jueves, 23 de marzo de 2017

¿Terrorismo de Estado o Estado terrorista?



Otro 24 de Marzo asoma en el horizonte y la actualidad sobre el debate acerca de la última dictadura militar vuelve a reflotar en un contexto cultural marcado por los medios de comunicación y los adalides de la represión de los 70.

Las editoriales –muchas veces anónimas- de La Nación, los cuasi-debates en programas televisivos de aire donde se aborda el tema desde la óptica de las víctimas del terrorismo (de la guerrilla). Los lugares comunes que con hipocresía se enarbolan con la “inocente” intención de mostrar las “dos caras” de la historia del periodo en cuestión. Uno de los últimos booms en la cual se perfila el ataque a la memoria colectiva ha sido poner en cuestión el famoso número de los 30.000 muertos y desaparecidos por la dictadura militar. Oscuros personajes como Lopérfido e incluso en cuestionado Gómez Centurión se pavonean y se dan el gusto de mancillar la memoria de miles de militantes muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. También el presidente Mauricio Macri ha insistido en la “reconciliación de los argentinos” y de sanar las heridas abiertas. Los intelectuales de la hegemonía cultural abrieron la puerta a la discusión sobre las cifras y es necesario que aquellos que disputan dicha hegemonía den el debate pero con la altura necesaria. ¿Quieren debatir sobre cifras? Debatamos.
Solamente para tener una franja cronológica mas acotada por el espacio disponible en este artículo, voy a empezar con el recuento a partir del gobierno de Hipólito Yrigoyen en el año 1916, pero no debemos olvidar el origen del Estado Nación Argentino y su genocidio fundacional, la llamada “Conquista al Desierto”, el accionar del ejército en contra del desprendimiento político pequeño-burgués, el radicalismo, en las jornadas 1890 y la represiones a cientos de militantes anarquistas en la primera década del siglo XX. La primera década y media de la UCR en el poder recoge como episodios de terrorismo de Estado explicito, las matanzas de obreros coordinadas entre la policía y los grupos paramilitares (como la Liga Patriótica) en el año 1919 en lo que se dio a llamar la “Semana Trágica”. Tampoco podemos olvidar las jornadas de caza desatadas en las estepas patagónicas entre 1919 y 1921 donde patrones y ejército dieron muerte a 1.500 de obreros rurales. Hay evidencia también de torturas y mutilaciones en las tétricas comisarias de la ciudad de Buenos Aires, principalmente a militantes anarquistas. El norte de Santa Fe se vivió también, en 1921, la masacre de 600 obreros que habían entrado en huelga contra “La Forestal”, la compañía inglesa de producción de tanino (que se manejaba como un verdadero Estado independiente con moneda propia). La cifra total de estas matanzas suma cerca de 2.200 muertos por la acción directa del Estado burgués.
La década infame, quizás una de las menos estudiadas, también tiene sus muertos por persecución política. No podemos olvidar que los años 30 fueron uno de los más duros en las condiciones de vida, donde miles morían de hambre en las sucias calles de Buenos Aires, producto del modelo agroexportador y el desempleo de ingentes masas de desocupados.
Rápidamente podemos pasar a la primera década de gobierno peronista, donde la cifra de muertos asciende. Tenemos los casos del genocidio de los Pilagá con 750 muertos y cientos de huérfanos, heridos y desaparecidos en el año 1947 y de las persecuciones a militantes del Partido Comunista (la información se está empezando a recabar a partir de la reciente apertura de archivos de la SIDE).
La “Revolución Libertadora” asciende al poder con una matanza indiscriminada tras el bombardeo en Plaza de Mayo. En este periodo inicia lo que se llamó la resistencia peronista, donde apenas se registran heridos de las explosiones de “caños” y donde el Estado con el ejército a la cabeza se cargó a miles de detenidos y torturados –como fuera testigo Hernández Arregui en su primer paso tras las rejas-. En tres años asume la presidencia Arturo Frondizi y no se queda atrás en el clima de represión, con la aplicación del Plan CONINTES. Elección de Framini –peronista- como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y nuevamente interrupción de un gobierno democrático. Illia asume tras una fantochada de acuerdo con el ejército, condicionando su gobierno pura y exclusivamente a la voluntad de los golpistas y así fue en 1966 cuando Onganía instala su dictadura militar nacionalista con el apoyo de la CGT burocrática. Detenidos, muertos en enfrentamientos clandestinos, desaparecidos en León Suarez, fusilados son los resultados de la dictadura más feroz hasta el momento. El año 1969 trae el asesinato de un estudiante en Corrientes, desatando una oleada de revueltas que liberan el ciclo revolucionario que irá en ascenso hasta 1976. En 1972 se hace pública la noticia del fusilamiento de detenidos políticos en Trelew tras un intento fallido de escape del penal de esa ciudad.
El tercer peronismo trae en 1973 la llamada masacre de Ezeiza (con 13 muertos) y el inicio del macartismo que se carga al Padre Mugica entre los principales referentes políticos de las villas de Buenos Aires en Mayo de 1974. Tras la muerte del líder, en julio de 1974, María Estela Martínez de Perón inicia la aniquilación de la guerrilla llevándose a la tumba a 150 militantes de izquierdas de forma completamente inconstitucional.
La dictadura militar arrastra según los cálculos del Batallón 601 en 1978 cerca de 22.000 personas. El problema suscitado en torno a la cantidad de casos denunciados en la justicia no termina de contemplar todos los casos que no fueron denunciados ante una endeble democracia en 1983.
La democracia trae consigo la masacre de los militantes La Tablada, unos 32 muertos en total. Menem con las políticas neoliberales arrastra a la pobreza a un 36% de la población, condenados a la muerte segura muchos de ellos. De La Rúa y su estado de sitio termina con 37 muertos en el 2001. Duhalde en su breve interregno se llevo a Kosteki y Santillán entre otros. La “década ganada” del kirchnerismo fue el final para Mariano Ferreyra, de 194 jóvenes en el infierno de Cromañón (producto innegable de la corrupción) y 51 muertos en la estación de Once. El Estado Terrorista, única estructura que pervive a pesar de los gobiernos, se llevó a 3.070 personas según los cálculos de CORREPI y el actual gobierno de Macri llevaba 259 a diciembre de 2016.
Toda esta trágica enumeración pone de manifiesto que en la historia argentina no existió solamente un momento de “Terrorismo de Estado” sino que ha sido una constante la muerte, no solo como forma de eliminar aquellos componentes despreciados por el Estado, sino también para ejercer su violencia pedagógica y aleccionadora al resto de la sociedad. Ya Lenin decía, apoyado en Marx, que la función única del Estado era la represión de las clases subalternas. En este sentido, la burguesía utiliza este aparato como una herramienta de dominación basada fundamentalmente en la violencia. El Estado es la representación máxima de la existencia de la desigualdad de clase, ya que una logra sobreponerse a otra y dominarla mediante el terror. La definición correcta de este aparato, por sus leyes fundamentales y su sentido de ser como hemos observado en este pequeño recorte de 100 años, es la de Estado Terrorista.

Pablo Javier Coronel
Director de Huellas de la Historia

Diario El Independiente, el Papel Prensa riojano



Durante la dictadura tres integrantes de la cooperativa fueron despojados bajo tortura del diario. Otro escapó de los genocidas. A muchos cooperativistas los “renunciaron” y el resto fue cómplice.

Plutarco Schaller fue fotógrafo y periodista del diario El Independiente de La Rioja y miembro fundador de la Cooperativa de Periodistas y Gráficos de La Rioja (Copegraf).
La noche del golpe los militares se lo llevaron secuestrado y sufrió siete años de cautiverio, donde vio entre otros genocidas a César Milani. La misma suerte correrían otros cooperativistas, Mario Paoletti subdirector y Guillermo Alfieri secretario de redacción, fueron secuestrados fuera del diario, el mismo día del golpe.
El director, Alipio “Tito” Paoletti, que por entonces se encontraba en Buenos Aires, después de meses de permanecer en la clandestinidad se exilió en España con su familia. El Batallón de Ingenieros 141 participó en el fraude a la cooperativa, que terminó con la apropiación del diario por parte de los militares.
Un breve repaso por la historia del diario, la noche del golpe, las torturas, la intervención del Ejército, la disolución de la cooperativa de trabajo con la complicidad de algunos de sus miembros con los militares. El testimonió de Schaller, en la Megacausa La Rioja.

Del primer diario riojano al primer medio cooperativo

Hasta 1901 La Rioja, de tan pobre, no contaba con un diario, pero el 25 de agosto de ese año Pelagio Luna fundó El Independiente, con el compromiso de ser “órgano de los intereses generales de la provincia”.
El diario en 1916 acompañó la formula de Yrigoyen, que se consagró a partir de un sistema electoral ampliado que cerró el ciclo de los gobiernos oligárquicos. La circulación de aquella primera versión del diario, bisemanal, llegó hasta 1933, momento en el que Hitler llegaba al poder en Alemania y en nuestro país el gobierno de Agustín P. Justo restablecía el fraude electoral.
En 1957 el diario fue reflotado por un grupo de jóvenes radicales. Eran tiempos de la Revolución Fusiladora y del avance de la resistencia rotagonizada por los obreros de base, procesos que empezaban a impactar sobre sectores amplios de la juventud.
La redacción estaba a cargo de los jóvenes Tito Paoletti y Daniel Moyano. El primero, con sólo 24 años, en 1959 quedó al frente de la dirección cuando su titular se retiró de la sociedad por problemas económicos. Comenzó así la edición semanal junto a su hermano Mario, Ricardo Mercado Luna y Moyano, con quienes constituyó una sociedad.
El diario fue ganando lectores, pero los socios solo percibían un salario y todo el excedente se invertía en mejorar la infraestructura para editar El independiente.
No contaban con manual de estilo de escritura, pero tenían pautas esenciales para el periodismo: buenas fuentes, rigor, concisión a la hora de redactar. Dedicaban mayores espacios a las secciones locales, y contaban con corresponsales fijos y espontáneos diseminados en la provincia.
Tras el golpe de Onganía de 1966 el diario se convirtió en vocero de la oposición del onganiato. En 1968 Angelelli fue nombrado obispo de La Rioja, visitó el diario y a partir de ahí comenzó una relación de amistad entre él y Tito Paoletti. Pese al ateísmo de este último, tenían muchas ideas en común.
Era un momento donde los curas identificados con la teología de la liberación confluían con quienes se reivindicaban del “campo popular”. Tito también trabó amistad con Arturo Jauretche, y juntos soñaban con la Patria Grande latinoamericana.
La línea editorial del diario adoptó esas dos miradas: la de los curas tercermundistas y la de la liberación latinoamericana. Reflejaba tanto el apoyo a la resistencia vietnamita, como a Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos. A nivel nacional apoyaban la organización antiburocrática de los trabajadores y el diario adscribió al programa de la CGT de los Argentinos, redactado por Rodolfo Walsh en 1968.
Entre una población de 140 mil habitantes, el diario llegó a vender 13 mil ejemplares.
El 12 de octubre de 1970, cuando el diario cumplió once años de salida ininterrumpida, Tito propuso a los otros propietarios del diario conformarse en una cooperativa. Editorial Norte, nombre legal del diario, en 1971 transfirió en forma gratuita todos sus bienes de producción a Copegraf.
En esos años apareció un nuevo diario en la escena riojana, El Sol, vocero del Movimiento Popular Riojano, una fuerza política influenciada por el general Lanusse, luego alineado con la derecha peronista y más tarde al servicio de la dictadura militar.
Ante el llamado a elecciones en el año 1973, la asamblea de socios de Copegraf se reunió para fijar la posición de El Independiente, se inclinaron por apoyar la lista Justicialista encabezada por Héctor Cámpora.

La noche del golpe

En La Rioja la dictadura asaltó el diario, detuvo a trabajadores de prensa e impuso el terror en la cooperativa que lo editaba.
Oscar Schaller, querellante contra Milani, también formaba parte de la cooperativa, fue secuestrado meses después de su padre. “El día del golpe los editores estaban cerrando el diario con un tapa que daba cuenta de esto, cuando llegó el Ejército, intervino el diario y los obligaron a cambiar la tapa por una que decía ‘Pronunciamiento militar’. Les llevó poco tiempo desintegrar la comunidad que había entre gráficos y periodistas”, recuerda Oscar.
Plutarco Schaller, Mario Paoletti, y Guillermo Alfieri fueron secuestrados el mismo días del golpe, tiempo después otros cooperativistas fueron secuestrados, entre ellos Oscar Schaller y Ricardo Mercado Luna.
El modo en que se apropiaron del diario El Independiente de La Rioja es análogo al utilizado por los dueños de Clarín y La Nación para apropiarse de Papel Prensa. En ambos casos fueron expropiados bajo tortura. En el caso del diario riojano, otros socios cooperativos de las víctimas fueron cómplices de los genocidas y con los militares acordaron la continuidad del diario para ponerlo al servicio de la dictadura.
En abril de 1976 hacía un mes que Plutarco Schaller, Mario Paoletti y Guillermo Alfieri, sufrían torturas físicas, cuando uno de sus propios compañeros de la cooperativa del diario, puso delante de ellos los textos de sus renuncias. Américo Torralba pudo ingresar al lugar donde permanecían detenidos-desparecidos Schaller, Paoletti y Alfieri, una “excepción” a las normas.
Torralba puso ante ellos el texto donde no sólo renunciaban al diario, sino que declinaban ejercer el periodismo de por vida. El texto decía “al señor residente de la Cooperativa El Independiente Copegraf Ltda. De mi mayor consideración: no teniendo en absoluto interés ni propósito de en un futuro ser periodista, obrero gráfico o personal administrativo de gráfica, presento mi renuncia indeclinable a la función que ocupo en calidad de socio de El Independiente”.
Posteriormente los tres fueron “blanqueados” y pasados a disposición del Poder Ejecutivo e iniciaban un recorrido, que duró años, por distintas cárceles del país.
Nicolás Villafañe y Américo Torralba fueron nombrados directores interinos y el 30 de mayo de 1977 publican una solicitada dirigida a las Fuerzas Armadas, al Gobierno de la Provincia y a la Opinión Pública. En ella decían que “durante varios años el diario El Independiente estuvo manejado y orientado por directivos de ideología antiargentina”. Y agregaban que “a partir del 24 de marzo de 1976 se operó un definitivo cambio de orientación, erradicando de las publicaciones toda clase de apología marxista subversiva”.

Megacausa la Rioja

En septiembre de 2013, uno de los exdirectivos del diario, Plutarco Schaller, presentó en el Poder Judicial riojano una denuncia penal por la apropiación ilegítima de la cooperativa. Entre los militares denunciados están el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el jefe del batallón de Ingenieros 141 de Ingenieros, coronel Osvaldo Pérez Battaglia; el subsecretario de Prensa y Difusión del gobierno de facto, e interventor del diario, el capitán Esteban Sanguinetti, condenado por la desaparición de Alberto Ledo.
La denuncia alcanzó a quienes se beneficiarios por la expropiación: Héctor Ártico, Amado Fernández, Jorge Antonio Flores, Nicolás Villafañe, Lucio Córdoba, López Alcaraz y Américo Torralba.
Plutarco Schaller fue secretario general en la provincia de la CGT de los Argentinos, y presidente de Copegraf, falleció el año pasado, pero antes de su muerte testimonio en varias oportunidades en la Megacausa La Rioja. Contó cómo fue su detención, que fue obligado a firmar su renuncia al diario bajo torturas y que vio a Milani cuando estaba detenidos en el hospital.
A la salida de la dictadura, en 1984, Schaller le reclamó a las nuevas autoridades del diario que los regresaran a la cooperativa. Amado Fernández le ofreció trabajo solo a él, algo inaceptable para Schaller quien pidió que por lo menos se retractaran de la solicitada publicada en 1977 en el diario. Su petición fue negada, así como les fue negada al resto de los socios volver a integrar la cooperativa.
Los apropiadores se ampararon en las “renuncias” que Paoletti, Alfieri y Schaller firmaron. Sobre Tito, a quien le fraguaron la firma en el texto de renuncia, fundamentaron su desvinculación en un “abandono voluntario de servicios”. La particularidad, es que todos los textos estaban redactado de idéntica manera.
Los apropiadores de El Independiente utilizaron argumentos similares a los esgrimidos por Clarín y La Nación para justificar la propiedad de Papel Prensa. El Grupo Graiver también, bajo tortura, fue expropiado. Para unos y otros apropiadores las “renuncias” o la “transferencia” de acciones fue un mero trámite legal.
El caso de El Independiente muestra que el Batallón 141 participó en las operaciones del terrorismo de Estado. Así lo denunció Oscar Schaller ante la justicia: “Milani miente, dice que en ese regimiento no había detenidos, pero mis padres y yo estuvimos detenidos ahí, y él lo sabe porque lo vi durante mi detención”.
Matías Aufieri, abogado de Schaller y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), asegura que “Milani puede mentir porque desde 1983 ninguno de los gobiernos constitucionales abrió todos los archivos de la dictadura”.

Rosa D'Alesio

Zito Lema a 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh



El poeta, dramaturgo, periodista, docente y militante por los derechos humanos, Vicente Zito Lema, recuerda a Rodolfo Walsh a 40 años de su desaparición por parte de un grupo de tareas de la ESMA durante la última dictadura. Zito Lema habla de su experiencia en la revista Liberación junto Walsh y otras personalidades como Julio Cortazar. También recrea la experiencia de la defensa de presos político en los ’70 y el trabajo conjunto con Walsh. También realiza una mirada sobre la Carta Abierta a la Junta Militar y la experiencia de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), fundada por el autor de Operación Masacre.

Macri se lamentó por quienes "caen" en la educación pública

El presidente presentó el "doloroso" resultado del Operativo Aprender 2016 y habló de la inequidad educativa

La revolución educativa que propugna el gobierno de Cambiemos parte de una implacable diagnóstico: la educación privada es la meta deseable para quien pueda pagarla; la escuela pública, el lugar en donde “caen” quienes no pueden hacerlo. Así lo dio a entender el presidente Mauricio Macri durante la presentación en la Quinta de Olivos de los resultados del Operativo Aprender.
Macri explicó que “siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemáticas y cinco de cada diez no comprenden textos”. Agregó que “cuatro de cada diez alumnos de sexto grado no comprenden textos y en la escuela privada dos de cada diez”, lo que revela, dijo, “la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”. Aseguró, entonces, que “mi tarea es que todos los chicos, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades”.
El presidente calificó como “doloroso” el repaso de los resultados de la evaluación educativa realizada en octubre de 2016, pero aprovechó para referir que las medidas tomadas durante su gestión en la ciudad arrojaron en matemáticas, en ese distrito, resultados “muy superiores a la media”.
En medio de una fuerte avanzada del Gobierno contra los gremios docentes y una embestida contra la escuela pública que incluye ataques discursivos –como el calumnioso artículo del diario Clarín que comparaba livianamente las trayectorias educativas de dos chicos vecinos, uno de un colegio privado y el otro de uno público– y otros bien concretos –el permanente aumento de los subsidios a la educación privada en el contexto de recorte y subejecución crónica de programas que padece el área desde fines de 2015–, Macri trazó un crudo diagnóstico sobre la educación pública y cerró su exposición con el anuncio del Plan Maestro, un compendio de metas específicas para mejorar la calidad educativa que deben ser, dijo, “una gesta nacional”.
Basado en “el maravilloso acuerdo que hicimos en Purmamarca con todos los gobernadores y ministros” –en referencia al programa consensuado por el Consejo Federal de Educación en Jujuy en febrero del año pasado–, Macri anunció el envío al Congreso de de un proyecto de ley que, entre otras medidas, prevé que para 2026 todas las escuelas tengan jornada extendida, reducir en un 70% el abandono escolar y tener un 50% de maestros bilingües.
El Plan Maestro también supone la implementación de cambios en la carrera docente. En tal sentido Macri repitió: “Necesitamos que el Congreso apruebe la creación Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa”, un ente que los gremios docentes rechazan de plano, por considerar que, tal como está planteado en el proyecto impulsado por el Gobierno, tendría autonomía administrativa, técnica y operativa y habilitaría el financiamiento de organizaciones internacionales que podrían así influir y direccionar las políticas de evaluación, abriendo las puertas a tendencias privatizadoras y a la mercantilización de la educación.

Pablo Taranto
Tiempo Argentino

La lucha de la impunidad, a través de estos 41 años



Cooptación e intentos de estatización.

El recorrido de la lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar atraviesa tres décadas de gobiernos constitucionales.
A las sombras de la dictadura, el primer intento por borrar los atroces crímenes cometidos fue la llamada “ley de pacificación nacional”, promulgada el 22 de septiembre de 1983, con los militares todavía en el poder.
Se trataba de una ley de autoamnistía, ya que proclamaba la extinción de las acciones penales emergentes de los delitos comprendidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, cometidos “en ocasión o motivo de prevenir, conjurar o poner fin a actividades terroristas o subversivas”.
Es significativo que incluya el período anterior a 1976, una confesión de que la represión comenzó antes del golpe –con la Triple A y el Operativo Independencia, por caso.
Raúl Alfonsín pretendió garantizar la “transición democrática” impulsando que los genocidas fueran “juzgados” por tribunales militares, pero los milicos se negaron a hacerlo. Presionado por movilizaciones masivas que reclamaban juicio y castigo, en 1985, el gobierno alfonsinista procedió al juzgamiento de los popes de la dictadura, en lo que se llamó el Juicio a las Juntas, limitado a los integrantes de las juntas militares, y dejando libre de persecución penal a los demás partícipes y cómplices de la dictadura.
La mezquindad de las condenas fueron un duro golpe a las expectativas de familiares y sobrevivientes: apenas Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua; Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti recibieron penas de 17, 8 y 4 años respectivamente. Por último, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.
También fueron juzgados Firmenich y otros integrantes de la cúpula montonera, acorde a la “teoría de los dos demonios” que acuñaron Alfonsín y la Conadep.
El levantamiento carapintada, comandado por Aldo Rico, derivó en la firma del Acta Democrática del 19 de abril de 1987 –que solamente el Partido Obrero rechazó de entrada– y que significaría la completa capitulación de Alfonsín y todo el arco político patronal y finalmente derivaría en las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de la impunidad. El agravio final fueron los indultos de Carlos Menem.
Las movilizaciones continuaron bajo el gobierno de la Alianza, que rechazó los pedidos de extradición de los genocidas para ser juzgados en Europa.
Bajo una presión creciente de los tribunales internacionales y el acoso de manifestaciones locales cada vez mayores, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó a que su bloque votara el proyecto presentado por Patricia Walsh de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, bajo la condición de que se excluyera la anulación de los indultos.
Los gobiernos K dieron muestras soberbias de demagogia, pero guardaron silencio frente a la lentitud de los juicios, la desaparición de Julio López y finalmente promoverían al genocida César Milani a la jefatura del Ejército.
Con Macri en el poder, se intensificó la presión por la impunidad, la negación del genocidio por parte de los funcionarios y el gobierno resolvió dejar de apelar el beneficio de las prisiones domiciliarias a los represores. Apenas un puñado de genocidas cumple prisión efectiva. Los juicios todavía se desarrollan a cuentagotas.
Hoy, a 41 años de la dictadura genocida que acabó con una generación de luchadores, la lucha contra la impunidad sigue vigente.

Liliana Alaniz (APeL)

miércoles, 22 de marzo de 2017

Riqueza "offshore": ¿cómo saquean al país?



En 2016 se fugaron "legalmente" U$S 28.554 millones. Producto del saqueo del país existen unos U$S 400.000 millones que pertenecen a argentinos en el exterior.

La remisión de intereses y utilidades de las multinacionales imperialistas que actúan en el país se multiplicó por diez con el macrismo: pasó de U$S 306 millones en 2015 a U$S 3.162 millones el año pasado.
En lugar de invertir en nuevas fábricas, maquinarias o puestos de trabajo, y a pesar del "sinceramiento" de la economía, se aceleró la salida de ganancias. Ese comportamiento no es exclusivo de las empresas extranjeras. Por el contrario, es muy bien emulado por la mal llamada burguesía nacional.
Pero la remisión de intereses y utilidades es sólo una de las formas que adquiere la fuga. Otra modalidad “legal” es la denominada formación de activos externos: en 2016 sumó U$S 28.554 millones. Para dar sólo una medida de comparación: esos recursos equivalen a casi 1,5 millones de salarios anuales de $ 23.000 al mes.
Aunque en la formación de activos externos se contabiliza la compra de dólares por parte de pequeños ahorristas que buscan preservar sus ahorros en el “colchón” frente a la inflación y de empresas de baja escala, se sabe que la mayor parte de esta fuga la realiza el gran capital.
En 2014 el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, mientras era CEO de Shell, fue denunciado por la compra de U$S 4,5 millones para presionar por el alza del tipo de cambio. Es sólo un botón de muestra de quiénes son los dueños de los dólares en el país.
Los especialistas estiman que la verdadera fuga (la “legal” más la ilegal) duplica lo que se exhibe en los registros oficiales. Son habituales la falsificación de las declaraciones de exportaciones e importaciones o la manipulación de los precios del comercio exterior, entre otras maniobras para sacar dólares del país.
Producto de años y años de saqueo, la fuga de capitales de argentinos en el exterior, según diversas estimaciones, podría alcanzar a U$S 400.000 millones. ¡Equivale a más del 70 % de lo que produce el país (el PIB) en un año!
Los “pagadores seriales” no sólo desembolsaron más de U$S 200.000 millones de dólares de deuda, como reconoció Cristina Fernández. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina la remisión de intereses y utilidades de multinacionales totalizó U$S 24.606 millones. Incluso, en muchos años, la salida de ganancias de las empresas imperialistas superó los U$S 3.162 millones que se fugaron durante el primer año de Mauricio Macri en el Gobierno. Como si fuera poco, los egresos por la formación de activos externos, esa otra forma de fuga "legal", alcanzó la friolera de ¡U$S 212.717 millones!
El “cepo” cambiario apenas fue una medida de última instancia cuando la restricción externa puso fuertes límites al esquema económico y cuando el saqueo ya se había efectuado en gran escala.
Con el Frente para la Victoria tanto como con Cambiemos, la operación de la deuda externa está en manos de grandes bancos como la J.P. Morgan, que actualmente, a pesar de la ida de Alfonso de Prat Gay, tiene muchos ex empleados en el gabinete económico, como el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo. Pero también participan el Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank y HSBC, entre otros.
El Gobierno de Mauricio Macri inició una escalada de la deuda pública, la cual implica una hipoteca presente y futura para la clase trabajadora. Mediante ese endeudamiento está financiando una fuga descomunal de riqueza del país por parte de "agentes" privados.
¿Alcanzan todos los recursos que se fugan de la economía nacional a través de la remisión de intereses y utilidades, de la formación de activos en el exterior y la deuda externa para repartir las horas de trabajo y crear nuevos puestos?
Los números muestran que no sólo alcanzan, sino que sobran los recursos, por lo cual, además, se podrían construir viviendas, hospitales y escuelas, entre otras necesidades urgentes, mediante un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores.
¿Es fácil lograrlo? Para nada. Recordemos que en 2001 mientras se aplicaba el “corralito” a los ahorros de sectores de clase media y trabajadores, los bancos desconociendo esa medida se llevaban los dólares en camiones para sacarlos del país a través de Ezeiza. El sistema bancario es el que facilita ese drenaje permanente de dólares hacia el exterior.
Una medida que ataque de frente ese robo cotidiano que se hace de las riquezas del país para destinar esos recursos a atender las necesidades del pueblo trabajador, obligaría a una lucha por la expropiación de los bancos y su concentración en una banca nacional única, como así también el control de cambios para evitar esa gigantesca fuga, en la perspectiva de una mayor planificación económica para combatir el caos de mercado capitalista. Es decir, atacaría necesariamente la propiedad capitalista. Sólo un gobierno de trabajadores podría llevar adelante estas medidas.
O se pone por delante las necesidades del pueblo trabajador o las ganancias de las empresas que se fugan permanentemente al exterior. Esa es la discusión.

Pablo Anino
@PabloAnino

Fuga de capitales: ¿existen recursos para repartir las horas de trabajo?



Al mismo tiempo que avanzan los despidos la remisión de ganancias al exterior está pegando un salto exorbitante.

Frente a la creciente desocupación y la insaciable búsqueda de los empresarios para que los trabajadores dejen la vida en las fábricas y lugares de trabajo, el PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) está realizando una propuesta para que la crisis la paguen los capitalistas que la generaron: la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.
Muchas compañeras y compañeros hacen la siguiente pregunta: “¿Hay recursos para repartir las horas de trabajo y generar miles de puestos de trabajo?”. La respuesta es clara: sí, existen recursos.
Las empresas que despiden y suspenden trabajadores, como General Motors o Volkswagen, entre otras multinacionales, dicen que los números no dan, pero la fuga de ganancias lo desmiente.
Una de las vías de esa fuga es la remisión de intereses y utilidades de las multinacionales: pasó de ser U$S 306 millones en 2015 a multiplicarse por diez en 2016, año en el que se llevaron del país U$S 3.162 millones. Este monto es equivalente a 160.000 salarios anuales de $23.000. Pero mientras se promete una “lluvia de inversiones” en realidad se hace lo contrario: se saquea el país y se ataca a los trabajadores.
No es muy distinta la conducta del empresariado “nacional”. El lunes se conoció que siete argentinos figuran en la lista de los más ricos del mundo elaborada por la revista Forbes: Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Jorge Horacio Brito, Eduardo Constantini y Marcos Galperin. Sus fortunas alcanzan a U$S 12.430 millones. Muchos de ellos figuran en otra lista: la de “fugadores seriales” de los Panamá Papers.
Son solo un “ejemplo” de lo que hace habitualmente el empresariado “nacional”, más interesado en refugiar sus ganancias en paraísos fiscales que en invertir en el país.
Un documento del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (Cetyd) señala que el 43 % de los puestos de trabajo perdidos entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercero de 2016 tuvo lugar en las grandes empresas (con más de 1.000 empleados), tanto nacionales como extranjeras.
Ni que mencionar que esas patronales, si se les exige que dejen de fugar sus ganancias, pondrían el grito en el cielo antes que volcar esos recursos a repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, garantizando un salario equivalente a la canasta familiar.
Para defender las condiciones de vida del pueblo trabajador no queda otra que atacar las ganancias de la clase capitalista, que explota y oprime diariamente a las mayorías.

Pablo Anino
@PabloAnino

Los docentes desbordaron la Plaza de Mayo.

Pitrola a Marcos Peña: "Su gobierno hoy fue derrotado políticamente por la docencia"

El diputado del Frente de Izquierda cruzó al Jefe de Gabinete por la masiva movilización de maestros.

El diputado del Partido Obrero, Néstor Pitrola, quien preside el Bloque FIT, interpeló a Marcos Peña sobre el conflicto educativo y las jubilaciones, entre otros temas, en el marco del informe periódico que debe realizar el Jefe de Gabinete ante ambas cámaras del Congreso.
“Hoy un millón de educadores están en huelga”, así inició Pitrola su intervención. “Su gobierno, que apostó a quebrar la lucha docente, convocando reemplazantes truchos, aplicando descuentos y amenazando con sanciones, ha sido derrotado políticamente por una manifestación de carácter masivo”, señaló.
Y siguió: “¿Le parece un reclamo político que el docente gane $15.000 de básico en blanco cuando la canasta de pobreza según el gobierno de la capital es de $14.000?”, preguntó Pitrola, quien comparte el bloque con los diputados del PO Pablo López y Soledad Sosa, y cuestionó: “Usted informó que el Estado dejó de percibir $57 mil millones en retenciones agropecuarias y mineras. ¿Con ese dinero no se hubiese saldado el pedido de aumento de los docentes?”.
Sobre las jubilaciones, Pitrola increpó a Peña ante la afirmación del Presidente de que la mínima jubilatoria era alrededor de $9.000 y dijo: “¿Están dispuestos a aplicar ese 45% de diferencia con la mínima real reponiendo los aportes patronales que rebajó Menem en 1993 y que hoy reportarían más de 400 mil millones anuales?”.
Con respecto al protocolo de seguridad, Pitrola señaló: “Ni el fracaso económico de su gobierno, ni la insurgencia social, resultante del ajuste que aplica su gobierno, se van a resolver con un protocolo represivo en una Argentina que en este mes de marzo tuvo a más de medio millón de personas movilizadas”.
El diputado del PO, en diálogo con los medios, señaló: “Peña no negó la denuncia que hicimos en torno al pacto secreto que habría con el Banco Central para operar una flotación sucia del dólar y operar una devaluación”.

Gran Marcha Federal y postergación de la burocracia



La multitudinaria movilización dejó planteado el mandato de ir a fondo hasta quebrar el tope.

Luego de tres semanas de paros y movilizaciones, los docentes de todo el país dieron con la Marcha Federal del día de hoy una prueba contundente de la vitalidad de esta lucha contra los topes paritarios y en defensa de la educación pública.
La imagen de la Plaza de Mayo y sus alrededores colmada de manifestantes es la respuesta más contundente a la larga cadena de provocaciones de los gobiernos de Macri, Vidal y los gobernadores.
Las direcciones burocráticas de las gremiales docentes destacaron en el acto en la Plaza la presencia de 400.000 manifestantes, para desconocer a renglón seguido el mandato que planteaba esta convocatoria multitudinaria: la continuidad del paro hasta quebrar el ajuste. Entre un sinfín de diatribas y exhortaciones para la tribuna, se anunció la postergación de la próxima medida hasta el 30 de marzo.
El anuncio de Sonia Alesso, de Ctera, sintoniza con las "medidas alternativas" que propuso Baradel al paro que los educadores protagonizaban por miles.
La burocracia no se privó intentar sumar la movilización en el redil del kirchnerismo, con la pretensión de desconocer el largo derrotero antieducativo de los gobiernos de Néstor, CFK, Scioli y demás nac&pop –que incluyó la destrucción del salario básico, el avance de la privatización creciente, el reforzamiento de la provincialización de la educación y hasta el crimen de Carlos Fuentealba– y el hecho de que Alicia Kirchner sea hoy una "abanderada" de los embates contra maestros y estatales en su provincia, Santa Cruz. "Hay que generar una alternativa en la calle para que esta Plaza vuelva a estar llena en 2019, como lo estuvo hace unos años", proclamó Defeo, secretario general de Conadu, en obvia referencia a los nac&pop.
La movilización multitudinaria de la docencia ratifica la necesidad de retomar el curso de asambleas y plenarios de delegados con mandato para continuar el plan de lucha y preparar la huelga general educativa hasta quebrar el ajuste educativo.

Tomas Eps @tomaseps

Para Macri, es una inequidad "caer" en la escuela pública



Macri hizo una pausa, pensó las palabras que diría y luego las pronunció detenidamente: la terrible inequidad -dijo- de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. De este modo el presidente -en medio de la disputa salarial de los docentes con el gobierno- aprovechaba para admitir y exhibir su preferencia por la escuela privada sobre la pública. Algunos resultados de la prueba Operativo Aprender, que Macri exponía en ese momento, arrojaban resultados negativos en cuanto a los niveles de conocimiento y aprendizaje de los estudiantes.
Es preciso recordar que el Operativo Aprender fue rechazado por la comunidad educativa e incluso se llegaron a tomar establecimientos para evitar su puesta en marcha. Es que se trata de una prueba externa al sistema educativo, bajo la forma del laberinto capcioso de las opciones múltiples, desligada por completo de las condiciones sociales de los alumnos y del cuadro de destrucción de las escuelas. El “operativo” tenía por función establecer un ranking de escuelas, alumnos y docentes (peligroso paso hacia un sistema de ‘premios y castigos’ y hacia el salario por mérito y el ataque a la estabilidad laboral) y poner en el banquillo de los acusados a la docencia y responsabilizarla del derrumbe de la educación argentina.
Sin embargo, los datos de la realidad condenan a los gobiernos anteriores y al de Macri mismo como responsables de tal derrumbe. Por eso mismo, el presidente no podría desmentir que los resultados del Operativo Aprender se enmarcan en una sostenida desinversión del Estado en la educación, a la vez que las escuelas públicas de gestión privada -es decir, colegios confesionales (en su mayoría) que cobran cuotas a los alumnos- reciben suculentos subsidios del Estado sin los cuales no podrían sostenerse. Que a la escuela pública se caiga en detrimento de la posibilidad de ir a una privada no es sino una provocación más contra la docencia y la educación pública en general en medio de los paros de los maestros en defensa de sus salarios.
El Operativo Aprender quiere lavar la cara de los gobernantes, responsables de la crisis en la educación. Por caso, Macri mismo gobernó ocho años la ciudad de Buenos Aires en los que de manera permanente hubo un sostenido retroceso en los parámetros educativos. Para maquillar estas responsabilidades políticas, el Operativo Aprender excluye elementos primordiales a la hora de evaluar el rendimiento de la educación pública y los estudiantes, como el desfinanciamiento educativo expresado a través de los ajustes en los presupuestos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la participación presupuestaria en educación disminuyó del 27,8% en 2011 al 18,5% en 2017: esto sí se trata de una verdadera "caída". A la vez, esos mismos presupuestos se subejecutan mientras se aumenta el subsidio a la educación privada, confesional (y regida por la Iglesia Católica) en su mayoría.
Macri no hizo referencia a las reformas y contrarreformas aplicadas en todos los niveles educativos y que devalúan los contenidos a enseñar, las orientaciones educativas y las titulaciones de los docentes. Más importante, el presidente no tomó como elemento para el análisis de la educación las condiciones materiales en las que se desarrolla la escuela pública, las carencias materiales y simbólicas que dificultan la tarea educativa ni la falta de profesionales ni equipos suficientes para abordar la creciente miseria social que rodea a la escuela y que estalla dentro de las aulas. Nada de esto fue mencionado por el presidente que, a pesar de haber concurrido al exclusivo colegio privado Cardenal Newman, desconoce cuánto cobra un jubilado con la mínima.
La pauperización del trabajo docente también explica la crisis educativa. Los docentes deben trabajar entre dos y tres turnos para llegar a un salario que se acerque a la canasta familiar. A la pauperización salarial se le suman las condiciones de trabajo precarias –infraestructura, falta de libros y recursos–. Todos estos factores son fruto de la acción antieducativa de los gobiernos anteriores y que se mantiene y profundiza bajo el gobierno macrista. La huelga docente es una forma de defender la escuela pública.
El proyecto educativo del macrismo no se ejerce en soledad. El ministro de educación Esteban Bullrich anunció que el proyecto que enviarán al Congreso Nacional tiene el apoyo de todos los gobernadores que, a través del Consejo Federal de Educación, vienen apoyando la política educativa desde el encuentro Purmamarca en febrero del 2016 a la fecha.
Los docentes, los estudiantes y las familias que conforman la comunidad educativa conocen las condiciones en las que se enseña y se estudia y saben que la responsabilidad por la crisis educativa corresponde a los gobiernos que sistemáticamente atacaron y atacan a la escuela. Para Macri, a la escuela pública "se cae". Todo lo contrario de la docencia que hoy hace paro en defensa de la educación pública, pasa sacarla de la caída en la que la condenan las políticas de los capitalistas.

Amanda Martín

Néstor Pitrola responde a un ataque en el diario Clarín



"Los Amato sangran por la herida".

En su columna “La Tronera” de hoy en Clarín, el periodista Alberto Amato se indigna porque calificamos de “dominguero” al tardío paro del 6 de abril convocado por la CGT. Nos acusa de lo que nos enorgullecemos, tomar un término de los 60 y 70, cuando el clasismo del Cordobazo acusaba de materos a los paros de la burocracia peronista de la época. Algo que acaba de reivindicar el triunviro Carlos Acuña cuando dijo que el paro era “para quedarse en casa tomando mate”. También explicó que la medida “no es contra nadie, es un desahogo”.
Ocurre que la burocracia tuvo que ponerle fecha al paro al cabo de la rebelión de 200 mil trabajadores que la puso en fuga del palco el pasado 7 de marzo. Estiraron el paro matero para abril para desprenderlo de la estratégica huelga docente que reclama una inmediata medida de conjunto. El paro-desahogo es para desinflar las luchas contra el ajuste como la heroica ocupación de los gráficos de AGR Clarín, que lleva 65 días e ignora el periodista a pesar de tener tan cerca a los compañeros de la misma patronal a la que ha copiado el libreto. Para desinflar General Motors, la movilización de Baradero, el paro de la CGT San Lorenzo y siguen firmas.
Amato, como Macri y su cría ajustadora, teme a los paros activos. Fueron paros de ese tipo los que produjeron giros históricos. El 17 de octubre de 1945 contra una dictadura, abriendo un nuevo período histórico, el Cordobazo que puso fin a otra dictadura, la de Onganía o la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 que puso en fuga a Cavallo y De la Rúa. Justamente la burocracia “triunvira” evitó otra fecha emblemática: la del 30 de marzo de 1982, cuando otro paro activo reprimido por los militares del proceso, precedió a la caída de la dictadura genocida. Esta burocracia agotada y entregada, usó esa fecha el año pasado para “parlamentarizar” el reclamo contra los despidos, pero cuando la ley que salió fue vetada por Macri ni siquiera amagó a un paro dominguero, que volvió a convocar sin fecha en la primavera pasada, para no hacerlo nunca. Hasta que centenares de miles de gargantas se lo impusieron so pena de que empiece directamente por abajo.
Amato ironiza que pretendemos enseñar al peronismo cómo hacer un paro, pero se equivoca, no aprenden más. Son una casta frenadora, empresarial, de barras bravas, asentada en el Estado, socia de las patronales y sus chanchuyos, enemiga de las bases y la democracia sindical. Es el peronismo sindical heredero de las Tres A, de Menem, de Duhalde y su puente Pueyrredón.
Amato apela a la estafa para confundir ante el ascenso del PO y la izquierda clasista. Nos emparenta con el PC de la Unión Democrática del 1945 “que la vio pasar desde el puente”, pero el PO nació como antípoda histórica de esa izquierda gorila que hoy –y desde hace tiempo- está asimilada al peronismo y más recientemente al kirchnerismo. También con el guerrillerismo montonero que se subordinó a Perón, al cual el PO refutó políticamente en tiempo real. Le duele a los Amato una izquierda que no es furgón de cola de las variantes del sistema que hundieron la Argentina. Esta izquierda basada en la independencia política de los Massa, los Pichetto, del kirchnerismo y de Cambiemos, es decir en la independencia política de los explotados de sus explotadores. Les duele que esté conquistando sindicatos, cuerpos de delegados, centros de estudiantes y conquiste crecientes posiciones políticas y parlamentarias.
La CGT es la AFA, Amato. Nos acusás de nostálgicos, pero perdiste el tren de la historia. Lucharemos por un paro activo nacional que ponga un millón de trabajadores en la calle para derrotar el ajuste, por un salario equivalente a la canasta familiar, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para poner fin a los despidos, por la estatización y puesta bajo control obrero de toda fábrica que cierre, por el 82% móvil basado en la vuelta de los aportes patronales que Menem regaló al capital.
Por ahora, sólo por eso, Amato.

Néstor Pitrola

El Gobierno debió explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la persecución a Milagro Sala

El representante del CELS denuncia “una intolerable persecución contra toda forma de protesta por parte del Gobierno"

El Gobierno nacional y de Jujuy intenta explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington sobre represión, criminalización y persecución de la sindicalización y la protesta social.
En ese sentido, el caso de Milagro Sala no fue el centro de la audiencia pero estuvo como parte de la discusión de fondo: la dirigente social detenida y enjuiciada por reclamar ser recibida por el Gobierno provincial de Gerardo Morales. Expondrán organizaciones sociales, sindicales, y organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional.
Horacio Verbitsky, en representación del CELS, fue uno de los más duros contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Sostuvo que hay en la provincia “una intolerable persecución contra toda forma de protesta por parte de un Gobierno que quiere ser juez y parte”, y señaló que “se priva de sus derechos civiles y políticos a quienes protesta de manera anticonstitucional y anticonvencional”.
En ese sentido, pidió la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta.
Al finalizar esa audiencia, se pasó a discutir sobre el impacto de los recientes cambios en la política migratoria que introdujo el Gobierno de Mauricio Macri.
El Estado nacional está representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y la provincia de Jujuy, por el fiscal de Estado, Mariano Miranda.
Los funcionarios señalaron que está plenamente garantizado el derecho a la libertad de expresión en Jujuy. “No hay una disociación entre lo que planteamos, los objetivos que queremos lograr y lo que hacemos", aseguró Avruj e insistió con que "somos una sociedad respetuosa de sus derechos en el más amplio sentido”.

Tiempo Argentino

Intelectuales y artistas del mundo preocupados por los abusos de Macri en Argentina

Noam Chomsky, Piedad Córdoba, Danny Glover, Domenico Losurdo e István Mészáros, entre los más de cien firmantes

Más de un centenar de intelectuales, artistas, defensores de DDHH, comunicadores y referentes políticos y gremiales del mundo entero adhieren a una declaración donde manifiestan “la más plena solidaridad con el pueblo argentino, que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri”.
Entre las primeras firmas del documento se destacan el filósofo estadounidense Noam Chomsky, la defensora de DDHH colombiana Piedad Córdoba, el actor norteamericano Danny Glover, el periodista brasileño Emir Sader, el filósofo italiano Domenico Losurdo y el destacado profesor de la Universidad de Sussex, István Mészáros, entre otros.
En el documento, los firmantes destacan que “Argentina tuvo relevancia internacional por diversos casos de corrupción por los que están siendo investigados el presidente y su entorno: Panamá Papers, Odebrecht, Avianca, Correo Argentino”. Tras ello cuestionan la prisión de Milagro Sala, destacando los pronunciamientos de ONU, Parlasur, OEA y Amnesty en torno a la “arbitraria” detención.
"Hay en Argentina un millón y medio de pobres nuevos desde el inicio de mandato de Macri, lo que demuestra en cifras la gravedad de la situación” dicen, manifestándose solidarios también con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien “sufre un embate judicial-comunicacional cada vez más pronunciado, lo que termina de conformar un cuadro de grave agresión a la democracia”.
Los firmantes representan a una veintena de países: EEUU, Canadá, Italia, Suiza, Francia, Inglaterra, Portugal, Chile, México, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Bolivia, Puerto Rico, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Brasil. Finalizan el comunicado afirmando que “c ontra los abusos del gobierno de Macri, decimos: el mundo está con Argentina”.

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COMUNICADO COMPLETO

CONTRA LOS ABUSOS DE MACRI

EL MUNDO CON ARGENTINA

Los y las abajo firmantes, intelectuales, artistas, defensores de DDHH, comunicadores y referentes políticos y gremiales del mundo entero, manifestamos nuestra más plena solidaridad con el pueblo argentino, que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.
En apenas quince meses, Macri impulsó miles de despidos tanto en la esfera pública como privada, devaluó la moneda, quitó derechos laborales con la nueva ley de ART, avanzó sobre los jubilados y sus medicamentos gratuitos, y trató de poner tope a los reclamos salariales ante una inflación que no cede. La profunda caída de la actividad económica, particularmente la industria, se evidencia en una creciente pauperización social: hay en Argentina un millón y medio de pobres nuevos desde el inicio de mandato de Macri, lo que demuestra en cifras la gravedad de la situación.
Durante estos meses, además, Argentina tuvo relevancia internacional por diversos casos de corrupción por los que están siendo investigados el presidente y su entorno: Panamá Papers, Odebrecht, Avianca, Correo Argentino, entre otros. A esto se le suma el injusto encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy, hecho que ameritó que diversas organizaciones internacionales (ONU, Parlasur, OEA, Amnesty, entre otras) calificaran como “arbitraria” la detención, pidiendo la inmediata liberación de la parlamentaria del Mercosur.
Manifestamos, asimismo, nuestra más plena solidaridad con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufre un embate judicial-comunicacional cada vez más pronunciado, lo que termina de conformar un cuadro de grave agresión a la democracia.
Contra los abusos del gobierno de Macri, decimos: el mundo está con Argentina

Adhesiones a: argentinaredh@gmail.com

Primeras firmas:

Noam Chomsky (Filósofo, EEUU); István Mészáros (Filófoso. Universidad de Sussex, Inglaterra); Danny Glover (Actor, EEUU); Roberto Fernández Retamar (Presidente Casa de las Américas, Cuba); Domenico Losurdo (Filósofo, Italia); Atilio Boron (REDH Argentina); Piedad Córdoba (Poder Ciudadano, Colombia); Emir Sader (Periodista, Brasil); Miguel d'Escoto Brockmann (ex Canciller Nicaragua); Paulo Pimenta (Diputado PT, Brasil); Roy Chaderton Matos (Diplomático, Venezuela); Carmen Bohórquez (REDH Venezuela); Ángel Guerra (REDH México); Fernando Buen Abad (Filósofo México); Gilberto López y Rivas (La Jornada, México); Stella Calloni (Periodista, Argentina); Luis Britto García (Escritor, Venezuela); Alfredo Serrano Mancilla (Director CELAG); Juliana Marino (Ex Embajadora de Arg en Cuba); Telma Luzzani (Periodista, Argentina); Fernando Rendón (Poeta, Colombia); Katu Arkonada (REDH Bolivia); Alicia Castro (Ex Embajadora de Arg en Reino Unido); Vilma Soto Bermúdez (MINH Puerto Rico); Omar González (REDH Cuba); Gayle McLaughlin (Concejal de Richmond, California, EEUU); Hugo Urquijo (Psiquiatra, Argentina); Rosario Cardenas (Coreógrafa, Cuba); Horacio López (CCC, Argentina); Aurelio Alonso (Casa de las Américas, Cuba); Juan Manuel Karg (REDH Argentina); Paula Klachko (Undav, Argentina); Wilma Jung (Periodista, Suiza); Luis Cuello (Otra Prensa, Chile); Winston Orrillo (Premio Nacional de Cultura, Perú); Ammar Jabour (Venezuela); Volker Hermsdorf (Periodista, Alemania); Alicia Jrapko (REDH EEUU); Ricardo Canese (Parlamentario Parlasur, Paraguay); José Steinsleger (Periodista, México); Homero Saltalamacchia (UNTREF, Argentina); Márgara Millán (UNAM México); Saúl Ibargoyen (Poesta, Uruguay); Francisco José Lacayo (REDH Nicaragua); Liliana Duering (Pintora, México); Pablo Vilas (Secretario Política Internacional La Cámpora, Argentina); Bruce Franklin (Escritor, EEUU); Cristina Steffen (UAM, México); Marta de Cea (Promotora cultura, México); Luigino Bracci Roa (Comunicador, Venezuela); Pablo Imen (CCC, Argentina); Modesto López (Documentalista, México); Antonio Eduardo Soarez (Portugal); Rino Muscato (Italia); Pedro Véliz Martínez (Presidente Sociedad Cubana de Medicina, Cuba); Sofia M. Clark d'Escoto (Politóloga, Nicaragua); Jane Franklin (Historiadora, EEUU); Judith Valencia (Economista, Venezuela); Joan Brown Campbell (Ex Secretaria General de Consejo Nacional de Iglesias, EEUU); Graylan Hagler (Pastor Congregación de Iglesias Unidas de Cristo, Washington, EEUU); Luis Suárez Salazar (Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Cuba); Gonzalo Gosalvez Sologuren (Economista, Bolivia); Arturo Corcuera (Premio Poesía Casa de las Américas, Perú); Hildebrando Pérez Grande (Premio Poesía Casa de las Américas, Perú); Iván Padilla Bravo (Periodista, Venezuela); Diana Conti (Diputada, Argentina); Jorge Barrón (Director Videoteca Barbarroja, Bolivia); Julio Escalona (Escritor, Venezuela); Chiqui Vicioso (Escritora, República Dominicana); Ariana López (REDH Cuba); Hernando Calvo Ospina (Escritor, Francia); Farruco Sesto (Profesor, Venezuela); Jorge Ángel Hernandez (Cuba); Pedro Calzadilla (Ex Ministro de Educación, Venezuela); Vicente Otta (Sociólogo, Perú); Bruno Portuguez (Pintor, Perú); Juan Cristobal (Premio Nacional de Poesía, Perú); Alirio Contreras (Escritor, Venezuela); Carlos Aznarez (Periodista, Argentina); María do Socorro Gomes Coelho (Presidente Consejo Mundial de la Paz); Jorge Drkos (Ex Senador Arg, FPV); Néstor Francia (Comunicador, Venezuela); Verónica González (Concejal Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina); Roger Landa (REDH, Venezuela); Alejandro Dausá (Teólogo, Bolivia); Liliana Franco (Diseñadora, Uruguay); Reynaldo Naranjo (Poeta, Perú); Ana María Intili (Poeta, Perú); Rosina Valcárcel (Poeta, Perú); Fanny Palacios Izquierdo (Poeta, Perú); Jorge Luis Roncal (Editor, Perú); Julio Dagnino (Educador, Perú); Feliciano Atoche (Arquitecto, Perú)

¿Estamos en guerra?

Panorama sindical

El Presidente Mauricio Macri comparó la situación actual de la educación en la Argentina a la del Japón después de la II Guerra Mundial.
“Para que un país pueda levantarse, la escuela nunca debe parar”, publicó en las redes sociales, acompañando la frase de una foto de un grupo de alumnos recibiendo clases de su maestro en medio de Hiroshima destruida por la bomba atómica.
Con nueve días de paro sobre diez hábiles desde que se inició el ciclo lectivo, María Eugenia Vidal avanza con los procesos administrativos para sancionar a los gremios que no aceptaron la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, pidió el inicio de un sumario en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que determine si corresponde quitar la personería jurídica a los sindicatos “rebeldes”. Y también comenzó un proceso en el organismo provincial que podría derivar en multas de hasta 600 millones de pesos para las organizaciones docentes.
Mientras tanto, el viernes se cumplió el noveno día de huelga en los establecimientos públicos provinciales convocada por Suteba, Udocba y Uda. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras entidades menores no se sumaron, pero la FEB, en un congreso que sesionó al mediodía, habilitó a sus dirigentes a disponer nuevas acciones directas dentro del Frente Docente y el lunes resolverá si adhiere a los paros del martes 21 y miércoles 22.
A los gremios docentes, se sumaron el jueves judiciales de la AJB, médicos de la CICOP, auxiliares de educación y estatales de ATE que realizaron un paro de actividades en toda la provincia y movilizaron 60.000 personas a la gobernación en La Plata, para reclamar mejoras salariales y paritarias libres.
La Ciudad de Buenos Aires dio por cerrada la negociación salarial y aplicará desde marzo un piso de aumento en cuotas del 19,75%, el adelanto de las cuotas y un salario inicial de $ 13.000, según informó Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña.
Organizaciones gremiales docentes convocan a una marcha de antorchas este lunes 20 de marzo desde la Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco.
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, anunció que no descontará los días a los docentes que realizaron paro y expresó su respaldo al reclamo de convocar a la paritaria nacional. El viernes el gobierno pampeano propuso tres cuotas: 6% retroactiva a febrero, 6% en mayo y 8% en agosto, con cláusula gatillo en noviembre.
El próximo 22 de marzo a las 15:00 en Plaza de Mayo está convocada la Marcha Federal Docente.
Finalmente, la CGT convocó a un paro sin movilización para el próximo 6 de abril, una fecha alejada del conflicto docente.

Otra semana de cortes y piquetes

Esta semana se dieron dos grandes luchas desde las organizaciones que buscan conquistar derechos para los sectores más precarizados.
Ante la falta de implementación de los acuerdos establecidos entre el gobierno y el triunvirato piquetero (CTEP, CCC, Barrios de Pie), este sector retornó con fuerza el miércoles pasado a las calles y puentes, sumando a su vez a otras organizaciones, como el Frente Popular Darío Santillán.
Decenas de miles de trabajadores en todo el país salieron a reclamar el funcionamiento efectivo del acordado Consejo de Emergencia Económico y Social para traducir los 30.000 millones de pesos de ese acuerdo en una paritaria integral con el Estado donde se incremente el monto del pago por los distintos programas de trabajo y un salario social complementario, entre otras demandas.
Mientras la movilización del triunvirato piquetero implicó una presión para formalizar su acuerdo con el gobierno, el acampe del martes 14 frente al Ministerio de Desarrollo Social lo sorprendió y desubicó, por la capacidad de reactivar el Frente de Lucha como protagonista del sector, restaurando la unidad interna y acordando unidad en la lucha con el Polo Obrero. Un protagonismo basado en una masividad cualitativa del Acampe, donde cerca de 8.000 trabajadores mostraron un elevado espíritu de lucha, forzó al gobierno a llegar a un acuerdo impensable hasta el día anterior. Acordó a las dos de la mañana incrementar los planes y recursos al Polo Obrero, retirándose éste del Acampe en ese momento. En cambio le costó bastante más cerrar un acuerdo con el Frente de Lucha, lo que puso en aprietos al gobierno ante la simultaneidad de la medida con los cortes a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires de parte del triunvirato piquetero.
En la Asamblea de cierre del Frente de Lucha, ya cerca de las 14:00 sobre Av. de Mayo, se leyó el siguiente comunicado:
“Las conquistas conseguidas en estos días significan un avance y mejoramiento en las condiciones de vida de muchas personas que hoy padecen la crisis económica, pero entendemos que las políticas sociales implementadas están lejos de solucionar los problemas estructurales que nos aquejan, y así poder alcanzar los ingresos acordes para sostener a nuestras familias.
Al mismo tiempo exigimos que se implemente la Ley de Emergencia Social que fue aprobada hace tres meses en el Congreso de la Nación y que hasta el momento, de los 30 mil millones de pesos dispuestos, no se ha ejecutado ni un solo centavo.
Por estas razones entendemos que es urgente convocar a un paro nacional activo para discutir paritarias sin techo para nuestro sector y así alcanzar el sueldo mínimo que equipare el costo de la canasta básica.
Con lucha y organización, una vez más, conseguimos trabajo. La unidad de los trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores sigue siendo la salida para la enfrentar la política de hambre y de ajuste de Cambiemos.
Seguiremos en las calles en busca de trabajo y dignidad apostando por el cambio social.”
Son 120.000 asistentes más a los merenderos en la provincia de Buenos Aires durante 2016. Y 20.000 más en el primer bimestre de 2017.
Los conflictos sociales empiezan a afectar la imagen del Presidente. Por primera vez hay más argentinos que desaprueban su gestión (44,2%) que los que la valoran (40,2%), de acuerdo a una encuesta de Management & Fit. También cayó 4 puntos la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque sigue siendo la figura política con mejor imagen del gobierno.

Conflictos en organismos oficiales

Los trabajadores de maestranza del Ministerio de Trabajo, nucleados en el SITMA, protagonizaron un corte de la Avenida Leandro Alem y una olla popular bajo el lema #TriacaHaceteCargo. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la empresa Imantec, que se niega a pagarles los salarios, pero también contra las autoridades del Ministerio de Trabajo que actúa en complicidad con la patronal para desgastar a los trabajadores.
Así se han negado a hacerse cargo de los salarios, no han movido un dedo para intimar a la empresa y ante las condiciones insalubres de higiene producto de la retención de tareas de maestranza, ha contratado personal adicional para limpiar los edificios centrales por la noche.
A la olla popular y el acto frente a la puerta del Ministerio se hicieron presentes un importante número de trabajadores del Ministerio, que acompañaron la medida de fuerza y han aportado masivamente para el fondo de lucha.
Los trabajadores del Indec se encontraban realizando una medida de fuerza, dispuesta por la Comisión Gremial Interna de UPCN, en reclamo del pago de un plus salarial que se abonó tradicionalmente en el organismo, desde los ‘90, denominado horas censales y que se cortó desde fin de año.
El plus, de algo más de $ 1.000 mensuales, sería una forma de compensación por los bajos salarios, por lo que su eliminación se siente sensiblemente en los bolsillos de los empleados que vieron recortados sus ingresos.
En ese contexto, Jorge Todesca, director del organismo, increpó a los trabajadores por hacer la huelga y les reclamó explicaciones. Primero les pidió a los delegados que se callaran y luego que se retiraran. Pero en lugar de sumisión, las delegadas le retrucaron: “Primero nos tiene que dar explicaciones usted. ¿Qué pasa con las horas censales? Hace tres meses que no cobran los compañeros”.
La charla termina con Todesca saliendo, con custodios, y amenazando a los trabajadores con realizar una denuncia policial por “atentar y destruir las instalaciones” del organismo, aunque se vio claramente que no había daño alguno sobre los bienes del Indec.

Paritarias: los aceiteros picaron en punta

Un plenario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOD) resolvió el jueves, que reclamará un incremento salarial en línea la estimación del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil en la inminente negociación paritaria de la actividad.
La decisión contempla elevar de $ 19.000 a $ 25.779 el salario básico inicial de la actividad, lo que representa un incremento del 35,7%, muy por encima de la política oficial sostenida por el macrismo, que alienta recomposiciones salariales en torno al 18%.
A esa suma, el gremio que lidera Daniel Yofra añade el reclamo de actualización de los respectivos adicionales de convenio.
El plenario, además, mandató a la Federación a “iniciar las medidas de fuerza que considere necesarias, tanto de cara a la negociación colectiva en el marco del vencimiento del último acuerdo salarial, como en el marco de la solidaridad de clase con otros sectores de la clase obrera en lucha”.
Los médicos bonaerenses decidieron seguir adelante con su plan de lucha y volverán a parar en reclamo de la convocatoria a paritarias por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, entre otras cuestiones laborales. Será por 48 horas el martes y miércoles próximos en coincidencia con el paro docente.

Despidos que no cesan

El mismo día que Macri visitó Peugeot, 70 trabajadores del call center de la firma fueron notificados de sus despidos, ya que la compañía decidió mudar el sector a Colombia, donde pagan salarios más bajos.
“La economía empieza a crecer, pero para mucha gente todavía no arrancó”, decía Mauricio Macri al tomar la palabra en una visita que realizó a la reinauguración de la planta de PSA-Peugeot en El Palomar, en la provincia de Buenos Aires.
Clienting Group es una Pyme de capitales nacionales que emplea alrededor de 200 personas, entre las cuales 70 se encargan de realizar el servicio de atención al cliente para Peugeot-Citroën Argentina desde hace 12 años.
Clienting Group les informó a los empleados de esta campaña, que no tiene puestos laborales para reubicarlos ni dinero para indemnizarlos. Esto fue confirmado en una audiencia entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Clienting Group en el Ministerio de Trabajo.
El jueves hubo una nueva audiencia entre el Sindicato de Empleados de Comercio, Clienting Group y PSA. Esta última se expedirá el lunes. Mientras tanto, los empleados de la campaña de Peugeot-Citroën continúan trabajando y realizando medidas de fuerza, con el fin de buscar la continuidad laboral o las indemnizaciones correspondientes.
La British American Tobacco (Nobleza Piccardo) inició el trámite formal de “procedimiento preventivo de crisis” ante el Ministerio de Trabajo.
Todo parece indicar que la crisis no sería tal sino que es una maniobra para tener el visto bueno para llevar adelante suspensiones de personal o avanzar en 50 despidos en Pilar como ya se rumorea. El gerente ya adelantó en una reunión que están evaluando sacar el turno noche.
El pasado 9 de marzo dos trabajadores del portal TKM, de Vi-Da Producciones S.A, pertenecientes al grupo de Daniel Hadad, fueron despedidos luego de haber notificado a la empresa la elección de delegados para el 16 de marzo, bajo la tutela del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Después de los despidos, llegaron las amenazas al resto de los trabajadores del portal, quienes perciben salarios por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo de Prensa Escrita y Oral 301/75 y que, en el mejor de los casos, se ubicaban en $ 8.000 cuando el salario mínimo, vital y móvil es de $ 8.060 y el convenio de prensa para la categoría de redactor estipula un salario bruto de $ 18.218 para una jornada laboral de 6 horas.
El jueves por la mañana, trabajadores de AGR-Clarín cortaron la céntrica esquina de Callao y Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por los 380 despidos y contra el cierre fraudulento de la gráfica. Tras 60 días de ocupación de la planta de Pompeya, reclaman que “el gobierno intervenga a través del Ministerio de Trabajo para solucionar el conflicto”.

¿Bajó el desempleo?

El INDEC acaba de publicar los datos para el 4° trimestre del 2016 e indica que el desempleo alcanzó el 7,6%. Se trata de un valor menor a los registros del 2° trimestre, que alcanzó al 9,3% y del 3° trimestre del 8,5%.
Al respecto señala el Director del Fisyp, Julio Gambina: “La conclusión primaria es que el desempleo viene bajando, pero no se considera que la tasa de actividad económica (porcentaje entre la población económicamente activa y la población total) fue del 45,3% en el 4° trimestre del 2016, contra el 46% del 2° y 3° trimestres del 2016. La PEA, Población Económicamente Activa, son las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente, la población ocupada más la población desocupada. Así, en el 4° trimestre hay una menor proporción de PEA sobre el total de la población.
Es decir, baja la tasa de desempleo porque también baja el nivel de actividad económica, y que si se hubiera mantenido la actividad económica a los valores del tercer trimestre, el desempleo no habría bajado.
Por eso, vale rescatar al propio informe del INDEC cuando señala que: "Los resultados del cuarto trimestre de 2016 no presentan diferencias estadísticamente significativas en el empleo con relación al trimestre anterior. Disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad."
Así, podemos deducir que lo relevante fue la recesión económica y el desaliento en la búsqueda del empleo. No hay lugar para la algarabía de la simple lectura del dato del INDEC señalando la baja del indicador de desempleo.
Los territorios donde el desempleo supera al promedio son los lugares de concentración de la población, tal como Mar del Plata con 10,6%; los partidos del Gran Buenos Aires con 9,4%; Río Cuarto con 9,1%; Bahía Blanca-Cerri con 9,2%; Gran Rosario con 8,6%; Gran Córdoba con 8%; Gran Tucumán con 7,9%.”

Continúan las malas noticias

Durante febrero, las ventas con tarjetas de crédito se habrían desplomado hasta un 30% en relación al mismo mes del año pasado. “Si la inflación anual fue 35%, nosotros deberíamos haber crecido al menos 40%, pero la realidad es que tuvimos un crecimiento nominal de solo 10 o 15%”, dijo un alto ejecutivo de una de las más importantes tarjetas del mercado local. Y agregó: “hubo un desplome en indumentaria, calzado y electrodomésticos”, justamente los rubros que más captaban el mayor porcentaje de operaciones en cuotas.
Uno de los motivos sería la normativa conocida como “precios transparentes” que incrementaron las operaciones en un solo pago aunque el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció públicamente que los precios no habían bajado o si lo hicieron, fue en un porcentaje “menor de lo que esperaban” y también que hubo una caída del consumo que en febrero fue del 6,6%.
El ingreso de mercaderías del exterior tuvo una incidencia negativa sobre la producción interna en sectores como mueblería, calzado, textiles y manufacturas de cuero, entre otros, agravada por la caída del consumo interno. En el sector de madera, la actividad cayó un 10,1% en el sector textil 5,3%, en calzado 6,3%, en tanto que las cantidades importadas en este sector se incrementaron un 16%. En el sector de cuero y manufacturas de cuero, la actividad cayó 3,8% y las importaciones aumentaron 14,4%.
“En 2016, el consumo textil cayó 15% y pasamos de tener un mercado de 500.000 toneladas producidas a uno de 425.000”, grafica Jorge Sorabilla presidente de la Fundación Pro Tejer, la cámara empresaria que representa a toda la cadena de valor textil.
“La producción textil para indumentaria cayó 28% y para prendas de cama, mesa, sábanas y toallas, cerca del 41%”, agrega. El directivo cree que la principal dificultad es la contracción del consumo.
Un informe de la Universidad de Avellaneda estimó que el incremento en las importaciones provocó la pérdida de 4.200 puestos de trabajo, coincidiendo con la estimación de la Cámara patronal que en el cuarto trimestre de 2016 la producción del sector cayó 27,3%.
El consumo de calzado tras quebrar el récord de 147 millones de pares en 2015, la demanda cayó el año pasado 6,2%, lo que representa 138 millones. Sin embargo, entre 2015 y 2016 el componente de los importados saltó de 21,6 millones de pares a 27,4 millones.
El sector del calzado está compuesto por 2.300 empresas (en su mayoría pymes) y 45.000 empleados directos y otros 35.000 indirectos.
Unas 5.600 empresas integran la industria del mueble. A pesar de registrar una caída en las ventas del 18% el año pasado, en el sector, compuesto de 97% por pymes, “no hubo cantidades importantes de despidos”, según la Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines.
En la industria del cuero y productos manufacturados con cuero (marroquinería) ocurrió algo similar. Por la caída del consumo y las importaciones, el año pasado “cerraron 39 fábricas y se perdieron 140 puestos de trabajo”. El sector está integrado por más de 400 pequeñas fábricas y 7.000 empleados registrados.
En una reunión sostenida la semana pasada con varios gremios de los rubros afectados por las importaciones, el Ministro Cabrera y Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, prometieron impulsar una ley de “Compre Nacional”, para incentivar la producción local. El alcance de la medida que se limita a las compras que realiza el Estado, no terminó de conformar a los sindicalistas.

Criminalización de la protesta

El dirigente del SUTEF (docentes) y la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena, se refirió a la ratificación de la Cámara de Apelaciones a la quita de la tutela sindical, en sintonía con el fallo del juzgado laboral en primera instancia, aunque con voto dividido.
Catena no considera “bajo ningún punto de vista” que las decisiones judiciales que se están tomando sean “casuales” y recordó que “entre el 16 y el 19 de diciembre me pidieron la detención por ir a ver un partido de fútbol en la casa de un amigo de años, que vive enfrente del vicegobernador, y por ir a la Comisión de presupuesto. Los últimos diez años fui a la Comisión de presupuesto de la Legislatura, porque no falté nunca, y ahora trataron de aplicarme una restricción por ir a cumplir parte de mi trabajo, que es defender el presupuesto educativo. Meten una restricción para evitar que uno vaya a discutir, y no me sorprende ni de Bertone ni de Arcando (gobernadora y vicegobernador), ni de ninguno de ellos porque son fascistas”, disparó.
Aclaró que “la exclusión de tutela no implica de por sí la exoneración. Es una decisión política el decreto de exoneración, es decir que lo pueden hacer o no, y nosotros nos disponemos a dar la batalla política necesaria, porque acá no es solamente Catena o Arce, sino que son 17 trabajadores y un precedente para el resto de la Administración pública, que no se lo vamos a dejar regalado a Bertone, Arcando y toda la runfla que tienen atrás. La vamos a seguir peleando en la calle y en la política”, sentenció el dirigente.
Finalmente se refirió a la reunión paritaria prevista para el viernes y dijo que “hay expectativas de que se pueda sacar alguna negociación razonable”, aunque observó que “si lo tengo que evaluar por lo que pasó el lunes, tengo que decir que la expectativa es cero. Hicimos 250 kilómetros para decirles lo que ya sabían. Estamos a mediados de marzo y el gobierno, sabiendo que la propuesta iba a ser rechazada por todas las organizaciones, se limitó a escuchar y pedir 48 horas más. Creemos que esta instancia hay que agotarla y transitarla con paciencia y firmeza en los argumentos”, concluyó.
Un grupo de trabajadores desocupados integrantes de la Fundación Villa Saavedra de Gral. Mosconi-Salta, denunciaron que fueron violentamente reprimidos por Infantería y Gendarmería durante la noche y que fueron acorralados en el cementerio cercano a la ruta 34.
Renata Justiniano, quien estuvo en el corte, aseguró que los reprimieron con balas de goma. “Levantaban los cartuchos para no dejar evidencia”, afirmó.
“Nos intentaron rodear para acorralarnos en el cementerio”, dijo Justiniano, quien aseguró que en la protesta había niños.
Los ex trabajadores de la Fundación Villa Saavedra pedían ser reincorporados y que se rehabilitara el SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) en lugar de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que ahora perciben como desocupados.
El origen del reclamo posee una causa concreta -la quita del subsidio a 900 personas- en un escenario siempre caliente: Mosconi, el lugar en donde hace 20 años se iniciaron los cortes de rutas que acabaron con varios muertos. La situación empezó a reeditarse peligrosamente el lunes pasado cuando los perjudicados por la medida del gobierno nacional cortaron la ruta 34 a la altura de Tres Cruces y un día después se desatara una represión protagonizada por la gendarmería.
El origen del problema, declaran vecinos de Mosconi y Embarcación, se remonta al año 2015 cuando el gobierno provincial decidió que los beneficiarios que dependían de la fundación Fundatrac que conduce “Pepino” Fernández, debían pasar a depender de la Fundación Villa Saavedra para seguir accediendo al beneficio. La medida tenía un sentido político: restar poder a un dirigente como Fernández que siempre se mostró autónomo del gobierno provincial y para transferir el manejo de los subsidios a la fundación regenteada por el hermano del intendente de General Ballivian.
La maniobra del gobierno provincial, no obstante, terminó perjudicando a los beneficiarios directos de los subsidios y a Mosconi en su conjunto que con la quita de subsidios se queda sin al menos 10 millones de pesos mensuales que antes se gastaban en la propia ciudad. Ello ocurrió, aseguran las fuentes, porque cuando los subsidiados estaban bajo la órbita de “Pepino” éste se encargaba de que todos cumplieran entre 20 y 25 horas de trabajo semanales cuyos resultados se volcaban a la comunidad no dando motivos a los organismos nacionales para cuestionar la ayuda que el mismo Fernández había llevado a un monto cuatro veces superior al normal en nombre de una especie de reparación de la Nación con el castigado pueblo del norte provincial.
Los controles que Fundatrac realizaba con los beneficiados se flexibilizaron al máximo con el desembarco de la Fundación Villa Saavedra que no exigía devolución de servicios ocasionando que el gobierno nacional argumentara incumplimiento y tras un año y dos meses cortó el beneficio cuando originalmente se había comprometido con extenderlo por cinco años.
También en Salta, atentaron contra el local de la Corriente Clasista Combativa (CCC), por segunda vez en menos de un mes.
El pasado 14 de marzo, la Municipalidad de General Roca-Fiske Menuco (Río Negro), gobernada por Martín Soria (PJ-FPV), anunció en un comunicado oficial que denunciará penalmente a militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) por extorsionar a funcionarios en el marco de una movilización en reclamo de trabajo genuino y ayudas económicas al trabajo comunitario que hace como organización en barrios de la ciudad.
Al respecto señalan: “Esta política de criminalización que pretende estigmatizar las luchas sociales se da en un contexto signado por el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la clase trabajadora, producto de las políticas económicas del gobierno nacional de Mauricio Macri que cuentan con el acompañamiento de los gobiernos provinciales y municipales para efectuarse. La brutal transferencia de ingresos desde las clases trabajadoras a los sectores concentrados del capital comienza a despertar fuertes resistencias en distintos sectores de la clase trabajadora y el Estado pretende contener esas resistencias castigando de forma selectiva y ejemplificadora. De allí que pese al discurso del gobierno municipal, pretendiendo diferenciarse de las políticas del gobierno nacional, en la práctica resulta ser el administrador local del ajuste económico.”
Organizaciones de Derechos Humanos convocadas por el SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), entre ellas el CELS y la Correpi, respaldaron a los delegados de la Editorial Perfil llevados a juicio por la empresa por una protesta contra despidos en 2013.
Unos 300 efectivos policiales desalojaron a los choferes de la Línea ESTE, que se encontraban realizando una medida de fuerza en la cabecera en La Plata con retención total de tareas por la inmediata reincorporación de los despedidos, el cese de la precarización laboral y la persecución sindical, la elección libre de delegados gremiales y el pago completo de sus salarios, entre otros puntos.
Además, el gobierno definió algunas medidas urgentes: blindaje del entorno de la Casa Rosada, aumento de la seguridad en los accesos a la Capital, operativos especiales para garantizar que la ruta del Metrobús sobre la 9 de Julio permanezca liberada durante las manifestaciones y “firmeza” para dispersar los cortes “de dimensiones pequeñas y con la presencia de manifestantes encapuchados”.

Los trabajadores dispuestos a resistir el desalojo del Hotel Bauen

Tras la nueva orden de desalojo que llegó hasta el edificio de Callao al 300, en la cual la Justicia autoriza el uso de la fuerza pública para vaciar el inmueble el próximo 19 de abril, los integrantes de la cooperativa que desde hace trece años gestiona el hotel se encuentran nuevamente planificando charlas abiertas y actividades en la vía pública, recorriendo despachos de diputados y convocando a artistas que apoyan su lucha para llegar a una nueva vigilia el 18 de abril, la noche anterior a la fecha fijada para el desalojo.
Según Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada por Mauricio Macri, la única opción que queda ahora es convocar a una sesión especial y luego conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras. Esta vía conlleva un riesgo: si no se alcanza la mayoría especial el proyecto no podría volver a tratarse por un año y sólo quedaría la vía judicial.
El próximo 22 de marzo, habrá una movilización hacia el Congreso y el 6 de abril una cena solidaria con presencia de referentes sociales y políticos. Para el 18 y 19 de abril, fecha prevista para el desalojo, planifican un festival sobre la avenida Callao.
“Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los ‘90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre, los que decidimos dar pelea en plena crisis de 2001”, se escucha la voz de los trabajadores del Bauen en el video que hicieron para sumar apoyo y lograr que el proyecto para expropiar el hotel logre finalmente aprobarse en el Congreso.
El sector de las pymes y las cooperativas fue uno de los más golpeados por los tarifazos en los servicios básicos. El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, destaca particularmente la delicada situación que deben enfrentar el hotel Bauen, el restaurante La Casona, la metalúrgica Felipe Vallese y la vidriera santafesina Vitrofin, entre otros.
Con los aumentos de 2016, el hotel Bauen pasó de pagar boletas de luz de $ 24.000 a $ 100.000. En el gas, pasó de abonar $ 11.000 a $ 50.000. El peor aumento fue en el agua: de $ 65.000 a $ 218.000. La Casona pasó a pagar facturas de electricidad de $ 7.000 a $ 40.000. La metalúrgica Felipe Vallese tenía facturas de electricidad de $ 8.000, pero ahora tienen que desembolsar $ 50.000. Así muchas cooperativas vieron reducidos sus ingresos producto de los tarifazos, la baja del consumo y la retracción general de la economía, reduciendo los retiros (sueldos) de los trabajadores. A modo de ejemplos, el bar Barthó de Balvanera tuvo una baja del 50% al igual que la metalmecánica Cerraduras de Precisión. Los trabajadores de la sodería 15 de Noviembre un 25% y los de La Casona un 44%.

Mario Hernandez

Fuentes: CTA Tierra del Fuego, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Prensa Obrera, www.diariobae.com , www.infogremiales.com.ar , Clarín, Tiempo Argentino, Página 12 y Red Eco Alternativo.

martes, 21 de marzo de 2017

24 de Marzo: a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país



Marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad de ayer y de hoy, así como también contra el ajuste de Mauricio Macri y los gobernadores. La cita es a las 13, de Congreso a Plaza de Mayo.
Esta marcha a 41 años del golpe genocida de 1976 será una respuesta a la alevosa ofensiva del macrismo a favor de la impunidad de los genocidas y al ajuste que la administración nacional y los gobernadores (de todo signo político) aplican contra los trabajadores.
La ofensiva del gobierno por la “reconciliación” con los genocidas de la dictadura apunta a consumar el operativo político que el kirchnerismo no pudo llevar hasta el final con César Milani: reintroducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, cuando se intensifican los despidos y la carestía.

Dos marchas

Este año, como ocurre desde hace más de una década, se realizarán dos marchas: una, la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles que durante doce años enfrentamos a la represión y la cooptación K y, la otra, la de los organismos cooptados y las agrupaciones kirchneristas, que han malversado la lucha contra la impunidad para apoyar políticamente al gobierno del desfalco de los “Sueños Compartidos”, el encubrimiento de la desaparición de Julio López, el Proyecto X, la entronización del genocida Milani, la perpetua a los petroleros de Las Heras y la alianza con José Pedraza, el asesino de Mariano Ferreyra.
La convocatoria independiente y la delimitación política con la marcha kirchnerista no son caprichos sectarios. Se trata de cuestiones de fondo.
En base a estas conclusiones, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia lanzó una campaña política para instalar los términos y el horario de su convocatoria. “Son 30.000. Fue Genocidio” “Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy: no a la reconciliación”, “Abajo el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores” y “Perpetua a Milani” son las consignas que, acompañadas en redes sociales del hashtag #YoMarchoConElEMVJ, se difundirán en afiches y redes sociales.
También se resolvió una campaña de pronunciamientos de figuras públicas y personalidades que se movilicen con nosotros.

Un 24M independiente y de lucha

La convocatoria del EMVyJ denuncia los crímenes y la represión de la dictadura, y también los crímenes y la represión de la democracia. Con esa tradición de lucha vamos a enfrentar a la ofensiva macrista y a apoyar las luchas de los trabajadores, las de los docentes, de los gráficos de AGR-Clarín, de General Motors y de todo el movimiento obrero, a pesar de la tregua de la burocracia sindical. A poco más de dos semanas de la movilización del 24, impulsemos una fuerte campaña de instalación y difusión de la convocatoria del EMVyJ.
Llenemos Plaza de Mayo y todas las plazas del país.

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!

Lucas

Después del 6,7,8: Una nueva situación política

¿Cuántos países en el mundo y en este tiempo tienen una capacidad de movilización social equiparable a la que se mostró en la segunda semana del mes en curso en nuestro país? El gobierno ha perdido el control de las calles y la CGT parece no poder contener el conflicto. Todo indica que se ha abierto una nueva situación política.
El marzo caliente comenzó tal como se lo preanunciara desde esta columna semanas atrás, mostrando en su desenvolvimiento una unidad social en la diversidad contra el ajuste, la desigualdad económica y social y la violencia de género, que tiene pocos antecedentes históricos. Si buscáramos una síntesis podría ser 6, 7, 8: un país movilizado, un pueblo que no se entrega, un gobierno a la defensiva y una CGT autista.

Día por día

Los días 6 y 7 pasados los docentes de todo el país pararon reclamando la apertura de la paritaria nacional, que el gobierno niega con argumentos poco y nada convincentes, al provincializar la discusión pone un techo pero no un piso, que lo deja librado a los gobiernos provinciales. El paro fue acompañado por una multitudinaria marcha y concentración frente al Ministerio de Educación. Es una respuesta a la altura del objetivo del gobierno, todos comprenden que es un conflicto testigo que ha escalado a lo político, y cuya resolución impactará sobre el resto.
El miércoles 8 el Movimiento de Mujeres demostró que no es producto solo de un crecimiento explosivo de los feminicidios, sino un movimiento que lleva años construyéndose y que se sustenta en los 33 Encuentros Nacionales y en él Ni una Menos y que hoy es una fuerte referencia internacional refrendada por este histórico paro de mujeres y una movilización masiva. Fue la más radicalizada de las tres movilizaciones cantaron contra la desigualdad, por sus derechos y contra el patriarcado, pero también se sumaron a los reclamos de los trabajadores: “Si se puede, si se puede, el paro a Macri se lo hicimos las mujeres” con fuerza coreaban entre tantas otras consignas.
En el medio cuando terminaba el paro docente nacional y antes del paro de mujeres la convocatoria de la CGT a concentrarse frente al Ministerio de la Producción superó las expectativas y puso en un brete a la dirección. Primero dejó correr que fuera solo de los gremios industriales, luego tuvo que aceptar a regañadientes convocarla, finalmente terminó tratando de convertirla en una expresión multisectorial. Buscaba borrarle el carácter proletario, el resultado fue exactamente inverso. La presencia de los trabajadores fue multitudinaria y el liderazgo del triunvirato dirigente seriamente cuestionado.
Y sigue. Esta semana con movilizaciones y cortes de los movimientos sociales por la aplicación concreta de la Emergencia Social y el ruidazo contra los tarifazos, el 24, día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, será multitudinario y el 30 paro general lanzado por las dos CTA.

La vergüenza de haber sido

El acto de la CGT puso blanco sobre negro que la central obrera es una sombra de lo que fue y que sus máximos dirigentes van “cuesta abajo en la rodada”, como la letra de aquel tango muy popular en la década del ’30. Se sabe ahora, fue el presidente en persona quién habló telefónicamente con algunos dirigentes para instarlos a que levantaran la concentración. Entre el compromiso con el gobierno y la presión de las bases y los cuadros intermedios, el espacio político de los triunviros para maniobrar era muy reducido, la solución encontrada fue hacer la marcha pero no anunciar la fecha del paro. Atizaron la fogata.
Conocedores mejor que nadie del humor social –sus caras de preocupación en el palco lo denunciaban de antemano- los dirigentes de la central anticiparon el inicio del acto, buscaban que los grandes gremios no llegaran al borde del palco y acortaron sus discursos, pensados para 30 minutos entre los tres apenas superaron los 20. La pobreza e indefinición de esos discursos provocó primero silbidos y luego abucheos, finalmente el nerviosismo y el acto fallido del principal orador desencadenaron lo que era el run-run de la marcha: “ponele fecha la p…”. Las caras de preocupación trocaron en temor, el espíritu de Casildo Herrera y su “yo me borro” sobrevoló el palco. No pocos dirigentes se bajaron apresuradamente antes que el acto terminara, entre corridas y empujones todos salieron huyendo custodiados por sus “expertos”. Mientras, les copaban el palco y les robaban el atril histórico. Un bochorno mayúsculo.
Quedó allí expuesta una doble fractura. Una la que se arrastra desde hace décadas entre las bases y sus cúpulas sindicales, otra entre estas y los organismos intermedios. La capacidad de la central obrera para conducir y encauzar el conflicto quedó así fuertemente debilitada.

El gobierno a la defensiva

El joven y ascendente periodista Alejandro Bercovich titulo una reciente columna “Del sí se puede, al no aflojemos”. Graficaba así la situación del gobierno jaqueado por los “errores no forzados” de febrero y la intensidad de las movilizaciones de marzo.
Los conflictos de intereses (Correo, Avianca), el intento de rebaja a los jubilados, la economía que no repunta, la inflación que retoma su ciclo alcista, los nuevos despidos, suspensiones y cierre de empresas, la mayor pobreza e indigencia, el consumo que sigue cayendo, el techo a las paritarias, la extensión del conflicto docente, la antesala de las paritarias, la violencia de género y el destrato hacia las mujeres todo empujó las movilizaciones. En un nuevo retroceso el gobierno postergó los aumentos en el transporte hasta fin de año, dividió en dos etapas los de la luz y en tres los del gas y rebajó el incremento en el agua. El gran recorte quedaría para después de las elecciones . No hay Plan B, por eso el presidente no pudo más que ratificar el rumbo. No es un símbolo de fortaleza, sino de debilidad.

Algo ha comenzado a cambiar

Todo repercute en las encuestas. Caída de la imagen presidencial, que alcanza a la gobernadora de Provincia de Buenos Aires y de la confiabilidad en la eficacia de la gestión gubernamental. Ya no cunde la alegría, las expectativas están en baja y los cuestionamientos crecen día a día. El gobierno ha perdido el control de las calles, está a la defensiva y sin iniciativas cuando el horizonte electoral ya está a la vista. Apuesta a que el inevitable paro de la CGT sirva para descomprimir la situación social ya que no va acompañado de un plan de lucha, que hay que decirlo solo reclama la izquierda.
El periodista estrella de La Nación, Carlos Pagni, señaló que en las elecciones de octubre el candidato es el ciclo económico y que Macri puede ser Menem o De la Rúa, en referencia a que si gana puede aspirar a la reelección, pero si pierde la temida ingobernabilidad podría sacarlo de juego antes que venza su mandato.
La crisis de representatividad abierta en 2001 no está cerrada. Durante la década anterior fue desplazada coyunturalmente por dos figuras fuertes, pero ahora está nuevamente en el escenario político. El macrismo no ha construido una fuerza política acorde con la crisis en curso, el kirchnerismo tampoco y el peronismo está en un embrollo de proporciones mientras que la CGT ya no es seguro garantice gobernabilidad. Se ha abierto una nueva situación política

Eduardo Lucita. Integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda

La resistencia obrera a la dictadura



La resistencia obrera a la dictadura fue uno de los elementos fundamentales para erosionar el poder militar desde sus inicios hasta su retirada con el fracaso de la Guerra de Malvinas.

Es común hoy en día leer y escuchar, ambos explícita e implícitamente, la noción de que la Junta Militar argentina tuvo que ceder el retorno a la democracia, en 1983, “como resultado de la Guerra de las malvinas” y por que “no podían arreglar la bancarrota del país”. En ambos conceptos está implícita la idea de que los militares concedieron la democracia y que se retiraron del poder por su propia incompetencia. De hecho, dirían estos analistas que la clase obrera y el pueblo fueron derrotados y que si fuera por éstos todavía estaría la dictadura en el poder. En todos los casos hacen alusión a los ejemplos de Chile y Uruguay para demostrar pueblos que si lucharon contra sus dictaduras.
Disentir de esta hipótesis no es tarea fácil, no sólo por que la han sustentado distintos y muy brillantes exponentes que la han difundido y defendido como funcional a la reconstrucción de una democracia burguesa, sino por que (como toda idea hegemónica) encierra elementos de verdad que dificultan visualizar la realidad. Es correcto que el antecedente directo que llevó a la retirada de los militares fue la derrota de las Malvinas. Asimismo, es cierto que la lucha de la clase obrera argentina no tuvo la intensidad y organización de las de otros pueblos. Pero pienso que la realidad ha sido muchísimo más compleja. La posición política que minimiza, o descarta, el papel de la clase obrera en la caida de la dictadura tiene su base en un profundo derrotismo y desprecio de todas las luchas que se desarrollaron, en condiciones sumamente difíciles, durante la dictadura. Al mismo tiempo apuntan a desarmar a la clase obrera y a negarle la posibilidad de ser, una vez más, un protagonista central en el desarrollo histórico argentino. En síntesis, es una posición que, escondida tras un falso democratismo, encierra la profunda convicción que la clase obrera y el pueblo no tienen futuro porque han retrocedido en conciencia gracias a la derrota. Por ende, hay que aceptar lo inevitable y en vez de reivindicar un mundo mejor y más humano, sin explotadores ni explotados, nos plantean que lo único posible es este capitalismo: malo pero lo mejor de lo posible.
Son muchos los factores que se conjugaron para lograr el retorno a la democracia electoral en 1983. La crisis mundial del capitalismo fue uno de los aspectos más importantes, puesto que dificultó el acceso masivo a capitales de inversión productiva que requería Martínez de Hoz y al mismo tiempo favoreció la especulación cortoplacista y endeudadora. La solidaridad internacional fue importantísima para desgastar moralmente a la Dictadura y bloquearle ciertos recursos; como por ejemplo, se logró que se cortara la ayuda militar de los Estados Unidos. Más importante aun fueron las expresiones de resistencia del conjunto del pueblo argentino a pesar del terrorismo de estado: los asalariados realizaron numerosas huelgas y sabotajes; hubo toma de municipalidades como el “lanusazo” en 1982; los productores del Alto Valle de Río Negro realizaron varias movilizaciones; las expresiones culturales subterráneas sirvieron para gestar y mantener un espíritu opositor; y hubo un denodada resistencia política que abarcó desde las Madres de la Plaza de Mayo, hasta el activismo de izquierda y algunos, muy contados políticos como Vicente Saadi, Luis León u Oscar Alende. Pero lo fundamental en todo esto fue el papel que jugó la clase obrera que se relacionó con todos los otros factores y constituyó la base material de los mismos. De hecho, existe un estudio realizado por la corporación japonesa Mitsubishi, a fines de 1977, sobre la posibilidad de realizar inversiones productivas en Argentina. El estudio concluía que no era indicado invertir porque la Junta no podía garantizar la estabilidad laboral a largo plazo. Como resultado las inversiones que se realizaron fueron dirigidas ya sea a la especulación o a comprar empresas económicamente sanas, y no a crear otras nuevas. Asimismo, las corporaciones Gulf Oil, IBM, Exxon consideraban, en la reunión de LASA de abril 1979 realizada en Pittsburgh, EEUU, que el plan económico de Martínez de Hoz había fracasado; lo que no les impidió aprovecharse de la famosa tablita para realizar pigües negocios. Por último, las mismas contradicciones entre los militares argentinos tenían como base material el problema obrero. El general Bussi, represor de Tucumán, se opuso a despidos masivos y cierres de fábricas, como requería la “eficientización” de Martínez de Hoz, por miedo a que ésto aumentase los números de la “guerrilla industrial”.
Distintos análisis han apuntado que ya a fines de 1975 existía un reflujo en la clase obrera argentina, con el objetivo de no brindar blancos fáciles a la represión; esto a pesar de que la vanguardia –el clasismo y las organizaciones revolucionarias—seguía una política de enfrentamiento con la represión. Al darse el golpe de estado, el movimiento obrero en su amplia mayoría, ya estaba realizando el duro proceso de aprendizaje que redituaría el desarrollo de otros métodos de lucha y de organización, aprendiendo de los errores que se realizaban durante la época. Así, por ejemplo, tenemos las huelgas automotrices de julio, agosto y septiembre de 1976 que fueron brutalmente reprimidas con desapariciones, detenciones, asesinatos y ocupaciones de fábricas por parte de las FFAA. Lo mismo ocurre con otros sectores obreros: metalúrgicos (marzo 1976), los portuarios (noviembre 1976) y los trabajadores de Luz y Fuerza (noviembre 1976 a marzo 1977). El gran valor de estas luchas es que en ellas se fueron ensayando nuevos métodos y desepolvando viejos, para llegar a las mejores formas de oponerse al régimen: no dar blancos fáciles al enemigo y por eso recurrir a todas las medidas que no lleven a un enfrentamiento abierto ni señalen con facilidad a los dirigentes.
Así, en base a la experiencia y al ejemplo, se concretaron a través de 1976 y 1977 una serie de formas de lucha que se ajustaban a una correlación de fuerzas desfavorable y a la represión salvaje: “trabajo a tristeza”, “trabajo a reglamento”, quite de colaboración y sabotaje. Los resultados se hicieron sentir: a fines de 1976 Renault anunció que su producción había bajado 85%; en la siderúrgica Dalmine el 30% de las chapas estaban fisuradas; el 25% de los autos que producía General Motors salían dañados. Sin olvidar la inventiva de los obreros, por ejemplo los de Mercedes benz los cuales recurrieron al Himno Nacional para frenar la ocupación de la fábrica por el Ejército durante una medida de fuerza.
En octubre de 1977 ocurrió una oleada de huelgas al margen de las direcciones sindicales que resultaron en la renuncia del Ministro de Planeamiento, General Díaz Bessone, y frenaron el ritmo del plan militar. Un año más tarde la revista Mercado registraba 1.300 conflictos y medidas de fuerza durante el mes de octubre de 1978 en la provincia de Buenos Aires solamente. La revista señalaba que la mayoría de los conflictos no trascendían a la prensa y al mismo tiempo eran en general pequeños y de corta duración. En enero de 1979 ocurrió la primera toma de fábrica desde fines de 1976, cuando el día 27 entraron en conflicto los obreros de Aceros Ohler. Durante los primeros diez meses de 1979 los cálculos basados en medidas de fuerza reportadas en la prensa (necesariamente muy por debajo de la realidad) dejaban un saldo de más de 500.000 días/hombre de paros. Es así como se dio la Jornada Nacional de Protesta, llamada por un sector de la burocracia sindical el 27 de abril de 1979. La extensión del paro llamado por la Comisión de los 25 se calculó en un 40% de la fuerza laboral, pero su importancia no fue el nivel de adhesión sino el hecho de que la medida fuera llamada por un sector de la burocracia demostrando en concreto la presión que ésta sentía para tomar medidas más combativas respecto del régimen.
En 1980 se continuó con la toma de fábricas (Deutz, La Cantábrica, Sevel, Merex), con paros coordinando la comunidad con los obreros (Tafí Viejo, Ingenio Ñuñorco), coordinadoras gremiales clandestinas (subterráneos, marítimos), legales (gremios del estado, transportes), y movilizaciones (Deutz, La Cantábrica). A esto se agregó el “paro sorpresivo” cuyas características eran: corta duración, total sorpresa, niveles de organización muy altos que permiten conseguir desde la base altos niveles de efectividad.
Otra huelga general en 1981 más la continuación de los conflictos apuntados anteriormente se conforma como la base material para las movilizaciones que ya van abarcando otros sectores, hasta desembocar el 30 de marzo de 1982 en una masiva movilización que fue salvajemente reprimida.
Es cierto que por sí sola, toda esta actividad no fue la razón de la caída de la dictadura. Es cierto, además, que la derrota de las Malvinas aceleró el proceso hacia la democracia electoral. Pero también es cierto que hubo una resistencia obrera golpeada y con problemas organizativos, que dificultó la aplicación del plan económico y se presentó como un tremendo escollo al éxito de la Dictadura.
Que esta actividad no fue generalizada en la sociedad argentina y que no logró fusionarse con la de otros sectores sociales y transformarse en un sostenido auge de masas es indiscutible tantos años más tarde. Para que esto hubiera ocurrido hacía falta que la izquierda hubiera sobrevivido a la dictadura con capacidad organizativa, con inserción obrera y con una política de construcción revolucionaria. La resistencia obrera careció de un proyecto político propio y tuvo un carácter anárquico y espontáneo, pero fue fundamental para el fracaso del régimen. Esta resistencia le restó legitimidad a la Junta y puso límites a su libertad para aplicar en profundidad su proyecto. Sólo así se puede comprender el fracaso del plan económico de la dictadura y su necesidad de una “fuga hacia delante” a través de la guerra de Malvinas.

Pablo A. Pozzi
Historiador, docente titular de "Historia de Estados Unidos" -UBA