jueves, 20 de julio de 2017

"La destrucción de la economía productiva va a una velocidad impresionante"

Entrevista a Andrés Ruggeri, coordinador del VI Encuentro Internacional Economía de lxs Trabajadorxs

M.H.: Andrés, dos temas centrales, el veto de María Eugenia Vidal contra la expropiación de pinturería Cintoplom, una empresa recuperada en 2003 y paralelamente sorteó el veto y fue expropiada Madigraf. ¿Qué nos podés comentar de estos dos casos?
A.R.: Así es. María Eugenia Vidal con su práctica de vetar todo lo que tiene que ver con las empresas recuperadas. Sorpresivamente Madigraf logró pasar. Creo que hubo un acuerdo previo por el cual la gobernadora no lo vetó, pero no conozco las circunstancias exactas. No pasó lo mismo con Cintoplom, que es una empresa recuperada del 2003, lleva muchos años de autogestión, funciona bien, es una empresa consolidada. Estaban renovando la expropiación y se encuentran con el veto que toma a los trabajadores totalmente de sorpresa. Sigue ese panorama de vetos y de vez en cuando alguna se les escapa.
M.H.: Los compañeros representantes de Acoplados del Oeste vivieron una situación difícil ¿podés contarnos qué paso?
A.R.: Eso fue la semana pasada, hubo un allanamiento a las casas de cuatro de los trabajadores que forman parte de la Comisión Directiva de la cooperativa, el presidente, la vice presidenta, el secretario y el tesorero. Buscando una serie de cosas que son imposibles de encontrar en una casa, una grúa puente que pesa 25 toneladas, máquinas enormes de la fábrica que en teoría no estaban en el inventario que se hizo después del desalojo. Buscando estas cosas, que era obvio que no iban a encontrar, la policía hizo un allanamiento el martes 4 a las 21:00 en simultáneo en las cuatro casas.
Fue una situación muy fea para los trabajadores, porque les cayó la policía en sus casas, con todo lo que eso implica, en cuanto a humillación y violencia, con sus hijos y familias presentes. Uno de ellos estaba muy dolido porque se había separado en circunstancias de este conflicto y el allanamiento no fue a su casa sino a donde vivía con su ex mujer, donde están sus hijos. Un acto que claramente es una estrategia de intimidación, después de una reunión bastante positiva que habían tenido con el Intendente de Merlo, quien presentó a la Municipalidad como impugnadora del acuerdo que habían logrado los empresarios con la mayoría de los acreedores en el concurso; todo iba hacia una quiebra que les iba a impedir que la empresa siguiera funcionando. Al presentarse el Municipio como impugnador de ese acuerdo, la situación seguía en una especie de empate, que no lo es porque los trabajadores están fuera de la fábrica, pero cambiaba un poco la situación. Además, el Intendente se había comprometido a financiar el alquiler de un galpón y darles trabajo durante unos meses, continuando el trabajo que tenían antes, lo que les iba a dar mejores condiciones para seguir en la lucha. Después de eso, aparecen estos allanamientos.
M.H.: Es interesante ver que varios miembros de ejecutivos provinciales o en este caso el Intendente, también el de Trelew en relación a Pepsi de esa localidad, empiezan a involucrarse y toman nota de situaciones que tienen que ver con las empresas recuperadas.
A.R.: Depende el municipio, pero hay municipios donde esto tiene alto impacto, tanto político, como social, como laboral; entonces no son situaciones como para no tener en cuenta. Obviamente hay intendentes que no les importa y otros que toman nota de la situación y se dan cuenta de que no hay muchas opciones para seguir manteniendo la fábrica en funcionamiento, más allá de recuperarlas.
Algo parecido esta pasando en Las Flores con una fábrica que era parte de Gatic que estaba cerrada y que el Intendente, que es del PRO, está acompañando a los trabajadores intentando armar una cooperativa.
M.H.: Sobre todo si tenemos en cuenta esta información que se dio a conocer este fin de semana de 7 fábricas cerradas por día, desde que asumió Cambiemos.
A.R.: Sí. El promedio es altísimo, es una destrucción de la economía productiva que va a una velocidad impresionante.
M.H.: En días pasados me entregaste el número 2 de Autogestión para otra economía, una publicación que fue hecha en marzo, creo que ya está por salir la Nº 3. Me gustaría que brevemente des un panorama del contenido que tiene esta segunda revista, con una impresión de mucha calidad y que nos cuentes dónde se puede conseguir.
A.R.: La impresión de calidad es porque está impresa en una fábrica recuperada que era Gráfica Campichuelo que garantiza esos niveles.
M.H.: La que editaba el Boletín Oficial.
A.R.: Exactamente. La Nº 2 está dedicada al VI Encuentro de la economía de los trabajadores así como al concepto de la economía de los trabajadores. Se basa en los materiales que surgieron de los tres encuentros regionales que se hicieron el año pasado, uno en Grecia, en el que estuviste, el sudamericano en Uruguay y el de América del Norte que fue en México.
Hay una entrevista a Mauricio Sardá que es un compañero brasileño que estuvo durante varios años en el gobierno de Lula como uno de los directores de la Secretaría de economía social y solidaria, que tiene una visión crítica de esa experiencia así como de lo que está pasando en Brasil actualmente. Y artículos que tienen relación con el VI Encuentro Internacional, como las cuestiones de la gran cooperativa que se está formando en lo que era la ex empresa estatal de energía en México a cargo del Sindicato mexicano de electricistas, los debates que se dieron en los tres encuentros, el tema de la economía comunal y feminista que se está dando en Kurdistán.
Trata una diversidad de temas, la nota histórica es sobre los cordones industriales de Chile. Es un número que me gusta, más que el primero. Es una visión poco objetiva la mía porque dirijo la revista, pero creo que vale la pena su lectura.
M.H.: Una nota más interesante que la otra. Hay también una manera de suscribirse por $ 360 se recibe anualmente dentro de CABA y Gran Buenos Aires a través de www.autogestionrevista.com.ar o suscripciones@autogestionrevista.com.ar
A.R.: Así es, la suscripción está funcionando. La página está siendo terminada, va a haber una opción para compra digital y hay algunos puntos de venta que son cooperativas, en Los Chanchitos (Angel Gallardo 601), en La Cacerola que queda en Parque Centenario en la calle Franklin. En la Facultad de Filosofía y Letras en el puesto que tiene la cooperativa La Cacerola en el segundo piso de Puán. En la librería Consola que está en Venezuela y Combate de los Pozos. En la página están los puntos de venta.

Hacia el VI Encuentro

M.H.: Vamos a las novedades del VI Encuentro. Te anticipo que ya me comuniqué con el compañero que vivió 10 años en Grecia así que probablemente tengamos traductor de griego.
A.R.: Qué bien. Hicimos otros contactos así que de una u otra manera lo vamos a resolver, porque contamos con la visita de los compañeros de Viome a quienes visitamos el año pasado en el Encuentro Euro-mediterráneo en Tesalónica, Grecia.
M.H.: Otro que va a participar y que ya mandó un trabajo es Carlos Ghioldi, que es el Secretario gremial de la CTA-T de Rosario y referente de la Cooperativa “La Toma”. ¿Qué otras novedades hay sobre el VI Encuentro?
A.R.: La novedad es que ya tenemos más organizado el programa, se cerró el plazo para la presentación de trabajos, ya están las delegaciones más claras. Llegaron 125 propuestas, de las cuales 115 son ponencias y 10 son talleres, además hay 6 presentaciones de libros, revistas y audiovisuales. Esto además de las mesas que se están organizando desde el Comité organizador que son las que se hacen con los invitados. Tenemos confirmada la presencia de la compañera de China, había dudas porque los precios de los pasajes son muy caros, había una promesa de una organización de acá que estaba demorada y parecía que no iba a poder colaborar, así que hablé con Marcelo Vieta, un compañero que vive en Canadá y que participa de la organización internacional y que tenía un fondo disponible que va a ser destinado para esto y ya tiene el pasaje.
M.H.: En lo personal una presencia muy importante porque tengo planeada la escritura de La situación de la clase obrera en China para este verano y seguramente me aportará elementos de primera mano.
A.R.: Ella forma parte del grupo de activistas que hace el trabajo con Foxcom, de esa red que funciona en toda China, en el sentido amplio, China Popular más Hong Kong más Taiwán. Además, de los compañeros de Viome que ya confirmaron que vienen, una delegación muy importante de México, cerca de 40 compañeros que vienen de Chile de distintas cooperativas.
M.H.: Yo voy a viajar del 12 al 20 a Chile así que si hace falta algo tenelo en cuenta.
A.R.: Sería bueno que entres en comunicación con los compañeros.
M.H.: También hay programada una actividad muy intensa previa al VI Encuentro también. Ayer Silvia, mi compañera, se puso en contacto con el compañero de la ex ESMA para organizar la visita que vamos a hacer junto con aquellos compañeros que lleguen antes de la apertura el 30 de agosto.
A.R.: Hay toda una agenda que empieza el 23 y termina el 29 de agosto, el día anterior al comienzo del VI Encuentro que va a ser el 30 en el Bauen posiblemente a las 17:00, todavía no está definido.
Otra cosa que estamos difundiendo en el blog son los hoteles en Pigüé para quienes quieran ir reservando.
M.H.: “Pepino” Fernández de la UTD de Gral. Mosconi también está confirmado. Va a ser otra presencia importante.
A.R.: Lo tendremos en cuenta para armar el programa.

Últimas novedades de recuperadas

El jueves 13, en el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se aprobó por unanimidad -48 votos a favor- un Proyecto impulsado por el legislador del bloque Corriente Nacional de la Militancia, Gabriel Fuks, que amplía el plazo de ocupación y uso temporario de los bienes inmuebles a cinco años a todas aquellas empresas que venían siendo gestionadas por sus trabajadores.
La recuperada Pinturas Continente evitó un insólito remate de los bienes muebles e inmuebles, de los que la cooperativa tiene en comodato a cambio de la deuda laboral, luego del pedido de quiebra por parte del Sindicato de Comercio por un monto de 12.000 pesos.
“A dos días del remate, había personas entregando volantes para vender nuestra propiedad y los compañeros se pusieron muy mal, más por la situación de desempleo del país. Además, la empresa subsiste únicamente porque somos una cooperativa. Llamamos a los abogados del municipio de Hurlingham y nos dieron una mano bárbara. Los que fueron a ofertar nos pidieron plata para no hacerlo, y les dijimos que no, que teníamos orden judicial, que tenemos la planta en comodato y que sabemos lo que es resistir por la fuente de empleo, y con eso se fueron. Nadie ofertó”, contó el secretario de la cooperativa, Carlos Ortiz, quien además señaló que gracias a la autogestión, sumaron cinco compañeros a los que eran inicialmente en el 2009 cuando se conformaron.
Los trabajadores ya enviaron a las Cámaras legislativas bonaerenses la Ley de expropiación de la fábrica, que plantean será mucho más accesible que con otras empresas autogestionadas, dado que los acreedores son en su mayoría el Estado, y el restante, el Sindicato de Comercio (3%), aunque ahora faltará el acuerdo con los distintos frentes políticos para que definitivamente los bienes de la pinturería queden en manos de la cooperativa.
Mediante el Decreto 420/17, publicado en el Boletín Oficial a mediados de junio, se autorizó la conformación del Instituto Universitario de la Cooperación (Iucoop).
“El Instituto Universitario de la Cooperación Iucoop surge como parte del desarrollo de la política de nuestro Movimiento Cooperativo de Crédito, orientada a fomentar la educación y la investigación en su aporte en la batalla cultural; tarea que nos ocupa desde la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y, específicamente, desde la conformación de la Fundación de Educación Cooperativa Idelcoop, hace más de cuarenta años”, dijo Ángel Petriella, presidente de Idelcoop.
En el IUCOOP podrán cursarse carreras de pre­grado, grado y posgrado en economía social y cooperativismo, organizaciones sociales, comunicación y educación cooperativa, como también podrán integrarse equi­pos de investigación y participar de proyectos de trabajo colaborativo con entida­des del sector.

Mario Hernandez

Si PepsiCo gana, ganamos todos.

Despidos en Cresta Roja. Hablan los trabajadores

miércoles, 19 de julio de 2017

Multitudinaria marcha en apoyo a la lucha de PepsiCo

PepsiCo: Multitudinario acto contra la represión y los despidos

Caso Arsat: “En los hechos es una privatización”



En dialogo con el periodista Dario Gannio, quien realizó una investigación donde obtuvo los documentos que confirman la primera privatización del macrismo, hablamos sobre la posibilidad de una nueva ola de privatizaciones.

Esta semana el periodista y economista Dario Gannio presento en su programa de C5N los resultados de una investigación realizada que también pueden verse en El Destape, donde se confirma la llegada de la primera privatización de una empresa pública bajo el gobierno macrista.
Y eso no es todo, tal como ocurrió en los 90’, otras empresas públicas como Aerolíneas Argentinas ha sido víctima de una campaña de desprestigio lanzada desde el propio gabinete presidencial, que llevo al despido de Isela Constantini; y se profundiza ya que ahora la línea de bandera debe lidiar con la competencia desleal generada por las empresas low cost.
A continuación, en el dialogo con Gannio respecto de la privatización de Arsat 3, una empresa pública que pasará a llamarse Newco, le preguntamos:
Diste la primicia sobre la primer provatización dela era M, ¿nos podés describir en que consiste la privatización de Arsat?
Dario Gannio: El gobierno va a intentar instalar, de hecho, es lo que hizo Oscar Aguad, que es una campaña sobre las denuncias de privatización y va a tratar de sacarse de encima la palabra privatización. Porque sabe que tiene mala prensa, y esta esa discusión sobre si es una privatización o no.
El tema es que Arsat 3 va a ser construido, explotado y después repartido, los dividendos las ganancias, por una nueva compañía. Esa compañía va a estar constituido de forma minoritaria por Arsat (49%), y en forma mayoritaria por la compañía norteamericana Huhghes (51%) que va a manejar el directorio, y aparte la producción y el reparto de dividendos mayoritario.
Esto, en los hechos es una privatización, efectivamente no es como antaño cuando una empresa manejaba todo, de hecho, ni Apple tiene el 100 % de Apple. Entonces, eso objetivamente habla de una privatización en torno a las decisiones y el objetivo de utilizar y explotar Arsat.
Arsat antes tenía un objetivo estatal, puede haber criticas o adeptos, pero lo cierto es que tenía un objetivo estatal y ahora va a tener un objetivo meramente comercial y privado, porque la mayoría del directorio será norteamericano y manejado por la empresa norteamericana.
Dado este contexto y el avance en lo que sería la privatización de Arsat, ¿crees que se viene una ola de privatizaciones?
DG: Es un debate interesante porque a Arsat le hicieron algo parecido a lo de Aerolíneas Argentinas (AA), le pusieron competidores, que brindan servicios de comunicación, y eso hizo que baje el precio de los servicios que vendía Arsat. Esto hizo que ARSAT sea menos rentable, si hubiera un debate en el Congreso, por ejemplo, tendría eso como eje: no es tan rentable.
Lo mismo pasó con Aerolíneas, le pusieron varias low cost, competidoras de afuera, y obviamente va a ser menos rentable, eso puede generar un debate sobre si se tiene que privatizar o no AA. Los expertos en aviación dicen que se viene eso. No tengo información para confirmar si va a pasar en el corto plazo, pero si se viene una ola de privatizaciones, hay que ver lo que hace el gobierno. Es decir, si va a denigrar, desfinanciar y tirara abajo todas las empresas estatales y ver si eso lleva a que quiera privatizarlas o no.
También está el caso de YPF, y el caso de los servicios, sin lugar a duda hay muchas manos privadas queriendo quedarse con esos negocios, pero hay que ver si el gobierno va para adelante, tal vez depende un poco de cómo le salga esta jugada.

***
Desde el gobierno salieron a responder rápidamente para ayuntar el fantasma de las privatizaciones. El primero fue el saliente ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien horas antes de la publicación del documento que prueba la venta de la empresa pública sostuvo: "El Arsat 3 es más público que nunca".
Y para intentar no estropear el negocio en puerta con la norteamericana Hughes, el presidente Mauricio Macri confirmó que el contrato firmado con la empresa Hughes, para la construcción del satélite, permitirá "potenciar la capacidad tecnológica del país.”
Y agregó: "esta es una alianza estratégica, basada en nuestra capacidad tecnológica", en la que el país "buscó un socio que potenciará la capacidad de Invap, porque va a ser la que provea el Arsat 3. Esta es una inserción inteligente de Argentina en el mundo”. A buen entendedor…
Es innegable mirando las decisiones del gobierno desde comienzos de su gestión a esta parte, que los beneficiados con el negocio de Arsat serán los capitales norteamericanos que podrán tomar decisiones, comercializar el producto y fugar las ganancias de los frutos de la empresa estatal. Así como la multinacional Pepsico fue beneficiada y sus trabajadores ilegalmente despedidos y reprimidos, para favorecer los negocios de la misma.

Guadalupe Bravo
@GuadaaBravo

150 años después



En septiembre de 1867, Karl Marx logró finalmente publicar su primer tomo de El capital –una crítica de la economía política. Había estado trabajando en la sala de la biblioteca del Museo Británico durante más de diez años para completar su gran trabajo sobre la economía política mientras afrontaba circunstancias de pobreza, enfermedad y muerte en su familia y actividad sin pausa en el intento de forjar una organización internacional de la clase trabajadora para su lucha contra el capital.
El libro se publicó originalmente en alemán y pasaron varios años antes de que se publicara en francés e inglés. Y fue por lo general recibido con silencio y desconocimiento. Las reseñas del libro fueron pocas y con bastante tiempo entre una y otra; algunas de ellas las tuvo que escribir Friedrich Engels, el amigo de toda la vida y colega de Marx, para suscitar algún interés.
Pero ahora, 150 años después, El capital es un libro del que varios millones escucharon hablar, no solo economistas, incluso aunque no tantos lo han leído realmente. En partes considerables no es fácil de leer y comprender –especialmente los primeros capítulos– pero en otras es un registro absorbente y poderoso de las injusticias y la naturaleza vampiresca del capitalismo, como cuando describe y analiza la naciente base industrial de la economía más avanzada de la época, Gran Bretaña. Como sostiene Marx al final de El capital, si el dinero “viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla”, entonces “el capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”.
¿Qué nos dice El capital de Marx sobre el mundo de 1867 y, si vamos al caso, para la de 2017? Primero y principal, Marx muestra que todas las cosas y servicios que necesitamos vienen provienen del esfuerzo del trabajo. Como él comentaba en una carta sobre su libro
Cada niño sabe que cualquier nación moriría de hambre, y no digo en un año, sino en unas semanas, si dejara de trabajar. Del mismo modo, todo el mundo conoce que las masas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades, exigen masas diferentes y cuantitativamente determinadas de la totalidad del trabajo social1.
Solo el trabajo crea valor. Pero aun más, como dice El capital de Marx, ese valor no es creado por quienes controlan la producción y su uso. Bajo el sistema capitalista de producción, la propiedad de los medios de producción de valor está en manos de unos pocos, mientras la inmensa mayoría no posee nada más que su capacidad de vender su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción. De este modo el valor es apropiado por los capitalistas como un plus por encima de la necesidad de valor para mantener a la fuerza de trabajo viva y en funcionamiento. El poder sobre la inversión, los ingresos y el empleo está con el capital, no con el trabajo. Este plusvalor se divide entonces entre los capitalistas industriales, de las fianzas y terratenientes como ganancia, interés y renta respectivamente. Acá El capital de Marx está en abierta oposición con la teoría económica del mainstream, apologista del sistema capitalista. Esta considera que las ganancias son una compensación del riesgo afrontado al invertir por los capitalistas; el interés es la retribución del riesgo de los préstamos que otorgan los bancos, y la renta es el pago por permitir el uso de la tierra. El capital de Marx muestra que esto es disparatado.
En cambio la ganancia, el interés y la renta son el producto de la explotación de la fuerza de trabajo y de la apropiación privada del valor creado por esta.
Así que, para Marx, el capital no es una cosa, como ser una fábrica o un robot o una suma de dinero, sino una relación social específica. Una fábrica es propiedad privada y la fuerza de trabajo debe desempeñarse en ella sin ningún derecho a opinar en su operatoria. Pero porque el capital es una relación social –valor apropiado del trabajo y circulado por los capitalistas para obtener más valor o dinero– también es transitorio. El capitalismo no siempre existió o fue siquiera un modo de producción dominante; y por lo tanto no es eterno ni tampoco la única forma en que la humanidad puede organizar la sociedad, más allá de lo que afirmen los economistas del sistema.
Y El capital muestra por qué es transitorio. Hay una contradicción fundamental entre la producción de las cosas y servicios que necesitamos (Marx los llama valores de uso) y la necesidad de los propietarios privados de los medios de producción y que controlan nuestro trabajo de obtener una ganancia (la dimensión que Marx llama valor de cambio).
El capital es un sistema orientado a hacer dinero, no uno de producción para las necesidades sociales. Pero esta misma contradicción conduce a colapsos regulares y recurrentes en la producción capitalista, porque a medida que los capitalistas compiten entre sí para lograr más ganancia y una mayor participación en el mercado, apuntan a disminuir el uso de fuerza de trabajo y reemplazarla con más maquinaria y tecnología. El impulso a hacer ganancias mediante el incremento de la productividad del trabajo conduce eventualmente a una menor ganancia en relación al capital invertido. De esta forma el capital causa su propia caída.
Pero los sistemas sociales pueden dominar por un largo tiempo. Las antiguas economías esclavistas de Europa duraron varios cientos de años; los regímenes absolutistas de Asia en India y China aun más; el feudalismo de Europa alcanzó más de mil años. Cuando Marx publicó El capital en 1867, el capitalismo apenas había llegado a ser dominante en Gran Bretaña. Llevó otros 100 años hasta que llegó a ser dominante en Europa, Norteamérica y partes de Asia. Ciertamente, solo podemos hablar del capitalismo como un sistema global recién 150 años después. Pero El capital de Marx previó lo que hoy llamamos globalización a través de la necesidad del capital de expandirse para contrarrestar la caída de la rentabilidad. De este modo, en 2017 tenemos una economía mundial ahora dominada por ricos países imperialistas como los EE. UU., Alemania y Japón, también potencias capitalistas en ascenso que emergieron como India, Brasil y el resto de Asia y América Latina. El capital ahora es global como lo es la ley del valor tal como es descripta por Marx en El capital 150 años atrás.
Se trata de un desarrollo desigual y combinado. India fue colonizada por el imperialismo británico durante siglos y su fuerza de trabajo explotada por capitales extranjeros. Pero ahora sus capitalistas nacionales, en asociación también con capital extranjero, explotan al creciente proletariado con trabajo duro y la última tecnología.
La evidencia de los últimos 150 años muestra que El capital de Marx estaba en lo correcto. El capitalismo no puede alcanzar su propio objetivo de extraer todavía más ganancia de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo sacar a la sociedad de un mundo de esfuerzo, pobreza, desempleo y degradación. La Gran Recesión de 2007-2009 confirmó que las crisis en el capitalismo no desaparecen; son en verdad más severas y ahora sincronizadas globalmente. El vampiresco impulso rapaz por lograr más plusvalor está destruyendo el planeta a causa de la polución y del calentamiento global.
Sin embargo, hay una contradicción en el capitalismo que es también la solución. Como mostró Marx en su libro, el capital crea su propio antagonista, el proletariado. La clase obrera industrial que Marx describe en El capital podrá haber declinado en tamaño, pero la clase obrera industrial del mundo nunca ha sido mayor, con miles de millones conformando la fuerza de trabajo cada vez mayor de India, Brasil, China y África. La clase trabajadora nunca ha sido más fuerte en su conflicto con el capital que 150 años después de publicado el libro de Marx.

Michael Roberts

Traducción: Esteban Mercatante

martes, 18 de julio de 2017

PepsiCo: multitudinario acto contra la represión y los despidos



La marcha terminó frente al Congreso, donde se desarrolló un acto frente a cerca de 30.000 personas.

Una multitud marchó esta tarde por el centro porteño para repudiar la represión y los despidos en PepsiCo, hasta llegar finalmente a Plaza Congreso, donde se desarrolló un acto frente a cerca de 30.000 personas. En estos momentos los trabajadores, junto a las organizaciones solidarias, instalan una carpa de la resistencia en la Plaza de los Dos Congresos.
Acompañaron la movilización, dando cuenta de un gran apoyo a los obreros, numerosas organizaciones y personalidades sindicales, políticas, de derechos humanos y estudiantiles.
Entre ellas, Nora Cortiñas, Pablo Micheli y Hugo Yasky de la CTA, Roberto Baradel de SUTEBA, Eduardo López de UTE, CTERA, conadu, Asociación Judicial Bonaerese, “Nono” Frondizi de ATE, Claudio Marín y Carlos Artacho de FOETRA (telefónicos), Beto Pianelli y Claudio Dellecarbonara (subte), la Corriente Federal de la CGT, del gremio de Curtidores, FUBA y centros de estudiantes de la UBA, Coordinadora de Estudiantes de Base, centros de estudiantes secundarios y terciarios, delegados y trabajadores de la Línea 60 en lucha, miembros de la Comisión Directiva y trabajadores del SUTNA (neumático), “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer de ferroviarios, Oscar de Isasi de ATE provincia de Buenos Aires, “Cachorro” Godoy de CTA Perón, dirigentes del SiPreBA, Gustavo Lerer del Garrahan, Judiciales de Capital, Ileana Celotto de AGD-UBA, docentes universitarios de Tucumán, trabajadores de Madygraf (ex Donnelley), Kraft, Stani, Indec, Desarrollo Social, María Victoria Moyano, Alejandrina Barry y Carla Lacorte del CeProDH, Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Barrios de Pie, Polo Obrero, CCC, CTEP, MP La Dignidad, MTR, Cien Fuegos, Agustín tosco, Frente Milagro Sala, León Piasek y miembros de la Asociación de Abogados Laboralistas.
También, por supuesto, estuvieron junto a las columnas de sus respectivos partidos los dirigentes de la izquierda que acompañaron a los trabajadores desde el principio y enfrentaron junto a ellos la represión, como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo y Nathalia González Seligra (PTS) o Luis Zamora. Asimismo, estuvieron presentes Néstor Pitrola, Marcelo Ramal o Gabriel Solano (PO), y Juan Carlos Giordano (IS), Manuela Castañeira (MAS), Vilma Ripoll (MST), entre otros.

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#TodosSomosPepsiCo: a las calles junto a las leonas

Denuncian a Macri ante la OIT

La denuncia imputará al gobierno responsabilidad jurídica por la violación de convenios internacionales

En memoria de Norberto “el tordo” Centeno, Salvador Arestín, Tomás Fresneda, Raúl Alaiz, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García y Jorge Candelero
Secuestrados y desaparecidos durante “La noche de las corbatas” entre el 6 y el 8 de julio de 1977

El gobierno argentino y su presidente, Mauricio Macri, fueron denunciados el jueves pasado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus sistemáticos ataques a jueces, abogados y las leyes laborales.
Con ese propósito, la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) realizó un acto frente a la oficina porteña de la OIT (Avenida Córdoba 948) para acompañar la denuncia internacional, que formalmente será presentada por la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y numerosos sindicatos.
La denuncia imputará al gobierno del presidente Macri responsabilidad jurídica por la violación de convenios internacionales a raíz de sus ataques a la Justicia del Trabajo y a los abogados laboralistas, a los que acusó de estar en connivencia para "armar" una "industria del juicio" destinada a "quebrar pequeñas y medianas empresas".
Sobre la avanzada del gobierno sobre los derechos laborales, el presidente de AAL, Matías Cremonte, afirmó: "Me parece importante marcar como hito, o como primer paso de esta avanzada que denunciamos en la OIT sobre los trabajadores, el ataque a la independencia del Poder Judicial con la designación de dos jueces en la Corte Suprema, por decreto de parte del presidente Macri".
"Otro elemento -agregó- fue la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, cimentando el terreno con la ficción de la ‘industria del juicio’, ahora encima intentando cargarnos el sayo por el cierre de las pequeñas empresas por los juicios laborales cuando todos sabemos que las empresas cierran por las políticas económicas del país".
La presentación de la denuncia ante la OIT es el resultado del consenso alcanzado entre más de 50 sindicatos en un acto realizado el pasado jueves 6 en el Hotel Bauen.
Además de esta nueva denuncia, AAL presentó otras dos en el plano internacional: una frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra ante el Alto Comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, además de requerir una audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La serie de fallos contra los derechos laborales

La violación abierta de la Ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria del gobierno de Cambiemos que se inscribe en este marco. Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba o en el violento desalojo de PepsiCo, son expresiones directas de la sumisión absoluta a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.
La insólita pretensión del gobierno de la provincia de Córdoba de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la Ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.
El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.
El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.
El Gobierno puso un obstáculo más para la realización de juicios por accidentes de trabajo. A la controversia que suscitó en el ámbito judicial la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, la cartera laboral sumó un bloqueo administrativo.
El nuevo obstáculo quedó al descubierto en una comunicación interna del Director general de Relaciones Individuales del Ministerio de Trabajo, Omar Nills Yasin, a los funcionarios del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), un organismo que funciona como paso obligatorio previo a cualquier demanda en el fuero laboral. El texto prohíbe a los conciliadores abrir expedientes con fecha posterior al 1 de marzo pasado (en teoría, desde la vigencia de la Ley 27.348, sobre Accidentes del trabajo).
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, cuestionó la comunicación interna por entender que "apunta a obstaculizar el acceso a la Justicia" de los trabajadores que sufrieron un accidente y planean iniciar una demanda para reclamar una reparación.
"El procedimiento de la Justicia laboral obliga, antes de iniciar una demanda, a acudir al Seclo. Lo que hace esta comunicación es prohibirles a los conciliadores tomar audiencias y entregar actas. En todo caso deberían formalizar que ya no es más requisito pasar por el Seclo porque de lo contrario, esto es un obstáculo añadido a las propias comisiones médicas para acceder a la Justicia", precisó Cremonte.

Complicidad de la Corte Suprema

La Corte Suprema ha decidido acompañar al gobierno de Mauricio Macri en su diatriba contra los jueces del trabajo, los abogados laboralistas y contra los derechos laborales en general y la ofensiva hacia los sectores sindicales que no son sumisos respecto del poder político.
El Tribunal hizo explícita su posición al darle difusión a un fallo que obliga a un trabajador que perdió una demanda por un accidente laboral a pagar las costas del juicio. Se convirtió en el último eslabón de un camino regresivo, marcado por sentencias que recortan derechos laborales.
La nueva Corte que se terminó de constituir con Cambiemos, firma sentencias en favor de las empresas, de las ART y del modelo actual de Estado empresario que multiplica despidos, mientras pulveriza las conquistas laborales.
La Corte eligió una semana peculiar para difundir su decisión de hacerle pagar las costas de un juicio a un trabajador, Enrique López (cuando, además, lo habitual es que se repartan con el empleador o que prime el criterio de que los juicios laborales no deben acarrear gastos para el empleado). Un día antes, un juez federal con competencia penal, Marcelo Martínez de Giorgi, había decidido intervenir el sindicato de Canillitas y procesar a su hasta entonces titular, Omar Plaini. Es el cuarto sindicato intervenido en los últimos tiempos.
La sentencia contra López (firmada por todos los supremos menos Horacio Rosatti) es una de las pocas que la Corte difundió en los últimos tiempos, después del mal trago del fallo del 2×1. Ignacio Funes de Rioja, socio de Funes de Rioja & Asociados, coincidió en que el fallo no era “novedoso” pero señaló que sí era “relevante”.
Funes de Rioja dijo que le parecía “muy bien que la Corte intervenga para modificar un fallo de segunda instancia que era a todas luces arbitrario. Lo que hizo la Corte es lo normal, lo que no era normal era el fallo de la Cámara. No sé si es un mensaje político, pero sí creo que es un buen fallo de la Corte”.
“Y si fue un mensaje, creo que es un buen mensaje, en línea con la seguridad jurídica y con la necesidad de que, sobre la base de reglas claras, se puedan atraer las inversiones necesarias para crear empleo”, completó. La partitura de fondo es del presidente Mauricio Macri, que teoriza que cuando un trabajador hace juicio perjudica a otros y alimenta una supuesta industria del juicio que, además, desalienta inversiones. Exactamente lo contrario del espíritu con el que sentenció la Corte de 2004 cuando, por ejemplo, declaró inconstitucional el mecanismo para el cálculo de las indemnizaciones, que resultaba inequitativo porque se calculaba sobre un promedio basado en el salario de convenio, no en el de cada trabajador.
El mayor problema de las pymes es el costo de las ART, que en un contexto de crisis económica muchas veces se vuelve imposible de afrontar y quedan obligadas a sumir el riesgo de no contar con la cobertura. Por eso cuando el Presidente denuncia genéricamente mafias, lo que en verdad busca es crear una cortina de humo que confunda los motivos de la destrucción de empleo que se registra en el último año y medio, especialmente en el sector industrial.

Corte Suprema: Antes y después

Es importante repasar qué hizo la Corte anterior en materia laboral para poder entender la parábola que trazaron sus decisiones con el correr del tiempo hasta ajustarse al escenario político actual. En 2004, los Supremos declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo; en 2009 declararon inconstitucional el despido de una delegada del Hospital Naval que pertenecía a un sindicato sin personería; en la misma línea declaró inconstitucionales los tramos de la Ley de asociaciones sindicales que impiden participar como delegados a los trabajadores que no estén afiliados a una organización con personería, una sentencia a favor de la libertad sindical.
Empleados que facturan. La regresión empezó poco antes del cambio de gobierno, en 2015. Dos fallos eran reclamos de dos anestesiólogos del Hospital Italiano que habían sido desvinculados y no reconocidos como empleados porque facturaban como autónomos, igual que muchos médicos de la institución. La Cámara Laboral los había reconocido como empleados. Lo que dice la Ley de contrato de trabajo es que si el demandante prueba sus prestaciones como empleado, la empresa tiene que demostrar que no lo es. La Corte cambió la interpretación y sostuvo que se probó que eran médicos independientes que facturaban a través de una asociación de anestesiólogos. No les reconoció la relación de dependencia. Firmaron Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Riesgos de trabajo. Una sentencia de 2014, conocida como Urquiza, dijo que los reclamos contra las ART son acciones civiles y deben tramitar en la justicia civil en lugar de la laboral. El problema es que es un fuero que maneja principios distintos, exige otro tipo de pruebas y los trabajadores deben pagar tasa de justicia. Firmaron Highton, Maqueda y Raúl Zaffaroni.
Libertad sindical. En febrero de 2016 la Corte empezó a restringir la protección a los delegados sindicales que años antes había ampliado en los casos de ATE y el Hospital Naval. Esta vez le negó la reinstalación en su cargo a Andrea De Caso tras haber sido despedida cuando estaba en plena postulación para un cargo sindical en la Unión de Trabajadores Hoteleros. Firmaron Lorenzetti, Highton y Maqueda.
Edad jubilatoria judicial. El fallo que interpreta que los jueces, según la Constitución de 1994, deben jubilarse a los 75 a menos que obtengan acuerdo del Senado por 5 años más tiene características de un fallo laboral, según interpretan los laboralistas. Pero en este caso el problema no sería el fallo (firmado por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti) sino la “doble vara”. La sentencia fue para que el ex camarista Leopoldo Schiffrin renuncie, pero se empezó a aplicar a otros jueces. A quien no se aplicó fue a Highton, la jueza de la Corte que consiguió una cautelar a su favor en primera instancia y logró que el Gobierno habilitara su permanencia.
Huelgas. El 7 de junio de 2016 la Corte sentenció (votos de Lorenzetti, Highton y Maqueda) que sólo los gremios pueden promover una huelga pero no pueden hacerlo grupos informales de trabajadores. Rechazó así el reclamo de un empleado del Correo que no estaba afiliado a ningún gremio pero que tomó medidas de fuerza y fue despedido. Previo a la sentencia se hizo una audiencia pública; fue antes del cambio de Gobierno.
Accidentes. La Corte (otra vez Lorenzetti, Highton y Maqueda) resolvió el mismo 7 de junio del año pasado que el reajuste de las indemnizaciones por accidentes de trabajo que dispuso la ley 26.773 sólo se aplica a accidentes y enfermedades posteriores a noviembre de 2012, cuando sancionó el nuevo sistema. La Cámara laboral había dicho que se podía utilizar para hechos anteriores. El alto tribunal hizo una interpretación restrictiva en favor de la economía de las ART.
Despidos estatales. Los miles de despidos en el Estado se perfilaron desde los inicios del gobierno de Macri como uno de los grandes asuntos en puerta que se deberían dirimir en el fuero del trabajo. En noviembre de 2016 la Corte suspendió una sentencia de la Cámara laboral y ordenó sacar de sus puestos a cuatro empleadas de planta de Lotería Nacional que habían sido reincorporadas (otra vez firmaron Lorenzetti, Maqueda y Highton). A fines de febrero pasado, el tribunal rechazó un planteo de ocho empleados contratados despedidos de la Afsca. La Cámara laboral había considerado que eran despidos discriminatorios, por tratarse de trabajadores afiliados a Nuevo Encuentro. La Corte resolvió que el caso debe tramitar en el fuero contencioso administrativo, que no tiene reglas ni mecanismos de protección para los trabajadores. El mismo día, el Gobierno denunciaba a los camaristas laborales que avalaron la paritaria bancaria del 24 %. Empezaba la guerra explícita del Gobierno con los jueces del trabajo.

“La industria del juicio no existe”

Así se titula el comunicado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que “asiste azorado ante un nuevo ataque a nuestra noble profesión”. La entidad presidida por Jorge Rizzo entiende que, en lugar de cambio, hay una continuidad de parte del Poder Ejecutivo a la hora de agredir a los letrados. Antes eran los abogados previsionales y los llamados caranchos”, que justificaron la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo del año 2012, ahora son nuevamente los laboralistas. Para el CPACF el objetivo detrás de este discurso es otro: “se intenta una peligrosa regresión en materia de política laboral a los nefastos años 90”.
El CPACF dice también estar “absorto” ante los “apoyos indiscriminados a violaciones constitucionales y/o derechos de los Trabajadores”, de ciertos colegas que nada dijeron sobre casos de gravedad como lo ocurrido con el fallo de la Corte Suprema que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad “. “Algunos de ellos, de manera descarada dicen representar a colegas, pero en realidad solo cuidan los intereses de sus clientes, los grandes grupos económicos y, en este caso puntual las ART o las empresas concesionarias de Servicios Públicos en su caso”, denuncia el Colegio.
Señalan que el diagnóstico es errado y que el problema con la “mal llamada industria del juicio” es que la mayoría de las empresas no cumple con sus obligaciones legales y eso da lugar a los reclamos ante los Tribunales Laborales, que fallan a favor del trabajador porque simplemente acreditan esas fallas.
“No existe en la Argentina real una política, ni controles en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, léase que no hay una verdadera prevención sino un mero interés de las empresas de pagar lo menos posible, sin importar realmente el cuidado de la vida y/o la salud de los trabajadores”, denuncia el comunicado.
“Evidentemente resulta mucho más económico para las empresas insultar a los trabajadores de la Abogacía en vez de realizar las inversiones necesarias para prevenir los riesgos así como las necesarias para la erradicación legal del trabajo en negro”, añade el texto, que también cuenta con la firma del secretario General de la institución, Pablo Dameschik.
En Córdoba tampoco se quedaron callados. El Colegio de Abogados también se pronunció en contra de los dichos del Presidente, reprochándole que, si tiene conocimiento de esa “mafia” de jueces y abogados, que vaya a la Justicia y lo denuncie, en lugar de “agraviar al conjunto de los abogados”.
El Colegio cordobés rechaza ese “ataque generalizado” así como la atribución de responsabilidad por “el cierre de PYMES, generación de juicios laborales infundados y destrucción de fuentes de empleo futuras”.
“Creemos indispensable que de tener el Sr. Presidente conocimiento de la comisión de hechos delictivos por parte de abogados y/o magistrados del fuero laboral, formule las denuncias correspondientes, sin tender un manto de sospecha sobre todos los abogados litigantes del fuero del trabajo”, consigna el comunicado.
La Justicia Laboral de Rosario tiene demoras de más de 16 meses para fijar audiencias. Así lo manifestó la Asociación de Abogados Laboralistas. Los letrados aseguran que la solución está en sumar juzgados. "En Rosario y Gran Rosario tenemos un polo obrero grandísimo y solo diez juzgados laborales, con poco personal", advirtieron. Ello, significa "uno por cada 123.000 habitantes; cuando en Córdoba, esa tasa es de uno cada 40.000", ejemplificaron. Incluso, plantearon que "los trabajadores no le ven en su vida la cara al juez. La primera audiencia demora entre 7 y 16 meses, dependiendo del juzgado; pero en promedio, hoy se están fijando audiencias para mayo o junio de 2018. Hay mucha gente que después de un año ya no quiere saber nada".

Apoyo del sector empresario

Desde la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), se concordó con el discurso de Macri. Daniel Funes de Rioja, abogado de empresas y vicepresidente de la institución, calificó de “perverso” el sistema por el cual se resuelven los conflictos del derecho del Trabajo.
Funes de Rioja señaló que el sistema “ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo, donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable”.
El letrado coincidió también en el hecho de que las principales afectadas por este contexto son las pequeñas empresas, que “no aguantan”.
“Si tienen cinco empleados, uno las termina. Y además no contratan. Ahora que Argentina vuelve a conectarse con el mundo, la preocupación principal por quienes quieren invertir es el tema de los juicios porque no hay un sistema claro sino que hay muchos atajos para la industria del juicio”, sintetizó Funes de Rioja.

El largo camino a los juicios laborales

Son varios los caminos para llegar a juicio, pero ninguno es placentero. Y por lo demás, tampoco es que el camino sea demasiado llano. La prescripción de los créditos laborales es de dos años, demasiado breve si se toman en cuenta incumplimientos patronales de larga data. Pero además, el sistema somete al trabajador a una instancia previa de conciliación en la que, tentado por la necesidad, tal vez opte por aceptar lo primero que ofrezca la empresa demandada.
Es decir: la vía judicial es utilizada por el trabajador luego de haber soportado el abuso empresarial. Llega a los tribunales aquél que puede, y no todos los que deberían.
Aquel que trabaja sin estar registrado, que cobra menos de lo que prevé el convenio o que es acreedor de horas extras impagas sabe que será despedido si reclama. Por eso la enorme mayoría de los trabajadores sólo reclaman cuando la relación se terminó, cuando ya no hay posibilidad de ser despedido como represalia por quejarse. El sistema legal-judicial cuestionado por el gobierno se basa en algunos principios fundamentales. Pero ninguno de ellos toma como sujeto damnificado al empleador. Y ello es obvio por varias razones: en primer lugar porque la propia Constitución indica que las leyes laborales deben dictarse para proteger al trabajador, pero además porque el único que está en condiciones de causar un daño cierto a la contraparte es, precisamente, el empresario. El trabajador, de forma individual, ni siquiera cuenta con la herramienta de la huelga, reservada por norma básica a los gremios.
La legislación laboral que hoy se cuestiona es, en suma, un compendio de condiciones que intentan limitar el abuso empresarial. Sin ley, o con leyes flexibles, hay abuso. Y los reclamos en sede judicial se dan fundamentalmente por incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador.
El sistema judicial no es una antojadiza invención contra las empresas, sino la consecuencia del propio incumplimiento patronal. Si fuese por rigurosidad jurídica, valdría entonces agregar que desde 1957 los empresarios argentinos quebrantan la manda constitucional de repartir sus ganancias entre el personal. Pero de ello nadie se queja.
Lo que se cuestiona desde el empresariado, de hecho, no es tanto la pericia de los abogados laboralistas ni la interpretación de algunos magistrados, sino las normas que sostienen ese régimen protector: molesta que las normas y las pruebas deban entenderse en el sentido más favorable al trabajador, irrita que en caso de duda se aplique la norma más benigna para el operario, indigna que los obreros no puedan renunciar a sus derechos, que no se los pueda despedir sin causa, que no se puedan alterar condiciones esenciales del contrato, que esté multado el fraude laboral. Fastidia, en suma, el sentido de las propias leyes, que constituyen el fondo del debate.

Los datos vs la “teoría” de Macri

Durante 2016 las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no solo mejoraron su facturación sino que apenas el 19 % de los siniestros registrados llegaron al fuero laboral y, por si fuera poco, estos representan solo el 1 % de los trabajadores registrados. A esas conclusiones llegó una investigación realizada por el centro de estudios Atenea. Por lo tanto, según demuestra el informe, la denuncia del presidente Mauricio Macri referida a la existencia de “mafias laborales” que hacen colapsar los tribunales está más relacionada con la reinstalación de la flexibilización laboral que con la defensa de los derechos del trabajador.
El trabajo detalla que la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) reconoció que las compañías de seguro recibieron durante el año pasado unas 127.503 demandas. Si bien la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) –el organismo que las controla– registró unas 10 mil demandas menos, señalan “el alza extraordinaria de juicios de fines del año pasado, en donde los trabajadores iniciaron sus reclamos previendo la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo”, algo que finalmente se concretó en febrero pasado.
Hasta ahora la SRT no publicó la cantidad de accidentes laborales ocurridos durante 2016 pero los especialistas del centro de estudios Atenea, que conduce Damián Ledesma, indican que “de haberse mantenido el promedio de accidentes de 2013, 2014 y 2015 (unos 664.986) y tomando en cuenta la cantidad de juicios publicados por la UART, se concluye que solo el 19 % de los accidentes de trabajo llegan a juicio”. Es más, si se considera el universo de trabajadores registrados en las ART, casi 10 millones, “las demandas presentadas representan sólo el 1 % de los trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo”. En rigor, el supuesto colapso de los tribunales laborales no es tal.
Incluso, afirma el estudio que durante el pasado año “un conjunto de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, representativas del total del sector, obtuvieron un resultado positivo que asciende a los $ 9.500 millones, con una alza interanual del 41 %”. Todos estos datos fueron recabados por Atenea de los estados contables que publica justamente la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se trata de “once compañías que concentran el 83 % de los trabajadores cubiertos del sistema. Los números muestran que, lejos de quebrar, estas empresas han consolidado su posición económica y financiera”.
A comienzos de este año el gobierno de Cambiemos avanzó sobre la Ley de Riesgos de Trabajo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 54/17), que retocaba aspectos vitales de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y se centraron en la reinstalación de artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Ante ello, la administración remitió un proyecto de ley mediante convocatoria a sesiones extraordinarias donde se terminó convirtiendo en ley. Para Atenea, “el nuevo régimen fue el primer triunfo legislativo de la flexibilización laboral”.
La afirmación se sostiene en la imposición de la obligatoriedad, por parte del trabajador que sufrió un accidente laboral, de realizar el trámite ante las comisiones médicas. Entonces, la trampa, si se quiere, está en que la norma prevé que si el trabajador accede al trámite administrativo de las comisiones médicas y aún así recurre al reclamo judicial “no podrá cobrar la suma que eventualmente se le reconozca en sede administrativa” por lo que, a diferencia de lo que sucedía antes, “ya no podrá tomar la indemnización como pago a cuenta, forzando el desaliento del reclamo”. Si bien la norma prevé que el trabajador acuda con un abogado a realizar el trámite, las comisiones médicas sustituyen a los jueces naturales, y siguen constituidas por médicos (y no por expertos en derecho). El estudio sostiene que la necesidad de reformar esta ley es lo que provocó que “el Poder Ejecutivo instalara la consigna del colapso del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, provocado por la supuesta ‘industria (mafiosa) del juicio’”.
Ahora bien y según lo que prevé la Constitución Nacional, las provincias deben adherirse a esta reforma legislativa. Esto provocó que exista lo que Atenea definió como “la carencia de comisiones médicas” en el territorio argentino, lo que provoca no pocos inconvenientes a la hora hacer operativa la ley, “obligando a los trabajadores a trasladarse varios kilómetros para iniciar un reclamo”.
Pero, además, hay otro tipo de complicaciones para el funcionamiento pleno de la norma. Por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal busca aplicar esta ley. Según el estudio de Atenea, el Frente Renovador presentó un proyecto de adhesión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, el Senado local lo rechazó a instancias del Frente para la Victoria, que contó con el respaldo de las centrales obreras y los colegios de abogados. “Es decir que en provincia de Buenos Aires, actualmente, el trabajador tiene libre acceso a la Justicia”, afirmó el estudio.
En Córdoba, en tanto, al rechazo a la ley nacional le agregaron además un nuevo formato, al determinar que el procedimiento previo ante las comisiones médicas “será obligatorio en tanto efectivamente se creen estas comisiones en cada jurisdicción” y, a la vez, habilita la posibilidad de que el trabajador “cobre el crédito reconocido en trámite administrativo y pueda ir a juicio tomándose como pago a cuenta” que la norma nacional hoy prohíbe.

“No hay industria del juicio, hay industriales que no quieren justicia para los trabajadores”

Néstor Pitrola, candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda, se refirió a la resolución de la Corte Suprema de Justicia Nacional de imponer los costos del juicio al trabajador cuya demanda laboral ha sido rechazada.
"El fallo y la campaña mediática que la acompaña busca generar un amedrentamiento entre los trabajadores, para que teman iniciar la instancia judicial, último recurso en defensa de sus derechos. Va en la línea que viene reclamando el gobierno, que prepara una nueva reforma laboral flexibilizadora para después de las elecciones. La ley de ART y la campaña patronal para que los trabajadores desistan de enjuiciar a los responsables de sus accidentes laborales, complementa una ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y el conjunto de los derechos laborales, que traerá más precariedad laboral y por lo tanto más accidentes: el “gasto” que quieren ahorrarse. Los propios jueces reconocen en el fallo que resuelven sobre un punto que excede sus atribuciones."
"La campaña contra ´la industria del juicio´ del gobierno va en sintonía con el ajuste que se descarga contra los trabajadores y las recomendaciones de los organismos internacionales como la OCDE. Son los empresarios de la industria, que apoyaron al kirchnerismo y ahora apoyan a Macri, los que no quieren pagar las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores."
“El papel de la CGT -que acordó la reforma regresiva de la ley de ART y mantiene una tregua vergonzosa con los ajustadores- da cuenta de que la defensa de los trabajadores requiere un relevo urgente de la dirigencia sindical y una nueva dirección en el movimiento obrero”.
“Pero además se suma el ataque a los jueces del fuero laboral, que tiene el propósito de “encuadrar” a los magistrados “rebeldes” que fallan a favor de los trabajadores.
"El Frente de Izquierda, en contraposición a esta orientación, defiende la vida y la salud de los trabajadores, las condiciones de trabajo y, de manera irrestricta, los convenios colectivos de trabajo".

Mario Hernandez

Fuentes: Página 12, LID, Diario BAE, TEL, https://www.tiempoar.com.ar, Resumen Latinoamericano, https://notasperiodismopopular.com.ar, InfoGremiales, Rosario/12, www.ambito.com.

Créditos de la ANSES: (muy poco) pan para hoy, hambre para mañana

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiados de la AUH y de distinto tipo de pensiones no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.
Según el gobierno, la línea de crédito que podrá llegar hasta los $ 30.000 servirá para impulsar el alicaído consumo popular. Sin embargo la experiencia ha demostrado lo contrario. De hecho, mediante la tarjeta Argenta ya se han otorgado este tipo créditos a jubilados y pensionados sin que esto haya servido para detener la caída del consumo, tal como lo prueban todas las estadísticas públicas y privadas. Esta caída del consumo ha sido el resultado directo de la desvalorización del salario y las jubilaciones. Sólo en el 2016 la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y jubilados promedia los 10 puntos, a lo que hay que sumarle el retroceso de este año.
Pero el fracaso de esta política se notará aún más en el futuro cuando estos créditos deban ser devueltos por las familias. Es que el financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial, debido a que la tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.
El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que según la Universidad Nacional de Rosario hoy está en $ 25.000. No es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos recibe mensualmente menos de $ 10.000.
Denunciamos esta política de confiscación de la ANSES y de endeudamiento de las familias, condenada de antemano al fracaso.

Gabriel Solano

Lanata, “El Polaquito” y una operación nauseabunda contra la juventud



Denunciaron que el informe periodístico de PPT fue un montaje.

El domingo 16 el programa Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata, presentó un informe sobre “El Polaquito”, un niño de doce años que habría confesado frente a cámara un asesinato, intentos de homicidio, robos y delitos varios. El show televisivo provocó un debate en su panel, que luego se replicó en otros programas de la órbita oficialista, acerca de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad no ya a los catorce sino a los doce años.
El Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) denunció que la nota realizada a “El Polaquito” se trataba en realidad de un montaje en el que habrían participado “personal policial y civil al mando del secretario de Seguridad de Lanús Diego Kravetz” que habría coaccionado al menor para ser expuesto de manera amarillista ante las cámaras de PPT. “El Polaquito”, indica el comunicado del MTE, “tiene una vida difícil, signada por la pobreza y conflictos con la ley, pero en ningún caso participó en hechos en los que hubiera portación de armas, se produjeran lesiones y mucho menos homicidios. Su relato es en gran medida una fabulación inducida por los entrevistadores que explotaron a sabiendas la vulnerabilidad y los problemas psicológicos que el niño padece con el propósito evidente de hacer uso de su imagen como ´producto audiovisual´ sensacionalista para su difusión en medios comerciales y posiblemente para justificar las reiteradas y crecientes actuaciones abusivas de las fuerzas de seguridad hacia los niños y la población socialmente vulnerable”.
La entrevista, a todas luces inducida, se aprovechaba de las fabulaciones de un niño para sostener la campaña oficialista para bajar la edad de la imputabilidad.
Las estadísticas desmienten el desaguisado lanato-macrista, ya que es bajísimo el porcentaje de menores implicados en delitos, por más que el tratamiento mediático se esfuerce en presentar a los menores de edad como el centro de los problemas de la seguridad. Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires estableció que sobre 175 homicidios registrados en 2015 sólo 1 caso fue cometido por un menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron atribuidos a adolescentes entre 16 y 18 años, el 3,8% del total (Ámbito, 18/2/17).
“A pesar de una baja criminalidad en los jóvenes menores de 18 años, el 60 por ciento de las noticias que hablan de los adolescentes en Argentina salen por la sección de ‘policiales’, y la vinculación que hacen los medios de comunicación entre ‘delito’ y el ‘barrio’ donde ellos viven es alarmante”, concluye un informe de Crisol Proyectos Sociales, luego de estudiar 9.576 notas en los diarios los diarios Clarín, La Nación, Página/12, Diario Popular y Crónica, publicado por la agencia oficial Télam en diciembre del año pasado .
La operación de Lanata –en connivencia con el poder político– se inscribe en una línea de reforzamiento represivo, que se manifiesta en una creciente criminalización de la juventud, razzias en los medios de transporte, militarización de los barrios de trabajadores y, por supuesto, la represión a los piquetes y a las luchas obreras, como lo sufrieron en carne propia los obreros de AGR y de Pepsico.
Repudiamos la opereta de Lanata-Kravetz y llamamos a reforzar la organización de la juventud en las fábricas, faucltades y colegios por sus derechos y a redoblar la movilización contra el ´gatillo fácil´ y los atropellos policiales.

Antonia Torrebruna

lunes, 17 de julio de 2017

#TodosConPepsicoEnLucha Este martes 18 acompañemos a los trabajadores: Obelisco - 17.30

El martes, movilizaciones en todo el país por los obreros de Pepsico



La marcha central irá del Obelisco al Ministerio de Trabajo.

Con una movilización central desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo (a las 17hs), el martes 18 tendrá lugar una jornada nacional de lucha en reclamo de la reapertura de la planta de Florida y la reincorporación de los despedidos de Pepsico.
Habrá manifestaciones en todo el país; entre estas, un corte en el Puente Lucas Córdoba (uno de los principales accesos a San Miguel de Tucumán) y una movilización en Salta a la Plazoleta IV Siglos.
La medida fue resuelta en un plenario realizado el pasado sábado con decenas de organizaciones obreras, políticas, sociales y de Derechos Humanos, al día siguiente del desalojo represivo de la planta ejecutado por Macri y Vidal con centenares de efectivos policiales y de Gendarmería (acompañado por provocaciones del presidente contra los trabajadores).
El domingo, por su parte, se realizó un festival solidario que dio cuenta de la enorme simpatía popular que ha conquistado esta lucha. Del mismo, que tuvo un cierre a cargo de las bandas de rock Las Manos de Filippi y Salta la Banca, participaron numerosos artistas de diversas disciplinas y los conjuntos Proletarios, La fonda del Tano, Mal Pasar, Amartillazos, Eco Ilógico, Actitud Palestina, entre otros.
El propósito de la compañía con el cierre de la planta de Florida –han denunciado los obreros– es retomar la producción en la planta de Mar del Plata con personal flexibilizado y desorganizado gremialmente. Su lucha contra esta avanzada forma parte de una tendencia de lucha de la clase obrera a enfrentar los despidos masivos, como se verificó en AGR-Clarín y ahora también en la maderera MAM, de Neuquén.

Prensa Obrera

La Conquista del Desierto, el aniversario oculto (II)



A los hacedores de esa operación de ocupación y exterminio que se llamó Conquista del Desierto les falló el nombre con el que quisieron inmortalizar la supuesta gesta. No se puede “conquistar el desierto” porque supone la apropiación de la nada y no hay conquista concebible con tal propósito. En Estados Unidos, los colonos tuvieron que avanzar hacia el Oeste en una guerra cruel contra tribus armadas y afincadas de comanches, sioux, apaches, cheyennes. En la Argentina, como la definió Alem, fue una “operación de policía”.
Su efecto inmediato fue la consolidación del latifundio y del conventillo, en el que se hacinaron los inmigrantes. Fuera de la lista de los beneficiarios del reparto de tierras, existe otra estadística reveladora. El 45 % de los inmigrantes llegados entre 1857 y 1869 – primer censo nacional – volvieron a sus países, una cifra que se elevaría al 57 % de los que arribaron entre 1891 y 1899. Otra enorme proporción se quedaba en Buenos Aires o en los alrededores en lugar de ir al campo. Quien quiera comparar con las cifras de Estados Unidos en los mismos períodos observará que el retorno fue insignificante por la colonización y el desarrollo impetuoso de la industria. La deserción, en nuestro caso, era reveladora de la imposibilidad de acceder a la tierra. “En lugar de colonos, el Estado argentino pidió peones” dirá Ortiz, a modo de balance.
En 1876, al inicio de la Conquista del Desierto, Avellaneda dictó la ley 817, una burla macabra, pues presentada como una ley de colonización, no preveía la entrega de la tierra. Si alguna provincia o una empresa particular requerían brazos, el Estado nacional se comprometía a trasladar gratuitamente los inmigrantes al lugar señalado. ¿Pero, acaso su artículo 85 no ordenaba “que los cien primeros colonos…que sean jefes de familia y agricultores recibirán gratis, cada uno, un lote de cien hectáreas…”? Así es, ¿y las tierras para este reparto? Hay que retroceder al artículo 82: “El Poder Ejecutivo determinará los territorios destinados a la colonización, la que deberá principiar tan pronto como sea posible…” (negrita nuestra).
¿Varió algo con la Conquista del Desierto? Nada. No hubo ni milicianos ni trabajadores “colonos”, sino la mayor apropiación de tierras ordenada desde el Estado en beneficio de un grupo de parásitos que se enriqueció con los beneficios de la renta agraria y la especulación. Para la financiación de la Campaña del Desierto el Estado organizó un empréstito basado en la venta de cuatro mil títulos públicos a cuatrocientos pesos cada título, para recaudar 1,6 millón de pesos fuertes. La compra de cada título le daba al comprador la propiedad de una legua (2.500 hectáreas) de tierra. Es decir se consumó la privatización de las tierras para lograr los fondos que permitirían realizar la campaña. En una primera etapa familias de fortuna se apropiaron de ocho millones de hectáreas. Una parte de las tierras fueron entregadas a los soldados, carentes de recursos para afincarse en tierras lejanas. En un caso o en otro las tierras terminaron en manos de quienes tenían los recursos para comprarlas y atesorarlas. El fin de la historia es la apropiación de cuarenta millones de hectáreas a 3.000 familias cuyos nombres no es necesario repetir aquí.

El frigorífico y el ferrocarril

Hacia 1875 se produjo un cambio relevante: la introducción del método frigorífico de conservación de carnes. Culminó un ciclo -el de la lana- y se inició otro. A través del enfriamiento de la carne y la mejora del mestizaje la Argentina reunió las condiciones para convertirse en la gran proveedora de carne del mercado británico. La Conquista del Desierto estuvo motivada por la sed de pasturas que planteó esta perspectiva, lo que suponía, a su turno, dirimir la posesión de la Patagonia –apetecida por Chile. Aunque relegada en relación a la ganadería, la producción agrícola pegó un salto en los diez años siguientes, impulsada por el alza en los precios mundiales.
¿Quién fue el protagonista del vuelco político y económico que la historia oficial asigna a la “generación del 80”? El capital extranjero. El arraigo del capital inglés en la industria frigorífica no significó transferir a la Argentina los beneficios que significó pasar de la exportación de ganado en pie al envío de la res sacrificada enfriada. Estos beneficios tendieron a acrecentar los resultados del capital inglés por doble vía: la industria frigorífica y el dominio de los trenes, los puertos y el transporte frigorífico por vía marítima.
Lo mismo en el plano político. Avellaneda y Roca culminaron, a sangre y fuego, la “unión nacional”. “El capital extranjero no podía depender de localismos por lo común incompatibles con su expansión” (Ortiz) tal como había ocurrido al momento de instalarse los ferrocarriles. Requería un Estado nacional consolidado, por lo que la enaltecida “Generación del 80” consumó lo que Rivadavia no pudo lograr con la Constitución unitaria de 1826: unir el país bajo el dominio de terratenientes, comerciantes y el capital inglés, bien que ahora con la unión de las oligarquías del interior y el patrocinio del Ejército nacional. Como moneda de cambio, Roca otorgó a la oligarquía porteña la federalización de Buenos Aires.

Como la Patagonia llegó a ser “nuestra”

En 1874, en plena Campaña del Desierto, el gobierno de Perú decretó el monopolio estatal del comercio del salitre, obligando a las salitreras de Tarapacá (en parte capitales chilenos, europeos e ingleses) a entregar la producción al Estado, al precio que éste fijara. En 1875, expropiaron las salitreras. En 1878, en Bolivia, el gobierno decidió un impuesto sobre el salitre que afectaba a la compañía salitrera de Antofagasta (empresa chileno inglesa en una provincia entonces boliviana). Ésta se negó a pagar y reclamo el auxilio del gobierno de Chile, ante lo cual el gobierno de Bolivia expropió a la empresa. Chile declaró la guerra a ambos países, a cuenta del mandante inglés, y derrotó a la confederación de ambos países, apropiándose de la salida al mar de Bolivia y varios territorios de los derrotados. La guerra del Pacífico significó un salto en la dominación de Latinoamérica por Gran Bretaña, que pasó a controlar directamente la economía de las naciones envueltas en la contienda. Tanto Perú como Bolivia reclamaron a la Argentina, desde 1874, un pacto defensivo común, que los gobiernos argentinos (Sarmiento 1868/74, Avellaneda/Roca 1874/1880) rehusaron, pactando con Chile el reparto de la Patagonia, que le significó a este país la propiedad de la mitad de Tierra del Fuego, del estratégico puerto de Punta Arenas y del Estrecho de Magallanes (bajo la inspiración también de la corona británica, que no quería el dominio de un sólo país sobre vías de comunicación estratégicas). Argentina rechazó hacer causa común con los países agredidos por el capital inglés, actuando como cómplice de la corona británica.

Quienes son los aliados

La Conquista del Desierto fue una cruzada bárbara y antinacional –en el sentido de que sirvió al interés social del naciente imperialismo y de una burguesía “nacional” que había renunciado hacía tiempo a sus objetivos históricos. Cuando los editoriales de La Nación rugen en su defensa -con numerosos escribas dispuestos a repetirlos- planteando que gracias a ella la Patagonia es “argentina”, se impone una pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre el dominio argentino o chileno en relación a un territorio que tiene hoy las mismas marcas de atraso que hace cien años? Bajo uno u otro destino el futuro habría sido el mismo.
La unidad nacional construida en la Argentina sobre la apropiación de tierras y el asesinato de las tribus indígenas conformó el país capitalista atrasado y dependiente que somos hoy. A la vez, trajo consigo la formación de la clase obrera, llamada a constituirse en la nueva protagonista de la revolución social. Una clase obrera que se constituyó atestiguando el desarrollo desigual y combinado. “Los grandes establecimientos fabriles no crecieron desde orígenes modestos -acertará Peña-, desplazando y absorbiendo competidores más débiles… surgieron en la arena económica argentina como vástagos plenamente desarrollados de grandes empresas extranjeras”.
La llamada “cuestión indígena” ha vuelto a replantearse por las movilizaciones mapuches contra la apropiación de tierras y la destrucción del hábitat por las energéticas y forestales en Chile y Argentina (recordar Benetton y Lewis). También por la constatación de que la vocinglería en favor de los “pueblos originarios” de parte del gobierno supuestamente nacional y popular fue pura demagogia.
Es necesario abrir el debate con el activismo de los pueblos originarios desenvolviendo el frente único por sus reclamos genuinos y la necesidad de fusionarlos con las luchas reivindicativas y de conjunto de los trabajadores urbanos y rurales. El llamado a empeñarse en la construcción del partido obrero no es menor: no habrá solución plena al llamado despectivamente “problema indígena” sino bajo un gobierno de trabajadores.

Christian Rath

Bibliografía citada:

Ricardo M. Ortiz, Historia Económica de la Argentina, Plus Ultra, Buenos Aires, 1974.
Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú, FLACSO, Ecuador, 1994.
Milciades Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional, Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1974.

Liberan a un juez federal condenado por delitos de lesa humanidad



El 14 de julio, fue excarcelado el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Martínez, era uno de los funcionarios judiciales más influyentes e intocables en Tucumán antes de su detención en abril de 2014.
Martínez había sido condenado a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares en una vivienda de San Miguel de Tucumán y privación ilegítima de la libertad de otra persona, Miguel Romano, en mayo de 1976. Cumplía la condena con arresto domiciliario.
En el caso de Miguel Romano, quien fue detenido por orden de Martínez y luego fue torturado en varios centros clandestinos de detención de Tucumán, sus familiares declararon en el juicio que Martínez “no movió un dedo” para ayudar al detenido.
La defensa del ex juez, luego del fallo, apeló a Casación con argumentos que significan una clara reedición de la obediencia debida y punto final. Planteó que Martínez era “joven e inexperto” cuando cumplía sus funciones como juez en plena dictadura y que debía tenerse en cuenta el contexto en el que tomaba decisiones.
La Sala I de Casación dio lugar a estos argumentos y anuló el punto de la condena referido al delito de asociación ilícita en contra de Martínez y desestimó la imputación por abuso de autoridad y otras cuestiones relativas al homicidio de cinco personas. La Sala, en virtud de estas anulaciones, resolvió que debe dictarse un nuevo fallo.
El fiscal Federal Pablo Camuña señaló que “llama la atención el total desinterés de los jueces por valorar los testimonios de las casi dos docenas de víctimas que declararon en el juicio y que señalaron la forma en que Martínez, desde su magistratura, colaboró para mantener o agravar su situación, ignoró denuncias directas de torturas atroces o armó causas para intentar engañar a la CIDH. También los más de 600 habeas corpus rechazados”.
La libertad del ex juez Martínez no constituye un hecho aislado, sino que está en consonancia con toda la política de “reconciliación” del actual gobierno y de reinserción de las Fuerzas Armadas en la vida política, un camino emprendido por los K con la designación de César Milani al frente del Ejército.
El camino para enfrentar esta avanzada amnistiadora es la movilización independiente, como quedó demostrado en la lucha con el fallo del 2x1 a los genocidas.

Alejandra Del Castillo

Mientras reprimía en Pepsico, Vidal tomó deuda por 500 millones de euros



La provincia de Buenos Aires se endeudó ayer por 500 millones de euros a una tasa de 5,5% a cinco años. En Ciudad de Buenos Aires se aprobó endeudamiento por 100 millones de dólares con el BID.

La provincia de Buenos Aires se endeudó ayer con el mercado de capitales europeos mediante un bono por 500 millones de euros a una tasa de 5,5% a cinco años. El ministro de Economía de la provincia Hernán Lacunza aseguró que hasta fin de año no volverá a recurrir al mercado financiero.
Para lograr el "atractivo" de los bonos bonaerenses, además del importante rendimiento en euros que devengan los mismos, Lacunza se paseó por las ciudades europeas y encabezó un roadshow previo que incluyó a las ciudades de Zurich, Amsterdam, Londres, Milán, París y Frankfurt.
"Recorrimos un promedio de dos ciudades por día", señaló, para luego precisar que en Londres y Frankfurt la colocación tuvo mayor penetración.
El bono tiene un plazo de cinco años y medio, amortiza el capital en una única cuota al vencimiento (enero de 2023), ofrece un rendimiento de 5,5 por ciento (cupón de 5,375%) y paga intereses con frecuencia anual, añadió la cartera conducida por Lacunza. El gobierno de Vidal justifica la emisión cuyo destino sería financiar un "plan de obras de infraestructura".
"De esta forma, la Provincia de Buenos Aires es la primera provincia argentina que emite en euros desde el regreso de Argentina a los mercados de capitales y vuelve así a acceder a una plaza financiera que ninguna provincia exploraba desde hace más de 15 años", destacó el Ministerio de Economía provincial en un comunicado en el que se felicita por la toma de deuda.
Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires la legislatura aprobó, en una sesión ordinaria, la autorización para emitir deuda por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras de infraestructura en la Villa 31.

La Izquierda Diario

Juicio CNU La Plata: el Tribunal impidió el ingreso del público



En el juicio contra los criminales Indio Castillo y Pipi Pomares el Tribunal Federal dio otra muestra de amistad a los represores. Hubo desalojo de la sala antes de que declaren testigos de la defensa.

Amparados bajo el poder que les otorga la investidura, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, ordenaron en la audiencia del último miércoles desalojar el recinto con la excusa de que hubo inoportunos comentarios entre los presentes. Esta decisión echa por tierra con la instancia de un verdadero juicio oral y “público”.
Se trata, vale recordar, del proceso judicial contra Carlos “El Indio” Castillo (ausente en la audiencia) y Juan José “Pipi” Pomares, los dos únicos represores juzgados en La Plata por los crímenes perpetrados por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la banda paraestatal de la ultraderecha peronista que tuvo sus acciones en el período previo a la última dictadura cívico-militar de 1976.
Con la impuntualidad que lo caracteriza este miércoles el Tribunal inició la audiencia. Pero al comenzar las declaraciones del primer testigo de la defensa, el amigo de Pomares Carlos Ángel Donamaría, los jueces pidieron un receso para desalojar la sala por lo que el público presente debió seguir el testimonio fuera del recinto y mediante una pantalla con sonido muy deficiente.

La “acción social” de Pomares

En su de declaración, el testigo Donamaría comentó que conocía al acusado desde la década del 80, “creo que por intermedio del doctor (Julio) Alak” y que habían sido compañeros de militancia desde 1987 y hasta 2013.
Relató también que “los amigos” están preocupados porque Pomares estaría siendo perseguido. “Le recomendamos que buscara protección en las conexiones políticas, pero nos respondió casi textualmente: yo no voy a ver a ningún político. No me voy a ir porque no soy un descartado social. Vos sabés que soy totalmente inocente. En mi vida no maté ni a una mosca”, dicen que dijo el peligroso criminal.
Luego de esa afirmación el Tribunal decidió “que se vaya todo el mundo de la sala”, como repudio a los supuestos comentarios en el auditorio. Casi que a Pomares le salía redonda la jugada.
Al reanudar la declaración, Donamaría explicó que nunca antes había escuchado hablar de “Pipi” Pomares y continuó perfilando al acusado como “un militante que se dedicaba a los barrios, a la acción social, a los comedores, a la ayuda escolar”.
El doctor Salas, defensor del imputado, le preguntó si conocía al fallecido senador Carlos Mosse, y el testigo respondió que “él era gran amigo mío y gran compañero”. Intuyendo a dónde apuntaba la pregunta de la defensa continuó su testimonio agregando que “conociéndolo a Pomares y a Mosse, en la entidad de luz que Carlitos era, y como peronista, no había nada más alejado de una extrema derecha del compañero Carlos Mosse”.
No satisfecho con la afirmación expresó que “él era amigo y compañero de Néstor Kirchner. Sin embargo, Carlitos era amigo de Pomares, y trabajó con él. Es más, una persona de su catadura, a sabiendas que Pomares podría tener alguna falencia en otra época, no lo hubiera soportado al lado, ni cinco minutos” dijo Donamaría.
Para finalizar, Salas volvió a arremeter incisivamente: “entonces, la pregunta es obvia: ¿lo cree capaz a Pomares de haber cometido el ilícito que se le imputa? Es decir, ¿el homicidio de dos personas?”
En el silencio frío de la sala, sólo se escuchó el “en absoluto” de Donamaría. La defensa quiso aseverar esa afirmación, por lo que el testigo agregó que Pomares le merece el mejor de los conceptos, “desde el día que lo conocí hasta el día de hoy. Nunca vislumbré una patología mental. Buen compañero, se preocupaba por los desprotegidos, por los humildes. Caminaba los barrios con gran compromiso social y político”.
La querella, representada por las abogadas de Justicia Ya! María Luz Santos Morón -quien además es parte por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos-, Pia Garralda y Carolina Vilches, le preguntó en qué período trabajó Juan José Pomares con el senador Mosse. “Fue nombrado y ejerció funciones en el Senado de la provincia de Buenos Aires en 2010 o 2011, pero luego del fallecimiento de Mosse en 2012 fue dado de baja”.
Carlos Donamaría declaró, para finalizar, que aunque está jubilado colabora con el diputado Juan José Amondarain desde 2014 y hasta la actualidad.

Una gran amiga del criminal

La segunda testigo de la defensa, Juana Alina Silveyra, se reconoció como gran amiga de Juan José Pomares y con quien compartieron largos años de militancia. “Pipi es más chico que yo. Cuando empezó a militar yo ya estaba militando en el peronismo. Era una criatura pero trató de insertarse dentro de las unidades básicas. Abrazó la causa con un amor increíble y se destacó en la parte social. Siempre se preocupó por los que menos tienen”.
El abogado defensor le preguntó si sabía que el imputado había estado detenido alguna vez. “Sí, sabíamos que con el proceso se lo habían llevado. Después de andar por todos lados, lo trasladaron a la Unidad 9. Lo reencontré allí cuando iba a visitar a mi hermano detenido. Veía a todos los compañeros de militancia”. Y luego recordó que con la vuelta al sistema constitucional en 1983, volvió a trabajar con Pomares.
En el interrogatorio, Silveyra comentó también que con el señor Arias (alias la Vaca) trabajaban junto a Pomares. “Él primero fue concejal en el noventa y pico; después lo pusieron de Defensor. Trabajó con nosotros en el peronismo cuando vino la democracia”. Luego recordó que mantuvieron un vínculo estrecho de militancia, “más cuando Julio (Alak) se fue, toda la gente que quedó desocupada, ellos tomaron la posta para rearmar todo. Eran Pipi Pomares, Oscar Guida y la Vaca Arias que acompañaron a 1.500 compañeros que fueron sacados de la Municipalidad por el nuevo intendente”.
Y otra vez la figura de Pomares como héroe social: “Creo que el Pipi ha sido el promotor de acompañar a la gente, de ayudarla, de apoyarla más que nosotros, siempre fue más contenedor”.
La defensa le hizo recordar su relación con Scatolini. “Lo conozco detenido en la Unidad 9 con Pipi. Ellos estuvieron todos juntos. Después nos encontramos en la democracia y trabajamos para que él fuera defensor del pueblo”.
Hace cuatro años lo volvió a ver y en un episodio extraño. Scatolini la amenazó de muerte si contaba lo que le había sucedido a Pomares. “No podía creer que me dijera que Pipi fuera culpable de algo así, y me dijo ‘si hablas, te pego un tiro acá’ (señalándole la sien). Y fue la última vez que lo vi”.
“¿Qué opinión le merece Pipi Pomares?” Preguntó el doctor Salas. “Como persona, excelente. Como trabajador social, más que excelente y muy exigente. Su trabajo tan arraigado, con tanta pasión. No vi peronista igual. La persona ideal como militante”, sintetizó su gran amiga.
La última pregunta de la defensa fue qué piensa “internamente” cuando a Pomares se lo acusa de semejante crimen. “Ah no, por favor. No va entrar jamás, ni ahora ni nunca en mi cabeza, una cosa semejante de una trabajador tan entero, de un ser con tanta luz. No lo concibo”, respondió Silveyra.
La doctora Garralda, integrante de la querella y miembro del colectivo Justicia Ya! fue inquisidora en su interrogación.
- ¿Conoce si Pomares participaba de alguna otra organización?
- No -refutó Silveyra- no sé de qué otra organización.
- ¿Escuchó hablar de la CNU?
- Sí, pero nunca la entendí. Sé que era un centro universitario, manejado por los estudiantes.
Al indagar sobre si había escuchado hablar de la CNU antes del golpe cívico-militar, Silveyra respondió afirmativamente. Pero no fue igual ante la pregunta de si estaba enterada de que Pomares la integraba. Ahí lo negó.
Para rematar la indagatoria, se le preguntó categóricamente: “¿Conoce a una persona de apellido Córdoba? Él estaba detenido en la Unidad 9”. Pero otra vez quedó sonando una negativa.
El Tribunal dio por concluida la audiencia y se volverá a reunir el 7 de agosto a las 10 de la mañana, en el primer piso de los Tribunales Federales de La Plata (calle 8 entre 50 y 51).

Mirian Márquez

Privilegio de la ganancia por encima del salario

La situación económica está complicada para la mayoría de la población, especialmente los de menores ingresos, con inflación y bajo crecimiento, desempleo, seguido de represión (PepsiCo) y miserabilización de la vida cotidiana.
El fondo de la cuestión está asociada a una política económica que deliberadamente promueve la restricción del consumo popular, al punto que estimula tasas de interés elevadísimas para invertir en Letras del Banco Central, ratificada en estos días a un 26,25%.

Especulación versus producción y consumo popular

Así, lo que se promueve es la especulación y quien tiene dinero sobrante lo coloca en LEBAC (Letras del Banco Central), u otros activos financieros, públicos o privados. Es el caso de las inversiones en divisas (dólar, euro, etc.), con lo que aumenta el tipo de cambio o cotización de las monedas externas (dólar a $17,28) y luego se extiende a los precios, tal como vimos hace poco con el combustible, y ya sabemos que faltan en este segundo semestre del 2017 dos actualizaciones más del precio de las naftas.
Sin embargo, esta semana sorprendió el acuerdo del Banco Provincia de Buenos Aires y los Supermercados, quienes a instancia del gobierno provincial dispusieron una oferta, uso de tarjetas mediante, con devolución del 50% de las compras hasta un máximo de reintegro por $1.500.
Quién compraba hasta $3.000 recibiría la bonificación en su cuenta bancaria. El BAPRO aportó el 30% y los supermercados el restante 20%. Hubo colas extensas y record de ventas para un segmento que mantiene capacidad de consumo o que reorganizó su compra mensual, quincenal o semanal para aprovechar la oportunidad.
Atrás de ese fenómeno de consumo estuvo la decisión oficial de la gobernadora Vidal, en plena campaña electoral y en un distrito en el que todos los analistas coinciden que se define la disputa política entre el macrismo y el kirchnerismo.
¿Es una contradicción con la política oficial nacional? No, ya que nacionalmente se avanza hacia el ajuste, tanto como se pueda y mientras, se mantiene la política social masiva, aun cuando se pretenden recortes en salarios estatales, jubilaciones, prestaciones y otros ámbitos del gasto público.
El propio Macri y funcionarios del gabinete afirman que el resultado favorable a Cambiemos en Octubre será el aval social para avanzar con decisión en un ajuste fiscal que tiene consenso en los principales medios de comunicación y formadores de opinión pública.
Sirve el caso comentado para pensar que la resignación de utilidades del Banco oficial del Estado provincial más rico y de algunos de los principales supermercados, mayoritariamente de capitales externos, aun siendo una acción restringida y para ganar votos, favorece el crecimiento del consumo y puede inducir la demanda de bienes y servicios.

Salarios o ganancias

Reorientar ingresos en desmedro de las ganancias favorece el consumo y el ingreso popular, y puede potenciar el crecimiento de la producción y el empleo.
Salarios y ganancias son las partes componentes del ingreso total de la sociedad. Todos vivimos de salarios o de ganancias, incluida la población inactiva o pasiva.
No hay dinero en los bolsillos que no provenga de su origen en la distribución funcional del ingreso, sea como propietarios de medios de producción o como propietarios de la fuerza de trabajo.
Hasta el que roba apunta a trabajadores o a empresarios; y los recursos fiscales o previsionales tienen origen en salarios o ganancias.
La disyuntiva es ganancias o salarios, que solo puede disimularse cuando crece la economía y esconde la desproporción en la distribución del ingreso entre unos y otros.
Se trata de una contradicción insalvable, que explica en la cotidianeidad las diferencias de objetivos entre la minoría dominante que apropia ganancias y la mayoría empobrecida que vive de la venta de su fuerza de trabajo.
El objetivo de la política económica privilegia la rentabilidad y el desafío es construir nuevo sentido común para instalar una lógica de satisfacción de necesidades, lo que orienta a la civilización a la ruptura del dilema entre ganancias y salarios para rumbear hacia una lógica de satisfacción de necesidades.

Julio C. Gambina

Reaccionario: Ricardo Iorio se suma a los lanzamientos de campaña

Ricardo Iorio, ex líder de Almafuerte, V8 y Hermética, concedió una entrevista donde lanzó frases cargadas de odio, calificó a los hijos recuperados en democracia como un “puñado de indemnizados por desaparecidos“, habló de la delincuencia y se autodenominó “anti-montonero“.

“Deberíamos hacer una nueva independencia, porque no puede ser 47 millones de personas estén dominadas por una casta de 200 mil”, empezó un descargo derechista Iorio en diálogo con el programa Tiempos violentos de la radio Rock&Pop.
“Lo mío es anti-montonero, lo mío es anti-Lorenzetti, lo mío es anti que el chorro es una víctima. Lo mío es más lo de Alfredo Casero quien dice si la herida tiene gangrena hay que ir hasta el hueso", argumentó utilizado por la Junta Militar durante la dictadura cuando se refería a la lucha contra la subversión.
El músico, quien está trabajando en un nuevo disco solista que se titulará “Avivando la llama”, su método publicitario cargado de xenofobia fue también repudiado en las redes sociales.
El ex Hermética dio vuelta la frase “ningún pibe nace chorro” y recordó: “A mi papá una vez le digo ‘pusieron una villa emergencia Kirchner, ahí se va a llenar de chorros’. Me dijo ‘no hijo, chorro se nace. Esto es hereditario’”.
Sobre los hijos de desaparecidos y nietos recuperados, Iorio consideró un “puñado de indemnizados, por desaparecidos“. “Mi look es un look botonazo. Porque prefiero a José Larralde que al Che Guevara. Prefiero a Aldo Rico que a Victoria Donda”, agregó el metalero.
“Estoy en desacuerdo con aquellos que dicen ‘un mundo sin fronteras loco, no a la guerra’. Yo creo diferente ahora que soy un hombre. Sí a la guerra, sí a armarse, sí a no pedirle piedad a un gorrita cumbia villera que venga a manosearte tu familia. Ama, ama, a matar negro‘. ¿A quién? Y morirán inocentes también. ‘Paredón y después’ se llama esto”, olvida mencionar que la policía mata a un pibe cada 24 hs. y con estos dichos reafirma la criminalización de la pobreza.
Sobre sus pares, Iorio fue crítico: “Hay otros que presentan sus posturas como el Chaqueño Palavecino vestido de Güemes cantando con ‘La Trampa’. A mí con ‘La Trampa’ no se me para. O Los Nocheros vestidos de negro. O ‘Rauly’ Barrionuevo cantando ‘Comandante Che Guevara’. O La Renga, que son dueños de una ignorancia muy enorme con la estrella. O Maradona con la Virgen de Luján y Che Guevara”, concluyó.
Iorio puede opinar lo que quiera, pero lo reaccionario de sus comentarios se vuelve masivo alimentando un sentido común de derecha. Esto es alimentado por discursos negacionistas que vinieron del propio Mauricio Macri y nada tuvo que envidiarle Pichetto, con su raid de comentarios fascistas contras las distintas comunidades latinoamericanas que viven en la Argentina.

LID

domingo, 16 de julio de 2017

PepsiCo, ataque a derechos laborales y una reforma a la brasileña en carpeta



En la represión y desalojo a las obreras y obreros de PepsiCo el Gobierno de Cambiemos busca aleccionar al conjunto de la clase obrera para allanar el camino a mayores ataques a las condiciones laborales.
Por eso tiene un enorme valor la heroica resistencia a los planes de la multinacional yanqui que practica el "ajuste por mano propia". Claro que cuenta con la ayuda de la justicia patronal, la policía, los ministros y hasta el presidente Mauricio Macri.
La resistencia obrera es una advertencia al conjunto de la clase capitalista. Sus planes no pasarán sin lucha, como pretende la burocracia sindical que el día de ayer llamó a una marcha para dentro de cuarenta días. Una burla.
“Hay que bajar el costo argentino”, se escucha insistentemente de parte de los voceros empresariales como si se tratara de la fórmula mágica para que, finalmente, algún día, se decidan a invertir.
Pero las verdaderas causas del “costo argentino” son el atraso productivo, justamente, por la falta de inversiones, la fuga de capitales y la dependencia extrema del capital extranjero.
En 2013, el 77 % de las utilidades de las 500 grandes empresas correspondía a aquellas de capital imperialista. Es decir, el "modelo" Pepsico es el preponderante en el país.
Frente a ese reclamo patronal por el "costo argentino", que repitió la nueva cúpula de la Unión Industrial Argentina en la última reunión con el presidente Macri, el oficialismo promete reformas previsionales, tributarias y laborales regresivas luego de las elecciones de octubre.
La flexibilización laboral reclamada por las grandes empresas que acaba de sancionar el Senado brasileño muestra el carácter regional del intento de avanzada anti obrera.
En el vecino país se introdujeron más de cien modificaciones a ley laboral: otorga más poder a la negociación sectorial e individual que a la propia ley laboral, debilita la organización obrera, amplía la tercerización, habilita nuevos contratos de trabajo precarios, incluso hasta intermitentes, extiende la jornada diaria y las horas semanales, facilita despidos, degrada las condiciones de las trabajadoras embarazadas, permite mayor fragmentación de las licencias por vacaciones, entre otros cambios.
Para Cambiemos significa una presión adicional para introducir modificaciones en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro país, donde el deterioro del poder de compra del salario, la vía libre para despedir y atacar la organización de los trabajadores, las modificaciones en el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) o la ley en beneficio de las Pymes, no han sido suficientes para la sed insaciable de ganancias de las empresas.
Como analizó días atrás Izquierda Diario, el Gobierno promete varias reformas antiobreras pasadas las elecciones de octubre, tanto en el sistema tributario como en el previsional.
El oficialismo con el visto bueno de la burocracia sindical avanzó en cambios regresivos en algunos convenios laborales, como ocurrió con el acuerdo para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Pero con el discurso contra la “mafia de los juicios laborales” prepara el terreno para un cambio estructural en las leyes laborales que arranque derechos a los trabajadores.
Con la excusa de promover el blanqueo de empleados en negro se buscará beneficiar a las empresas con “cupos” o “créditos” fiscales, reducción de las contribuciones patronales, imposición de pautas de productividad, mayor precarización y flexibilización.

Pablo Anino
@PabloAnino