viernes, 31 de agosto de 2018
Una corrida que derivó en una profunda crisis política
Un Gobierno a la deriva que quiere morir en su ley. La mayor fuerza propia es la gobernabilidad prestada. Lo peor está pasando y lo desastroso está por venir.
La jornada del jueves más negro que sufrió la administración de Mauricio Macri culminó con una obtusa ratificación del rumbo por parte del Gobierno.
Al finalizar un día de múltiples reuniones en Casa Rosada, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró -visiblemente desencajado- que “este es el único rumbo, vamos por el buen camino”. También confirmó que el lunes viajará a Washington a reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, previo anuncio de un nuevo paquete de medidas de ajuste.
Declaraciones en el mismo sentido realizaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, un hombre cuyo prestigio acompañó la devaluación del peso (o la superó) y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un funcionario que gana terreno en un Gobierno en decadencia.
Fueron días en los que ninguna de las respuestas dadas a la eterna corrida contra el peso tuvo resultados: ni el silencio inicial, ni el efímero e inseguro mensaje presidencial del segundo día, ni las abstracciones de Peña del tercero lograron calmar a lo que eufemísticamente llaman los mercados.
Como conclusión lógica, comenzaron a ventilarse las internas dentro del Gobierno, un clásico de las gestiones en crisis. De un lado levanta cabeza el ala más “política” en la que se coloca al mismo Frigerio, a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta y que apunta a alguna forma de “gobierno de unidad nacional” con el peronismo; y del otro, quedaron los depreciados Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. La inteligencia y los ojos del presidente, según afirmó él mismo allá lejos y hace tiempo, antes de que la crisis venga y tenga sus ojos.
El Gobierno corre detrás de los acontecimientos y perdió el control de la crisis económica. Una muestra patente fue el lacónico mensaje del presidente: anunció que había un acuerdo con el FMI para adelantar todos los fondos del préstamo para este año y el próximo, sin explicar nada más; luego el organismo emitió un comunicado lo suficientemente abstracto para no desmentir, pero tampoco confirmar lo asegurado por Macri, y finalmente Dujovne sale volando a EE.UU. para concretar una renegociación de un pacto quebrado por la cruda realidad de los hechos.
La tormenta perfecta sentencia que la aguda crisis económica y cambiaria derivó en una profunda crisis política gubernamental: la devaluación espantosa de la palabra presidencial, desautorizada por la inmediata escalada del dólar que casi no lo deja terminar de hablar, fue una muestra cabal y elocuente.
La base estructural de la debacle en curso está en el laberinto en el que se encuentra el Gobierno desde que se disparó la corrida en abril: la relación de fuerzas social en general y los acontecimientos de diciembre del año pasado en particular (las movilizaciones en rechazo a la contrarreforma previsional) impusieron un límite al ajuste salvaje; los “mercados” (el gran capital nacional e internacional) impugnan a Macri porque no hace “lo hay que hacer” en los ritmos y la profundidad que ellos solicitan. En el medio, la coalición oficial pierde apoyo por abajo y licua la confianza de sus aliados de arriba.
Las comparaciones son tan odiosas como inevitables, y los fatídicos años de 1989 y 2001 retornan como fantasmas a la cabeza de los analistas y a la golpeada memoria de los argentinos.
La crisis actual tiene diferencias con la de 2001 -entre muchas otras cuestiones- porque la gestión económica no está atada a la convertibilidad y no existe la dolarización como la que tenía el sistema bancario que, aunque muy relativa, no deja de ser una ventaja. Pero además, el esquema de contención social es más amplio (incluso, como conclusión estratégica de aquellos años) y pese a las devaluaciones y consecuente pérdida del poder adquisitivo, por ahora (y sólo por ahora), permite que muchas personas no se mueran de hambre, aunque cada vez se les haga más difícil vivir sin hambre.
Tiene similitudes con la crisis de 1989 cuando la estampida del dólar se trasladó a los precios internos, quebró las cadenas de pagos y derivó en la hiperinflación, aunque no necesariamente el mismo destino.
En términos políticos, hay diferencias sustanciales con ambos procesos: no existe hoy en el peronismo una figura con volumen político como Carlos Menem -que había sido elegido presidente- o con poder territorial como Eduardo Duhalde -con ascendencia en la estratégica provincia de Buenos Aires-; ambos se erigieron en gestores de las crisis y la transiciones.
En este escenario, como se encargó de resaltar Frigerio en la rotation que realizó por los medios en la tarde-noche del jueves, la única carta de fortaleza que tiene para mostrar el Gobierno es la gobernabilidad que le brinda el peronismo: el de los gobernadores que está dispuesto a avanzar en la aprobación del presupuesto y el de la dirigencia sindical que convoca a un paro dominguero para -en tiempos argentinos- dentro de un siglo (25 de septiembre).
Las sintomáticas movilizaciones y acciones que se manifiestan por abajo, como la marcha universitaria que fue masiva -pese al retorno de un clima gélido y hostil- o el paro docente en la provincia de Buenos Aires; tienen el límite que imponen las conducciones por arriba, así como que todavía no golpea con toda su magnitud la crisis en curso.
La estrategia electoral futura de “hay 2019” determina la práctica sindical, social y política presente: garantizar la gobernabilidad de Cambiemos que con la megadevaluación, las tasas que congelarán la economía y el nuevo “paquete de medidas” que prometió Dujovne para habilitar desembolsos del FMI, implican latigazos de ajuste salvaje aquí y ahora.
Los vertiginosos acontecimientos pueden cambiar en días o en horas -durante el viernes puede continuar la corrida y hasta rodar cabezas-, los agudos desequilibrios de la economía pueden patear el tablero, pese a las intenciones del Gobierno y de quienes (con diferentes discursos, pero similares prácticas) lo sostienen por acción u omisión.
Pero la dinámica es hacia un ajuste feroz para reorganizar la economía en función de que los costos lo paguen las mayorías. Con la misma radicalidad que lo plantea la derecha que pretende matar o morir en su ley, hay que imponer mediante la movilización una reorganización económica y social en beneficio de los trabajadores y los sectores populares. Todo lo demás es, de mínima capitulación y de máxima, complicidad.
Fernando Rosso
@RossoFer
jueves, 30 de agosto de 2018
La tormenta devino en catástrofe económica, pero hay otra salida
El anuncio de Mauricio Macri del adelanto de los desembolsos del FMI aceleró la corrida al dólar. Al derrumbe económico y al saqueo en curso hay que contraponerle un programa de los trabajadores.
A las diez de la mañana del miércoles 29 se conoció el mensaje grabado de Mauricio Macri con el anuncio de las conversaciones que sostuvo con el FMI para adelantar desembolsos: “Nos va a permitir retomar la confianza”, afirmó el presidente.
Lo acordado contempla adelantar a 2019 los desembolsos que originalmente estaban planeados para 2020 y 2021. Pasado el mediodía, fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas informaron que son U$S 29 mil millones los recursos que pondría a disposición el Fondo hacia el año próximo.
De esta forma, la deuda pública cuando termine el mandato de Cambiemos podría alcanzar a los U$S 400 mil millones, casi el doble que el stock existente al momento de asumir Macri.
El oficialismo buscó llevar calma a los “mercados” dado que hace semanas se discute la posibilidad de un default (paga Dios) de la deuda pública por las inconsistencias del programa financiero.
Cinco horas más tarde del anuncio presidencial, el cierre de las operaciones bancarias mostró a la cotización del dólar rozando los $ 35 en algunas entidades. También se observó el hundimiento de las acciones de empresas argentinas en Nueva York.
Luego del cierre de las operaciones, Christine Lagarde difundió una declaración de apoyo al Gobierno haciendo referencia a la conversación que mantuvo con Macri.
“Teniendo en cuenta las condiciones más adversas del mercado internacional, que no se habían anticipado plenamente en el programa original con Argentina, las autoridades trabajarán para revisar el plan económico”, afirmó la directora gerente del FMI.
Un detalle: lo anunciado todavía no está aprobado por el Directorio del FMI. La improvisación ofrece una dimensión de la crisis en curso. No obstante, el apoyo de Lagarde muestra al imperialismo jugado a sostener al Gobierno. Hasta el más confiado puede prever que la revisión del plan traerá más ajuste.
El lunes 13 de agosto el gabinete económico implementó una serie de medidas para contener la escalada del dólar frente al impacto de la crisis de Turquía: suba de la tasa de interés con el consecuente efecto recesivo; un reemplazo de las subastas de los dólares de Hacienda por los del Banco Central, que implicaba un cambio en relación a lo acordado originalmente con el FMI; y un rescate a los tenedores de Lebac para intentar desarmar esa bomba que alimentó la “bicicleta financiera”. La situación no se calmó.
En las últimas semanas, hubo una peregrinación de funcionarios cambiemitas a los Estados Unidos que concluirá con el encuentro de Mauricio Macri con los fondos buitres BlackRock y Templeton hacia fines de septiembre, en ocasión de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. Allí no encuentran compasión: los especuladores quieren más sudor y sangre del pueblo trabajador, pero no sueltan ni un dólar. El macrismo se está inmolando en el altar de las finanzas.
Pasaron dos meses y medio desde que el 20 de junio el FMI aprobó el Acuerdo Stand-By por U$S 50 mil millones, el crédito más importante en la historia del organismo.
Desde entonces el derrumbe económico adquiere una dinámica que no se detiene: los números de la actividad de junio son catastróficos y la inflación se está estimando desde un nuevo piso de 35 % hacia arriba. Son sólo las primeras consecuencias de lo acordado con el Fondo. La vuelta a discutir el programa económico traerá nuevos tijeretazos.
La historia no se repite dos veces, pero la dinámica económica tiene semejanzas a la experimentada en los meses que van desde el “blindaje”, que fue anunciado con el famoso “qué lindo es dar buenas noticias” por Fernando de la Rúa, al “megacanje”, denunciado como una operación fraudulenta en la que estuvo involucrado el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, durante el Gobierno de la Alianza.
El denominador común está en los anuncios permanentes con el objetivo de generar confianza de los sospechosos de siempre: los “mercados”. Pero la credibilidad no regresa y el vaciamiento del país no se detiene.
Frente al derrumbe económico, existen rumores de todo tipo: desde cambios en el gabinete, nuevos préstamos otorgados por el Tesoro de los Estados Unidos hasta medida más drásticas, consideradas como una herejía al espíritu neoliberal cambiemita.
Ellos o nosotros
Aquel 20 de junio cuando se acordó con el FMI, el Ministerio de Hacienda difundió un comunicado en el cual señalaba que “el plan incluye medidas para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad manteniendo el gasto social y, en caso de que las condiciones sociales desmejoraran, abriendo margen para incrementar el gasto en la red de protección social argentina”.
Las condiciones sociales están desmejorando a ritmo vertiginoso, pero habrá que ver qué queda de aquella promesa. Seguramente nada: la discusión del ajuste apunta cada vez más sobre jubilados y los niños que reciben asignaciones.
El retroceso de la actividad económica todavía no expresa de manera plena el efecto de la recesión que tuvo inicio en abril (y se decretará en septiembre en tanto técnicamente requiere de dos trimestres) y del recorte presupuestario que vendrá. Pero al malestar se está mostrando en luchas como la del Astillero Río Santiago o en defensa de la universidad pública.
La cotización del dólar nadie sabe a ciencia cierta cuánto más volará, pero todos acuerdan que impactará sobre la inflación. La retroalimentación entre devaluación e inflación es uno de los círculos viciosos del actual curso económico.
Lo mismo ocurre con los tarifazos con un sistema de servicios energéticos privatizados dolarizado y con el precio de la nafta.
Para agosto los analistas esperan una inflación mensual del 4 %, que sería récord en el año. Como se dijo, el nuevo piso de inflación anual se ubica en 35 %. La devaluación impone el ajuste más “democrático”: deteriora los ingresos de la mayoría que vive de su salario.
La clase trabajadora y la juventud necesitan un programa propio ante el saqueo desenfrenado del plan de Macri y el FMI. En el actual desorden económico todos los cálculos se evaporan de un día a otro. El único mecanismo para detener un mayor robo del salario es el aumento de acuerdo a la inflación con indexación mensual automática, partiendo de un mínimo igual a la canasta familiar, que en la actualidad ronda los $ 30 mil.
También resulta vital frenar los tarifazos. Nicolás Caputo, el amigo íntimo de Mauricio Macri, con negocios en toda la cadena energética y acciones en Edesur, se enriquece con el deterioro de los ingresos del pueblo trabajador. Lo mismo que Pampa Energía, comandada por otro amigo presidencial, Marcelo Mindlin, que es dueño de Edenor, entre otras empresas energéticas.
Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional bajo gestión de sus trabajadores y control de los usuarios populares.
La lucha universitaria nacional puso negro sobre blanco las disyuntivas del momento: los pagos de intereses y capital de la deuda alcanzarán este año los U$S 78 mil millones. Es casi la fortuna de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o el equivalente a veinticuatro presupuestos universitarios.
Hay plata para destinar a la salud y la educación si se rompe con el FMI y no se paga la deuda a los especuladores, pero el macrismo tiene otras prioridades.
Se fugaron más de un PBI
Durante el miércoles 29 el Banco Central subastó U$S 300 millones, pero no logró detener la escalada del dólar. En un día se fugó el equivalente a una vez y media lo supuestamente pagado en las coimas registradas durante doce años por Oscar Centeno con la meticulosidad de un contador y la redacción de un literato.
Existen muchas estimaciones sobre cuál es la cantidad de capital fugado por argentinos en el exterior, la mayoría efectuada por el gran empresariado. Se trata de billetes, depósitos en paraísos fiscales como Panamá, propiedades en otros países (como departamentos en Miami y otras latitudes), bonos públicos y acciones de empresas, ocultos en el exterior. Su naturaleza opaca dificulta los cálculos.
Las cifras oficiales del Indec ubican los activos de argentinos en el exterior en unos U$S 250 mil millones. Otros cálculos llegan hasta U$S 400 mil millones. Con el dólar a $ 35, considerando los datos oficiales, el PBI de Argentina fue en el primer trimestre del año de U$S 342 mil millones. Es decir, que se fugaron más de un PBI.
Las grandes empresas periodísticas intentan establecer un sentido común sobredimensionando la corrupción con la obra pública (que claro que la hubo, pero no llega en el más científico de los cálculos al 10 % del PBI) para ocultar este saqueo cotidiano de las riquezas del país que producen millones de trabajadores y que, como las vaquitas de Atahualpa Yupanqui, se las llevan otros. En simultáneo no cuestionan los casi U$S 200 mil millones de dólares del “pago serial” de deuda ni la fuga de capitales que se efectuó durante el kirchnerismo.
El blanqueo de capitales impulsado por Cambiemos, votado en el Congreso gracias al peronismo y las develaciones posteriores exhibieron que los “mejores” exponentes del empresariado encuadernado también evade impuestos y fuga capitales: entre ellos el primo del presidente Ángelo Calcaterra, la familia Rocca dueña de Techint, Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo.
El libro Endeudar y Fugar, editado por Eduardo Basualdo, muestra cincuenta grupos que fugaron capitales al calor de la crisis de 2001: Pérez Companc, Telefónica de Argentina, Repsol, Telecom, Nidera, Shell y otros tantos.
Está en curso un saqueo similar con la complicidad de los grandes bancos locales e internacionales: es bien conocido el dato que la J.P. Morgan y otro banco internacional se llevaron U$S 2 mil millones de las reservas del Banco Central cuando comenzó la corrida a fines de abril.
La nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores no sólo quitaría una herramienta que el gran capital utiliza para la fuga, también permitiría evitar la confiscación a los pequeños ahorristas, como hizo al principio de su gestión Carlos Menem o la Alianza con el “corralito”. Una banca estatal única sería una herramienta poderosa para el crédito barato para la vivienda popular o para el pequeño comerciante ahogado por la crisis.
Quién le para la mano a Macri
El blindaje del FMI para garantizar el pago de deuda y la fuga de los especuladores, es ampliado por otro blindaje: el de la contención del peronismo y el kirchnerismo con el famoso “hay 2019”, que intenta amordazar al movimiento de masas mientras transcurre el vaciamiento del país.
El peronismo negocia el presupuesto de ajuste para el año próximo, tal como lo hizo en el 2000 con la Alianza. Es ilusorio pensar que en 2019, aunque medie el oficio papal, alguien va a realizar el milagro de devolver los puestos de trabajo y el salario que se pierdan hoy.
Ahora es cuando para derrotar los planes de Macri, sino las consecuencias sociales serán catastróficas. Es urgente (no dentro de un mes como quiere la CGT y se amolda la CTA) un paro activo nacional de 36 horas, que sea el comienzo de un plan de lucha que termine en la huelga general.
Para construir esa medida es necesario impulsar, desde los sindicatos y centros de estudiantes, asambleas en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios, y coordinadoras de los sectores en lucha, siguiendo el ejemplo del movimiento estudiantil que se autoorganiza democráticamente.
Contra el régimen de saqueo y corrupción, siendo que la mayoría del pueblo trabajador no comparte aún el objetivo estratégico de la izquierda de conquistar un gobierno de los trabajadores, es que el PTS en el Frente de Izquierda propone luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se plantee reorganizar el país en función de las necesidades obreras y populares.
Pablo Anino
@PabloAnino
Vamos por un parazo activo nacional
El plenario de secretarios generales de la CGT -del que participaron 129 gremios de los 200 confederados- resolvió convocar a un paro el 25 de septiembre, sin movilización, contra el modelo “económico de Macri y el acuerdo con el FMI”. Ante el éxodo de gremios del Consejo Directivo y ante la posibilidad que el paro de un grupo menor de gremios paralice el país, el Triunvirato busca reacomodarse con otro paro aislado.
El plenario cayó un día antes de la colosal movilización educativa a Plaza de Mayo, que se viene gestando con la gran huelga universitaria en todo el país. En medio del gran paro docente de la provincia de Buenos Aires y días después de la represión al Astillero en La Plata.
Por lo tanto, el paro es un resultado de la presión popular y de las luchas, aisladas pero persistentes, que se multiplican al ritmo del derrumbe económico y ponen en cuestión la capacidad de la burocracia para seguir ahogándolas. Esta contención ha sido, y es, en combinación con la (no) oposición parlamentaria, un pilar del macrismo.
A nadie se le escapa que la burocracia busca “descomprimir” el descontento y reiterar lo ocurrido tres meses atrás, cuando los Gordos y los Independientes, el ala de la CGT más colaboracionista con el gobierno, se reacomodó tras la medida. Duró poco.
Durante estos tres meses, el Triunvirato se empeñó en ampliar la base de sustentación de su pacto con Macri -para, entre otras cosas, avanzar con la reforma laboral- sumando a los taxistas y fraternales del Movimiento Acción Sindical Argentino y a la UOM, pero se estrelló contra la crisis: el salto inflacionario, los despidos y suspensiones, los tarifazos y la devaluación permanente, socavaron la estrategia.
El bloque “disidente” -el clan Moyano, los kirchneristas de la Corriente Federal y el Smata-, paralizados desde el 21F, terminaron marcándole la cancha al Triunvirato. El paro cegetista del 25 vino tras el anuncio de un paro de 36 horas junto a las CTA de Yasky y de Micheli. De ese bloque participa también el trío San Cayetano, otra pata de la contención en los barrios más explosivos que están levantando presión.
La balanza de la huelga la inclinaron los “indefinidos”, donde hoy se ubican además del Masa, la Confederación de sindicatos de la Energía (Luz y Fuerza, petroleros y otros), los ex moyanistas panaderos y cerveceros, la poderosa CATT del transporte y hasta la oficialista “Seis Dos”.
Los mecanismos de contención crujen bajo el peso de la mencionada huelga universitaria, de la movilización del Astillero Río Santiago, del largo conflicto de Télam, de la rebelión de la comunidad educativa bonaerense contra el deterioro escolar, de las luchas de la Patagonia, de las grandes movilizaciones de Córdoba con Luz y Fuerza a la cabeza, de la histórica lucha por el aborto legal. Apunta a un factor que no se le escapa a las gran patronal y a la burocracia: el rol importante en todas ellas del clasismo y la izquierda, y en particular de las organizaciones agrupadas en el Plenario Sindical Combativo de Lanús.
La mayor debilidad de la burocracia es que, de conjunto, carece hoy de una perspectiva política homogénea. Mientras el sector “dialoguista” se referencia en el pejotismo más tradicional de los gobernadores, el bloque 21F se recuesta en una posible candidatura de CFK y hasta en tándem con el propio Hugo Moyano.
Son todos tributarios del “votemos bien en 2019”, por lo tanto, la finalidad central de la burocracia en todas sus variantes no es derrotar al gobierno, sino “acumular” en función del recambio electoral. Esto mientras arman un cerco alrededor de las luchas actuales, entregan los convenios, los puestos de trabajo y el salario. Como ejemplo, basta mencionar el reciente acuerdo de Telecom-Clarín con Foetra (dirigida por el Masa y la CTA-Yasky), Foessitra (PJ), el Satsaid (Corriente Federal), para extender la jornada de trabajo y habilitar la polifunción, en una de las actividades más rentables del país, como es la telefonía y los cables. Palazzo no paró ni media hora para cerrar su paritaria adicional en 28% en cuotas, siete puntos debajo de la inflación prevista, cuando la fuerza de los 100 mil bancarios en la actividad financiera podría ser la punta de lanza de la ruptura de los techos de todo el movimiento obrero.
La burocracia no parte de una premisa central, de la que tenemos que partir nosotros como parte vital del movimiento obrero: la clase obrera es empujada a intervenir ante un gobierno obligado a atacar en un marco de debilidad política, de repudio popular creciente y que actúa condicionado por el FMI. En resumen, los podemos derrotar a partir de una intervención de masas, de tal manera que el paro nacional de 36 horas movilice millones de compañeras y compañeros, pasando por encima desde abajo al paro dominguero de la CGT y abriendo el camino a un plan de lucha y la huelga general.
El Congreso de delegados de bases por el que luchamos a escala nacional puede ser impuesto en algunas provincias a partir de la efervescencia en desarrollo. La CTA mendocina lo ha planteado, reforcemos su campaña con esta orientación.
En esa perspectiva, el Plenario Sindical Combativo, que tiene previsto una serie de iniciativas entre ellas varios plenarios regionales, puede transformar el plenario de la Ciudad de Buenos Aires en un reagrupamiento de todos los sectores representativos de Capital y provincia, y poner los plenarios de Córdoba, Santa Cruz y otros en preparación, al servicio de esta estrategia. En definitiva, la estrategia de un nuevo Argentinazo dirigido por la clase obrera, para que la crisis la paguen los capitalistas, derrotar el plan de Macri, los gobernadores y el FMI e imponer una Asamblea Constituyente, libre, soberana y con poder, para reorganizar el país. Lanús ha planteado a todo el movimiento obrero un programa que arma a la vanguardia obrera para intervenir en esta crisis.
Néstor Pitrola - Miguel Bravetti
En las vísperas
Cuando este número de Prensa Obrera salga a la calle, estará comenzando la gran marcha educativa en apoyo a la huelga de 190.000 docentes universitarios en todo el país. La marcha a Plaza de Mayo, con réplica en las provincias, fue precedida por tomas de facultades y colegios, marchas en el interior y, principalmente, una huelga que tronó con fuerza en todas las universidades nacionales. La pulseada de los universitarios apunta al corazón del ajuste oficial-o sea, la pretensión de salvar a los especuladores de la deuda argentina perpetrando una masacre social contra trabajadores, jubilados, la educación y la salud públicas. Días atrás, los obreros del Astillero Río Santiago protagonizaron movilizaciones masivas. En esta misma semana, la docencia bonaerense, motorizada por los Suteba combativos, desarrollaba tres jornadas de paro. Los trabajadores comienzan a abrirse paso en la crisis política planteada por el derrumbe del programa económico oficial. Es en este cuadro que la burocracia de la CGT ha anunciado un paro general para el próximo 25, que las CTA y el moyanismo acompañarán con una movilización en el día previo.
Rescate de los especuladores…
La jornada de este miércoles tuvo otro componente decisivo. El presidente Macri despertó al país con un breve e improvisado discurso, donde anunció un adelanto de fondos por parte del FMI para asegurar el “programa financiero” oficial. Pero las palabras de Macri, que apuntaban a frenar la corrida cambiaria y la fuga de capitales, fueron brutalmente desautorizadas por los especuladores: en sólo una jornada, la moneda nacional se devaluó en un 10%, llegando a 34 pesos el dólar. Es indudable que este traspié tendrá consecuencias políticas en el gabinete nacional: la base social capitalista del macrismo desconfía de la proclamada consistencia financiera oficial, y la dolarización sigue su marcha. Las razones son claras: el gobierno carece de cualquier financiamiento adicional al del Fondo. La caída de los bonos con vencimiento a 2019 ha elevado su rendimiento al 9-10% anual, una tasa de quebranto -una confesión de que los números no cierran y el Estado ni siquiera tiene cubiertos los compromisos del año que viene. De diciembre hasta hoy, los seguros contra un defol de la deuda argentina a cinco años casi triplicaron su valor. Por otra parte, las cuentas oficiales sobre el “financiamiento 2019” no contemplan las necesidades de divisas que emergen de la deuda privada, del comercio exterior y de la incesante fuga de capitales, todo lo cual puede añadir otros 30.000 millones de dólares que deberán ser provistos por el Banco Central.
A esta mochila, se añade la bomba explosiva de las Lebacs y de los títulos creados para reemplazarlas, cuya renovación no está de ningún modo garantizada (hace diez días, el gobierno sólo pudo renovar el 54% de un vencimiento de Letras del Tesoro). La frazada es demasiado corta. Si el “adelanto” del FMI se consume en rescatar a los títulos que no se renuevan -o sea, abastecer con dólares a los especuladores que dejan la deuda- la perspectiva de una cesación de pagos se acentúa. Por el lado del Tesoro, y a pesar de los brutales recortes en marcha contra trabajadores,jubilados, educación y salud públicas, el acuerdo con el Fondo también se encuentra cuestionado: en este caso, por la caída en picada de la actividad económica, que compromete la recaudación. La impotencia oficial para contener la crisis es manifiesta.
El ajuste -que funciona para golpear a los educadores y a toda la clase obrera- no rige a la hora de rescatar a los capitalistas involucrados en la causa de los cuadernos, y que conforman -de Techint a Roggio- la “crema” de la burguesía argentina. El mismo gobierno que devalúa salarios y jubilaciones no tuvo empacho en blindar a los contratistas de la obra pública -todos arrepentidos ante el juez Bonadio- con un costoso esquema de garantías bancarias y fondos públicos, con el Banco Nación a la cabeza. Este operativo se completa con la decisión del juez Bonadio de limitar sus investigaciones al año 2008. De ese modo, se pretende salvar de cualquier imputación al grupo Macri, que transfirió en ese año la empresa IECSA -involucrada en las coimas de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento y al grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca por sobornos realizados por la empresa en 2007. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ha resuelto extender esta investigación al año 2005, cuando comenzaron las maniobras en torno de esta obra millonaria. La crisis de los cuadernos recién comienza, en sus alcances e implicancias.
Crisis política y maniobras
El derrumbe económico y la crisis de Estado planteada en torno del cuadernogate ha desatado una intensa deliberación al interior de los partidos capitalistas y del propio gobierno. Ha llegado a circular la versión de un adelantamiento electoral -para plebiscitar la gestión macrista antes de un mayor agravamiento de la crisis. Los que rechazan estos “extremos” admiten, en cambio, un adelantamiento en distritos cruciales -¡Buenos Aires!- para salvar a Vidal de ser arrastrada a una elección presidencial desfavorable. Varios gobernadores pejotistas quieren acoplarse a la variante del adelantamiento y reclaman la venia del gobierno a cambio de su voto por el Presupuesto de ajuste 2019. Duhalde ha lanzado la candidatura de Lavagna. Apunta a abrir la “grieta” en la patronal industrial, en medio de la recesión galopante y la competencia importadora que no ha cesado con la devaluación. La crisis de los cuadernos ha acentuado la dependencia del kirchnerismo a la unidad pejotista-Bonadio ha convertido a CFK en una rehén del Senado de Pichetto y, por supuesto, del Vaticano.
Los delfines de Cristina -como Rossi o Kicillof- ya han adelantado su “respeto” al acuerdo con el FMI. La unidad opositora se postula para gestionar el tendal del macrismo en términos de un sacrosanto respeto de los usureros internacionales. Pero la crisis se acelera y obligará a todas las clases sociales a intervenir bastante antes que lo dispone el calendario electoral de 2019. Ello no excluye, desde luego, a la izquierda. La descomposición económica, que se descarga brutalmente sobre los explotados, plantea la necesidad de una gran acción colectiva de los trabajadores para derrotar este plan de guerra, para que la crisis la paguen los capitalistas. De Techint a Roggio, de CFK-De Vido a los Macri, los responsables del derrumbe están a la vista: ¡Fuera Macri y el régimen corrupto que comparte con pejotistas y kirchneristas! Llamamos a luchar por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que reemplace al actual poder político y ejecute las medidas elementales para poner fin al saqueo del país y de sus trabajadores: satisfacción de las reivindicaciones obreras inmediatas, repudio de la deuda usuraria, que la devaluación ha tornado aún más gravosa; nacionalización de la banca y el comercio exterior; separación de la Iglesia del Estado, para terminar con la sujeción al oscurantismo y a los enemigos del aborto legal.
Hay que abrirle paso a esta perspectiva luchando para que los trabajadores irrumpan en el escenario nacional. Después de una nueva “tregua” al gobierno, e incluso de haberse reunido con el FMI, las burocracias de la CGT y las CTA han convocado a un paro nacional. La burocracia maniobra ante la “temperatura en ascenso” y teme que la olla de indignación popular que se cuece al compás de los despidos, las suspensiones y la caída del salario termine por estallar al margen de ella. Al mismo tiempo, busca empalmar con las primeras fisuras de la clase patronal. El paro es para sus convocantes un episodio aislado y sin continuidad. Pero es también la confesión de que todos los antagonismos sociales se abren paso al compás de la crisis económica y política. Es necesario intervenir a fondo, desarrollando un programa y reclamando asambleas y plenarios de delegados para imprimirle un carácter activo en todos los sindicatos -o sea, de 36 horas y con movilización, en la perspectiva de la huelga general contra el “plan de guerra”. Así, le abrimos paso a la lucha por una salida política de los trabajadores a la crisis.
Marcelo Ramal
miércoles, 29 de agosto de 2018
Freno al FMI
El presidente Mauricio Macri junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Programa contra el ajuste
Un documento de Economistas de Izquierda propone desarrollar una campaña conjunta de actividades por la ruptura del acuerdo con el FMI e instalar un programa de emergencia que abra el camino a transformaciones profundas. Señala que el FMI no ha cambiado y que las fantasías sobre su nueva sensibilidad social han sido refutadas por sus políticas de ajuste en todos los países. Plantea que buscan superar los argumentos desmoralizadores del Gobierno y los grandes medios de comunicación de que “no hay alternativa”.
La crisis cambiaria-financiera que se desarrolla desde fines de abril pasado corrió el velo sobre las tensiones que se acumulaban en la economía desde hace más de dos años, dejó expuesta la fragilidad estructural del capitalismo local y cambió radicalmente la situación política y económica del país. Pensamos que es posible y necesario desarrollar una campaña conjunta de actividades por la ruptura del acuerdo con el FMI e instalar un programa de emergencia que abra el camino a transformaciones más profundas. Buscamos superar los argumentos desmoralizadores del gobierno y los grandes medios de comunicación de que "No hay alternativa", postulando un conjunto de medidas indispensables para enfrentar la grave situación económica y evitar la degradación social a que llevaría el acuerdo con el FMI, siguiendo el principio que las consecuencias de la crisis deben recaer sobre sus causantes y no sobre el pueblo.
Entendemos que no existe ninguna posibilidad de afrontar el dramático horizonte que afronta el país sin rechazar en forma categórica el acuerdo con FMI. El sometimiento a ese convenio debe ser impedido antes de su afianzamiento como regla de futuros gobiernos. El FMI no ha cambiado y las fantasías sobre su nueva sensibilidad social han sido refutadas por sus políticas de ajuste en todos los países.
Dólares
Para evitar los despidos masivos, la pulverización del salario y la contracción del nivel de actividad, la enajenación de nuestra soberanía y la sumisión al sistema financiero internacional consideramos necesario suspender el pago de la deuda. Esa decisión es imprescindible para cortar el festival especulativo con títulos públicos y para reducir las altísimas tasas de interés que sofocan la actividad productiva. Permitiría utilizar en forma racional los escasos dólares que ingresan al país. También serviría para revisar el estado real del endeudamiento. Urge una auditoria integral de la deuda comenzando por las operaciones concertadas por el gobierno Macri.
En los últimos meses se consumó una monumental salida de dólares. El dinero que falta en las escuelas y hospitales se esfumó del país por la ausencia de controles al movimiento de capitales. Para contener ese drenaje proponemos instaurar el control de cambios, junto a rigurosas disposiciones de supervisión estatal del ingreso y la salida de fondos. Sin ese manejo no hay forma de contener realmente las corridas cambiarias y la economía nacional continuará navegando a la deriva.
Nos parece decisivo retomar el principio de soberanía en el uso de las reservas, que el gobierno ha delegado a los funcionarios del FMI. Ellos garantizan la libre flotación del dólar provocando interminables temblores de la economía. Junto a la introducción del control de cambios es necesario regular todo el movimiento de divisas. La obligatoriedad de liquidar en el país las divisas de exportación, en un plazo máximo de 30-90 días debe ser restaurada de inmediato.
Control
La experiencia también indica que junto a la protección de los recursos financieros hay que establecer un riguroso control estatal de los préstamos y depósitos de los bancos. Esta decisión es urgente, puesto que el gobierno ha comenzado a traspasar la insolvencia fiscal a las entidades, mediante la mayor colocación de bonos de dudosa cobrabilidad. El control estatal de los bancos es la única forma de contrarrestar esas aventuras protegiendo al pequeño ahorrista.
La misma urgencia presenta la protección del Fondo de Garantía de la Anses, que es el principal botín que quiere incautar el FMI. El gobierno le colocó bonos depreciados mientras utilizaba los dólares de las reservas para financiar las fugas de capital. El Fondo de Garantía es la joya de la abuela que se intenta rematar con los mismos procedimientos utilizados por Menem. Es la gran presa apetecida por los acreedores y por los grandes grupos nacionales que quieren recuperar las acciones que tienen en la Anses. De esa forma esperan enterrar cualquier resabio de participación estatal en sus compañías. El FMI exige que se afronte el gasto corriente de las jubilaciones con los recursos del Fondo de Garantía. Con esa decisión la reserva se extinguiría en poco tiempo y quedaría abierto el camino para reintroducir los fondos privados de pensión.
Cuentas públicas
Se pretende circunscribir la crisis actual a un problema fiscal, resolverlo desde el gasto y no de los ingresos, acusando a la población de ese desequilibrio y ocultando que el bache de las cuentas públicas fue potenciado en el último bienio, hasta transformar los problemas precedentes en una crisis fiscal. Para favorecer a los grandes grupos se eliminaron las retenciones al agro y la minería. Es impostergable la reimplantación de esas cargas. Junto a esa reintroducción correspondería restaurar los gravámenes a los bienes suntuarios, ampliando las escalas de Bienes Personales y Ganancias. El mismo principio debería regir el reordenamiento del Monotributo junto con revisar todas las exenciones impositivas y la reimplantación de los aportes patronales eliminados.
Para afrontar la durísima situación actual se impone, además, la adopción de un impuesto extraordinario a los ganadores del modelo y a las grandes fortunas. También a los depósitos offshore. Esas tenencias deberían ser una de las principales fuentes de recaudación adicional. Contienen dinero generado en el país transformado en activos radicados fuera de nuestras fronteras. Luego del último blanqueo resulta posible utilizar los archivos de la AFIP para instrumentar esta medida.
El oficialismo focaliza la crisis en el desbalance fiscal para ocultar la gravedad del desequilibrio externo. Con desgastados pretextos de eficiencia facilitó el indiscriminado ingreso de importaciones, generando el mayor déficit comercial de la historia. El fomento de la especulación financiera condujo, además, a una apreciación cambiaria que deterioró las exportaciones. También desguarneció a la economía frente a las adversidades externas. Sin administración del comercio es imposible revertir esos problemas. Medidas más drásticas de control estatal de las importaciones y exportaciones son también necesarias para rehabilitar la economía.
Inflación
Esas iniciativas deberían facilitar la recomposición del tejido social, comenzando por quitar el IVA a los artículos de primera necesidad y la distribución gratuita de alimentos entre los sectores empobrecidos. Frente a la pesadilla inflacionaria que se agravará en los próximos meses, proponemos el control estatal de los precios. La efectividad de esa regulación depende de la firmeza en su aplicación, recurriendo especialmente a las normas vigentes que permiten penalizar las remarcaciones y el desabastecimiento. El éxito de esa acción depende de la participación de los consumidores, especialmente de las organizaciones sociales.
La destrucción del salario y los ingresos populares es el corazón del acuerdo con el FMI y esta agresión debe ser revertida con aumentos de emergencia y reapertura de paritarias libres. También programan el despido masivo de empleados públicos para generalizar el desempleo y debilitar la resistencia social. Una ley prohibiendo los despidos y suspensiones durante dos años es la única forma de cortar la perspectiva del paro masivo, que asumirá mayores proporciones con el inicio de la recesión en el sector privado. Que debe complementarse con el control del cumplimiento efectivo de la jornada legal de 8 horas, en camino a la reducción de las horas de trabajo, la igualdad de género en relación al salario y las condiciones de trabajo y el cupo laboral para trabajadores/as trans.
Tarifas
Los atropellos en curso incluyen la continuidad de los tarifazos que asfixian a las familias y quebrantan a las pequeñas empresas. Su justificación en futuras inversiones queda refutada por enormes ganancias de los concesionarios, que no se traducen en mejoras del servicio. Para encubrir ese desfalco los costos de las empresas se mantienen en un invariable secreto.
Los tarifazos son tan inadmisibles como la denigración de los subsidios. Se oculta que estas subvenciones existen en todos los países y cumplen una estratégica función de apuntalar el consumo y la producción. Proponemos retrotraer las tarifas a noviembre pasado y suspender los aumentos mientras dure la crisis. Posteriormente deberá discutirse una evolución acorde al incremento del salario. Esa decisión también implica revisar los contratos y eliminar la garantía en divisas. La dolarización de las tarifas conduce al colapso de la economía.
Después de dos años de anémico vaivén del PIB se perfila una recesión de grandes proporciones, que se agravará con los recortes que impone el acuerdo con el FMI a la obra pública. El drástico freno ya comenzó con la subejecución del presupuesto. Este dramático resultado no es inexorable si se implementa un plan de recuperación de la economía, basado en obras públicas y créditos a las PYMES.
Modelo
Aunque el gobierno se empeñe en demostrar que la crisis es un azaroso efecto de tormentas externas, herencias de la gestión anterior o conductas de la sociedad, salta a la vista la responsabilidad de su modelo neoliberal centrado en la libertad de mercado. Ese esquema ha recreado los típicos desequilibrios de la apertura comercial, la desregulación financiera, la precariedad laboral y el desbocado endeudamiento.
Partiendo de esta caracterización es que proponemos desarrollar un programa de actividades en común, con el fin de acompañar la resistencia social y política al pacto con el FMI, que ya se expresa en múltiples documentos, pronunciamientos y actos de protesta. Esperamos aportar con nuestro conocimiento a la batalla cultural en curso para demostrar que el ajuste no es inevitable y que existen otras alternativas para superar la crisis actual y preservar un futuro esperanzado.
Eduardo Lucita, Claudio Katz, Guillermo Gigliani y Jorge Marchini, integrantes de Economistas de Izquierda (EDI).
Asamblea "No al G20"
¿Quiénes somos?
La Asamblea No al G20 es un espacio de articulación de decenas de organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, de trabajadorxs, de mujeres y feministas, campesinas, territoriales, ambientalistas, políticas, entre muchas otras. Somos un espacio abierto y horizontal donde nos coordinamos contra la política de liberalización y desregulación que traen los Tratados de Libre Comercio y las instituciones financieras internacionales, así como los foros globales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20.
En la actualidad, nuestro foco está puesto sobre la construcción de las resistencias al G20. Este grupo de países, que se autodefine como "principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política que aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan", se reúne este año 2018 en Argentina.
Desde la Asamblea No al G20 tenemos la certeza de que son estos mismos gobiernos y sus políticas los principales culpables de la actual crisis civilizatoria de la que se desprenden los problemas que ahora dicen querer resolver. Entre ellos se encuentra el importante endeudamiento de nuestros países y pueblos promovidos y profundizados por las políticas del G20 y su brazo institucional el FMI, utilizado como instrumento fundamental de subordinación de las naciones al capital trasnacional concentrado. Entonces, mientras el G20 promueve la continuidad del actual sistema capitalista neoliberal depredador que despoja, excluye, destruye, levanta muros, criminaliza y asesina, nuestra apuesta es por la construcción de modelos económicos y políticos alternativos. Queremos y creemos en otro mundo donde las decisiones no sean tomadas en función del mercado financiero, de los inversores y del crecimiento económico infinito, sino en miras del buen vivir de los pueblos y de la naturaleza.
Desde la Asamblea No al G20 entendemos que nuestra lucha va en la línea de las acciones globales contra el G7 y el G20, así como contra la OMC y todos los foros globales que se arrogan el privilegio de hablar en nuestro nombre. Nos identificamos con decenas de movilizaciones contra la globalización desenfrenada que ha enriquecido unxs pocxs en detrimento de la amplia mayoría de nuestros pueblos. De la misma manera, muchas de las organizaciones que son parte de nuestra Asamblea fueron protagonistas de la campaña "No al ALCA" entre 2001 y 2005.
Tal como en 2017, cuando se realizó la Semana de Acción Global contra la OMC en Buenos Aires, estamos organizando una Semana de Acción contra el G20 llena de actividades para darle la "malvenida" al G20. Parte de esas acciones será una Cumbre de los Pueblos para seguir fortaleciendo los lazos entre organizaciones y movimientos de todo el mundo con los cuales nos unen convicciones y luchas por un mundo mejor y por la construcción de alternativas.
¡Por la coordinación internacional de las luchas de los pueblos!
La Asamblea No al G20 es un espacio de articulación de decenas de organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, de trabajadorxs, de mujeres y feministas, campesinas, territoriales, ambientalistas, políticas, entre muchas otras. Somos un espacio abierto y horizontal donde nos coordinamos contra la política de liberalización y desregulación que traen los Tratados de Libre Comercio y las instituciones financieras internacionales, así como los foros globales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20.
En la actualidad, nuestro foco está puesto sobre la construcción de las resistencias al G20. Este grupo de países, que se autodefine como "principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política que aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan", se reúne este año 2018 en Argentina.
Desde la Asamblea No al G20 tenemos la certeza de que son estos mismos gobiernos y sus políticas los principales culpables de la actual crisis civilizatoria de la que se desprenden los problemas que ahora dicen querer resolver. Entre ellos se encuentra el importante endeudamiento de nuestros países y pueblos promovidos y profundizados por las políticas del G20 y su brazo institucional el FMI, utilizado como instrumento fundamental de subordinación de las naciones al capital trasnacional concentrado. Entonces, mientras el G20 promueve la continuidad del actual sistema capitalista neoliberal depredador que despoja, excluye, destruye, levanta muros, criminaliza y asesina, nuestra apuesta es por la construcción de modelos económicos y políticos alternativos. Queremos y creemos en otro mundo donde las decisiones no sean tomadas en función del mercado financiero, de los inversores y del crecimiento económico infinito, sino en miras del buen vivir de los pueblos y de la naturaleza.
Desde la Asamblea No al G20 entendemos que nuestra lucha va en la línea de las acciones globales contra el G7 y el G20, así como contra la OMC y todos los foros globales que se arrogan el privilegio de hablar en nuestro nombre. Nos identificamos con decenas de movilizaciones contra la globalización desenfrenada que ha enriquecido unxs pocxs en detrimento de la amplia mayoría de nuestros pueblos. De la misma manera, muchas de las organizaciones que son parte de nuestra Asamblea fueron protagonistas de la campaña "No al ALCA" entre 2001 y 2005.
Tal como en 2017, cuando se realizó la Semana de Acción Global contra la OMC en Buenos Aires, estamos organizando una Semana de Acción contra el G20 llena de actividades para darle la "malvenida" al G20. Parte de esas acciones será una Cumbre de los Pueblos para seguir fortaleciendo los lazos entre organizaciones y movimientos de todo el mundo con los cuales nos unen convicciones y luchas por un mundo mejor y por la construcción de alternativas.
¡Por la coordinación internacional de las luchas de los pueblos!
martes, 28 de agosto de 2018
Mariano Ferreyra y los cuadernos de Centeno
El asunto de los cuadernos de Centeno arroja nueva luz sobre los intereses económicos que rodearon el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Mucho antes de que la extraña bitácora del remisero de Baratta y De Vido llegara al despacho del juez Bonadio, nuestra organización había reclamado que se investigara a los empresarios a cargo de la gestión de los ferrocarriles, empezando por los que regenteaban la línea Roca, donde latía la lucha de los trabajadores tercerizados que Mariano acompañaba como militante del PO aquel 20 de octubre de 2010.
Apenas ocurrido el crimen, cuando todavía no se habían secado las lágrimas por la pérdida de nuestro compañero y amigo, el Partido Obrero denunció que el ataque criminal de la patota de Pedraza contra los tercerizados tenía un fundamento económico, que era el de preservar los enjuagues que empresarios, funcionarios y burócratas realizaban por medio de la subcontratación de empresas y ´cooperativas´ para realizar con fondos públicos obras de infraestructura y mantenimiento del sistema ferroviario. Aquella denuncia, formulada tempranamente, en medio de la conmoción causada por el asesinato de Mariano, fue desoída por supuesto por el gobierno de Cristina Fernández, que drenaba dinero del Estado a los bolsillos de los involucrados, pero también por la Justicia. El resultado a la postre fue, el 22 de febrero de 2012, el desastre de la estación Once y la muerte de 52 personas. En total, las empresas concesionarias de ferrocarriles (Roggio-Metrovías, Romero-Emepa-Ferrovías y Cirigliano-TBA, esta última excluida en mayo de 2012) recibieron entre 2003 y 2015 casi 6.900 millones de dólares, según un relevamiento de La Nación (20/8). Constituye uno de los capítulos más negros y notorios de los desfalcos del kirhnerismo, con la participación de empresarios y burócratas que luego giraron su apoyo al macrismo.
Vaciadores
Tras la privatización de los ferrocarriles, durante el primer gobierno de Menem, la gestión del sistema ferroviario pasó a manos de una empresa, Metropolitano, que en 2001 fue adquirida por el vaciador serial Sergio Taselli (responsable, entre otros, de la quiebra de Parmalat y de la muerte de 14 mineros en Rio Turbio, también bajo su gestión), hoy detenido por el affaire de los cuadernos. Taselli regenteó los ferrocarriles hasta que salió del ramal San Martín en 2004 (por “incumplimiento de contrato) y, en 2007, de la gestión del Roca y Belgrano Sur, tras una verdadera rebelión de usuarios en Constitución, por las pésimas condiciones de transporte.
A partir de entonces se conformó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), compuesta por Metrovías, Emepa y TBA, para reemplazar a Taselli. Finalmente Metrovías y Ferrovías quedaron a cargo de la gestión del Roca. El Estado pagaba la totalidad de los sueldos y obras y las empresas operaban el servicio. Éstas embolsaban los ingresos por venta de boletos y la explotación comercial de locales y publicidad, pero sobre todo se quedaban con el 6% de la totalidad de los fondos devengados por el Estado, a modo de “comisión”. Ergo, cuantas más obras se financiaran, mayores serían los ingresos de las empresas concesionarias. Pero esto no es todo, pues una buena parte del filón provenía de la tercerización de las obras ferroviarias. “Se trata de una gran cantidad de obras que terminaban en empresas que eran de los mismos concesionarios” (La Nación, 20/8).
Encubrimiento
Durante pesquisa y luego durante el juicio a Pedraza y su patota surgieron pruebas contundentes del vaciamiento operado por empresarios y burocracia a través del mecanismo de la tercerización. Los gerentes de las empresas explicaron sin empacho frente al tribunal* que las obras de mantenimiento e infraestructura se asignaban por medio de una “licitación cerrada”, que no era otra cosa que el mecanismo de cartelización de la obra pública que describió el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner: los representantes de las empresas se reunían a puertas cerradas y asignaban las obras a subcontratistas que, por lo general, eran empresas satélites de las mismas concesionarias y tenían a sus trabajadores en condiciones laborales precarias. “Los planes de obra, que muchas veces ni siquiera llegaban a concretarse, se negociaban directamente con el gobierno de entonces” (La Nación, 20/8). Según el ´arrepentido´ Aldo Roggio, el 5% volvía a los funcionarios.
Entre las beneficiarias se encontraba la cooperativa (trucha) “Unión del Mercosur”, que era propiedad de Pedraza y su banda y explotaba a los mismos trabajadores que se suponía que debían representar. El directorio de esta ´cooperativa´ estaba conformado por miembros y allegados de la comisión directiva de la Unión Ferroviaria. Tras la caída de Pedraza, muchos de ellos continúan impunemente al frente del sindicato, uno de los más dóciles frente al gobierno Macri. Los reclamos reiterados y, sobre todo, la movilización de los tercerizados –que cobraban un tercio que los trabajadores de planta y sin los beneficios del convenio– ponían jaque este negociado. Pedraza y los suyos decidieron entonces ´aleccionarlos´ contratando una banda de pistoleros, entre ellos Cristian Favale –que por entonces se pavoneaba en peñas del kirchnerismo y se sacaba fotos con Amado Boudou y Sandra Russo. Los empresarios dieron asueto para que los punteros de Pedraza salieran de los talleres ferroviarios de Remedio de Escalada a enfrentar a los tercerizados. La policía –que Aníbal Fernández dijo que había actuado de manera “ejemplar” – les liberó la zona. Además del asesinato de Mariano, fueron heridos de bala otros tres compañeros, entre ellos Elsa Rodríguez. De milagro no fue una masacre.
¿Qué hicieron entonces el gobierno de Cristina y sus alcahuetes? Acusar al PO de buscar “tirarle un muerto al gobierno”, reunir a los suyos en Casa Rosada en apoyo a la ex presidenta y negarse a recibir a una delegación del partido de Mariano, que exigía justicia por este crimen contra la clase obrera. Las provocaciones continuaron semanas después con la detención, por orden de Nilda Garré-Aníbal Fernández, de los luchadores ferroviarios del PO, Jorge Hospital y Omar Merino; y con los consejos paternales del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada a Pedraza para perpetuarse en el gremio. La burocracia sindical además ocupaba puestos estratégicos del área de Transporte, nada menos la subsecretaria de Transporte Ferroviario, a cargo del fallecido Antonio Luna, que venía de La Fraternidad, y la gestión del Belgrano Cargas. Llevamos a Pedraza a la cárcel con la lucha, doblegando a un gobierno que conspiró por su impunidad –y la de los empresarios y funcionarios involucrados.
Todo esto fue denunciado por nosotros ante el tribunal encargado de juzgar a Pedraza, que hizo caso omiso. Textualmente, consideraron “no haber encontrado pruebas suficientes” respecto de la participación de los empresarios, a pesar de que compartían los intereses de Pedraza en la defensa de la tercerización laboral. La maniobra había comenzado antes, cuando se abrió una causa judicial aparte para “investigar” la trama económica detrás del crimen de Mariano. Esta, por supuesto, no avanzó un milímetro. Por su parte, el juez Lijo tiene aún cajoneada la causa que investigaba de defraudación de fondos públicos a través de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur, y que jamás movió.
Roggio-Metrovías, el concesionario del subte, ¿está ahora ´arrepentido´ de haber participado en estos enjuagues que lo forraron de dinero público?
La lucha contra el régimen de los vaciadores y sus gobiernos sigue más que nunca.
Jacyn
*Ver capítulos 10 y 26 de Mariano Ferreyra – El diario del juicio (Ediciones Rumbos, 2013)
Alfredo Casero y la lucha docente
De cómico a bufón.
“El flan es la parábola de aquel que pide lo que no hay en el momento donde no hay, con la consiguiente imposibilidad de gobernar, de crecer y de considerarnos como país y como personas”, le dijo Alfredo Casero a Nicolás Wiñazki durante una entrevista en Radio Mitre. “Queremos flan es Baradel pidiendo el 21% de aumento”, especificó, como para que no queden dudas.
El ex integrante de Cha cha cha se sintió compelido a explicar sus dichos en el programa de Alejandro Fantino al observar que la metáfora que utilizó para defender al gobierno no había sido bien comprendida por los funcionarios, que comenzaron a repetir “flan” y tomarse fotos a la hora del postre sin ton ni son.
Casero obtuvo una gran repercusión al salirse de su delirante registro habitual y enhebrar una alegoría con todas las letras. En pocas palabras, comparó cualquier reclamo dirigido al gobierno con una familia que, tras sufrir el incendio de su casa, pide flan, y acompañó con gestos de estar tocando el bombo.
La diatriba contra los docentes se produce a poco de conocerse la convocatoria a una nueva huelga provincial, al cabo de seis meses de negociaciones y nueve reuniones paritarias fracasadas y un hecho trágico, la muerte de dos trabajares en una escuela a raíz de un escape de gas, que sacó a la luz el completo derrumbe educativo de la provincia. Un vaciamiento, es cierto, que no empezó con Vidal y de cuya responsabilidad no escapa Daniel Scioli, pero que eclosionó en estos últimos dos años tras la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial, que se encargaba de las refacciones, y de la salida del director de Infraestructura Escolar tras haber trascendido audios en los que pedía que se “dibujaran” los presupuestos para el equipamiento de escuelas bonaerenses.
No es “flan” lo que piden los docentes, desde ya. Piden poner fin al deterioro del salario, que les hizo perder varios puntos frente a la inflación; escuelas en buenas condiciones edilicias, para no morir en el trabajo y salvaguardar la vida de los chicos; defender su régimen jubilatorio, al cual aportaron durante toda una vida, con gran esfuerzo. Tampoco piden el 21% sino el 30%, aunque pronto se van a quedar cortos, con el 35% de inflación proyectado –¡por ahora!– para este año y el dólar en ascenso imparable.
El ataque de Casero a cuenta de un gobierno que pactó con el FMI el hambreamiento de trabajadores activos y jubilados dista mucho de aquella parodia de Domingo Cavallo que interpretaba en Cha cha cha en los años 90, donde personificaba al siniestro “ministro de Ahorro Postal” Don Gilberto Manhatan Ruiz.
“El gordo” pasó de humorista a bufón de la Corte.
Jacyn
Irlanda, una gira de pesadilla para el Papa
“La Iglesia protege pedófilos”, denuncia uno de los carteles que se vieron en las protestas que recibieron al Papa en Dublin
Este fin de semana el Papa Francisco visitó la Isla Esmeralda en un contexto de enorme repudio por los escandalosos casos de abuso por parte de curas a menores y adultos en el Estado de Pensilvania, Estados Unidos, y otros casos de similar aberración en el resto del mundo. En Irlanda en particular, a los abusos se suman la denuncia probada de robo de bebés a madres solteras que se encontraban en situación de esclavitud en instituciones de la Iglesia. Los bebés eran expropiados de sus madres y vendidos, mayormente a parejas estadounidenses.
Irlanda supo ser la cuna del catolicismo mundial por el enorme peso social que tenía la Iglesia católica. Luego de la hambruna de 1840 que mató a más de un millón de irlandeses y provocó la emigración de otro millón, la Iglesia se apoyó sobre la miseria y penuria del pueblo irlandés para instalarse en su vida cotidiana. Tan profunda fue su estructuración en la Isla que fue, en el imaginario popular, un elemento de resistencia contra la Inglaterra protestante que hasta el día de hoy controla parte de Irlanda.
La Iglesia gobernó durante décadas la vida social de los irlandeses con una autoridad total. Luego de que se derrumbaran las anchas paredes de sus instituciones y empezara a aflorar la verdad sobre el terror de los abusos, el robo de bebés, la esclavitud a la que sometían a internas, etc., Irlanda comenzó un largo proceso de secularización sobre la base de un repudio a las formas de vejación a las que fue sometido su pueblo de la mano de la Iglesia católica. De hecho, se transformó en el primer país europeo en legalizar el matrimonio igualitario por consenso popular (2015) y este último mayo votó masivamente para eliminar la prohibición al aborto de su Constitución.
Los números hablan por sí solos acerca de la pérdida de autoridad de la Iglesia en Irlanda. La cantidad de gente movilizada fue muy inferior respecto a la que recibió en 1979 a Juan Pablo II, y abundaron las manifestaciones artísticas y callejeras en repudio a su presencia en la Isla.
En su discurso, el Papa reconoció lo que es evidente a los ojos de todos los irlandeses y de todo el mundo; que la Iglesia cometió “crímenes repugnantes” y pidió esfuerzos para adoptar normas severas para que no se vuelvan a repetir. El cinismo de su discurso se repite en cada una de sus declaraciones, todas terminan aseverando que “los culpables” serán sentenciados a una vida de… oración y penitencia. Al Papa Francisco le falta reírse abiertamente en la cara todas las víctimas de abuso, a quienes les “presta su oído” pero no les ofrece la verdad de todas las denuncias que duermen en los tenebrosos archivos del Vaticano.
Activistas como Colm O' Gorman, víctima de abusos sexuales cometidos por la iglesia, ha denunciado nuevamente que el Papa Francisco tuvo la oportunidad de hablar claro y decirle la verdad a la gente de Irlanda pero, en su lugar, “desvió la atención extraordinariamente”.
La gira del Papa por Irlanda dejó a los sobrevivientes de los crímenes que cometió la Iglesia sin ninguna respuesta. Las víctimas exigen resarcimiento y que los responsables sean juzgados por la justicia penal. El Papa, que asumió en el cuadro de un enorme desprestigio y crisis de la Iglesia por las denuncias de corrupción y abusos (Vatileaks), no ha podido sacar a la institución de su lodazal.
Por si todo esto fuera poco, en una rueda de prensa, un periodista le preguntó al Papa Francisco qué les diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en sus hijos. Luego de decir que ignorar “a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad”, él aconsejó que "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas”. Es notable: el jefe máximo de la institución en la que se desenvuelve la red más grande de abusadores y pedófilos llama a los homosexuales a ir al psiquiatra.
El Papa Francisco, encubridor de curas abusadores y pedófilos, insiste con imponer una moral retrógrada y aberrante, poniendo el dedo acusador en quienes eligen libremente su sexualidad. La frutilla en la torta que falta para demostrar que el carácter reaccionario y oscurantista de esta institución, no tiene posibilidad de reforma. El abuso, la esclavitud, la lucha contra los derechos de las mujeres y los derechos sexuales de las personas son parte constitutiva de una institución cuya razón de existir en la actualidad, es garantizar que las grandes masas sufran, con la cabeza gacha, la miseria y la explotación que impone este sistema capitalista.
María Chuli
Una "guerra non sancta" dentro del Vaticano
Una carta del exnuncio Carlo Maria Viganò acusando al Papa Bergoglio de encubrir las acusaciones por abuso contra el cardenal Theodore McCarrick, vuelven a destapar la guerra interna en la Iglesia.
"Algo huele mal en el Vaticano" se podría decir, parafraseando las líneas de la famosa obra del inglés William Shakespeare, luego de que en una extensa carta del ultraconservador exnuncio Carlo Maria Viganò atacó al Papa Francisco.
El arzobispo Viganò, exnuncio (representante diplomático) en Washington entre 2011 y 2016, acusa en una carta de 11 páginas a Bergoglio de “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick y en esa misma misiva pide que el actual Papa “dimita” por haber mirado hacia otro lado.
Viganò, un miembro del ala de la curia reconocida por sus posiciones contra el divorcio o la homosexualidad, fue protagonista en las primeras noticias de Vatileaks que culminaron con la “jubilación” del anterior papa Benedicto. El exnuncio hizo pública su carta contra el actual Pontífice en medio de la visita papal a Irlanda y cuando las víctimas de abusos le reclamaron por la inacción de la Iglesia contra los abusadores.
La carta asegura que él personalmente le informó a Bergoglio que el cardenal McCarrick había sido acusado por acoso sexual a un adolescente. Según la carta la respuesta de Bergoglio a Viganò nunca llegó, y el Vaticano no actuó hasta que el caso salió a la luz a través de los medios. La acusación no se sustenta con pruebas, pero resulta creíble teniendo en cuenta el accionar del Papa Francisco en casos similares, como sucedió en Chile donde Bergoglio defendió al obispo Barros acusado de encubrir los abusos de menores por parte de curas en ese país.
La relación de Bergoglio con McCarrick no fue circunstancial, de hecho lo transformo en un consejero destacado para los siguientes nombramientos de las autoridades eclesiásticas en Estados Unidos que hiciera el Vaticano. Además lo utilizó para la muy buena relación que estableció el actual Papa con la Administración Obama. Todo eso sucedía dejando de lado que entre 1994 y 2008, obispos estadounidenses, el representante del Vaticano en Washington y hasta el papa Benedicto XVI fueron informados de abusos del cardenal con seminaristas adultos, según información que recolecto el New York Times. Y todo sucedía mientras McCarrick se transformaba en un importante promotor de la nueva política de tolerancia cero de la Iglesia en contra del abuso infantil.
“Algo huele mal en el Vaticano” empezando por la hipocresía de sectores de la cúpula eclesiástica que utiliza los casos abusos a menores, a los que todos los altos cargos de la Iglesia han contribuido a encubrir, para sacar tajada en la guerra interna.
Una “guerra santa” que no tiene su centro en la disputa entre ultraconsevadores y reformadores, como muchos analistas insisten en marcar buscando darle un aura “progre” al papado de Bergoglio el mismo que supo encabezar la “guerra santa” contra el matrimonio igualitario o el aborto legal en Argentina, sino que tiene el objetivo de conquistar el “botín” de la administración del Vaticano y los altos cargos de la Iglesia en el mundo.
Diego Sacchi
@sac_diego
Carta a Chicha
Tenía cuatro años cuando te conocí. Era un día de París, estabas con las Abuelas, buscaban. Llevabas la imagen de Clara Anahí, de cada nieto, cada nieta, nuestra historia. Ya habías recorrido el mundo, entrado a las puertas de los infiernos para encontrarla, conocido gente hermosa que te quiso, te admiró, por lo inmensa, por lo sencilla, como ese caramelo que le regalaste a Cortázar sin conocerlo porque tosía. No recuerdo ese día de París. Me lo cuenta mi padre, era en la rue Pernety, donde nos criamos con mis hermanos. La distancia con que nací entraba en el nombre que llevabas bordado en el pañuelo blanco.
Treinta años después nos vimos por última vez. Fue en tu casa de La Plata, en enero. Entré a tu habitación, tomaste mate cocido, me preguntaste por Venezuela, desde donde te escribo hoy -llueve desde que amanecí, caen goteras en mi habitación, en mis dedos, en mis palabras, en la manera de decir tu nombre. Tu hermano se enamoró de esta tierra, siempre me lo contabas. Te pregunté lo que siempre te pregunto desde que entré una tarde de invierno a tu casa en el 2004. Ese día me acerqué y te pedí que me contaras. Nos sentamos, me contestaste todo lo que te preguntaba. Había algo que viene de muy lejos en tu forma de abrazarme, de buscar en mi algo de ellas, de Diana, de Clara Anahí. Dejaba que me miraras, encontraras en mí todo lo que quisieras encontrar.
Tu casa siempre estuvo abierta para quien quiso acercarse a conocer, a investigar, a leerte, a ayudarte con lo que pudiera para los juicios, para encontrar a Clara, a cada nieta, cada nieto. Por eso tanta gente sabía dónde vivías, te iba a visitar, a quererte.
La historia no sería la misma sin vos. Ni la verdad, ni la memoria, ni la justicia, Diana, Posky, ni la casa de los conejos, de la resistencia, donde crece un limonero que dice que la vida vuelve, que las risas ganan, que no pudieron. Hiciste inmensidades, un cielo en cada mano, en el bastón que acompañó tus últimos pasos, en la sonrisa de cada reencuentro.
El agua cae Chicha. Tengo tu nombre en un lugar hondo y silencioso desde que amanecí. Junto al tuyo el de Clara Anahí, la injusticia, esa misma que sentí el día en que partió Kewpie, su otra abuela, mi abuela, que tanto querías. Ya no tendrá abuelos ni abuelas para abrazar cuando la encontremos. Porque lo haremos, o será ella quien nos encuentre. Le diremos lo tanto, tu belleza, tu tristeza, la verdad que le enseñaste al mundo, ese mundo que hoy está más solo.
Sé que miles seguirán tu ejemplo, ya lo hacen. Abrirán la casa, contarán la historia, pronunciarán los nombres que amaste, mostrarán las fotos que observaste tantas horas, dirán Chicha como quien habla de alguien que brilla y da la vida. Así lo haré. Gracias. Infinitamente gracias. Por haber sido, por habernos hecho mejor. Hablo por mí, hablo por muchos, por muchas. No descansaré hasta abrazar a Clara Anahí. Ese día estarás vos, en el centro de todo estarás vos, y Diana, y Posky, y los compañeros, las compañeras, y mis hermanos, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, cada persona que te quiso. Estará todo lo que no pudieron robarnos porque a pesar de tanto vencimos, gracias a vos vencimos, podremos vencer.
Marco Teruggi
Página12
lunes, 27 de agosto de 2018
Más homofóbico que nunca: el papa mandó a los niños homosexuales al psiquiatra
El papa Francisco recomendó este domingo recurrir a la psiquiatría cuando los padres constaten una tendencia homosexual en sus hijos desde la infancia, fue en una rueda de prensa en el avión que lo llevaba de vuelta a Roma desde Irlanda.
El Papa estuvo en Irlanda donde aún el culto a la Iglesia Católica sigue teniendo mucho peso. En su visita dijo tener "vergüenza" por los casos de abuso sexual dentro de sus filas. Su discurso fue un "vergonzoso intento" de evitar asumir su responsabilidad, dicen las víctimas.
Es tal la indignación contra la Iglesia por los muchos casos de violaciones y acosos a menores que salieron a la luz, que en los discursos oficiales el Primer Ministro tuvo que reclamarle a Francisco, que "no se necesitan palabras, sino hechos".
Es tal el rechazo a esa institución, por la defensa que hace de esos curas pederastas, que artistas organizaron, para "recibir" al Papa muestras callejeras contra esa institución y se realizaron manifestaciones en el mismo sentido.
Fue en el regreso de ese viaje que un periodista le preguntó qué le diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en su hijo. La respuesta de Bergoglio, no sorprende. "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años", dijo Jorge Bergoglio.
"Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija", agregó.
Parafaseando a Alberto Kornblihtt, “No, no está bien, está mal”. Los homosexuales no tienen que ir a ningún psiquiatra. Fue en el mes de junio de este año que la Organización Mundial de la Salud finalizó la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Todas las categorías relacionadas con las personas trans se han eliminado del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento.
Una conquista parcial se había dado en el 17 de mayo de 1990, cuando la Organizacion Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, luego de décadas en la que esta fuese considerada una perversión posible de ser tratada.
El primer latinoamericano, y proveniente del “fin del mundo”, está en el centro de poder de Roma. El rol de Bergoglio bajo la dictadura, cuando era delegado “provincial” de la orden jesuita en la Argentina, sigue generando polémica, por eso se lo acusa de haber sido un encubridor.
Luego de haber sido consagrado papa, desde Cristina Fernandez de Kirchner - que llamó a no enojarse con la Iglesia en la sesión del senado - hasta “Pino” Solanas, lo vieron con buenos ojos y se alinearon junto a él. Tanto el Gobierno anterior como el actual sostuvieron y siguen solventando financieramente a una casta reaccionaria como el clero.
Es por este tipo de declaraciones y comportamientos que la separación de la Iglesia del Estado es una consigna que se siente mucho en nuestro país, sobre todo después del 8 de agosto cuando 38 senadores y senadoras decidieron por sobre miles de jóvenes, mujeres, trabajadoras, estudiantes y activistas que coparon las calles del Congreso.
Tomás Máscolo
@PibeTiger
El Frente de Izquierda quiere terminar con la injerencia de la Iglesia en la educación pública
Con un proyecto de ley, proponen que el Congreso Nacional declare laica, sin injerencia de la Iglesia, a la educación pública argentina. Así lo informó el diputado Nicolás del Caño (PTS/FIT), autor junto a Nathalia González Seligra de la iniciativa que espera tratamiento en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que fue presentado esta mañana en la Cámara baja, establece que en todas las jurisdicciones y niveles, la educación pública debe ser considerada laica, sin injerencia de la Iglesia, modificando para ello las leyes de Educación nacional y de Educación sexual integral (ESI).
Nicolás del Caño, autor de la iniciativa junto a Nathalia González Seligra, sostuvo al respecto que "cuando hablamos de la separación de la Iglesia del Estado también estamos diciendo que las instituciones religiosas no pueden ser consideradas ’agentes educadores’, como plantea la actual legislación, ni tener injerencia en las actividades, contenidos o arquitectura de los edificios educativos". Es que, como explican desde el FIT, aunque se considera que el país tiene un Estado laico, la injerencia de la Iglesia en la educación de niños, niñas y adolescentes se mantiene con expresiones diversas.
Uno de los fundamentos para que esta situación se profundice fue la derogación de la ley 1420, de "educación común", que perdió vigencia luego de la aprobación del Digesto Jurídico Argentino del año 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, sin leyes nacionales que protejan explícitamente este derecho, cada provincia está en condiciones legales de introducir a la religión como actividad y como contenido educativo.
Como explicó a La Izquierda Diario la diputada González Seligra, "hoy nos encontramos con que siguen existiendo los símbolos religiosos en las escuelas; en numerosas jurisdicciones hay materias obligatorias como catequesis en horario curricular; sanciones a alumnos y despidos de docentes por llevar pañuelo verde por la legalización del aborto y persecuciones por exigir que se aplique en todos los niveles la educación sexual integral".
Bajo el amparo de la Constitución Nacional, de una decena de leyes provenientes de la dictadura genocida y del último Código Civil y Comercial, que en 2014 la declaró como "persona jurídica pública", la Iglesia Católica sigue contando con diversos privilegios que van desde el pago de dietas, jubilaciones especiales, becas y pasajes para obispos y arzobispos a cesiones inmobiliarias, exenciones impositivas y otros beneficios que garantizan al clero las instituciones del Estado, comenzando por las propias legislaturas nacionales y provinciales que cada año votan los presupuestos, donaciones y otros aportes que recibe esta institución milenaria.
La incidencia que esto le garantiza sobre los derechos de millones quedó a la vista en el marco del debate sobre la legalización del aborto, que instalaron masivamente las mujeres con su lucha por este derecho elemental. El enorme rechazo que despertaron el lobby de la Iglesia y otras instituciones religiosas, que contaron con el apoyo activo de funcionarios políticos, senadores, gobernadores e intendentes del oficialismo y la oposición del PJ, se tradujo en estas semanas en un cada vez más extendido reclamo de separación de la Iglesia del Estado, que anudó en las calles los pañuelos verdes y naranjas, con los que se referencian estas luchas.
"Al servicio de este movimiento es que ponemos a disposición nuestros proyectos de ley", sostuvo Del Caño. El diputado del FIT informó también que el próximo 6 de septiembre se realizará en las dependencias de la Cámara de Diputados una audiencia pública por la separación de la Iglesia y el Estado en la que participarán numerosas personalidades.
Sol Bajar
@Sol_Bajar
La pasarela de un régimen corrupto
El mismo Senado que venía de frustrar el derecho al aborto legal protagonizó, en la jornada de ayer, un debate que sólo deja una conclusión: el derrumbe político e incluso moral de los partidos capitalistas que gobiernan o gobernaron la Argentina. Los senadores del macrismo y sus aliados presentaron al allanamiento a los domicilios de Cristina Kirchner –una votación demorada por los faltazos de varios senadores oficialistas y de sus aliados pejotistas– como el punto más alto del supuesto “Lava Jato” argentino. Lo cierto es lo contrario: la sesión del Senado fue un gran telón para disimular la operación de impunidad que está en marcha en favor de la gran burguesía, contratista y de la otra, entrelazada a través de todos los gobiernos con el presupuesto público.
El desfile de empresarios “arrepentidos” ha servido para exonerar a los capos de Techint, Roggio y numerosas constructoras. A cambio de sus confesiones, los jefes de estos grandes grupos capitalistas preservaron su libertad. Pero el gobierno ha hecho más que eso: días atrás, pagó peso sobre peso de los certificados de obra pendientes con la patria contratista, para que ésta, a su vez, cancele sus obligaciones con la banca. Lejos de ser intervenidos o incautados, los beneficiarios capitalistas del régimen de coimas obtuvieron un rescate estatal, que se extiende luego a los bancos que los financiaron. El “ajuste” funciona contra los trabajadores y jubilados. Pero la plata aparece a la hora de salvar a los coimeros.
El debate del Senado eludió rigurosamente esta cuestión de fondo –la unión de hierro entre los “partidos de Estado” y la clase social que sobrevive a costa de la explotación obrera y del saqueo del presupuesto público. Pero ¿podía ser de otra manera? Entre los que reclamaban el allanamiento a CFK, se encontraba, por caso, el senador y empresario santacruceño Eduardo Costa, reputado por la compra de tierras fiscales a precios irrisorios en la provincia de los K. Un prontuario exhaustivo de los “representantes de las provincias” daría cuenta de variantes de saqueo similar: remate de tierras y recursos naturales, vaciamiento de los bancos estatales para rescatar a las oligarquías locales, desfalco de los presupuestos en favor de empresas constructoras… Ese es el Senado que aprobó ayer, por unanimidad, el allanamiento a los domicilios de CFK.
Desde luego, el kirchnerismo y su régimen no fueron ajenos a ese desfalco capitalista, y la propia Cristina lo reconoció en su discurso de ayer. Señaló, por caso, que “la patria contratista no nació en 2003”. Admitió, de ese modo, que cogobernó con ella durante todo su mandato, aunque acusara de lo mismo a los que la precedieron y sucedieron en el poder. Cristina podría extender esa afirmación a otro lobby capitalista –el de la “patria inmobiliaria”. Pero en este caso, debería admitir que la cesión de tierras públicas en favor de grupos como IRSA, Constantini y otros en la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como jefe de gobierno, fue ejecutada por medio de un prolongado pacto entre el PRO y los K en la Legislatura porteña. Señaló que “los empresarios arrepentidos no dicen la verdad”. Pero ni siquiera pudo cuestionar el contenido arbitrario del régimen judicial de delaciones premiadas –quizá porque el kirchnerismo lo votó compactamente en 2016. La resolución consensuada –que admite el allanamiento– llama a respetar la ´investidura´ de Cristina. La puja discursiva nunca dejó de transitar por una discusión entre pares, o sea, entre políticos de la clase capitalista.
La sesión concluyó aprobando otro fraude –el régimen de “extinción de dominio” que habilita a la incautación de bienes a los procesados por delitos de corrupción, entre otras figuras. La extinción puede afectar a gerentes, a funcionarios e incluso a accionistas. Pero preserva a la empresa capitalista como tal. Y, con ella, a los pilares institucionales de la confiscación social –el secreto bancario y comercial. En la misma línea, el gobierno se ha reunido con los grupos involucrados en el ´cuadernogate´ para asegurarles que la persona “física” será separada de la “jurídica”, o sea, que la continuidad de los negocios no será afectada por esta crisis. A la luz de estas operaciones de impunidad, se entiende porqué el Senado parió una enorme ficción durante toda la jornada de ayer.
Mientras Cristina Kirchner y Gabriela Michetti competían respecto de cuantos bolsos o paquetes fueron hallados en sus domicilios, otra realidad se filtraba en medio de esta crisis: la de los miles de docentes universitarios y estudiantes que en todo el país ganan las calles y refuerzan su lucha. La de los obreros de Río Santiago, contra la liquidación del Astillero. La de los desocupados del Polo Obrero, en defensa del derecho al trabajo.
El Senado volvió a delatar, en definitiva, el abismo que separa al régimen corrupto de la mayoría trabajadora.
Marcelo Ramal
Gran movilización contra la instalación de la base militar yanqui en Neuquén
Se realizó en Neuquén la movilización convocada por la multisectorial “No a la base militar yanqui en Neuquen”, integrada por un centenar de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, entre otras.
La importante convocatoria contó con la destacada presencia del dirigente del Partido Obrero y ex diputado por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, quien realizó una intensa agenda de prensa que ganó gran repercusión en la zona, junto a una destacada columna del Partido Obrero de Neuquén y Río Negro en la marcha. En Cutral Có y Plaza Huincul, el Partido Obrero impulsó se realizó también un acto junto a varias organizaciones.
Le damos una gran importancia política al intento de injerencia norteamericana en América Latina y en la Argentina en particular. En cambio, las fuerzas políticas del kirchnerismo brillaron por su ausencia. Solamente creen en la liberación nacional a partir del rescate de la burguesía nacional. Es que los gobiernos a quienes representan las fuerzas políticas ausentes, se inscriben en esta política represiva, en el pago de la deuda externa y ajuste. Ya ocurrió en Chaco desde el gobierno de Capitanich en 2012 y que fue respondida con una gran movilización popular. Las banderas antimperialistas están en manos de la clase obrera y la izquierda.
En Neuquén, el reclamo fue la anulación de un proyecto iniciado en los gobiernos anteriores de Jorge Sapag (MPN) y Cristina Kirchner (FPV), y que recobró repercusión este año ante la llegada de una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos para concretar su emplazamiento en la llamada ruta del petróleo.
El mismo día de la movilización, el título “La base financiada por Estados Unidos está frenada” ganó la tapa del Diario Río Negro. Y según las declaraciones del director de Defensa Civil Luis Giusti, insistió en que se trata de un proyecto de ´ayuda humanitaria´, algo que la Multisectorial refuta y denuncia en términos opuestos. Un emplazamiento de reforzamiento militar para la represión interna, la persecución al pueblo mapuche, las garantías de seguridad jurídica para las empresas petroleras en Vaca Muerta y la guerra intercapitalista por el dominio del espacio (en este caso, ante la puesta en marcha de la base espacial china en Quintuco). La movilización exigió que la anulación del proyecto. Están detenidas las obras, pero está en el presupuesto 2019 del Comando Sur, con varios millones de dólares para cumplir el objetivo. La presencia, hace pocos días, del Secretario de Defensa de estados Unidos, James Mattis, confirma que estamos ante una política continental del Pentágono norteamericano.
Existen una serie de medidas en ese sentido, como quedó manifiesto con el decreto que Macri emitido recientemente de habilitar la represión interna a manos de las fuerzas armadas y, antes, con la llamada “ley antiterrorista”. Se trata de una escalada bélica de los yanquis con las potencias rivales en el marco de la crisis mundial, al mismo tiempo que se prepara para la represión de las manifestaciones populares contra el ajuste, el pacto con el FMI y la entrega de los recursos.
Al finalizar la marcha se realizó una charla en el Centro Cultural Mariano Ferreyra a sala llena, donde Pitrola compartió el análisis del Partido Obrero ante la crisis abierta tras el ´cuaderno gate´ y el desfile de empresarios y funcionarios que se beneficiaron y benefician con el sobreprecio de la obra pública y las coimas. Contrapuso a ello la necesidad de una iniciativa de independencia política de los trabajadores para derrotar el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores, para que la crisis la paguen los capitalistas. A su vez, planteó la necesidad de una agenda de lucha por el paro activo de 36 horas y un congreso de bases del movimiento obrero para romper el bloqueo de la burocracia sindical y las fuerzas políticas patronales que mantienen una tregua con la excusa de "votar bien en 2019".
Hay que poner en pie una alternativa programática y de poder de los trabajadores ante la crisis del régimen abierta. La que que se profundizará inevitablemente por la crisis capitalista mundial y que requerirá a su turno de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, libre y soberana.
En esta perspectiva, el frente de Izquierda está obligado a jugar a fondo y el Partido Obrero inscribe su militancia.
Defensa incondicional de la soberanía nacional y territorial.
Fuera las bases imperialistas en Argentina y América Latina.
Abajo el pacto con al FMI, abajo el ajuste y la represión.
Abajo la Ley Antiterrorista.
Por el gobierno de los trabajadores y los Estados Socialistas de América Latina.
Patricia Jure
Concejala- Frente de Izquierda Partido Obrero
"En Luis Viale es muy clara la vinculación de los dueños de las marcas con el taller incendiado"
Entrevista a Jerónimo, de Justicia por las víctimas de Luis Viale
M.H.: En la primera semana de agosto hicieron una conferencia de prensa.
J.: Fue una conferencia de prensa para reinstalar el tema porque la causa no está yendo bien. Hicimos una presentación a la Cámara de Apelaciones, buscando que un Juzgado de apelaciones revierta la decisión del juez de no procesar a los dueños de las marcas.
El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, se investigó a los dueños de las marcas para los que trabajaba el taller, se los dejó en libertad y el juicio finalmente se hizo 10 años después.
Se llevó a juicio a los encargados del taller y se los condenó a 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre. Ese mismo juzgado que condenó a los encargados del taller ordenó volver a investigar a los dueños de las marcas porque durante el juicio surgieron más pruebas de su vinculación con el delito.
El problema fue cuando se sorteó la causa porque la investigación cayó al mismo fiscal y al mismo juez que ya los habían investigado y que tardaron un año y medio en empezar a hacer algo con la causa. Finalmente la fiscal hizo muy poco. Ignoró toda la evidencia presentada por la querella, tanto la fiscal como el juez y, finalmente, dictó un fallo diciendo que no había mérito para procesar a los dueños de las marcas pero tampoco para sobreseerlos, es decir, que la fiscal tenía que seguir investigando.
El problema es que la investigación está en un punto muerto, porque la fiscal no está llamando a declarar a los trabajadores, por ejemplo, que son los que durante el juicio declararon que veían a los dueños de las marcas permanentemente en el taller. La fiscal tampoco está teniendo en cuenta la información que le presentamos, entre otras, los nombres de las marcas con fotos en el taller, fotos de los jeans de esas marcas en el taller. La Fiscal buscó esas marcas y no las encontró, pero no las encontró porque las tipió mal. Nosotros habíamos presentado la información con los nombres de las marcas muy claramente.
Hasta ahora el trabajo de la fiscal ha sido muy deficiente, el juez también parece tener una decisión tomada. Por eso se apeló esta decisión del juez pidiéndole a un Juzgado de apelaciones que procese a los dueños de las marcas. El juzgado no dio a lugar, dijo que siga todo como está, pero que la Fiscal preste atención a las pruebas presentadas por la querella.
Las fiscalías están sobrepasadas de trabajo, queremos creer que hay algo de esto, pero creemos que la fiscal tiene que poner más voluntad para ver cómo fueron los hechos. Porque en este caso tenemos muy clara la vinculación de los dueños de las marcas con el taller. La habilitación del local estaba a cargo de ellos y luego se produjo el incendio.
M.H.: Estamos hablando de la Fiscal Betina Botta y el Juez Baños del juzgado Nº 27 y de los empresarios Daniel Fischberg y Jaime Gueiler. Me gustaría que nos recordaras los hechos que motivaron este juicio.
J.: El incendio se produjo porque había 64 personas viviendo en un taller de costura. En la planta baja estaba el taller y en el primer piso había 64 personas viviendo. Cuarenta eran trabajadores y el resto eran sus hijos. Se produce el incendio por un recalentamiento. Las familias vivían en espacios de 2x2 separados por maderas o telas, había cables colgando tanto donde estaban las máquinas como en el piso de arriba. Y una instalación eléctrica que era evidente que iba a llevar a un problema de este tipo.
La negligencia era absoluta por parte de los encargados del taller y de los dueños de las marcas por no inspeccionar, ya que están obligados a inspeccionar a los talleres a los cuales subcontratan, tanto Fischberg y Geiler como todas las marcas que subcontratan. Hubo un recalentamiento en un cable en donde había un televisor enchufado, comenzó un incendio, algunos pudieron bajar y hubo 5 chicos y una mujer de 25 años que no pudieron salir. Esto fue el 30 de marzo de 2006 y desde entonces todos los años se conmemora este aniversario frente al taller con algunas actividades.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control
M.H.: Este tipo de producción, en estas condiciones ¿es normal? ¿Qué tipo de control ejerce el gobierno de la ciudad de Buenos Aires?
J.: El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control en absoluto. Está absolutamente ausente y cada vez más. Durante el mes siguiente al incendio hubo una oleada de inspecciones y se cerraron alrededor de 100 talleres. Más allá de las inspecciones, que tampoco son una solución absoluta, hay que ver cómo se producen. La Policía generalmente trata a los trabajadores como si fueran delincuentes, los hacen tirarse al piso, ha habido denuncias de trabajadores a quienes la misma Policía le roba los celulares o plata durante las inspecciones.
Entonces, hay que revisar cómo se hacen esas inspecciones, porque al funcionar de esta manera los trabajadores ven a las autoridades argentinas como un problema, no como alguien que va a ayudarlos y a explicarles que tienen derecho a regularizar su situación laboral, a trabajar 8 horas, a resolver su situación migratoria y, sin embargo, la Policía no hace eso, los maltrata, entonces el trabajador ve en el patrón a un defensor de su derecho de trabajo y del lugar donde está viviendo. Lo único que hace el Gobierno de la ciudad es eso.
En la subsecretaría de Trabajo hay una división de Trabajo a domicilio que es la que regula y tiene que llevar un registro de los trabajadores a domicilio e inspeccionar los talleres. Hay una ley que establece que cuando una vivienda es alquilada para producir por encargo de un tercero, entra en la categoría de trabajo a domicilio y tiene una regulación específica que busca dar una protección mayor a los trabajadores que la ley laboral más grande, que abarca todo el abanico, que es la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que este sector tiene una ley específica para proteger mejor a los trabajadores pero no se aplica. Y el órgano de aplicación es el Gobierno de la Ciudad, pero también el gobierno nacional y la justicia.
M.H.: ¿Podemos cuantificar este tipo de talleres?
J.: Es muy difícil. En algún momento se habló de 5.000 talleres en toda la Ciudad. Desde ya que está el taller verdaderamente familiar, de una pareja o una mujer que trabaja en su casa, o que algún familiar directo va a ayudarle y le pagan en las condiciones que corresponde hasta, por ejemplo, en Villa Celina, donde hay talleres muy grandes donde se trabaja en terribles condiciones, no encerrados, pero sí en condiciones peores que las del sudeste asiático.
Yo tengo más o menos cuantificados los trabajadores que trabajan en talleres que llamaría clandestinos, aquéllos que si cae una inspección hay que cerrarlos inmediatamente porque hay riesgo de vida, son talleres donde hay gente viviendo y hay cables colgando o la propiedad se está por derrumbar, etc. Tengo calculados alrededor de 50.000 trabajadores de indumentaria en esas condiciones, en las que hay riesgo permanente de vida, estamos contando las horas para que se vuelva a producir algo como lo de Luis Viale y no se está actuando al respecto.
M.H.: ¿Cómo sigue esto?
J.: Desde la Campaña vamos a intentar contactar a la Fiscal porque tenemos mucha preocupación y hemos participado mucho en el juicio. Creemos poder aportarle algo a la fiscalía. Hay algunos que saben bastante del tema de la reducción a la servidumbre y de la regulación entre fábrica, taller y trabajadores, entonces hay mucho para aportar, material escrito, documentos técnicos que pueden ayudar a entender mejor esta cuestión que a veces puede ser compleja. Esperamos que la Fiscal nos reciba para poder acercarle estas pruebas y que puedan llegar a una decisión que sea realmente justa.
Mario Hernandez
M.H.: En la primera semana de agosto hicieron una conferencia de prensa.
J.: Fue una conferencia de prensa para reinstalar el tema porque la causa no está yendo bien. Hicimos una presentación a la Cámara de Apelaciones, buscando que un Juzgado de apelaciones revierta la decisión del juez de no procesar a los dueños de las marcas.
El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, se investigó a los dueños de las marcas para los que trabajaba el taller, se los dejó en libertad y el juicio finalmente se hizo 10 años después.
Se llevó a juicio a los encargados del taller y se los condenó a 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre. Ese mismo juzgado que condenó a los encargados del taller ordenó volver a investigar a los dueños de las marcas porque durante el juicio surgieron más pruebas de su vinculación con el delito.
El problema fue cuando se sorteó la causa porque la investigación cayó al mismo fiscal y al mismo juez que ya los habían investigado y que tardaron un año y medio en empezar a hacer algo con la causa. Finalmente la fiscal hizo muy poco. Ignoró toda la evidencia presentada por la querella, tanto la fiscal como el juez y, finalmente, dictó un fallo diciendo que no había mérito para procesar a los dueños de las marcas pero tampoco para sobreseerlos, es decir, que la fiscal tenía que seguir investigando.
El problema es que la investigación está en un punto muerto, porque la fiscal no está llamando a declarar a los trabajadores, por ejemplo, que son los que durante el juicio declararon que veían a los dueños de las marcas permanentemente en el taller. La fiscal tampoco está teniendo en cuenta la información que le presentamos, entre otras, los nombres de las marcas con fotos en el taller, fotos de los jeans de esas marcas en el taller. La Fiscal buscó esas marcas y no las encontró, pero no las encontró porque las tipió mal. Nosotros habíamos presentado la información con los nombres de las marcas muy claramente.
Hasta ahora el trabajo de la fiscal ha sido muy deficiente, el juez también parece tener una decisión tomada. Por eso se apeló esta decisión del juez pidiéndole a un Juzgado de apelaciones que procese a los dueños de las marcas. El juzgado no dio a lugar, dijo que siga todo como está, pero que la Fiscal preste atención a las pruebas presentadas por la querella.
Las fiscalías están sobrepasadas de trabajo, queremos creer que hay algo de esto, pero creemos que la fiscal tiene que poner más voluntad para ver cómo fueron los hechos. Porque en este caso tenemos muy clara la vinculación de los dueños de las marcas con el taller. La habilitación del local estaba a cargo de ellos y luego se produjo el incendio.
M.H.: Estamos hablando de la Fiscal Betina Botta y el Juez Baños del juzgado Nº 27 y de los empresarios Daniel Fischberg y Jaime Gueiler. Me gustaría que nos recordaras los hechos que motivaron este juicio.
J.: El incendio se produjo porque había 64 personas viviendo en un taller de costura. En la planta baja estaba el taller y en el primer piso había 64 personas viviendo. Cuarenta eran trabajadores y el resto eran sus hijos. Se produce el incendio por un recalentamiento. Las familias vivían en espacios de 2x2 separados por maderas o telas, había cables colgando tanto donde estaban las máquinas como en el piso de arriba. Y una instalación eléctrica que era evidente que iba a llevar a un problema de este tipo.
La negligencia era absoluta por parte de los encargados del taller y de los dueños de las marcas por no inspeccionar, ya que están obligados a inspeccionar a los talleres a los cuales subcontratan, tanto Fischberg y Geiler como todas las marcas que subcontratan. Hubo un recalentamiento en un cable en donde había un televisor enchufado, comenzó un incendio, algunos pudieron bajar y hubo 5 chicos y una mujer de 25 años que no pudieron salir. Esto fue el 30 de marzo de 2006 y desde entonces todos los años se conmemora este aniversario frente al taller con algunas actividades.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control
M.H.: Este tipo de producción, en estas condiciones ¿es normal? ¿Qué tipo de control ejerce el gobierno de la ciudad de Buenos Aires?
J.: El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control en absoluto. Está absolutamente ausente y cada vez más. Durante el mes siguiente al incendio hubo una oleada de inspecciones y se cerraron alrededor de 100 talleres. Más allá de las inspecciones, que tampoco son una solución absoluta, hay que ver cómo se producen. La Policía generalmente trata a los trabajadores como si fueran delincuentes, los hacen tirarse al piso, ha habido denuncias de trabajadores a quienes la misma Policía le roba los celulares o plata durante las inspecciones.
Entonces, hay que revisar cómo se hacen esas inspecciones, porque al funcionar de esta manera los trabajadores ven a las autoridades argentinas como un problema, no como alguien que va a ayudarlos y a explicarles que tienen derecho a regularizar su situación laboral, a trabajar 8 horas, a resolver su situación migratoria y, sin embargo, la Policía no hace eso, los maltrata, entonces el trabajador ve en el patrón a un defensor de su derecho de trabajo y del lugar donde está viviendo. Lo único que hace el Gobierno de la ciudad es eso.
En la subsecretaría de Trabajo hay una división de Trabajo a domicilio que es la que regula y tiene que llevar un registro de los trabajadores a domicilio e inspeccionar los talleres. Hay una ley que establece que cuando una vivienda es alquilada para producir por encargo de un tercero, entra en la categoría de trabajo a domicilio y tiene una regulación específica que busca dar una protección mayor a los trabajadores que la ley laboral más grande, que abarca todo el abanico, que es la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que este sector tiene una ley específica para proteger mejor a los trabajadores pero no se aplica. Y el órgano de aplicación es el Gobierno de la Ciudad, pero también el gobierno nacional y la justicia.
M.H.: ¿Podemos cuantificar este tipo de talleres?
J.: Es muy difícil. En algún momento se habló de 5.000 talleres en toda la Ciudad. Desde ya que está el taller verdaderamente familiar, de una pareja o una mujer que trabaja en su casa, o que algún familiar directo va a ayudarle y le pagan en las condiciones que corresponde hasta, por ejemplo, en Villa Celina, donde hay talleres muy grandes donde se trabaja en terribles condiciones, no encerrados, pero sí en condiciones peores que las del sudeste asiático.
Yo tengo más o menos cuantificados los trabajadores que trabajan en talleres que llamaría clandestinos, aquéllos que si cae una inspección hay que cerrarlos inmediatamente porque hay riesgo de vida, son talleres donde hay gente viviendo y hay cables colgando o la propiedad se está por derrumbar, etc. Tengo calculados alrededor de 50.000 trabajadores de indumentaria en esas condiciones, en las que hay riesgo permanente de vida, estamos contando las horas para que se vuelva a producir algo como lo de Luis Viale y no se está actuando al respecto.
M.H.: ¿Cómo sigue esto?
J.: Desde la Campaña vamos a intentar contactar a la Fiscal porque tenemos mucha preocupación y hemos participado mucho en el juicio. Creemos poder aportarle algo a la fiscalía. Hay algunos que saben bastante del tema de la reducción a la servidumbre y de la regulación entre fábrica, taller y trabajadores, entonces hay mucho para aportar, material escrito, documentos técnicos que pueden ayudar a entender mejor esta cuestión que a veces puede ser compleja. Esperamos que la Fiscal nos reciba para poder acercarle estas pruebas y que puedan llegar a una decisión que sea realmente justa.
Mario Hernandez
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