políticas. Suspender la asistencia a los centros de educación y las actividades culturales siguen siendo los primeros recursos a los que se echó mano, ya que son medidas sin costos adicionales para el Estado o para los empresarios que lo apoyan. 

 El gobierno mantiene la cerrada negativa a que haya mayores aportes, por vía tributaria, de los grandes capitales y de quienes tienen mayores ingresos en el sector privado, y es obvia la carga ideológica en esta actitud, transparentada además por la referencia de Lacalle Pou a “las ramas de actividad representadas en el gobierno”. 

 El gobierno no aclara en qué se va a gastar el fondo coronavirus ni qué medidas se tomarán para garantizar la alimentación por esos tres días de los niños y niñas de las escuelas en la única decisión contundente que tomó el gobierno. 

 Esto no significa que la derecha y el gobierno se sientan acorralados, ya que siguen con su ofensiva a todo nivel: en el campo de la política, de la economía y de las ideas. Las luchas internas en la coalición de gobierno se van tensando por ahora, algo que no pueden disimular ya, ni siquiera en las conferencias. 

 El Presidente se dedica a explicar la nada misma, mientras la maquinaria comunicacional le inventa sentido a todo esto. Aún así, no es un gobierno derrotado sino todo lo contrario. Avanzan en el modelo de sociedad donde solamente entran unos pocos, cual urbanización privada.

 Las conferencias semanales contienen signos poco improvisados, pensados para generar en el receptor un sentido determinado. Lacalle tiene un grupo de asesores que “couchean” cada paso que da, cada símbolo y representación con una intencionalidad política determinada, al punto de verse casi como un absurdo la reproducción y las similitudes con mandatarios como Mauricio Macri en la Argentina de 2015-2019. 

 Pero la última conferencia de prensa mostró otra cara del mandatario, y trajo a escena un caos generalizado que se vio en distintas oportunidades y bajo distintos signos corporales menos planificados a los usuales. La imagen del presidente tranquilo y decidido se vio afectada por una impronta corporal errática y de titubeo. 

 El movimiento excesivo de sus manos como efecto de reflejos nerviosos inconscientes, junto a su voz acelerada y sin las pausas normales de su oratoria dejaron ver un presidente no tan consolidado como intenta transmitir mediante símbolos canónicos habitualmente (como lo hizo por ejemplo en el discurso de un año de su gestión en el Parlamento), señala Ladiaria.

 La consulta constante a los documentos escritos con las medidas adoptadas, también son señal de inseguridad, de decisiones tomadas con apremio y poco “digeridas”, y de incomodidad a la hora de anunciar las medidas. Una vez finalizados los anuncios, comenzaron las preguntas de los y las periodistas. a prensa montevideana observa tensiones entre el Presidente y el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, lo cual se refleja en los tonos de voz utilizados para referirse a él, la ausencia de miradas directas a su persona y el no nombramiento del mismo por su nombre en toda la conferencia. Por otra parte, a la hora de hablar de la vacunación fue Salinas quien tuvo que solicitar la palabra ya que el primer mandatario decidió no hablar de los éxitos del Ministerio de Salud Pública.También surgieron quejas ante la suspensión de algunas actividades, como las de Richard Sander, intendente de Rivera (limítrofe norte con Brasil) por los free-shop de ese departamento. Por otra parte, reclamos contra el mantenimiento del trabajo en ciertos sectores, como el de la Asociación de Funcionarios Judiciales, que definió un paro de 48 horas. o es seguro que la variante P1 del virus sea la única o la principal causa de que se haya acelerado la propagación de esta enfermedad en Uruguay, pero le ha servido a Lacalle para tomar resoluciones que no quiso adoptar una semana atrás, cuando ya era obvio que las tendencias conducían a la actual situación, sin que parezca que está reconociendo un error.

Falta mucho para que la vacunación mejore la situación sanitaria del país, pero todo indica que revertir sus efectos sociales será aún mucho más lento y difícil. El gobierno de la coalición derechista está empeñado en favorecer a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, en especial los del agronegocio exportador.

 Luvis Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El «lastre» del Mercosur, el Uruexit y los liberales uruguayos

El cruce entre el presidente argentino Alberto Fernandez y el uruguayo Luis Lacalle Pou en la Cumbre virtual por los 30 años del Mercado Común del sur (Mercosur), del que son socios con brasileños y paraguayos, es noticia en todos los medios rioplatenses y aledaños. 

 El mandatario uruguayo calificó de “lastre” al Mercosur. «Lo que no puede ser ni debe ser (el Mercosur) es un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se puede mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional».

 «Si nos hemos convertido en una carga lo lamento, lo más fácil es bajarse del barco» le contestó Fernandez.

 Las reacciones en ambos márgenes del Río de la Plata no tardaron en aparecer. Los gorilas antiperonistas uruguayos vitorearon una vez más a Lacalle Pou. La primera vez había sido en su tour por todos los medios de Clarín. Si bien Uruguay pasó a ser de los peores países de Latinoamérica en combate a la pandemia, los medios hegemónicos argentinos, aliados del neoliberalismo, olvidaron al gobernante uruguayo. Hoy lo reflotan para hacerle críticas como tiros por elevación a Alberto Fernandez. 

 En Uruguay, de este lado del charco, lo primero que surgió en las redes fue un chovinismo berreta, un nacionalismo de segunda mano. Los cuadros de primera línea de la derecha autóctona junto con periodistas y figuras mediáticas salieron en twitter en una coreografía perfecta a decir “yo, uruguayo”. Se despertó el más elemental antiporteñismo uruguayo que no sabe más de Argentina por la television y piensa que Chaco, Formosa y Tierra del Fuego son lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires. Enseguida aparecieron los fantasmas de Jorge Battlle y su “los argentinos son una manga de ladrones del primero hasta el último”, o la crítica de José Mujica hacia Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo al lado de un micrófono abierto: “esta vieja es peor que el tuerto (Nestor Kirchner)”. 

 Lacalle Pou cuida mucho sus palabras y las prepara. Por eso, haber elegido “lastre” no es una casualidad. Como así tampoco la reacción en redes de sus seguidores y una campaña con el hashtag #URUEXIT, haciendo juego con la campaña por la salida, que luego se concretó, de Reino Unido de la Unión Europea que se llamó Brexit. 

 Esta estrategia se enmarca en una semana donde Argentina salió del Grupo de Lima, donde el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se pospuso para 2023, donde Uruguay cada día rompe récord de contagiados por covid-19. La cortina de humo es perfecta y es calco de la táctica del Brexit, sumado a que este deseo ya lo había planteado Luis Alberto Lacalle, padre del actual Presidente y del Mercosur, en la campaña presidencial de 2009. 

 Ni lerda ni perezosa, la Academia Nacional de Economía, reducto del liberalismo a ultranza en Uruguay, salió a respaldar al gobierno. La Academia está presidida por María Dolores Benavente, abonada de los think tanks uruguayos y una de las alumnas preferidas de Alejandor Vegh Villegas, ministro de Economía en la dictadura por dos períodos.

 Su vicepresidente es Ignacio de Posadas, quien fuera ministro de Economía y Finanzas entre 1992 y 1995, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. El “Chicago-boy” Carlos Steneri, fue uno de los responsables de la negociación del canje de deuda tras la crisis de 2002, también integra el Consejo Directivo. 

 En 2005, al comienzo de la primera presidencia frenteamplista, Steneri fue designado Director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo que ocupó hasta el 2010. Aquí vemos cómo el liberalismo ha impregnado al progresismo desarrollista y que la visión de la deuda sigue siendo monolítica, no acorde a los intereses nacionales. 

 En el diccionario de la burguesía uruguaya no existe la palabra integración. Simplemente hay que liberalizar las economías y el dios Mercado resolverá los desajustes del propio sistema, pero poco y nada se habla de las desigualdades.

 La burguesía uruguaya es un caso interesante para estudiar. Nunca en la historia ha promovido siquiera una industrialización y un desarrollo productivo dentro de un marco capitalista, para el crecimiento del país. Siempre hemos sido furgón de cola, con resabios de un feudalismo colonial. El capitalismo uruguayo es deforme y dependiente. Esta “suicida flexibilización” como bien apuntó Aram Aharonian, servirá para condenar cincuenta años más a Uruguay a ser un país agroexportador, donde se sucedan temporadas buenas y malas según las commodities. Si las materias primas van al alza, será un veranillo… que pronto será un invierno desolador cuando el precio de estas vuelvan a caer. Winter is coming… 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Osvaldo Bayer - Cronista de los vencidos

Acto del Frente de Izquierda Unidad por la provisión de vacunas // Planta de Sigman

Alberto Fernández y el repago de lo “impagable”

Acerca de la entrevista que brindó al vacunado VIP, Horacio Verbitsky. 

 Alberto Fernández brindó una entrevista dominical nada menos que a Horacio Verbitsky, y sus declaraciones acerca de la «deuda impagable» que renegocia con el Fondo Monetario levantaron polvareda. 

 El reportaje radial fue indudablemente una suerte de reconciliación pública tras el escándalo del vacunatorio VIP, originado por las declaraciones de Verbitsky comentando que había accedido a una dosis de la Sputnik V con solo pegar un tubazo a su amigo Ginés González García, quien luego debió ser eyectado de su sillón de ministro tras el repudio generalizado -ya que mientras tanto el operativo de vacunación avanzaba a pasos de tortuga. En ese tono, la pretensión fue dejar en claro desde el inicio que, en lo que respecta a deuda externa, no existen posiciones divergentes al interior del gobierno sino simplemente «diferentes maneras de decir las cosas».

 Esas palabras fueron las empleadas por Alberto Fernández para contestar a la pregunta sobre si Martín Guzmán y Cristina Kirchner expresaban estrategias opuestas de cara a la negociación con el FMI. El presidente se manifestó de acuerdo con las declaraciones realizadas por su vice el 24 de marzo, acerca de que esa deuda que dejó el gobierno de Macri es «impagable». Lo demostró de una forma inapelable: si este año la economía del país está en vilo para ver cómo se afrontan vencimientos por 4.000 millones de dólares con el organismo financiero, no se puede ni pensar en cancelar casi 20.000 millones el año próximo. 

 Al igual que Cristina, enfatizó que la política del gobierno es buscar un acuerdo para establecer las condiciones de un repago, partiendo por supuesto del reconocimiento íntegro de esta hipoteca descomunal, a pesar de haber anunciado una «querella criminal» contra los funcionarios de la administración macrista por defraudación. Finalmente, toda la escenografía de la expresidenta para mostrar una pulseada con el FMI y el imperialismo yanqui apenas puede ocultar que los 4.300 millones de dólares (en Derechos Especiales de Giro) que este organismo repartirá para atender gastos frente a la segunda ola de la pandemia serán utilizados… para pagarle al propio FMI. 

 Fue en ese sentido que Fernández reivindicó la labor del ministro de Economía, quien acaba de volver de una serie de encuentros con agentes del Fondo en Washington, afirmando que la negociación está «encaminada» y vanagloriándose de que esta cueva del capital financiero internacional haya definido que los planes de pago deben ser «sustentables» para evitar hundir las economías. Es un fraude. 

 En primer lugar, el pago de la deuda es una vía principal de la fuga de divisas del país, por lo cual es uno de los factores de la desinversión crónica que ha encarrilado a la economía Argentina en una declinación secular durante todas las últimas décadas. Las restricciones cambiarias actúan como una losa, ya que las trabas a las importaciones agudizan la recesión industrial y la imposibilidad de las empresas de cancelar sus deudas corporativos las deja afuera del mercado de crédito (base la la inversión, porque ninguna lo hace con capital propio). 

 Pero lo más importante es que el currículum que llevó Guzmán a Estados Unidos se compone del robo de la movilidad jubilatoria, los topes paritarios, la puesta en marcha de los tarifazos y recorte del gasto público como la eliminación del IFE en pleno crecimiento de la pobreza; entre otras medidas que entierran la pretensión oficial de reactivar la actividad económica en base a una recuperación del consumo. El único aspecto en el que se «encamina» la negociación es en la promesa del economista de que el déficit fiscal no superará este año los 3 puntos del PBI (es decir que el ajuste será muy superior a lo dibujado en el Presupuesto 2021). 

 Esto último nos devuelve a la entrevista con Verbitsky, en la cual el presidente se regocijó del hecho de que las autoridades del FMI hayan afirmado que la inflación obedece a muchas causas, y no solo de la emisión monetaria y el déficit fiscal. Ello no exime al gobierno argentino de ninguna de las exigencias clásicas del Fondo Monetario. 

 Ya vimos lo que sucede en relación al ajuste del gasto público, pero la política monetaria también refuta el entusiasmo de Alberto Fernández: el gobierno se viene endeudando a pasos acelerados para evitar que el Banco Central deba emitir más billetes para asistir al Tesoro, y como son bonos indexados al dólar o a la inflación ni siquiera se deprecian con una devaluación (es decir que anula el beneficio de la deuda en pesos). Este gobierno ya incrementó el endeudamiento en más de 20.000 millones de dólares (canje mediante). La bola de nieve de Leliq y pases pasivos del Central, que supera los 3 billones de pesos, ilustra también los límites que enfrenta el gobierno. 

 Lo fundamental es, en definitiva, que el repago de esta hipoteca impagable condenará al país por varias décadas. El FMI rechazó de plano el reclamo de Cristina Kirchner de un acuerdo a 20 años de plazo, pero todo el mundo es consciente de que un programa de 10 años para pagar 50.000 millones de dólares caerá nuevamente en un incumplimiento, y que por lo tanto deberá volver a ser renegociado. Esta dinámica anticipa que el monitoreo de las cuentas nacionales por parte del Fondo y el imperialismo se extenderá por generaciones, si se sigue en esta dirección. Finalmente el propio Macri cayó en default después de haberse endeudado para cancelar la deuda anterior.

 Independientemente de los vaivenes de la coalición oficial y de las disputas internas, que expresan además el empantanamiento gubernamental, existe un alineamiento en cuanto a honrar el pago de una deuda externa usuraria. Que ello es incompatible con un desarrollo nacional y más aún con una descompresión de cuadro de miseria creciente queda demostrado ya de antemano, con el rumbo actual de la política económica. Que, a su vez, esta política nos lleva a un laberinto sin salida lo graficó el propio viaje de Guzmán, quien en Nueva York se reunió con los bonistas que ingresaron al canje, furiosos por el desplome bestial de la cotización de los bonos reestructurados.

 Del círculo vicioso de renegociaciones y defaults solo se puede salir rompiendo con el FMI y desconociendo la hipoteca fraudulenta que condena a la Argentina al saqueo y la pobreza. Sería un quiebre en la espina dorsal de todo el régimen que ha imperado las últimas décadas, y un pilar para una reorganización social del país sobre nuevas bases, bajo la dirección de los trabajadores. 

 Iván Hirsch

Argentina-Carlos Slim-México, el triángulo vacunatorio de Las Bermudas

El empantanamiento del proyecto de producción de vacunas entre Astra Zeneca, la corporación del mexicano Slim y el empresario K Hugo Sigman ha sumado un ingrediente explosivo a la crisis sanitaria y social y del gobierno de los Fernández. En agosto pasado se había anunciado con bombos y platillos el acuerdo para producir en Argentina el principio activo de la vacuna contra el Covid 19, con licencia del laboratorio Astra Zeneca. El proyecto sería financiado por el empresario mexicano Carlos Slim, y el fraccionamiento y envasado a cargo de una empresa de México, Liomont. De la promesa de las centenares de millones de vacunas para abastecer parte de la demanda de la región, no ha quedado nada, ni una sola vacuna ha llegado a Argentina. El laboratorio de Sigman, mAbxience, ha enviado a México una producción equivalente a varios millones de vacunas. Las razones por las cuales la operación se encuentra empantanada no son claras. El laboratorio mexicano Liomont aduce trabas regulatorias y burocráticas. Al mismo tiempo, afirma depender del abastecimiento norteamericano para ciertos insumos relacionados con el envasamiento. En contradicción con esta excusa, otro laboratorio avanzaba en México con el fraccionamiento de una vacuna, pero proveniente del laboratorio chino Cansino. El vacío de las dosis de AstraZeneca era llenado también por Pfizer, con vacunas importadas desde Estados Unidos. Queda el interrogante de qué pasa con el dinero invertido por la Fundación Slim y del compromiso de producir la vacuna a gratuidad. 

 Según declaró al diario “El País”, el empresario argentino estaría enviando los lotes del principio activo de la vacuna a Estados Unidos, al laboratorio que Astra Zeneca dispone en Ohio, para que “lleve adelante la tarea de Liomont”, o sea, el fraccionamiento. Los envios a Estados Unidos representan el equivalente de 12,8 millones de vacunas, más del doble de todas las que recibió la Argentina hasta ahora, de todos los orígenes o laboratorios. Supuestamente, y una vez envasadas, esas vacunas deberían volver a la Argentina. Pero según quienes denuncian esta operación, la posibilidad de reexportación de ese material al país es incierta. Hasta ahora, Astra Zeneca no cuenta con autorización para vender su producto en Estados Unidos. Cuando ello ocurra, las vacunas envasadas en Ohio podrían ser “retenidas” y colocadas en aquel país. Sería el enésimo episodio de piratería de vacunas que se han registrado en estos meses. En todo caso, cabe preguntarse qué alteraciones ha sufrido el contrato Slim-Sigman, para que la compañía de este último envíe a EEUU lo que debió ir a México. Porque obviamente, Sigman cobra por lo que exporta, aunque no se sabe si paga Slim o los laboratorios de Ohio. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, en Argentina se produce una vacuna con la que sus habitantes, ni los de ningún país de América Latina pueden contar. No obstante esto, los Fernández prosiguen como si nada con la presencialidad escolar y hacen virtud de la aplicación de una sola dosis de las vacunas, cuando Pfizer acaba de anunciar que probablemente sean necesarias tres, frente a las mutaciones que ha sufrido el virus.

 Es obvio, en este cuadro, que tanto AstraZeneca como Slim vetarían que la vacuna de la primera se produzca en el país o sin acordar la licencia para ello. La producción de una vacuna propia sólo sería posible si el estado asume la dirección de los laboratorios nacionales –comenzando por el de Sigman- para trabajar en conjunto con las Universidades y el Instituto Malbrán, incluida la posibilidad de acuerdos con la vacuna de Cuba. Es un hecho que esta crisis pone al desnudo el derrumbe del famoso ‘estado de derecho’ y el incumplimiento de contratos. AstraZeneca recibió fuertes subsidios de parte de EEUU, Gran Bretaña y la UE, para producir una vacuna gratuita. Es claro, entonces, que la salida de una vacunación igualitaria, rápida, masiva y gratuita pasa por la expropiación de las grandes farmacéuticas internacionales, que han prosperado, precisamente, por el aporte dinerario y científico del poder público. 

 Ha comenzado una crisis que tendrá un impacto político poderoso en Argentina y a nivel internacional. 

 Marcelo Ramal

 29/03/2021

Los Fernández y los Macri: una ‘apertura’ a la segunda ola

La conferencia de prensa que brindaron en la noche del domingo Carla Vizzoti y Santiago Cafiero aportó datos concluyentes acerca de la llegada de la segunda ola a la Argentina. Además del aumento sostenido del número de casos, Vizzotti identificó también a los pacientes con las nuevas cepas del virus –Manaos, Inglaterra- sin que se haya podido rastrear el origen del contagio. Se trata, por lo tanto, del ingreso a la etapa de “circulación comunitaria”, la fase de propagación que sigue a continuación de los contactos con viajeros.

 El informe lapidario de los funcionarios contrastó brutalmente, sin embargo, con la mezquindad de sus respuestas: el gobierno anunció un asueto presencial de tres días en la administración nacional y una “recomendación” a las provincias para que hagan lo mismo. Vizzotti informó de 45 distritos del país severamente afectados por los contagios. Los gobernadores, sin embargo, han sido los más firmes vehículos de la presión a favor de reabrir la economía e impulsar “la normalidad”. El gobierno “centraliza” los datos, pero se desentiende de las medidas de aislamiento. 

 Presencialidad y turismo

 En la conferencia, Cafiero se encargó de aclarar que el asueto estatal no alcanza al sistema educativo. Volvió a reivindicar la ‘presencialidad’ cuando la Ciudad de Buenos Aires registra el primer docente muerto por Covid, en una escuela de Villa Lugano. Los contagios –y “burbujas” clausuradas- se cuentan por centenares en las escuelas de toda el área metropolitana. Sin grietas, Kicillof y Larreta sostienen esa presencialidad, para eximir a las patronales del pago de licencias para el cuidado de los hijos. Cafiero también pidió “vacaciones responsables de Semana Santa”, un eufemismo para anunciar que la circulación nacional de personas –que debe sostener a la industria del turismo- no será interrumpida en el feriado. 

 El escenario se completa con la crisis del proceso vacunatorio. Los retrasos en la provisión de vacunas han tenido como respuesta la decisión de demorar por tiempo indefinido la aplicación de la segunda dosis, precisamente cuando algunos laboratorios aseguran que será necesaria una tercera aplicación de la vacuna. La principal apuesta del gobierno –la vacuna de Astra Zeneca- se encuentra en un impasse, pues la producción de su principio activo está siendo exportada a Estados Unidos, con el pretexto de que México ha incumplido con la tarea de fraccionamiento y envase para ser re-exportada a Argentina y América Latina, a costo cero. (Ver Nota: El triángulo vacunatorio de las Bermudas) 

 Pero los efectos de la pandemia se han adelantado a la producción de vacunas, como se manifiesta en las segundas o terceras olas en número creciente de países. La escalada de contagios exige una severa política de reforzamiento sanitario, protección de la población y asistencia a quienes no puedan trabajar; el gobierno, en cambio, defiende a rajatablas la continuidad de las reaperturas, como se lo exigen los poderes dominantes. La austeridad fiscal ya pactada con el FMI es letal para la asistencia y el rescate de la población precarizada o desempleada. 

 Los Fernández marchan ciegamente a la pandemia agravada que envuelve a Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Advirtamos que, reaperturas mediantes, entre la primera y segunda olas, Manaos perdió al 10% de su población. 

 La clase obrera no enfrenta este descalabro capitalista en silencio, como lo demuestran las luchas del personal de salud y docentes, y en cada lugar de trabajo. Es necesaria, sin embargo, una acción de conjunto. 

 Rotación diaria y semanal de los trabajadores esenciales. 

 Reforzamiento del personal de salud, jornadas de seis horas. 

 Protección de los trabajadores no esenciales, con el pago del 100% del salario. 

 Suspensión inmediata de la presencialidad educativa en todos los niveles. 

 Asegurar los elementos necesarios para la conectividad y virtualidad. 

 Incautación de laboratorios productores de principios activos y desconocimiento de patentes, para asegurar la vacunación de toda la población.

 Aumento del 50% de los salario; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jubilación al 82%; seguro al desocupado iguales a la canasta familiar; asistencia social igual al costo de la canasta familiar.

 Discutamos un programa y una lucha en nuestros lugares de trabajo y organizaciones sindicales.

 Marcelo Ramal 

 29/03/2021

24 de Marzo: Charla a 45 años del golpe militar // Facebook Live

Un informe científico refuta a Trotta y a los protocolos de “presencialidad segura"

Un informe publicado por investigadores de la Universidad de Londres y de Massachusetts (https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/new-cdc-guidelines-to-reopen-schools-could-be-dangerous) advierte claramente sobre los enormes peligros que encierra la reapertura de escuelas a clases presenciales que está teniendo lugar con el gobierno de Joe Biden en EE.UU y en momentos que se esparcen por el mundo nuevas cepas del COVID más contagiosas y mortales. 

 Estas conclusiones valen, como vamos a ver, para el conjunto de los sistemas educativos del mundo o incluso revelan que alguno de ellos está mayormente expuesto a propagar el COVID. Particularmente, vale para refutar las criminales afirmaciones del ministro de educación nacional Trotta referidas a que “menos del 1% de los casos sospechosos en las escuelas terminan siendo casos positivos de Covid-19” y que, a pesar de registrarse un sistemático crecimiento de los contagios en la Argentina y de la inminente segunda ola, las clases continuarían "con todos los protocolos".

 Ausencia de testeos masivos 

Una primera conclusión importante de este informe es que los informes que se han publicado por todo el mundo para difundir un supuesto bajo nivel de contagiosidad del COVID en las escuelas son defectuosos porque están basados exclusivamente en los casos positivos o con síntomas detectados en niños y jóvenes, quienes son los más propensos a tener contagios asintomáticos que las personas de edad mayor. Esto quiere decir que al no realizarse pruebas de detección amplias en las comunidades, todos los menores de edad contagiados quedan fuera de la estadística aunque sean conductores del virus.

 De hecho, los testeos y nuestros a gran escala que se han realizado recientemente en el Reino Unido, Suecia y los EE. UU concluyen en que el COVID-19 se propagó a una tasa más alta para los estudiantes de primaria y secundaria que para los adultos cuando las escuelas estaban abiertas y que esto precedió y alimentó el aumento general de contagios, a través de la propagación de las escuelas a los hogares y de allí a toda la comunidad en general. 

 Esto tiene una importancia mayúscula para la detección de las nuevas variantes del COVID que no son detectadas por los testeos convencionales. También se ha comprobado que para disminuir la propagación de estas cepas fue necesario el cierre completo de las escuelas. La nueva variante B.1.1.7 -británica- es un 50% más transmisible y aproximadamente un 30% más letal que las cepas anteriores. Ahora es la cepa dominante y resurgente en toda Europa y ahora es endémica en los Estados Unidos.

 Consecuencias de “largo plazo” 

El informe señala que los riesgos de infección resultaron ser dos veces mayores para los profesores de clases presenciales en comparación con los que impartían clases virtuales en línea en Suecia y un riesgo de infección aproximadamente 40% mayor en Inglaterra en aquellos en ocupaciones docentes en comparación con aquellos en ocupaciones no docentes, incluso cuando las escuelas solo estaban abiertas parcialmente. En sus declaraciones Trotta ha omitido olímpicamente que luego de decretada la presencialidad en Argentina sobre mediados de febrero del 2020, fallecieron por COVID al menos 8 compañeros docentes. Cientos de cursos y “burbujas” han debido ser aislados. 

 Pero el informe publicado señala además que entre el 12% y el 15% de los niños de la escuela primaria y secundaria tenían uno o más síntomas persistentes 5 semanas después de la infección. Sucede que aún se sabe poco acerca de las implicaciones a largo plazo de los síndromes de "COVID prolongado", que al menos en los adultos se han asociado a menudo con disfunción orgánica. Es por ello que el informe concluye que es importante adoptar el principio de precaución y tener en cuenta los resultados prolongados relacionados con el COVID además de fallecidos.

 Aerosoles

 La ciencia más reciente ha demostrado de manera bastante definitiva que el coronavirus se propaga en gran medida a través del aire, más, de hecho, que a través de gotitas en superficies o contacto directo. Esto tiene una enorme importancia puesto que el distanciamiento de 1,5 metros establecidos para las aulas -suponiendo que se respete- no tendría ninguna incidencia allí donde la ventilación es deficiente. Peor aún, los protocolos de Buenos Aires de hecho no establecen un límite a la asistencia dentro del aula y se limitan a “recomendar” una adecuada ventilación. Tenemos una presencialidad escolar con protocolos completamente deficientes, es por ello que nunca fueron puestos a consideración de la comunidad educativa.

 Con una persona infectada en una habitación cerrada y mal ventilada, el coronavirus impregna todo el espacio, poniendo a todos los que están adentro en un riesgo similar, independientemente de dónde se sienten. La medida de reducción correctiva clave necesaria, según los investigadores que publican este informe, es la mejora total en los sistemas de ventilación, filtrado y HVAC (en español hace referencia a calefacción, ventilación y aire acondicionado). 

 Llegado a este punto, es imposible no pensar en las escuelas bomba que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que asesinaron a Sandra y Ruben en Moreno y en donde directamente no tendríamos la posibilidad de discutir filtros de aire y mejoras en los sistemas de ventilación -especialmente con la llegada del otoño/invierno- pues con suerte contamos con ventanas que abran adecuadamente en las escuelas.

 Una presencialidad “muy imprudente” 

El informe concluye señalando que para proceder a un retorno a la presencialidad escolar es necesario atender todas las variables presentes para anular los riesgos consecuencias para la salud y la vida de la comunidad educativa. Comenzando por aumento de las pruebas para identificar lo suficientemente rápido como para evitar que los brotes se propaguen por las escuelas; atender la adecuada ventilación en las escuelas y, sobre todo, las vacunas. Sobre esto último, incluso en EE.UU no llegará a suficientes personas lo suficientemente rápido como para que la apertura de escuelas previstas para la primavera sea segura. Los autores que señalan que hasta que esto no esté garantizado es necesario evitar “enviar nuevas oleadas de estudiantes, maestros y padres enfermos a hospitales y centros médicos de emergencia ya sobrecargados por el resurgimiento del coronavirus y poner innecesariamente a una generación de estudiantes, maestros y padres en riesgo de sufrir efectos secundarios prolongados de COVID”. 

 Por el contrario, Alberto Fernández, Kicillof, Larreta y compañía montaron el cuento anti-científico y criminal de una “presencialidad segura” con el concurso de la burocracia sindical docente a pedido de las grandes patronales que no quieren seguir cargando con los costos de licencias por la pandemia. Trotta afirma que a pesar de nuevas oleadas de contagios en la Argentina, las escuelas permanecerán abiertas. Es necesario discutir estas conclusiones extendidamente entre la docencia y toda la comunidad educativa para poner en pie un plan de lucha por la suspensión inmediata de la presencialidad en las escuelas, por obras de infraestructura en las escuelas que contemplen todas las recomendaciones científicas, por una vacunación masiva.

 Emiliano Fabris 

 28/03/2021

Mercosur, no los separa la pelota

El “lastre” que Argentina representa para el Mercosur, fue la imputación que disparó el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, luego que, el día antes, Alberto Fernández anunciara que Argentina se retiraba del llamado grupo de Lima. El uruguayo no podía esconder el fastidio que le provocaba una medida que iba contra su compatriota, Luis Almagro, un lacayo de Trump en la OEA, y el mascarón de proa de todas las provocaciones políticas y golpes de estado que se suceden en América Latina. Al día siguiente del entrevero ocurrido en la reunión de presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el canciller de Biden salió con los tapones de punta contra el enjuiciamiento de la golpista boliviana Jeaninne Áñez. El canciller de EEUU, Antony Blinken, parecía haber esperado que la despenalización de Lula, en Brasil, fuera seguida por un indulto general de los fascistas del continente. Es como su jefe, Biden, procede con su antecesor, Donald Trump. 

 El fracaso del Mercosur, como un bloque económico con capacidad para negociar acuerdos viables con otros bloques internacionales, fue claro desde su fundación. No hizo el recorrido del Nafta (México, EEUU, Canadá), dominado por dos potencias económicas, que significó, a la vez, la destrucción del agro mexicano, el desplazamiento de fuerza de trabajo, emigración y emergencia del narcotráfico. El mundo sigue firmando acuerdos internacionales – y los deshace a mayor velocidad aún. Lo muestra el Brexit. China firma acuerdos de libre comercio en el sur de Asia, que van acompañados regularmente de conflictos diplomáticos, políticos y hasta militares, como viene ocurriendo por ejemplo con Australia, que acusa a su socio de ciberhackeos. 

 La retórica nacionalista lo quiso describir al Mercosur como un paso hacia la Patria Grande sin temor al ridículo. Se llegó a fantasear con una moneda única, que reduciría los “costos de transacción del comercio” de la región. Hubiera supuesto, además, establecer una nueva divisa de reserva internacional. Un par de derrumbes económicos, en Argentina y Brasil, en especial, dejaron los ‘papers’ del caso en los cajones de la burocracia. Incluso para tener una moneda propia, América Latina debería atravesar una revolución social. 

 El Mercosur fue establecido, fundamentalmente, como un acuerdo automotriz, que convirtió al tráfico de partes y automotores en una transferencia contable entre los capitales en presencia. Nunca arribó al propósito de alcanzar un comercio libre, pues rodados y componentes debían ajustarse a proporciones determinadas para su intercambio. Para Argentina significó un desbalance enorme de comercio, en la medida que el valor de importación de autopartes superaba el del de las exportaciones del producto terminado. Esta significativa “restricción externa” fue impulsada con pasión por los adversarios de ella, el kirchnerismo, lo que sigue ocurriendo. La limitación a la importación de automotores extra Mercosur fue una imposición de las compañías siderúrgicas, necesitadas de un mercado cautivo de chapas, y de las del neumático. 

 Hace pocos días, la versión de que Estados Unidos restablecería los aranceles que gravan la exportación de aluminio y acero de Argentina, más los límites que ya existen al bío-combustible, desmienten la especie de que el Mercorsur o Argentina sería los responsables exclusivos de la falta de acuerdos comerciales de mayor alcance. Cuando Clinton y Bush (padre) promovieron el Alca, el libre comercio continental, se toparon, por sobre todo, con la oposición de Brasil. El Alca no murió en el estadio de Mar del Plata, sino en la reunión que tuvieron enseguida Lula y Bush. Ahora mismo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no lo sabotean los latinoamericanos, que ya dieron el OK para el caso, sino los ‘amigos’ del Viejo Continente, que ponen como condición que Brasil deje de destruir la foresta amazónica. Bolsonaro denuncia esta represalia como un intento de destruir la potencialidad de Brasil, que pasaría por convertir a ese inmenso territorio en un campo gigante de pastoreo y de soja. La deforestación de la Amazonia figura en los objetivos de seguridad de las fuerzas armadas de Brasil. La virulencia de Brasil contra los tratados climáticos es una forma nacionalista de reservar la explotación de la Amazonía a los capitales nacionales. 

 El cable a tierra de las economías del Mercosur lo constituye, en la actualidad, el mercado de cereales y aceites, y de minerales y petróleo de China. Cualquier acuerdo bilateral que los estados del Mercosur pudieran firmar en forma unilateral con Estados Unidos y Europa, significaría una barrera a las inversiones de China y de Rusia. Cuando Bolsonaro hizo un gesto en esta dirección, la burguesía brasileña levantó su oposición, con la exclusión parcial de algunos sectores del capital financiero. El Comando de la IV Flota de EEUU, acaba de subrayar, en un documento, que la eliminación de la injerencia de China era un asunto de “seguridad nacional”. Lacalle Pou conoce al dedillo que el Mercosur se encuentra en un impasse, cuya salida no se encuentra a la vista y cuya desintegración aportaría su cuota a la explosión social que se cierne sobre la región. Por último, pero lo recontra más importante: la pandemia ha roto todos los equilibrios precarios precedentes, y expuesto una crisis social humanitaria que la gestión capitalista ha agravado en extremo. El Mercosur no ha servido para nada en la lucha contra el Covid – a la hora del peligro extremo, en lugar de colaborar económicamente y en la salud y las vacunas, sólo se le ocurrió cerrar las fronteras. Como si el Covid necesitara Pasaporte.

 La unidad latinoamericana está a la orden del día, sin embargo, más que nunca. La convoca el desarrollo de rebeliones populares en todos los países. El fracaso de las burguesías nacionales en este terreno, deja al rojo vivo que ella será resuelta solamente por la unidad de los obreros y campesinos de todo el continente – y con el proletariado internacional. 

 Jorge Altamira 

 28/03/2021

El frío helado de la navaja del FMI

El lápíz rojo del ajuste social explosivo está en marcha. 

 Cristina, se sabe, ganó la plana del 24 de marzo con duros calificativos contra el FMI, contra los yanquis por su apoyo absoluto a la dictadura y, desde luego, contra la quiebra en la que el macrismo dejó al país. El tema es enarbolado por la derecha para agitar fantasmas venezolanos y otros disparates. Pero Cristina, ya conociendo los resultados de la hermética reunión de dos horas de Guzmán con Georgieva, la titular del FMI, lo que afirmó fue “¿no podemos pedir con dulzura y cariño un gestito? No decimos no pagar. No podemos pagar porque no tenemos plata”. Una súplica a los yanquis, al FMI y al capital financiero y una indicación a su propio gobierno de pedirlo con dulzura, reconociendo la deuda ilegítima y usuraria. 

 Es que el frío filo de la navaja del FMI ya había pasado por la reunión con Guzmán, quien venía de fracasar en Nueva York, donde en lugar de ser recibido por la titular de la Reserva Federal como se pretendió, tuvo una reunión con funcionarios de tan bajo rango que no se informó ni quiénes fueron ni de qué se habló. Los fondos de inversión que sí hablaron con él solo le pidieron urgente acuerdo con el FMI para tener alguna esperanza de recuperar el valor de sus bonos que están por el piso, con un riesgo país de 1.600 puntos, porque nadie los quiere. Tema que coloca a Argentina afuera de todo crédito internacional. 

 Al otro día se conoció la réplica del FMI sobre el punto preciso que importaba en el discurso: “necesitamos más plazos y menores tasas”. El vocero Gerry Rice aclaró “no hay posibilidad alguna de que un crédito de facilidades ampliadas como el pedido por Argentina sea por más de diez años”. Eso tendrían que aprobarlo los 130 socios del FMI, algo directamente improbable, si no imposible. Entonces para empalmar con el período de gracia de los vencimientos fuertes logrados con los bonistas, la deuda con el FMI debería empezar a pagarse en 2025 en un crédito al que le quedarían 7 años como mucho en un acuerdo que empezaría a efectivizarse en 2022 si se firma después de las elecciones como quiere el gobierno. 

 La cuenta es fácil, serían U$S 7.000 millones al año aproximadamente solo de las deudas con el FMI a las que deben sumarse las del Banco Mundial, BID y demás organismos, y los vencimientos privados de deuda. Más de U$S 10.000 millones anuales deberían ser destinados solo para afrontar deudas además del movimiento económico de exportación e importación y de las deudas privadas (cuyos dólares salen de las reservas del Banco Central). Para afrontar semejante cosa debería ocurrir un salto exportador con saldo comercial favorable sencillamente enorme, el Tesoro pasar a un superávit fiscal para afrontar con los pesos necesarios para comprar esos dólares al Banco Central y al mismo tiempo atender los vencimientos de la sideral deuda en pesos. 

 Naturalmente todo esto es impracticable por lo cual el acuerdo, aún firmado, haría depender a la Argentina de manera crónica del FMI. Para que el país no sea arrojado al default deberá refinanciar sus futuros vencimientos con el Fondo (al igual que gran parte de los acreedores privados). Eso significa que Argentina quedará bajo el monitoreo del famoso artículo IV por años y aún por décadas. Y que los programas económicos estarán dictados por el FMI por mucho que se hable. Pues bien, el cuidado hilo de tuits de Guzmán tras la reunión con el FMI se inicia diciendo que “Estamos dando pasos importantes hacia el objetivo de tener un programa que nos permita refinanciar los U$S 45.000 millones de deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio con el FMI…”. 

 Ese programa de manera escrita quedaría para después de las elecciones, si se confirman varios supuestos. Que se logre postergar también el vencimiento con el Club de París de U$S 2.350 millones en mayo, para el cual tampoco “hay plata”. Allí tallará la opinión de Merkel, Macron y Cía, los acreedores de la deuda que viene desde la dictadura y que abultó Kicillof en la última refinanciación. Que no haya desmadre en la tensa calma cambiaria lograda reventando divisas para contener los dólares paralelos. Que la olla a presión de la inflación que marcha al 50/60% anual no estalle antes.

 Pero en otro sentido, el programa está en marcha. Por eso se dice con una cuota de verdad que las “negociaciones avanzan”, o al menos no se han roto por mucho que gesticula Cristina, o Hebe de Bonafini que ya acusó a Alberto Fernández y a Guzmán de blanditos ante el Fondo. Miremos si no algunos indicadores. En febrero el déficit fiscal financiero fue el menor desde 2016 ($ 64.000 millones). En el mismo febrero el gasto en salarios públicos se redujo en 13% real (descontada la inflación), fatídicamente lo mismo que redujo Cavallo los salarios en tiempos del megacanje. 

Como todos saben las jubilaciones han sido duramente golpeadas: al cobrar el reajuste de la movilidad en marzo se habrá perdido otro 4% solo en un trimestre y, para resumir, desde que subió el gobierno el gasto jubilatorio aumentó solo un 29,6% contra una inflación del 40,7%, lo cual incluye las AUH y planes sociales. Las universidades fueron castigadas con todo por el gobierno de “lo público” porque su gasto cayó en 10 puntos reales en un año y los salarios universitarios cayeron en proporción, con la colaboración de la burocracia sindical en todos los casos. 

 La perla de la “inversión” que se dice promover para reactivar la economía sería la obra pública, como locomotora del crecimiento mediante un 2,5% del PBI inscripto en el Presupuesto 2021. Pero hasta el momento la ejecución de ese gasto es de un 4,5%, como resultado del lápiz rojo del Ministro. 

 Como se puede apreciar estamos en presencia de un “programa” de ajuste brutal que se está aplicando ahora mismo para pavimentar el acuerdo que se pretende firmar después de las elecciones de manera de atravesar mejor el turno de octubre y firmar la entrega después. El propósito proclamado en todos los medios especializados -y no tanto-, jamás desmentido por el ministro, es que el déficit fiscal del año en lugar de los 4,5% del PBI sería del 3 o 3,5%. 

Por eso las tensas conversaciones no se rompen. Y claro, cuando hay una deuda tan grande el propio acreedor está en un problema por eso “ni el Fondo ni el Club de París quieren el default argentino” (El Cronista, 26/3). 

 El gobierno cuenta con el alto precio de la soja para ir tirando mientras revienta los dólares para mantener la “pax cambiaria” aunque no logra acumular reservas. Y con otro viento de cola que son los U$S 650 mil millones que capitalizará el FMI para afrontar el nuevo año de pandemia. De eso Argentina liga unos U$S 4.350 millones como para atender los vencimientos del FMI este año. Pero como son en Derechos de Giro, una moneda del FMI que representa una canasta de monedas, no sirven para otros vencimientos como el del Club de París que necesitarán voluntad de los acreedores para postergar y/o refinanciar. 

 Una capitalización similar del FMI se aplicó en 2009 con la crisis de las hipotecas, pero entró efectivamente al país cuatro meses después. Todo agarrado con alfileres. 

 Que Argentina vuelva al crédito internacional luego de un acuerdo de repago al FMI es algo que habrá que ver, y depende de múltiples factores. Lo cierto, claro y duro, es que los trabajadores, sus salarios, sus jubilaciones, sus planes sociales, la educación y la salud pública, no solo perderán como en la guerra en el futuro de los “programas” que Guzmán, los Fernández y Massa acuerden con el FMI, sino que somos víctimas del ajuste ahora mismo, cuando la pandemia puede plantear otro escenario donde las mismas 12 millones de personas, pero ahora en peores condiciones reclamen que con hambre no hay cuarentena. Y cuando la pauta del 29/30% de paritarias es otro golpe a los trabajadores.

 La masividad y combatividad del movimiento piquetero independiente que fue gran protagonista este 24 de marzo, como las huelgas docentes provinciales y las luchas contra los cierres, o los reclamos paritarios de sindicatos combativos como el neumático, son apenas la punta de un cuadro social explosivo en el que se desenvolverán los próximos meses. La izquierda revolucionaria tiene que encarar su lucha política desde este lugar para intervenir en todos los planos, incluso, por supuesto, el plano electoral para desafiar a los bloques políticos del poder que disputan el liderazgo del ajuste.

 Néstor Pitrola

EL18 Brumario de Luis Bonaparte (Marx con Eduardo Rothe)

El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre | F. Engels con Alan Woods

La huelga en Sanidad

Hoy viernes se ha desarrollado el paro de los trabajadores de la salud privada convocado por su sindicato, ATSA. La medida de fuerza llega luego del vencimiento de la cláusula de revisión de la paritaria 2020 y de varias semanas de negociaciones con las patronales, que no han dado resultado. En rigor, consistió en cortes de tareas por tres horas en los turnos mañana, tarde y noche. 

 Héctor Daer, secretario general del sindicato, anunció una medida para el próximo martes en el caso de no haber novedades. Reclama un 16% de aumento para cerrar un acuerdo anual de 35%, lo que dejaría el salario básico en $56.700 pesos, lejos de la canasta familiar, valuada en más de 100.000. 

 El paro fue precedido por asambleas en las que no se le dio la palabra a ningún trabajador, Fueron circunscriptas, además, a la ciudad de Buenos Aires y con distinto alcance. Al otro lado de la General Paz, y más aún en el interior del país, los trabajadores se enteraron de la medida por los medios de comunicación.

 La huelga 

La dirigencia oficialista de la Celeste y Blanca trabajó para dificultar el desarrollo y organización de las medidas, evitando poner horarios a los cortes u organizar puntos de encuentro en los lugares de trabajo, para que los trabajadores no queden expuestos a presiones patronales en sus sectores. Sin embargo, la jornada se desarrolló plenamente por la presión y disposición de las bases que exigían, en las asambleas, medidas, respuestas y precisiones para mostrar su descontento.

 La conducta de la directiva del sindicato responde a un acuerdo con las patronales. Consiste en utilizar la huelga como arma de extorsión al gobierno para que libere los aumentos de las tarifas de las prepagas a los usuarios. Este pacto quedó claro con el apoyo público de Belocopitt (Swiss Medical) a la medida. Si quedaba alguna duda, Daer se ocupó de dejarlo en claro en sus últimas declaraciones antes del paro pidiendo, él mismo, la suba de las tarifas. Los trabajadores advirtieron la maniobra. 

 La burocracia sindical no puede evitar, de todos modos, que el activismo del gremio se temple en una confrontación directa con las patronales. En un terreno es que el trabajador toma conciencia del obstáculo que representa la burocracia para desenvolver la lucha y lograr los objetivos. Las conclusiones ya están comenzando a circular entre los trabajadores de sanidad. 

 En las últimas horas, pararon los trabajadores que aún no se habían sumado a la medida fueron, haciendo cada vez más difícil para la conducción del sindicato morigerar el impacto de la lucha. En numerosos lugares, la iniciativa superó a la burocracia. Se vieron cortes de calle, asambleas y distintas expresiones de unidad y lucha como en la clínica Favaloro, Hospital Italiano, Instituto Médico de Alta Complejidad, el Centro de Diagnóstico Dupuytren, Hospital Español, entre tantos otros. Los ambos, bombos y platillos coparon las calles de la ciudad. 

 Cómo sigue

 Este fin de semana la directiva del sindicato comunicará cómo siguen las negociaciones por la recomposición salarial. Miles de enfermeras y enfermeros salieron a la lucha. La mayoría de ellos son “multi trabajo” -trabajan a doble turno- y han visto bloqueados sus reclamos en el sistema público por las direcciones de UPCN, Sutecba y ATE. Por otra parte, ha despertado la atención del conjunto de los trabajadores profesionales de la Ciudad el acuerdo inconsulto de la dirección de Médicos Municipales. Finalmente, la huelga de sanidad hace eco en todas las provincias, de Tierra del Fuego a Salta, tanto en el sistema público como privado. Mientras los trabajadores de Sanidad luchan, los judiciales de Buenos Aires y los trabajadores vitivinícolas declaran el paro también. 

 Ahora la tarea es preparar las nuevas asambleas para iniciar un plan de lucha que comience con un paro total el martes próximo y se extienda en todo el país con el apoyo de los trabajadores de la salud pública. Para enfrentar la nueva ola de la pandemia, no empezamos de cero. Hemos recorrido una larga experiencia de lucha. La intransigencia patronal debe ser enfrentada con el método de la huelga por tiempo indefinido como ya ha demostrado la experiencia de los aceiteros. Abramos el debate, compañeros, que al salario obrero lo defiende el obrero y no Belocopitt. 

 Soledad Domínguez 

 26/03/2021

SUTEBA-Matanza debate la suspensión de clases presenciales en pandemia

Teniendo en cuenta los contagios que se han producido a pocos días de la reanudación de clases y la constatación de que los “protocolos” que elaboró el Estado no han garantizado ningún regreso “seguro”, el debate acerca de la presencialidad volvió en Suteba Matanza – en la última asamblea. 

 Los compañeros que tomaron la palabra contaron de primera mano cómo se vive esa presencialidad escolar. Refacciones edilicias que nunca llegaron, “burbujas” imposibles de respetar, docentes y auxiliares insuficientes para la organización escolar, la sobre carga laboral que implica combinar la presencialidad/virtualidad y de qué manera los casos de Covid son ocultados por las autoridades distritales para mostrar una “normalidad” que no es tal. También se explicaron las dificultades que se presentan para dar clases con máscara de acetato y barbijo, y las complicaciones que está trayendo a la voz y la visión. Una compañera relató con lujo de detalles cómo se contagió de coronavirus en una escuela que no tenía ni jabón en los baños y denunció que la ART se niega a tomar su caso. 

 De parte de nuestra Tendencia intervenimos señalando que la presencialidad escolar en pandemia, impulsada por el gobierno, es incompatible con la vida y la salud de la docencia y la comunidad educativa. La “segunda ola” de coronavirus está azotando a toda América Latina. Ha obligado a Paraguay y Uruguay a la suspensión de clases presenciales. Denunciamos el apoyo de la CTERA a la presencialidad. Explicamos que no se trata de las condiciones en “cada escuela” sino de la mayor circulación del virus que producen mantener las escuelas abiertas y el uso del transporte público. Con esta caracterización propusimos que la asamblea se pronuncie por la suspensión de clases presenciales e inicie una campaña distrital y provincial -junto al resto de las seccionales multicolores. Nuestra moción fue la siguiente: “No a la presencialidad en pandemia. Ante el avance de los contagios y los fallecimientos, la llegada de la ´segunda ola´ y que no existe ninguna condición para llevarla a cabo, nos pronunciamos por la suspensión de clases presenciales en pandemia, en defensa de nuestras vidas y la salud del conjunto de la comunidad educativa”. 

 Las agrupaciones del FIT-U se opusieron a esta orientación. La Marrón (PTS) justificó su rechazo señalando que hoy “las familias cuentan con la escuela para dejar a sus niños y poder trabajar” (Izquierda Diario, 23/3). Justifica la presencialidad en la necesidad de una escuela “guardería”. La Unión Industrial Argentina y todos los partidos patronales se pronuncian en los mismos términos, en el caso de ellos para ahorrarse el pago de licencias para el cuidado de los hijos. Docentes en Marcha (IS), que el año pasado sostuvo la consigna “En pandemia, no volvemos”, modificó su posición (“Las escuelas se abren con recursos”). Adoptó un argumento similar - no podemos “oponernos a la presencialidad” porque otros trabajadores ya han vuelto a sus lugares de trabajo. IS expone la presencialidad por descarte – no es buena, quizás hasta podría ser criminal, pero hay que resignarse al orden establecido. En el oficialismo del PO (Tribuna Docente), el compañero que intervino dijo insólitamente que nos encontrábamos en un “falso debate” porque “acá nadie apoya la presencialidad”, para enseguida mocionar a favor de ella. Es lo que ha venido defendiendo el aparato del PO desde el inicio por los canales de TV, reivindicando a una “corriente internacional de la presencialidad”. No solamente sí apoyan la presencialidad sino que a falta de espacios escolares han pedido “que se abran los clubes.” Los partidarios de la presencialidad no se han amilanado ni ante la crisis creciente que está sufriendo la vacunación. 

 La votación, al finalizar la asamblea, volvió a clarificar las posiciones en pugna. La moción defendida por las agrupaciones del FIT-U: “Rechazamos la imposición por parte del gobierno de un regreso a clases presenciales sin condiciones”, obtuvo 84 votos. Quienes hablaron en defensa de la presencialidad mocionaron por el rechazo para confirmarla. Por eso no propusieron nada concreto para hacer efectivo ese rechazo que no es tal. La moción que defendimos desde la Tendencia de Tribuna Docente, junto a otras agrupaciones multicolores y un sector de activistas independientes, que se posicionaba por la suspensión de clases presenciales, obtuvo el voto de 25 docentes. 

 Con un aumento creciente de contagios y la “segunda ola” que empieza a asomarse en nuestro país, la defensa de la presencialidad acerca a Argentina a la catástrofe brasileña. Nos comprometemos a impulsar la organización de comités de compañeros que apoyan la necesidad de una campaña contra la presencialidad.

 Mariano Hermida

26/03/2021

Sin IFE y sin trabajo

 Acerca de los datos del INDEC sobre la desocupación. 

 Los datos del Indec del cuarto trimestre de 2020 vienen a reflejar lo que ya era una realidad conocida: "La desocupación subió del 8,9% al 11% y hay más de 5 millones de personas con problemas de empleo. Los desocupados suman más de 2.200.000 y 3 millones los subocupados", pese a la prohibición de despidos y a la doble indemnización. 

 "El empleo se redujo del 43 al 40,1% de la población total, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Con estos números, y proyectado a todo el país, en el IV Trimestre del año pasado había 2.230.000 desocupados, 340.000 más que en igual periodo de 2019 y 1,1 millón de ocupados menos" (Clarín, 25/3).

 Al número de desocupados (técnicamente, aquellos que no tienen trabajo y salen a buscarlo) hay que sumarle a aquellos que no tienen trabajo y por alguna razón u otra han dejado de buscar y para el INDEC no son desocupados sino población no activa. "El INDEC destaca que la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, en el cuarto trimestre fue del 45%: son 2,2 puntos porcentuales por debajo del 47,2 de igual trimestre de 2019. Son 810.000 de personas activas menos" (ídem). 

 Un dato que no refleja el INDEC es que un sector de los asalariados que está licenciado por su condición de riesgo frente al Covid, está siendo reemplazado en la industria y el comercio por trabajadores eventuales. Segun Funes de Rioja, Presidente de la COPAL, se trata de un 15% de la plantilla laboral. Esto significa que el derrumbe del índice de empleo es todavía mayor de lo que refleja el INDEC, porque en el momento que esos trabajadores puedan retomar tareas, los cientos de miles de eventuales volverán a engrosar el número de desocupados. 

 "De los números oficiales se desprende que, proyectado a todo el país, de 19,3 millones de ocupados que había un año atrás, en el segundo trimestre se redujo a 15,2 millones y ahora suman 18,2 millones: en total 1,1 millones menos que un año atrás." Este crecimiento exponencial de la cantidad de desocupados no se da en medio de cuarentenas preventivas, si no en el marco de la reapertura general impulsada por el gobierno, con casi el total de la actividad liberada. Es decir que no se trata de un incremento circunstancial como el del segundo trimestre de 2020.

 "El Informe del INDEC destaca que “en cuanto a la intensidad de la ocupación, se observó que en este trimestre continuó el aumento de las personas sub ocupadas –aquellas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más horas–. Su participación en el total de los ocupados pasó de 15,2% en el tercer trimestre a 17% en el cuarto, y se ubicó por encima del 14,3% registrado en igual trimestre del año anterior” (ID) La tasa de sub ocupación refleja que la mayoría de los nuevos trabajos disponibles no alcanzan la canasta familiar -120 mil pesos- , de la que los salarios de casi todos los convenios han quedado lejos.

 "En total la subocupación es del 15,1% lo que equivale a 3.085.000 personas que sumados a los 2.230.000 desocupados, totaliza 5.315.000 personas con problemas de empleo. Eso sin considerar a los 810.000 que aún siguen sin empleo y por las restricciones de la cuarentena no buscaron empleo y figuran como inactivos". Hay que sumar también el casi millón de desocupados que perciben los Planes Argentina Trabaja, que desde el punto de vista de la estadística del gobierno se contabilizan como ocupados. 

 Es en este contexto de más de 6 millones de personas con problema de empleo que el gobierno ha recortado a cero el presupuesto para la asistencia a los afectados por la pandemia. La intervención del gobierno frente a este escenario se reduce a reforzar la cooptación de las organizaciones de desocupados, intentando su integración al Consejo del Salario así como la ficción de “trabajar contra la inflación”, un “control” estéril y que sólo sirve de coartada contra los aumentos de salarios.

 Nuestra política 

Mientras los capitalistas usan el creciente ejército de desempleados para presionar a los obreros organizados a la reducción de salarios, la burocracia de los sindicatos no lucha contra la desocupación; los consideran como objetos de la caridad del Estado y no como trabajadores. Un programa integral de la clase obrera debe partir del reclamo del derecho al trabajo para los desocupados y reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el salario. Por un subsidio al parado equivalente al 82% de la canasta familiar, al igual que la jubilación mínima. 

 Pablo Busch 

 27/03/2021

La Plaza, Cristina y el 24 de Marzo // Editorial de Eduardo Salas - Prensa Obrera

Hospital Larcade en lucha // 30 de Marzo movilización al municipio

La cumbre del Mercosur y la (des)integración regional

A 30 años de la firma del Tratado de Asunción. 

 La cumbre virtual del Mercosur que se realizará al cumplirse 30 años de la formación del bloque, el 26 de marzo, graficará el dislocamiento comercial de la región y el completo declive que atraviesa la asociación de los cuatro países que lo componen, cuyo comercio intrarregional está un 35% debajo del pico histórico de 2011. Las presiones por una flexibilización para permitir la firma de tratados bilaterales de libre comercio y por reducir los aranceles externos ilustran, más que rivalidades nacionales y diferencias ideológicas entre los gobiernos, las consecuencias sociales de la inserción colonial en el mercado mundial.

 El brasileño Jair Bolsonaro, el uruguayo Luis Lacalle Pou y el paraguayo Mario Abdo Benítez llegan a este cónclave habiendo concertado una posición común por la flexibilización de las cláusulas del Mercosur que obligan a los países a negociar en conjunto todos los acuerdos de libre comercio con otras naciones o bloques comerciales. Hay una serie de tratativas con Canadá, India, Singapur o la Alianza del Pacífico, entre otras, que se encuentran trabadas, pero ello solo en parte se debe a las reticencias de Argentina, como revela que tras el aval de Alberto Fernández continúa empantanada la firma del acuerdo con la Unión Europea por los reparos que pone el capital agrario del viejo continente y los industriales sudamericanos -sectores que se verían perjudicados por una liberalización comercial y reducciones arancelarias. 

 Resulta que la esencia del Mercosur es un listado de aranceles comunes fijados sobre las importaciones exteriores, que llegan hasta alícuotas del 35% como en el caso de la industria automotriz. El planteo de eliminar o reducir significativamente estas barreras arancelarias, defendido abiertamente por Bolsonaro, es visto como un tiro de gracia para importantes sectores de la industria regional que aseguran que no pueden competir con la producción de otras latitudes. Hacia el encuentro del 26 fue publicado un comunicado conjunto de las representaciones patronales de los cuatro países (Unión Industrial Argentina, Confederación Nacional de Industria -Brasil-, Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay) en el que se oponen a cualquier modificación inconsulta del Arancel Externo Común y el Régimen de Origen del Mercosur.

 Los reclamos empresarios denotan una marcada primarización productiva de la región, volcada a la exportación de commodities: «nuestros países no aumentan su participación en la producción y exportaciones de manufacturas mundiales». El retiro de Ford de Brasil puso en primera plana esta tendencia. La propuesta patronal es sin embargo parasitaria, ya que además de sostener estos aranceles proteccionistas exigen que los gobiernos concreten ajustes fiscales para «ordenar la macroeconomía» y ganar competitividad a fuerza de nuevas reformas laborales contra las conquistas obreras.

 Esto plantea un conflicto de intereses con los pulpos sojeros y ganaderos que dominan el comercio exterior en los cuatro países, y cuyas exportaciones se pretenden incrementar justamente con la firma de acuerdos de libre comercio. Esto vale aún para el gobierno de Alberto Fernández, que viró de posición respecto de las negociaciones con la Unión Europea, en el marco de toda una política económica orientada a obtener con la venta de soja los dólares necesarios para el repago de la deuda al FMI y el capital financiero. Es esta dinámica colonial lo que disloca el comercio regional, ya que todos los países compiten en la exportación de carnes y cereales a los mismos destinos. Es una muestra de que los problemas no se deben, como dijimos, a rivalidades nacionales, sino incluso a conflictos intercapitalistas dentro y fuera de los propios Estados. 

 Lo dicho se expresa más crudamente aún en los socios menores del Mercosur. A 30 años de la firma del Tratado de Asunción que le dio origen, el balance para Uruguay y Paraguay es lapidario: ambos registran un marcado déficit en la balanza comercial dentro del bloque, y en estas décadas han sufrido una fuerte contracción de su parque industrial (particularmente visible en las alimenticias) en beneficio de artículos producidos en Argentina y Brasil. Algo similar podemos observar respecto de la pendiente integración de Bolivia -en lo que insistirá Alberto Fernández en la cumbre-, ya que desde el acuerdo de «complementación económica» de 1997 lo único que comprensa el crecimiento del déficit es la venta de gas; es decir que en la nación del altiplano los beneficios son acaparados puramente por los pulpos petroleros. 

 No hay mejor muestra de estos 30 años de Mercosur para evidenciar la incapacidad de las burguesías nacionales en avanzar en una integración regional. De hecho, el comercio intrarregional nunca superó el 17% de las exportaciones totales de los países que lo componen, y actualmente representa apenas un 13%. Las devaluaciones sucesivas de monedas refuerzan el dislocamiento. Lo que se incrementó, en efecto, fue la mayor injerencia del imperialismo. Estados Unidos se valió de ese marco para imponer una política de seguridad coordinada por el Departamento de Estado (Ley Antiterrorista inclusive), y China se convirtió en el principal comprador de productos primarios y vendedor de manufacturas e insumos industriales. Los efectos recesivos de las trabas a las importaciones dispuestas por el gobierno argentino -por la sequía de las reservas del Banco Central- son expresión de esta dependencia. La flexibilización del bloque apunta en la misma dirección.

 Otra conclusión importante del proceso de las últimas tres décadas es la debilidad de las burguesías industriales criollas, que carecen de la capacidad de motorizar un desarrollo productivo de las naciones de Sudamérica por su postración al imperialismo y su carácter de socios menores de un régimen de saqueo. La crisis capitalista agudiza la ausencia de inversiones, razón por la cual la competitividad solo busca incrementarse a costa de la flexibilización laboral, la devaluación monetaria y beneficios impositivos. Habla de una clase social parasitaria.

 La única forma de avanzar en una integración regional real es romper con esta inserción colonial en el mercado mundial, lo cual requiere medidas de fondo que solo puede llevar adelante la clase obrera, como el desconocimiento de las deudas externas fraudulentas y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, resortes fundamentales sobre los cuales desarrollar en común a la región. Es la perspectiva de la lucha por una federación socialista de América Latina. La rebelión del pueblo paraguayo y la enorme movilización popular contra el gobierno de Bolsonaro en Brasil (en el marco de una catástrofe sanitaria) muestran el hartazgo de las masas y un camino hacia adelante.

 Iván Hirsch

Alberto Fernández se aleja de un cadáver político

El gobierno de los Fernández se tomó un año y medio para alejarse del “grupo de Lima” – una coalición de gobiernos latinoamericanos cuyo propósito es el derrocamiento del gobierno de Venezuela. En ese lapso de tiempo, Trump fue eyectado de la Casa Blanca y Jeaninne Áñez del Palacio Quemado, y cuando se anuncia el retorno del “correísmo” al gobierno de Ecuador y se oyen voces que reclaman la salida de Bolsonaro del Planalto. No se puede, entonces, atribuir esa partida a ninguna decisión radical. El ´grupo´ en cuestión es un cadáver político; en la elección constitucional en Chile y luego en las presidenciales, la coalición de Piñera figura en la parte de abajo de la tabla de competidores. El “sistema interamericano” se encuentra razonablemente en ruinas – el kirchnerismo se esfuerza en esquivar los cascotazos. 

 Por otro lado, los sectores recalcitrantes, como el que encabeza Luis Almagro, secretario general de la OEA, e Iván Duque, el jefe del gobierno paramilitar de Colombia, se está jugando los últimos cartuchos. Al boicot comercial contra Venezuela han añadido el humanitario – las vacunas llegarán solamente por medio de Juan Guaidó, el presidente fantasma que sobró del gobierno de Trump. Dadas las pésimas condiciones del sistema de salud del “madurismo”, esta extorsión es una sentencia de muerte para centenares de miles de venezolanos. Por otra parte, ha crecido la militarización de la frontera colombo-venezolana como consecuencia de la acción del paramilitarismo, de un lado, y de los remanentes de las Farc, del otro. “Fuentes oficiales del gobierno argentino”, según La Nación, “denostaron al grupo de Lima por la falta de avances”. Indiscutiblemente.

 Los ´avances´ en cuestión siguen siendo una salida intermediada por las potencias imperialistas. Los Fernández siguen atando a Argentina “al grupo de contacto”, piloteado por la Unión Europea. Esto no es menor, porque la llamada salida para Venezuela entraña la privatización sin precedentes de los recursos mineros. Exxon y Chevron han retornado con ofertas, pero también están la francesa Total y la española Repsol; China necesita asegurar, con inversiones propias, su abastecimiento internacional de petróleo. Putin busca inversiones en Venezuela para aumentar el radio de influencia de las petroleras rusas, en particular Rosneft. En este mismo momento se libra una lucha feroz entre Biden y Merkel en torno al gasoducto que atraviesa el Báltico para aprovisionar a Alemania con el fluido de Moscú. De acuerdo a funcionarios argentinos y también del FMI, la posibilidad de extender un acuerdo de repago de la deuda con el Fondo a veinte años, depende de una intervención política de la UE ante el gobierno de Biden. No hay, en todo esto, ni una pizca de la Patria Grande, ni que la consigna mejore en algo la capacidad de negociación con el imperialismo.

 El nacionalismo burgués se ufana de su sentido del tiempo. Como en este caso, toma medidas ´antiimperialistas´ cuando son inocuas, porque se cuida de hacerlo cuando entrañan cambios sociales profundos en las relaciones internacionales.

 Jorge Altamira 

 26/03/2021