miércoles, 28 de febrero de 2018

La estafa a los jubilados a la luz del día



El nuevo índice reduce los aumentos en los haberes

La expropiación a los jubilados que el gobierno ha puesto en marcha con el cambio del índice utilizado para establecer el aumento que se aplica a los haberes previsionales, ha tardado muy poco en dar la primera muestra. En la sumatoria de los incrementos del mes de marzo y junio de este año, los jubilados van a recibir un poco más de un 11% dividido en dos cuotas (marzo y junio) cuando, con el cálculo que se aplicaba hasta la aprobación de la nueva ley, hubiera correspondido más del 14% directo desde el mes de marzo.
Es decir que no solo supone un porcentaje menor sino que una parte del mismo (la mitad), los jubilados comenzarán a cobrarlo tres meses después que con la anterior forma de actualización.
Pero, además, el porcentaje de aumento es menor a la inflación del período trimestral que se toma como referencia para el cálculo (5,66% contra 6,1%). Esto porque una parte del índice de aumento de las jubilaciones surge del incremento que tuvieron en ese período los salarios –un 4,63%-, lo que también muestra el retraso que sufrieron los ingresos de los trabajadores en el trimestre respecto del alza de los precios.
Esta exacción a los haberes previsionales, que el gobierno mismo estimó en unos $100.000 millones sólo en el 2018, afecta no sólo a los 7 millones de jubilados y pensionados, sino también al 1,5 millón de receptores de Pensiones No Contributivas y de Pensiones Universales para el Adulto Mayor), 4 millones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las más de 5 millones de asignaciones familiares, de acuerdo con estadísticas oficiales, es decir a más de 17 millones de personas, ubicadas en los segmentos más desprotegidos de la población.
Para lograr el apoyo de los opositores a este desfalco, el gobierno incluyó un pago por única vez de $ 375 o $ 750, según los casos y de $ 400 los que perciben la AUH, que serán abonados con los haberes de marzo y que alcanza solo a los que cobran los haberes más bajos.
Esta nueva pérdida en los haberes previsionales se suma a los diez puntos de atraso que tuvieron las jubilaciones en el año 2016 respecto del alza de los precios y a la pérdida del 2017 que no serán compensadas.
La contracara de este saqueo es la reducción establecida para los aportes patronales, lo que agravará todavía más el vaciamiento de la Anses y, además, la nueva ley previsional admite el aumento “voluntario” de la edad jubilatoria a 70 años, para hombres y mujeres, con la presión objetiva que supone la miseria del haber previsional respecto del salario en actividad.
Esta nueva ley fue avalada por prácticamente todo el arco opositor: los gobernadores y diputados del PJ a Alicia Kirchner, pasando por el “socialista” Miguel Lifschitz, que firmaron el acuerdo fiscal que se financia con la plata de los jubilados.
Sigue planteada la pelea por la derogación de la nueva ley y por el 82% móvil del salario del trabajador en actividad, a partir de reponer los aportes patronales y terminar con el trabajo en negro.

Nelson Marinelli

Los docentes de la Ciudad paramos contra el techo salarial y las reformas anti-educativas



A pocos días del nuevo ciclo lectivo, el gobierno de Rodríguez Larreta ofreció menos que la pauta miserable de Macri: 12% en dos cuotas, sin ´cláusula gatillo´ y con un plus fuera de convenio.
La "oferta" de Ciudad sigue lo acordado para los municipales con la burocracia de Sutecba –un 12 % en dos cuotas–, lo cual consagraría una rebaja salarial, según la inflación prevista para el 2018, que en el mejor de los casos rondaría 22%. Recordemos que el salario docente viene de perder dos años consecutivos: en el 2016, cuando otorgaron 25% más sumas en negro y la inflación fue del 41%; en el 2017, el aumento fue del 21,5%, cuando la inflación alcanzó el 26%. Actualmente, el salario de un maestro de jornada simple –o su equivalente en horas cátedras–está en $13.809 ´conformados´ de bolsillo, pues el básico es de apenas $5.100.

Reforma antieducativa y Estatuto

La propuesta del gobierno se complementaría con un plus de $4.000 por única vez para aquellos docentes que cursen –evaluación mediante– una capacitación anual, por fuera de su labor.
Sería la versión porteña de la ´cláusula de productividad´ o presentismo de Vidal. Constituye un salario por fuera de lo que establece el Estatuto, el cual regula claramente la formación y el impacto en la carrera docente. Esto sería un paso más contra nuestras conquistas consagradas en el Estatuto, una reforma laboral velada en el gremio docente.
No hay que perder de vista que, en la Ciudad de Buenos Aires, está en marcha una reforma educativa en el nivel secundario –Secundaria 2030– que somete a la educación y a la juventud a las demandas del mercado laboral, descalificando sus contenidos y generalizando las pasantías truchas –mano de obra gratuita en las empresas– en el 5to año, entre otros aspectos regresivos. También está en marcha una reforma del nivel superior terciario –proyecto UniCaba–, fuertemente resistida por toda la comunidad educativa, en defensa de la formación docente.

La unidad de la docencia y un plan de lucha para ganar

El intento de imponer este techo salarial ha despertado una gran deliberación en el gremio, como cada comienzo de año. Las asambleas se han multiplicado en las sedes de capacitación de nivel primario y en el resto de las escuelas. Luego de las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional, de las cuales la docencia participó activamente, el planteo de organizar un plan de lucha con continuidad, con paros progresivos, movilizaciones y asambleas, se impone como reclamo a las centrales sindicales, en especial a la Ctera.
En ese marco, el lunes 26 se desarrollaron la asamblea unificada impulsada por Ademys, que llamó a unificar en una sola instancia la deliberación a todos los sindicatos docentes de Ciudad que quieran luchar, y el plenario de delegados de UTE, convocado 48 horas antes a la misma hora y día en una clara maniobra divisionista, que no aceptó dicha propuesta.
Como resultado de los mandatos y el debate, la asamblea impulsada por Ademys finalmente resolvió parar y marchar el 1 de marzo, sumándose a la convocatoria nacional del 5, 6 y 8; movilizar a la inauguración de las sesiones legislativas, junto a los estudiantes y docentes del nivel terciario, en defensa de la formación docente y el retiro del proyecto de Unicaba; y, finalmente, convocar a una nueva asamblea para definir cómo seguir,
La conducción celeste de UTE-Ctera adhiere al paro nacional del 5, 6 y 8, pero no el 1, regalándole a Rodríguez Larreta, una vez más, un "normal" inicio de clases a Larreta. Pero, sobre todo, UTE no tiene perspectiva de convocar a otro plenario para discutir cómo organizar a la docencia para la lucha paritaria y educativa. Sigue el libreto de Ctera, que se limita a pedir la restitución de la paritaria nacional.

Nuestro planteo

Tribuna Docente publicó una carta abierta a toda la docencia, que fue distribuida por miles, estableciendo un programa de reivindicaciones y un método para intervenir en la situación política. Planteamos un congreso de delegados de base de todos los sindicatos para votar un plan de lucha con continuidad y superar el pacto de las direcciones sindicales, que están acordando las reformas anti educativas en curso. En ese sentido, una asamblea de toda la docencia, sin distinción de gremio o afiliación, sería todo un paso adelante.
También hemos realizado la propuesta de cara al 8 M, en un gremio conformado en un 80% por mujeres, de realizar una asamblea de mujeres docentes de toda la Capital, un pañuelazo y actividades en todas las escuelas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Todas resoluciones tomadas por el conjunto de agrupaciones que conforman la oposición Multicolor, e impulsadas en las asambleas docentes.
Con esta perspectiva, llamamos al no inicio activo de 72 horas y a movilizar el 8M en el marco del paro internacional de mujeres; asambleas para decidir la continuidad de las acciones, junto al resto de los trabajadores que están enfrentando el ajuste y los despidos, en la lucha por poner en pie un paro activo nacional contra el techo salarial y las reformas.

Amanda Martín (Tribuna Docente - Secretaria Adjunta de Ademys)

"Los trabajadores necesitan un plan de lucha" // Romina Del Plá en C5N

"Usted se dedica a explotar gente" // Vanina Biasi cruzó a Olmedo

No a la prisión preventiva para Ponce y Arakaki // Conferencia de Prensa

A 44 años del "Navarrazo": el golpe de Perón contra la Córdoba combativa



El 28 de febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Antonio Navarro, depuso al gobernador Obregón Cano y a su vice Atilio López (1), imponiendo de hecho un estado de sitio garantizado por la policía con el auxilio de grupos armados civiles, comandados por la Juventud Sindical Peronista.
Este golpe se justificó bajo la llamada “depuración ideológica” del peronismo. El apellido de su autor le dio trascendencia y entró en la historia nacional como Navarrazo.

Perón en el poder

Con la vuelta de Perón al país se inicia una ofensiva abierta de la derecha peronista contra los sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria. En particular se desatarán una serie de acciones y movimientos de presión destinados a desalojar del poder político a aquellos gobernadores que estaban ligados o simpatizaban con ese sector.
En el marco de esa campaña, el 1º de febrero del ’74 la CGT de Santa Cruz denunciaba “infiltraciones marxistas en el gobierno provincial”. Pocos días después las 62 Organizaciones en Salta resolvían “declarar personas no gratas al gobernador de la provincia (…) por ‘ser cabezas visibles del aparato mentado por el marxismo’” (2). Esta ofensiva se repetiría en San Luis y Mendoza.
En Córdoba, los diarios hablarán constantemente de la posibilidad de una intervención federal. “Córdoba es un foco de infección” había dicho Perón pocas semanas antes del golpe.
A fines del ‘73 los trabajadores del transporte obligan al gobierno a otorgar un aumento salarial. Al mismo tiempo los empleados públicos imponen a la Legislatura la aprobación del Estatuto del empleado público. El gobierno nacional acusa entonces a Córdoba de “romper el Pacto Social” y señala que éste “no puede tener eslabones débiles” (3).
Como se recordará el Pacto Social congelaba los aumentos salariales en pos de intentar poner un freno a la escalada inflacionaria. El mismo acuerdo también ponía límites a los aumentos de precios pero el empresariado transgredía de manera constante ese impedimento.
Ya en febrero de 1974 se desarrollarán una serie de maniobras tendientes de imponer el golpe policial. Así, la provocación patronal correrá a cargo de la FETAP (empresarios del transporte) que, negándose a aceptar el aumento salarial acordado, a partir del 19 de febrero inicia un lock-out patronal abierto. “De los aproximadamente 900 ómnibus que cubren sus recorridos habitualmente unos 350 habían cesado de andar”, informaba el diario La Voz del Interior el 20 de febrero.
En un clima completamente enrarecido el jefe de policía Navarro es acusado públicamente de mantener “reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia”. En estas reuniones con la derecha peronista y las 62 organizaciones se preparaba el golpe del día 28.

El levantamiento

El día 27 de febrero el Gobierno comunica a Navarro su separación de la conducción de la Policía. Pocas horas después las fuerzas policiales se amotinan en el Cabildo. Ese día, en La Voz se podía leer que “la gente no podía pasar hacia la Plaza San Martín. Todas las vías estaban cortadas. Policías con ropa de fajina y cascos de acero, lucían armas largas impidiendo la circulación de peatones”.
Por la noche se toma la Casa de Gobierno, deteniendo a Obregón Cano, López y varios funcionarios más. Esa madrugada se llevarán a cabo ataques con bombas contra La Voz del Interior, la casa del gobernador y su ministro de gobierno, entre otros. Grupos parapoliciales coparán las principales radios de la ciudad para transmitir en apoyo a Navarro. En los dos días siguientes serán detenidos más de 80 personas y se producirán decenas de allanamientos ilegales. El rol golpista de la FETAP será evidente: los colectivos, ausentes durante días en las calles, serán parte de las barricadas montadas por los grupos parapoliciales.
Se combinarán tres elementos para consolidar el golpe: en primer lugar, el accionar de las bandas paramilitares y la Policía. Las mismas actuarán sin encontrar resistencia de parte de las organizaciones combativas de la clase trabajadora o de sectores de masas.
En segundo lugar, la actuación del gobierno nacional, impulsando abiertamente un proyecto de intervención de la provincia en los días posteriores a la asonada. De esta forma Perón legalizaba el golpe de Navarro. A esta decisión del viejo líder se someterán tanto Obregón Cano como Atilio López. Esto volverá a evidenciar la impotencia política de la izquierda peronista.
Finalmente los empresarios y la burocracia de las 62 organizaciones actuarán en común para impedir una respuesta del movimiento obrero. El lock-out patronal se generalizará y las 62 organizaciones convocan a un paro por tiempo indeterminado en “adhesión a la valiente y patriótica actitud tomada por el peronismo de Córdoba en apoyo a su Policía”.
De esta forma, hasta el 5 de marzo, la ciudad se halló virtualmente paralizada. Esto debilitó fuertemente a la clase obrera, al impedirle concentrarse en sus lugares de trabajo para dar una respuesta contundente al levantamiento policial.

Algunas conclusiones y un debate

El golpe fue abiertamente impulsado por Perón y el gobierno nacional. Tal es así que el mismo día se realizaba en Alta Gracia el Congreso “Normalizador” de la CGT, con la presencia de Ricardo Otero, ministro de Trabajo de la Nación. La ciudad se halla ubicada a 35 km de la capital cordobesa.
¿Qué se proponía este golpe? En primer lugar, establecer un mayor control sobre el conjunto del movimiento obrero y en particular derrotar a sus sectores de vanguardia. El movimiento obrero se hallaba escindido en Córdoba entre ortodoxos, legalistas, independientes y clasistas. Los últimos sectores, opositores al Pacto Social, controlaban gremios de peso estratégico: la UTA, Luz y Fuerza y SMATA, entre otros. En el resto del país los gremios más poderosos se hallaban en manos de la rama ortodoxa.
En segundo lugar, se trataba de apropiarse del aparato del Estado para utilizarlo abiertamente contra la clase obrera y los sectores populares que enfrentaban crecientemente el Pacto Social y el conjunto de la política del gobierno de Perón. No era sólo una disputa de poder en el seno del peronismo, como lo presentó en ese momento la UCR o como lo señalan hoy algunos intelectuales (4), sino que se buscaba controlar el Estado para desatar una persecución abierta contra la clase obrera. Esto se continuaría y acentuaría luego bajo las intervenciones federales, en particular la de Raúl Lacabanne.
En tercer lugar, Córdoba tenía un enorme peso dentro de la política nacional, no sólo por su tradición de lucha reciente, sino por albergar a algunos de los dirigentes más importantes del movimiento obrero, como Tosco o Salamanca. La búsqueda de “imponer orden” en la provincia mediterránea tenía entonces una enorme repercusión nacional (5).
Ante esta ofensiva, la respuesta del movimiento obrero combativo aparece completamente impotente. En una entrevista realizada a Tosco pocos días después del golpe, la misma queda de manifiesto.
“Pregunta: ¿Y cómo es que no se ha producido ninguna reacción de tipo masivo?
Tosco: Se están haciendo actos relámpagos, algunas asambleas de fábrica, etc. (…), pero hay una relación de fuerzas básica que está dada por el teniente coronel Navarro y su policía con las armas en la mano. Centenares de fascistas armados y entrenados bajo la conducción de organismos policiales y parapoliciales” (6).
¿Cómo podía ocurrir esto en la ciudad del Cordobazo y el Viborazo, donde la clase obrera junto al movimiento estudiantil y el pueblo había logrado derrotar a las fuerzas policiales en las calles?
La falta de una respuesta masiva no puede explicarse por fuera de dos factores sociales de peso. Por un lado, la relativa confianza que todavía suscitaba Perón en las grandes masas. Fue por ello que los golpistas enarbolaron la bandera del “auténtico peronismo”. Esto les garantizaba, sino el apoyo, por lo menos la pasividad de sectores amplios del movimiento obrero frente al golpe.
Por el otro, por las enormes limitaciones de la izquierda peronista para lidiar con este proceso. La experiencia de sectores más amplios de las masas con el peronismo en el poder era frenada a cada paso por Montoneros y la JTP. Estas corrientes se negaban a enfrentar y denunciar el Pacto Social como una política anti-obrera. Al mismo tiempo, en su discurso político buscaban preservar al mismo Perón de toda crítica, centrando sus dardos en el "entorno de derecha". Esto era funcional a una política de presión sobre el viejo caudillo que, como ha demostrado la historia, se evidenció impotente.
A esta política terminarían cediendo los dirigentes del sector combativo del movimiento obrero. Pocas semanas antes del golpe, el Movimiento Sindical Combativo -integrado centralmente por Luz y Fuerza y SMATA- difundía un comunicado donde criticaba las modificaciones de la Ley de Asociaciones Profesionales y la reforma al Código Penal. Pero “no se colocaba en una línea de oposición total al presidente Perón, sino a sus sectores burocráticos y de derecha”.
Esta política no podía más que enlentecer cualquier experiencia de sectores de masas con la figura de Perón. Esto, como es evidente, debilitó a la vanguardia obrera y popular, que fue impotente para operar una respuesta al golpe. Las organizaciones obreras se limitaron a declaraciones de repudio y a un paro de 24 horas que no tuvo ninguna incidencia en la situación, al mismo tiempo que se preparaba “un paro provincial con fecha a determinar” que nunca se realizó. Además, ninguna de estas organizaciones llamó al conjunto de la vanguardia nacional a movilizarse para enfrentar este golpe.
Para quienes hoy quieren eximir de culpa a Perón por los asesinatos de la Triple A, las enseñanzas del Navarrazo muestran qué rol cumplió cuando se trató de liquidar a la vanguardia obrera y popular que se oponía a su política. Para los trabajadores que hoy salen a luchar es necesario conocer y profundizar en el estudio de esos convulsivos años para preparase para los futuros combates de clase.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo

Notas:

1 Obregón Cano se hallaba ligado a los sectores de izquierda peronista y López era Secretario General de la UTA. Dentro del peronismo en su conjunto, se referenciaban con los sectores más combativos de ese movimiento.
2 Los gobernadores de Salta, San Luis y Mendoza eran Miguel Ragone, Elías Adre y Martínez Baca. Todos habían sido apoyados por el ala izquierda del peronismo, al igual que Obregón Cano. La Voz del Interior, 05/02/74 y 06/02/74.
3 Comunicado de Prensa. Ministerio del Interior, 12/02/74.
4 Tal es la postura desarrollada por Alicia Servetto en el libro De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, donde señala que “La crisis provincial de marzo de 1974 debe leerse (…) fundamentalmente como resultado de las contradicciones internas del peronismo (…) predominó la disputa por la ampliación de los espacios de poder entre los distintos sectores y las instituciones del Estado fueron instaladas como arena de la lucha política”. Op. cit., p. 109.
5 Señala el historiador James Brennan “Perón sabía que el éxito de la campaña verticalista dependía de Córdoba. El reestablecimiento de la autoridad de la CGT central era necesario tanto para controlar la expansión de la militancia obrera a todo el país como para asegurar el éxito del Pacto Social (…) sólo Córdoba era capaz de aprovechar la oposición de la clase obrera al programa y darle la forma de un movimiento de importancia nacional”. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Ed. Sudamericana, p. 319.
6 La Voz, 13/03/74.

Xenofobia: el gobierno de Macri quiere cobrar el acceso a la salud ya la educación a los extranjeros



Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto en ese sentido. En tiempos de ajuste y caída de la imagen del Gobierno, nuevamente los inmigrantes son puestos como chivo expiatorio en la agenda política y mediática.

Finalmente, luego de las declaraciones de apoyo a la idea por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley para cobrar los “servicios” de salud y educación a extranjeros.
En la necesidad de copar la agenda política y mediática por parte del oficialismo, se observa la desesperación que genera entre los asesores de Cambiemos, la caída de la imagen de su gestión. El impulso a la medida xenófoba, se inscribe en esta dinámica de intentar distraer la agenda frente a los nulos resultados favorables de su política económica y del descontento generalizado (tan indisimulable, que se coló en las canchas de fútbol a través de los cantos de las hinchadas). El Gobierno opta por poner en agenda temas espinosos, que además de suscitar debates ligados a concepciones reaccionarias y del más común de los sentidos, sirvan como soporte ideológico para la profundización de la política represiva y de ajuste.
Como sucede cíclicamente, en campañas electorales o en momentos en que los números de la economía no cierran, los chivos expiatorios a los que acuden los gobiernos son los más pobres y los inmigrantes. Precisamente los migrantes provenientes de los países limítrofes son los más demonizados, cuando son superexplotados en Argentina en los trabajos más precarios e insalubres, como la construcción, el servicio doméstico o los talleres textiles clandestinos. Muchos de ellos trabajan en condiciones de absoluta irregularidad, sin acceso a derechos elementales.
"El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios", sostienen los impulsores del proyecto.
La iniciativa busca marcar una distinción entre aquellos inmigrantes que se radican de forma permanente y aquellos “golondrina”, que supuestamente vienen al país a atenderse por alguna dolencia y vuelven a su lugar de residencia luego. Por otra parte, el proyecto avanza sobre el acceso a la educación, además de la salud pública que suscitó la polémica inicial.
Los migrantes son señalados como enemigos que utilizan los recursos del Estado y generan costos en detrimento de los derechos de los ciudadanos argentinos. Llamativamente, este proyecto de ley ha sido impulsado en medio de un debate en el que no se puso sobre la mesa estadísticas, datos concretos, acerca de cuántos serían aquellos extranjeros que solo vienen a atenderse en los hospitales y se vuelven a sus países luego. ¿Cuál es el perjuicio que en teoría genera esto en términos de presupuesto para la salud y la educación pública? Sin dudas, los inmigrantes no residentes que vienen “a usar el hospital y la universidad”, no perjudican el sistema de salud y educación pública como sí lo hace el gobierno con su constante política de desfinanciamiento para estas áreas. ¿Condiciones de igualdad? Eso es lo que genera con el cierre de escuelas que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y que deja sin acceso a la educación a argentinos y extranjeros residentes por igual.
El proyecto fue presentado por el diputado Luis Petri y lo acompañaron los legisladores oficialistas Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor.
La discusión en torno a los inmigrantes de los países limítrofes, se encendió luego de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresara su intención de empezar a cobrar a los ciudadanos bolivianos que accedieran a la salud pública en la provincia.

Pocos fundamentos

El tema generó un cruce diplomático con el país vecino. Cambiemos había reclamado la firma de un convenio de reciprocidad con el Estado Plurinacional de Bolivia, para que los argentinos que viajen o vivan en Bolivia puedan atenderse en hospitales públicos sin costos. El gobierno de Evo Morales respondió la misiva planteando que tal convenio sería incompatible con la legislación vigente en dicho país.
Si no se logran los acuerdos de reciprocidad (no solo con Bolivia, si no con otros países de la región), se intentará alcanzar un régimen de compensación entre los Estados. En este escenario, cada estado correspondiente pagaría por la atención que reciban sus ciudadanos en los hospitales públicos de la Argentina. Si estas instancias no se concretan, los autores del proyecto apuntan a establecer aranceles que las personas deberán pagar de forma directa al asistirse en el hospital público.
Según explicó Petri al sitio Infobae, "para el acceso a la salud y educación pública, en niveles terciario y universitario, las personas que ingresan al país con carácter transitorio, temporario o precario, la condición de gratuidad debe ser a condición de reciprocidad”.
Según argumentó el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez en el diario La Nación, "en la medida que el convenio o tratado” de reciprocidad “no sea un obstáculo para la atención y que se dé a posteriori el pedido, no hay nada inconstitucional. El problema sería que, si no existiese el convenio, no quisieran atender o cobrar". Gil Domínguez aseguró que "no se puede obturar el ejercicio de acceso a la salud, más allá que el Estado extranjero lo pague o no. (…) Sería inconstitucional e inconvencional por los tratados que firmó el Gobierno argentino como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
En otro artículo publicado en el mismo medio, se relativiza el impacto que generan los extranjeros en el acceso a la salud pública. “La Encuesta de Protección y Seguridad Social (Enapross), cuyos resultados fueron publicados en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), detectó que ’casi 6 de cada 10 migrantes sudamericanos, sobre todo aquellos arribados durante los últimos 20 años, dispone y utiliza solamente la cobertura para la atención de la salud que brindan los hospitales públicos y los Centros de Atención Primaria’. Sin embargo, el informe destaca que ’de todas maneras, dada la escasa prevalencia de la población migrante sudamericana sobre la población total, en realidad el impacto que ella ejerce sobre los servicios que prestan los hospitales públicos y los CAPS resulta escaso’". Como se ve, ni siquiera un medio afín al Gobierno y mayoritariamente defensor de sus políticas más reaccionarias, encuentra argumentos de peso para fundamentar la medida.

Juana Galarraga
@Juana_Galarraga

martes, 27 de febrero de 2018

Examen, cupo y arancel, la agenda a 100 años de la Reforma Universitaria



Las propuestas limitacionistas y el ataque a la universidad, ayer y hoy.

En los últimos días, distintos medios publicaron notas y editoriales instalando el debate sobre la universidad en la agenda pública. La cuestión gira en torno a la baja tasa de graduación de la pública respecto de la privada, a la formación deficiente de la escuela secundaria y a la necesidad de reorientar estudiantes desde las llamadas carreras “superpobladas” (las humanas y sociales) hacia aquellas “útiles” o “consideradas prioritarias” (básicas e ingenierías). Es reiterada la alusión a la Reforma del ’18, aquella que puso en pie el movimiento estudiantil cordobés para liberar a la universidad del oscurantismo clerical y colocar su conocimiento al servicio del pueblo. Esta referencia ineludible en su centenario se realiza, sin embargo, en nombre de propuestas como establecer un examen de ingreso eliminatorio, imponer cupos para determinadas carreras o hasta un arancel como en las privadas. La puesta en agenda de la universidad se corresponde con una ofensiva oficial contra ella, anunciada por el propio presidente Macri cuando reclamó su colaboración para “achicar el déficit fiscal”.
Las páginas de estos diarios desbordan de noticias de ayer. Muy lejos de la pretendida “modernización”, sus editorialistas recurren a viejas recetas ya conocidas y recorridas. No se puede desconocer que la política limitacionista fue una constante en las universidades argentinas, por lo menos durante el último medio siglo, aplicada con particular ahínco por dictaduras como la de Onganía y Videla. ¿Es necesario repasar aquí sus resultados? Hoy mismo, exámenes y cursos de ingreso o “nivelación”, como el CBC de la UBA, son moneda corriente. Las estadísticas muestran que la mitad de la población que aspira a cursar en la universidad no logra atravesarlos. El elogiado examen eliminatorio al finalizar la secundaria, que auspicia la OCDE y el Banco Mundial, ya mostró sus consecuencias en Brasil. Allí, solo el 2,8% de la población logra acceder a la universidad, mientras que en nuestro país lo hace el 4,3%. Claro que con una diferencia: de aquellos que ingresan, más del 70% se ve forzado a pagar la universidad privada, ya que la pública carece de cupo. En nuestro país la relación es, por el momento, la inversa.
Quienes baten el parche contra la escuela secundaria no deben olvidar que ella misma fue víctima de un proceso de dislocamiento planificado, responsabilidad de todos los gobiernos de turno. Desde la provincialización sin fondos de Menem a la eliminación de más de 140 orientaciones promovida por la ley de Filmus y ejecutada por el gobierno porteño del PRO. ¿Qué esperar ahora de la “Escuela del Futuro” que reemplaza contenidos formativos de quinto año por pasantías en empresas? Se cuestiona a la secundaria sin mencionar la gigantesca degradación a la que fue y sigue siendo sometida. Otro tanto ocurre con la universidad pública, a la que se le achaca un presupuesto “abultado” y baja graduación. Quienes afirman eso, ¿saben que más de un 90% de los 100 mil millones asignados para este año se utilizarán para pagar salarios y que, aun así, más de 30 mil docentes “ad honorem” seguirán dictando sus clases sin cobrar un peso? Por otro lado, ¿se puede comparar tasas que refieren a estudiantes con recursos tan disímiles? Más aún, ¿es el mismo el grado de aporte al desarrollo científico que implican un graduado de Medicina de la UBA que un “técnico en seguros” de la Kennedy?
Otra propuesta polémica fue la que lanzó Marcelo Zlotogwiazda al sugerir una “intervención del Estado” para redirigir estudiantes de las llamadas carreras “superpobladas” (Psicología, Sociología, etc.) a otras como Ingeniería o Informática. Una suerte de “ingenierización forzada” que se formula justo cuando el gobierno está despidiendo a centenares de ellos en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). La paradoja es reveladora, porque lo que se pretende es una planificación despótica de los estudios en una sociedad que funciona de forma anárquica. El socialismo constituye un régimen superior al capitalismo en la medida en que habilita la planificación social de la economía, no de las conductas individuales. Contra la naturalización de la mentada “superpoblación”, hay que hacer notar que no se trata de un concepto absoluto, sino relativo a un mercado de trabajo dirigido por el capital.
Un diagnóstico serio sobre la educación no puede hacer abstracción del fracaso de las reformas emprendidas durante los últimos gobiernos. Tampoco se puede ignorar que la población universitaria no es la de 1918, sino una juventud precarizada a la cual se le ofrecen las delicias de las “capacitaciones formativas” que pagan la mitad del convenio sin reconocer derechos laborales. En estas condiciones, alentar el trípode examen-cupo-arancel equivale a promover una expulsión masiva de estudiantes de la universidad pública, lo que solo beneficiará el negocio de las privadas. El movimiento estudiantil debe tomar nota de esta ofensiva y preparar su respuesta. Hace 100 años, los reformistas chocaron contra un régimen social y político que custodiaba el atraso de la Argentina agro-exportadora. Hoy, los especuladores financieros que regentean el gobierno de Cambiemos no ofrecen mejor perspectiva. Nuestro desafío es reiniciar la lucha reformista a una escala superior: la de una transformación social integral, dirigida por los trabajadores, que reorganice el país sobre nuevas bases y libere las energías creativas que anidan en la juventud.

Julián Asiner, Presidente de la FUBA

La muerte de Luciano Benjamín Menéndez



Fue represor y jefe de represores desde los años 60 hasta setiembre de 1979, cuando con otros compinches del “ala dura” (Emilio Massera, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone y Guillermo Suárez Mason y otros) se levantó contra la dupla Jorge Videla-Roberto Viola por sus diferencias mafiosas respecto de la “salida política” que ya en ese año buena parte de la burguesía consideraba indispensable.
Desde que se instauró la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, Luciano Benjamín Menéndez –miembro de una familia con un linaje de criminales (recuérdese el Benjamín Menéndez que intentó golpear contra Perón en 1951), sirvió a todas las dictaduras y gobiernos civiles que la sucedieron. Una de sus diferencias con Videla, dicho sea al pasar, fue la guerra frustrada contra Chile en 1979, de la que Menéndez fue partidario acérrimo (“nos vamos a lavar las bolas en el Pacífico”, fue su arenga a los soldados poco antes de la invasión que finalmente no se produjo).
En 1975 la presidenta María Estela Martínez (“Isabel”), lo puso al frente del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, donde ya formaba parte del “Comando Libertadores de América” (la “triple A”) desde febrero de 1974, cuando por cuenta del general Perón un ignoto coronel, el jefe de policía Antonio Navarro, derrocó por la fuerza al gobernador, Ricardo Obregón Cano, y a su vice, Atilio López, para permitir que el gobierno central interviniera la provincia y comenzara una represión estatal y paraestatal en toda la línea.
A partir del golpe del 24 de marzo de 1976 la represión –que Menéndez ya conducía por encima de Navarro y la gobernación farsesca instalada por Isabel Perón– y las actividades represivas del III Cuerpo comenzaron a centralizarse en el centro clandestino de detención y exterminio llamado “La Perla”, donde se cometieron miles de desapariciones, torturas y asesinatos.
Menéndez tuvo entonces muchos amigos civiles. Uno de ellos fue el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien jamás se tomó la molestia de explicar el tipo de vínculo que tuvo con el genocida, o el ex gobernador José Manuel de la Sota, que compartió con él actos y palcos.
Asesino, entre otros, del obispo Enrique Angelelli, fue condenado por 139 casos de homicidio y al momento de su muerte estaba imputado por otros 800. Fue el militar con mayor cantidad de condenas a prisión perpetua de la historia argentina. Como resumen de la impunidad, la muerte lo encontró cumpliendo “prisión domiciliaria”.
Pero con él no ha “muerto la muerte”, como alguien dijo. Continúan impunes tantos otros –tanto militares como sus cómplices civiles y clericales.
El gobierno impulsa una política de impunidad con el propósito de reinsertar a las fuerzas armadas en la seguridad interna. A modo de despedida, sin ir más lejos, su amigo el ministro Aguad le tomó juramento al nuevo jefe del Ejército en un acto que contó con la presencia de los familiares de los genocidas.
Ayer y hoy, 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, ¡presente!

Alejandro Guerrero

Ante la muerte del represor Menéndez

Declaraciones del legislador cordobés Eduardo Salas

El legislador cordobés por el PO-Frente de Izquierda, Eduardo Salas, se refirió a la muerte del represor Luciano Benjamín Menéndez. "Su caso es una expresión palmaria de la impunidad. Sorteó 13 condenas por genocidio en la tranquilidad de su casa. Con posterioridad a la dictadura siguió teniendo peso. El aparato represivo siguió actuando y los archivos de la dictadura siguen sin abrirse. El genocida se llevó a la tumba los secretos de un gobierno de facto que impuso una política para favorecer a los intereses de los mismos grupos capitalistas que en democracia continuaron beneficiándose gobierno tras gobierno. En definitiva, la impunidad continúa”.
Y continuó: “todos recordamos al genocida en el palco a fines de los '90 al lado del actual ministro de defensa Oscar Aguad. Décadas después, el ahora ministro le toma juramento al nuevo jefe del ejército con la presencia de familiares de genocidas. Se trata de toda una línea de continuidad que siguieron los gobiernos democráticos para otorgar impunidad, que es una cuestión de Estado. Por eso no se extraditó a los genocidas con condenas en el exterior, y se dio curso a un régimen procesal que dio condenas a cuenta gotas, y nunca consideraron imputar a los civiles y políticos que actuaron en el golpe, ni a la clase social que los amparó y se financió”.
Por su parte, el dirigente del PO Jorge Navarro señaló: “vamos a reforzar la lucha por la defensa de las libertades democráticas en momentos en que desde el gobierno nacional se impulsa una política de reconciliación con las fuerzas armadas, para usarlas en la represión del pueblo trabajador que se moviliza en rechazo del ajuste. Con la movilización lo obligamos a retroceder con la tentativa del 2x1. La defensa de las libertades democráticas, la condena efectiva a los genocidas, requiere de la continuidad de la lucha. Por eso el próximo 24 de marzo seremos miles en las calles, los que diremos no olvidamos, no nos reconciliamos”.

Los cantos contra Macri, un cambio en el humor social



Miles de voces en canchas y recitales

Los cánticos contra Macri y el gobierno en más de media docena de canchas de fútbol, varios recitales y hasta en un andén de la línea D de subte ante la interrupción del servicio, muestran un evidente cambio en el humor social, que es el resultado de la ofensiva y las medidas antipopulares del oficialismo y de los procesos de corrupción de un gobierno off shore, que finalmente han comenzado a filtrarse y que han llevado a la primera renuncia de un alto funcionario y colocado en la picota a varios otros.
La masividad de los cantos y la extensión de estos a una creciente cantidad de escenarios, derrumba la especulación oficial de que se trata de una “operación política” armada por un arco que iría desde Moyano y Barrionuevo hasta el kirchnerismo. Pero, además, Barrionuevo abandonó a Moyano en la movilización del 21 de febrero en un guiño hacia el gobierno y el camionero, desde el palco ese día pidió con firmeza que se terminaran los cantos contra Macri y se deslindó de los mismos (“no comparto los insultos”) al salir de la cancha de Independiente al finalizar el partido donde los hinchas entonaron el ya extendido “Mauricio Macri la puta que te parió”.
Los cantos –hasta ahora y en pocos días- partieron de las hinchadas de San Lorenzo, River, Huracán, Independiente, Lanús, Rosario Central y Chacarita. Pero también se replicaron masivamente entre los centenares de jóvenes que participaron en festivales como el de Dancing Mood, en el Konex; Guasones, en Groove y Los Perez García, en El Teatro de Flores. Y -entre los que se replicaron por las redes- también apareció el canto en las tribunas, en un partido de basquetbol en la cancha de Obras.
Esta exteriorización del malestar creciente de los sectores populares, incluidos entre ellos muchos de sus antiguos votantes, ha comenzado a preocupar al gobierno, que ha armado un operativo para reprimir y tratar de limitar las manifestaciones y protestas obreras y populares.
Por esa razón se ha lanzado también a tratar de bloquear estas manifestaciones “musicales” con medidas punitivas y, a través de voceros y dirigentes de los árbitros, amenaza con suspender los partidos donde se escuchen cantos contra el presidente, asimilando perversamente esta muestra de bronca popular con una manifestación de discriminación como la que en algún partido se escuchó contra las colectividades bolivianas, paraguayas o judías.
Las dudas que aparecen en la decisión de aplicar medidas represivas están asentadas en que puede suponer un revulsivo que le haga salir el disparo por la culata al gobierno.
La bronca popular se seguirá manifestando en cada conflicto, en las calles y en los cantos. La respuesta contra el gobierno de la estafa a los jubilados, de los tarifazos brutales, de la inflación galopante, del intento de poner tope a las paritarias y deprimir los niveles salariales, de la corrupción creciente se manifiesta todos los días ante los ataques oficiales y no la van a parar con estos ataques a la libertad de expresión.

Nelson Marinelli

Rechazamos el pedido de prisión preventiva a Cesar Arakaki y Dimas Ponce

Miércoles 28 de febrero, a las 14 horas, conferencia de prensa

La decisión de la Cámara de Apelaciones de disponer la prisión preventiva a César Arakaki y Dimas Ponce constituye un nuevo ataque al derecho a la movilización y a la protesta contra el plan de ajuste oficial, a días de otra enorme movilización popular, esta vez en ocasión del Día de la Mujer Trabajadora.
Esto salta a la vista si se tiene en cuenta el carácter contradictorio del fallo. Ante la ausencia de pruebas la Cámara Federal de Apelaciones se vio obligada a revocar varias de las acusaciones por las que nuestros compañeros habían sido primero detenidos y luego procesados por el juez Sergio Torres. Desapareció así la figura de “intimidación pública” como también la acusación de “lesiones graves” contra un policía, restringiéndose el procesamiento a “lesiones y atentado contra la autoridad”, dos figuras que incluso en el caso de una hipotética condena, tendrían muy probablemente una pena en suspenso. En el mismo fallo se desestimaron las figuras impulsadas por el fiscal Moldes relativas al pretendido “atentado al orden constitucional y a la vida democrática”, con el cual se paseó durante varios días por los medios de comunicación.
A su vez, el fallo de la Cámara de Apelaciones crea el antecedente peligrosísimo de aplicar la prisión preventiva en causas que se siguen por delitos menores y con penas excarcelables. El argumento usado para justificar semejante atropello no es menos antojadizo. Se señala que Arakaki y Ponce podrían usar su libertad para “obstaculizar la investigación”, aunque la propia Cámara no puede citar ni un solo caso en el cual nuestros compañeros hayan realizado, en el último mes que estuvieron en libertad, alguna acción de obstrucción a la instrucción en curso. La decisión está basada en el prejuicio, o lo que es lo mismo, en el desconocimiento de los hechos. Incluso frente a esta injustificada y antojadiza preocupación por preservar una etapa investigativa que César y Dimas jamás han obstruido, existen otros recursos que no son el de la detención en un penal, y que ya ha sido usado en la causa, como ser la preservación parcial del expediente bajo secreto de sumario.
A partir de lo expuesto queda en evidencia que la decisión de dictar la prisión preventiva a Arakaki y Ponce debe ser caracterizada como una acción de amedrentamiento a todos los luchadores populares que enfrentan el plan de guerra de Macri contra los trabajadores y el pueblo. Es una amenaza para que no se repitan jornadas de movilización masiva como la que el pasado 18 de diciembre enfrentó la política de saqueo jubilatorio llevado adelante por el gobierno.
En esa oportunidad Arakaki y Ponce soportaron una brutal represión y, como tantos otros, defendieron el derecho a permanecer en la Plaza Congreso, que pretendió ser vaciada por la fuerza para amedrentar a los trabajadores movilizados.
Los abogados del Partido Obrero apelarán este nuevo ataque al derecho a la movilización, ante los tribunales de Casación. Tal medida tiene un efecto suspensivo por lo cual nuestros compañeros deben seguir en libertad.
El día miércoles 28 de febrero, a las 14 horas, dirigentes y abogados del Partido Obrero, acompañados de referentes políticos, sociales y de derechos humanos, brindaremos una conferencia de prensa en nuestro local de Bartolomé Mitre 2162.

Comité Ejecutivo Nacional – Partido Obrero

Macri pagará $ 139 mil de cuota anual por el colegio de Antonia



La cifra la publica el mismo Liceo Jean Mermoz de Núñez, donde la hija presidencial comenzará la primaria. Mientras tanto, su socia Vidal desguaza la educación pública y extorsiona a docentes en las paritarias.

Mientras María Eugenia Vidal ordena cerrar escuelas, cursos, desguaza la educación de adultos, propone un aumento salarial de miseria y quiere imponer el “presentismo” a cambio de un bono, Macri no escatima en gastos para la educación elitista de su hija Antonia.
La hija del Presidente comenzará la escuela primaria en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, ubicado en el barrio porteño de Nuñez. El colegio es uno de los elegidos por diversas personas influyentes en la vida política, social y cultural. Tal como consignó el diario La Nación, allí asisten hijos de diplomáticos acreditados, de empresarios y de artistas. Entre ellos se puede mencionar a los del rabino y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y a los retoños de Fito Páez y Florencia de la V.

Presidente millonario, trabajadores pobres

Según informa el propio Colegio en su página web, el año lectivo de la primaria cuesta $139 mil sólo en concepto de arancel. Macri abonará esa suma en diez cuotas, de febrero a noviembre.
La cuenta es sencilla. La cuota mensual del colegio de la hija presidencial es más alta que el ingreso promedio de la mitad de las trabajadoras y trabajadores del país que preside Macri, gran parte de los cuales son sostén de hogar. Según datos del Indec, una de cada dos personas asalariadas gana menos de $ 10 mil por mes.
Macri gana más de $ 200 mil por mes y oficialmente dice poseer un patrimonio de $ 82 millones y medio (lo que obviamente es menos que lo que tiene realmente). Además declaró una donación a su hija Antonia de un pinar en Misiones valuado en alrededor de $ 2,2 millones.
Como es sabido, el Presidente y su familia acumularon empresas y engrosaron sus cuentas bancarias gracias a los favores de la dictadura genocida y de todos los gobiernos constitucionales que le siguieron. En 1973, el clan Macri era propietario de siete empresas. Diez años después, finalizada la dictadura, ya tenían 47.
Tampoco es novedad que la madre de Antonia, Juliana Awada, es miembro de una familia empresaria que generó gran fortuna explotando mano de obra hiperprecarizada, compuesta en su mayoría de inmigrantes de países limítrofes confinados en talleres textiles clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Un dato complementario puede causar más bronca aún. Según consta en la misma página web del Jean Mermoz, Antonia Macri disfrutará de un variado menú que contempla, por ejemplo, carne al horno con salsa champignon, tacos mexicanos de pollo y colita de cuadril salseada. Nada que se compare con lo que están obligados a comer miles de chicas y chicos que asisten a los comedores escolares, quienes siguen alimentándose por la escasa suma de $ 16,40 diarios.

Defendamos la educación pública

Para este gobierno es necesario “optimizar recursos”, como denomina Vidal el cierre de escuelas y el ajuste brutal que está implementando en la educación, mientras sigue subsidiando con millones a la educación privada.
Está claro que para este gobierno de CEO, que ganan cientos de miles de pesos y mandan a sus hijos a selectas escuelas privadas (como también lo hace Vidal), la educación pública de los niños y las niñas no vale nada, son solo un número que estorba.
Como planteó la docente de La Matanza y diputada nacional del PTS-FIT Nathalia Gonzalez Seligra, “defender la educación pública es defender la calidad de vida de millones de hijos de los trabajadores, es defender los derechos que las trabajadoras hemos conquistado con lucha y que ningún funcionario de este gobierno de CEO tiene la autoridad moral para quitarnos; le roban a los jubilados, evaden impuestos y fugan millones a paraísos fiscales”.
La noticia sobre lo que gastan Macri y Awada en la educación elitista y clasista de su hija genera una natural indignación en amplios sectores la población trabajadora. Pero esa indignación debe transformarse en energía para luchar contra el Gobierno y sus mandantes empresarios.
Hoy más que nunca, es urgente que todos los sindicatos docentes le pongan fecha a asambleas comunes y un plenario provincial de delegados de escuela con mandato para discutir y votar un plan de lucha en defensa de la educación pública, el aumento del presupuesto educativo, contra el cierre de escuelas y cursos y por un aumento salarial que plantee el 25 % de aumento en el camino de un salario equivalente a la canasta familiar.

María Díaz Reck
Docente y congresal de Suteba La Plata

Aníbal Ibarra: responsable político de la tragedia de Cromañón y defensor de CFK



Anibal Ibarra será el nuevo abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, imputada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La senadora elige para su defensa al máximo responsable político de la tragedia de Cromañón.

El ex jefe de Gobierno porteño, destituido por la tragedia de Cromañón, Anibal Ibarra, será el nuevo abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto encubrimiento en el caso AMIA.
Junto a Ibarra actuará en la defensa de la ex presidenta Roberto Boico, ex integrante de la Cámara de Casación. Ambos letrados reemplazarán la defensa que venían llevando a cabo Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.
El nombramiento de Ibarra por CFK es interpretado como un intento de darle un tono político a la defensa de la exmandataria por la causa del Memorándum con Irán, en el momento en el que la misma se encamina a juicio oral y público. El ex alcalde porteño venía actuando en la defensa de Oscar Parrilli y habría sido por consejo de este ultimo que la senadora de Unidad Ciudadana lo eligió como defensor.
Aníbal Ibarra, que supo ser fiscal en el juicio a las Juntas que se llevó adelante en el Gobierno de Raúl Alfonsín, delineó que iban a encarar "una defensa seria, jurídica, aunque esta es una causa política y un ejemplo de persecución de un Gobierno a través del Poder Judicial".
Según el abogado defensor de la ex presidenta no se respetan las garantías individuales de los acusados y denunció que "no vivimos en un régimen cubano o venezolano, sino en uno regido por un derecho liberal, donde hay un juicio previo y garantías". Señaló que se pedirá la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que internacionalmente "se conozca la farsa de este juicio".
Anibal Ibarra supo ser militante de la Federación Juvenil Comunista, cuando el PC apoyaba a la dictadura genocida; luego fue fiscal en el juicio a las Juntas militares junto a Julio Cesar Strassera, en lo que significó un operativo de salvataje de las FF AA, condenando solo a los altos mandos por los crímenes del genocidio. En el año 2000, Ibarra fue electo jefe de Gobierno porteño en las listas de la Alianza.
Mientras su entonces jefe político, Carlos Chacho Alvarez renunciaba a la vicepresidencia en rechazo a la ley Banelco, Ibarra decidió mantenerse en el edificio de la calle Bolívar y Avenida de Mayo disciplinado al Gobierno de Fernando De la Rúa que aplicaba un ajuste a rajatabla de la mano de Domingo Cavallo.
Durante la rebelión popular de diciembre del 2001, Ibarra huyó de la jefatura de Gobierno escondido en una ambulancia para evitar la ira popular contra los representantes de un Gobierno hambreador y entregado al imperialismo.
El ahora abogado penalista logró mantenerse en el cargo y ser reelegido durante el año 2003 con el apoyo de Néstor y Cristina Kirchner. El 30 de diciembre del 2004 sucedió la tragedia del local República de Cromañón durante un recital de la banda Callejeros donde murieron 194 personas.
A medida que se iban conociendo los hechos se hizo publico que el local había sido habilitado por un entramado de corrupción con el Gobierno de la Ciudad. Las movilizaciones de familiares y victimas señalaron desde el primer momento la complicidad del Gobierno de Ibarra y el empresario Omar Chabán.
Esas mismas movilizaciones lograron que Ibarra sea sometido a juicio político y destituido de su cargo en el año 2006, aunque logró salir impune de los cargos judiciales en su contra. Desde entonces su carrera política se limitó a acompañar al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, siendo electo legislador entre el 2007 y 2015.
La elección de Anibal Ibarra como defensor coloca en el centro de la escena a un símbolo asociado a los crímenes sociales producto de la corrupción estatal y empresarial. El kirchnerismo está en estos momentos en el banquillo de los acusados por la tragedias de las minas de Río Turbio y de Once. Para practicar una defensa política, CFK está eligiendo cargar una mochila con una carga pesada que la va a asociar inevitablemente con los representantes de la impunidad por corrupción estatal.

Facundo Aguirre

La gran marcha azucarera recorrió ingenios de Jujuy y Salta para reclamar la reincorporación de los despedidos

La Caravana partió el lunes 19 a la madrugada para reclamar por los despidos en ingenios de Jujuy y Salta. Entre las dos provincias fueron desafectados más de 1.000 trabajadores. Además de las familias azucareras, se movilizaron organizaciones sociales, gremiales y políticas de la zona, mientras que la comunidad en su conjunto abrazó este hecho histórico de unidad y de lucha.
Dirigentes y trabajadores de los ingenios de Salta y Jujuy realizaron la llamada “gran caravana azucarera”, que recorrió unos 300 kilómetros entre las dos provincias, acompañados por referentes de la CTA Autónoma, para reclamar la reincorporación de despedidos y para que no haya nuevas cesantías.
Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), detalló la cantidad de despidos en los ingenios: 300 en Las Toscas, 181 en El Tabacal, 30 en Ledesma, 325 en La Esperanza y más de 700 en San Isidro. “La situación sigue difícil y compleja porque la patronal no tiene intenciones de ceder en su avance”, afirmó.
La concentración comenzó antes del amanecer, en la plaza del partido de Hipólito Yrigoyen, al norte de Salta. Allí fueron llegando los primeros compañeros y compañeras del Ingenio El Tabacal, que viene de una dura batalla con 180 compañeros despedidos, y cortes de ruta que terminaron en violentas represiones y detenciones, entre otras intimidaciones. Autos, camionetas y colectivos partieron a través de la ruta 34, rumbo a Jujuy.
En Libertador General San Martín se realizó la primera parada. En esa localidad se encuentra el Ingenio Ledesma, propiedad del empresario Blaquier, quien fue procesado por su rol en la última Dictadura Cívico-Militar. Los compañeros y compañeros de Ledesma, que enfrentan un conflicto de 30 despidos, recorrieron el centro de la localidad, y luego nutrieron la caravana que siguió camino a San Pedro, donde se encuentra el Ingenio La Esperanza.
En La Esperanza se repudió el manejo que está haciendo el gobierno de Morales en la venta de la empresa, queriendo dejar a más de 300 familias en la calle. El año pasado en San Pedro, pasaron las fiestas con trabajadores y dirigentes detenidos. Luego siguió camino la caravana hacia Campo Santo, en Salta.
Una multitud esperaba en las puertas del Ingenio San Isidro, donde sus trabajadores enfrentan un proceso preventivo de crisis, con una fábrica que hace un mes que no abre y el inminente cierre, que implicará 730 trabajadores en la calle. Desde allí, una marcha a pie recorrió las calles de la localidad al grito de “Unidad de los trabajadores”.
La jornada finalizó con una emotiva llegada a la comunidad de Güemes, de casi 10.000 personas marchando bajo un sol que calentaba la ruta y la lucha. Allí se realizó un acto.
El primero en tomar la palabra fue Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, quien celebró el fin de “una larga jornada que nos llena de orgullo, como nos llenó de orgullo hace un año y medio cuando los compañeros de los sindicatos azucareros comenzaron este embrión de la Federación Azucarera Regional (FAR), que hoy es una realidad y que está presentando resistencia a las patronales que se creen invencibles”.
Luego habló Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE Nacional, que denunció: “Es mentira que hay crisis de la economía azucarera, las empresas transnacionales se la llevan en pala y están haciendo un lock out con el respaldo del gobierno nacional para hacer arrodillar a los trabajadores que muestran que hay un sindicalismo que toma sus decisiones en las asambleas como lo hacen los trabajadores de la FAR”.
“Los venimos a acompañar y a bancar para decirle al presidente Macri que su ajuste y su entrega del país no va a pasar. Como le decimos al gobernador, a los intendentes, a las fuerzas vivas, que sabemos que acá en Salta y en Jujuy hay un movimiento popular que actuando en unidad encuentra respuestas y solución para reabrir San Isidro, para reincorporar a todos los compañeros despedidos, fuerza”, finalizó.
La comitiva de la CTA Autónoma también la integró Daniel Jorajuría, Secretario Gremial; Adolfo "Fito" Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales; Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico y Víctor De Gennaro, fundador de la CTA.
Cerró el acto, el anfitrión en Güemes, Mariano Cuenca, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (SOEASI-CTA), que solicitó la reapertura del ingenio y que sean reincorporados los compañeros que fueron despedidos en los otros ingenios.
“Qué linda expresión la de hoy: todo el pueblo reunido, los comerciantes, los intendentes, los legisladores provinciales y nacionales. Hoy queremos trasmitirle al gobernador de Salta que el ingenio San Isidro no puede tener sus puertas cerradas, que significa mucho para nosotros. Que es una de las industrias que mayor empleo origina en toda la provincia, por eso queridas familias, organizaciones y a todo el arco social y político que la próxima marcha continúe en la ciudad de Salta para llevar nuestro reclamo a los poderes políticos, a la Legislatura y al gobernador para pedir la expropiación del ingenio San Isidro. No podemos permitir que vengan capitales extranjeros a cerrar las puertas. Esto recién empieza, si estamos todos juntos el ingenio San Isidro va a abrir sus puertas, vamos a encontrar una solución, el pueblo y los trabajadores juntos”, finalizó ante la ovación de todos y todas las presentes.

Buscan “presionar las paritarias”

La caravana fue votada en una asamblea multitudinaria de la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA): “En estos últimos años hemos tenido muchos golpes en la actividad sindical azucarera, ya sea a través de multas, del armado de causas judiciales a los trabajadores y dirigentes. Estos golpes se fueron incrementando con estrategias específicas de avance contra nuestros derechos”, explicó Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA Autónoma).
En diciembre el Ingenio La Esperanza despidió 325 compañeros: “Fue un plan del gobierno, que armó una verdadera parodia, diciendo que vendrían empresarios a poner en funcionamiento el ingenio”, dijo Vargas y recordó: “Terminamos las fiestas con trabajadores y dirigentes detenidos”.
Mientras tanto, en Ledesma 30 compañeros eran despedidos: “Si bien hemos tenido diferencias muy grandes con la patronal, nunca habíamos llegado a este nivel. Sabemos que lo que pretenden es negociar las paritarias en marzo tocando puntos muy importantes de nuestro convenio”, remarcó Vargas sobre esta situación extorsiva que busca en el mediano plazo “presionar las paritarias”.
Por su parte, El Tabacal viene de una dura batalla con 180 compañeros despedidos: “Vienen peleando y resistiendo en la ruta, en la fábrica, contra el empresariado y contra un gobierno que apoya y acompaña las políticas de ajuste del capital, reprimiendo nuestras luchas para que las patronales sigan acumulando riquezas”, analizó.
En el Ingenio San Isidro, enfrentan un proceso preventivo de crisis, que implica el cierre de la fábrica con la totalidad de los trabajadores en la calle: “En el ingenio que lidera Mariano Cuenca están peleando en defensa de los compañeros. Lo que vemos ahí es una puesta en escena para atacar las conquistas conseguidas en la lucha. Han logrado el salario más alto de la actividad, con mucho avance en materia de condiciones laborales. Este es un sindicato chico que ha tenido grandes logros y se ha convertido en un faro de la actividad”, valoró Rafael Vargas.
“Toda esta realidad a nosotros nos da una gran necesidad de que la Federación Regional Azucarera pueda actuar, pueda visibilizar el conflicto a nivel local, regional, nacional y en todo el mundo. Necesitamos que en todo el país los compañeros se sumen a nuestra lucha, por la reincorporación de los despedidos y la garantía de que no haya más despidos, con las condiciones que hemos conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio”, explicó Vargas.
La ofensiva corporativa de las patronales de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta
Los cinco ingenios azucareros de Jujuy y Salta atraviesan situaciones de conflicto, lo que pone al sector en el centro de la escena de este principio de año. Despidos, suspensiones, amenazas de cierre, procedimientos de crisis y ventas frustradas son algunos de los ingredientes de un cóctel que puede resultar explosivo, por el peso que tiene la actividad en la región, por la cantidad de trabajadores que ven peligrar su estabilidad laboral y por el carácter combativo de los sindicatos que los representan.
Apenas el grupo Gloria, de Perú, anunció que cerraba el Ingenio San Isidro, todos los sindicatos azucareros de la región se pusieron en alerta: era la última empresa que faltaba sumarse a la lista de conflictos.
¿Qué está pasando en el sector para que se generalicen los problemas?
Analistas locales aseguran que los buenos resultados que obtuvieron los sindicatos en la paritaria 2017, entre un 31 y un 33 % de aumento, provocó que este año las empresas abrieran el paraguas temprano e iniciaran una serie de acciones que van desde el anuncio de cierre hasta suspensiones, pasando por despidos directos y apertura de retiros voluntarios, preparando el terreno para la negociación 2018, envalentonadas por el techo del 15 % que le puso el gobierno nacional. La paritaria de este año arranca el 1º de mayo, cuando empieza la zafra.

La Esperanza: Gerardo Morales impulsa una licitación que deja 338 despidos

Fundado en 1883, La Esperanza tiene 70.000 hectáreas y en 2016 produjo 45.652 toneladas métricas valor crudo (TMVC) de azúcar, con un rendimiento que alcanzó el 11,30 %. Desde hace más de 15 años la empresa atraviesa un proceso de quiebra, en medio del cual el Estado provincial se hizo cargo de su administración. Apenas asumió Gerardo Morales (UCR-Cambiemos), en diciembre de 2015, se comprometió a resolver la situación del complejo agroindustrial, que emplea a un millar de trabajadores. Pasados dos años, lo único concreto es el despido del 30 % del personal y un conflicto sindical que se profundiza.
El gobierno les ofreció a los cesanteados que eligieran una de estas tres opciones: un puesto en la administración pública provincial, una indemnización más una vivienda, o la jubilación de aquéllos que estuvieran en edad de retirarse. Hubo unos pocos que aceptaron alguna de estas alternativas, pero los números fueron variando día a día porque algunos decidieron volver al ingenio, sobre todo aquéllos que habían optado por un trabajo en el Estado, a los que nunca les dieron una tarea concreta.
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE) venían advirtiendo que la supuesta operación de venta no resultaba confiable. Y mantienen el reclamo de que la planta se venda “con todos los trabajadores adentro”. Se pasaron los últimos dos años haciendo medidas de fuerza, que levantaban solo cuando empezaba la zafra, conscientes de que era necesario mantener la producción para demostrar la viabilidad de la empresa, y reclamando una reunión con los supuestos compradores, que nunca se concretó.
Con más de veinte delegados y trabajadores que pasaron la Navidad detenidos tras una fuerte represión policial, y con los integrantes de la Comisión Directiva del sindicato imputados penalmente, el SOEAILE sostiene su principal demanda: “Si van a vender, que nos digan con claridad a quién y cómo; y si no van a vender, que pongan lo que tienen que poner para que el ingenio siga produciendo”, sintetiza el secretario general Sergio Juárez.
Mediante una resolución con fecha 14 de febrero el juez de la quiebra del Ingenio, Juan Pablo Calderón, llamó a una nueva licitación que termina el miércoles 21/2. Con ayuda del juez el gobierno ahora intenta dejar atrás el traspié con el grupo Omega cuando mintió públicamente al afirmar una venta que nunca fue.
Recordemos que el propio gobernador Morales y el ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles, afirmaron en más de una ocasión en los medios que la venta a Omega era “la única alternativa a la liquidación del ingenio” y que este grupo empresario exigía el despido de 338 trabajadores como requisito de compra de la empresa.
En el pliego de la nueva licitación, que convoca el juez Calderón, se sostienen los despidos, con lo cual desmiente lo que presentaban como un “capricho” del supuesto inversor y, que ahora queda en claro, es una decisión del gobierno que pretende dejar en la calle a 338 familias como parte de su plan de quebrar la organización de los trabajadores.

¿Negocio para los amigos?

El Juez Calderón, escudado en la Ley provincial 5.929, infringe la normativa concursal ya que si bien no llega a ser una venta directa, ya que sería ilegal, tampoco es una licitación o subasta como dispone la Ley de Concursos y quiebras ya que no se cumplen los plazos y pasos que determina la Ley, para eso el Juez Calderón inventa un “concurso de precios”, que en realidad está encubriendo una venta directa. ¿A qué empresa?
No lo sabemos, ya que el Gobierno de Morales se niega a brindar cualquier información acerca de oferentes, interesados o los términos del acuerdo con Omega.
Lo único que se sabe, es que la venta del Ingenio está absolutamente teñida de la más completa de las oscuridades, y resuelta en los despachos de la misma Gobernación.

Trabajadores, ¿sin Esperanza?

Lo más grave de esta situación, es que tanto el Juzgado como el Gobierno de Morales tratan de mantener a los trabajadores como meros espectadores de esta venta fraudulenta.
Luego de casi 20 años que los únicos que mantuvieron con vida el Ingenio fueron los propios trabajadores, el proceso de venta, dispuesto por el Juez Calderón tiene como “base” lo acordado oportunamente por la Fiscalía de Estado con el grupo Omega: que solo se adquiera con 600 trabajadores, y esa fue la excusa que utilizó el gobierno de Morales para justificar los 338 despidos, a pesar que el pliego del año 2008 contemplaba a 2.000 trabajadores.
Frente a esto, el secretario general del Sindicato de Obreros del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA), Sergio Juárez, presentó un pedido de revocatoria solicitando la suspensión de la resolución judicial.
En la tarde del miércoles 21 los obreros azucareros y las mujeres, se movilizaron exigiendo la reincorporación de los despedidos. Fueron acompañados por referentes de ATE San Pedro, el sindicato de ladrilleros, ADIUNJU y el Frente de Izquierda, incluyendo sus 4 diputados: Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández del PTS e Iñaki Aldasoro del PO.
La nutrida columna partió de la Plaza de los Agricultores, seguida por una caravana de motos conducidas por trabajadores del ingenio, para realizar un acto en las puertas del municipio, frente a la Plaza General Manuel Belgrano, en el centro de San Pedro. Allí distintas organizaciones brindaron su solidaridad y los obreros y las mujeres ratificaron su compromiso de lucha por la reincorporación de todos los despedidos. Finalmente los obreros resolvieron regresar el día siguiente por la mañana para seguir las novedades del proceso de licitación del ingenio lanzado por el gobierno. También movilizaron a la Legislatura provincial, donde el bloque del PTS-Frente de Izquierda solicitó el tratamiento de un pedido de interpelación al ministro de Producción, Abud Robles, para que dé información sobre la situación del ingenio y el proceso de veta del mismo, incluyendo los motivos de la decisión de despedir 338 obreros.
En una nueva jornada de lucha los obreros y las mujeres azucareras de La Esperanza ratificaron su compromiso en la pelea contra los despidos y aseguraron que en próximas asambleas definirán los pasos a seguir.

Río Grande en tensa calma

De los tres jujeños, el ingenio Río Grande de La Mendieta es considerado como el más “prolijo”. En las 8.000 hectáreas que ocupa emplea a unos 600 trabajadores de planta, un número que llega a 800 en tiempos de zafra. En 2016 produjo 81.210 TMVC y le ganó en rendimiento a los otros ingenios jujeños, incluido el poderoso Ledesma, al alcanzar un 13,20 % de rendimiento.
Aquí no parece haber conflicto. Sin embargo, las dos organizaciones que representan a sus trabajadores -el Centro de Empleados Azucareros del Ingenio Río Grande (CEAIRG) y el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Río Grande (SOEAIRG)-, que integran también la FAR, se sumaron a la gran caravana azucarera.

Ledesma: disciplinar y meter miedo

El Ingenio Ledesma es el mayor productor de azúcar de la Argentina, con el 17 % del total del país. Emplea a unos 8.000 trabajadores y ocupa 170.000 hectáreas. En 2016 produjo un total de 375.000 TMVC, con un rendimiento del 12,81 %. Produce no solo azúcar sino también alcohol, en su mayoría para biocombustibles, y papel.
Tras un 2017 en el que la empresa logró torcerle el brazo al sindicato luego de una sucesión de paros y movilizaciones, entre diciembre y enero produjo 30 despidos y se anunció que se abriría una lista de retiros voluntarios. Lo explicó la empresa en un comunicado de prensa, en el que asegura que “no hay ninguna posibilidad de rever las desvinculaciones efectuadas entre diciembre y enero, habida cuenta de la situación económica adversa que sufre el sector azucarero argentino”.
La propuesta que le hizo al titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL), Rafael Vargas, consiste en “conformar una mesa de trabajo para avanzar junto al gremio en una reducción de costos”. Además, se comprometió a no realizar nuevos despidos durante el primer semestre de este año, aunque condicionó esta última cuestión, “siempre que se mantenga el clima de paz social”.
La reducción de costos de la que habla la empresa vendría dada por los despidos, los retiros voluntarios, la aprobación de la paritaria anterior tal cual la propuso y congelar la próxima en el porcentaje que cierre la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).
El comunicado patronal se difundió luego de dos semanas de reuniones. Desde el sindicato estuvieron dispuestos a alcanzar un acuerdo salarial para 2017/2018 y 2018/2019, discutir las condiciones de trabajo e incluso modificar el Convenio colectivo para acompañar el supuesto proceso de crisis alegado por la empresa, a cambio de la reincorporación de los 30 despedidos sin causa. No hubo acuerdo. “Prevaleció la postura que desnuda el verdadero objetivo de Ledesma: golpear por los cumpas más destacados en nuestra lucha; disciplinar y meter miedo”, describió Vargas. Es que los 30 despedidos estuvieron entre los trabajadores más activos en las últimas medidas de fuerza, los que estuvieron en la ruta y en las asambleas, y enfrentaron la represión policial.
En la sesión extraordinaria del 9 de enero, el Concejo Deliberante de Libertador Gral. San Martín aprobó una declaración de repudio al acoso laboral y los despidos en el Ingenio Ledesma, a partir de un proyecto presentado por los concejales del PTS-Frente de Izquierda, Miguel López y Luis Guerra. López afirmó que “la empresa toma represalias contra los activistas en una muestra más del atropello a las libertades sindicales y al derecho al trabajo contemplado en la misma Constitución nacional”, y lamentó que el ministerio de Trabajo de la provincia se mantenga en silencio. “Es una vergüenza cómo defienden en forma descarada a una empresa que se cree impune”, dijo.
En noviembre pasado, la empresa Ledesma informó que la producción de azúcar en 2017 fue un 7 % más baja que en 2016, y atribuyó esa merma a “la sequía que sufrió la caña en el verano pasado, antes del comienzo de la zafra, y a la huelga que protagonizó el SOEAIL”. Fueron más de 20 días de huelga durante todo el año pasado. Los trabajadores reclamaban una mejora salarial respecto de lo que se había acordado en el marco del Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA), que nuclea a los ingenios de Salta y Jujuy y es controlado por el salteño Tabacal y el jujeño Ledesma. Para el sindicato, es justo reclamar un mayor aumento en el caso de Ledesma, por tratarse del ingenio más importante del país.
“Ellos golpean en las fiestas para llegar en buenas condiciones, quieren congelar y quieren volver al esquema de los 90, en el cual la FOTIA pone un porcentaje bajo de aumento, y ese porcentaje se replica no solo en los 14 ingenios de Tucumán sino también en los de Salta y Jujuy”, analiza Miguel López, concejal de Libertador Gral. San Martín por el PTS-FIT, y agrega: “A través del esquema redistributivo que hubo bajo el paraguas kirchnerista, y la recuperación económica, los ingenios del norte, a través de la lucha, superaron el porcentaje que sacaban en Tucumán. Ahora ellos quieren volver a esos parámetros”.

San Isidro: lock out patronal

Sin dudas, la noticia de mayor impacto proveniente del sector azucarero fue la del cierre del Ingenio San Isidro, ubicado en la zona de Gral. Güemes, en Salta. En algo más de 10.000 hectáreas, emplea a 730 trabajadores. En la temporada 2016 produjo casi 63.000 TMVC, con un rendimiento del 11,4 %.
El Grupo Gloria, de Perú, a través de las empresas Prosal S. A. y Emaisa S. A., cerró la planta, colgó un banner anunciando el cierre, colocó custodia policial y presentó en la justicia un procedimiento preventivo de crisis, alegando que se van del país porque “la producción en la Argentina no es rentable”.
El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio San Isidro (SOEASI) logró el año pasado los mejores resultados en materia de negociación paritaria, convirtiéndose en un faro para los gremios de los otros ingenios de la región norte.
El panorama es incierto. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se comprometió a “acompañar” y “contener” a los obreros, pero aclaró que no hay ninguna chance de estatización. A lo sumo, va a hacer esfuerzos para encontrar algún inversor que se interese en el ingenio. Mientras tanto, la planta está cerrada y con custodia policial.

Tabacal: uno de cada diez

Las cosas están también complicadas en el otro ingenio salteño, el San Martín de Tabacal, ubicado en la zona de Orán y gerenciado por la estadounidense Seabord Corp. En algo más de 35.000 hectáreas, emplea a unos 1.800 trabajadores, siendo el principal empleador privado de Salta. En 2016 produjo 117.000 TMVC, con un rendimiento del 11,6 %. Además, lidera la producción de biocombustibles.
En las últimas semanas, Seabord anunció el despido del 10 % del personal en el marco de una “reestructuración” con el fin de “sostener la operación” del complejo agroindustrial.
“Dicen que tienen que despedir a 180 trabajadores para que no haya más despidos, y eso es una extorsión”, analiza Miguel López.
La reestructuración alcanza proporcionalmente a todos los niveles, incluyendo directores, gerentes, otros empleados fuera de convenio y trabajadores dentro de convenio, según indicó la empresa en un comunicado. Allí también se exponen las razones. “Las más recientes tienen que ver con las reformas previsional y fiscal llevadas a cabo por el gobierno nacional y el gobierno de Salta, que si bien para algunas empresas son beneficiosas, no es así en el caso de otras economías regionales o sectores en particular, como queda evidenciado con otras reestructuraciones y despidos que son de conocimiento público”, afirman.
También invocan el aumento del precio del gas, la fuerte baja en el precio del bioetanol, el aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos decidido por el fisco salteño y los posibles cambios en las sumas no remunerativas. Aseguran que los aportes patronales a la Seguridad social aumentaron un 94 %, porque la reforma eliminó el concepto de “lugar remoto” que tenía una alícuota menor.
A todo esto suman “un ciclo de pérdidas reiteradas, especialmente en los últimos cinco años, donde a las cuestiones económicas locales y de precio internacional se añadieron los conflictos sindicales” y hacen la cuenta exacta: en los últimos nueve años, se perdieron 284 días por paros, lo que representa más de una zafra y media. Dicen además que estos conflictos “fueron empujando los niveles salariales a montos insostenibles”.

Razones patronales verdaderas

“Los azucareros de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán son parte de los sectores económicos ganadores bajo el gobierno de Macri, que no solo se vieron beneficiados por el aumento del cupo de bioetanol en naftas, la devaluación y la quita de retenciones a la exportación, sino que además vienen siendo beneficiados por un sostenido aumento de los precios del bioetanol, que se triplicó en los últimos cinco años, y de los precios internos del azúcar, que han aumentado más de un 50 % en el último año”, asegura Miguel López.
En noviembre del año pasado, en el marco de la reforma impositiva, el gobierno nacional había dispuesto una reducción del 29 % en los precios del bioetanol que pagan las empresas petroleras, pero dio marcha atrás a la medida tras acordar con los gobernadores el apoyo a la reforma previsional. Finalmente, la reducción fue del 7,5 % hasta enero de 2018, y a partir de febrero se implementó un segundo tramo del 14 %, sujeto a una revisión de las partes. “De todos modos, de aplicarse esta rebaja, los precios del bioetanol se mantendrían en niveles históricamente altos”, advierte López y concluye: “Nosotros creemos que hay un plan conjunto de la entidad patronal que nuclea a todas estas empresas, el CARNA. La cuestión es corporativa”.
Esta conducta corporativa, según analizan sindicalistas y economistas, podría estar relacionada con el logro de los trabajadores del ahora cerrado San Isidro, que conquistaron el salario más alto de la actividad en lo que se sintió como una derrota de la patronal, el Grupo Gloria. “Esa victoria se convirtió en un faro de referencia para obtener salarios cercanos a esos números, pero eso no ocurrió porque hubo dos bravuconadas fuertes: una fue la de Gerardo Morales desviando la discusión en La Esperanza, al plantear despidos y no discutir salarios, y la otra de Ledesma, que no pensó en la paritaria en función de cómo afectaba la zafra sino que previó cómo podía beneficiar a la patronal haciendo caer el salario de acá en adelante, para recuperar lo perdido en cinco paritarias anteriores”.
Teniendo en cuenta que el precio de la bolsa de azúcar está en uno de los mejores valores de los últimos tiempos, para el economista Guillermo Sapag, las crisis invocadas por los empresarios son una forma de presionar al gobierno nacional para que se les habilite un mayor porcentaje de bioetanol. Además, buscan mantener lo más bajo posible el aumento salarial de este año, después de que el año pasado los sindicatos lograran entre el 31 y el 33 %, “aprovechando que el gobierno puso un techo de 15 %”.
De este modo, el cierre de un establecimiento como el San Isidro va a ser tenido en cuenta por los demás para justificar una reducción de salarios y personal.
¿Es posible que Ledesma quiera comprar o asociarse a los ingenios que ahora están en problemas, como el San Isidro y La Esperanza? Para Sapag, es difícil que eso suceda. “Ledesma ya se quemó -afirma- cuando trató de quedarse con La Esperanza. Si ahora ya los catalogan de monopolio, imaginate si llegan a comprar otro ingenio”.
López también tiene dudas. “No tengo la seguridad. El año pasado hubo un ofrecimiento del grupo Macro para entrar a La Esperanza, y ahí sí podía haber connivencia con los Blaquier para quedarse con el ingenio a través de un testaferro o de alguna otra manera. Pero ahora no está claro que pase algo de esto”.
No obstante, hay un antecedente. En 2016, la compañía de Blaquier se interesó en la compra de los ingenios tucumanos Concepción -el más grande en producción azucarera después de Ledesma- y Marapa. La operación finalmente no se concretó, porque a partir de la asunción de Donald Trump se cerró el mercado de biocombustibles de Estados Unidos. El Concepción fue comprado finalmente por el grupo supermercadista Emilio Luque, de Tucumán. Para algunos observadores, allí triunfó la oligarquía local, que prefería a un empresario tucumano en lugar de Blaquier. Algo similar ocurrió en Jujuy cuando Ledesma se interesó en La Esperanza, una movida que encontró la oposición de “la casta política jujeña”, que entendió que Blaquier, al quedarse con La Esperanza, podía afectarlos políticamente, por el poder que implicaba tan concentración.

Mario Hernandez

Fuentes: Radio Pueblo (Jujuy), ACTA, Resumen Latinoamericano , Equipo de comunicación de la CTA Autónoma, La Izquierda Diario, El Submarino (Jujuy).

lunes, 26 de febrero de 2018

Los trabajadores del INTI cumplen un mes de lucha contra los despidos



Importante conferencia de prensa. El viernes habrá una caravana desde el Instituto hasta el Ministerio de Trabajo.

A un mes de iniciado el conflicto por las 258 cesantías en el instituto, los trabajadores ratificaron en una nutrida conferencia de prensa la jornada de lucha nacional del 2 de marzo, que incluirá una caravana desde el Parque Tecnológico Miguelete hasta la sede de Retiro y posteriormente al Ministerio de Trabajo. Durante el mes de conflicto, los trabajadores enfrentaron un lock out patronal (se dictó un asueto para aislar a los despedidos) y llevan nueve días de paro.
Participaron de la conferencia estatales de numerosas dependencias, Hugo Godoy (titular de ATE), Ileana Celotto (AGD-UBA), Alejandro Crespo (Sutna) y Eduardo Belliboni (Polo Obrero); referentes del Frente de Izquierda (Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, Vanina Biasi, Guillermo Kane, Patricio del Corro, Laura Marrone); los diputados nacionales Felipe Solá e Ignacio de Mendiguren (Frente Renovador), Axel Kicilof, Daniel Filmus y Roberto Salvarezza (Frente para la Victoria), Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria); referentes de organizaciones de Derechos Humanos (Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo, y Adolfo Pérez Esquivel) y representantes de algunas cámaras empresarias.
En la conferencia se denunció una tentativa oficial por destruir el organismo de tecnología industrial y se apuntó contra Tecnalia, la consultora de origen vasco que realizó un masterplan que sienta las bases de una liquidación del instituto por medio del desguace de los actuales Centros de Investigación (cada uno especializado en un sector industrial), la venta rápida de activos y la privatización de sectores completos. Tecnalia es un exponente de los intereses de la Unión Europea.
“En INTI no sobra nadie”, fue el canto repetido de los trabajadores durante la conferencia, en respuesta al gobierno. O, al revés, “en INTI sobre Ibáñez”, en referencia a Javier, titular del organismo y quien capitanea la ofensiva macrista.
Directores y jefes de sección del Instituto leyeron un documento que reclama la reversión de los despidos. Y el titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, anunció la convocatoria a una reunión del Consejo Directivo Nacional del gremio para mañana con la intención de discutir medidas de fuerza nacional durante la semana de inicio de clases.
Néstor Pitrola destacó en su intervención el cuadro general de luchas contra los despidos e inclusive de puebladas (en Azul, contra el cierre de Fabricaciones Militares; en Río Turbio y 28 de Noviembre contra los despidos en la mina; en Hipólito Yrigoyen, tras la represión a los obreros azucareros de El Tabacal) y planteó luchar “para que la caravana del INTI al ministerio de Triaca sea la pueblada en Capital para llevar a la victoria este conflicto”. Resaltó que “la fuerza social que puede quebrar el ajuste es la clase obrera”. Y planteó la necesidad de un paro activo nacional, además de criticar el colaboracionismo de UPCN y otros burócratas que pactaron la reforma laboral.
La lucha del INTI se mantiene firme a un mes de conflicto, con múltiples medidas de acción y asambleas de hasta 1200 trabajadores. Para el ajuste macrista, es un hueso duro de roer.

Prensa Obrera

Debate sobre el aborto en el Congreso, vigilia permanente en las calles



La habilitación del debate parlamentario sobre aborto, anunciado por el gobierno, abre un terreno de agitación política al respecto de un reclamo histórico del movimiento de mujeres.

Antes de introducirnos en las oportunidades que se presentan para avanzar en la conquista de un derecho largamente reclamado por el movimiento de mujeres, tenemos que caracterizar las razones que llevan al macrismo a dar este paso, para así poder explotar con la mejor precisión esta iniciativa, cuyo impulso no está movido por el interés en mejorar la vida de las mujeres que mueren, quedan mutiladas, van a la cárcel o son perseguidas, ni basados en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Esta afirmación tiene su sustento en el contexto de ajuste, despidos, precarización y pérdida de poder adquisitivo que viven los trabajadores en general y las mujeres en particular.
El tema viene gravitando en la estrategia política macrista desde hace tiempo, como fruto de las tensiones con la Iglesia y como consecuencia del creciente movimiento de mujeres en las calles. La decisión de lanzarlo luego del #21F está directamente ligado al intento de extorsionar al clero que se colocó en el terreno de Moyano, los movimientos sociales y el sector del PJ que participó de la convocatoria del camionero.
A principios del mes de febrero, la senadora de la provincia de Buenos Aires, Daniela Reich, había ya hablado en nombre de Maria Eugenia Vidal, posicionándose contra el aborto legal y a favor de la apertura del debate. La vocera gubernamental de la actual iniciativa, Carmen Polledo, presenta el tema de idéntica manera. Paralelamente salió de gira mediática el médico y diputado UCR-Cambiemos de Río Negro, Sergio Wisky, quién está a favor del aborto legal. No obstante la apertura del debate de parte del gobierno tiene mayoritariamente un contenido reaccionario. Toda la plana mayor de Cambiemos está en contra de la legalización y los responsables parlamentarios de ambas cámaras aportaron su punto de vista para evitar la inquietud del clero y otros aliados enemigos del aborto legal.
El tratamiento prometido no se reducirá al proyecto de aborto legal, sino que será complementado con proyectos relativos a acelerar trámites de adopción, de generar subsidios para mujeres gestantes o incluso a uno resistido también por el clero, el de rehabilitar tratamiento al vientre subrogado o alquiler de vientres. La ONG “ProVida” y otros clericales desfilan por los medios elogiando la política de Cristina Kirchner, quien en 2011 presentó el subsidio para las embarazadas en consonancia, justamente, con su oposición al aborto legal y como una política positiva para evitar la práctica en los casos en los que lo que mueve a la mujer es la indigencia o la pobreza en la que está sumergida. Un subsidio de $1.000 para una persona sin trabajo y pobre no constituye ninguna modificación de las condiciones materiales y, presentado así, constituyen una estafa y una maniobra.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner elevó al Congreso el proyecto de Código Civil, los juristas que intervinieron en su formulación tuvieron que ver cómo, sin previo aviso, CFK cerraba su formulación final con la Iglesia Católica, modificando el artículo 19, relativo al origen de la vida humana, y retirando el artículo que habilitaba la subrogación de vientres. Este articulo fortaleció la posición jurídica concreta de los militantes antiderechos que hoy no dejan de citarlos para bloquear el avance del aborto legal.
Con esta estrategia parlamentaria, el macrismo pretende anotarse un punto como demócrata por la apertura del debate, sin que necesariamente eso signifique un avance en la legalización.

Crisis

Por otra parte, el gobierno se encuentra en una fuerte encrucijada. Dispuesto a seguir ajustando y despidiendo, sin poder frenar la disparada inflacionaria y la fuga de capitales, desde hace meses que no para de caer en la consideración popular como fruto de los golpes que le está asestando a sus propios votantes. La movilización popular de diciembre contra la reforma previsional modificó fuertemente la intervención de las masas frente a estos ataques, al punto de obligar al gobierno a postergar el tratamiento de la reforma laboral. En medio de esta realidad, el oficialismo pretende cerrar paritarias al menos 10 puntos a la baja y aplicar tarifazos de más del 40% en el gas y del 65% en el transporte, entre otros ataques. Pocos temas pueden producir un efecto más distraccionista de la realidad económica y social que el del aborto, en esa capacidad también reside su potencia como reclamo arraigado en el movimiento de mujeres y más allá. Asimismo su naturaleza también puede colocar en el centro de la escena la realidad económica y social que se pretende ocultar a través de la fuerte cuestión de clase que subyace a la problemática del aborto y esa condición, sin lugar a dudas, también lo vuelve peligroso para la estrategia gubernamental, porque puede convertirse en un gran agitador social y causa de un crecimiento en la organización de las mujeres. Quienes buscan asestar un golpe histórico a la clase obrera recurren a actos de fuerte impacto e incluso peligrosos para sí mismos para poder alcanzar sus objetivos.

Vanina Biasi

Vidal va a una paritaria de guerra contra los docentes

Plan de lucha: plenario de delegados con mandato para superar la desorganización de Suteba y Ctera

La ofensiva de la gobernadora Vidal y de Macri contra los derechos docentes es incesante, violando todas las normas establecidas por el Estatuto Docente. Ahora quiere imponer un 15% de aumento sin indexación, presentismo y eliminación de las licencias.
Además de eliminar la paritaria docente nacional, en las dos reuniones de discusión salarial el oficialismo concurrió con la misma propuesta: 15 por ciento de aumento sin cláusula gatillo, en tres cómodas cuotas, y un presentismo rabioso que en los hechos liquida las licencias y vulnera por completo todo el Estatuto Docente.
Su ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, está cerrando cursos y establecimientos educativos enteros en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, como las 10 escuelas y jardines de Islas de San Fernando, y las 39 escuelas rurales y jubilando de oficio a miles de docentes, lo cual convierte a la jubilación en un castigo y en una imposición, no en un derecho.
También está desplazando a estudiantes que ejercen cargos que, de lo contrario, quedarían desiertos; ha implementado un sistema de reconocimientos médicos on line que no funciona, llegando al extremo de que licencias por internación, reposo absoluto o embarazo ni siquiera están integradas al mismo, lo que lleva a que la angustia por los días injustificados obligue a los docentes a presentarse a trabajar enfermos (tal como ocurre allí donde el presentismo ha sido establecido, como en Mendoza) y atacando a fondo la rama de educación de Adultos.
Este ataque, sin embargo, pretenden llevarlo a cabo luego de la gran lucha de diciembre contra la reforma previsional y el rechazo masivo, también en la docencia, a la política de Vidal y compañía, algo que el gobierno tiene perfectamente en claro.

Autoconvocatorias en toda la provincia

Desde enero hasta ahora, la dirección Celeste viene dejando pasar todos estos ataques. Como destacan los funcionarios de Vidal, la gran nota de esta paritaria es que a días de comenzar el año lectivo el Suteba de Baradel y todos los demás sindicatos del Frente Gremial Docente (FGD) bonaerense se han negado a convocar siquiera a una medida de fuerza y mucho menos a un paro.
Frente a la parálisis completa de la Celeste, la respuesta la están dando autoconvocatorias docentes, todavía incipientes. En San Fernando, inmediatamente después de conocerse el cierre incalificable de las escuelas de Islas, directivos y docentes se autoconvocaron, resolvieron desobedecer las apretadas de los funcionarios y exigir la vuelta atrás de la medida.
Se movilizaron a las jefaturas y hacia el Concejo Deliberante. La directiva local Celeste de Baradel apenas si hizo un acto de presencia formal. En Vicente López, San Isidro, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar, entre muchos otros distritos, las escuelas afectadas por cierres y cesantías están realizando asambleas y votando acciones para revertir los ataques.
Al revés de la disposición de la base docente, la dirección Celeste actúa conscientemente para desorganizar la respuesta de los trabajadores, aislando las luchas de las escuelas en conflicto, atomizándolas. Crea un clima de desánimo que le permita concluir en un acuerdo con el gobierno de Vidal, al menor costo posible para ambos.
Ni Suteba, ni la FEB, ni Udocba, mucho menos la UDA (que plantea dejar de lado el camino de la “confrontación”), quieren ir a una lucha consecuente en defensa de las reivindicaciones docentes. Suteba plantea un aumento del 20%, al menos cinco puntos por debajo del piso de la inflación prevista, y acepta “conversar” sobre el ausentismo y las modificaciones del estatuto.

Jornada de No Inicio de 72 horas con continuidad

Los Sutebas Multicolores, y la lista Multicolor de toda la provincia tienen una enorme responsabilidad: unificar a las escuelas que las direcciones del FUD dividen.
Está convocado para el 27 de febrero un Plenario Nacional del sindicalismo docente opositor, para aprobar una Jornada de No Inicio de 72 horas con paros y movilizaciones en todo el país, y reclamarle a Ctera congresos de base en todas las provincias para organizar y darle continuidad al plan de lucha. El Plenario contará con la presencia del Sutef, Adosac, Sute, Sutebas Multicolores, Ademys, seccionales Multicolores de Atén, Amsafé-Rosario, directivos antiburocráticos de Agmer, seccionales Multicolores de Unter, entre otros, y delegados y congresales Multicolores de todo el país.
En el plenario provincial de delegados con mandato de escuela convocado por los Sutebas Multicolores para el 26 de febrero, promovemos votar en esa dirección, en reclamo de un salario básico unificado nacional de 17.000 pesos, y un 25% de aumento en cada una de las categorías que establece el Estatuto; por la defensa de las jubilaciones docentes y del IPS; por la derogación de la reforma secundaria que destruye la educación media.
Preparemos desde ahora el No Inicio.

Daniel Sierra