sábado, 31 de marzo de 2018

Cuentas offshore para los ministros, tarifazos y techos paritarios para los trabajadores



El gabinete de gobierno se compone de ministros y funcionarios millonarios con cuentas en el exterior y en paraísos fiscales, pero para los trabajadores sólo hay tarifazos, recortes del poder adquisitivo y promesas de un nuevo "segundo semestre".

Mauricio Macri defendió ayer desde Chapadmalal al ministro Aranguren por mantener su fortuna en el exterior y no traerla al país por “falta de confianza”. Mientras tanto, pidió a los trabajadores y pueblo pobre que confíe en que la inflación disminuirá en el “segundo semestre” y que acepten un nuevo golpe al bolsillo con los tarifazos. ¿Broma? No. Cinismo.
La lista de ministros y funcionarios con abrumadoras cuentas e inversiones en el extranjero -en muchos casos en paraísos fiscales- se va extendiendo día a día. Esta semana, mientras se anunciaban nuevos incrementos del 40 % en la tarifa de gas residencial y un 17 % en la garrafa, el ministro encargado de realizar este ajuste afirmó que aún “no confía” en el país, luego de más de dos años de desenvolverse como funcionario de esta gestión, tras haber sido CEO de una multinacional petrolera como Shell. La lista continúa con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el flamante titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, y hasta el propio presidente, Mauricio Macri, entre otros tantos.
Semanas atrás, Marcos Peña había defendido al ministro Caputo en el Congreso Nacional tras conocerse su participación accionaria en el fondo offshore Noctua. Así, el gobierno primero niega que sus funcionarios tengan plata afuera, luego niega que ese dinero lo mantengan en sociedades offshore, y cuando aparecen evidencias que dejan al descubierto la mentira, transforman la debilidad en ideología: proponen que es “natural” tener plata en paraísos fiscales y que no tiene relación con la corrupción. Como si fugar dinero, evadir impuestos y no declarar el origen de los fondos fuese una actividad normal, incluso siendo claramente ilegal desde el punto de vista de los marcos del régimen democrático-burgués.
Tampoco es normal, como hicieron notar a Dujonve en España con una pregunta incómoda, que los funcionarios que convocan imponen a los trabajadores a ajustar el cinturón con la promesa absurda de que la situación va a mejorar “en algún momento”, sean los primeros en mantener su riqueza afuera. Y, lo que es más descarado, a decirlo públicamente sin cuestionamientos.
Aranguren es el ministro que más dinero tiene afuera: $ 87 millones. Le sigue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que de un patrimonio declarado de $ 97 millones tiene alrededor de $ 79 millones en el exterior. Por su parte, Gustavo Arribas es el funcionario con más bienes del Gabinete y también el que más activos tiene en el exterior. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), declaró bienes por $ 126 millones.
Lo que faltaba para coronar tanto cinismo era la justificación de la abultada riqueza que posee todo el gabinete de gobierno: Macri lo hizo. Durante sus vacaciones de semana santa en Chapadmalal añadió que Aranguren “debió vender sus acciones en la compañía (Shell) perdiendo la mitad de lo que había ganado en su vida". "Eso es lo que hizo Aranguren por los argentinos”. Como si la riqueza que acumularon los funcionarios ex-CEO desde sus compañías o puestos jerárquicos la hubieran realizado “con el sudor de su frente” y no mediante la explotación de los trabajadores, los negociados con el Estado y la corrupción.
Resulta insólito que el macrimo quiera presentar como un sacrificio el hecho de que alguien venda las acciones de una multinacional.

El viejo cuento del “segundo semestre”

Corría el segundo trimestre del año 2016 cuando Macri y varios de sus funcionarios prometían que en el “segundo semestre” habría una mejora en la economía, luego de haber propiciado un fuerte golpe a los trabajadores con una devaluación del 50%, tarizafos y despidos masivos, mientras por el otro lado beneficiaba a los grupos económicos con la quita de las retenciones y un abaratamiento del “costo salarial”. El salario real se hundió un 6 % promedio en todo el año (con sectores que vieron desvanecer su poder adquisitivo en más del 10 %), se desplomó el consumo y la economía nunca repuntó. Así, diciembre cerró con una caída acumulada de 1,8 % en la actividad económica según el Indec.
En el 2018 la economía no transita un enfriamiento abrupto como el de hace dos años, sin embargo tampoco logra repuntar más allá de los niveles de 2015. El crecimiento es efectivamente, invisible. Las expectativas de la economía se recalculan a la baja en forma permanente apuntaladas por la sequía del agro y los desequilibrios internos, mientras el ajuste sobre los trabajadores persiste bajo nuevas y viejas formas: los tarifazos y la inflación ya están afectando la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador, mientras el gobierno se vota “metas de inflación” irrisorias utilizadas como anclas salariales por debajo del 15 %, con ayuda de burocracias amarillas.
En este contexto, Macri desempolva el viejo libreto del “segundo semestre”, prometiendo un futuro mejor mientras ataca el bolsillo popular. Su plan es “perdurar” mientras pasa el mundial, apostar a algún gol de Messi y esperar al 2019 evitando la mayor cantidad de sobresaltos posibles.
Nada bueno puede esperarse de un gobierno que festeja una Argentina con más de 11 millones de pobres, 7 millones de trabajadores en la informalidad y más de la mitad de los trabajos bajo condiciones de precarización extrema. El salario promedio de la economía es de $ 14.000, por debajo de la línea de pobreza y muy por debajo de la canasta familiar estimada en $27.000. La jubilación mínima que percibe el 66 % de los jubilados no alcanza tampoco ni la mitad de la Canasta de Jubilados.
Mientras tanto, el gabinete está compuesto por una casta de empresarios millonarios que fugan dinero y lo mantienen en paraísos fiscales. "Todo normal".

Lucía Ruiz
@LucuRuiz

Paritarias a pedir de Macri

Panorama político-sindical

“Hay dirigentes que han adoptado las formas de vida, los automóviles, las casas, las inversiones y los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego con una actitud de este tipo no pueden encabezar a la clase obrera. Con ellos, que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en el lenguaje internacional de la deslealtad, no hay advenimiento posible”.
Amado Olmos

Las primeras paritarias concluyeron con aumentos salariales del 15 %, en 2 o 3 cuotas, y en la mayoría de los casos con cláusulas de revisión. Se trata de un porcentaje que coincide con la meta de inflación fijada por el Gobierno para 2018.
La más importante es la de empleados de comercio que involucra a un millón de trabajadores. También firmaron pintura, remiseros, tintoreros, obras sanitarias, transporte (UTA), Luz y Fuerza, y con porcentajes menores Sutecba (12%) y mayores al 17% aeronáuticos y Utedyc (entidades deportivas y civiles).
“El club del 15%” adelantó paritarias para colaborar con el gobierno. El problema es que la meta de inflación del 15%, no coincide con las expectativas de releva el Banco Central que se ubican en torno al 20%. Así se cumple el objetivo del gobierno que los salarios corran detrás de la inflación.
A diferencia de 2017, cuando muchos gremios firmaron cláusulas “gatillo” de ajuste automático si la inflación superaba el acuerdo salarial, este año rigen cláusulas “de revisión”.
Los datos oficiales de Trabajo marcan que los salarios formales están varios puntos por debajo de los niveles de 2015. En 2016 los salarios registrados aumentaron el 30,9%, frente a una inflación del 41%: 10 puntos menos. En 2017, los salarios subieron el 27,1% con una inflación del 24,8%: 2,3 puntos más
En 2018, de mantenerse este tipo de acuerdos, los salarios se atrasarán un 3%. Incluso algunas consultoras, como Ecolatina, reconoce una expectativa de inflación aún mayor (21-22%), por lo tanto, “firmar un aumento salarial del 15% significa perder la carrera contra los precios y resignar poder adquisitivo”, sostiene Lorenzo Sigaut Gravina, su economista-jefe.
Para el sector público, afirmó Nicolás Dujovne, las paritarias no superarán el 15%, y resultan más inciertos los ingresos de los cuentapropistas y de los trabajadores informales, que se manejan al margen de las paritarias.

Sin acuerdo

Los bancarios iniciarán un “plan de lucha en reclamo por aumentos salariales”, informó Sergio Palazzo, secretario general del gremio, luego de la reunión que mantuviera con las distintas Cámaras que nuclean a los trabajadores del sector en la sede del Ministerio de Trabajo. En el acta firmada por todos los actores presentes quedó expresamente escrito que las patronales ofrecieron un aumento del 15% a pagar en forma escalonada de la siguiente manera: un 7% a enero de 2018, un 4% a partir del 1º de julio de 2018 y un 4% a partir del 1º de octubre del mismo año, no acumulativos, tomando como base el salario de diciembre .
Durante la improvisada conferencia de prensa, Palazzo advirtió que las Cámaras “no hicieron ninguna oferta concreta y lo único que fueron a hacer al Ministerio de Trabajo fue a pedir autorización para liquidar un aumento del 15% en cuotas”. Además pidieron “una disminución del 50% del bono por el día del bancario y la eliminación del que se cobra a fin de año”, explicó.
Tal postura no se compadece ni con la inflación registrada en el año 2017 (24,8%), ni con la disparada (19,9%) del Índice de Precios prevista para 2018 por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del propio Banco Central. Mucho menos con las fabulosas rentas que obtienen año a año los bancos sobre todo en el negocio fácil de prestarle al Estado o cobrar tasas usurarias a familias y empresas.
Por todo ello el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, atento a lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional, convoca a dar inicio a un plan de acción que en su primera parte consistirá:
1) En la realización de asambleas activas en todo el país a partir del lunes 26 de marzo de 2018, en horario de atención al público.
2) En la realización de un paro nacional de 24 horas en fecha a determinar.
Finalmente, hace responsables por las derivaciones de este conflicto a quienes los generaron: las cámaras empresarias, los bancos, el Presidente del Banco Central y autoridades del Ministerio de Trabajo.
La seccional Rosario de ATE anunció en un comunicado el rechazo a la oferta salarial presentada por el gobierno santafesino en la reunión paritaria realizada el miércoles.
“El gobierno nos está ofreciendo un 18% en cuotas cuando las tarifas aumentaron de una sola vez y por encima del 30%, ni hablar de alquileres y combustible que vienen aumentando intensamente, y el transporte que tuvo otro aumento fuerte el fin de semana. El gobierno por un lado está ofreciendo un aumento miserable y por el otro aumenta las tarifas tres o cuatro veces más”, señaló Lorena Almirón, Secretaria Adjunta de ATE Rosario, en una conferencia de prensa.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS – FESPROSA) informó que la votación de las bases en torno a la propuesta salarial “muestra una aplastante tendencia por el rechazo”.
Por su parte, 31.000 docentes provinciales de AMSAFE tampoco aceptaron y van a nuevas medidas de lucha con desobligación y marcha el 27 de marzo y huelga -si no hay mejora en el ofrecimiento- martes y miércoles de la próxima semana.
Los gremios estatales provinciales se manifestarán este 27 de marzo en rechazo al incremento salarial propuesto por el Gobierno de Santa Fe. Se marchará desde Plaza 25 de Mayo a la Plaza San Martín a las 10:00.
El martes pasado, pararon y se movilizaron 15.000 trabajadores en Rawson, la capital de Chubut, con cortes de ruta y otras medidas de lucha a lo largo y ancho de la provincia, y el gobierno se vio obligado a recibir a representantes de los sindicatos.

Docentes

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó un paro de 48 horas miércoles y jueves pasados. El primer día se movilizaron 10.000 trabajadores de la educación denunciando que las partidas actuales destinadas por el gobierno de Omar Gutiérrez a comedores de escuelas públicas es apenas de $9.77 de comedor y $2.53 de refrigerio por alumno. Los educadores también reclaman por paritarias libres, sueldos dignos y mayor infraestructura escolar.
El día jueves se llevó a cabo el congreso de UnTER (docentes Río Negro) en el que se decidió aceptar la propuesta de un 15% en tres cuotas, a cobrar en octubre. El resultado de 97 a 48 votos fue posible por la decisión de la conducción Azul de varias localidades.
Alicia Mella, profesora de Letras y referente de la agrupación docente “Nueve de Abril” aseguró: "Una vez más se ve la falta de voluntad política de resistir los ataques del gobierno por parte de la conducción del sindicato docente rionegrino. Esto quedó demostrado en que las únicas jornadas de paro que hubo fueron las de 5, 6 y 8 de marzo -por el Paro Internacional de Mujeres-, a expensas del paro declarado por CTERA. A su vez, el gobierno provincial avanza en los ataques a la educación pública implementando el examen pre ocupacional, la reforma en nivel medio que implica flexibilización laboral, como así también la implementación del llamado “0800” que pasa por encima los derechos por licencias conquistados. Además, son numerosos los problemas edilicios y la falta de vacantes, entre tantos otros problemas que no resuelven, mientras continúan subsidiando la educación privada".
Referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reiteraron su rechazo a la nueva oferta salarial del gobierno provincial y plantearon un plan de acción que incluirá un paro de actividades que aún no tiene fecha fijada.
El gobierno mantuvo la oferta del 15 % en tres tramos: 5 % en enero, 5 % en mayo y 5 % en septiembre, y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos a pagar en forma bimestral. Además, la propuesta incluyó el pago de una suma de 3.000 pesos como gratificación curricular por única vez.
La oferta, rechazada de plano por todos los gremios, incluido el más fuerte en la provincia, Suteba, derivó en la decisión de un plan de lucha que comenzó con una marcha de antorchas que partió desde el Congreso Nacional a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Además, en el Boletín Oficial del viernes pasado, se publicó la medida por la que María Eugenia Vidal ordena jubilar de oficio a alrededor de 3.000 docentes, que cobrarán el 60% de sus haberes. Los afectados por la medida, tampoco percibirán el aguinaldo ni los aumentos que se resuelvan en la negociación paritaria provincial.
Los gremios denuncian además, que los docente que sean alcanzados por la decisión, además no podrán utilizar la obra social IOMA hasta tanto finalicen los trámites. Las fuentes gremiales aseguran que el gobierno busca desfinanciar la caja docente del Instituto de Previsión Social “para ejecutar la reforma previsional provincial y quedarse luego con los ingresos de los docentes”. En esa misma dirección, la Federación de Educadores Bonaerenses y SUTEBA el mismo viernes, horas después de que se publicara la medida, presentaron ante la Dirección de Escuelas un documento para impugnar la resolución 2397/17 porque “condena a los docentes a la pobreza”.
El jueves pasado en la mesa salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno de Larreta ofreció un aumento del 15% en cuotas: 8% en marzo, 4% en agosto y un 3% en noviembre. Por otra parte se comprometió a abonar el 3,5% que debía por la cláusula gatillo del 2017 junto a un bono de $1.000 por única vez. Tanto la conducción de UTE como la de Ademys, los sindicatos mayoritarios, anunciaron públicamente que la rechazan.
Con 15 provincias en conflicto por falta de acuerdo salarial, la Junta Ejecutiva de Ctera acordó un programa de acción y definió realizar una jornada nacional de protesta el próximo 4 de abril a 11 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en la que cada jurisdicción definirá las medidas a desarrollar.
El gremio reiterará el pedido de la apertura de la paritaria nacional docente, que fue la consigna del paro de 48 horas realizado el 5 y 6 de marzo en el inicio del ciclo lectivo y exigirán el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Entre los motivos principales de la convocatoria del 4 de abril figura la solidaridad con todas las provincias en lucha.
La plan de Ctera continuará con asambleas en todas las escuelas entre el 9 y el 13 de abril y con plenarios regionales entre el 19 y el 27 del mismo mes con vistas a una Marcha Federal Educativa.

Estatales

El pasado miércoles en la Cámara de Diputados avanzó el proyecto que declara en el INTI la Emergencia Laboral, mientras en Senadores ingresó una iniciativa que declara la emergencia en todos los organismos de Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que el conflicto cumplirá 60 días esta semana.
El proyecto -que tuvo gran consenso entre los legisladores de los diferentes bloques no oficialistas- plantea retrotraer la situación laboral de los trabajadores al 1° de Enero de 2018, con lo cual en caso de sancionarse la Ley todos los despedidos deberán ser reubicados en sus habituales puestos de trabajo.
Por otra parte ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto presentado por la Senadora Silvina García Larraburu, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. El proyecto que buscará decretar la emergencia “en organismos de Ciencia, Técnica y de producción de la Defensa”, alcanza al "personal estable y al contratado, bajo cualquiera de las modalidades y supone la reincorporación de quienes fueron despedidos y el congelamiento de las condiciones de vinculación, existentes desde Diciembre de 2015, con excepción de la remuneración que será la vigente”. Según se propone en el proyecto, la emergencia se extenderá por dos años e incluye al personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), entre muchos otros.
Los trabajadores del Hospital Posadas advierten que a fines de marzo podría haber una nueva ola de despidos, que alcanzaría a 130 empleados. También denunciaron que la farmacia abandonó la producción propia y que podría ser privatizada.
Además, denunciaron que áreas enteras del centro de salud van camino a la privatización, como los sectores de farmacia y alimentación, y que producto de los despidos varios sectores, como terapia intensiva infantil, no cuentan con profesional idóneo.
El conflicto en el Posadas comenzó el 15 de enero, cuando circuló una resolución interna con los 122 contratos que no serían renovados. Gran parte de los afectados fueron enfermeras, algunas con más de 15 años de antigüedad, que se negaron a trabajar jornadas de 12 horas. Además, el recorte incluyó a técnicos y especialistas con gran trayectoria, que no contaban con reemplazo en el hospital por lo que varias áreas, denunciaron los gremios, quedaron desarticuladas.
AJB (Judiciales), ATE (Estatales), SUTEBA-FEB-UDOCBA (Docentes) y CICOP (Salud) definieron llevar a cabo una Jornada de Lucha el martes 27, con la instalación de una carpa conjunta, en donde presentarán las dificultades existentes en el funcionamiento de los servicios públicos del Estado provincial, exigiendo la convocatoria a la paritaria, rechazando el techo salarial del 15 % que quiere imponer el Gobierno, la defensa del IPS y el IOMA como pertenecientes a lxs trabajadorxs y bregar por políticas sociales inclusivas con los presupuestos necesarios para ello. A la vez, esas mismas demandas volverán a expresarse en el Paro y la Movilización de la semana siguiente -con la fecha altamente probable del jueves 5-, en donde irán a la Casa de Gobierno provincial a explicitarlo a viva voz.
Trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) cortaron la ruta nacional 3 en el ingreso norte a Río Gallegos, mientras otro grupo cortó en la ruta nacional 40 en la cuenca carbonífera.
“Nos han dicho de que si no aprobamos el nuevo convenio antes del 1º del mes que viene, decretan un proceso preventivo de crisis que no es más que los pasos previos para llevar a la quiebra a la empresa”, denunció el delegado de Punta Loyola.
No obstante, el delegado gremial consignó que la empresa ya depositó las liquidaciones finales de quienes se acogieron a los retiros voluntarios y de quienes fueron despedidos.
De acuerdo con información brindada desde la empresa, unos 250 empleados optaron por el retiro voluntario, otros 195 fueron despedidos y unos 50 trabajadores fueron reincorporados porque -argumentaron desde YCRT- “estaban mal echados”.
En tanto, desde el gremio aseguraron que “la mina está parada, pero se mantienen las guardias mínimas por seguridad”.
Trabajadores y trabajadoras de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) fueron duramente reprimidos cuando realizaban una protesta en el Ministerio de Educación de la provincia en reclamo por el pago de becas adeudadas desde diciembre de 2017.
Los trabajadores precarizados de la educación reclamaban un pago de $ 2.600 que no cobran hace tres meses.

Azucareros en el Obelisco

Con un emotivo acto en el Obelisco porteño y acompañados de sus familias que llegaron de Salta y Jujuy, los trabajadores y trabajadoras de los gremios del azúcar concluyeron el acampe con el objetivo de “romper el cerco mediático” que encuentran en sus provincias para denunciar los masivos despidos y reducción de sueldos que sufre el sector.
Hasta el momento hubo 325 despidos en La Esperanza, 300 en Las Toscas, 181 en El Tabacal y 30 en Ledesma. Un total de 1.536 trabajadores sobre los 16.000 que sumaba esa industria en diciembre de 2015. Pero las consecuencias van mucho más allá, si se evalúa el impacto social de las cesantías, que alcanza además a zafreros y cañeros independientes e, inevitablemente, al consumo en toda la región.
Además, el secretario general del Sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio Ledesma, Rafael Vargas, advirtió sobre la situación crítica que se vive en el ingenio San Isidro. “Hay una gran preocupación por parte de los 720 compañeros del ingenio San Isidro, porque han empezado a llover telegramas de despidos con el 50 % de la indemnización que le corresponde”, denunció.
El acto contó también con la presencia de referentes de la CTA-Autónoma, de la CTEP y del Movimiento Villero.
Desde principios de marzo, dos ex empleados del Ingenio San Martín del Tabacal se encuentran detenidos por reclamar la reincorporación de 181 trabajadores de la empresa azucarera en Orán, provincia de Salta. Se trata de Martín Méndez y Jorge Moreno, este último Secretario Adjunto de la CTA local. Están acusados, según la Fiscalía, por haber intentado realizar un acto de sabotaje en la planta. Las familias zafreras desmienten la acusación y denuncian un montaje para desarticular el reclamo. El miércoles pasado, los trabajadores detenidos iniciaron una huelga de hambre.
Por decisión de la Sala II del tribunal contencioso administrativo el próximo 11 de abril, ante la negativa del gobierno a brindar información sobre la venta del ingenio La Esperanza, se citará a las autoridades gubernamentales a que contesten el pedido de información realizado mediante un amparo. El mismo lo solicitaron los trabajadores despedidos, Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, junto con los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández.
Al respecto, “Choper” Egüez manifestó que “el Juez con esta decisión reconoce que el gobierno está en falta ante los trabajadores y el pueblo de Jujuy, nunca explicaron por qué era necesario despedir a 338 compañeros para vender el ingenio y, menos aún, quién definió el listado de despidos. Tampoco informaron cuál es el valor del ingenio, nunca vino un tasador, y sabemos que lo están regalando a un empresario amigo como Omega, que tiene a un funcionario de Cambiemos como director* y además que este grupo está involucrado en los paraísos fiscales. Seguramente es por eso que se niegan a dar la información.”
*Facundo Fernández de Oliveira, quien en calidad de principal funcionario de Recursos Humanos en Radio Nacional despidió sin justificación a 18 trabajadores. El funcionario además cuenta con un extenso historial en el sector privado, con puestos jerárquicos en multinacionales como Clorox, Carrefour y Louis Dreyfus Commodities, y la empresa ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES S.R.L., propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo).

Medios

El sábado 24 de marzo los trabajadorxs de Télam emitieron un servicio especial de noticias y fotografías en memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado.
A diferencia del servicio habitual, oneroso y sometido a una singular línea editorial controlada por el gobierno, el servicio que se emitió pudo ser re-publicado en forma gratuita, como un modesto aporte en pos de robustecer el derecho a la información de los ciudadanos.
Además, paralizaron el servicio el miércoles al mediodía durante dos horas y realizaron una asamblea y una protesta en el hall por la decisión de la empresa de sumariar a siete trabajadoras (dos de ellas delegadas gremiales) por haber participado del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, realizado el 8 de marzo.
Un arco político inusualmente amplio se expresó en defensa de la TV Pública, Télam y Radio Nacional -tres medios bajo el fuego oficial y sometidos a un feroz plan de ajuste- y se comprometió a impulsar la interpelación del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, para que explique las políticas gubernamentales del área. Fueron muchísimos los legisladores que estuvieron presentes y manifestaron su solidaridad: Horacio Pietragalla, Leopoldo Moreau y Mónica Macha (Frente para la Victoria); Mariano Recalde (Unidad Ciudadana); Carlos Selva (Frente Renovador); Pablo Koziner, Sergio Ziliotto (Partido Justicialista); Leonardo Grosso (Movimiento Evita); Romina del Plá, Nicolás Del Caño, Natalia González (FIT); José Fernando Orellana (Primero Tucumán), entre otros. Cambiemos fue el único espacio que declinó acercarse a los trabajadores.
Agustín Lecchi , delegado de la TV Pública; Carla Gaudensi, de Télam; y Mariana Fossati , de Radio Nacional mostraron una cruda y documentada radiografía de tres medios públicos tradicionales que acaban de atravesar la primera etapa del plan de ajuste con el que el gobierno “ofreció” lo que llaman “jubilaciones anticipadas” a más de 550 trabajadores. El secretario general de SiPreBa, Fernando “Tato” Dondero, resumió la realidad del sector y la hilvanó con otros conflictos del ámbito privado, como el achique de Página 12 y el vaciamiento y la presencia policial en Radio El Mundo.
En un complejo escenario para los medios de comunicación, las malas noticias se acumulan en la radiofonía argentina y ponen en la cuerda floja la continuidad de las radios Rivadavia y El Mundo, ambas decanas en el dial y cuya crisis pone en riesgo más de 200 puestos de trabajo.
Respecto de Rivadavia, todo está en manos de la justicia, en especial del Juez que lleva la quiebra de la radio -Horacio Robledo- quien recibió a una comitiva de los trabajadores para escuchar las quejas respecto de la pésima administración que llevan adelante la Sindicatura a cargo del proceso falencial, encabezada por Héctor Spagnuilo y que, a juicio de los trabajadores, no hará más que consolidar la desaparición de la radio.
En El Mundo la situación es aún más crítica ya que la radio vivió un “auge de inversiones” en instalaciones e incluso en programación hace poco más de dos años atrás y que, a partir del resultado de las elecciones del 2015, se fue evaporando el ímpetu de los inversionistas a punto tal que a la fecha ya no están cobrando los sueldos, con mora de más de 2 meses y con promesas que son sistemáticamente incumplidas.
Fracasó la audiencia en el Ministerio de Trabajo de La Plata con la dueña del diario Hoy y la Red 92, Myriam Chávez de Balcedo, quien solo habló con la delegada regional, a quien dijo que desconocía la conciliación obligatoria, que no iba a pagar los salarios y mucho menos dejar ingresar a los trabajadores. Tampoco se iba a sentar en la audiencia. Y a los gritos se retiró ante la pasividad de los funcionarios. Hace 75 días que los trabajadores no cobran sus sueldos.

Privados

Froneri, una empresa de fabricación de helados que produce para Frigor, decidió el despido de 20 trabajadores sin motivo alguno. La empresa comunicó la resolución a través de su abogado.
A partir de esto, los trabajadores resolvieron, mediante una asamblea realizada en la fábrica, el cese de las actividades y el bloqueo de los portones de acceso a la planta.
Además, Carlos Urquiza, secretario Administrativo del gremio recordó que se había alcanzado un acuerdo en enero entre el sindicato y la empresa que establecía el período de vacaciones a partir del 2 de abril, momento en el que la fábrica haría un cese de actividades, a cambio de no suspender ni despedir a ningún trabajador durante el 2018.
Froneri es una empresa de helados creada por capitales provenientes de dos multinacionales: la francesa Nestlé, una de las empresas alimenticias más grande del mundo y la británica R&R Ice Cream.
En la empresa Cresta Roja, emblema de la recuperación macrista, otra vez reina la incertidumbre. Con promesas incumplidas, deudas a los empleados y actividad paralizada, se vendría un nuevo cambio de firma.
Tras el fracaso consumado de Proteimsa, la firma que llegó para darle una nueva vida a la avícola, en las plantas de Esteban Echeverría se viven momentos de tensión e incertidumbre. Es que otra vez los empleados no saben cuál será su futuro.
La empresa dejó fuera del proceso de reincorporación al 30% de los operarios de la ex Rasic, por lo que hoy se encuentra muy lejos de alcanzar los 3.500 puestos de trabajo comprometidos al momento del “salvataje”.
Ahora quien llegaría a rescatar a Cresta Roja es Grande Tres Arroyos. La empresa estaría dispuesta a desembolsar unos U$S 80 millones para quedarse con Cresta Roja y así iniciar un nuevo proceso.
Cerca de 500 colectiveros, trabajadores de la empresa Expreso Lomas, que maneja las líneas 112, 165 y 243, que une distintos puntos del Conurbano con la Capital Federal, cortaron de manera sorpresiva el puente La Noria.
Según consignaron a partir de declaraciones de los delegados, hay una situación de “vaciamiento” de la empresa, que redunda en el atraso de pagos de salarios y de condiciones de seguridad precarias para pasajeros y choferes.
El incendio en Maffisa dejó un panorama devastador en la fábrica platense. Mientras todavía trabajaban los bomberos en el lugar, la empresa resolvió suspender al 95 % de los trabajadores con el 70 % del salario durante 15 días.
Los trabajadores de Carrefour denuncian un inminente cierre del Híper Warnes, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Un plan de ajuste aún mayor suena en los pasillos del gobierno y del sindicato encendiendo las alertas.
Mario Amado, delegado de la Comisión Interna de la sucursal mencionada, afirmó que “ la situación es crítica, sabemos que la empresa ha intimado al desalojo a los locales comerciales que funcionan dentro del híper para fin de este mes (de hecho ya ha dejado de funcionar uno de ellos) como también sabemos que los directivos de Carrefour están manifestando tanto en el gobierno como ante el sindicato que es inminente el inicio de un ajuste que puede darse por reubicaciones, despidos y/o retiros voluntarios, pero para nosotros es claro que si cierran Warnes la gran mayoría de los trabajadores de la empresa se quedan sin laburo”.
Carrefour viene realizando un ajuste de hecho en los últimos años puesto que, a pesar de la expansión de los locales de proximidad y la absorción de Eki, han pasado de los 21.000 trabajadores en 2015 a aproximadamente 19.000 hoy.
Del mismo modo, fuentes consultadas afirman que INC SA (la empresa que es dueña de la cadena de retail) ya había presentado un plan de achique de 3.000 trabajadores que luego de algunas conversaciones tanto con el sindicato como con actores del gobierno reconvertían en 1.000 despidos voluntarios. Sin embargo, este número sólo atañe a los empleados de Carrefour, pero la enorme cantidad de tercerizados que se vinculan con cada sucursal (seguridad, limpieza, locales comerciales, etc.) hace que cualquier cierre de los grandes locales afecte a por lo menos 300 familias.
“Los trabajadores venimos haciendo el ajuste hace rato” , expresó Amado al contar que por aceptación de los regímenes de trabajo que exige la empresa (la polivalencia, la rotación de horarios, etc.) “ no puede decir que los trabajadores no acompañan con sus esfuerzos” . Asimismo, reconoció el mal momento comercial y financiero de Carrefour pero adjudicó el mismo, principalmente, a gestiones deficientes de la conducción de la empresa, donde cabe recordar que recientemente fue corrido su CEO local para ser reemplazado por un directivo proveniente de Francia.
“Si cierra Warnes se pierden 130 puestos de la empresa y otro tanto de los prestadores de servicios vinculados con el híper” , finalizó el delegado gremial.

Los movimientos populares vuelven a la calle

El Ministerio de Trabajo en forma intempestiva decidió suspender el pago a 18.647 trabajadores de la economía Popular enmarcados en el Programa de Trabajo Autogestionado a partir del mes de mayo.
Esto sumado al cierre de programas como “Entrenamiento para el Trabajo” que además de una ayuda económica para quienes se estaban capacitando, incluía materiales y equipamiento para poder desarrollar los cursos, y a la suspensión del programa “Seguro de capacitación y empleo”, al que tenían acceso personas en situación de extrema vulnerabilidad laboral como ex detenidos y trans.
Por estos motivos la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, anuncian que realizarán medidas de acción directa el próximo miércoles 28 de marzo, con ollas populares y concentraciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.
Desde hace 17 días, distintos movimientos sociales y cooperativas realizan un acampe frente al Municipio en la ciudad de Mar del Plata. Solicitan a las autoridades la continuidad de los contratos laborales, más puestos de trabajo genuino y el cumplimiento del programa “Mejor Vivir”.

No se privaban de nada: “El hermano de Triaca cobró $ 500.000 por organizar una fiesta del SOMU”

Sandra Heredia, la ex empleada doméstica en la quinta familiar de los Triaca que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insultó por WhatsApp y luego fue despedida, volvió a la carga contando intimidades de los desmanejos de la intervención en el SOMU. “Me llegaban contratos de ñoquis en el SOMU”, aseguró en declaraciones al canal de noticias C5N, y precisó que, además, “el hermano de Triaca cobró $500.000 por organizar una fiesta del día del niño en el SOMU”. El hermano en cuestión es Carlos, el mismo que la tuvo en negro hasta 15 días antes de las elecciones 2015 y que después le pagó lo acordado por el despido sin causa. Por otro lado, Heredia contó como el ministro desviaba las cajas navideñas para los marineros y que más de 100 cajas que debían ser destinadas a los afiliados terminaron en la quinta del ministro.
Por otra parte, el Ministro de Trabajo mediante un decreto eliminó la Subsecretaría que se encargaba de los estudios laborales. Los empleados denuncian el desguace de las estadísticas y el desplazamiento del personal técnico con más de 20 años de antigüedad.
En un comunicado de prensa firmado por los trabajadores de la ex Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales recordaron que “en tanto organismo integrante del Sistema Estadístico Nacional (SEN), tenía por objetivo desarrollar, producir y publicar información estadística e investigaciones sobre el desenvolvimiento del mercado de trabajo, las relaciones laborales y la seguridad social, así como brindar asistencia técnica a otras áreas del Ministerio para el diseño y evaluación de políticas, planes y programas socio-laborales”. Además, recordaron que la información por ella elaborada sobre empleo, salarios, trabajo infantil, negociación colectiva y conflictividad laboral “ha sido también imprescindible para el desarrollo de estudios académicos y científicos sobre el mundo del trabajo”. Paralelamente, lejos de la premisa de ahorrar en cargos políticos, la cartera laboral terminó por reforzar esa estructura en desmedro de los cargos de carrera y hasta incrementó en 16 millones de pesos el presupuesto para el gasto anual en ese rubro. Las modificaciones, contenidas en una batería de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial la semana pasada, encendieron alarmas en la delegación Trabajo del gremio estatal ATE que hoy hará un abrazo simbólico de protesta.
Según la delegación de ATE en Trabajo más del 90% de las designaciones realizadas en los últimos dos años en la cartera laboral fueron por excepción "por incumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la función", según relevamientos hechos a partir de las publicaciones en el Boletín Oficial.
Paralelamente, el gobierno nacional prepara un proyecto para disolver el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y reemplazarlo por un organismo llamado Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que tendría un rol meramente de ejecutor.
El proyecto impulsado por Hacienda prevé la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la derogación de la Ley 17.622 que creó el Indec en 1968.
Contempla que el personal que actualmente reviste en el Indec pase al nuevo organismo bajo ciertos requisitos, entre ellos establece que “el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen”.
Esta medida podría afectar los puestos de trabajo actuales, constituyendo una medida de ajuste.

Mario Hernandez

viernes, 30 de marzo de 2018

Muere el cura Zitelli, emblema de la impunidad



En la mañana del viernes se conoció la noticia, un genocida mas que se va a la tumba sin ser juzgado y en libertad, en este caso, miembro de la iglesia.

Hace pocos días salíamos a las calles a 42 años del golpe genocida. Hace unos días mas repudiábamos la suspensión del juicio Feced III en las puertas de los Tribunales de Rosario. Hoy, nos anoticiamos de la muerte de Eugenio Segundo Zitelli, imputado en esta causa y un personaje siniestro que le pone nombre y apellido al rol de la Iglesia con el genocidio.
Un sabor amargo que recorre a los organismos de derechos humanos, ya que a sus 85 año el capellán que presenciaba torturas a los detenidos desaparecidos, se muere en la cama de un hospital. Un beneficio más de los que lo acompañaron todos estos años, de dictadura y de democracia, como los tantos otros ejecutores de la dictadura civico militar, que permanecen impunes.

En el nombre de dios

El ex capellán de la Policía estaba acusado de privación ilegítima de la libertad agravada, por aplicación de tormentos y asociación ilícita sobre 14 víctimas. Bendecía los actos de tortura en el Servicio de Informaciones, el mayor centro clandestino que funcionó en la provincia de Santa Fe.
El carácter central que han tenido los miembros de la Iglesia durante el golpe de estado, se pone sobre la mesa una vez más con este cura de Casilda. Usaba sus métodos de confesión al mejor estilo Von Wernich en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que también eran un eslabón importante en el conjunto del plan sistemático, como el mismo Bergoglio, hoy Papa Francisco.
Los que hoy se catalogan “defensores de la vida”, perpetuando la muerte de cientos de mujeres por abortos clandestinos, son los mismos que ayer tiraban agua bendita a los responsables de estas atrocidades.
Gracias a la pelea incansable de los organismos de derechos humanos los genocidas se sentaron en el banquillo, pero hechos como este demuestran una y otra vez que no alcanza con juzgar a un puñado. No podemos permitir que el Estado siga garantizando que los responsables de aniquilar a una generación de luchadores mueran sin más, que aquellos que formaron parte del plan sistemático contra los trabajadores y estudiantes que se organizaban en las fábricas para poner en discusión el orden establecido, sigan gozando de beneficios como el propio Costanzo que va al supermercado en las calles de Rosario violando la prisión domiciliaria. No podemos seguir apelando a las víctimas para que reconstruyan una y mil veces sus tormentos, y así arrancar una pena mayor.
Es imperioso que se abran los archivos que durante estos 42 años encubrieron a militares, empresarios, miembros de la Iglesia, y todos aquellos que siguen muriendo bajo sus frazadas calientes. Esto, que no sucedió bajo ningún gobierno desde 1883, incluido el kirchnerismo, permite que una y otra vez se actualice la impunidad. ¿Hasta cuando vamos a permitir, por ejemplo, que no se juzguen los crímenes del Villazo?
Por la memoria de los 30.000 compañeros, tenemos que exigir al Estado que no puede tratarnos igual que a los familiares de los genocidas, como lo vimos en la audiencia de Larrabure, donde la Policía protegía a los apologistas de la dictadura. No podemos permitir que vuelva a la teoría de los dos demonios.
Hoy, el gobierno de Macri, beneficiario de los negocios durante la dictadura, quiere redoblar la apuesta y recrudecer el rol de las fuerzas represivas. Tenemos que enfrentarlo, como lo hicimos por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y también tenemos que repudiar a cada uno de los gobernadores que reprimen o matan, como ocurre con el peronista Manzur en Tucumán, que imprime la misma “doctrina Chocobar” del macrismo, la que terminó con la vida de Facundo Ferreyra; o como el socialista Miguel Lifschitz, que satura la provincia de Santa Fe de gendarmes y policías asesinos encubiertos por el Partido Socialista.

Celina Tidoni
Abogada | CeProDH Rosario

Bastones para la Bonaerense: ¿una “alternativa a las armas de fuego”?



El gobierno de Vidal autorizó el uso de los bastones tonfa (macanas) para 55.000 uniformados. La doctrina Chocobar se viste de seda.

Luego de que el barrabrava a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, autorizase recientemente el uso del bastón tonfa para cerca de 55.000 policías de la Bonaerense (un 60% de la fuerza), La Nación (27/3) y otros medios oficialistas presentaron ayer el asunto como una “alternativa a las armas de fuego”.
Tras haber recibido y abrazado en la Casa Rosada al vigilante que asesinó a un ladrón con dos tiros por la espalda, y de que este amparo oficial diese lugar a la matanza policial de un chico de 12 años en Tucumán, el partido de gobierno nacional y bonaerense se presenta ahora interesado en “preservar la vida y la libertad de las personas” (así el texto de la norma), permitiéndole a los agentes una opción más “entre la persuasión verbal y el uso del arma de fuego” (La Nación, ídem), que ahora podrán llevar junto a la cintura.
Este barniz democrático es pérfido por partida doble: primero, porque aquellos represores no fueron ‘víctimas’ de ninguna falta de alternativas, sino aplicadores consecuentes de un gatillo fácil que se ha vuelto ley entre las fuerzas represivas, impulsada por el poder político y la impunidad; segundo, porque la nueva disposición no introduce ‘opciones’ a la avanzada represiva, por el contrario la refuerza.
El tonfa, como señaló la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, “no es un simple bastón, es un arma considerada de capacidad letal internacionalmente porque justamente está pensada para utilizar técnicas, como explica este manual, de aikido y otras artes marciales que pueden llegar a causar la muerte, tanto por estrangulamiento como por los golpes y lesiones internas (…) un golpe de tonfa bien dado de punta con giro de muñeca en la zona del abdomen te puede reventar el hígado tranquilamente, como ya ha ocurrido; de hecho, es generalmente la causa de muerte por apaleamiento en comisarías” (Contexto, 28/3).
El manual al que hace referencia Verdú es el que acompaña a la autorización de usar macanas, en el que se adoctrina a los vigilantes en cómo usarlas contra los civiles y se establecen “áreas recomendadas para pegar” (un 90% del cuerpo), de “aplicación moderada” (hombros, laterales del tórax, la espalda a la altura de los riñones) y otras “a evitar”.
El cuento macrista del bastón tiene antecedentes inmediatos en la doctrina de “seguridad democrática” abrazada por el kirchnerismo, que establecía el equipamiento de los uniformados con “armas no letales” (que, como los bastones tonfa, contaban con largos antecedentes mortales) para el amedrentamiento de las movilizaciones populares y tergiversaba ese reforzamiento represivo como una forma de “poner límites a la violencia institucional” (discurso de Nilda Garré, 14/3/12). Todo ello complementado por el espionaje a las organizaciones populares (Proyecto X, luego la inteligencia militar de Milani) y la militarización de barrios enteros con miles de gendarmes.
Con armas letales y “no letales”, los sucesivos gobiernos constitucionales de la nación, las provincias y los municipios se han afanado en pertrechar a los agentes de un aparato represivo heredado de la dictadura.
Las organizaciones populares y el conjunto de la clase obrera tienen planteado reforzar la movilización por las libertades democráticas, contra los aprestos represivos de Macri y los gobernadores de todo signo y contra el ajuste.

Tomás Eps (@tomaseps)

Señal de guerra a la universidad pública



El rector cordobés Hugo Juri, ideólogo del privatista Sistema de Reconocimiento Académico, fue elegido como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional

El plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, reunido el día de hoy (28/3) en Jujuy, votó como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a Hugo Juri, el rector radical-macrista de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Juri, que pasó por la cartera de Educación bajo el gobierno de Fernando De la Rúa, es el gran ideólogo del nuevo Sistema de Reconocimiento Académico, una suerte de “Coneau 2.0” que divide a las carreras en “trayectos formativos” equivalentes entre universidades públicas y privadas. Estos “trayectos” estarían conformados por una cantidad de “créditos”, que podrían obtenerse tanto cursando una materia como realizando “actividades de extensión” –un eufemismo para encubrir pasantías truchas. El objetivo de esta reforma, que Juri ya puso en marcha en la UNC, es crear carreras más cortas adaptadas a las necesidades de las empresas, introducir el trabajo gratuito obligatorio como condición para recibirse e incrementar el negocio de la “formación continua”, es decir, las especializaciones, maestrías y posgrados pagos que complementan las carreras devaluadas. Como parte de este plan, Juri reformó los estatutos de la UNC para incorporar a las cámaras empresariales a los órganos de cogobierno.
Como rector de la UNC y ahora presidente del CIN, Juri tendrá a su cargo la organización de la CRES 2018, el evento de la Unesco que reunirá en junio en Córdoba a rectores de todas las universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, en el centenario de la Reforma Universitaria.
Allí el presidente Macri y los rectores anunciarían la propuesta de extender este Sistema de Reconocimiento Académico a escala continental –un emprendimiento que cuenta con entusiastas auspiciantes como el Banco Santander, que interviene con fuerza en el negocio de la educación superior en la región. Es una nueva vuelta de tuerca privatista en línea con las aspiraciones de fondo de la burguesía, que en estos meses se hizo oír a través de diferentes medios y columnistas reclamando la sanción de cupos y aranceles en la universidad. Se trata de la definitiva asimilación de América Latina y el Caribe al modelo que se impuso en los Estados Unidos y en Europa, como resultado del llamado “Plan Bologna”. El macrismo y los rectores se arrogan la tradición de los estudiantes cordobeses de 1918, cuando la designación de Juri anuncia una verdadera “contra-reforma” contra la universidad pública, gratuita y universal.

Pacto con el peronismo

El nombramiento de Juri se hizo en un pacto con los rectores peronistas y kirchneristas. El vice-presidente de Juri será el rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk, que supo ser Secretario de Educación durante los gobiernos de Cristina Kirchner. La propia CRES quedó bajo la coordinación de Francisco Tamarit, el ex rector de la UNC, también ligado al kirchnerismo. En el plenario de Jujuy, Tamarit se pronunció por “avanzar hacia un sistema articulado de educación superior. La idea es discutir instrumentos y apostamos a que ese consenso exista”. El coordinador de la CRES evitó toda mención al contenido privatizador de esa “articulación”. El “consenso” al que se refiere ya se puso en marcha en nuestro país, cuando 63 rectores –radicales, peronistas, kirchneristas- firmaron con Macri y el entonces ministro Esteban Bullrich su adhesión al sistema de reconocimiento.
Un punto no menor de este pacto fue la votación unánime de Diego Molea, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, como representante del CIN en el Consejo de la Magistratura. Molea es un operador judicial todo-terreno, un “saltimbanqui” que comenzó en el radicalismo, luego se hizo kirchnerista de la mano de Gabriel Mariotto, más tarde se fue con Martín Insaurralde, después se pasó al massismo, trató de ubicarse en 2015 con Aníbal Fernández y ahora volvió a cultivar sus vínculos con Enrique Nosiglia y Daniel Angelici.

Plan de lucha

Los representantes de docentes de la Conadu Histórica intervinieron en el plenario de Jujuy para reclamar el apoyo de los rectores a su lucha contra el techo salarial del 15%. En ese momento, los Juri, Tamarit y Molea miraron para otro lado. El CIN evitó pronunciarse sobre el conflicto docente en puerta, e incluso hizo silencio sobre una reducción de 3 mil millones de pesos del presupuesto universitario por una resolución administrativa de Marcos Peña y Alejandro Finocchiaro. Los docentes ya resolvieron un paro nacional universitario de 48 horas para el 10 y 11 de abril.
La conclusión del plenario del CIN en Jujuy es una sola: la defensa de la universidad y la educación pública está enteramente en manos de estudiantes, docentes y trabajadores. La UJS-Partido Obrero llama a todas las federaciones y centros de estudiantes a rechazar la “contra-reforma” de Macri, Juri y los rectores y a convocar asambleas en todos los lugares de estudio para acompañar, desde esta perspectiva, el plan de lucha de nuestros docentes. La pelea para derrotar los ataques anti-educativos del gobierno plantea el desafío de organizar al movimiento estudiantil de forma independiente de todos los rectores. Esta es la gran consigna que llevará la UJS al próximo Congreso de la Federación Universitaria Argentina en Rosario.

Julián Asiner, presidente de la Fuba

Vidal ejecuta cesantías docentes en masa

3000 jubilaciones de oficio

El gobierno ha ratificado una resolución que establece la jubilación de oficio a unos 3000 docentes de la provincia de Buenos Aires. Esta medida, impulsada por Vidal y el ministro Gabriel Sánchez Zinny, implica en primer lugar la cesantía de dichos docentes de un día para el otro.
Suteba, FEB, y el FUD (Frente de Unidad Docente) informan que pasan a la condición de jubilación en trámite con un haber del 60% del cargo que ejercían al momento de la resolución (Ley 12950), sin aumentos, sin incentivo docente ni aguinaldo y con pérdida de las prestaciones de Ioma ya que cambiando su situación quedan en un limbo respecto a su condición en la obra social.
Esta brutal rebaja salarial puede llegar a mantenerse hasta 3 o 4 años, tiempo en el que tarda en salir la jubilación definitiva.
Conculca todos los derechos y normas de la Ley Jubilatoria 9650/80. En ella se establece que el haber jubilatorio se calcula en base a los tres mejores años o cinco alternados de su carrera, con valor actualizado, correspondiendo el 80% a los 30 años de servicio y 55 de edad, más el 2,8% por año simultáneo en caso de doble cargo consecutivo.
Esta medida antidocente, que también afecta a estatales, saca de la órbita del gasto presupuestario a miles de trabajadores y los coloca en masa en el IPS.
En un cuadro de fusiones de grados y de cursos, plurigrados, cierres de escuelas de campo, de islas (varias no fueron reabiertas), carreras, bachilleratos de adultos, nada hace pensar que los puestos de los 3000 jubilados de oficio vayan a ser cubiertos por nuevos docentes.
Se trata de un recorte del que la consecuencia va a ser un mayor descalabro de la escuela pública pero apunta también al vaciamiento del IPS.
Es que 3000 nuevas jubilaciones docentes más miles de estatales, sin nuevos trabajadores que aporten, presiona sobre los fondos del IPS. Es una cuestión largamente acariciada por el gobierno que está viendo en qué momento, en nombre del rojo de las cuentas, puede ejecutar la armonización, es decir el pasaje a Anses, para quedarse con los aportes e imponer una rebaja jubilatoria a todos los jubilados docentes provinciales.
Las direcciones del FUD, Suteba, FEB, Udocba son impotentes ante el ataque de Vidal. Emiten comunicados e interponen recursos. Nada de eso es efectivo.
Es hora del paro activo, del Congreso de delegados de Escuela con mandato para resolver un plan de lucha. Por el sueldo. Por la jubilación.

Nora Biaggio

#25M y los trolls de la iglesia 2.0



El martes a la noche, en C5N, el periodista digital Luciano Galup presentó un informe sobre el comportamiento en Twitter de los usuarios que impulsaron en la red los hashtag en apoyo a la movilización del domingo (#25M) en contra de la discusión en el Congreso del proyecto que plantea la legalización del aborto.

Según informaba Galup lo que se destacaba de esas cuentas era su reciente creación. La mayoría de ellas datan de marzo de este año, apenas se puso en agenda el al tratamiento del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Más significativo aún, un porcentaje altísimo de esas cuentas habían sido creadas el mismo domingo 25, mientras se realizaba la marcha de los grupos clericales pro aborto clandestino, y que sus interacciones sobre el tema representaban 12 mil de los 75 mil tweets que se habían producido.
Galup comentaba, que con aproximadamente 3 mil tweets se pueden generar los conocidos Trending Topic de Twitter. En efecto, se habría apostado a esta receta el domingo para generar la idea de una masividad en redes en apoyo a esa movilización. Sin embargo, ni con trolls en redes sociales pudieron ganar al apoyo popular real. Según los más entusiastas la movilización del 25M apenas llegó a las 20 mil personas, pálida convocatoria en relación al 8M, que reunió un millón de personas. Lo mismo ocurre en la comparación que Galup realizó respecto a la conversación en las redes sociales entre quienes están a favor y en contra de la legalización del aborto.
En el gráfico el celeste representa las interacciones pro aborto generadas desde el 19 de febrero, día del “pañuelazo” frente al Congreso donde miles se movilizaron por el derecho al aborto y su sostenimiento a lo largo del mes de marzo, comparado con el rojo que significan las interacciones generadas por los antiabortistas. Por volumen y persistencia en el tiempo, predominan ampliamente las interacciones favorables a este reclamo.
Sin embargo, lo fundamental del estudio de Galup, es el hecho de que a partir del 25M se puso en movimiento un enorme aparato refractario, motorizado por la Iglesia y, por lo tanto, en buena medida por el Estado y los partidos del régimen.
Es cada vez más claro que tanto en las calles como en las redes, la campaña por la legalización del aborto es una lucha que debe continuar y renovarse con iniciativas hasta conquistar esta reivindicación básica.

Beita @_dbeita_

El ministro Aranguren tiene su plata afuera porque "no confía en la Argentina"



El ministro de Energía Juan José Aranguren declaró que tiene sus ahorros afuera porque todavía no se recuperaron las condiciones de "confianza" en la Argentina.

Sería difícil sorprenderse de que no lleguen inversiones al país, y de que la mayor parte de los empresarios prefieran poner en el exterior, preferentemente en paraísos offshore, las ganancias que obtienen de sus negocios acá (solamente en los dos años que lleva de gobierno Macri hubo una salida fuga neta de capitales de 30 mil millones de dólares según datos del Banco Central). El "ejemplo" que ofrecen los funcionarios del gobierno nacional invita justamente a mantener la plata afuera, bien lejos de los vaivenes locales.
Es lo que confirmó este jueves por la mañana el ministro de Energía Juan José Aranguren. En conversaciones con Radio con Vos, reconoció que sigue teniendo su dinero afuera. El funcionario tiene el 83% de su fortuna de $ 104,7 millones en dos cajas de ahorro en el exterior: una en euros (en Holanda) con $ 27,6 millones y otra en los Estados Unidos con $ 60,3 millones, según la declaración jurada que presentó el año pasado.
Aranguren está lejos de ser el único. Casi la mitad de los activos de los principales funcionarios del gobierno están en el exterior, según se desprende de sus declaraciones juradas.
Lo más sorprendente son las razones ofrecidas por el ministro para esta decisión. A pesar de llevar dos años siendo parte del gabinete de Mauricio Macri, para Aranguren no habría todavía suficientes motivos para tener confianza en el país. "Eso tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina", sostuvo.
Como relativizando el alcance de sus reparos con el país, el funcionario agregó "casi todo lo que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador, de acciones de esa empresa que estaba en el exterior". Aranguren, ex CEO de Shell, entró en estos dos años en numerosos "conflictos de intereses" (eufemismo para no decir que gobiernan para las empresas de las que siguen siendo dueños o accionistas) estuvo en la mira por mantener las acciones de la petrolera aún cuando ya había asumido como ministro.
Aranguren intentó desligar su comportamiento respecto de sus ahorros de las motivaciones que podrían tener los empresarios para invertir en el país. "Nadie pide inversiones. Cuando una inversión viene a la Argentina, ¿ud cree que viene para hacer beneficencia o va al país para hacer una rentabilidad?". Pero lo cierto es que, tal vez porque los números de rentabilidad no dan tanto como le pedirían a un proyecto en la Argentina, seguramente por esa misma falta de "confianza" que manifiesta el ministro, las inversiones llegan a cuentagotas, y se concentran mayormente en sectores donde el gobierno asegura ganancias exorbitantes, como la energía o la construcción alimentada por la obra pública y próximamente por los proyectos de Participación Público-Privada.
La respuesta del ministro sintetiza toda una lógica, que es la del gobierno pero también la del empresariado "nacional". Las riquezas obtenidas de la explotación del trabajo y los recursos naturales, y reforzadas con subsidios y otras transferencias públicas costeadas mediante impuestos que gravan proporcionalmente más al pueblo trabajador, buscan ponerlas a buen resguardo en plazas extranjeras.
Más allá de que para la tribuna algunos ministros puedan cuestionar que los empresarios no inviertan (no es el caso de Aranguren en esta entrevista), saben bien por qué no lo hacen. El gobierno de los CEOs y dueños actúa igual con sus jugosos activos.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

Macri montó un show para anunciar más de 10 millones de pobres



El organismo difundió los datos de pobreza e indigencia. Persisten los problemas estructurales en los hogares. El Gobierno festejó los datos, pero aún hay 11 millones de pobres.

El Indec publicó ayer que la pobreza descendió a 25,7 % y la indigencia fue de 4,8 % en el segundo semestre de 2017. Si se proyecta más allá de los 31 aglomerados del organismo la pobreza golpeó a 11,4 millones.
Macri brindó una conferencia de prensa ayer en Olivos, tras conocerse el dato del Indec. El mandatario afirmó "estos datos confirman que tenemos una meta clara que es reducir la pobreza" y agregó "es una noticia que da esperanzas para el futuro", junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
El presidente festejó los datos porque la pobreza descendió de 30,3 % en el segundo semestre de 2016 a 25,7 % en el mismo período del año pasado. La comparación es entre un momento de deterioro de la economía como fue el 2016 contra el 2017, etapa que coincide con el período electoral y de mejora de la actividad.
En el resto del país de verifican regiones más críticas en materia de pobreza como en los partidos del Gran Buenos Aires que trepa al 29,5 % o el noreste, 33,2 %. En Gran Resistencia la pobreza fue de 39,2 % y en Santiago del Estero-La Banda 38,3 %. Poco hay para celebrar con porcentajes que superan el 30 % de pobreza.

Cuestionamientos a la estimación

La medición de pobreza e indigencia que realiza el Indec es una pobreza monetaria, es decir por insuficiencia de ingresos. El organismo establece dos líneas de ingresos que es la Canasta Básica Alimentaria (quienes no puedan adquirir los alimentos básicos para cubrir sus necesidades de calorías), los que perciban menos de estos ingresos son indigentes, y la Canasta Básica Total que calcula los alimentos, otros productos y servicios básicos como ropa y transporte, quienes tengan ingresos inferiores son considerados pobres.
Tras el apagón estadístico del Indec y la interrupción de datos de pobreza por el kirchnerismo desde 2013 el macrismo recién publicó el informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 cuando la pobreza fue del 32,2 % y no estimaron los datos del primer trimestre de 2016.
Luego el organismo comenzó a difundir los datos de manera semestral. Para el segundo semestre de 2016 la pobreza alcanzó al 30,3 %, pero el Indec aclaraba en su informe “con estos resultados se reinicia la serie semestral de pobreza e indigencia. Los mismos no deben ser comparados con los del segundo trimestre de 2016 antes difundidos”.
El año pasado un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestionó la medición de pobreza realizada por el Indec. Advirtieron problemas metodológicos, y las modificaciones de la encuesta permanente de hogares (EPH), que no permite hacer comparaciones con la anterior. Además, alertaron inconsistencias en los aglomerados urbanos o provincias y en la construcción de canastas básicas utilizadas para estimar las necesidades básicas de la población pobre.
Según Cepa el “aumento de activos y disminución de inactivos en la población según la nueva proyección poblacional, aumenta los ingresos promedio del hogar y de la población total. Al haber, en promedio, más miembros activos en un hogar en lugar de inactivos la probabilidad que los ingresos de ese hogar sean mayor, es más alta”.

Efecto elecciones y empleo precario

La medición del Indec al calcular la pobreza monetaria, oculta otras carencias que tienen los sectores más vulnerables como el problema de la vivienda, educación, salud, otras. Sólo se observa si las personas perciben ingresos superiores a la línea de pobreza.
El segundo semestre de 2017 coincidió con el período electoral. En octubre y noviembre hubo una recomposición del poder adquisitivo de los salarios ya que las paritarias impactaron en mayor proporción durante la campaña electoral.
Según un cálculo de La Izquierda Diario, en 2017 el salario real en el promedio aumentó 1,8 % mientras que en diciembre del año pasado el poder de compra estuvo por debajo de diciembre de 2016. La suba de los precios y los nuevos tarifazos en el último mes del año provocaron que los salarios volvieran a quedar viejos.
Eduardo Donza, Investigador Especialista en Trabajo y Desigualdad de la Universidad Católica de Argentina (UCA) expresó a La Izquierda Diario que “era previsible la reducción de la pobreza al compararlo con el 2016. La disminución de la pobreza corresponde a que en 2017 la economía se reactivó con la obra pública y el empleo en el sector creció. Se reactivó el mercado de trabajo, disminuyó la tasa de desocupación por un aumento del empleo. Pero se registraron más cuentapropistas, trabajadores no registrados, changas que generaron un ingreso mensual”.
La obra pública impulsada con fines electorales traccionó la economía y se incorporaron trabajadores al sector. Esto significó ingresos para los trabajadores que en 2016 estaban desocupados por las medidas recesivas del Gobierno.
El organismo el martes dio a conocer los datos de informalidad laboral. El empleo no registrado aumentó a 34,2 % en el cuarto trimestre de 2017, la suba del empleo informal y precario también incidieron en la reducción de la pobreza. Los desocupados del 2016 se incorporaron al mercado de trabajo, con “changas”, hay más monotributistas, empleadas domesticas. Ahora cuentan con un ingreso, pero sigue siendo una situación inestable. Si la economía vuelve a contraerse esos empleos se pierden rápidamente.
Leopoldo Tornarolli explicó en el blog CEDLAS “en menor o mayor medida es un resultado esperable partiendo de la situación de 2016: las estadísticas más recientes de mercado laboral muestran una clara mejora entre 2016 y 2017; la todavía alta tasa de inflación disminuyó bastante entre esos años; y las políticas sociales que transfieren ingresos a los sectores más vulnerables se mantuvieron sin mayores cambio en dicho período”. Hay que recordar que el año pasado, año electoral el Gobierno también lanzó los créditos del ANSES con la tarjeta Argenta, una política destinada a reanimar el consumo de cara a las elecciones a costa de endeudar a las familiar con tasas de interés altas.

La pobreza estructural y la desigualdad

La UCA analiza además de pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional, que investiga la ausencia de derechos como la alimentación, cobertura de salud, servicios básicos, vivienda, educación, sistema de seguridad social y el acceso a la comunicación e información.
En el tercer trimestre de 2017, la universidad estimó que la pobreza multidimensional afectó a más de la mitad de los hogares, el 64,5 % padecía al menos una de estas carencias; y el 41,3 % al menos dos carencias. El 34,1 % de los hogares no cuenta con servicios básicos como conexión de red de agua corriente, o red cloacal o fuente de energía; el 34,7 % no tiene recursos educativos y el 21,4 % no vive en una vivienda digna.
Otra variable para tener en cuenta es la distribución del ingreso. Según datos del Indec, en el tercer trimestre de 2017 (último dato disponible) la mitad de los ocupados ganaba menos de $ 12.000 y el 70 % ganaba menos de $ 16.000.
La brecha de ingresos entre el 10 % de la población más pobre y el 10 % de la población más rica era de 20 veces. Esto significa, que una persona que se encuentra entre el 10 % de la población con ingresos per cápita más elevados recibe 20 veces más que una persona que está entre el 10 % que tiene ingresos más bajos.
Cambiemos celebró el dato de pobreza porque es uno de los pocos que tiene para mostrar de una economía que crece débil y con desequilibrios. Una foto de pobreza que es parcial cuando se observan los problemas estructurales que viven millones de familias y la desigualdad que hay con los sectores más acomodados. La lista de medidas que tomó el macrismo en beneficio de las grandes patronales es extensa, mientras para los trabajadores y los sectores populares sólo llegaron migajas presionados por ganar las elecciones.
La aceleración de la inflación con los nuevos tarifazos, el dólar que el Gobierno dejó correr y ahora contiene, paritarias a la baja y un poder adquisitivo que se erosiona incidirán en el próximo dato de pobreza.

Mónica Arancibia
@monidi12

Tarifazo: desde el domingo rigen las nuevas tarifas de trenes y colectivos

El boleto mínimo de colectivo para la Ciudad de Buenos Aires aumentará a 9 pesos el 1 de abril, y los boletos de tren aumentarán desde el domingo entre 0,25 y 0,75 centavos.

El boleto mínimo de colectivo para la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano aumentará un peso el 1° de abril según lo anunciado a principios de año por el Ministro de Transporte, con lo cual la tarifa inicial será de 9 pesos para un tramo de hasta tres kilómetros.
La nueva etapa de ajustes tarifarios también incluye los boletos de los trenes metropolitanos, los que aumentarán desde el domingo entre 0,25 y 0,75 centavos, de acuerdo a la línea ferroviaria.
En los primeros días del año, el Gobierno dispuso un incremento promedio del 33% para los pasajes de colectivos y trenes, al tiempo que implementó la Red SUBE, un sistema de tarifa integrada que realiza descuentos escalonados para los que más viajan.
Con la actualización del 1 de abril, el viaje mínimo en colectivo pasará a costar de 8 a 9 pesos, para el tramo de 0 a 3 kilómetros, mientras que las restantes secciones pasarán de 8,25 a 9,25 pesos en viajes de 3 a 6 kilómetros; y de 8,50 a 9,50 pesos para la sección de 6 a 12 kilómetros.
En tanto, el boleto mínimo de tren para las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte pasará a costar desde el domingo de 2,75 a 3 pesos, el Urquiza de 3 a 3,25 pesos, mientras que para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín aumentará 5,50 a a 6,25 pesos.
Desde el primero de febrero, la persona que combina modos de transporte público paga su segundo boleto con un descuento del 50%, mientras que a partir del tercer viaje y siguientes, el descuento es del 75%.
Este golpe al bolsillo se concreta en el mismo momento que el gobierno dio a conocer los nuevos incrementos para las tarifas de gas, de hasta 40 %. El cuarto mes del año comenzará así con los precios recalentados, después de haber sumado en el primer trimestre una suba de precios que es casi la mitad de la meta inflacionaria para todo el año prevista por el Banco Central.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

Hijos de torturadores: Argentina conoce otra cara de la dictadura

Al cabo de cuatro décadas, la sociedad argentina ha procesado de muchas maneras los atroces crímenes de la última dictadura militar (1976-1983). Pero cuando todo parecía conocido, salió a la luz pública un grupo que muestra otra cara de la historia: la de ser hijo o familiar de un represor.
Se trata de personas que han condenado la actuación de sus padres, generalmente al costo de romper sus relaciones con todos sus parientes, para reivindicar la memoria de los 30.000 desaparecidos que, según organismos de derechos humanos, dejó esa dictadura.
“Vivimos nuestras historias con mucha vergüenza y mucha soledad porque nuestras propias familias nos rechazan y, fuera de ellas, la visión tampoco es muy favorable. Entonces, mostrarnos colectivamente es importante para nosotros”, contó Analía Kalinec a un grupo de otros medios internacionales, entre ellos IPS, en un encuentro organizado con cuatro integrantes del grupo.
Después, en el 42 aniversario del golpe de Estado, el colectivo participó por primera vez, en el centro Buenos Aires, en la manifestación que cada 24 de marzo recuerda a los desaparecidos y reclama que sigan adelante los juicios por la represión ilegal.
Fueron unas 30 personas que se ganaron los aplausos de muchos de los asistentes a la manifestación cuando exhibieron la bandera del grupo, que dice “Historias desobedientes, hijas e hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia”.
Analía es hija de Emilio Eduardo Kalinec, un excomisario de la Policía Federal que cumple una condena a prisión perpetua por haber participado en interrogatorios realizados bajo tortura en al menos tres de los cientos de centros clandestinos de detención y exterminio que el gobierno de facto encabezado por Jorge Videla (1976-1981) estableció en todo el país.
Los secuestrados lo conocían como el “Doctor K”.
Analía, una psicóloga de 38 años y madre de dos hijos, contó que, una vez que su padre fue detenido, hace 12 años, la familia comenzó a visitarlo cada domingo en la cárcel, pero que jamás se mencionaba el motivo del arresto.
“En un determinado momento yo quise saber y entonces leí el expediente judicial y busqué más información en Internet. En 2008, finalmente, un día lo enfrenté en la cárcel y le pregunté si era cierto que había participado en la represión ilegal. El sólo intentó justificarse. Dijo que en Argentina había habido una guerra y que los desaparecidos no eran 30.000”, recordó.
“Al día siguiente me llamó por teléfono y me preguntó si lo seguía queriendo. Yo le dije que lo había hecho estaba muy mal. Nunca más lo fui a ver”, agregó.
A pesar de su corto recorrido, el grupo de Historias Desobedientes ya produjo una noticia impactante, en noviembre.
Fue cuando presentó en el legislativo Congreso Nacional un proyecto de ley para que se modifique el artículo del Código Procesal Penal que impide que una persona denuncie o declare contra un familiar directo, a menos que el delito haya sido cometido en perjuicio de ella.
”El proyecto de reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando de esta manera a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio”, explicaron entonces en un comunicado.
Se espera que el proyecto sea discutido este año por los legisladores.
Liliana Furió, otra de las integrantes del grupo, contó: “Soy la hija de un teniente coronel del Ejército condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y, gracias a que encontré este grupo, pude canalizar esta realidad que me avergonzaba”.
Su padre, Paulino Furió, fue un oficial de inteligencia que actuó durante la dictadura en la ciudad de Mendoza, en el centro-oeste del país.
Aunque fue condenado por primera vez en 2012, en 2017 fue juzgado por otros hechos y entonces defendió provocativamente ante el tribunal la represión ilegal que, con la excusa de la necesidad de combatir a la guerrilla de izquierda, hizo víctimas a miles de personas sin ninguna vinculación con la lucha armada.
“No estoy arrepentido. Volvería a hacerlo. Eran ellos o nosotros”, dijo entonces el exjefe militar.
Liliana contó que las cosas nunca fueron fáciles en su familia: “Él fue siempre muy machista y violento, pero de chica tuve una madre cariñosa que compensaba”.
Las revelaciones de los crímenes cometidos por el padre produjeron un quiebre en la familia de Liliana, ya que algunos sintieron la misma vergüenza que ella, pero la madre nunca se mostró dispuesta a ver la realidad.
“A mi padre lo juzgaron durante 11 meses en Mendoza y mi madre asistió al juicio. Estuvo casi un año escuchando los relatos del horror más espantoso. Sin embargo, sigue pensando que esa lucha fue una guerra y que su marido es un mártir de la patria”, recordó.
Los juicios por los crímenes de la dictadura fueron promovidos por el primer presidente luego de la recuperación democrática, Raúl Alfonsín (1983-1989).
El punto culminante fue en 1985, cuando Videla y el exalmirante Emilio Massera, quienes controlaban el poder durante la parte inicial de la dictadura, fueron condenados a cadena perpetua.
Más tarde, sin embargo, los juicios fueron interrumpidos debido a leyes exculpatorias dictadas por el bicameral Congreso bajo presión militar y hasta los propios Videla y Massera fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
Sin embargo, en 2003, a instancias del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Congreso derogó las leyes de amnistía y más tarde, en la misma sintonía, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los indultos.
Desde que en 2003 se retomaron las investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias en las que fueron condenadas 856 personas, de acuerdo a datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizados a diciembre de 2017.
Las demoras, sin embargo, son evidentes porque hay cerca de 400 causas en trámite y más de la mitad de ellas están todavía en la etapa de instrucción, que es la parte inicial del proceso, ya que las condenas se dictan en juicio oral y público.
La aceleración de los procesos fue uno de los reclamos de los manifestantes el 24 de marzo, pero la inquietud más importante tuvo que ver con que recientemente se hizo pública una lista que el gobierno elevó al Poder Judicial de presos por la represión ilegal que, según el Servicio Penitenciario Federal, están en condiciones de acceder a prisión domiciliaria.
Entre ellos está el exmarino Alfredo Astiz, considerado el mayor símbolo de los crímenes de la dictadura, porque entre otras muchas acciones represoras en 1977 infiltró al grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaban a organizarse para buscar a sus hijos, y posibilitó su secuestro y desaparición.

Daniel Gutman
IPS

jueves, 29 de marzo de 2018

Pobreza y empleo: el ´relato´ de Mauricio Macri



El presidente anunció cifras del año pasado, cuando en el primer trimestre el alza de precios ya se devoró el 50% de los aumentos paritarios.

Macri anunció con bombos y platillos una caída en el índice de pobreza del 28,6 al 25,7 por ciento y en el de indigencia del 6,2 al 4,8 por ciento, en el período julio-diciembre del 2017. Bien vistos, estos números reflejan la consolidación de un tercio de la población sumido en la miseria.
Pero para no desdibujar esta “noticia positiva”, el presidente omitió la suba del 3,3% en el costo de la canasta básica durante febrero que, sumada a la de enero, llega al 5,2%. Los economistas, incluso los oficialistas, coinciden en que el incremento de los precios en el mes de marzo seguirá en la misma línea y que no será menor a entre el 2 y el 2,5% (entre el 7,2 y el 7,7% en el trimestre).
Es decir que la inflación del primer trimestre finalmente habrá neutralizado el aumento de las jubilaciones para el período setiembre 2017 - junio del 2018 y se habrá devorado la mitad de los aumentos de salarios del 12-15% pactados por la burocracia sindical de todo pelaje –desde los “gordos” hasta sindicatos K como el de aceiteros de San Lorenzo, docentes de Misiones y los porteros, que conduce el dueño de Página/12, Víctor Santa María- antes de que los trabajadores los hayan cobrado.
A esto se suman los próximos tarifazos: el del gas, a partir del 1° de abril, que irá del 32 al 40%, completando un salto del 100% desde diciembre pasado, y volverá a ajustarse en octubre próximo; el incremento en la tarifa del agua a partir de mayo y de luz y todos los servicios y del boleto medio de los colectivos a $9,50, los cual supone un alza del 50% desde enero pasado, y de los trenes el aumento será de un porcentaje similar. En ambos casos, habrá nuevos aumentos de la tarifa en junio, ya programados.
Es decir que los “datos positivos” de fines de diciembre, se esfuman con la disparada de los precios de este año, las paritarias a la baja y el golpe a las jubilaciones resultado del ´pacto fiscal´. Esto enviará a millones de personas a niveles por debajo de la pobreza y la indigencia.

Rodrigazo

En su discurso, Macri también se solazó con el aumento en el nivel de empleo que muestran los números del segundo semestre del año pasado. Lo que esconde el presidente es que el año pasado creció el empleo en negro y se perdieron 70 mil puestos de trabajo industriales. De “los 433.000 nuevos ocupados” informados por el Indec, “una gran parte son trabajadores a los cuales no se les realizan los descuentos jubilatorios”, es decir que “aún no tienen un empleo de calidad” (La Nación, 28/3). Esto refleja que, al menos una parte de los despedidos en el último período han debido aceptar trabajos de menor calidad, precarios como “monotributistas” truchos o han pasado a vivir de changas.
En un desliz que muestra la orientación oficial, Macri, luego de la reconocer la grieta enorme que separa a la población de menores ingresos con los que atesoran ganancias fabulosas, sostuvo que “ese desequilibrio no se soluciona con la transferencia de ingresos de un sector al otro”. En realidad, el gobierno está preparando una gigantesca transferencia de ingresos de los trabajadores a las arcas de los capitalistas.
Ocurre que el Banco Central, sólo en marzo, ha vendido casi u$s2.000 millones para contener una disparada mayor del dólar, a la espera de que se cierren las paritarias. Una vez que la burocracia haya hecho el trabajo sucio, el gobierno dará lugar a una devaluación todavía mayor, como reclaman el lobby sojero y otras alas de la burguesía, para llevar el dólar a $23-$25, lo que traerá aparejado la consecuente disparada de los precios. El fantasma del Rodrigazo no ha salido del radar.
El gobierno va por una depreciación a fondo de salarios y jubilaciones. Hay que oponerle la fuerza del conjunto de los trabajadores, superando la loza que significa la burocracia entreguista que acompaña el ajuste oficial. Para esto hay que batallar por un congreso de delegados de base que apruebe un plan de lucha hasta derrotar el plan del gobierno y de los gobernadores de todo el arco político.

Nelson Marinelli

Los créditos UVA preparan una crisis hipotecaria

La cuota de los préstamos ya equipara a la de los créditos tradicionales, y la deuda de capital de los UVA creció un 50 por ciento.

Los créditos UVA produjeron en su momento un fuerte sacudón en el mercado inmobiliario al facilitar el acceso de los créditos para la vivienda –que prácticamente habían desaparecido del mercado− mediante la reducción de la cuota inicial y de los requisitos exigidos a los tomadores.
Desde su implementación al presente, se van haciendo cada vez más palpables los riesgos de este nuevo mecanismo creado en función de los negociados de los grandes especuladores inmobiliarios y financieros, en la medida que –como lo denunciáramos en Prensa Obrera– las cuotas se ajustan de acuerdo a la inflación y no a los ingresos de los tomadores de préstamos.
Siguiendo a una inflación que no dejó de crecer en estos dos años, quien tomó un préstamo UVA en abril de 2016 y pagaba una cuota de 7.915 pesos −contra los 12.435 pesos de los créditos comunes− ahora paga 12.428 pesos. De modo que una diferencia de 4.250 pesos se achicó ahora a 7 pesos. Peor aún: mientras que quien tomó entonces un préstamo común de 1 millón de pesos achicó -aunque marginalmente- su deuda de capital, debiendo ahora $978.854, quien asumió el mismo monto con UVA debe actualmente $1.529.466 pesos –un aumento del 53 por ciento (La Nación, 26/2).
Por otra parte esos créditos, al alimentar un nuevo ciclo de especulación inmobiliaria, llevaron al encarecimiento de los inmuebles, dificultando todavía más el acceso de la población trabajadora a la vivienda.
El panorama para los tomadores de UVA no es alentador: mientras la inflación no da tregua –las consultoras la sitúan entre el 20 y el 25% para 2018–, el gobierno avanza en su pretensión de imponer un techo muy por debajo a las paritarias, con la complicidad de la burocracia sindical, con la que viene cerrando acuerdos de entre el 12 y el 15% en cuotas. En abril, la inflación ya lleva un 9 por ciento acumulado; ya crecieron fuertemente las tarifas de transporte, gas, naftas y subterráneo, y quedan pendientes otros aumentos programados: la electricidad en agosto y el gas en octubre. Y la consultora Elypsis prevé para marzo “un mayor arrastre estadístico, con aumentos muy fuertes en alimentos y educación”.
Entretanto, el Banco Hipotecario lanzó al mercado bonos por 20 millones de UVAs (430 millones de pesos), de modo que esos préstamos empiezan a generar una burbuja de especulación financiera: en cuanto se vuelvan impagables provocarán una crisis similar a la de los créditos hipotecarios subprime (bonos basura) en los Estados Unidos, en 2008.
Resulta preciso exigir un plan de préstamos para vivienda a tasa cero en beneficio de los trabajadores, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y a los especuladores financieros; eso exige además la creación de un banco único y estatal para la vivienda bajo gestión de los trabajadores y los tomadores de préstamos, y un urgente plan de viviendas populares.

Alejandro Guerrero

El gobierno busca un Indec macrista

Proyecto para poner al ente de estadísticas bajo control oficial

Con el argumento de lograr una “independencia real” para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el gobierno prepara su reemplazo por otro organismo con el poco oculto objetivo de conseguir exactamente lo contrario: colocar al ente bajo la tutela del Ejecutivo a los efectos de manejar las mediciones en función de sus necesidades políticas y económicas y las de la burguesía de conjunto.
De acuerdo con el proyecto del Ministerio de Hacienda, el organismo “independiente” a crearse dependería de un nobel Consejo Nacional de Información Estadística (CNIE), presidido por el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda y complementado con tres directores en representación de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y del Banco Central, sobre un total de siete, es decir con mayoría gubernamental.
Este Consejo, presidido por uno de los responsables de la política económica oficial, sería el encargado de definir el Plan Estadístico Nacional, “estableciendo los productos estadísticos a generar, metodologías y formas de diseminación “.
Es decir que tendría en sus manos fijar toda la política y los lineamientos del sistema estadístico nacional. Además, los resultados de los relevamientos estarían en manos del gobierno con antelación a su conocimiento público, quedando sujetos a las presiones o “correcciones” necesarias para el oficialismo.

O sea que, de “independencia”, nada.

Es un manejo similar al recordado de Guillermo Moreno durante el gobierno kirchnerista, que mantuvo las estadísticas atadas a las necesidades políticas oficiales, desarticulando el sistema de medición durante años. Así, la inflación estuvo “planchada” y la desocupación y los niveles de pobreza –entre otros- estaban en valores colocados muy por debajo de los reales.
Como indica la nota de Ismael Bermúdez (Clarín 27/3), “el mismo Ministerio encargado de llevar adelante la política económica tendrá a su cargo definir los ´productos estadísticos´ y las ´metodologías´ con las que se relevan y se calculan” la “actividad económica, industrial, de la construcción, empleo, desempleo, inflación y otras decenas de informes claves” y que son, “hasta cierto punto, un ´examen´ de la política pública.
En lo que se refiere al personal del INDEC, el proyecto plantea que el mismo sea transferido al nuevo ente pero “con la condición de que el citado personal cumpla con los requisitos del nuevo organismo”, sin que se especifique cuales son. Es un mecanismo que abre la alternativa de desplazar a muchos de los técnicos actuales para reemplazarlos por otros afines al gobierno.
Como antecedentes de esta política, cabe señalar el desplazamiento de las técnicas Cinthya Pok y Gabriela Bevacqua. La primera, responsable de las estadísticas que miden los niveles de desempleo, reinstalada en su puesto tras su expulsión por parte de la gestión de Moreno, fue apartada nuevamente de su cargo en diciembre pasado tras las quejas del gobierno sanjuanino por los índices de desocupación en esa provincia. La segunda, directora técnica del organismo, fue despedida y reemplazada por Fernando Cerro, que ha tenido acusaciones por negociaciones incompatibles con la función pública y utilización de información privilegiada con fines de lucro, entre otros delitos.
Con el actual cuadro de crisis social y económica, con despidos que afectan a miles de trabajadores estatales y del sector privado, el gobierno quiere manejar –ocultar- la constatación práctica de este cuadro de miseria creciente, como denuncian los trabajadores del INDEC.
El organismo de estadísticas debe ser manejado por los trabajadores y técnicos que trabajan en él.
Ninguna injerencia del Estado.
Defensa de todos los puestos de trabajo de los técnicos y demás empleados del INDEC.

Nelson Marinelli

"Tengamos en consideración que clase nos gobierna para entender lo que pasa"// Néstor Pitrola en A24

"Están preparando una devaluación para después de las paritarias" // Gabriel Solano en C5N

La vuelta del palito de abollar ideologías



La policía bonaerense usará de nuevo el bastón tonfa, según dispuso el gobierno provincial

Cerca de 55.000 uniformados ya comenzaron a recibirlo. Un instructivo que señala cuáles son las “áreas recomendadas para pegar”. Dos especialistas advierten sobre los riesgos de su uso.

En las próximas semanas, más de 50.000 efectivos de la Policía Bonaerense contarán con un nuevo elemento para hacer uso de la fuerza pública: el bastón Tonfa, que había dejado de utilizarse hace tiempo pero que ahora todos los policías tendrán a la mano para reprimir o “repeler una acción agresiva” supuestamente sin llegar a usar las armas de fuego. El ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, aprobó el uso del polémico bastón en la provincia de Buenos Aires como “un arma defensiva y ofensiva”.
“Las técnicas que a continuación se describen deben ser practicadas con regularidad para optimizar el potencial del Bastón Tonfa Policial (PR-24) y brindar al personal autoconfianza y seguridad”, reza el manual aprobado por la resolución 2020/2018, que fue entregado por mail a los 90.000 agentes que patrullan las calles bonaerenses. Ya 55.000 agentes comenzaron a recibir las cachiporras de 61 centímetros de longitud y 600 gramos que deberán llevar de forma permanente en la cintura.
“Este manual viene a concientizar al personal policial de las técnicas adecuadas defensivas y de las áreas corporales en las cuales se aplicará la acción ofensiva, a fin de controlar la situación en la que se deba intervenir, teniendo la obligación legal de entender que dicho elemento de trabajo, si es mal utilizado, puede causar heridas graves o la muerte”, señala también el texto en su introducción, al admitir los riesgos que conlleva la utilización de esta “arma no letal”.
A continuación, el instructivo detalla cuáles son las “áreas recomendadas para pegar” en situaciones “en las que se hace inevitable el uso de diferenciado de la fuerza”. Con un gráfico que representa una figura humana, divide el cuerpo en “áreas de aplicación libre”, de “aplicación moderada” y de “aplicación a evitar”. En suma, el Ministerio de Seguridad avaló los golpes en un 90 por ciento del cuerpo, aunque aconsejó hacer énfasis en manos, muñecas, codos, rodillas, tibias y abdomen. Por otro lado, se limitó a recordar en el escrito que “se deben evitar cabeza, cuello, esternón, columna vertebral y genitales del agresor”.
Entre las formas de manipular la tonfa, el Ministerio de Seguridad –en su resolución– recomienda a “la policía un accionar adecuado estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, así como también al principio de gradualidad, privilegiando las áreas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza, y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas”.
Además de incluir las técnicas de ataque con el bastón para todos los efectivos bonaerenses en su capacitación, el ministro Ritondo aprobó un curso diferencial para que los agentes de custodia de la gobernadora Vidal y todo su Gabinete se capaciten en una forma de autodefensa israelí que lleva el nombre “krav maga”. Este es el sistema oficial de lucha y defensa personal que usan las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes y abarca tanto agresiones sin armas (golpes, patadas, agarre y estrangulamiento) como con armas blancas (cuchillos, navajas, machetes, hachas) y contundentes (porras, bastones policiales, palos, bates de béisbol, botellas, piedras).
Los custodios de la gobernadora deberán estudiar durante tres meses estas técnicas israelíes en la escuela de Policía “Juan Vucetich”, según develó el portal Letra P. Allí serán capacitados un total de 288 horas cátedra sobre la forma de combate letal que realizan los israelíes, y que tiene como finalidad salir con vida de un enfrentamiento real, haciendo uso de cualquier medio disponible. Entre las técnicas que aprenderán está “el anzuelo”, que consiste en introducir en uno o más dedos en la boca, fosas nasales u otros orificios corporales del oponente y tirar de ellos con la intención de desgarrar la carne circundante.

Página/12

miércoles, 28 de marzo de 2018

¿Ningún suelo más querido? Malvinas y el falso nacionalismo



El Gobierno utilizó el reconocimiento de identidad de los soldados enterrados en Malvinas para montar un discurso de tibia soberanía. El nacionalismo de los trabajadores y el nacionalismo de la clase capitalista.

¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón?
¡Ningún suelo más querido,
de la Patria en la extensión!

El oportunismo político no se declama, se ejerce. La máxima podría guiar la práctica política del macrismo. Hace menos de 30 días, el gobierno instalaba la discusión acerca del derecho al aborto como forma de golpear a la oposición. Lo hacía a pesar del férreo rechazo a ese derecho por una franja del elenco gobernante, entre ellos el presidente.
Por estas horas, arrimando un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, el oficialismo se embandera con una tibia mueca de soberanía.
"La identificación de los soldados profundiza aquel sentimiento de defensa de la soberanía y de la causa de Malvinas", desliza el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. El hombre que defendió a capa y espada la actuación del Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, habla de "diálogo" y de "no confrontación".
El nacionalismo del discurso oficialista no resiste ni una suave brisa. Basta googlear el nombre de Luis Caputo, ministro de Finanzas, para tomar nota del crecimiento exponencial de la deuda externa en la era Cambiemos. Hijos, nietos y bisnietos de la generación actual, atados al pago de una deuda usuraria con el capital imperialista.
El falso nacionalismo de Cambiemos es acompañado por los grandes medios oficialistas. Muchos de estos, hace décadas, fueron los vendedores de humo del "vamos ganando". Lo hicieron avalando la aventura militar de unas Fuerzas Armadas genocidas, que no quisieron enfrentar seriamente al imperialismo británico.
Habrá que agregar, aunque resulte redundante, las permanentes muestras de sumisión a los dictados imperialistas. "Quedate con quien te mire como Macri a Trump", rezaba un famoso meme para ilustrar esa relación. La imagen dice más que mil palabras.

La derrota de Malvinas y el sentido de la historia

“Nada que haya acontecido alguna vez ha de darse por perdido para la historia” (Walter Benjamin)

Todo hecho histórico puede ser vaciado de sentido. Las clases dominantes, como lo advertía Rodolfo Walsh, operan alterando los sentidos históricos. La causa por Malvinas ha sido y sigue siendo una de esas alteraciones de la política estatal capitalista.
Lo llamada "desmalvinización" fue operada desde el vértice del Estado, a través de diversos gobiernos, en aras de consolidar la sumisión al poder imperialista que impuso la derrota militar.
Malvinas vino a ocupar, en el imaginario social, el lugar de la sumisión al capital imperialista. La idea de "contra las potencias no se puede" se instaló con profundidad en la conciencia de millones.
Frases como "si querés cambiar algo de raíz te invaden" se convirtieron en sentido común en amplias capas de la población. Concepciones de ese tipo fueron incorporadas, incluso, al acervo progresista afín al kirchnerismo. Un modo de justificar la distancia sideral entre un discurso tibiamente antiimperialista y un accionar estatal que protegía esos intereses sin que le entrara la duda siquiera.
La conciencia histórica de amplias capas del pueblo trabajador fue moldeada por esa derrota, facilitando el sometimiento al capital imperialista. La "década perdida" menemista se asentó sobre la dictadura genocida, la derrota militar en Malvinas y la catástrofe híper-inflacionaria que legó el alfonsinismo.
El movimiento que enarbolaba las banderas de la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social, inició una senda de endeudamiento masivo -similar al ciclo actual-; entregó las riquezas nacionales vía privatizaciones; y empujó hacia el abismo del 2001-2002, donde la desocupación y la pobreza alcanzaron niveles históricos.
¿La soberanía? “A esa te la debo”, diría el actual presidente.

Malvinas y el kirchnerismo

“Venimos desde el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos continentales y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas”. La frase la dijo un flemático Néstor Kirchner en su primer discurso como presidente.
El kirchnerismo protagonizó tensiones abiertas con Gran Bretaña a raíz de Malvinas. Sin embargo, a pesar de su retórica anticolonialista, se reveló como un “pagador serial” que, hasta 2013, había entregado casi U$S 175 mil millones en pagos de la deuda. Alguna vez, al abonar la más modesta cifra de U$S 9.500 millones al FMI, insólitamente se habló de "comprar soberanía".
La misma vara se evidenció ante el saqueo de los recursos hidrocarburíferos por parte de la española Repsol. Los discursos belicosos del ministro Axel Kicillof fueron seguidos por una onerosa "indemnización" que se acercó a los U$S 10.000 millones.
El 7 de febrero de 2012, en cadena nacional, Cristina Fernández recordó a las multinacionales británicas que gozaban de absoluta tranquilidad para hacer negocios en el país. Entre los nombres que enlistó la entonces mandataria, estaban firmas como British Petroleum, la Royal, la Easy, ex Duperial, todas las mineras, como Río Tinto, Alexander Mins, Patagonia Gold, HSBC, Standar Gold, Glaxo, Unilever y British Telecom, entre otras. La Argentina “nac&pop” ofrecía al capital imperialista las mismas garantías que ofrece la actual nación cambiemita.

Hay nacionalismos...y nacionalismos

En más de una ocasión la clase dominante ha empujado el crecimiento del nacionalismo y la xenofobia como forma de dividir a los trabajadores nativos de sus hermanos inmigrantes. Ahí, como ya se mostró alguna vez, las coincidencias entre peronistas y macristas abundan.
Malvinas funcionó, en reiteradas ocasiones, como carta nacionalista de los mismos gobiernos que gestionaban la subordinación al capital imperialista.
Sin embargo, en amplias capas de las masas, el reclamo por la soberanía de las islas mantuvo una continuidad. Por estas horas Claudio Avruj se vio obligado a afirmar que la política de Cambiemos "nunca fue la desmalvinización".
La declaración del funcionario, sea o no verdadera, pone en evidencia el peso de esa demanda histórica en la conciencia de millones. El gobierno que endeuda masivamente al país y protege con represión a empresarios y terratenientes extranjeros -como Luciano Benetton o Joe Lewis- se ve obligado a recuperar discursivamente esa causa.
Pero cualquier discurso de soberanía nacional enarbolado por las fuerzas políticas patronales –como el macrismo o el peronismo- va a estrellarse contra las lecciones de la historia. La clase capitalista nativa, atada por miles de lazos económicos, sociales y políticos al gran capital imperialista, es incapaz de cualquier desafío serio a ese poder. Se muestra estructuralmente impotente para lograr una verdadera emancipación de la nación en relación a esas grandes potencias.
Las décadas recientes mostraron que, incluso el kirchnerismo, que hizo gala de un moderado discurso anticolonialista y contó a su favor con enormes ventajas en el plano económico, se mostró como un administrador un tanto "molesto” de los intereses del gran empresariado extranjero.
Vale la pena remontarse a alguna madrugada del segundo semestre de 2014. Por aquellos meses la Gendarmería y la Policía Bonaerense, comandadas por Sergio Berni, reprimían brutalmente a trabajadores, estudiantes y militantes de izquierda que reclamaban contra los despidos en la multinacional norteamericana Lear en la Panamericana.
¿Antiimperialismo? También te la debo. La clase capitalista, se exprese con el color político que se exprese, confirma que ni las Malvinas ni el resto de la Argentina parecen ser el “suelo más querido”.
Precisamente fueron los trabajadores y trabajadoras despedidos quienes enfrentaron a la empresa de capitales norteamericanos. Se entiende que así sea. No hay interés común entre capitalistas, sean locales y extranjeros, y la clase obrera.
El único nacionalismo serio y consecuente solo puede ser antiimperialista. Y, como lo muestra la historia, solo lo puede protagonizar la clase trabajadora, junto al conjunto del pueblo pobre oprimido por el gran empresariado.
Los intereses nacionales de la clase capitalista tienen poco y nada de “nacionales”. Son, apenas, sus limitados intereses como clase dominante. Precisamente por eso, los trabajadores tienen que construir su propia unidad, más allá de las fronteras nacionales.
Hace 170 años, en 1848, dos jóvenes llamados Karl Marx y Friedrich Engels, escribieron que “los obreros no tiene patria” y los llamaron a unirse. Los años no hicieron envejecer ni la afirmación ni el llamado.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo