martes, 30 de junio de 2015

Milani “desprecia” y amenaza a los que lo criticaron



En el acto de asunción del nuevo jefe del Ejército, Ricardo Cundom, el ex jefe de la fuerza, Teniente General César Milani, manifestó su desprecio por las víctimas y por quienes lo cuestionan por su accionar en la dictadura. Myriam Bregman y Alejandrina Barry repudiaron las declaraciones amenazantes.

El acto se realizó en Regimiento I de Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Estuvo presidido por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el general Cundom, entre otras autoridades del Gobierno y del Ejército. El ex jefe de la Fuerza, general César Milani, con varias causas penales y testigos que confirman que durante la dictadura participó en secuestros y desapariciones de al menos un conscripto, desafió en su discurso a los que lo imputan y defendió su gestión durante estos dos últimos años. "Me propuse hacer de este Ejército un instrumento militar idóneo y eficiente. Hoy puedo decir orgulloso que he tenido el honor de conducir a 60 mil hombres que han mostrado compromiso con el cambio que les había propuesto", dijo Milani, quien además se refirió a los que lo acusan, señalando que "a los que me atacaron mediáticamente con calumnias e injurias, a todos ellos mi desprecio".
Estas declaraciones provocaron la inmediata reacción de referentes de la lucha contra la impunidad. La diputada Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y precandidata a vicepresidenta por la lista del PTS en el Frente de Izquierda, consultada por La Izquierda Diario sobre las declaraciones de Milani aseveró que “es un nuevo ataque a todos los que luchamos contra la impunidad de los crímenes más aberrantes. Cuando repudia a los que lo acusaron está repudiando a Madres de Plaza de Mayo como Marcela, la mamá del soldado Ledo, y a todas aquellas víctimas que lo han señalado como autor de crímenes de lesa humanidad”. Bregman agregó que "el amenazante discurso de Milani, vestido de fajina atacando a las víctimas, es de lo más intimidante que recuerde en años”.
Por su parte, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, querellante en causas de lesa humanidad, miembro del CeProDH y precandidata a diputada provincial por la lista del PTS en el Frente de Izquierda, ratificó los dichos de la diputada y agregó que “hace pocos días estuvimos en La Rioja con Oscar Schaller, presentando su querella. Allí denunciamos que Oscar vio a Milani en un Centro Clandestino de Detención. Como hija de desaparecidos, tomo como una amenaza la palabras de Milani. ¿Qué significa que nos desprecia?”. Asimismo Bregman destacó que “Milani se va dando un mensaje claro sobre que va a utilizar todos los medios a su alcance para pelear por su impunidad. Realmente muy preocupante”.
En el mismo discurso, con cuanto menos cínicas lágrimas, Milani señaló “Cuando asumí en julio de 2013 puse todo mi empeño para recomponer la mística y la esencia de un Ejército que se encontraba degradado”.
Esto, dicho por un militar que forma parte de los que provienen de la dictadura, y como hemos reiterado en muchas oportunidades, un militar denunciado por haber sido parte de la maquinaria genocida, es una confesión sobre el intento de reconciliación con el Ejército asesino, tanto de parte del propio Milani como de parte del gobierno nacional. Milani se tuvo que ir porque era insostenibles las denuncias en su contra y las relaciones con los genocidas en la actualidad.

Asumió Ricardo Luis Cundom

A su turno el flamante jefe del Ejército, general Ricardo Luis Cundom, afirmó "asumo el desafío más importarte de mi vida profesional. Conducir el Ejército. Asumo con la misma pasión de aquel joven que eligió servir a la patria como soldado, la misma decisión con la que partí a Malvinas" y concluyó agradeciendo a la presidenta Cristina Fernández, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, "por haber depositado en mí su confianza".
Sobre la designación del nuevo jefe del Ejército, que egresó del Colegio Militar en 1977, Bregman subrayó “es un hombre del comando en jefe del Ejército, es parte de los 50 generales que vienen de la dictadura. Una expresión clara de que hay continuidad tanto en hombres como en la estructura de las Fuerzas Armadas, a los que hay que agregar otros 3381 que siguen en el Ejército desde la dictadura”.
Para Barry la designación de Cundom no cambia nada en la lucha que vienen dando los organismos de derechos humanos que pelean por cárcel a Milani y todos los genocidas, ya que “seguiremos exigiendo la apertura de los archivos y el juicio y castigo a todos los que fueron parte del genocidio. La renuncia de Milani es un triunfo de los que luchamos porque sea juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Por eso nuestra pelea continúa, hasta lograr que vaya a la cárcel”.

Rosa D´Alesio

Límites al crecimiento en la economía Argentina

Promedia el 2015 y los problemas de la economía local son variados, especialmente los que se derivan de la dependencia al sistema del capitalismo mundial. Argentina produce para el mundo (soja, oro, autos, entre otros) y está sometida a la demanda mundial con unos precios que no se fijan localmente (son comodities), pero al mismo tiempo está subordinada al ingreso de insumos estratégicos para sostener su proceso productivo.
Esa inserción internacional subordinada limita la capacidad de acción en el mercado local, ámbito de expresión del conflicto social entre trabajadores y empresarios y entre estos en la discusión competitiva por ganar posiciones en el mercado. Cada tanto, los registros estadísticos, aún con la falta de credibilidad, devuelven esta realidad estructural del diagnóstico de situación.
Según el INDEC [1] , para el primer trimestre del 2015, entre enero y marzo, el producto interno bruto (PIB) creció el 1,1% con relación al mismo periodo del año anterior. El dato interviene sobre la base de un 2014 de bajo crecimiento económico y especialmente en el sector industrial, algo que se mantiene en este año, aun con el dato difundido sobre el nivel de actividad, muy lejos por cierto de las tasas de crecimiento que supo presentar la economía local. La evolución medida por trimestres en el 2014 fue de 0,8%, 0,8%, 0,4% y 0,5%, por lo que resalta un acumulado anual con el dato del primer trimestre del 2015 de 1,1% que se reduce a 0,5% si se considera el acumulado en los últimos 4 trimestres.
Los datos requieren ser analizados en profundidad, es decir, indagar en su interior para entender esos guarismos promedios. Al medir la oferta de la economía Argentina se considera el referido PIB con el crecimiento del 1,1% y las importaciones de bienes y servicios, los que cayeron -6,1% y de ese modo la oferta se contrajo 0,1%. Recordemos que la oferta está compuesta por lo que se produce localmente más las importaciones. Ese conjunto es lo que se oferta en el mercado local. Para comprar un artefacto del hogar, un electrodoméstico o un auto se requiere importar parte componentes, por lo cual, la oferta suma lo local propiamente producido más las importaciones.
Insistamos entonces que el nivel de actividad interno se incrementa, pero el conjunto de la oferta disminuye por retracción de las importaciones, esenciales a la hora de pensar la recuperación industrial, la que es dependiente de insumos externos. Es una situación que muestra los límites de la macroeconomía del país, dependiente de las divisas externas para sostener un régimen fabril subordinado a la provisión externa. Adicionemos que ya van casi dos años de retracción manufacturera (22 meses), sector clave para explicar el incremento del empleo entre 2002 y 2007 a la salida de la crisis de la convertibilidad.
Uno de los problemas centrales de la economía local, más allá de los datos comentados, es la pérdida de una dinámica de ampliación del empleo, especialmente fabril. El tema es visible en la coyuntura con la pretensión de Techint de postergar la aplicación del acuerdo salarial ante los límites a su producción por retracción de ventas. El acuerdo con el sindicato para reducir jornadas y salarios por suspensiones programadas, pretende ser extendido en la demora de efectivizar los ajustes por convenio, por lo menos hasta octubre. Es una transnacional de origen local que puede marcar tendencia y que afecta el clima social anticipando una conflictividad que no cede más allá de cualquier dato de recuperación de la actividad económica.
Por el lado de la demanda resulta interesante verificar la variación negativa del -1,4% en las exportaciones de bienes y servicios; el crecimiento de la formación bruta de capital del 0,5%; y un consumo público del 8% contra el privado del 0,8%. Recordemos que la Oferta es igual a la Demanda, según explican los manuales y por ende el Producto más las Importaciones (Oferta), son iguales al Consumo, más la Inversión y las Exportaciones (Demanda).
Recapitulando, desde el análisis de la demanda caen las exportaciones, resulta muy leve la mejora de la inversión, y el consumo se sostiene desde el gasto público. Los datos reflejan una merma de ingresos de divisas por el comercio exterior, asociado a la tendencia decreciente de los precios internacionales de los productos de exportación y que alejan de las previsiones fiscales ingresos y excedentes que faciliten políticas sociales y de subsidios favorecidos por una holgura fiscal que tiende a achicarse.
Un dato complejo deviene del análisis del crecimiento de la inversión, que en promedio fue del 0,5% y que se explica especialmente por la expansión de la construcción en un 5,2% y la investigación y desarrollo por el 2,8%, pero una caída del -4,6% en equipo durable de producción. Es sabido, que el futuro crecimiento se calcula principalmente por las inversiones productivas, y ese no parece ser el camino del avance inversor en la actual coyuntura. Parece interesante que se recupere la construcción, por lo que significa en materia de empleo en cantidad de gremios necesarios involucrados para el proceso. Al mismo tiempo se deben reconocer las dificultades en el mercado inmobiliario, que sostiene en simultáneo un exceso de viviendas deshabitadas y un elevado índice de personas y familias demandando techo propio. Es una realidad que puede estallar como burbuja inmobiliaria, una característica contemporánea del capitalismo actual.
Esta evolución de la economía es insatisfactoria en el balance oficial y se expresa en las declaraciones del Ministro de Economía cuando señala las dificultades externas que sufre el país ante la ausencia de divisas provenientes del comercio exterior, que como dijimos se contrae, tanto por exportaciones como por importaciones; más las dificultades para el ingreso de capitales externos por inversión foránea o por préstamos. Claro que también debiéramos discutir cómo se distribuye el escaso crecimiento y con ello precisar si ese debiera ser el sentido de la producción e inserción internacional que requiere la mayoría de la sociedad, especialmente los trabajadores.
El orden capitalista mundial está en crisis y la Argentina es parte subordinada, por lo que mientras no discuta estas consecuencias estructurales, la coyuntura continuará reflejando las penurias de una crisis que se descarga como ajuste sobre los sectores más vulnerables. Quizá, y pensando en este sentido, vale observar como en Grecia se convoca a la población para que en un plebiscito diga si o no al ajuste que intentan poner los acreedores y sectores de la dominación europea o mundial.
La enseñanza que nos deja la consulta democrática en Grecia es importante, pues nuestro pueblo debiera discutir ampliamente si continuar o no en esta inserción subordinada, o si se transita un camino alternativo para una perspectiva de independencia.
Es una perspectiva que no puede desarrollarse en soledad e impone rediscutir sobre la base de las nuevas experiencias de integración regional un camino propio de autonomía de la transnacionalización. Claro que ello impone dificultades y sacrificios, imprescindibles para superar la dependencia y subordinación. Queda clara que se trata de un horizonte de discusión muy alejado de la coyuntura electoral de renovación presidencial en las PASO de agosto o las finales en octubre próximo. En todo caso, es una propuesta a transitar en el debate de la sociedad argentina.

Julio C. Gambina

Nota:

[1] http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/pib_06_15.pdf (consultado el 27/06/15)

"La doctrina de la guerra contrarrevolucionaria francesa prendió primero en Argentina y fue la matriz de la dictadura del '76"

Entrevista a Marie-Monique Robin, periodista y cineasta

La doctrina francesa de la guerra contrarrevolucionaria, que pone el eje en el enemigo interior, la inteligencia y la tortura para las fuerzas armadas, donde primero y con más fuerza prendió en América Latina fue en Argentina, con los primeros asesores en 1957 y es poco conocido que fue la matriz de la dictadura del 76, afirmó la periodista y cineasta gala Marie-Monique Robin.
"La famosa influencia de la doctrina de la seguridad nacional no se hizo efectiva más que a fines de los 60, y desempeñó un rol de consolidación de la enseñanza de los franceses. La doctrina francesa fue la que preparó el terreno para la dictadura monstruosa del general (Jorge Rafael) Videla", escribió en su recién reeditado libro "Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa".
En una entrevista con Télam en Buenos Aires, tras su testimonio en Córdoba en la causa La Perla por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, señaló que este desconocimiento "tal vez también tenga que ver con que en Francia esa doctrina que pone el eje en la tortura como arma (surgida en las guerras de Vietnam y sobre todo de Argelia) fue escondida, porque es como la cara oculta de una tradición de defensa de los derechos humanos".
"Aún hoy, más de 50 años después, sigue el secreto sobre los archivos franceses sobre la guerra de Argelia. A muchos documentos no se puede acceder. Es una cosa increíble. Es mucho más difícil que en Estados Unidos. Esperan que todos se mueran, como ya ocurrió con (el general Paul) Aussaresses (uno de los creadores de esa doctrina) o el ex ministro de Defensa, Pierre Messner", dijo la documentalista.
En el 2003, en Buenos Aires, entrevistó e hizo un documental, del mismo nombre que el libro, en el que hablan los generales Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Benito Bignone, último jefe de la dictadura, y el ya fallecido Albano Harguindeguy, que abrió una brecha en el secreto aún existente sobre esa concepción francesa de la guerra sucia.
El general Díaz Bessone, cuando ya cree que las cámaras se han apagado le dice: "¿Cómo quiere usted obtener informaciones si no tortura? Por otra parte, a propósito de los desaparecidos, digamos que hubo 7.000 (minimiza), ¿qué quería que hiciéramos?¿Usted cree que se puede fusilar 7.000 personas? Si hubiéramos fusilado tres, el Papa nos habría caído encima como lo hizo con Franco ¡El mundo entero nos hubiera caído encima! ¿Qué podíamos hacer?¿Meterlos en la cárcel? Y después de que llegara el gobierno constitucional serían liberados y recomenzarían..."
"La misión francesa (en Argentina) duró hasta el 82. Pero el principal trabajo se hizo antes del golpe del 76. La división territorial en zonas, subzonas y sectores, con gran autonomía, la preparación ideológica, mental", todo eso es fruto de la misma doctrina, agregó Robin.
El mismo Bignone me reconoció, dice, que "'la batalla de Argentina es una copia fiel de la batalla de Argel'. La única diferencia, precisó el ex jefe de la Junta Militar, 'es que ustedes intevinieron en una colonia, mientras que nosotros lo hicimos en nuestro propio país'".
"Por ese documental y el libro -recordó Robin- fui citada muchas veces a declarar en los juicios contra los represores, ejecutores de aquella doctrina de guerra anti subversiva. Soy testigo clave, testigo protegido en muchos juicios" y agrega que también ha respondido varias veces por teleconferencia desde la embajada argentina en París.
La periodista explicó que esa doctrina francesa "tiene que ver no sólo con la cuestión militar, sino también con su concepción de un catolicismo integrista de influencia en las fuerzas armadas de ambos países, pero también con el conservadurismo de la cúpula de la Iglesia Católica argentina.
Como ejemplo, recuerda que "el cardenal Antonio Caggiano participó en 1961 en la inauguración de la primera Conferencia Interamericana de Guerra Contrarrevolucionaria" y cuatro años antes ya había creado en Argentina las vicarías castrenses".
Otras influencias fuertes de la doctrina de guerra anti subversiva francesa, estrechamente vinculada a las experiencias de las fuerzas armadas de su país en las guerras de Indochina (Vietnam) y Argelia, "se dio en Estados Unidos, en la 'Escuela de las Américas', y la transformación de sus concepciones de guerra clásicas", sostuvo Robin, también directora de cine.
Eso extendió la penetración, dijo, en Brasil, Chile, Uruguay, y otros países latinoamericanos cuyos oficiales participaron de los cursos de guerra contrarrevolucionaria de esa escuela norteamericana ubicada en Panamá hasta 1984.
"En Estados Unidos, la transformación de sus concepciones militares está asociada a John Fitzgerald Kennedy, que como senador viajó a Argelia, llevó luego asesores a su país, y con (Robert) McNamara (luego su ministro de Defensa desde 1961 a 1968)", sobre todo tras la revolución cubana, recordó Robin.
La periodista también dijo que la OAS (Organización del Ejército Secreto), que nació en Argelia de sectores militares que rechazaban la independencia de esa colonia, finalmente negociada por el presidente Charles De Gaulle, "no era la corriente más abarcativa de la ultraderecha, sino el propio ejército francés".
Recordó, en ese sentido, el acuerdo del gobierno francés con el presidente argentino Arturo Illia, en 1964, para recibir a 150 familias de militares galos, algunos recibieron tierras en Formosa, que integraron la OAS, y que el gobierno de París "se quería sacar de encima".
Por eso, en su libro menciona que cuando se produjo el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en la iglesia de la Santa Cruz, junto a Madres de Plaza de Mayo, el 8 de diciembre de 1977, una de estas últimas, Rosario Cerruti, logró escapar de la redada preparada por Alfredo Astiz.
Cerruti dijo en varias oportunidades, ante la justicia y el cónsul francés, que le llamó la atención un hombre rengo que rondaba el lugar minutos antes del secuestro y que desapareció cuando la "patota" se fue en sus vehículos.
Una investigación de Robin, y otras fuentes de prensa, mostraron que el "rengo" coincidía con un oficial de la OAS radicado en Argentina: Bertrand de Parseval, quien por supuesto negó todo y en el '99 se fue del país y se instaló en Tailandia.

La Nación al rescate de las autoridades corruptas de la UBA

Respuesta de la UJS-PO, presidencia de la FUBA, a la editorial de La Nación del 24/6

El miércoles 24/6 el diario La Nación publicó una editorial contra la Federación Universitaria de Buenos Aires que contiene más mentiras que palabras (“FUBA: ¿fraude o negocios?”, http://www.lanacion.com.ar/1804388-fuba-fraude-o-negocios ). La labor periodística, que supone la investigación y recopilación de fuentes, es sustituida por la acumulación de acusaciones burdas, copiadas de los panfletos que reparte Nuevo Espacio (ex Franja Morada) en las sedes del CBC. Esta agrupación volvió a estar en estos días en el ojo de los medios de comunicación, puesto que sus jefes -altos funcionarios del rectorado de Barbieri que trabajan para la candidatura de Martín Lousteau- aparecen como protagonistas de numerosos escándalos delictivos a costa de la UBA y del Hospital de Clínicas. La Nación se coloca como vocera del relato de los corruptos, contra un movimiento estudiantil que ha venido denunciando sistemáticamente las trenzas que comprometen el desarrollo de la Universidad y la salud pública.
La campaña sucia de La Nación comienza por afirmar que el Congreso de la FUBA no se sustanció debido a “un clima de violencia”. Como un loco que se contesta a sí mismo, el diario se pregunta si es legítimo que la conducción de una federación universitaria se dirima a través de “escaramuzas”. ¿De qué habla La Nación? Si el editorialista se hubiera tomado el trabajo elemental de revisar las actas del Congreso, o al menos consultar a la presidencia de la FUBA, hubiera descubierto que el mismo no se realizó por la simple falta de quórum. Los bloques que pretendían desplazar a la actual conducción de izquierda -Frente “Por Otro 1918”, integrado por la UJS-Partido Obrero, La Mella, La Corriente, Izquierda Socialista y Cauce- no lograron reunir una mayoría y optaron por vaciar el Congreso. En estas condiciones, la Junta Representativa de la Federación refrendó la continuidad de la actual dirección que preside ocho de los trece centros de estudiantes y acreditó el 45% de los delegados al Congreso. ¿Fueron entonces “escaramuzas” o un mandato contundente que nuestros contrincantes no pudieron superar?
La Nación insiste con falsear la realidad para crear datos que justifiquen sus ataques. La editorial dice que “hace tres años que la FUBA no logra votar su conducción”. Lisa y llana mentira, puesto que las actuales autoridades fueron electas en el Congreso del año 2013. La nota oculta que tanto en 2014 como en 2015 la conducción de la FUBA cumplió con su responsabilidad de convocar a Congreso luego de las elecciones estudiantiles, tal cual fija el estatuto. Si estos congresos no pudieron renovar autoridades se debió exclusivamente a la política de boicot coordinada entre Nuevo Espacio, PRO y La Cámpora, que apunta a paralizar la organización de los estudiantes. La Nación tampoco dice que estas tres agrupaciones cuentan con funcionarios bien pagos en el rectorado “amplio” que conduce Barbieri, que hasta hace muy pocos meses tenía como vice al ex “señor 8” y abogado de Boudou, Darío “SIDE” Richarte.
Sin preocuparse por contrastar afirmaciones con hechos, La Nación “dice que Nuevo Espacio dijo” que tenía 60 delegados sobre un total de 130. Las declaraciones públicas de esta agrupación muestran, sin embargo, tan sólo la mitad. A la inflación de los delegados le sigue la inflación sobre los fondos de la Federación. La Nación vuelve a tomar como fuente a estos corruptos probados para afirmar que la FUBA “maneja 54 millones sin rendir cuentas”. El ladrón cree justificarse argumentando que son todos de su condición. Si los Mitre o sus amigos de Nuevo Espacio creyeran lo que escriben deberían radicar una denuncia en la Justicia. ¿Por qué no lo hacen? Porque la pretensión es bastante menor: con el agua hasta el cuello, los “buenos muchachos” de Lousteau apenas aspiran a enchastrar a la FUBA con un poco de su basura. Pero la corrupción que brota de las oficinas del rectorado es inocultable. La semana pasada el periodista Alejandro Bercovich fue amenazado por una patota de Emiliano Yacobitti -capo de Nuevo Espacio y secretario de Hacienda de la UBA- en la facultad de Económicas. Lousteau reconoció sus vínculos con esta mafia al ser entrevistado por Ámbito Financiero (ver "Lousteau reconoce su amistad con el cuestionado Yacobitti" en http://www.ambito.com/noticia.asp?id=796601 ). ¿Acaso La Nación no leyó esta nota? Hubiera bastado con revisar el propio historial del diario para encontrar la trama delictiva que unía, y sigue uniendo, a sus fuentes inspiradoras de Nuevo Espacio con los ministros K Giorgi y De Vido (La Nación, 08/10/15 http://www.lanacion.com.ar/1733819-funcionarios-de-industria-reparten-subsidios-a-sus-propias-empresas).
Este punto es ilustrativo porque La Nación, con su ataque sin fundamentos a la FUBA, opera objetivamente para desviar la atención de estas denuncias que comprometen por igual a oficialistas y opositores. Es curioso que la editorial mencione “negociaciones” entre Unidos y Organizados y el Frente Por Otro 1918 -por referencia a nuestra exigencia a las agrupaciones K de que dieran quórum al Congreso de la Federación-, pero se olvide de mencionar los negociados entre los funcionarios de Nuevo Espacio y el gobierno, denunciados por el propio diario meses atrás. Al parecer, la visita de Scioli a Barbieri impactó fuertemente en los Mitre, que se suman con esta nota al “pacto de Estado” para conservar el régimen de camarillas que está pudriendo a la Universidad. Las autoridades corruptas de la UBA tienen los huevos en todas las canastas, y pretenden blindar sus intereses tanto sea con la “continuidad” de Scioli como con el “cambio” de Macri y la UCR. Por el lado de la FUBA, cualquier estudiante sabe que lo que hacemos es asumir una responsabilidad abandonada por el Estado, que consiste en brindar becas y materiales de estudio económicos. No deducimos de ello ganancia alguna, como puede verificarse en los balances públicos que presentamos periódicamente, y que nuestros difamadores no tuvieron siquiera la intención de revisar (el balance del último semestre puede encontrarse ingresando a este link https://issuu.com/ujspopaternal/docs/fuba_15_03_28_balance/1?e=0).
La Nación elije para su editorial un cierre grotesco que roza el surrealismo: simula reivindicar los “principios e ideales” de la Reforma del 18, a pesar de que los Mitre apoyaron, en tiempo real, al reaccionario episcopado cordobés. De Uriburu a Videla, La Nación estuvo siempre en el campo de todas las dictaduras militares contra la democracia y el movimiento popular argentino. Hoy como ayer, necesitamos liberar a la Universidad de un régimen decadente y corrompido hasta los tuétanos. Mal que le pese al rectorado, al gobierno y a sus voceros, esta es y seguirá siendo la lucha de la FUBA.

Unión de Juventudes por el Socialismo – Partido Obrero

lunes, 29 de junio de 2015

El 27 de junio de 1975, primer paro general contra un gobierno peronista



El 27 de junio de 1975 más de 100.000 obreros ocuparon la Plaza de Mayo contra el gobierno de Isabel Perón y llevaron a cabo el primer paro general del conjunto de la clase obrera argentina contra un gobierno peronista. Aquel acontecimiento, enmarcado como una respuesta al Rodrigazo, fue el primer capítulo de una acción de masas que quebró al gobierno de la Triple A.

El 4 de junio de 1975 Celestino Rodrigo, ministro de Economía, anuncia un paquete de medidas que trascendería bajo el célebre apodo de “Rodrigazo”. Se termina así con el “Pacto Social” que desde 1973 regía la relación entre los patrones, el Estado y los trabajadores. Se trataba de un ajuste que beneficiaba al capital local y financiero más concentrado, una política de shock para revertir la crisis económica.
Entre las medidas tomadas se encuentra una devaluación del peso con relación al dólar que oscila entre el 80 y el 160% y un aumento sideral de los precios que en algunos casos llega al 180% como en las naftas o el 75% en las tarifas de colectivos. Otra medida que exacerbará el ánimo obrero y predispuso a los sindicatos dirigidos por la burocracia peronista contra el plan fue el anuncio del congelamiento de las paritarias y el establecimiento de los topes salariales.
La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y corrió por cuenta de la base obrera y el activismo. La punta del conflicto fue la IKA Renault de Córdoba donde el 2 de junio los obreros en asamblea deciden contestar a los todavía rumores sobre el plan económico con un abandono de tareas. El ejemplo ganará a las fábricas del interior del país –esencialmente Córdoba y Santa Fe– y del Gran Buenos Aires. Pese a las derrotas previas sufridas por las vanguardias que venían del Cordobazo, del primer clasismo (Sitrac-Sitram), de Luz y Fuerza Córdoba (Agustín Tosco), del SMATA Córdoba (René Salamanca) y de la combativa UOM Villa Constitución (Alberto Piccinini), la clase obrera de Córdoba, Santa Fe y Mendoza jugará un papel de primer orden en los acontecimientos.
Las medidas de lucha se multiplican y se imponen paros por gremios a escala provincial que en algunos casos toman el carácter de paros regionales. El movimiento se va extendiendo a nivel nacional y el enfrentamiento con la burocracia cobra presión. En la zona norte del Gran Buenos Aires –donde se distinguen por su combatividad los obreros de las automotrices y de los Astilleros de Tigre y San Fernando– se inicia en dos oportunidades la marcha hacia la Capital, intentando llegar a las sedes del SMATA y de la UOM para demandar directamente a los dirigentes. En el primer caso, el intento es liderado por los obreros de la Ford y de astilleros Astarsa, en el segundo por los trabajadores de General Motors. Se producen además ocupaciones de fábricas en la misma Astarsa y, en Córdoba. Grandes Motores Diesel.
La burocracia sindical –encabezada por Lorenzo Miguel– se ve obligada a cambiar su actitud y exige a Isabel la homologación de los convenios. Para ello convoca para el 27 de junio a una jornada contra el plan Rodrigo, en apoyo a la presidente y por la rápida homologación. Sin embargo, el empuje de la base transforma la movilización dominguera de la burocracia en un virtual paro general donde más de 100.000 manifestantes desafían la militarización y el Estado de Sitio, copando la Plaza de Mayo reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. “Dame una mano, dame la otra, dame a Rodrigo que lo hago pelota” o “queremos la cabeza de los traidores Isabel, Rodrigo y López Rega”, son algunas de las consignas que se agitan entre los manifestantes. Por primera vez en toda su historia la clase trabajadora levantará demandas políticas enfrentando al gobierno peronista.
A pesar de la extraordinaria movilización, el 28 de junio Isabel anuncia su negativa a homologar los convenios. El ministro de Trabajo, Ricardo Otero, hombre de la UOM, renuncia a su cargo luego de correr alrededor de la mesa de reunión del gabinete al ministro Rodrigo para propinarle una golpiza. La burocracia quedará enfrentada, a su pesar, al gobierno aunque no toma medidas para ahondar la lucha. La actitud de los dirigentes es de prescindencia. Casildo Herrera (Secretario General de la CGT) y Lorenzo Miguel (UOM) se van a Ginebra al Congreso de la OIT, de donde regresarán recién el 1º de julio.
La situación política pega un giro brusco y desde el 27 de junio existirá en el país una huelga general de hecho que supera a la burocracia sindical peronista que no logra contener la movilización ni con el matonaje de sus gangsters integrantes de las bandas fascistas de las Tres A. Desde las comisiones internas y cuerpos de delegados se gestarán las coordinadoras interfabriles, que serán organizadoras de todo este proceso. Se llamaban Coordinadoras de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha y expresan un fenómeno antiburocrático del corazón del movimiento obrero. Las fábricas que las constituyen venían de un proceso de lucha contra el pacto social bajo el gobierno de Perón en donde se va descabezando a las direcciones burocráticas poniendo al frente a delegados combativos. Organizadas por zona, nucleaban a las fabricas y al activismo más combativo de la clase trabajadora. En las coordinadoras de las zonas norte, sur, oeste, del Gran Buenos Aires y de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, participaban 129 fábricas y 11 seccionales sindicales que agrupaban a más de 120.000 trabajadores.
La clave serán las comisiones internas recuperadas, de distintas fábricas que se unen traspasando la frontera de los gremios. Desde allí partirán los piquetes para extender el movimiento y consolidar la nueva organización que se está gestando. Serán las asambleas de fábrica donde actúan las coordinadoras las que marcarán, en gran parte, el ritmo de los acontecimientos. Así tomaba nota la burguesía argentina del fenómeno: “Las fábricas de la Capital y alrededores quedaron en su mayoría paralizadas cuando sus operarios resolvieron detener actividades, algunos permanecieron en los establecimientos, otros se encaminaron a la sede de la CGT (...). En ningún caso quedó constancia de decisiones tomadas por la respectivas conducciones gremiales” (La Opinión, 1º de julio de 1975).
Las coordinadoras representan además una tendencia a la ruptura con el peronismo y por ello las corrientes de izquierda tienen gran peso en su interior. En primer lugar la JTP (Montoneros), el PRT, el Peronismo de Base, el PST y otras corrientes menores como Vanguardia Comunista o Política Obrera. Las coordinadoras constituyeron un verdadero poder fabril a nivel de las empresas y cuestionaban el poder de la burocracia sindical. El peronismo de izquierda y el PRT-ERP desde entonces intentarán limitar el alcance de las coordinadoras negándose a plantear que el objetivo debía ser la caída revolucionaria del gobierno de Isabel Perón mediante la huelga general y las ocupaciones (el PST tampoco planteó esta política).
Más tarde, las Coordinadoras realizarán su primer plenario nacional y votarán realizar una movilización el 3 de julio en la Capital Federal, preludio de la extraordinaria huelga general del 7 y 8 de julio que la burocracia sindical se verá obligada a llevar a cabo terminado con el Plan Rodrigo y obligará a la renuncia de López Rega (estos hechos serán objeto de próximas notas). Pero el 27 de junio, será el primer gran capítulo de esta página gloriosa de los trabajadores argentinos.

Facundo Aguirre
Ruth Werner
Autores de Insurgencia obrera en la Argentina (1969-76), Ediciones IPS, Bs. As., mayo de 2009.

“El Poder Judicial tuvo un doble estándar”

Las investigaciones y dictámenes de Palermo permitieron repensar el rol de los funcionarios judiciales durante la dictadura. En esta entrevista, analiza la responsabilidad civil, incluida la empresarial, y sus dificultades.

Omar Palermo integra la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Académico, profesor de derecho penal de la Universidad Nacional de Cuyo, fue fiscal general en las causas de lesa humanidad que impulsaron la investigación sobre la complicidad del aparato judicial durante la dictadura. Sus investigaciones, y más tarde los dictámenes, permitieron repensar el rol de los agentes del Poder Judicial. Fueron claves para leer cómo lo que ellos alegaban como “inacción” había sido una “obstrucción al acceso de justicia”, cuando no una participación en la complicidad del aparato estatal. Como jurista desde hace tiempo es convocado aquí y en distintos países para hablar, entre otros temas, de la complicidad civil en regímenes de dictadura. Incluida la responsabilidad empresarial. En diálogo con Página/12 aborda los dilemas que atraviesa la justicia en ese campo. Sus avances y retrocesos. Reflexiona sobre la evolución de la doctrina jurídica impulsada desde el Juicio a las Juntas para pensar las imputaciones sobre las Fuerzas Armadas y ahora sobre quienes no formaron parte formal del aparato estatal.
–Usted suele trazar un paralelo entre lo político y lo jurídico para hablar de estas causas. ¿Como piensa esa relación?
–El Poder Judicial, históricamente, ha tenido un doble estándar en la persecución penal según el grado de protección del que han gozado los intereses afectados. En la dictadura, por ejemplo, el sistema de justicia legitimaba la persecución política a través de condenas por la Ley 20.840 mientras que silenció las atrocidades que se cometían, de las que tomó conocimiento mediante denuncias concretas o por los hábeas corpus que presentaban los familiares de las víctimas. Es decir, toda la violencia del sistema penal se concentraba en los perseguidos políticos a la vez que el terror estatal gozaba de absoluta impunidad. Este doble estándar se advierte también hoy cuando el sistema de justicia muestra toda su dureza con los sectores más desaventajados mientras se muestra indulgente con los sectores que gozan de mayor protección. Los juicios de lesa humanidad no son ajenos a esta lógica: prosperan con facilidad entre los sectores que han perdido protección y se advierten mayores trabas donde se intuye que existe todavía protección.
–¿Se refiere a las responsabilidades empresarias y judiciales?
–Me refiero a los casos de responsabilidad judicial y a los de responsabilidad empresarial. Los problemas teóricos que plantean estos casos están vinculados con el problema político: se pretenden encontrar problemas teóricos para buscar soluciones que han sido tomadas políticamente de antemano.
–¿Como si lo político precediera entonces a lo teórico?
–Yo no advierto problemas teóricos distintos a los que puede encontrarse en la investigación de otro tipo de delitos. Se pueden discutir, como en cualquier caso, las formas de imputación. Son problemas de autoría y de participación. Y son problemas que existen en cualquier caso penal en el que intervienen varias personas. Sucede en un robo con armas, por ejemplo. Y con una desaparición forzada. En todo caso, tengo la intuición de que evidentemente hay ciertas resistencias a este tipo de imputaciones.
–¿Cómo hizo la Justicia para avanzar, entonces, con las imputaciones a los responsables judiciales? ¿Ahí algo cambió?
–La clave de la responsabilidad judicial fue pensar la cuestión colectiva y sistemática. Nosotros teníamos al comienzo cuatro o cinco hechos denunciados. Pero la clave fue acumular un gran número de hechos y toda la prueba. La ventaja que tienen los casos de responsabilidad judicial es que las pruebas están en los armarios de los juzgados. Ahí están los expedientes. Las pruebas están a la vista. Es palmaria. Uno ve un homicidio denunciado. Un hábeas corpus denunciado. Una desaparición forzada denunciada y la omisión sistemática de investigar. Los casos gravísimos eran archivados sin producción de prueba, es decir, sin hacer absolutamente nada. Ni el fiscal ni el juez hicieron nada. Una vez, dos veces, cien veces. Con eso está documentada la prueba. Desde el punto de vista probatorio, el de los jueces puede decirse que es un caso sencillo. Pero así y todo costó muchísimo obtener las mayorías para el enjuiciamiento. Y pese a que los casos se han sucedido en todo el país, no ha habido ni un solo pronunciamiento de los sectores interesados.
–Hasta aquí tenemos claro que la doctrina de Claus Roxin permitió pensar responsabilidades en las Fuerzas Armadas. Sobre todo con los que daban las órdenes, los autores de escritorio o mediatos. ¿Qué sucede con esa teoría frente a estas otras responsabilidades?
–Roxin dice que autor es quien domina la ejecución del hecho y partícipe o cómplice es quien interviene en la fase previa. ¿Qué problemas tiene eso? Que quien interviene en el fase previa, en general, tiene menos responsabilidad que quien ejecuta el hecho. De modo que no podía fundamentar la autoría de quienes intervienen en fases previas pero efectivamente dieron las órdenes y planificaron los hechos. Por ello, hubo que buscar algún elemento parecido al “dominio de la ejecución” en la fase previa (una especie de “dominio” pero no “de la ejecución” porque quien ordena estos hechos no domina la ejecución). Ahí nació la idea de Roxin, según la cual, en estos supuestos, “el hombre de atrás” no domina la ejecución del hecho sino que domina el aparato organizado de poder que garantiza esas ejecuciones. La ejecución queda así en manos de sujetos intercambiables que sin embargo ni siquiera se conocen entre sí. Esta teoría está muy bien. El único problema es que el propio Roxin dice que este modelo de imputación no sirve para el ámbito de las empresas. Sirve sólo donde hay una estructura organizada de poder.
–Es decir, sirve para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no para empresarios?
–Para la imputación de los aportes empresariales rigen las reglas comunes. Esto puede traer algunos problemas en la práctica: que se cuente con reglas de imputación para las fuerzas de seguridad como la teoría de Roxin del aparato organizado de poder y otras reglas de atribución de responsabilidad para los autores y cómplices civiles, como sería el caso de los aportes empresarios. Eso puede generar alguna confusión. Puede presentar problemas que no son teóricos, porque ambas teorías pueden convivir, sino problemas de aplicación práctica.
–¿Cuál sería entonces la lógica de la imputación empresarial que evite la confusión pero a la vez los ubique en el lugar adecuado?
–Pienso que entender que quien interviene en la ejecución es autor y el que lo hace en la fase previa es sólo un cómplice, es una idea equivocada. También quien interviene en la fase previa puede ser autor, si su aporte fue decisivo para la comisión del hecho. El jefe de una banda organizada es autor aunque no cometa de mano propia ni uno solo de los hechos cometidos por la banda. Tampoco es relevante que quienes intervienen se conozcan unos a otros o que sepan de sus aportes, sino que es importante que haya un vínculo objetivo entre ellos que para mí está basado en la división de tareas. Esa división de tareas vincula a todos los que intervienen en el hecho. Y además, lo que importa no es el momento del aporte sino la importancia de ese aporte. Por eso los jefes de las Fuerzas Armadas son autores pese a que no se mancharon las manos con la sangre de las víctimas. En este contexto, si una empresa entrega legajos personales de los trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado; ofrece fotos de ellos; señala sus domicilios; les da licencia casualmente el día en que se lleva a cabo el secuestro, estos aportes empresariales tienen un peso tal que están más cerca de ser aportes de autor que de partícipes. En un contexto como el del terrorismo de Estado es muy difícil distanciar los aportes empresariales de los hechos que se cometieron. Quién el día en que se produce un apagón generalizado en la ciudad entrega camionetas con el que se llevan a cabo detenciones masivas está más cerca de ser un cómplice de los secuestros que alguien que presta una simple colaboración socialmente adecuada.

Alejandra Dandan

domingo, 28 de junio de 2015

“Que el pase a retiro de Milani no sea una garantía de impunidad”



Así se expresó en diálogo con ANRed Graciela Ledo, hermana del desaparecido conscripto Alberto Ledo en 1976,

“No creo que hayan sido razones personales, creo que son políticas. Han agotado todos los recursos para intentar cubrirlo”, afirmó Graciela. “Su retiro lo tomamos con una expectativa lógica. No vamos a dejar de pedir que la justicia actúe, sin trabas, citando a todos los responsables a declarar por la desparición de mi hermano. También sabemos que deja un aparato de inteligencia todo armado, ha recibido mucho presupuesto y tecnología para espiar. Hace poco ha nombrado 14 oficiales de inteligencia”.
El jueves pasado, 18 de junio, Milani y el ministro de Defensa Agustín Rossi no se presentaron a la audiencia fijada por el Juzgado de Instrucción 12, donde Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, interpuso un hábeas corpus por su hijo Gustavo, desaparecido en 1977. A pesar de las ausencias, representantes legales del Estado le informaron a Cortiñas y sus asesores legales que no tenían información alguna al respecto. “Ellos siguen con la política de negar todo. Milani dijo que no conocía a mi hermano, que el acta había sido hecha por azar, que no conocía que había civiles en el Batallón de Ingenieros de Construcción. Gran parte de los archivos no sé si están. Hay muchos archivos abiertos que no dicen nada. Lamentablemente han hecho desaparecer muchas pruebas“, sumó Ledo al respecto.
También la semana pasada, el 17 de junio, el colectivo Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, había presentado un recurso legal para ser parte en Tucumán de la causa sobre la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en la que el ahora ex-Jefe del Ejército está involucrado, y un hábeas corpus en diferentes tribunales de Tucumán, Bahía Blanca y Buenos Aires, pidiendo información.
“Su renuncia es una parte, como resultado de la lucha que empezamos al principio solas, con mi madre, y luego con varios organismos de derechos humanos, que hicimos conocer las denuncias que tenía desde el ’79, en otras causas, todas relacionadas con el genocidio”, comenta Graciela Ledo. “Él es uno de los responsables de la desaparición de mi hermano, y de fraguar un acta en la que hasta se lo acusa de ladrón. Ha formado parte del aparato genocida en La Rioja“.
La causa Ledo es una de las principales objeciones a Milani que presentaron diversas organizaciones, cuando se lo designó al frente del Ejército, dos años atrás. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, había pedido una revisión del ascenso, por las situaciones dudosas y comprometidas de Milani durante la última dictadura militar, y el apoyo a grupos carapintadas que intentaron un golpe de Estado durante el gobierno de Alfonsín.
Incluso el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) había tenido sus objeciones, a pesar de que Horacio Verbitsky, el periodista que preside el organismo, había advertido que su ascenso “no invalida la política de derechos humanos de la última década”, en una nota suya de Página 12, en diciembre de 2013. La ONG había interrogado a Milani acerca del contexto en qué se produjeron los hechos que se le atribuyen y sus valoraciones actuales. Verbitsky destacaba que el entonces jefe del Ejército mentía cuando dijo que la represión en La Rioja fue pasiva y de baja intensidad, que era inverosímil que desconociera violaciones a los derechos humanos por su juventud y formación militar, y que Milani desconociera la identidad de quiénes trasladaba de la cárcel al juzgado, como una de sus funciones, entre varias sospechas a sus respuestas.
“Queremos que el pase a retiro no sea una garantía de su impunidad. Si piensa que el pueblo se va olvidar no es así, que pague por lo que ha hecho. Las autoridades que lo han nombrado y le han dado todo este poder, que digan y que respondan por qué pusieron a un genocida en semejante cargo”, sentenció Graciela Ledo.

El genocida Milani no se puede ir así nomás para no complicarles la campaña electoral



Tiene que rendir cuentas.

Alguien tiene que pagar por haber encubierto a un genocida. Hay que ir a fondo con el Caso Ledo.
Nilda Garré y Cristina Kirchner tienen que explicar por qué llevaron un genocida al frente del Ejército.
La Presidenta tiene que explicar porqué le dieron a Milani un alto presupuesto, numerosos agentes y alta tecnología para espiar.
Zanini ya está jugando fuerte en la campaña electoral: “rajemos a Milani, así los progres sólo tienen que tragar el sapo de Scioli”
Lo importante ahora es que la justicia actúe con rapidez y se cumpla el pedido de indagatoria que hizo el fiscal Brito.
No vamos a bajar los brazos hasta saber qué hicieron Milani y sus compinches con el conscripto Alberto Agapito Ledo.
Este gobierno está manchado con la desaparición de Jorge Julio López y
el encubrimiento del secuestro de Alberto Agapito Ledo.
Alguien tendrá que hacerse responsable por haber promovido el ascenso a jefe del Ejército de un genocida como Milani.
Basta de vender falsas imágenes progresistas en el exterior, usando a las embajadas para comprar periodistas y medios.

Noticia de Casapueblos-AEDD

Mientras renunciaba Milani amenazaron a las abogadas del caso Ledo

Así informó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, “Es urgente investigar el accionar de estos grupos en La Rioja”. El ejecutivo ya designó al general Ricardo Luis Cundom como remplazo. Reproducimos comunicado
A las 13 50 hs. del día de hoy, cuando el país tomaba nota de la renuncia del Jefe del Ejercito por “razones personales” sonó el teléfono en la casa de la madre de dos de las abogadas del caso Ledo, las compañeras María Elisa Reinoso y Viviana Sonia Reinoso, y al levantar el tubo se escuchó un saludo y luego una marcha militar hasta el final de la llamada. Similar hecho había ocurrido hace unos meses, a las tres de la mañana de un día en que las abogadas habían viajado a Tucumán a presentar un escrito por el caso en cuestión. Otras veces hemos denunciado que por mandato del General Milani, el abogado defensor (empleado del Ministerio Publico de la Defensa) había pretendido impugnar la matricula de las abogadas, en un claro gesto intimidatorio.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre que ha designado a estas abogadas como sus apoderadas para querellar al General Milani en la causa Ledo, y que sufre las amenazas contra uno de sus integrantes, el compañero Alberto Rodriguez de Bahía Blanca, testigo y denunciante por el crimen de David Cilleruelo por parte de la Triple A, denuncia estas amenazas que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes y reafirma su compromiso con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia que requiere del Juicio y Castigo a Todos los culpables; y cuando decimos todos, decimos Massot y Blaquier, Milani y todos los que perpetraron los crímenes de Estado.

Noticia de Casapueblos-AEDD

Palpalá y otro capítulo en la lucha por el ambiente y salud

Palpalá está ubicada a tan sólo 13 km de la ciudad de Jujuy. Es conocida nacionalmente por haber albergado los Altos Hornos Zapla (primer centro siderúrgico de Argentina, hoy Aceros Zapla) y se la llama “ciudad madre de industrias”, por los parques industriales allí instalados. Además, funciona una estación transformadora de energía eléctrica a menos de 60 metros de zonas habitadas. A lo largo de los años, a la par de la industrialización, ha ido aumentando de manera alarmante la contaminación ambiental y los problemas de salud de ella derivados.
Vecinos de la localidad reclaman desde hace varios años por la contaminación que provocan varias fábricas instaladas en la zona y presentaron al Concejo Deliberante local un proyecto de ordenanza para evitar que esto siga ocurriendo. Todavía luchan para que sea aprobado.
En el Enredando las Mañanas del lunes 22 de junio, nos comunicamos con Jonathan Arena, vecino de Palpalá, para interiorizarnos de la situación.
Al respecto, nos decía: éste es “un problema que viene desde hace años en Palpalá, es casi una constante el problema ambiental. Cada vez que hay un proyecto industrial acá en la provincia de Jujuy, cada vez que vienen industrias a la provincia, todas son derivadas a Palpalá. Nuestra ciudad tiene el nombre de “madre de industrias”. Pero esto, desde que cerró Altos Hornos Zapla, dejó de ser madre de industrias. Aquí nos ponen las empresas más contaminantes, las que rechazan en otros lados, las que no admiten en otras provincias, vienen a terminar aquí, porque es permisivo por parte de nuestros representantes, de nuestros gobernantes, aquí la admiten con los brazos abiertos”.
La situación va empeorando año a año, sumado a la intención de repotenciar la estación transformadora que se encuentra a tan solo unos metros de la zona habitada, como explica Arena, “este año, el año pasado ya, existe la posibilidad de que se radiquen más industrias, entre ellas, un laboratorio de litio, una de tintura industrial. Entre estos quieren repotenciar la estación transformadora de acá de Palpalá. Ese es el problema justamente ahora, que la repotenciación de la estación transformadora traería problemas de salud, porque justamente está a menos de 60 metros de los barrios, de las personas. O sea que, ya en mi barrio existen 15 industrias, la mayoría contaminantes, y el problema creo que va a ser mayor si se llega a repotenciar esa estación transformadora”.
Las problemáticas de salud que lxs vecinxs identifican en la zona “son las alergias que siempre surgen, debido a las emanaciones de gases tóxicos por las empresas. Después hay muchos problemas en el barrio cercano al parque industrial, el tema del cáncer, hasta problemas respiratorios, asma, hay muchas personas que tienen problemas con las defensas bajas. Aquí en Palpalá ciudad, todo el año hay problemas con alergias y problemas respiratorios, a diferencia de otras ciudades donde no se da eso. Es debido a lo que emanan las empresas. Siempre hay una nube aquí en la ciudad”.
A la gravedad de la situación sanitaria, afirma Arena, se suman las complicidades de los medios de comunicación y de lxs profesionales del sector de la salud. “No hay un estudio serio abordando todo el problema, porque es como algo que está oculto, nadie pone el ojo acá, en la problemática. Entonces, no se da a conocer bien la realidad que está padeciendo la ciudad. Pero los que vivimos acá sabemos que los problemas de salud que sufren las personas que viven aquí son debidos a las empresas. Los mismos doctores que a veces les hacen estudios a las personas que viven cerca les dicen que salgan de los barrios, que traten de ir a vivir a otro lado, porque su salud va a empeorar. Pero también la medicina es cómplice porque no da a conocer esto, solamente te lo dice a vos, pero después cuando tiene que dar a conocer o denunciar que hay problemas de salud debido a la contaminación, no lo hacen. Entonces, por el miedo al gobierno, a todos los ministerios, el de salud, el de industria, que se encargan de controlar, no lo hacen, por el temor a perder sus puestos de trabajo. La gente está pendiente de eso, y a veces también el temor de perder el trabajo yo creo que no se anima a denunciar, porque en muchos casos son tapados, la mayoría uno ni se entera, son tapados por este gobierno”.
“Hasta hace poco –continúa el vecino- los vecinos me comentaban que están naciendo chicos a quienes les falta formarse partes del cuerpo, por ejemplo, la parte de la boca, otros que nacen con problemas motrices, falta de formación del cuerpo y también según ellos comentan, los médicos dicen que es por la contaminación. Pero lo dicen como en secreto, les dicen personalmente a los padres, pero después para firmar, decir lo voy a denunciar, o lo voy a hacer público, no lo hacen. Y a la hora que les van a preguntar, ellos no saben nada. Entonces, es un problema de complicidad de la salud con el gobierno, porque yo creo que si se destapa la realidad de acá de Palpalá en cuanto a los problemas de salud, en cuanto al daño que están haciendo al medio ambiente, aquí los culpables van desde el más grande hasta el más chico. Porque hay un silencio otorgado, grande, donde las personas de acá de Palpalá nos sentimos impotentes porque no hay respuesta de nada, no se han pronunciado. Es como un cansancio, uno va a reclamar, a denunciar, y te dan la espalda como diciendo que uno está hablando fuera de lugar”.
La tarde del pasado miércoles 17 de junio, vecinxs se hicieron presentes en el Consejo Deliberante de Palpalá, con el fin de presentar un proyecto de ordenanza que regula las distancias mínimas respecto de los transformadores de energía. Al respecto Jonathan Arena explica: “La ordenanza sería para controlar los campos electromagnéticos. Tenemos la posibilidad de que nos repotencien la estación transformadora y eso conlleva a que la industria tenga más producción, por ende, nos va a perjudicar directamente la producción de la industria, presentamos el proyecto para que se dicten las distancias que tienen que tener esta estación transformadora de la ciudad. Esta estación transformadora es de 132Kw, creo que no está reglamentado a nivel nacional eso, y debido a los problemas ya de contaminación debido a que estamos expuestos a esto, hicimos esta ordenanza con una distancia de 500 mts de las personas y después también, el tendido de cable, de línea, sería de un metro por cada kilowatt. Esta ordenanza está siendo peleada por los vecinos, porque está siendo muy cuestionada por los concejales. La idea es que llegue a un punto en común, que reglamenten esto para que no nos sigan sucediendo cosas, porque debido a esta repotenciación, la contaminación sería mucho más grande. No solamente la industria de acá de Palpalá sino que esto va también a otros lados”.
Para finalizar, reafirma la importancia del pedido: “Yo creo que el tema de la estación transformadora es fundamental, y por eso presentamos este proyecto y estamos tratando de reglamentar esto”.

Red Nacional de Medios Alternativos – rnma.org.ar

Hacinamiento, superpoblación, torturas y muertes: índices históricos en la Provincia de Buenos Aires



Elvira Meza, Alicia Romero, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Omar Cañón y Roberto Cipriano García

La CPM presentó su informe anual 2015 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Los datos analizados corresponden al período 2013-2014 y muestran graves violaciones a los derechos humanos por prácticas policiales y en cárceles, comisarías, centros de menores y neuropsiquiátricos. El informe asegura que los indicadores se dispararon desde el decreto de emergencia en seguridad del año 2014. Las cifras son alarmantes: al menos 548 muertes, 600 % de índices de sobrepoblación en algunas comisarías, aumento de la tasa de encarcelamiento (207 personas cada 100 mil) llegando al récord histórico de casi 35000 detenidos, más de 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos, uso sistemático de la prisión preventiva (60,4 %). Además, se detectó que 90 % de las causas que se tramita el sistema penal son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa. A la vez, tres mujeres leyeron un documento elaborado en el 1º Encuentro de Familiares que sesionó en horas de la mañana, antes de la presentación del Informe, quienes detallaron el castigo extendido a los vínculos más cercanos de los privados de libertad, entre otras denuncias y propuestas. (Fuente: Prensa CPM)
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires presentó hoy su informe anual 2015 ante más de 500 personas en el teatro Coliseo Podestá de La Plata. Acompañado por familiares víctimas de la violencia institucional de todo el país, militantes y organizaciones sociales, se hizo público este informe que analiza el período 2013-2014 y arroja datos alarmantes sobre el estado de vulneración de los derechos humanos en la Provincia producto de la política criminal. Estuvieron presentes, entre otros, la jueza del la SCJBA Hilda Kogan, Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, jueces, fiscales, defensores, legisladores, funcionarios de DDHH.El informe da cuenta de un conjunto de prácticas y condiciones estructurales sobre las que se asienta la política criminal que la CPM ha denominado “el sistema de la crueldad”. Se trata de un de un trabajo pormenorizado realizado desde las áreas del Comité contra la Tortura y Justicia y Seguridad Democráticas, que desde hace más de 10 años han constituido a la CPM en un mecanismo de monitoreo permanente y sistemático en el territorio bonaerense con reconocimiento nacional e internacional.
La publicación refleja la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos como herramientas de gobierno en todo el sistema de encierro bonaerense: cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos. Además, analiza cómo esas prácticas violentas son también desplegadas por las policías en los territorios habitados por los más excluidos de la sociedad. Y hace especial hincapié en la responsabilidad de las autoridades políticas que promueven esas continuidades punitivas, y las agencias judiciales que avalan las detenciones selectivas de las fuerzas mediante la figura de flagrancia.
Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la CPM, estuvo presente en la apertura del acto y expresó que “estos informes son un llamado de atención no sólo a las autoridades sino a toda la sociedad. Porque la democracia tiene una relación directa con la vigencia de los derechos humanos, y si estos se violan, las democracias se debilitan. Por eso hay que revisar las políticas sociales de inclusión y no aumentar la represión. Quien viola los derechos humanos es el Estado”.
Pérez Esquivel compartió la mesa con Hugo Omar Cañón y Roberto Cipriano García. Durante el desarrollo de la exposición del contenido participaron además Alicia Romero y Rodrigo Pomares. Elvira Meza, representante de familiares víctimas de violencia institucional, cerró el acto. Mauricio Tenembaum, Víctor Mendibil, Víctor De Gennaro, Susana Méndez, Elisa Carca, Ana Barletta, Luis Lima –miembros de la CPM- acompañaron la presentación.
El acto se inauguró con un video que describe los rasgos principales del sistema de la crueldad, analiza la evolución de las políticas de seguridad en los últimos quince años en la Provincia y denuncia sus principales consecuencias. Los datos más importantes del Informe 2015 están reflejados en este video que puede verse online.
Perez Esquivel señaló la importancia de “insistir a los funcionarios para que en esta nueva etapa de cambios en el país tengan en cuenta que cada persona es única, que cada persona tiene derecho a una vida digna, a una vida justa. Hay que hablar de los derechos de los pueblos; son seres que necesitan ser respetados en su dignidad”.
Al finalizar el acto, familiares víctimas de la violencia institucional de todo el país que acompañaron la presentación del informe, leyeron un documento en el que expresaron que: “la violencia institucional nos golpea como familias y como sociedad, violando sistemáticamente los derechos humanos”. Y en este sentido, propusieron: “armar y fortalecer redes de acompañamiento para desnaturalizar la violencia.”

Los números del sistema de la crueldad en el Informe 2015

-548 muertes en lugares de encierro de la Provincia: 286 ocurrieron en cárceles entre 2013 y 2014; 18 en comisarías durante el mismo período; 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” según la policía bonaerense entre abril y octubre de 2014; 133 muertes sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
-Récord histórico de casi 35000 personas detenidas en 2014 en la Provincia de Buenos Aires, con una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil. En 2013 había sido de 191,5.
-20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 habeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de la CPM.
-El 90 % de las causas que tramita el sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa.
-Al 1 de abril de 2015 había 1060 camastros y 2178 personas detenidas en comisarías bonaerenses, según el propio Ministerio de Seguridad. En La Matanza el índice de sobrepoblación en comisarías asciende al 523% de su capacidad en promedio, y en Lomas de Zamora al 470%.
-A la misma fecha, sólo el 39,6 % de los detenidos en la Provincia se hallaba condenado; el 45,7 % con prisión preventiva; y el 14,7 % con sentencia no firme. (Estos números hay que sumarlos, son todos presos preventivos e impacta más)
-Más del 50 % de los detenidos cumple condena por delitos contra la propiedad.

DOCUMENTO DE LOS FAMILIARES

“La unión hace la fuerza”
El siguiente texto fue leído por tres mujeres en nombre de unos 150 familiares que sesionaron en la CPM, horas antes de la presentación del Informe en el Teatro Podestá.

En la ciudad de La Plata, hoy nos reunimos en el primer encuentro nacional de víctimas contra la violencia del sistema penal (es decir de las policías, del sistema judicial y de los sistemas penitenciarios). En este espacio compartimos nuestras experiencias comunes ya que a pesar de venir de distintos puntos del país padecemos las mismas violencias:Por parte de las Policías denunciamos:
1) Se tortura.
2) Se mata.
3) Se arman causas.
4) Se hostiga sistemáticamente a los jóvenes.
5) Se amenaza y persigue a los familiares y testigos.
6) En las comisarias se tortura al igual que en la dictadura.
7) Se nos niega información.Por Parte del Poder Judicial:
1) Es el máximo responsable de las violencias que sufren nuestros familiares
2) No se nos brinda información ni “acceso a la justicia”.
3) Se habla con un lenguaje incomprensible.
4) No hay trato igualitario ni respuestas.
5) Se nos discrimina.
6) No maltrata físicamente pero nos desampara y niega justicia.Por parte de Servicio Penitenciario
1) Tortura y mata
2) Niega todos los derechos a los detenidos
3) Niega el derecho a la salud.
4) Niega derecho a la educación
5) Los familiares sufrimos vejaciones y humillaciones cotidianamente.
6) Hay corrupción en todos los niveles.Por eso, sostenemos que la violencia institucional nos golpea como familias y como sociedad, violando sistemáticamente los derechos humanos. Proponemos:
-Armar y fortalecer redes para acompañarnos, desnaturalizar la violencia que sufrimos, contenernos, asesorarnos y capacitarnos.
-Unirmos y organizarnos para denunciar y hacer visible el uso de la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires y del país.
-Visibilizar y difundir en los medios de comunicación.
-Sumar conocimientos y herramientas para movilizarnos y luchar para cambiar el sistema.
-Reclamamos por nuestros derechos, convocamos a la unidad para que se cumpla la ley!
¡La unión hace la fuerza!

Agencia Para La Libertad, periodismo es intervención social

De cómo unas mujeres hicieron un día un libro



Los años setenta en la Argentina eran momentos de notables producciones intelectuales. Nadie dudaba del cuño cosmopolita de Buenos Aires, entre 1960 y 1970. A lo largo y ancho del camino, se encontraban la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) que había incorporado a un público masivo a través de la venta de libros baratos en kioscos callejeros. Otro caso era Sudamericana que consolidaba el “boom” de la literatura Latinoamericana; mientras Emecé publicaba a los escritores nacionales más selectos.
Al mismo tiempo, convivían otros emprendimientos editoriales con un perfil autogestivo por fuera del mercado comercial. Tales como Tiempo Contemporáneo, La Rosa Blindada, Ediciones De la Flor, Insurrexit, Galerna, Rodolfo Alonso, Pasado y Presente; sin olvidar al Centro Editor de América Latina.
Por lo tanto, se podría decir sin caer en presuntas vanidades que editoriales sobraban y mecenas también. En líneas generales, eran grupos e individualidades animadas por las inquietudes por parte del movimiento estudiantil universitario, intelectuales independientes, sindicalistas revolucionarios como también incipientes colectivas feministas. Una estela de membrecías con o sin afiliaciones pero con un alto grado de politización o laxamente encuadrados en los partidos comunista, socialista y trotskista.
A la vez, a ello se sumaba la tradición del arrojo y la vitalidad de las corrientes anarquistas que con sus flujos y reflujos supieron engendrar una prolífica traza cultural de la que aún quedan retazos. A esta invasión de editoriales acompañaba el proceso de modernización del periodismo argentino que se presentó de manera elocuente en el universo de la gráfica, siguiendo las tendencias de los Estados Unidos y de las principales capitales del viejo continente.
Durante la década del 60, se registró el punto más alto en la curva de crecimiento de la industria editorial comercial, sumado a los cambios en las estrategias periodísticas con la aparición de revistas cada vez más competitivas y especializadas y, al mismo tiempo, se incorporaron nuevos productos como fue el lanzamiento de libros.
Ese panorama movilizaba la búsqueda de complicidades, o bien, de convencimientos del lector con una retórica directa y con una capacidad de articular el dictado modernizador con las aceleradas transformaciones de las ideas. De igual forma, asomaba un público ávido, dispuesto a acompañar el proceso de cambiarlo todo y en el menor tiempo posible ya no sólo con palabras sino con hechos. De este modo, materiales culturales de los más variados géneros y estilos retroalimentaron las innovaciones que se produjeron en el interior de la vida cotidiana, la familia nuclear, la pareja monogámica, la escuela y demás instituciones tradicionales y reguladoras de la norma, huella distintiva de la época. Por ejemplo, la expansión de la industria editorial provocó una mayor apertura y actualización de temáticas con nuevos perfiles y con la dimensión contracultural desde el prisma de las rebeliones. De ahí, la presentación de publicaciones de mujeres como también la incorporación masiva de periodistas femeninas en las redacciones de los diarios y revistas de información general. De alguna manera, este fenómeno inaugural rompía con los perfiles y esquemas anteriores a esta década. A esta altura del análisis no es necesario rehacer aquí las apuestas y los proyectos que pulularon y armaron base en el terreno de la lucha política y cultural no sólo en nuestra región sino en las principales urbes de Occidente.

Tomar la palabra

El 4 de agosto de 1972 apareció en las librerías de Buenos Aires Las mujeres dicen basta; a cargo de las feministas Mirta Henault y Regina Rosen. Fue el primer libro publicado por Ediciones Nueva Mujer, bajo la responsabilidad económica de Pedro Sirera, editor de la obra completa del historiador Milcíades Peña. Cuando él se suicidó, su oficina quedó vacía. Su viuda, Regina Rosen, decidió ocuparla y la invitó a Henault que la acompañase. Allí, juntas empezaron a leer la correspondencia que Peña recibía. Llegaban revistas, libros y publicaciones de todas partes del mundo y muchas de ellas reproducían textos de teóricas feministas. Históricamente, el trotskismo internacional, en especial, el estadounidense y el francés, dudaba que su ejercicio intelectual y de lucha fuera concebible si no se ampliaban las fronteras de sus debates. En ese contexto, se pensó la cuestión del compromiso revolucionario combinada con una articulación progresiva de temáticas, lecturas y referentes sea del movimiento feminista como del de las minorías sexuales. Razón por la cual, estas dos mujeres, ligadas también al trotskismo, descubrieron el Arca de Noé al alcance de sus manos. Tanto una como otra tenían afinados sus oídos para escuchar el llamado de sus pares feministas a intervenir en el combate.
Las mujeres dicen basta contiene tres capítulos: el primero “La Mujer y los Cambios Sociales. La Mujer como producto de la historia”, escrito por Mirta Henault; el segundo “El trabajo de la mujer nunca se termina”, de la canadiense Peggy Morton; por último, el tercero “La Mujer”, de la argentina-cubana Isabel Larguía.
Para Henault el libro empezó a rodar y sin más se desligaron de todo compromiso, es decir, no lo presentaron en las librerías ni tampoco lo hicieron circular por las redacciones de los medios gráficos para que fuese reseñado. En realidad, al ser entrevistada ella acota que “las únicas personas que lo difundieron fueron nuestras amigas que trabajaban en el diario La Opinión”. Así fue que frente a este canon feminista hubo una apuesta jugosa por parte de las escritoras que integraban el staff de ese elocuente medio gráfico (la escritora Tununa Mercado y la diseñadora Felisa Pintos), a diferencia del resto de los periódicos y de las revistas literarias que cerraron bien el pico. Sin embargo, la posibilidad de una revolución a la vuelta de la esquina bastó para el arrojo. Por lo que testimonia Henault, no resultó tan peliagudo editar: “Las razones que me llevaron a hacer ese libro, lo diseñé por impulso, de pura lanzada nomás. A mí siempre me gustó escribir. A Sirera, su impresor, no hubo necesidad de persuadirlo, fue Regina Peña, quien le acercó los trabajos y le propuso sacar el libro. Se lo entregamos así como lo habíamos organizado y aceptó gustoso. Así, fue que nosotras nos desentendimos y él se encargó de su distribución”. De esta manera, se publicó Las mujeres dicen basta de forma tan natural como la vida misma. Evidentemente, la ilusión de protagonizar acontecimientos con una alta probabilidad de ser consumados, otorgaba la ilusión de enfrentarse a una serie de oportunidades sin dar nada a cambio.
El diario La Opinión en su artículo “Tres ensayos de interpretación crítica sobre las luchas de la liberación femenina”, del 18 de enero de 1973, tomaba posición con el siguiente comentario: “Ella lleva a cabo una revisión de la realidad de las mujeres a través de los grandes movimientos sociales de la historia: la revolución industrial, la creación de las democracias populares de la Unión Soviética, China y Cuba. De su largo y prolijo análisis surge que, a pesar de los avances obtenidos en estos países, la liberación de las mujeres y el desarrollo total de sus potencialidades es aún una tarea a realizar las mismas. Las mujeres deben luchar por su propia liberación.”

El dúo de dos: Isabel Larguía- John Dumoulin

Entre tanto, Mirta y Regina proseguían con la idea del armado del libro, entonces se comunicaron por carta con Larguía, instalada en Cuba. Conocían a su prima Susana que junto con Victoria Ocampo y María Rosa Oliver habían fundado la “Unión de Mujeres Argentinas”, en 1936. Isabel, una rosarina de pura cepa, emigró en la década del 50 a Francia y luego, tras el triunfo de la revolución caribeña, se trasladó a ese país, de ron y revoltijos, para ponerse al servicio de la causa insurreccional. De inmediato, conoció a John Dumoulin, un norteamericano doctorado en Harvard, que también se radicó allí. Sin demasiadas vueltas, entre ellos venció el amor tanto como la revuelta en la isla. Con el tiempo, la pareja Larguía-Dumoulin, en 1969, publicó en Partisants una versión de su ensayo con el título “Contra el trabajo invisible”. A partir de ese momento aparecieron nuevos trabajos que les permitió más tarde ampliarlo y circuló con otro nombre Hacia una ciencia de la liberación de la mujer, editado en la revista Casa de las Américas. Con esta primera producción del feminismo marxista en América Latina, ambos acuñaron la noción de trabajo invisible. Tal concepto explicaba la invisibilidad de la actividad socioeconómica de las mujeres y su raíz en las labores domésticas como así también su reproducción en la fuerza de trabajo. Ellos sospechaban que esa idea novedosa y significativa que permitía explicar lo que aún era inexplicable, rodaría por el mundo apenas fuese conocida.
El texto de Larguía-Dumoulin por más que circuló con anterioridad, al ser publicado en Las mujeres dicen basta obtuvo una repercusión insospechada y quedó sellada una amistad a la distancia. En simultáneo, Mirta y Regina proseguían sus lecturas con la misma tenacidad que las hormiguitas obreras y de tanto revolver encontraron en la revista estadounidense Leviathan un artículo de Peggy Morton, “El trabajo de la mujer nunca se termina”. Les gustó y mucho, pero como la autora vivía en San Francisco, no hubo oportunidad de consultarle si aceptaba aparecer en un libro compilado por dos argentinas aún no conocidas más allá de las fronteras. Entonces, lo editaron en forma de extracto. Recuerda Henault que “fue Regina quien tradujo a Morton al castellano”. Mientras que en el artículo mencionado más arriba del diario La Opinión consideraba lo siguiente: “La autora estadounidense hace un análisis de la familia en el capitalismo avanzado y señala que es en ella donde, en realidad, se determinan los roles e imponen el autoritarismo patriarcal. El capitalismo genera una explotación de las mujeres como mano de obra asalariada y como ejército industrial de reserva para mantener los bajos salarios. Plantea la organización en sus lugares de trabajo y fuera de ellos”.
Al final de cuentas, Las mujeres dicen basta centró su estudio y discusión sobre cuestiones relacionadas con el mundo de las mujeres en la vida cotidiana y familiar como su inserción en la producción industrial. No cabe duda que ambas recopiladoras lograron articular, como si fuese una pareja indisoluble, la teoría feminista junto con el marxismo. Así, con tal fórmula transitaban en la dirección que las europeas y estadounidenses estaban presentando batalla. Es posible que representase el primer libro de esas características ideológicas no sólo en la Argentina sino también en América Latina, hasta iniciados los años ochenta. Lo cierto fue que apuntaban a un mismo público con un sesgo feminista, intelectual y profesional. No eran precisamente de fácil lectura como podrían resultar en el presente. En ese pasado la teoría feminista se hallaba en paños menores y su divulgación no traspasaba los grupos de lectura o de reflexión dentro de las colectivas feministas. Entre tanto, los textos que inauguraron nuestra senda alrededor de la temática de género, eran pocos y no todos recién salidos del horno. Hablamos de La mujer en la vida nacional de Fryda Schultz de Mantovani (Edición Nueva Visión, 1960); La Mujer en el mundo del trabajo de Elena Gil (Ediciones Libera, 1970). Luego de un tiempo apareció Para la liberación del Segundo Sexo, prologado por Otilia Vainstok (Ediciones de La Flor, noviembre de 1972).
Fueron las primeras obras en trasladar los colosales argumentos que asomaban en los feminismos centrales, por caso la disputa por el aborto legal llevado a cabo por el MLM en Estados Unidos e Inglaterra. En esa dirección, el advenimiento de estos textos, sobre temáticas de mujeres escritos y prologados por mujeres, se presumía sentar una posición relacionada a las polémicas medulares, a la par de las corrientes internacionales. Incluso, impulsó una fugaz intervención pública que, aunque efímera, a la larga se integró más al accionar político que al académico.
Se podría inferir que se pensaron como herramientas ideológicas para aquellas feministas que se proponían enfrentar políticamente a la opresión de las mujeres sin excepción, a la explotación económica, a las guerras y al colonialismo. Hubo notables coincidencias de sus mentoras por más que no se hayan propuesto acordar en un proyecto motivado bajo un mismo espacio y tiempo. Pese al empeño titánico que implicaba cimentar esa gesta inaugural, estas escribas trabajaron por separado. No sabemos si se conocían o si se reconocían entre sí como figuras quijotescas plantadas para un naciente activismo dentro del abanico ideológico de los años setenta en nuestro país. Hasta el momento no hay verdades reveladas. Lo real fue que los medios de comunicación de antaño, si bien difundían y propagaban la inventiva del movimiento feminista no operaban de la misma manera con la aparición de publicaciones locales tales como las que estamos analizando. Todavía no había nacido la crítica literaria como un género tan desarrollado como en la actualidad. Antes, la difusión se hacía de boca en boca, sin el apoyo de revistas y de suplementos especializados que orientaran certeramente a los lectores.
De todos modos, Las mujeres dicen basta no deja de ser una beneficiosa intención a partir del momento en que representó la primer tentativa teórica feminista desde estas lejanas tierras. Se constituyó en un punto de partida que más adelante sostendría el itinerario de la producción feminista a futuro. De ahí que es imprescindible considerar el proceso de modernización de la industria cultural en nuestro país para entretejer sucesos que se presentaban aislados pero que por sus perfiles ameritaban coincidencias. Además, para reflejar el escenario en el cual activaban y se movían nuestras paladinas con un espíritu de afinidad que sellaron a lo largo de su camino tanto político- intelectual como ensayístico.

Mabel Bellucci

Cuestionan a la Argentina por los tormentos en sitios de encierro

La Asociación para la Prevención de la Tortura emitió un escrito, ayer, en el que definió como “alarmantes” las condiciones de detención en Argentina, muchas de ellas denunciadas recientemente en el Informe 2015 “El sistema de la crueldad”, por la Comisión Provincial de la Memoria y, también las investigaciones por la Procuración Penitenciaria de la Nación. El pronunciamiento de la entidad titulado “Argentina debe dar paso histórico en la prevención de la tortura”, cuestiona al país por no haber puesto en marcha el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, a pesar de haberse comprometido internacionalmente, firmado tratados y tener aprobada la ley para hacerlo. “En esta semana marcando el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, instamos a que se convoque a la brevedad una reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, para que Argentina pueda tomar un paso histórico en la prevención de la tortura y otros malos tratos al establecer el Comité Nacional”, dijo Audrey Olivier Muralt, Directora de la Oficina Regional para América latina de la APT. (APL)

PRONUNCIAMIENTO DE LA ATP

A pesar de haber ratificado el tratado internacional sobre la prevención de la tortura y malos tratos en 2004, Argentina sigue en mora con la efectiva implementación del mismo y debe tomar medidas para poner fin a los abusos y violaciones que ocurren en los centros de detención del país.
Al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), Argentina se comprometió a establecer un mecanismo nacional de prevención (MNP), un órgano independiente a cargo de monitorear las condiciones de detención y de emitir recomendaciones a las autoridades para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Un paso importante fue la adopción, en enero de 2013, de la ley, estableciendo un sistema nacional de prevención de la tortura (Ley Nº 26.827), que contempla, de manera particular, la creación de un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, hasta la fecha, las y los expertos que compondrán este Comité aún no han sido seleccionados, ya que el proceso sigue pendiente en el Congreso (Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo).
Mientras tanto las condiciones de detención en Argentina son alarmantes, tal como lo ilustra,por ejemplo, el último informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Si bien la condena histórica de agentes penitenciarios federales por actos de tortura en el Caso Brian Núñez el pasado 16 de junio de 2015 constituye un paso clave en el combate a la impunidad, demuestra también que graves violaciones a los derechos humanos siguen aconteciendo en las cárceles argentinas y que es urgente tomar medidas inmediatas para prevenir futuros abusos; el establecimiento del Comité Nacional es una de esas medidas concretas”.
En esta semana marcando el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, instamos a que se convoque a la brevedad una reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, para que Argentina pueda tomar un paso histórico en la prevención de la tortura y otros malos tratos al establecer el Comité Nacional”, dijo Audrey Olivier Muralt, Directora de la Oficina Regional para América latina de la APT.
“Confiamos en que, una vez seleccionado, el Comité Nacional desempeñará un papel clave en la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de privación de libertad en el país, demostrando una vez más el compromiso de Argentina en prevenir tales abusos ”.

Para mayor información, contactar a Audrey Olivier Muralt, Directora, Oficina para América.

Latina de la APT (aolivier-muralt@apt.ch ; tel. + 507 317 1021/116)

Ciudad de Panamá, 25 de junio

APL

Razones personales



Al ordenar el pase a retiro de Milani por razones personales, CFK cerró una de las carreras militares más audaces de las últimas décadas. Acusado por la desaparición de un conscripto en Tucumán y por secuestros en La Rioja, la causa por enriquecimiento ilícito pone en evidencia su estrecha relación con otros represores, entre ellos uno de los condenados por el asesinato del obispo Angelelli. Su asistente personal participó en el alzamiento de Seineldín e indujo al MTP a atacar La Tablada.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito arroja luz sobre algunas relaciones del general César Gerardo del Corazón de Jesús Milani que ratifican las sospechas sobre su actuación durante la dictadura militar. Luego de notificarse de la decisión presidencial, el Ejército emitió un comunicado en el que se afirma que su ex jefe se retira por razones personales. La razón personal de Milani fue que el Poder Ejecutivo perdió la confianza en él. Nunca debería haberla tenido. En el expediente que instruye el juez federal Daniel Rafecas, Milani está obligado a justificar con qué recursos compró en 2010 la imponente casa de O’Higgins 3636, en el barrio La Horqueta de San Isidro. Según su declaración jurada pagó un millón y medio de pesos por esa finca de 1150 metros cuadrados, que era menos de la mitad de su valor de mercado en aquel momento. En su descargo, Milani mencionó la venta de un departamento en el barrio porteño de Belgrano. El propietario anterior a quien Milani le compró esa vivienda es un conocido represor, condenado dos veces a prisión perpetua; su propietario actual, a quien presuntamente se la vendió, está aún bajo proceso y con prohibición de salir del país.

Mala Estrella

Milani adquirió el departamento 7 en el piso 6 de Moldes 2372 en junio de 1996. El boleto de compraventa fue firmado por su entonces propietario, Luis Fernando Estrella, y escriturado el 31 de julio de ese año, por 108.000 dólares, de los cuales Milani obtuvo 75.000 con un préstamo del Banco Hipotecario Nacional. En su declaración jurada, Milani dijo que se lo había vendido en 2010 a Eduardo Enrique Barreiro. Un peritaje de la Prefectura Naval detectó una incongruencia: compró la nueva casa en La Horqueta antes de vender el departamento. Milani dijo entonces que Barreiro le había prestado 200.000 dólares, antes de la transacción. Al margen de esta curiosa circunstancia, son llamativas las biografías del vendedor y el comprador del departamento en el que Milani vivió con su esposa y en el que luego continuaron sus hijas María Julieta del Milagro y María Agustina del Rosario, nombres muy congruentes con los suyos.
Luis Fernando Estrella es un comodoro de la Fuerza Aérea que en 1975 exigió armas en mano el derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón y luego tuvo activa participación en los grupos de tareas de la dictadura militar. Militante de la Falange de Fe, organización del nacionalismo católico más extremo, en la Navidad de 1975 fue jefe de Estado Mayor del alzamiento del brigadier Jesús Capellini. Ambos sublevaron la base de Morón, detuvieron al comandante general, Héctor Fautario, y emitieron desde su Alcázar una proclama y varios comunicados de la denominada Fuerza Aérea en Operaciones. También se les sumaron dos retirados, discípulos del filósofo integrista Jordán Bruno Genta: el comodoro Agustín de la Vega, quien en 1955 participó en el bombardeo a la Plaza de Mayo, y el brigadier Cayo Antonio Alsina, quien intentó varios golpes entre 1955 y 1975. Igual que en 1955, pintaron en las alas de los aviones “Cristo Vence” y colgaron rosarios sobre el cuello de sus uniformes. Durante cuatro días realizaron vuelos rasantes sobre la Casa de Gobierno y la residencia presidencial de Olivos, que arruinaron los nervios de Isabel, sin que las otras Fuerzas Armadas hicieran nada para impedirlo. Los rebeldes usaron la misma frase del provicario castrense Victorio Bonamín sobre la humillación de velar las armas para el festín de los corruptos, invocaron a la Inmaculada Concepción y dijeron “con el Apóstol: he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe”. En realidad también conservaron la carrera. Capellini y Estrella pidieron que el comandante en jefe del Ejército asumiera el gobierno en nombre de las Fuerzas Armadas. El intermediario que los persuadió de que aguardaran unos meses sin tanta impaciencia fue el vicario castrense Adolfo Tortolo. También visitaron a Capellini en la base sublevada el ex dictador Juan Onganía, que había sido su compañero en los cursillos de cristiandad, los obispos Antonio Plaza y Manuel Menéndez y el general Rodolfo Clodomiro Mugica. Allí se acordó que asumiría la comandancia de la Aeronáutica el brigadier general Ramón Agosti quien, junto con los jefes del Ejército y la Armada, removerían a la presidente a breve plazo y en forma más ordenada. Sólo pasaron tres meses.

Recuerdos de provincia

Después del golpe del 24 de marzo de 1976, Estrella fue designado segundo jefe de la base de la Fuerza Aérea en Chamical, mientras Milani revistaba en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 del Ejército, con asiento en la ciudad de La Rioja. Esas dos unidades fueron el eje de la represión en la provincia.
Estrella volvió a la notoriedad en enero de 1988, durante el alzamiento del teniente coronel Aldo Rico en Monte Caseros, cuando con otros camaradas trató de sublevar la Brigada Aérea de Morón y condujo la toma del Aeropuerto Newbery de la Capital, para impedir que el jefe de Estado Mayor, Brigadier Ernesto Crespo, pudiera cumplir las órdenes de reprimir a Rico. Cuando las fuerzas que se mantuvieron leales al gobierno legítimo del presidente Raúl Alfonsín impidieron la toma de la Brigada, Estrella se escapó en bicicleta, luego de prometer bajo palabra de honor que sólo iba al baño. Uno de los oficiales y agentes de Inteligencia que ocuparon el Aeropuerto de la Capital, el vicecomodoro Angel Camilo Lavella, comunicó al jefe de la Agrupación de Gendarmería que le intimó rendición, que respondía a órdenes impartidas por el nuevo Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, comodoro Estrella, y que Seineldín era el nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército. No hay indicios de que esto haya sido otra cosa que un ardid para sumar voluntades al golpe, que fracasó. En el allanamiento al domicilio de uno de los detenidos en el Aeropuerto, el ex cabo de la Policía Federal Juan José Arvisa (a) Chocolate, se secuestraron panfletos que instaban a un nuevo golpe militar ilustrados con una foto de Estrella, abrazado con el ex jefe de la policía de Buenos Aires, Ramón Camps. Estrella fue condenado a 12 años de prisión por la justicia militar, fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de la Capital. Durante el juicio en la Cámara Federal, Estrella gritó: “Estoy dispuesto a morir degradado y en reclusión. La Patria lo merece, y mucho más”. También suplicó a la Virgen de Loreto que aceptara el título de brigadiera y dijo que su indisciplina había salvado a la Patria de la guerra civil. Cuando le leyeron la acusación por atentar contra el orden constitucional, uno de los subordinados de Estrella, el vicecomodoro Juan Carlos Puy, sostuvo que el único orden es el querido por Dios. Que el Justo Juez los ilumine, se despidió de los magistrados. Al formular su alegato, el vicecomodoro Lavella dijo que la autoridad la ejerce quien tiene derecho a mandar y no es elegida por ninguna mayoría popular. Agregó que las constituciones son mutables, en cambio la Nación es permanente. Las Fuerzas Armadas son aún previas, porque antes de cada Patria se empinó un guerrero. Como constituyen la Nación en armas, es subversivo llamarlas hijas de la Constitución (como hizo Alfonsín). Somos soldados de la Patria, no militares de la partidocracia, agregó. “Qué bien estuvo. Daba ganas de sacar una bandera y ponerse a gritar Viva la Patria”, suspiró en el pasillo uno de los hijos de Estrella. En octubre de 1989, por el decreto 1004, el presidente Carlos Menem indultó a Estrella y los demás condenados con él. Pero en 2006, volvió a ser procesado por la privación ilegítima de la libertad y tormentos seguidos de muerte de los sacerdotes Juan de Dios Murias y Gabriel Longeville, en La Rioja. En 2011 el juez Daniel Herrera Piedrabuena volvió a procesarlo por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Los respectivos juicios orales se realizaron en 2013 y en 2014 y en ambos Estrella fue condenado a prisión perpetua. También fue acusado como organizador de una asociación ilícita para encubrir lo ocurrido. Estrella escuchó la última sentencia con un rosario en la mano. Todos esos crímenes fueron cometidos en 1976, cuando Estrella y Milani coincidieron en La Rioja.

Curioso escribano

Las informaciones publicadas sobre la presunta venta del departamento de Milani a Eduardo Enrique Barreiro lo mencionan como escribano o agente inmobiliario. Al margen de cuál sea su actividad actual, lo más relevante es el carácter militar de Barreiro, quien en 1982 fue hecho prisionero por los ingleses en la Bahía Ajax de las islas Malvinas. Oficial del arma de comunicaciones, Barreiro tiene la misma edad que Milani, aunque egresó como subteniente en la promoción siguiente a la del ex jefe de Estado Mayor. Pasó a retiro con el grado de capitán en 1992. El 6 de septiembre de 1977 participó en un operativo de “control e identificación de población” en La Plata. Según la información del Ejército, cuando el personal de la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell trató de ingresar en una casa de la calle 148, entre 27 y 28, del barrio Unión Villa España de Berazategui, los habitantes se resistieron y dos de ellos fueron abatidos. También murió un conscripto. En la casa había tres chicos. Al revisar documentación de la época, el ministerio de Defensa encontró en 2011 las actuaciones administrativas que se labraron para determinar si el conscripto había muerto en acto de servicio y las de un Consejo de Guerra para averiguar qué había pasado con los chicos. A partir de esos documentos, remitidos a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal general de La Plata Marcelo Molina inició una investigación preliminar para establecer la identidad de la pareja muerta, el destino que habían corrido los niños y si los hechos eran imprescriptibles. En junio de 2011 y en noviembre de 2013, los fiscales Molina y Gerardo Fernández imputaron por homicidio a Barreiro y a otros militares que intervinieron. En octubre del año pasado el juez civil y contencioso administrativo Alberto Osvaldo Recondo, subrogante en el Juzgado Federal N3 de La Plata, ordenó la captura de ocho de ellos. Siete fueron detenidos pero uno se fugó: el amigo Barreiro, quien fue declarado en rebeldía. Todos fueron acusados por dos homicidios, la privación ilegal de la libertad y los tormentos a la mayor de las niñas y la sustracción, retención y ocultamiento de dos chicos de menos de diez años. Los niños eran hijos de María Nicasia Rodríguez, quien los encerró en el baño cuando comenzaron los golpes en la puerta. Después de matar a la mujer y a un hombre que estaba con ellos en la casa, los asaltantes sacaron a los chicos “desnudos, con ropa de cama, descalzos y esposados”, según el requerimiento de instrucción de los fiscales. Los más chiquitos fueron llevados la Brigada de Mujeres de Berazategui y al cabo de una semana un juez de menores los reintegró a su familia, cosa que no consta en el expediente castrense. La chica más grande, que tenía doce años, fue secuestrada y durante tres meses interrogada y torturada en el Regimiento de La Tablada y los centros clandestinos de detención El Vesubio y Sheraton, para que individualizara a personas por la calle. En esos lugares vio a varias personas de cuya suerte nada más se supo hasta hoy. Los restos de la madre fueron identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que los halló en una tumba NN del Cementerio de La Plata. La fiscalía y el EAAF también lograron identificar al hombre muerto en aquella ocasión y al que los chicos sólo conocían como Silver: era Arturo Alejandrino Jaimez. Barreiro se entregó en noviembre de 2014 y el juez Recondo le dictó la falta de mérito, es decir el estado procesal en el que no hay pruebas suficientes para procesar pero es prematuro el sobreseimiento, a la espera de nuevos avances en la investigación. La decisión fue apelada por la fiscalía.

Cara de piedra

Otra relación particular es la de Milani con el coronel Marcelo Oscar Granitto, quien era su asistente personal. El año pasado lo incluyó en la lista de ascensos a general de brigada. Ante una consulta del ministerio de Defensa acerca de las propuestas, el CELS opinó que debía negársele ese ascenso, dados los graves antecedentes que afectaban su idoneidad para esa jerarquía. La comunicación enviada en diciembre de 2014 recuerda que en diciembre de 1988 Granitto se unió al alzamiento del coronel Seineldín en Villa Martelli, para lo cual abandonó durante cuatro días sin previo aviso su destino en Comodoro Rivadavia. A raíz de ello se le impuso una sanción de 30 días de arresto, que luego se redujo a 20. En su descargo, dijo que seguía órdenes de Seineldín, cuyo alzamiento había reivindicado al Ejército. Al mes siguiente, le contó a su primo hermano Martín Gabriel Botana, egresado de la promoción 33 del Liceo Militar San Martín, que Seineldín, el candidato presidencial Carlos Menem y el dirigente sindical Lorenzo Miguel planeaban sustituir al presidente Alfonsín por el vice, Víctor Martínez, o por un gobierno provisional, sin suspender las elecciones presidenciales ya convocadas para mediados de año. Le explicó que no aceptaban más críticas por lo que llamó lucha antisubversiva y que exigían hipótesis de conflicto definidas, “sin descartar el combate con la guerrilla marxista” y eventuales enfrentamientos con Brasil y Chile. Según Granitto, había que eliminar la infiltración a toda costa. Mencionó como ejemplo a los periodistas Carlos Campolongo y Mónica Gutiérrez, a los dirigentes de la Coordinadora radical, el peronismo renovador y los marxistas, confesos o no, y dijo que iban a ser eliminados todos los que fueran necesarios. Agregó que mantendrían la Cámara de Senadores pero disolverían la de Diputados y los gremios no adeptos y que harían un cuadro con un representante de cada organización intermedia para controlar al gobierno: un representante de cada profesión, oficio o grupo trabajador, hasta el triunfo de Menem. Botana estaba en contacto con el abogado Jorge Baños, integrante del grupo político MTP, quien lo hizo público en una conferencia de prensa. Pese a la desmentida de Menem y Miguel, la denuncia fue ratificada ante la justicia. Una semana más tarde Baños murió en el Regimiento de La Tablada durante su fallido copamiento, que se hizo simulando un nuevo alzamiento carapintada y convocando a la población a movilizarse en apoyo a la democracia. Ante el informe del CELS, el Poder Ejecutivo quitó el pliego de Granitto de la lista de ascensos presentada por Milani. No obstante, el Jefe de Estado Mayor mantuvo a su amigo en actividad, con el grado de coronel mayor. Esta jerarquía cayó en desuso en el siglo XIX, hasta que en 1992 fue recreada por el jefe de Estado Mayor Martín Balza, como una distinción honorífica para aquellos oficiales que a pesar de sus merecimientos no ascendían por falta de vacantes. Según la información oficial del Ejército, “dura solamente el año en que el que la ostenta, es nuevamente considerado y al abrirse nuevas vacantes, pasa a ostentar el grado de general de brigada... o sin seguir existiendo vacantes, pasa a retiro”. Haya engañado a su primo para inducir el acto desesperado del MTP o haya sido parte de un verdadero complot como el descripto, no fue la falta de vacantes sino estos negativos antecedentes la razón por la que el Poder Ejecutivo decidió no ascender a Granitto. Al contrario, con un generalato de 60 miembros, diez por ciento más grande que durante la dictadura, vacantes son lo que sobra en ese nivel.

Horacio Verbitsky