lunes, 28 de mayo de 2018

El acuerdo con el FMI acelera la crisis política



El llamado al FMI y el nombramiento de un ministro “coordinador” han buscado, de parte del gobierno, trasmitir el mensaje de que la crisis desatada por la corrida contra el peso habría terminado.
Lejos de esto, las tratativas con el FMI se han convertido en un revulsivo, en primer lugar, de la crisis política. Una expresión de ello es el choque en torno a las retenciones, y el anuncio de que está en carpeta mantenerlas para la soja y reimplantarlas, en parte, para el trigo y el maíz. Este viraje tiene lugar luego de que el gobierno suspendiera por 60 días la aplicación de nuevas subas en las tarifas. Este giro representa un enfrentamiento con dos sectores claves de la política económica del macrismo. Es un resultado, en principio, de la exigencia de ajuste fiscal adicional exigida por el Fondo – que superaría los 8.000 millones de dólares. Además de estos sectores, la exigencia de podas impondría “examinar, por ejemplo, los subsidios a muchas actividades económicas” (La Nación, 24.5), como “el caso de la importación y ensamblado de electrónicos” (id). El mismo diario señala que un recorte, en este caso, tocaría “al alter ego de Macri, Nicolás Caputo”.
De conjunto, se asiste a un choque entre el gobierno y el FMI en torno del tipo de cambio. El FMI exige una devaluación mayor para detener una nueva corrida cambiaria y el creciente déficit de la cuenta corriente con el exterior. El acuerdo ‘stand by’ que propone el Fondo excluye la posibilidad de financiar una fuga de capitales. Sólo aporta al sostenimiento de un ajuste impulsado por la devaluación. Es un acuerdo de ‘asistencia’, no de rescate.

Devaluación

En torno de esta misma cuestión –la de la devaluación – el derrumbe de la política macrista ha acentuado las fisuras entre las facciones capitalistas que sostienen al gobierno y, naturalmente, en el propio gabinete. El clan Caputo-Quintana, que ha comandado las operaciones de deuda desde el 2016 hasta acá –y sostiene los vínculos con los fondos internacionales que siguen especulando con la bancarrota argentina– está interesado en “clavar” el dólar en los niveles actuales, para no golpear a los tenedores de Lebac y de deuda pública, contratadas en pesos. Sin embargo, el ‘desarme’ de la deuda por Lebac, de 1.3 billones de pesos, al 40% de interés, que dice haber puesto en marcha Sturzenegger, llevaría un tiempo larguísimo, el cual es incompatible con una superación de la fuga de capitales. En oposición a este planteo, la salida devaluacionista del FMI es apoyada por la burguesía agraria e industrial asociada a la exportación.
Pero la combinación de la devaluación con el régimen de dolarización de tarifas conduce inexorablemente al rodrigazo que ya se ha desatado, y cuyas consecuencias plenas aún no se desplegaron del todo. Por lo pronto, el dólar a 25 pesos debe llevar a la virtual duplicación de los ya confiscatorios aumentos de tarifas del mes de abril. El lobbysta de los petroleras, Aranguren, ya se encargó de informarle al ministro coordinador que “la nafta tiene un atraso en su precio del 40%, y (…) los combustibles deben recuperar su valor en el segundo semestre” (Clarin, 25.5). En el caso de la electricidad y el gas, sus actuales valores –con el reciente tarifazo incluido- responden a un dólar calculado en…18,50 pesos. Los privatizadores, por lo tanto, ya reclaman por el “atraso tarifario”.
En la deliberación del gabinete y de la propia burguesía, campea, desde luego, el fantasma de una rebelión popular contra el `rodrigazo` en curso. Mientras tanto, el gobierno defiende a rajatablas unas paritarias del 12% anual para los estatales, y ha renovado su oleada de cesantías en las reparticiones (INTI, ministerios). Procura que una renegociación de salarios tenga lugar desde un piso que permita concesiones. En esta línea ha concentrado sus ataques en el movimiento obrero combativo, con la intención armar un frente macartista con la burocracia sindical y el peronismo. Los candidatos a quedarse con la concesión del servicio de subterráneos han puesto la condición de una ‘limpieza laboral’ en el subte.
Un propagandista del gobierno, Willy Kohan, dice, sin embargo, que “no aparece claro el camino para recomponer la confianza en un modelo que se quedó sin nafta” (“Ya no se sabe si gana en 2019”, Cronista 24.5). Sin nafta, la ofensiva del gobierno va más allá de su capacidad para lograr sus objetivos.
El pretendido gobierno monolítico y “ungido” por el FMI, es, por el contrario, un régimen en crisis, que debe enfrentar, en el corto plazo, los sacudones de una crisis financiera que no se ha cerrado, y una lucha de trabajadores, que debemos esforzarnos que crezca y se desarrolle.
Vamos por un congreso obrero del clasismo, por un paro activo nacional, y por un Congreso de bases de las centrales obreras, para desarrollar una alternativa obrera al derrumbe capitalista.

Marcelo Ramal

El FMI es parte del poder que subordina a la Argentina a la dominación y la dependencia

El 25 de mayo es día de fiesta y de lucha en la Argentina. Es fiesta porque se recupera la revolución anticolonial de 1810, sus objetivos y reivindicaciones, las que continúan en pie, por lo que también es día de lucha contra la sumisión contemporánea a la dominación que ejercen corporaciones trasnacionales asociadas a poderosos grupos locales.
La dominación española fue combatida en 1810, como lo fue antes, en 1806/07 la invasión inglesa. La dominación británica primero y luego estadounidense constituye la esencia del rumbo civilizatorio asumido por las clases dominantes en la Argentina luego de la gesta revolucionaria de mayo.
Argentina se construyó como país capitalista bajo la dominación colonial e imperialista, por lo que el desafío contemporáneo asume la triple confrontación como anticapitalista, anticolonial y antiimperialista, bajo las nuevas condiciones de lucha contra el racismo, la discriminación, la destrucción de la naturaleza y el patriarcalismo.
Ese programa que enunciamos viene siendo construido en múltiples experiencias de organización popular a través del tiempo, con un momento de máxima acumulación de poder popular hacia 1973. Como consecuencia de ello, la consigna que condensó la situación fue “liberación o dependencia”, coincidente con la situación mundial y experiencia de luchas y procesos populares construidos entre fines de los sesenta y comienzos de los setenta. Remito al mayo francés, el cordobazo/rosariazo, el levantamiento estudiantil mexicano, las luchas de los trabajadores italianos o la primavera de Praga, hasta llegar al triunfo de Vietnam sobre EEUU. Toda una época de acumulación de poder popular en el ámbito mundial.
Parecía que aquel 25 de mayo de 1973 argentino expresaba las tradiciones soberanas de lucha y podía materializarse el ansiado proyecto independentista. Era un momento nacional en correspondencia con un clima de época global, con especificidades más que interesantes en Nuestramérica, con el despliegue del proyecto socialista cubano y la nueva experiencia socialista por vía electoral en Chile.
La lucha social, política y cultural de época era la condición de posibilidad para la realización de variados proyectos, tal como imaginamos los protagonistas de la Universidad para la Liberación que construíamos en 1973/74. Se asumía el legado de la Reforma de 1918 y se potenciaba con una perspectiva emancipadora. Es algo que recordamos estos días en Villa Mercedes, San Luis, a propósito de una jornada que recuperaba los debates por el centenario de la Reforma de 1918 y que organizara el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz [1]. También se manifestó ese clima de época en la legislación laboral de 1974, como expresión jurídica de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Ofensiva del capital y papel del FMI

En esas condiciones, la respuesta en Argentina y en el mundo fue la ofensiva del capital que en términos ideológicos se conoce como el tiempo “neoliberal”, con el monetarismo ortodoxo y reaccionario como bandera de vanguardia en materia de política económica y la represión y el terrorismo de Estado como mecanismo para disciplinar la dinámica del conflicto y la organización social para la transformación.
La ofensiva del capital contra la acumulación popular de poder se inicia en 1975/76 (gobierno constitucional primero y dictadura genocida luego), con importantes avances que despliegan el proyecto aperturista vía endeudamiento externo, de promoción de la iniciativa privada y desregulación estatal con privatizaciones en los 90 (menemismo y Alianza) y que en la actualidad pretenden definir su consolidación.
En ese trayecto existieron resistencias diversas e intentos de construir rumbos alternativos, por lo cual, la ofensiva del capital no constituye un camino allanado y sin tropiezos.
Con el acceso al gobierno de Macri, vía consenso electoral, se pensó en que estaban dadas las condiciones ideales para lograr el control social, la contención del conflicto y la subordinación de la sociedad al objetivo de sustentación del orden del capital, que subordina el todo a la lógica de la maximización de la ganancia.
Bajo esas condiciones se instaló la agenda contra los derechos laborales y sociales e incluso los de la naturaleza, aunque no sean estos reconocidos por la tradición local, tal como ocurre con el nuevo constitucionalismo regional, casos de Bolivia y Ecuador.
El programa del gobierno Macri apostó a las inversiones externas para su materialización y mientras estas llegaban al endeudamiento público externo.
La realidad mundial y local imposibilita la lluvia de inversiones y resulta insostenible la magnitud del reciente endeudamiento externo, por eso la necesidad de ampliar los mecanismos de deuda local.
Hay límites objetivos para el despliegue del programa “macrista” y por eso se acude al FMI, para asociar al organismo internacional como fuente de presión para el ajuste y la reestructuración regresiva del régimen jubilatorio y laboral.
Un tema relevante resulta de la continuidad del conflicto social que disputa cotidianamente el consenso de la sociedad sobre el presente y el futuro de la Argentina.
La respuesta represiva cuenta con cierto respaldo social y eso sostiene la voluntad gubernamental por despejar las calles de la protesta derivada de las nuevas condiciones económicas sufridas en los ingresos deteriorados por el tarifazo y la inflación, con la perspectiva de mayor ajuste en el gasto público social.

¿Es posible sustentar otra política?

La lucha masiva contra la dictadura arrancó el nuevo tiempo constitucional a fines de 1983, del mismo modo que las protestas y la acumulación gestada entre 1998-2001 generaron las condiciones para construir junto a otros procesos en la región una posibilidad de desarrollo e integración con pretensión alternativa.
Es la sociedad y su lucha la que genera las condiciones de posibilidad para el cambio de rumbo.
Por eso, luego del triunfo electoral de medio turno en octubre del 2017 se creyó desde el gobierno que había aval para sus proyectos reaccionarios de reforma previsional y laboral.
Las luchas de diciembre pasado acotaron la reforma previsional a una quita de ingresos por modificaciones en la fórmula de actualización de ingresos previsionales y frenaron los cambios a la legislación laboral. La movilización y organización popular se hicieron visibles el 21F y ahora en la conmemoración del 25 de Mayo bajo la consigna “La patria está en peligro” frente a la negociación del gobierno con el FMI.
Ante la agudización de una ofensiva por el ajuste, ya expresada en una inflación que se proyecta más alta que la del 2017 y con la devaluación que supone una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, se acude al FMI para incrementar el chantaje sobre la población.
El recuerdo del papel del FMI no es bueno y se asocia a pérdida de soberanía, por lo que la recuperación del 25 de mayo recrea la discusión sobre las posibilidades de un rumbo de autonomía y en ese sentido, lo primero que destaca es el rechazo a las negociaciones con el organismo internacional.
Claro que luego viene el interrogante sobre el qué hacer y en se sentido se impone discutir medidas de emergencia y de fondo.
Entre las primeras, las de emergencia, supone discutir los desequilibrios macroeconómicos en función de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Entre las segundas, las de fondo, se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo.
La emergencia induce a combatir el déficit fiscal y externo para recuperar capacidad soberana de decisión sobre el presente y el futuro con soberanía.
Supone ello discutir más que el gasto, los ingresos fiscales, en un país donde las ganancias elevadas de un pequeño sector de la economía explican el consumo suntuario que consolida el déficit de turismo y la fuga de capitales.
Las retenciones a las exportaciones suscitan en este sentido nuevos debates, del mismo modo que el impuesto a la renta financiera y a los bienes personales y las ganancias. No puede ser el IVA la principal fuente de recaudación estatal, que afecta proporcionalmente en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
Del lado del gasto se mantiene la antigua demanda de investigar la deuda pública, externa e interna, y mientras suspender los pagos, más aún con la inusitada suba de la deuda asumida por el gobierno en estos dos primeros años de gestión.
En el fondo, lo que sostenemos es la ampliación del consenso contra el ajuste, contra el FMI y con ello crear las condiciones para otras medidas de política económica que reviertan la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la coyuntura, y desde allí generar un debate sobre las cuestiones sustanciales relativas al modelo productivo y de desarrollo, un tema ausente ante el drama de la cotidianeidad.

Julio C. Gambina

Nota:
[1] http://centropedropaz.fcejs.unsl.edu.ar/index.php/2017/11/24/actividades-cpc-ii-jornada-sobre-la-reforma-universitaria-18-de-agosto-2017/

Argentina hacia otro corralito financiero

Cuando en un matrimonio las parejas se divorcian y al cabo de los años vuelven a unirse, se dice que segundas partes no son buenas, y esto le esta sucediendo al pueblo argentino al volvérsele a imponer agresivas políticas neoliberales y un espinoso regreso al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los que se dejaron seducir por las promesas preelectorales de Mauricio Macri y le otorgaron el voto, cada día se arrepienten más del error cometido cuando observan que nuevamente se les viene encima un corralito financiero con las consecuentes políticas de desigualdad y pobreza generalizada.
En Argentina, desde la llegada al poder hace dos años del presidente Macri, la situación económica y financiera del país ha ido involucionando y el gobierno ha debido recurrir ahora a lo leoninos empréstitos que otorga del FMI.
Según anunciaron Macri y su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya se pusieron de acuerdo con Christine Lagarde para que el Fondo le preste al país alrededor de 30 000 millones de dólares. Todo augura que se trata del toque final para que el país regrese a principios de este siglo, cuando se vio inmerso en el fatídico Corralito financiero.
Esa medida fue instaurada el 3 de diciembre del 2001 por el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Caballo, para evitar el colapso del sistema financiero.
El decreto solo permitía extraer 250 dólares semanales de los bancos, lo cual motivó un enorme descontento con un estallido social que determinó la caída del gobierno tras la muerte de 27 personas que protestaban en las calles.
Su sucesor Eduardo Duhalde siguió las recetas del FMI para tratar de reducir el déficit fiscal y anunció la elevación entre un 9 % y un 11 % de los impuestos para la electricidad en las casas familiares y de un 16 % para los comercios, así como aumentó los servicios de gas entre el 7 % al 16 %.
Los impuestos golpearon de manera contundente al desesperado pueblo argentino donde según cifras oficiales los pobres alcanzaban ese año la astronómica cifra de 18,5 millones de una población total de 36 millones.
Las cifras resultaban más escalofriantes cuando se conocía que morían 27 niños diariamente por desnutrición; siete de cada diez argentinos menores de 14 años vivían en la pobrezas, y de octubre del 2001 a mayo del 2002, 5 200 000 personas se convirtieron en nuevos pobres, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Con la llegada del presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003 se implementaron nuevas medidas económicas que se reforzaron en 2007 con el triunfo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ya en 2006 Argentina había pagado el total de sus compromisos con el FMI, una cifra que ascendía a 9 800 millones de dólares.
El actual mandatario, que prometió a su llegada al poder que rebajaría la inflación, la cual continúa galopante, y que se respetarían las cifras de ocupación, a dos años de gobierno ha logrado lo contrario: que la deuda externa crezca un 35 % para situarse en 307 295 millones de dólares que representan el 56 % del Producto Interno Bruto.
El macrismo ha consentido una liberalización cambiaria y una mayor dependencia importadora, ha dejado de exigir a los exportadores que liquiden divisas en sus ventas y ha permitido una carrera financiera especulativa que también tiene un alto costo en materia de divisas.
El préstamo al FMI tendrá un precio y una amplia exigencia por parte del Fondo, pues para esa institución, Argentina tiene un excesivo gasto público, un frágil frente externo y relaciones laborales poco flexibles.
Aunque aun no se conocen las exigencias del Fondo para entregar el salvataje crediticio, sus funcionarios indican que la única forma de lograr un ajuste de gastos sustentables es congelar las jubilaciones y pensiones por dos años, asimismo consideran excesiva la plantilla estatal que deberá reducirse un 10 % y exigen un congelamiento de los salarios de los empleados públicos.
Para mejorar la baja producción argentina en relación con otros países exigen un fuerte retroceso de los derechos laborales como eliminar la indemnización, jornadas más extensas y flexibilización de tareas.
El tipo de crédito Stand-by que negocia el gobierno se entrega en cuotas de acuerdo al cumplimiento de las condiciones impuestas, razón por la cual el país solo recibirá el capital si las cumple al pie de la letra.
Las negociaciones con el organismo al parecer tardarán unas seis semanas pero desde ahora el pueblo percibe que eso representará más inseguridad, deuda y tarifazos.
Ya las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas han caído en picada con miles de sus empleados echados a las calles, en parte por los tarifazos acordados con anterioridad. Entre 2015 y 2018 los costos de la energía eléctrica se incrementaron hasta 1 600 %, los de gas en 547 %, los de agua y cloacas en 656 %, pero también influye el aumento de las mercancías importadas que ha dejado a muchos empresarios en la imposibilidad de competir.
El retroceso económico-social que el macrismo ha llevado a la Argentina parece profundizarse cada día más, aunque como siempre ocurre con las políticas neoliberales, los ricos se harán más ricos mientras los pobres se empobrecen más.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

El mundial de 1978 : “todo está guardado en la memoria”



En junio de 1978, quien escribe estas líneas trabajaba en el inmenso frigorífico CAP de Rosario. Eran tiempos difíciles: en el laburo nadie se animaba a hablar de política, sólo se hablaba del Mundial. En ese entonces pensé que escribir sobre fútbol podía ser un punto de conexión con los compañeros y así fue que envié mi primer artículo de fútbol, sobre el Mundial del ´78, que vio la luz en un “Correo de Lectores” del periódico clandestino de Política Obrera (8/6/1978).
El correo fue publicado parcialmente “por razones de espacio”, lo cual tenía una explicación muy valedera: el periódico era clandestino, era chiquito y se entregaba camuflado en bolsitas, o en cajas de cigarrillos. En aquellos años de plomo, tenerlo, para un activista, era una necesidad, pero también quemaba entre las manos. De ahí en más, nos hicimos “periodistas amateurs de fútbol” y hemos escrito sobre el tema durante 40 años.
El título que elegí para aquel modesto correo era “El espejismo del mundial”, pues todo lo que ocurría era exactamente lo contrario de lo que se pintaba.
En 1977, cuando el periódico francés Le Monde publicó las primeras denuncias contra el campeonato de fútbol, supimos que en el exterior se había formado el “Comité pour le Boycott de la Coupe du Monde en Argentine”, que realizó una gran campaña internacional contra la realización de “un mundial en un campo de concentración”.
No eran tiempos de redes sociales ni de viralizaciones y en la Argentina se vivía otra situación. La inmensa mayoría de la izquierda no apoyaba ese boicot. El PC argentino era un fuerte opositor al mismo. La Unión Soviética, por ese entonces, mantenía fuertes relaciones comerciales con la dictadura. Eso yo lo sabía por experiencia propia. En el frigorífico CAP, durante el propio Mundial, hacíamos horas extras para cumplir con los embarques de carne a Rusia. Los Montoneros declararon una tregua mientras durara el mismo, el PRT hizo lo mismo y el morenismo (PST), en bloque, estaba contra el boicot y su periódico en la clandestinidad hasta saludó la presencia de la mujer de Videla en la cancha durante el Mundial como un avance de la mujer (Opción 7/7/78).
El boicot que tuvo la firma de miles de activistas e intelectuales en Europa, sólo recibió silencio en la Argentina. Políticamente, asistíamos a un espejismo.
El general Albano Harguindeguy mandó a imprimir un millón de calcomanías contra este boicot, que decían: “los argentinos somos derechos y humanos”.

El Fútbol

Si vivíamos un espejismo en lo político también lo vivíamos futbolísticamente. La crisis del fútbol argentino, por los años ’70, era muy importante: la inmensa mayoría de los clubes estaban quebrados, ningún técnico duraba un año en sus funciones, la Argentina se había quedado afuera del Mundial del ‘70, y había regresado sin gloria, al quedar eliminada en la segunda ronda, en el del ‘74.
Pero la selección vivía otra realidad, tenía un buen técnico desde hacía cuatro años, nombrado bajo el gobierno de Perón. La selección argentina del ‘78 tuvo antes del Mundial muchas confrontaciones internacionales y, a decir verdad, era un cuadrazo, con jugadores excepcionales (el joven Maradona era suplente) y tenía el modelo técnico del Huracán del ‘73, quizás el fútbol más vistoso y bien jugado que haya tenido club alguno en la historia del fútbol argentino.
Por diferir tanto de la realidad futbolística general, la selección era un espejismo. Por eso, en ese correo, me atreví a pronosticar que la Argentina podía estar en las finales del torneo.
La selección argentina pasó la primera ronda, segunda en el grupo, detrás de Italia, lo que la ubicó en un grupo difícil, pues debía enfrentar a Brasil y a Polonia, dos grandes equipos, y a Perú, con quien debió jugar el más controvertido de los partidos de la historia de los mundiales.
La Argentina le ganó a Polonia y Brasil a Perú, de manera que, igualados en puntos, debían jugarse a la misma hora los últimos dos partidos: Brasil-Polonia y la Argentina-Perú.
La FIFA dispuso, sorpresivamente, que debían jugar primero Brasil contra Polonia y después la Argentina contra Perú, concediéndole así una ventaja al equipo argentino, al conocer éste qué cantidad de goles iba a necesitar para llegar a la final. Brasil protestó contra la decisión de la FIFA, por darle una ventaja a la Argentina y pidió su anulación, pero la FIFA la confirmó.
Brasil jugó entonces en el primer turno y ganó 3-1, obligando a la Argentina a vencer al menos por cuatro goles de diferencia. Sabiendo esto, la Argentina jugó contra Perú.
Emulando a Mussolini, Jorge Rafael Videla visitó el vestuario peruano, acompañado por el ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger y les leyó a los jugadores un mensaje del dictador del Perú, Francisco Morales Bermúdez, sobre la “hermandad argentino-peruana”, en lo que era una velada amenaza. Demasiado para un partido de fútbol.
Han corrido ríos de tinta y todo tipo de versiones sobre sobornos a jugadores y dirigentes, de arreglos de Lacoste con la Federación de fútbol peruano, de colaboraciones económicas de la dictadura con el Perú -en plata y granos- y muchas cosas más que, seguramente, muchos de quienes saben la verdad sobre ellas se la llevaron o llevarán a la tumba. Lo cierto es que la Argentina ganó 6 a 0 en un cuadro absolutamente anormal y entró en las finales de la Copa.
La Argentina luego le ganó la final a Holanda en un partidazo y hubo un “permitido de festejos” de la dictadura, que creyó que, con el Mundial, salvaría una imagen -que no salvó. Durante el mismo Mundial, según la CONADEP, desaparecieron 63 personas. El torneo, como decían las organizaciones de derechos humanos de muchas partes del mundo, se hacía en un campo de concentración.
La selección del ´78, en ese Mundial, como diría el gran Hernán Cabra, fue “un Ministerio más del Estado”.
Eso es lo que está guardado en la memoria.

Juan Ferro

jueves, 24 de mayo de 2018

Nicolás del Caño con Alejandro Bercovich analiza la realidad política

Francisco conocía los abusos de Ilarraz, pero se calló la boca



La condena de 25 años por abusar de siete niños cuando debía educarlos puso a Justo Ilarraz en el centro de la escena. Pero ¿cuándo se condenará a los encubridores?

Ayer fue una jornada histórica en Paraná. Quizás Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la capital entrerriana, no imaginaron nunca tener que tomar una decisión tan reñida con las tradiciones (en este caso, con la impunidad para los actos aberrantes cometidos en el seno de la Iglesia católica). Pero así fue. Y lo hicieron como lo indica la corrección política, luego de largas audiencias que no dejaron el más mínimo margen para la duda.
Fue tanta la impunidad que se tejió durante décadas alrededor de las decenas de abusos sexuales cometidos por Justo José Ilarraz sobre niños de entre 10 y 14 años que tomaban clases con él en el seminario de Paraná, que ni siquiera la contundencia de las pruebas volcadas en el juicio dieron la seguridad a los sobrevivientes de que iba a haber una condena. Por eso, cuando pasado el mediodía el Tribunal dictó la sentencia, las lágrimas, la emoción y el sentimiento de cierta reparación estallaron tras largo tiempo contenidos.
Fue la propia jueza Vivian quien lo anunció. “El Tribunal, por unanimidad, resolvió”, dijo y todos callaron. “Primero, no hacer lugar a los planteos de vulneración del principio de congruencia y de prescripción de la acción penal formulados por la defensa”. El acusado, mirándola fijamente, apenas se inmutó.
“Segundo, declarar a Justo José Ilarraz autor material y responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores agravado por ser encargado de la educación”, en cinco de los casos tratados, “y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación”, en los dos casos restantes. El acusado, con la mirada fija en la jueza, apenas movió su papada, como tragando saliva.
“Y por ende condenarlo a la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo”, concluyó la jueza. El acusado, sin perderla de vista, movió la cabeza en gesto de negación. Tal vez lo dejó un poco menos molesto el hecho de que los jueces resolvieron que, mientras se espera que la sentencia quede firme (lo que puede implicar un largo tiempo), pasará su detención en su casa “controlado” con una tobillera electrónica monitoreada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Diócesis llena de pedofilia

La sala en la que se llevó adelante el juicio es muy pequeña. Nada casual. ¿Para qué iba a hacerse en una sala más grande si el Tribunal había decretado que las audiencias no fueran públicas? Por eso, cuando los jueces decidieron abrir las puertas para el día de la sentencia no se percataron que muchas personas, incluyendo varios medios de comunicación, quedarían afuera. O sí, y no les importó.
Tan pequeña era la sala que, tras la lectura de la sentencia, mientras Ilarraz salía custodiado por agentes penitenciarios a muy pocos metros Fabián Schunk, uno de los sobrevivientes y querellantes, era abordado por periodistas, cámaras y micrófonos.
“Hemos dejado que la Justicia pueda decir lo suyo y, en función de todo lo que se mostró en el juicio, se hizo justicia. Ya no hay nada más por decir, ¿no?”, fue su primera definición. Y agregó que “después de tantas pesadillas soñaba con este momento”.
Schunk recordó que “en el juicio apareció una octava víctima” de Ilarraz (que obligó a abrir una nueva causa en su contra) y deseó que esta condena aliente a muchos de sus excompañeros que también fueron víctimas a denunciar.
Respecto a la jerarquía eclesiástica, particularmente al Arzobispado de Paraná, Schunk pidió “que aprendan de una vez por todas. Esto no se puede esconder y acá tienen que seguir apareciendo los responsables. Nosotros tuvimos que romper el encubrimiento, la vergüenza y el silencio impuestos”, reflexionó con sus ojos brillosos.
Como era de esperar, a Fabián le preguntaron qué reacción espera del Papa Francisco tras esta condena. “Desde que esto empezó nosotros nos contactamos con Bergoglio pero nunca hemos tenido una respuesta. Él siempre tuvo nuestros teléfonos y nunca se comunicó. Yo lo único que espero es el abrazo de mi familia y nada más”, respondió con contundencia. Y agregó que “las altas esferas de la Iglesia de Entre Ríos son responsables” también en esta historia. “No es casual de que en esta diócesis haya tanta pedofilia”, afirmó al tiempo que sugirió que “el Papa debería echar mano a este clero e intervenir esta diócesis”.

“Un claro día de justicia”

La platense Julieta Añazco, referente nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, estuvo ayer junto a Schunk y el resto de quienes habían ido a buscar una sentencia ejemplar contra Ilarraz. En diálogo con la Izquierda Diario dijo que desde la Red están “muy felices” con esta sentencia.
“Es la primera vez en Argentina que una causa declarada prescripta se reabre, llega a juicio y se condena al acusado. Esto sienta un precedente muy importante para sobrevivientes que tenemos causas prescriptas, nos da un empujón anímico inmenso”, agregó Añazco. Precisamente la causa en la que es querellante contra el cura Héctor Giménez acaba de ser archivada por segunda vez. En 2004 lo había hecho el fiscal Marcelo Romero, amigo de Monseñor Héctor Aguer, y ahora fue el fiscal Marcelo Martini quien dice que la causa prescribió.
“Admiramos la lucha de Fabián, Hernán, Maxi y los demás compañeros que, pese a todas las trabas que le pusieron siguieron adelante”, dice Julieta con orgullo. Y agrega que la Red sabe “que muchas de nuestras causas quizás nunca lleguen a juicio. Por eso estamos felices de que este juicio haya sido favorable para los denunciantes”.
También viajó desde La Plata a Paraná Liliana Rodríguez, psicóloga que asiste desde su creación a varios miembros de la Red de Sobrevivientes. “Ayer fue un día de altísima emoción y nos queda la sensación de que se hizo justicia. Ayer en Paraná fue un claro día de justicia”, relata a este diario.
“Había mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Pero la sentencia fue contundente. Ilarraz estuvo todo el tiempo con la misma cara de piedra y frialdad que pudimos ver en Etchecolatz cuando fue condenado”, detalla la profesional, quien también estuvo presente en La Plata cuando se dictaron condenas contra el genocida.
Para Rodríguez “lo importante es el mensaje claro que se dio a una sociedad a la que por ahí le cuesta creer en los testimonios de los sobrevivientes que pasaron por eso y se animan a hablar después de mucho tiempo. No olvidemos esos mitos e ideas creados por la misma Iglesia de que se trata de campañas orquestada por los denunciantes que buscan dinero y demás. Este juicio echó por tierra con todo eso”.
Sobre el significado que tiene una condena como la de ayer, la psicóloga destaca “la reparación” que viven los sobrevivientes. “El Tribunal vio palpablemente las huellas y los daños psicológicos que aún quedan por haber vivido esas situaciones. Los jueces vieron los llantos y cómo se quebraban los testigos cuando relataban las secuelas que les quedaron en sus vidas”, recordó.
Para Rodríguez, “así como aquellas situaciones de abuso marcaron un antes y un después, esta sentencia también marca un antes y un después en las vidas de los sobrevivientes. No porque vayan a olvidarse de lo que vivieron sino porque ahora podrán reforzar o armar proyectos de vida diferentes”.
Desde Mendoza (donde sigue de cerca la causa del Instituto Provolo) Carlos Lombardi también habló con La Izquierda Diario. Para el abogado de la Red de Sobrevivientes y especialista en derecho canónico la jornada de ayer fue “exultante”.
“La pena que le aplicaron a Ilarraz es lo que se esperaba ya que es lo que había pedido la Fiscalía. Se ha hecho justicia. Y eso es lo que espera todo sobreviviente, algo que nunca se ha hecho hacia dentro de la propia Iglesia dado el grado de encubrimiento y complicidad que tienen para con estos tipos”, afirmó Lombardi.
El letrado saludó que con esta condena las víctimas estén felices. “Los profesionales que acompañamos también lo estamos, porque compartimos la misma lucha. Las víctimas deben ser escuchadas y en este caso las víctimas de Ilarraz fueron escuchadas. Esperemos que esta sentencia sirva para que las demás víctimas sigan denunciando y allí estaremos acompañándolos”.

¿No supieron qué hacer o hicieron lo que saben?

Muy pocas horas después de conocerse la sentencia contra Ilarraz, desde el Arzobispado de Paraná emitieron un comunicado plagado de hipocresía. Como si necesitara quitarse de encima una mancha que crece sobre su pulcra sotana, el arzobispo Juan Alberto Puiggari ordenó difundir un texto titulado “Iglesia: compromiso, verdad, justicia y sanación”.
Allí la Curia entrerriana asegura que “en su momento” no supo “encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas” de Ilarraz, a quien califican como alguien que “incumplió con su vocación y su promesa a Dios”.
Cínicamente Puiggari dice que Ilarraz no solo atentó “contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección” sino que vulneró “la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad”.
Tratando de eludir la más mínima responsabilidad, el texto aclara que si Ilarraz sigue siendo cura no es por culpa del Arzobispado (que astutamente se lo sacó de encima apenas conocidas las primeras denuncias) sino del Vaticano, ya que “la expulsión del estado clerical sólo puede ser impuesta por decisión exclusiva de la Santa Sede”.
Y en una respuesta velada a Fabián Schunk, para quien no es casual que la diócesis de Paraná haya tanta pedofilia, Puiggari destaca “el compromiso por la tarea pastoral y social que desarrollan los sacerdotes y todos los integrantes” de su arquidiócesis. “Los actos cometidos por unos pocos no pueden desacreditar ni desvalorizar la labor” que, según él “abnegadamente”, desarrollan los curas y las monjas bajo su mando.
El texto finaliza con una provocación: “Invitamos a toda la comunidad a encontrar, a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad, dejando de lado las suspicacias, el encono y el prejuicio, actitudes que dañan el espíritu y alejan a las personas de la verdad”.
Obviamente Puiggari sabe que, para condenar a Ilarraz, el Tribunal tomó en cuenta la declaración de su antecesor Estanislao Karlic, quien siendo arzobispo de Paraná recibió las primera denuncias contra el abusador hace más de veinticinco años.
¿Habrá juicio y castigo alguna vez para Karlic y Puiggari? ¿Declarará alguna vez Jorge Bergoglio todo lo que supo y todo lo que calló sobre este caso y tantos otros?

Daniel Satur

De la Revolución de Mayo al Cordobazo, pasando por los anarquistas



Mayo es Mariano Moreno y también Agustín Tosco.

Sobre el 25 de mayo de 1810 y sus vísperas, para no repetir las traumáticas muletillas que nos enseñaron mecánicamente en la escuela primaria, estuve rastreando en estos días documentos y escritos menos conocidos.
Y encontré de pronto un dato puntual que quiero compartir.
En 1807, el jefe de la segunda invasión inglesa a Buenos Aires se llamaba John Whitelocke. Esta invasión, igual que la primera que había comandado Carl Beresford, también fue rechazada y Whitelocke tuvo que irse con el rabo entre las piernas.
De regreso a Londres debió comparecer ante una Corte Marcial que lo declaró culpable y lo consideró "incapacitado e inmerecedor de servir a Su Majestad en ninguna clase de empresa militar".
Hasta aquí me parece que no hay nada sorprendente y creo que tampoco muy desconocido. Pero lo que sí me llamó la atención es la defensa que John Whitelocke hizo de sí mismo.
¿Qué alegó el militar británico ante el tribunal del imperio que lo juzgó?
Whitelocke arguyó que él no se sentía culpable de la derrota, porque consideraba que era imposible, absolutamente imposible, conquistar una ciudad como Buenos Aires donde todos los habitantes sin excepción habían salido a la calle a combatir.
Y no hacen falta demasiadas exégesis ni agregados para este episodio. Contra los ingleses en 1807 o contra la policía asesina del 19 y 20 de diciembre del 2001, la larguísima lucha librada por los sectores populares de esta urbe portuaria tan polifacética como contradictoria, sigue siendo no sé si la misma, pero por lo menos bastante parecida.
En esos tres o cuatro años que van de las invasiones inglesas al 25 de Mayo se fue desarrollando y profundizando la conciencia colectiva.
En estas horas recordamos la Revolución de Mayo de 1810, que como la revolución francesa ocurrida 21 años antes, en 1789, no fue una revolución de los más desposeídos. En el caso nuestro no tuvo como epicentro un levantamiento de los esclavos traídos por la fuerza desde Africa y desde otras latitudes, ni fermentó en el marco de una rebelión indígena, como la heroica revuelta de Túpac Amaru, sino que se conformó como una revolución iniciada por la burguesía porteña que había entrado en colisión con el oscurantismo godo e inquisidor de las huestes de Fernando VII.
Sin embargo, en las condiciones feudales que los colonialistas españoles habían impuesto a sus posesiones en el nuevo continente, el pronunciamiento del 25 de mayo de 1810 fue una auténtica revolución que planteó una nueva etapa, desencadenando una dialéctica y una dinámica que se prolongó con muchas luces y muchas sombras en las guerras por la independencia.
En el Cabildo Abierto del 22 de mayo ya habían quedado bien delineadas las dos posiciones.
El obispo Benito Lué y Riega, que era un incondicional de la Corona, opinó que el virrey Cisneros debía ponerse al frente de la situación, en tanto que el abogado Juan José Castelli, que estaba fuertemente inflamado por las ideas renovadoras de los enciclopedistas como Rousseau, manifestó a los gritos que el poder de la España colonial, de la España realista, había caducado y que el pueblo debía asumir los derechos de soberanía para constituir un nuevo gobierno.
Era la segunda década del siglo XIX.
Fue justo en ese momento histórico, al producirse una serie de coyunturas internacionales favorables, sobre todo la invasión de Napoleón a España, y, al abrigo del ocaso colonial que desencadenara el relevo de los comerciantes monopolistas ligados a la metrópoli por una burguesía de carácter nativo; fue justo en ese momento histórico que un sector importante de los habitantes de la margen occidental del Río de la Plata decidió tirar por la borda al régimen oprobioso del rey de España para asumir por sí solos la conducción de la cosa pública.
Durante la semana que va del 18 al 25 de mayo de 1810 los acontecimientos se precipitaron y, en medio de los avances y reflujos producidos por las distintas corrientes de opinión que convergían hacia la revuelta, el Cabildo —un verdadero parlamento donde estaban reprersentados los empleados civiles, alcaldes, cónsules, clérigos, profesionales, comerciantes, vecinos sin designación, etc.— decide en votación dividida que el poder de España había finiquitado.
Los que empujaban para adelante, los que no querían ninguna concesión y rechazaban cualquier posibilidad de negociar un gobierno compartido, triunfaron no sin sobresaltos, dejando atrás a los timoratos y agentes encubiertos de la monarquía española.
Fue sin duda un pronunciamiento popular que inició una nueva era en el continente. Buena parte de los habitantes, reunidos en la plaza pública y conducidos por las milicias populares que habían organizado French y Berutti bajo el nombre de "Legión Infernal", desbordaron a los indecisos para exigir a voz en cuello el cambio total.
Concretamente, desde la plaza, exigieron no solo que renunciara el virrey Cisneros sino también los demás. Textualmente dijeron en aquella jornada de 1810: "Si no se van, los resultados podrían ser fatales.
Con lenguaje actual diríamos: que se vayan todos, que no quede ni uno solo.
Y en realidad, en aquel 25 de mayo de 1810, pasado el mediodía, los regidores se prestaron a establecer la nueva Junta y la presentaron a la población para que fuera aprobada. También se agregaron una serie de disposiciones, como la obligación del nuevo gobierno de informar todos los días primero de cada mes sobre el estado de la economía y, también la obligación de invitar a representantes del interior.
Mientras tanto, simultáneamente en Europa, se producía el descalabro de la égida española y emergía victorioso el imperio napoleónico que, con su campaña política, diplomática y militar, dominando a todo el viejo continente, desde fines del siglo XVIII hasta 1815, intentó prematuramente organizar un gigantesco mercado europeo para contraponerlo al dominio marítimo y comercial internacional de Inglaterra.
Estos enconos interimperiales se vieron reflejados en el prisma de la revolución producida en Buenos Aires el 25 de mayo, ya que sus jornadas posteriores fueron agudizando los enfrentamientos entre la corriente conservadora de Cornelio Saavedra y la liberal jacobina de Mariano Moreno, fundamentalmente en el terreno económico.
En ese sentido la experiencia histórica mundial indicó siempre que sin un proteccionismo inicial no se ha desarrollado ninguna economía moderna. Es decir, que el factor inicial para cualquier proceso primitivo de acumulación —y esto fue válido para los países europeos en el comienzo del capitalismo—, es una activa intervención del poder poder político.
Mariano Moreno pareció intuirlo y, claramente, aludió a las funciones que el Estado debe cumplir para promover la economía, proponiendo la confiscación de bienes que le otorgue al poder político la posibilidad de "crear fábricas e ingenios y otras cualesquiera industrias, navegación, agricultura y demás, lo que produciría en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesita para la conservación de los habitantes".
Esta verdadera plataforma de economía nacionalizada la planteó Mariano Moreno premonitoriamente con meridiana claridad.
Pero Mariano Moreno, a fines de 1810, se vio obligado a renunciar y, pocos meses después, cuando apenas tenía 32 años, fallecía en alta mar en circunstancias dudosas.
Con él desaparecería también su grupo, cambiando radicalmente la orientación revolucionaria.
A fines de 1813 ya había quedado estructurada una política económica caracterizada por la tendencia al libre cambio en las exportaciones e importaciones y las franquicias a los extranjeros para intervenir en el comercio exterior. La ecuación de la dependencia económica comenzaba a formalizarse.
Porque el triunfo industrial de Inglaterra, con su consiguiente poder económico y político, tuvo sin duda que ver con el hecho de que la revolución rioplatense, como la de todas las ex colonias, se redujese a la separación política sin cambio de las estructuras económico-sociales (salvo quizás los chispazos de Hidalgo y Morelos en México y de Artigas en la Banda Oriental).
De todos modos, el 25 de mayo de 1810 fue un gesto de rebeldía inicial muy serio. Pese a que el golpe de Estado que hizo caer a Moreno generó que la economía pasara de un patrón a otro. Pese a que ya en ese momento el aparato estatal comenzaba a dar los primeros pasos en la senda de una política exportadora de materias primas y consumidora de productos manufacturados de procedencia británica. Y, sobre todo, pese a que los sectores hegemónicos de la economía mundial de ese entonces se abalanzaron una vez más sobre estas playas.
Más allá de las edulcorosas transfiguraciones escolares, se trata de una fecha trascendente que representó un paso hacia adelante. Igual que las guerras populares libradas por San Martín, Güemes y tantos otros.
Cien años después, el 25 de mayo de 1910, cuando los conservadores en el poder montaron un gran circo con el Centenario, los anarquistas y buena parte de la clase obrera rechazaron la celebración y opinaron que se trataba de una fiesta de la burguesía que nada tenía que ver con la revolución proletaria.
Y no era para menos. La llamada "sociedad decente", con el patrocinio del gobierno oligárquico presidido por Figueroa Alcorta, convirtieron al 25 de mayo en una celebración de las clases altas, neutralizaron todo su significado de ruptura con el yugo colonial y hasta llegaron al límite de reducir la versión original del Himno Nacional prescindiendo de todas las estrofas revolucionarias y de confrontación.
Los trabajadores, en los primeros días de mayo de 1910, respondieron con una multitudinaria manifestación llevada a cabo en la Plaza Colón, detrá
La concentración congregó a unos 70.000 manifestantes (cifra altísima para la época) y la clase dirigente montó en cólera ante el temor de que los obreros les aguasen el festejo.
Entonces salieron a la calle las fuerzas parapoliciales de lo que después se autodenominaría Liga Patriótica, que incendió locales partidarios y sindicales, la sede del diario anarquista La Protesta y la redacción del matutino socialista La Vanguardia.
El 14 de mayo, en un club oligárquico, la Sociedad Sportiva Argentina, ubicada en la calle San Martín entre Lavalle y Tucumán, las patotas de la derecha, comandadas por el barón Demarchi, resolvieron salir esa misma noche para lo que ellos dijeron que era "darle una lección a los extranjeros subversivos y antipatrióticos".
Sin embargo, no obstante la feroz represión, con muchos sindicatos destruidos, clausurados, saqueados e incendiados, el 18 de mayo de 1910 se llevó a cabo la huelga general revolucionaria que se extendió por una semana.
La oligarquía pudo finalmente celebrar el Centenario con la infanta Isabel de España como invitada de honor, pero quedó con la sangre en el ojo y rápidamente elaboró nuevas leyes represivas, como la ley 7029 llamada de Defensa Social, que permitía castigar al movimiento obrero con o sin estado de sitio.
Cincuenta años después, durante el gobierno de Arturo Frondizi, el de la entrega del petróleo y del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), la oligarquía también celebró la fecha que, en 1960, al cumplirse 150 años, fue denominada sesquicentenario de la Revolución de Mayo.
Entonces yo era muy joven y el 25 de mayo de 1960 participé de una multitudinaria movilización en el tradicional recorrido de Plaza Congreso a Plaza de Mayo organizada por la izquierda que coreó una consigna que mantiene hoy toda su vigencia: "Sesquicentenario sin Fondo Monetario".
Desde que el pronunciamiento popular de 1810 había derrocado al virrey, símbolo de la prepotencia inquisitorial de la metrópoli española, había corrido mucha agua bajo los puentes.
La burguesía, como en 1910, como en 1960 y, sobre todo, como en las décadas posteriores de creciente obsecuencia a los dictados imperiales, falsificó el significado de la fecha y trató de convertirla en una efemérides desprovista de contenido revolucionario. En el campo popular de todos los tiempos no faltaron los debates sobre el significado de palabras que son interpretadas en forma distinta de acuerdo a los intereses de la clase social que las pronuncia, como "patria" y "nacionalidad".
Y en el 2018, más allá de los cantos de sirena que pretenden otra vez hacernos pasar gato por liebre, y más allá de todos los objetivos de lucha coyuntural que nos siguen movilizando contra el régimen perverso de exclusiones y represión que nos agobia y oprime, también vale la consigna de luchar por la segunda independencia. Aunque hoy, además, hablemos de socialismo y revolución obrera.

***

Hasta aquí una de las fechas que recordamos hoy. Pero este trabajo está dedicado también al Cordobazo del 29 de mayo de 1969. Al Cordobazo de hace 49 años. Al Cordobazo de Agustín Tosco, de los estudiantes que se atrincheraron en el barrio de Clínicas de aquella ciudad, de los obreros de Luz y Fuerza y otros sindicatos que, en determinados lapsos, hicieron retroceder a los feroces represores de la policía montada.
Los grandes movimientos populares de la historia no se olvidan , a pesar de los ingentes esfuerzos del régimen por obturar la memoria colectiva.
Así como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre por los trabajadores de la carne, a principios de 1959 en el barrio de Mataderos, y como tantos otros hitos en los que predominó la lucha obrera, el Cordobazo también fue escrito con la la sangre rebelde de los oprimidos.
En las postrimerías de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, concretamente en mayo de 1969, cuando la combatividad popular en todo el país estaba haciendo tambalear a aquel gobierno integrista y preconciliar que en sus primeros tramos había contado con el apoyo de la burocracia sindical, los hechos se sucedieron en Córdoba sin solución de continuidad, poniendo en jaque el andamiaje trabajosamente montado por la oligarquía.
Los hechos principales de esos días fueron: la movilización de todos los trabajadores de IKA-Renault; el desafío de los estudiantes; el paro general del día 16 convocado por ambas CGT; el pronunciamiento de los alumnos de la Universidasd Católica que desafiaron a las autoridades de esa casa de estudios; la confrontación con la policía el día 23 en pleno centro de la ciudad y, finalmente, el repliegue hacia el tradicional barrio de Clínicas.
El 26, Agustín Tosco, el aguerrido dirigente de Luz y Fuerza enfrentado a los burócratas participacionistas del vandorismo, llamó a un paro activo para el 29, día en que millares de obreros y estudiantes convergieron hacia el corazón de la capital cordobesa.
El día anterior, al salir del despacho de Onganía, el gobernador de Córdoba, de apellido Caballero, declaró a los periodistas que se evitaría la violencia "a cualquier precio". Además, la policía amenazó al pueblo anunciando que no le temblaría el pulso para hacer uso de sus armas de fuego. Por su parte el jefe del III Cuerpo de Ejército, general Sánchez Lahoz, arengó a sus tropas con el típico cinismo de los militares, instándolas a mantenerse "firmes en busca del mundo tantas veces soñado de grandeza y felicidad".
Desde muy temprano, en aquella mañana del 29 de mayo, las fuerzas represivas se desplegaron en toda una amplia zona céntrica que rodeaba el local de la CGT con el visible propósito de impedir como fuere que los obreros llegasen al centro de la ciudad. Particularmente el objetivo más claro era obturarle el paso a los trabajadores de IKA-Renault, los tradicionalmente más combativos.
A las 11 de la mañana, justamente los obreros de las plantas de IKA-Renault, Grandes Motores Perkins, los empleados de la Empresa Eléctrica de la provincia (EPEC) y otros se encolumnaron hacia la ciudad.
Por lo menos 3000 trabajadores componían esta columna, que comenzó a desplazarse lentamente por la céntrica Avenida Vélez Sarfield.
Los estudiantes comenzaron a bajar desde el barrio Clínicas para converger con los obreros. Y a las 12, en el centro, el combate se había desatado y las contundentes respuestas obreras a la policía no se hicieron esperar.
Todavía hoy resulta más que emocionante observar la filmación de aquellos hechos, cuando la policía montada, ante el fervor conbativo de obreros y estudiantes, se vio obligada a retroceder.
Si hay un momento glorioso en la lucha popular de las últimas décadas que puede servirnos como referencia, es ése: cuando los policías tienen que darse vuelta y escapar.
Los manifestantes se habían dividido en numerosos y nutridos grupos, con una gran operatividad, sorprendiendo a la policía que dejó de usar gases lacrimógenos para utilizar en cambio pistolas Ballester Molina, calibre 11.25 milímetros, según testimonio de los diarios cordobeses. A las 13, cerca de la terminal de ómnibus, balearon a mansalva a los obreros, cayendo asesinado Máximo Mena, obrero de Santa Isabel, la principal planta de IKA.
La policía se retiró a lugares estratégicos, pero a la vez tiró a matar, segando la vida de varios trabajadores más. También a las 13, con el primer comunicado del III Cuerpo de Ejército, se inició una acción psicológica de los militares amenazando con la entrada a la ciudad si los manifestantes no se retiraban.
El alarido resultó inútil ante la decidida acción popular. Cincuenta manzanas del centro de Córdoba ya eran consideradas territorio libre de América y se encontraban en manos de los trabajadores y estudiantes, apareciendo las primeras barricadas en los barrios de Clínicas y Alto Alberdi. Algunos vehículos comenzaron a arder y en la Plaza Vélez Sarfield los manifestantes, sin armas, lograron derribar de sus cabalgaduras a los policías, quitándoles sus armas.
Mientras tanto, los obreros de Fiat formaban otra columna, logrando despejar el área de policías. No fueron pocos los uniformados que resolvieron abandonar sus armas en la calle y huir rápidamente ante el empuje del pueblo.
El diario cordobés Los Principios (31 de mayo de 1969) llegó a afirmar:
"Los periodistas extranjeros se asombran de la fuerza con que lucharon los obreros y estudiantes. Muchos de los hombres de prensa han estado en las más sangrientas escaramuzas que registran las últimas crónicas del mundo, pero no recuerdan una cosa similar...".
Varios edificios de empresas extranjeras y de grandes capitalistas locales fueron incendiados, igual que el Ministerio de Obras Públicas y la sede de Xerox de capital norteamericano.
Luego de asaltar el Banco del Interior nadie tocó un solo peso y los manifestantes se dedicaron a destruir el dinero, símbolo del sistema. En todas partes se multiplicaron las asambleas populares en las que oradores de todas las tendencias expusieron sus puntos de vista.
En el barrio Güemes cientos de vecinos y estudiantes se reunieron frente al Casino de Suboficiales. Uno de los oradores, un joven estudiante, habló de "esos" represores y parásitos que viven del trabajo ajeno, mientras el barrio, muy pobre, pasaba hambre.
Muchos de los vecinos opinaron que había llegado la hora de darle su escarmiento a esos enemigos del pueblo y, espontáneamente, asaltaron el Casino. A esta altura ya no combatían solo los obreros y los estudiantes. También sectores de clase media se habían sumado para levantar barricadas, organizar la defensa de los barrios, repeler a la policia desde los balcones de los departamentos, etc.
A la violencia policial, que en todo momento tiró a matar causando numerosas bajas en las filas obreras, se respondió con la violencia del pueblo. Nadie se acobardó y todos fueron al frente.
Sobre la media tarde, cuando la policía se había replegado en completa derrota, aparecieron los militares.
Por distintas vías llegaron a la ciudad efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas y una columna de vehículos militares con tropas del Regimiento 14 de Infantería, que empleaban fusiles ametralladoras.
Los aviones de la Escuela de Aviación Militar comenzaron a sobrevolar la ciudad alrededor de las 17.30, efectuando vuelos rasantes para intimidar a la población. Con las armas quitadas a la policía el pueblo repelió al ejército y a la fuerza aérea. Las tropas se encontraban con grupos de obreros que lucharon con gran fervor y organización.
Lentamente y armados hasta los dientes, los militares fueron conquistando el control de la ciudad, haciendo frente a la resistencia popular, particularmente en el barrio de Clínicas, donde los tiroteos continuaron hasta la madrugada siguiente.
Al amanecer, en su avance con los tanques para eliminar los últimos focos resistentes, el ejército tropezó con barricadas y con mucha gente que, pese a la abrumadora desproporción de fuerzas, no quería rendirse. Y, también, con miles de personas que, lejos de estar escondidas en sus casas, se dedicaron a escupir e insultar a los represores.
La noche del 30 todavía seguía la resistencia en el barrio de Clínicas. Muchos estudiantes disparaban con hondas y armas de pequeño calibre. Alrededor de las 22, después de casi dos días de lucha ininterrumpida, culminó la ocupación.
A la madrugada el Consejo de Guerra dictó su primera condena: tres años de prisión al dirigente obrero Varela. Mientras tanto Agustín Tosco fue apresado en la sede de su gremio y, posteriormente, condenado a ocho años.
"Córdoba ha vivido ayer un día terrible, peor que el 17 de octubre", diría al día siguiente La Prensa, el viejo diario oligárquico de los Paz, para añadir a renglón seguido: "Puede decirse que la Argentina no había sufrido hasta ahora una afrenta subversiva tan honda".
En todo el país se multiplicaron las acciones y las luchas. El sistema entró en pánico y la revista Periscopio llegaría a afirmar lo siguiente:
"Desde el punto de vista político el hecho primordial es la aparición de una izquierda subversiva que ya lame los flancos del peronismo, un seguro del viejo régimen, inflamando la imaginación popular".
Los tribunales militares constituídos después del Cordobazo siguieron juzgando y condenando a centenares de detenidos, pero las luchas fueron creciendo. Y se produjo la aparición de las organizaciones armadas populares —ERP, FAR, FAL, Montoneros, FAP, etc.—, que escribieron páginas inolvidables en la historia del campo popular.

***

25 de mayo de 1810. 29 de mayo de 1969. Está claro que no estamos hablando de cosas del pasado. Estamos hablando de las luchas de hoy. Inclusive de las luchas que se vienen en la Argentina neoliberal-fascista de Mauricio Macri.

Herman Schiller

"Se desarmó una bomba para armar otra más explosiva" // Marcelo Ramal

"Tenemos que apoyar a los compañeros del Subte" // Néstor Pitrola y Paletti en Crónica TV

"¡Apoyemos a los trabajadores del subte!" // Gabriel Solano

Cartoneros



Solían ser llamados "cirujas", gente sucia que hurgaba en los tachos. Hoy son cartoneros o, incluso más profesional: recicladores. Llenan las calles de Buenos Aires, recogiendo cartón, papel, metales, vidrio y plástico de los contenedores de basura o de la vereda y lo llevan a los "centros verdes". Allí se clasifica y se vende para reciclar. Viven en villas, en los suburbios de la Capital. Hoy están protestando contra un proyecto de ley del gobierno de Mauricio Macri quien quiere acabar con la “ley de basura zero” para comprar costosas plantas de incineración de residuos en el exterior.
Anteriormente, Macri quería meterlos presos porque "roban la basura". Hoy, los cartoneros están integrados en el sistema de tratar los residuos de la Ciudad. Reciben un sueldo y uniformes y tienen una obra social. Una experiencia extraordinaria en todo el mundo - gracias a su organización y su lucha.

La ciclicidad de la crisis argentina

Las ultimas cuatro décadas de la Economía Argentina estuvieron reinadas por crisis cíclicas -cada aproximadamente 10 años- siendo la primera entre 1981/1982 donde eclosiono la famosa tablita financiera de Martínez de Hoz y la fuga hacia adelante por el conflicto de Malvinas que termino de precipitar la caída del Proceso de Reorganización Nacional.
La segunda fue la salida premeditada de gobierno del Presidente Raul Alfonsín que termino en una hiperinflación durante 1989 que dio lugar al triunfo de Carlos Menen y su posterior radicalización neoliberal iniciando un ciclo hasta fines de 2001 lo que incidió con la crisis económica y político social mas relevante del ultimo centenario.
El analista y economista Claudio Scaletta en su ultima obra marca quizás la raíz de todas ellas que es la falta de dolares para el financiamiento económico o la llamada reestricción externa que obedece a la imposibilidad de contener los dolares migratorios que integran la economía local -gracias a generosas y únicas tasas de retorno a nivel mundial- que luego de un periodo de rentabilidad interna y del cambio de humor de los mercados internacionales y el ascenso -también cíclico y en función de las necesidades de financiamiento de la economía norteamericana- de las tasas de interés dejan sus espacios financieros de especulación por otros de mayor seguridad.
El dilema puesto en escena es con que mecanismos cuenta el Estado para contener los dólares necesarios para su funcionamiento y de cómo ello da a lugar al conflicto de intereses entre las actividades locales que transan en el mercado mundial sus productos y la salida de remesas empresariales ante un mundo trasnacionalizado o globalizado como lo quieran llamar.
Se requiere de un alto consenso social y político de un Estado para desplegar sus políticas que protegen a sus habitantes de las fluctuaciones anteriormente determinadas y es por eso hasta el agotamiento o fin del gobierno anterior se pudo mantener un esquema de retensiones -heredado de la gestión del exministro Lavagna- y limitación en el reflujo de divisas al extranjero.
No es casual que justamente esta medida clave fue revocada por la actual gestión neoliberal del Presidente Macri y su reemplazo financiero por dólares frescos de endeudamiento publico a fin no solo -pero no logrado- del objetivo de reducir la emisión monetaria -causante de la inflación según sus gurúes- sino de generar una plaza financiera que impusiera su lógica sobre la producción nacional -heredera del peronismo- y causante de todos los males nacionales desde su posición monopólica ante una economía cerrada y su supuesta falta de productividad mundial pero sin aclarar que el 75 % de la producción del país se destina al mercado interno.
Por ello y ante la integración al mundo se abre la economía a la competencia mundial y los cordones industriales del Gran Bs As, Córdoba y Rosario deben cerrar sus puertas empujando a sus trabajadores a la desocupación y al desamparo.
Nada nuevo para los que rondamos mas de 40 años de edad y ya tenemos experiencia no solo histórica sino empírica de estos sucesos pero viene aquí y a este humilde trabajo comprender las razones -nuevas o no- de la última desazón financiera del gobierno para poder darle el verdadero cariz político necesario para nuestro futuro obrar.
El sobredimensionamiento financiero de la gestión Macri ha tocado un limite -quizás transitorio- para perpetuar su mecanismo de toma de dólares del mercado externo y su fusión al interior de la economía pues los inversionistas han detectado tempranamente sobre la posible imposibilidad de pago de la economía local principalmente por la falta de instrumentos tanto económicos como productivos para generar el repago del capital más intereses.
En un contexto internacional adverso y del lanzamiento de un programa récord de financiamiento de la economía norteamericana el famoso fly to quality ha dado lugar nuevamente dejando no solo nuestra plaza sino otros sitios del mundo ante la recurrente necesidad de acudir al prestamista de ultimo plazo: El FMI.
El descontento social de esta medida devaluacionista -a lo que se suma la dolarización interna que obra sobre el proceso inflacionario- marca un punto limite de apoyo social a la gestión macrista pero dada la dispersión opositora no es posible encontrar un lugar común de reposo.
Es necesario reliderar el espacio opositor -no solo desde un lugar declamativo- sino más inteligente que propugne propuestas superadoras al mismo paso de integrar todos los sectores dispersos con un despliegue territorial en clave nacional.
No solo relevar el espacio parlamentario sino también utilizar todos los medios masivos de comunicación y difusión mediática e informática que permitan llegar capilarmente a las mayorías.
Por ultimo, solo la apelación a fondos buitres -reacios a esta altura- y la asistencia pautada del FMI pueden hacer subsistir esta gestión soportada por una relevante tribu mediática mientras la realidad es un producto que dista de este espejismo.
Obremos sobre la realidad y esperemos los pasos en falso de una gestión desesperada.

Ezequiel Beer. Geógrafo UBA. Analista político.

miércoles, 23 de mayo de 2018

Mucho más que el subte



Qué se juega en esta lucha

La atención pública excluyente que ganó el conflicto del subte en estas horas no es un hecho fortuito: la lucha de los metrodelegados concentra –y anticipa– cuestiones centrales de la actual situación política.
En primer lugar, la lucha del subte ha colocado al rojo vivo la cuestión de la reapertura de las paritarias: a esta altura, y con una perspectiva inflacionaria del 28-30% para este año, los acuerdos paritarios del 15% y en cuotas plantean la perspectiva de una caída del salario del orden del 13-15% para 2018, ello, sin considerar nuevas corridas o saltos devaluatorios en puerta.
El gobierno y las patronales se escudan en “cláusulas de revisión” que en el pasado reciente incluso fueron desconocidas, y que en cualquier caso van a desconocer el brutal desfasaje provocado por la megadevaluación y la carestía ulterior. La gran pulseada entre el Estado y la clase obrera pasa ahora por esta tentativa de desvalorización del salario y las jubilaciones. Detrás del reclamo de Metrovías, puede abrirse la puerta de las decenas de gremios que, de la mano de todas las fracciones de la burocracia, han firmado paritarias ruinosas.

“Personería”

Para desconocer el reclamo salarial, el gobierno alude a la “incapacidad legal” del sindicato del subte para discutir paritarias, ello, por el fallo de la Corte que le negó este derecho a la AGTSyP y mandó para atrás todo el trámite de reconocimiento integral de su personería gremial. Es la personería que el kirchnerismo nunca le quiso otorgar a la AGTSyP durante su mandato, como parte de los pactos de “gobernabilidad” que sostenía la ex presidenta CFK con el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. La inscripción gremial sólo le fue otorgada al subte días antes del traspaso presidencial de 2015.
Ahora, el Estado se vale de la proscripción gremial que él mismo armó – a pesar de que la AGTSyP concentra la adhesión del 85% del subte – para rechazar siquiera una negociación con los metrodelegados. Semejante acto de violencia “institucional” demuestra hasta dónde llega la coacción y el despotismo de los poderes del Estado cuando está planteada una lucha contra la clase obrera. Los operadores mediáticos que se escandalizan con los piquetes de los trabajadores del subte no dicen una palabra de esta monumental operación de despojo de los derechos sindicales, y que fue completada, en los túneles, con palos, gas pimienta y detenciones contra los trabajadores que organizaban la huelga.
Estos mismos “mediáticos” le admiten a los metrodelegados que “paren”, si quieren, pero sin “impedir que otros trabajen” (en este caso, los supervisores a quienes la patronal intentó poner a hacer funcionar los trenes). Pero la huelga no es el derecho `individual` a no trabajar. Es el derecho colectivo de los trabajadores a interrumpir la producción con todos sus métodos de lucha. Sólo está acción colectiva puede enfrentar a la inmensa conspiración del gobierno, el concesionario parásito y la “justicia” contra los trabajadores. No hay subterfugios para defender este camino: con estos mismos métodos, los metrodelegados defendieron en el pasado la seguridad y la salud de los pasajeros, frente a formaciones contaminantes y en pésimo estado de mantenimiento.

A dónde vamos

La invocación hasta el hartazgo del fallo de la Corte contra la AGTSyP demuestra que la escalada legal contra el subte –y cuya directiva tendió a minimizar – sería fuertemente explotada por el gobierno a la hora de atacar a los metrodelegados. Es cierto, sin embargo, que un sindicato es mucho más que un papel o una personería – lo demostró el contundente paro general de este martes, después de las 16 detenciones. Para superar la proscripción gremial, el sindicato debe ser la fuerza colectiva de los trabajadores actuando contra el capital y el Estado.
El reclamo de la reapertura de paritarias, de una mesa de negociación con los metrodelegados, de levantamiento inmediato de todas las sanciones y procesos judiciales exige de un plan de lucha que debe contemplar la preparación de la huelga general, en conexión con todo el movimiento obrero que soporta, también, la perspectiva de una liquidación inflacionaria de sus salarios.
El gobierno que ha enviado las tropas a los andenes pretende mostrar una fortaleza que no tiene a la hora de contener la fuga de capitales, el desmadre económico y la bancarrota de su propia política. Las consecuencias devastadoras de ese derrumbe lo sufre toda la población trabajadora que se transporta para el subte. Es necesario ganarla a los propósitos de esta lucha con una campaña enérgica en defensa del derecho a huelga, a la reapertura de todas las paritarias y a la propia seguridad en el transporte, siempre amenazada por el parasitismo del concesionario que arrancó un tarifazo del 66% pero pretende que “sus” trabajadores se arreglen con un 15%.
Encaremos una campaña en toda la Ciudad en defensa de los trabajadores del subte.

Marcelo Ramal

Brutal recorte a las incumbencias de 37 carreras universitarias



Macri y los rectores disparan contra las carreras de grado y fogonean el negocio de los posgrados arancelados.

Por una resolución del Ministerio de Educación (1254/18), se modificaron de un saque las “actividades profesionales reservadas” de 37 carreras de grado. Esto significa un recorte de las actividades exclusivas en las que se puede desempeñar el graduado de una carrera.

El recorte es abrumador: en Geología se pasa de 40 actividades reservadas a 7; en Arquitectura de 20 a 4; y así en cada una de las 37 carreras a las que se les asignan actividades restringidas y diferenciadas. En lo inmediato, se trata de una devaluación de los títulos, cuyo valor disminuye al perder la exclusividad sobre numerosas actividades, y pasando a competir en el mercado laboral con carreras más cortas, en general del ámbito privado, cuya retribución es más barata.
Esta medida está asociada a toda la política de privatización educativa que, bajo el auspicio de la OCDE y el FMI, encarna el macrismo.

Del recorte de incumbencias al recorte de contenidos

El mismo día que se publicó esta resolución, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro expresó “el interés del Gobierno por contar con carreras más ágiles con trayectorias formáticas que permitan, sin quitar conocimiento, reducir horas de estudio” (La Nación, 18/5). Sin embargo, el recorte de las incumbencias anticipa un recorte de contenidos: ¿para qué enseñar urbanismo en la carrera de Arquitectura si no es un ámbito exclusivo del título? ¿Para qué gastar recursos en enseñarle Psicología Laboral a un Licenciado en Psicologia si por mucho menos puede hacerlo un Técnico en Coaching o algún derivado?. La orientación del gobierno es clara: carreras de grado cortas con títulos devaluados.
Los resultados de esto son el crecimiento de los posgrados pagos –para completar una formación integral y mejorar las chances de inserción laboral– y el reforzamiento de las carreras cortas, que reemplazan la formación científica por la capacitación para desempeñarse solamente en actividades específicas.

Los socios de Macri en la universidad

Esta política ha sido pactada con los rectores radicales y peronistas, no es un secreto para nadie. Mientras que la Franja Morada maneja la Secretaría de Políticas Universitarias a través de Danya Tavela, el ex rector K de la Universidad de Córdoba, Francisco Tamarit, es quien coordina el Sistema de Reconocimiento Académico y establece la nivelación –a la baja– de las carreras públicas con las privadas. El mismo acuerdo se reproduce en el Consejo Interuniversitario Nacional, donde preside el radical Hugo Juri y es secundado por el ex viceministro de Cristina Jaime Perczick, e incluso en la Federación Universitaria Argentina.
Los Rectores actúan como los CEOs de la universidad, buscando “seguridad jurídica” para desenvolver el negocio de los posgrados y las carreras chatarra. Esta comprensión es el punto de partida para desarrollar un movimiento estudiantil independiente.

Pongamos de pie al movimiento estudiantil

La “modernización” que postulan Macri y Finocchiaro en acuerdo con los rectores significa una degradación de las carreras para adecuarlas a la descalificación del trabajo que marcan la reforma laboral y el acuerdo con el FMI. Como no podía ser de otra forma, empalma con el recorte salarial a los docentes y el ajuste presupuestario que ha sido golpeado por la devaluación del peso.
La UJS va a proponerle a la FUBA y los centros de estudiantes combativos la convocatoria a asambleas en todos las facultades para apoyar a los docentes, discutir este ataque a las carreras y preparar una gran movilización en junio hacia la Conferencia Regional de Educación Superior, donde planean reunirse los rectores de América Latina para darle un aval a esta política de desguace y privatización de la universidad pública.
El viernes, a las 17hs, convocamos a un plenario abierto de la UJS en la Facultad de Farmacia para preparar esta campaña.

Juan Winograd, Consejero Superior de la UBA

Un escenario de grandes choques sociales y crisis políticas por delante

La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero estrictamente, y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud.
La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, calculan que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página 12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que en alguna medida se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y –cuanto menos– ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo.

Dujovne y las provincias

Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con Mrs Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras pública prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (id) –o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”.
Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro –el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros– y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita de este modo el escarnio público de tener que discutir con todas las fuerzas políticas la letra inevitablemente leonina del acuerdo y la oposición pejotista dejar sus huellas en esta entrega.

Otra vez las tarifas

Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas –y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante–, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo al esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (id). La magnitud de este `tarifazo sobre el tarifazo´ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiaria, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la `megadevaluación`.
El movimiento obrero –y en primer lugar el clasismo y la izquierda– debe tomar cuenta de ello.

Marcelo Ramal

Un país verde pero de plástico

Mientras el presidente anuncia más parques nacionales y una denodada vocación por cuidar la ecología, varios funcionarios están implicados en causas judiciales por deforestaciones y contaminación de arroyos. Otros, directamente, defienden con voz y votos el uso de agrotóxicos. El discurso vacío que, no por eso, deja de ser efectivo.

El discurso green friendly del presidente Mauricio Macri apareció, en este primer cuatrimestre, en cada una de sus apariciones públicas. La primera, y quizás la más resonante, fue cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación: allí, en los 43 minutos de cadena nacional que estuvo sentado frente a la bancada oficialista y opositora, anunció la creación de nuevos parques nacionales y repasó los avances en ese sentido que se habían dado durante su gestión.
Días más tarde, en la entrevista buenaonda que le hizo Mariana Fabbiani en Canal 13, el presidente fue por más, y no sólo se refirió a proyectos puntuales, sino a una filosofía que supuestamente busca contagiar: “Queremos empresarios que traten bien a su gente, que cuiden el medio ambiente y que inviertan en lo que hacen”.
Hasta ahí, todo bien: algunos lugares comunes que no son nuevos, intenciones que podrán estar mejor o peor pensadas o articuladas, y un cuidadoso relato ecológico que siempre seduce a una parte importante del electorado, de acuerdo al manual de instrucciones duranbarbista. Pero como sucede con su amigo y sucesor porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que promociona una “Ciudad Verde” llena de falsas plantas en las esquinas, la contradicción del presidente se trasluce entre lo que dice y lo que hace. Entre lo concreto y lo dialéctico. Porque mientras se jacta de que su gobierno está preservando y ampliando las superficies de parques nacionales y de áreas protegidas en el mar argentino, algunos funcionarios aparecen involucrados en causas judiciales por daños ambientales y otros no tienen reparos en defender una política que erosiona, cada vez más, el ecosistema.

Deforestados

En Piruaj Bajo, al norte de Santiago del Estero, no hay señal de celular. Las llamadas y los mensajes a las personas que tienen teléfonos y viven allí quedan en un limbo. A veces, internet funciona a la noche y la comunicación puede concretarse. A veces, hay que esperar a viajar a algún pueblo con señal.
En Piruaj Bajo viven alrededor de 100 familias desde el fondo del tiempo. Todas son familias campesinas que crían animales y trabajan pequeñas superficies de tierra para subsistir. “Ahora nos quieren desalojar y nos amenazan, nos ponen alambrados y vienen con topadoras”, le describe Nicolás a Cítrica. Ahora, Nicolás está en Nueva Esperanza, a 80 kilómetros de la comunidad: la distancia que hay que recorrer para que los celulares respondan.
La de Piruaj Bajo podría ser una más de las muchas historias de desalojos a comunidades originarias o campesinas en la Argentina.Pero a este conflicto hay dos singularidades que lo hacen especial: la primera es que la empresa que quiere desalojar a las familias se llama Sacha Rupaska S.A. y tiene, entre sus accionistas, al ministro de Finanzas, Luis Caputo. La segunda es que el motivo del desalojo es para completar un desmonte que debió ser evitado desde el principio: la zona en cuestión está protegida.
Por esa razón, Greenpeace, Mocase-Vía Campesina, un sector de la Iglesia y otras organizaciones se juntaron para denunciar a la empresa, el último 23 de febrero, ante la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero por el desmonte de 500 hectáreas en un área identificada como “amarilla”, en la que –en teoría– no se permite ningún tipo de tala o desmonte.
A diferencia de la empresa offshore que omitió incluir en su declaración jurada, y por la que tuvo que responder en el Congreso, Caputo no tuvo reparos en incluir su participación en Sacha Rupaska: es uno de los accionistas de la empresa desde su creación, en 2007.
Con el mismo propósito que Sacha Rupaska –convertir el monte en un campo de soja–, Alejandro Braun Peña, uno de los primos del jefe de gabinete Marcos Peña, empezó a derribar los árboles de la finca El Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, en Salta. Pero el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable provincial suspendió esta acción porque la zona está protegida por la Ley de Bosques y la 26.160, que impide los desalojos a pueblos originarios. Como pasa en Santiago del Estero, en esa zona salteña hay un pequeño grupo de familias wichi que quedó arrinconado y es asediado sistemáticamente por los empresarios locales, que en nombre de la rentabilidad quieren cambiar un bosque por un mar sojero. Incluso con exhortos explícitos, como aseguró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace: “En lugar de detener las topadoras que están destruyendo el monte salteño, Braun Peña nos amenaza con acciones legales. No nos vamos a callar”, dice. El empresario es uno de los primos que el jefe de Gabinete “no conoce”, aunque merodea el círculo rojo de Cambiemos desde siempre: aportó a la campaña electoral, entró en el blanqueo de capitales y ahora es proveedor de luminarias del Estado. En Cuchuy, además, Braun Peña es socio de Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.
“Cuando los funcionarios se refieren al cambio climático siempre lo embocan como una justificación. No se acuerdan del cambio climático cuando permiten e impulsan la soja transgénica, Vaca Muerta o la megaminería. Para ellos, el cambio climático es algo abstracto y sin culpables”, reflexiona el abogado ambientalista Enrique Viale.

Un disfraz con mal olor

Lo que dice Viale tiene un ejemplo paradigmático. Un ejemplo que pasó inadvertido porque nuestra hipertrofia informativa hace que, muchas veces, lo superficial prevalezca por sobre el contenido. La noche en la que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se disfrazó de planta y quedó en el centro de las cargadas en redes sociales, en su cuenta oficial de Twitter escribió un slogan que sintetizó todo: “Soy un hombre planta que trabaja por una Argentina verde #CambioClimático”.
Lo curioso es que mientras hace ese trabajo por un país verde, Bergman figura como uno de los miembros fundadores de una fundación que posee denuncias por contaminar el arroyo de Colonia Avigdor, en Entre Ríos. Además de ser uno de los fundadores, el ministro fue durante mucho tiempo su director ejecutivo.
La fundación se llama R.A.I.C.E.S (Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias para la Empresa Social) y uno de los emprendimientos que lleva a cabo es el de gerenciar y administrar una empresa láctea que, según la presentación judicial de la ONG Más ríos, menos termas, arroja líquidos residuales, sin tratamiento alguno, al único arroyo existente de la localidad. Los propios trabajadores afirmaron que el lactosuero no se trataba y era vertido a través de un caño clandestino que nacía en la fábrica y terminaba en el espejo de agua.
“Existe una decisión política del Gobierno de construir el discurso sin ninguna base técnica o sustento. Se basa en repetición y coherencia. Así instalan mentiras. Esta es la característica más notable. Y eso, en el tema ambiental, es trágico”, dice Raúl Montenegro, biólogo, premio Nobel alternativo y presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.

Veneno como política de Estado

Más allá de las causas judiciales que involucran a funcionarios, hay algo mucho más grande –y mucho más dañino–: el modelo extractivista de un Gobierno que no muestra ningún signo de cambio de rumbo.La prueba más cabal de esto la dio el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, en una reciente reunión con apicultores, que expusieron la “crítica situación” del sector, debido al “progresivo deterioro ambiental por la pérdida de biodiversidad, como resultado de la política agrícola intensiva vinculada al uso de agroquímicos“. Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, ideólogo de este plan agroindustrial, respondió con una pregunta que era toda una declaración de principios:“¿Cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar”. Y si Etchevehere lo puso en palabras, los concejales de Cambiemos en Gualeguaychú lo pusieron en votos: fueron los únicos que se opusieron al proyecto para prohibir el uso de glifosato en ese departamento entrerriano, en alerta por un incremento sideral de casos de cáncer.
Para Montenegro, el problema justamente es ése: mentir para defender el modelo. “Cuando dicen que los plaguicidas no hacen daño, uno no tiene la posibilidad de comprobarlo. Los números de la inflación, si uno va al super puede desmentirlos”, compara. “Que haya más parques nacionales está bueno. Pero el resto queda liberado al capital impunemente. Tienen mucha publicidad cuando crean un parque, pero eso no justifica todo lo otro”, agrega Viale. Todo lo otro: desmontes ilegales, contaminación de aguas, agroquímicos que destruyen el hábitat. Problemas que existen y crecen, aunque quieran taparlos con sloganes y plantas artificiales.

Quemando basura

El bloqueo mediático que orquestó el Gobierno porteño mediante operadores que convencían a periodistas con viajes a Europa y promesas de un respeto ecológico sin ningún sustento dio resultado: a pesar del rechazo de cooperativas de cartoneros y de todas las organizaciones ambientalistas, la Legislatura porteña — con los votos del bloque oficialista más otros dos legisladores — habilitó, a principios de mayo, el proyecto para incinerar residuos de la Ciudad. Fue una reforma silenciada y sin ningún debate público.
El proyecto, al que el abogado y referente de la CTEP, Juan Grabois, calificó como un “crimen social y ambiental”, pone en riesgo el sistema de reciclado que realizaban cooperativas de cartoneros (que representa seis mil puestos de trabajo directos y más de veinte mil indirectos), pero sobre todo la salud de los porteños y bonaerenses. “La incineración de residuos sólidos urbanos no es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”, sostuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Agustín Colombo
Revista cítrica
@ahcolombo

La crisis de gobierno en Argentina

La comunicación tiene sus límites. El país real nunca jamás podrá ser sustituido por el país narrado. A pesar que nadie puede desconocer el creciente protagonismo del marketing político, la realidad cotidiana tiene tanta omnipresencia que resulta muy peligroso infravalorarla. El macrismo creyó, inicialmente, que podría tapar la angustia que causó en la gente la crisis cambiaria con un “todo va bien, todo está en calma”. Pero no. No lo pudo conseguir, así lo certifican todas las encuestas de opinión, sin importar su procedencia ideológica.
Confundir el periodo de gobierno y gestión con la etapa de campaña electoral es un error que se suele pagar caro. El manual de Durán Barba les sirvió para ganar la elección presidencial (teniendo en cuenta que había otros múltiples factores políticos que no deben desmerecerse en dicha victoria). Sin embargo, cuando llega la hora de la toma decisiones sobre economía o sobre cualquier otro ámbito que afecta a la gente, entonces, el arte de la política cobra más importancia de la que muchos imaginan. Es el momento de la Política en mayúsculas, en grande, en todas sus dimensiones.
El macrismo viene demostrando que apuesta todo a una sola carta: la comunicación nos salvará de cualquier realidad adversa. Y no. No es así; nunca fue así. Cuando el tipo de cambio salta por los aires, y el dólar pasa de costar 17 pesos a 25 en pocas semanas, la calle se pone nerviosa porque aparece un nuevo cepo cambiario, pero con otro collar. Si antes el macrismo cuestionaba al kirchnerismo por haber violado la libertad de los argentinos poniendo un cepo al acceso de dólares, ahora ellos aplican otro cepo aunque en base a otra restricción: el poder adquisitivo. Esto es: la libertad de comprar dólares choca con el valor (elevado) al que puede adquirirse. Una forma mucho más injusta e ineficaz de aplicar otra modalidad de cepo cambiario: sólo podrá acceder al dólar el que tiene muchos pesos, debido a la evolución creciente del tipo de cambio. Por un lado, es injusto porque excluye a la mayoría y deja en evidencia que el mantra de Macri de una “Argentina de todos” es falso. Por otro lado, es ineficaz porque el efecto de esta devaluación es el estancamiento de una economía con alta inflación. Nuevamente, otra promesa incumplida.
Es tremendamente difícil disimular con retórica comunicacional el alto coste de las tarifas o de los precios en los supermercados; ni siquiera la permanente sonrisa de María Eugenia Vidal o los desvaríos humorísticos de Lilita Carrió lo han conseguido. Esta vez, la calle ha detectado con total claridad la debilidad del Gobierno argentino frente a una situación extrema de crisis cambiaria-financiera-monetaria. Se les vieron todas las costuras.
Lo primero fue llamar al FMI y a Trump como aquel hijo que no puede resolver algo por sí solo y tiene que acudir a sus padres. Más allá de las consideraciones sobre las conocidas desastrosas consecuencias de un “rescate” del FMI (en la misma Argentina hace décadas o, más recientemente, en Grecia), lo obvio es que el Gobierno demuestra un alto nivel de incapacidad e impotencia.
Lo segundo es que se ha percibido claramente que sus “poderosos aliados internos” no lo son tanto cuando se trata del billete verde. Ni los “sojeros” liquidaron parte de sus ventas para traer dólares, ni los bancos ni fondos de inversión “ayudaron” en los días previos para bajar la demanda de dólares que ha supuesto una sangría histórica de reservas. Los grupos económicos afines al Gobierno lo son en tanto ganen todo lo que puedan (y más), pero que no cuenten con ellos para que el modelo económico sea sostenible en el tiempo.
He aquí, entonces, uno de los dilemas del macrismo: si se tapan por un lado, les falta abrigo por otro. Una rentabilidad tan exagerada para el sistema financiero, en pesos y en dólares al mismo tiempo, no puede ser duradera en el tiempo porque la economía salta por los aires. O fue impericia de los técnicos o se hicieron trampas al solitario, porque todo el mundo sabía que esta política económica les iba a explotar en sus propias manos más temprano que tarde.
Lo tercero es que se ha visto resquebrajado su idilio con los mismos medios que lo auparon en el poder. No significa esto que los hayan dejado de apoyar, pero sí han puesto una distancia relativa que ha provocado un gran malestar en la Casa Rosada. Si algo tienen los grandes medios es que les gusta tener siempre la sartén por el mango. Y esta vez, en medio de la crisis -como suele ser habitual- el Gobierno reaccionó encogiéndose, estrechando su círculo de contactos. Y esto, precisamente, fue lo que no agradó en absoluto a aquellos periodistas que tienen un alto grado de incidencia en la opinión pública. Son personas que poseen unos egos tan enormes que les desagrada que no se les consulte cuando llegan estos críticos momentos. Se tambaleó, así, este acuerdo entre ambos bandos. Esto no quiere decir que esté rota la relación pero, por primera vez, hemos podido constatar que se ha generado una grieta de desconfianza que no se cura con facilidad.
Desde cualquier punto de vista, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno argentino no es tan bueno en el campo de la gestión y de la política como lo fue en el terreno comunicacional-electoral. No es verosímil pensar que Macri salga inmediatamente en helicóptero de la Rosada. Pero ha pasado algo que no pasará desapercibido: quedó en evidencia la primera gran crisis de su gobierno. Macri ya no tiene a su jefe de gabinete que le sirva de escudo, ni ministros que puedan protegerlo. Tuvo que salir dos veces a poner la cara con un resultado más que incierto. Se comieron una vida. Les queda una menos. En política no se sabe cuántas se tienen. Pero sí hay algo absolutamente irrefutable: cuando se comienza la cuenta atrás, el final está un poco más cerca.

Alfredo Serrano Mancilla, Director CELAG, @alfreserramanci