Asesorada por expertos

La policía porteña recibió instrucción de una consultora colombiana ligada al ex presidente Uribe y vinculada al escándalo de las fuerzas parapoliciales. Incremento de gastos y modelo militarizado.

No son días fáciles para el cuestionado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Al pedido de renuncia que le realizó la oposición por la feroz represión que la Policía Metropolitana ejecutó en terrenos del Hospital Borda a fines de abril, se le sumó, el 13 de mayo pasado, un pedido de informes por la contratación de la consultora colombiana en seguridad Angel Total Solutions SAS. La firma caribeña –a la que se vincula con un político uribista– le brindó un curso de “asesoramiento y capacitación” a personal de la cartera que conduce el ex juez federal.
De acuerdo con el legislador porteño por el MST Alejandro Bodart –quien presentó la requisitoria–, Montenegro estuvo dos veces en Colombia y allí cerró el acuerdo. La última estadía fue en febrero pasado. “Guillermo Montenegro viajó a Medellín y, en la casa del ex presidente Álvaro Uribe, se reunió con este y con el dirigente uribista Federico Gutiérrez Zuluaga –expresó el diputado en un comunicado–. Al regreso contrató a la consultora de Zuluaga, que ya le dio un primer curso a la Policía Metropolitana dos días antes de la represión en el Borda”. Por los servicios de la firma caribeña, el Ejecutivo de la ciudad pagó 66.200 dólares, divididos en tres cuotas. Así se desprende de la resolución 202/MJYSGC/13 publicada el 29 de abril de este año en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
El Boletín Oficial es contundente: “El 15 de abril de 2013 se suscribió el contrato de locación entre la empresa citada precedentemente con el objeto de fin de prestar el servicio de asesoramiento y capacitación en materia de diseño de políticas de seguridad, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad habiéndose acordado la suma total de dólares sesenta y seis mil doscientos (U$S 66.200) como contraprestación de los servicios”. Los fondos se extrajeron, según la misma publicación, de una “Caja Chica Especial” destinada “a afrontar los gastos que demandara la organización y desarrollo de una serie de talleres de capacitación y reuniones técnicas de trabajo a llevarse a cabo entre los meses de abril y septiembre del corriente año por la consultora Angel Solution SAS de Medellín”.
Bodart destacó que, curiosamente, “esa caja se aumentó de 50 mil pesos a 235 mil pesos en dos trimestres consecutivos. Fue un aumento del 300 por ciento. Es muy llamativo”, dijo a Veintitrés.
El legislador del MST explicó que en el Registro Único Empresarial y Social de Colombia la firma Angel Total Solutions SAS “figura sin empleados. Hasta hace poco se dedicaba al rubro inmobiliario”. Por tal motivo elevó un pedido de informes en el que le solicitó al gobierno porteño: que remita a la Legislatura el contrato celebrado con la consultora cuestionada; que explique los criterios que utilizó para pagar por sus servicios de “asesoramiento y capacitación” en el diseño de políticas de seguridad; que especifique la trayectoria de la firma; que describa el plan de trabajo que la consultora realizó hasta el momento. Y que detalle cuál fue el personal “destinatario de los mencionados talleres de capacitación y reuniones técnicas” y “la razón por la cual este contrato se hizo mediante la Caja Chica Especial del ministerio y no a través de los procedimientos de selección de proveedores establecidos por la ley 2.095”.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad había ensayado una respuesta que fue publicada en el diario La Nación: “‘Estos asesores colombianos trabajaron en el proceso de transformación urbanística de Colombia y de una Medellín más segura. Han tenido gran éxito con acciones destinadas a reducir la violencia. Por ejemplo, una de las especialistas que vinieron a la Argentina a estas capacitaciones es Paola Olguín Moreno (sic), asesora de Uribe y actualmente encargada de asuntos políticos en la embajada de Colombia en México. Son verdaderos especialistas en seguridad’, dijo un vocero de Montenegro”.
Paola Holguín Moreno fue asesora de seguridad del gobierno colombiano, Alta Consejera Presidencial de Álvaro Uribe y brinda seminarios sobre “Diseño de políticas de seguridad”. El 8 de mayo pasado fue una de las ex funcionarias que firmó una solicitada en la que se le pidió al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, que se pronuncie contra “las calumniosas y temerarias afirmaciones” del presidente venezolano Nicolás Maduro contra Uribe, a quien acusó de urdir un plan para matarlo.
Por su parte, Federico Gutiérrez Zuluaga es un ingeniero que fue candidato a la alcaldía de Medellín en el 2011y concejal en la misma ciudad entre 2004 y 2011. “Gutiérrez Zuluaga fue candidato por el espacio de Uribe cuando el presidente de su partido –Partido de La U– fue preso por estar involucrado en un escándalo relacionado con los paramilitares –aseguró Bodart–. ¿Quiénes vienen a dar cursos de seguridad a la ciudad de Buenos Aires? –se preguntó–. Desde el Ejecutivo porteño dicen que vino gente de mucha experiencia. La empresa no tiene nada de experiencia en seguridad. ¿Es una pantalla? Holguín Moreno no tiene ninguna relación con la firma”, dijo.
El legislador concluyó: “La policía de Medellín está altamente militarizada. Venimos de una feroz represión en el Borda. ¿Qué modelo de seguridad queremos? Colombia tiene miles de muertos por los paramilitares, que tienen vínculos con el partido de Uribe. ¿A quién vino a formar esta firma? ¿A los ex militares que integran la Metropolitana? Es todo muy turbio”.
Acaso, algunos de estos interrogantes sean develados en un lapso de 30 días.
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Un DNU a medida de Clarín

El 14 de mayo pasado, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció en conferencia de prensa que firmó un decreto de necesidad y urgencia para “la protección de la libertad de prensa y expresión” en la ciudad de Buenos Aires. Resulta llamativa la preocupación del alcalde en esa materia ya que menos de un mes atrás la policía de la ciudad hirió a camarógrafos, fotógrafos y movileros durante la brutal represión en los terrenos del Borda. Por tal motivo, y dada la particularidad de su articulado, desde la oposición porteña no dudó en calificar el DNU –cuyo contenido intentará ser traducido en ley en la Legislatura– como un favor al Grupo Clarín.
Entre los artículos más polémicos del decreto se destacan aquellos que resguardan las propiedades y “licencias de comunicación audiovisual” domiciliadas en la ciudad, ya que se podrían contraponer con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque recibió críticas porque también podría damnificar el derecho a huelga (artículo 11 del DNU).
El legislador del Frente para la Victoria Francisco “Tito” Nenna aseguró: “Con este decreto, el macrismo apuesta a blindar la corporación mediática con la corporación judicial. Macri quiere poner a la ciudad por encima de la Nación”, concluyó. Por su parte, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, afirmó: “Es una grosería jurídica que no resiste el menor análisis. Macri quiere derogar la Ley de Medios, que es una ley nacional de carácter federal, con un DNU local, violando la Constitución nacional que define en su artículo 31 la supremacía de las normas”.
Ante este escenario, se descuenta que habrá una ardua batalla jurídica para determinar la constitucionalidad del decreto.

Franco Mizrahi

El rey con Videla sobre una balsa de muertos

Durante los días que el rey Juan Carlos I estuvo con Videla desaparecieron al menos 10 ciudadanos. Imposible que el monarca no oyera los gritos que ya circulaban por el mundo entero.

El 26 de noviembre de 1978 el rey Juan Carlos I de España viajó a Argentina. Al día siguiente, lunes 27, se encontró con el presidente argentino de facto Rafael Videla. Aquel mismo lunes desaparecieron a Alfredo Antonio Giorgi y Calos Santiago Mires, de quienes no sé nada más que eso, que los desaparecieron, quien sabe si mientras Videla pronunciaba ante el rey español sus palabras de bienvenida:"Este es un día de memorable encuentro filial. Todos los argentinos lo hemos aguardado con desbordante afecto, conscientes de su transcendencia y su dinámica proyección de futuro”. Memorable. Transcendencia. Futuro.
Al día siguiente, martes 27, desaparecieron a Hernando (Tito) Deria, Gertrudis Marta (Lucy) Laczik de Poblete, Hugo Alberto Merolo, Claudia Victoria Poblete Hlaczik, Jose Liborio (Pepe) Poblete Roa y Marta Inés Vaccaro de Deria. Nada más sé de ellos, solo que los desaparecieron mientras el rey de España, de la España democrática en construcción, se encontraba con los dirigentes de un Congreso que ya no existía, porque Videla y compañía lo habían disuelto, como habían prohibido los partidos políticos, pero qué le iban a importar al monarca los partidos, a él, que acababa de ser designado por un dictador, de oca a oca y tiro porque me toca. Al muerto se le puede llamar realpolitik y sentarlo a cenar, que no abrirá la boca.
Suele suceder que si uno construye sobre un terreno que alberga una balsa, en algún momento la casa empieza a resquebrajarse. Si la balsa es de aguas negras, de material en descomposición, poco a poco las tuberías se arrancan a exhalar un tufo repugnante y constante. Si esa poza oscura guarda un cadáver, cien cadáveres, mil cadáveres, el hedor de la muerte acabará haciendo la vida imposible. Y además, las grietas.
Los muertos de la balsa gritaban, majestad, usted los oyó gritar allí, era imposible no hacerlo, miles de personas en campos de concentración, en salas de tortura, en cárceles clandestinas, en talleres de horror, concentrados, gritando. Imposible no oírlos. Si hasta yo los oigo ahora, a través de los años. Las vendas que les cubrían los ojos en los campos constantemente, días, semanas, ¿sabe, majestad que se volvían de cemento? Después de jornadas de sudor, lágrimas y sangre, se endurecían como el vidrio y cortaban el tabique, la nariz. Usted oyó los desgarrones de los vientres abiertos, oyó el berrido de aquel hombre a cuyo hijo dieron picana ante su desesperación, oyó a la madre que moría reventada en el parto pro robo, a la cría violada hasta la muerte a jirones, el grito del tipo que recibió la foto de su madre sobre el suelo, desnuda, montada por los perros de los militares, tuvo que oírlos, como el murmullo de los curas católicos que confesaban a los torturadores, pobres chicos, que alivien sus conciencias. Usted estaba allí y tuvo que oírlo, majestad, porque usted estaba allí el día que le reventaron la cabeza al chaval de una patada, y sabía, claro que sabía, usted estaba recibiendo su premio de manos de quien ordenaba una madera más entre las piernas. Todo está AQUÍ guardado, narrado hasta la náusea, búsquese, busque lo que sucedió exactamente aquellos días, identifique el grito que decidió no oír y que olvidó.
Allí estuvo usted, Juan Carlos, y allí se quedó, porque él, el máximo responsable del horror extremo, sonreía, y sus generales sonreían, y sus perros sonreían. Y todo era gracias a usted.
Estamos sentados a la mesa. No dejo de darle vueltas a su foto con Videla, majestad, y me decido a preguntarle a Raúl Argemí, con quien comparto casa e hija: "En el 78, cuando el rey de España visitó Argentina yo estaba preso en los pabellones de la muerte, Unidad 9 de La Plata. Así se les conocía internacionalmente, pabellones de la muerte. Él también, claro, ¿cómo no iba a conocerlos? Estábamos ahí los tipos que consideraban que habíamos sido jefes en la guerrilla, y cada vez que sucedía algo que les molestaba a los militares, algo como una denuncia internacional, sacaban a uno y ya no volvía, como Gonzalo Carranza, cuya madre vivía a las afueras de Barcelona, como tantos... Si no nos desaparecían a todos era porque en Francia, Holanda, Bélgica, Suecia, Suiza y algún otro país hacían el seguimiento de todos nosotros, y no se atrevían a cargarse con ese escollo. Si no nos mataron a todos, fue por la presión internacional. Y entonces, ante el aislamiento internacional y las denuncias de desapariciones y cárceles clandestinas que corrían por muchos países, España, en la figura de su Rey, reconoció con su visita a la Junta militar".
Y sobre esa balsa de putrefacción construimos nosotros todo esto. Nosotros, que también sabíamos todos estos años y hemos estado mudos. Nosotros que ahora nos sorprendemos con el hedor y las grietas, con este temblor negro que sube desde los cimientos.

Cristina Fallarás
eldiario.es

Murió Videla

Texto sin nombre. Muerto sin lugar

Murió un canalla. Un asesino serial. Un genocida. Un criminal. Un culpable de muertes, torturas, exilios, prisiones, violaciones de mujeres, madres sin hijos, hijos e hijas sin padres y madres, niños y niñas expropiados en su identidad. Un fascista de esos que se dicen argentinos.
¿Qué hacer con ese muerto? ¿Qué pedazo de tierra vamos a contaminar con sus desechables restos? ¿Cuánto tiempo dedicaremos a escupir sobre sus palabras dichas en nuestro mismo lenguaje? ¿Qué piquetes haremos en nuestro infierno para que no pueda entrar?
Tendría que existir un no lugar para los tiranos. Una especie de basurero de la historia en el que no haya riesgo de reciclaje. Un lugar donde no tengamos que volver a encontrarlos jamás. Donde ellos definitivamente no estén… entre nosotras y nosotros. Cuando ya por suerte no respiran e infectan nuestro mismo aire, cuando ya no largan su pútrido aliento sobre el oxígeno que nos mantiene vivas… habría que inventar un no espacio para ellos.
Pero sospecho que no. Que ese no lugar no existe. Sospecho que seguirán ensuciando nuestras noches con pesadillas. Sospecho que todos lo “no” que me salen en este texto, son voces escapadas de nuestro espanto.
El canalla murió en la cárcel. Algo es algo, me digo. Pero se llevó pruebas y silencios a su tumba marmolada.
No voy a nombrarlo, me digo. No voy a contaminar mi texto. No quiero compartir ya nuestro lenguaje con el suyo. Es que las palabras no pueden significar lo mismo para ellos y para nosotras. No significan lo mismo, digo.
Pero tal vez sí. Tal vez haya que decir que su apellido es un insulto para la humanidad. Que los niños y niñas que hoy están naciendo, debieran saber algún día, que de las entrañas de una argentinidad fascista que nos espanta, nacieron tantos videlitas que dan asco y miedo… y que eso puede volver a suceder, si no sabemos identificarlos. Que tal vez por eso una y otra vez hay que marcarlos, señalarlos, escracharlos todos los días, si queremos quitarles el poder sobre nuestras vidas.
El canalla murió en la cárcel, como corresponde. En una cárcel común. Pero hay tanto fascista suelto. Y no hablo solamente de los dinosaurios viejos. Hay tanto facho joven. Tanta desmemoria en territorios heridos de nuestra historia cotidiana.
Me cuesta pensar que murió esa pesadilla. Porque la muerte finalmente es parte de la vida. Y la vida es nuestra. El canalla se creyó dios, amo de la vida y de la muerte… pero no. Ni dios ni el papa lo salvaron del final tan ineludible. Murió en la cárcel me digo.
Y no habrá manera de quitarle las rejas de su cuerpo. Porque ni muerto será perdonado. Y porque, aunque ensucie todo lo que toca, tampoco será olvidado. Ni muerto.
Mientras el canalla se pudre en nuestra lastimada memoria… ahí seguimos. En un caminar colectivo, tumultuoso, caótico, fértil. Vamos encendiendo resistencias. 30000 veces 30000. Multiplicando rebeldías. Desmalezando de fachos nuestros territorios. Sacándolos de todos los rincones. Porque “a donde vayan los iremos a buscar”.
Y sembrando nuestro corazón en el camino. Amando definitivamente al pueblo. Hasta la vida siempre.

Claudia Korol
17 de mayo, 2013

www.panuelosenrebeldia.org

Un infiltrado en todo el movimiento popular

Informe especial

Américo Alejandro Balbuena era una referencia de la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenía muchísimos contactos con las organizaciones sociales y políticas que necesitan de los medios alternativos, comunitarios y populares para difundir sus luchas. A once años de su ingreso, los otros miembros de la Agencia recibieron la información de que se trataría de un oficial de inteligencia de la Policía Federal. El dato fue confirmado por el abogado Eduardo Soares. “No es un infiltrado en la Agencia Walsh, sino en todo el movimiento popular. La Agencia ha sido el medio del que se valió Balbuena para entrar en el resto de las organizaciones populares”, fue el veredicto unánime escuchado en la conferencia de prensa conjunta que realizaron el martes pasado diversas organizaciones. Cuáles son las responsabilidades políticas detrás de un nuevo caso de infiltración en el movimiento popular, cómo afecta este hecho el funcionamiento de las organizaciones, y cuáles son los pasos a seguir, son algunos de los debates que se dieron a partir de la confirmación del espionaje. L as reflexiones de Rodolfo Grinberg, integrante de la Agencia, y de Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, quien los ayudó a verificar la pertenencia de Balbuena a la Policía Federal.
Todos conocíamos a Américo. Confiábamos en él. Siempre participaba de las movilizaciones y se interesaba en todas las luchas. Ingresó a la Agencia Walsh en 2002, luego de ser parte de la Red de Corresponsales Populares de La Tribu. Conocía a Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la Walsh, desde la infancia, ya que habían sido compañeros de primaria. Tras varios años, se reencontraron estudiando periodismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino de San Martín. “Un profesor que tuvimos decía que Américo tenía pasta de reportero, que en la calle era un perro de presa. Cuando estalla el 2001 nos empezamos a encontrar en la calle, él como corresponsal de La Tribu, yo como integrante de la Walsh que en ese momento era minúscula”, recordó el propio Grinberg en una entrevista realizada por el programa de FM La Tribu “Los Locos de Buenos Aires”, que conduce Roberto Ruiz. Finalmente, Américo Alejandro Balbuena ingresó a la Agencia Walsh en 2002, poco después de producirse la Masacre de Avellaneda y permaneció allí hasta hace algunos días. “Era amable, simpático, colaborador y alguien en la conferencia de prensa decía que estas características las reunían casi todos los servicios. Era el que más laburaba, el que más aportaba, estaba siempre en la calle” , describió Grinberg.
Pero hace algunos días una fuente de la Agencia Walsh les acercó una información inesperada. Así lo relató Grinberg a “Los Locos de Buenos Aires”, el programa que conduce Roberto Ruiz en FM La Tribu: “vemos una planilla que tiene su nombre y la actividad que revistaba en la Policía Federal, un oficial de inteligencia de la división Reunión de Datos y Análisis. Nos dicen que es un hombre que se había incorporado en tiempos de la dictadura, que participó de Coordinación Federal. Para nosotros fue tremendo descubrir que tu compañero, al que creías tu compañero, se había infiltrado en la Agencia, se hacía pasar por compañero”. Para la confirmación del dato, recurrieron al integrante de la Gremial de Abogados Eduardo Soares. “Cuando vinieron por primera vez los compañeros de la Walsh a plantearnos esto -contó Soares-, yo les dije que me dejaran confirmarlo porque a mí no me gusta sacarle ficha de botón a alguien cuando no lo es. No me gusta que lo hagan conmigo, no me gusta hacerlo con los demás. Pero con los compañeros de la Agencia en ese sentido hay que sacarse el sombrero, fueron cautelosos, vinieron con el planteo, les dije que me dejaran averiguar. Yo tengo 60 años y conozco mucha gente que puede dar algún tipo de dato. Cuando lo confirmamos recién ahí lo abrieron”, explicó Soares en diálogo con La Retaguardia.
Una vez confirmada la información, la Agencia Walsh denunció la infiltración a través de un comunicado publicado el domingo pasado, y dio más detalles el martes en una conferencia de prensa realizada en la sede de Correpi, que contó con la presencia y el testimonio de distintas organizaciones que también habían conocido y confiado en Balbuena. “Él siempre estuvo presente en la Fundación La Alameda. Gustavo Vera hizo referencia a los temas de trata que han trabajado y en los que siempre estaba implicada la Policía Federal. No es de extrañar que un agente haya estado infiltrado allí. Yo creo que en las asambleas, en todas sospechábamos que teníamos algún servicio metido adentro, así que calculo que debe haber estado ahí. Con seguridad con los Familiares de Cromañón, que fue un tema que desde el 31 de diciembre de 2004 él estuvo pegado a los familiares, y conocía vida y obra de las personas y los grupos que ahí se movían. La FUBA y la movida estudiantil fue algo que él también siguió mucho. A la organización Quebracho claramente él le prestó mucha atención. Fue un número importante de organizaciones a las que él se pegó para obtener información”, afirmó Grinberg antes de referirse a la última vez que vio a Balbuena: “nosotros tardamos entre quince y veinte días en confirmar esta información y de consultar con organizaciones compañeras sobre cómo proceder. Se ve que él palpitó, escuchó algo o alguien le avisó, yo creo que él sabía. La semana anterior al domingo que difundimos la información me llamó y me dijo que quería hablar conmigo porque quería dejar la agencia. Vino a casa con un paquete de bizcochitos en la mano, había un choque terrible, porque yo ya sabía aunque no tenía la confirmación, y en realidad la buscaba con esta conversación, con tirárselo a boca de jarro. Y se lo dije, ‘che, así que vos estás en la policía y nunca nos dijiste nada’. Él lo negó pero lo hizo de una manera que no es la de una persona que se siente ofendida porque le estás diciendo que es un servicio, sino que reaccionó con mucha tranquilidad y creo yo que lo que trató de hacer, ahora lo pienso porque para mí fue una charla emocionalmente muy fuerte, fue sacarme más información. Él siguió con su trabajo de tratar de averiguar qué es lo que sabía yo. Entonces me preguntaba qué había hecho, y yo le decía que él sabía lo que había hecho. La charla duró unos quince minutos, él siguió negando todo hasta que se fue”.
Respecto a las responsabilidades políticas ante esta infiltración hay distintas opiniones. “Balbuena fue efectivamente infiltrado por el duhaldismo. Este gobierno lo que hizo fue mantenerlo infiltrado –afirmó Soares–. Fue dirigido durante los primeros años del kirchnerismo, primero por Gustavo Béliz, después por Aníbal Fernández que fue durante años el jefe directo de Balbuena. Cuando Fernández pasa del Ministerio del Interior a Justicia se lleva todas las fuerzas policiales y de seguridad, algo inaudito. Ahí estamos hablando de por lo menos siete, ocho años de responsabilidad. Cuando llega la ministra Nilda Garré hereda esto también y obviamente tiene una responsabilidad menor que la de Duhalde y Fernández, porque si vos estás dos años en la administración limpiás pero la responsabilidad existe. A mí me cuesta creer dos cosas: primero, que Balbuena sea el único infiltrado y después es donde aparece el problema de las formas. Que un gobierno que hace de los derechos humanos una bandera fundamental, y que con esa bandera ha atraído a gran parte de la izquierda argentina y a la gran mayoría de los organismos de derechos humanos, no pueda resolver esto. Y que lo tenga que resolver con un acto administrativo prácticamente cuando el agua le llega hasta el cogote. Además, la gravedad de lo de Balbuena es que es de una fuerza policial, porque uno puede tomar el caso Amarilla en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia o el del MOPASSOL (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos) que eran del Batallón 601, o el caso de Gerardo Martínez, todos hombres del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Uno puede decir que eran de la dictadura y que después no lo fueron más. No Martínez, que se pasea por la Casa de Gobierno de la mano de la presidenta, así que en ese caso no hay disculpa posible. Pero para la responsabilidad administrativa del Ministerio de Seguridad, uno puede decir que Garré no tiene nada que ver con los que se infiltraron de 601, pero en este caso el problema es que es la Policía Federal, entonces es más difícil justificar esta situación, es casi imposible. Una cosa es que un policía estudie, que trabaje de fotógrafo o de periodista y que nosotros lo sepamos, y otra es que lo infiltren. Si el policía quiere trabajar de jardinero o ir a la universidad por qué se lo vamos a impedir, y si quiere trabajar de periodista que lo haga, pero que todos sepamos que es policía. Porque además no es que era un oficial de la guardia de Infantería que dirigía la calle y después iba a la Agencia Rodolfo Walsh. Era un hombre de inteligencia que estaba ahí para hacer inteligencia”.
En tanto, Grinberg señaló que para la Agencia Walsh la responsabilidad es del Estado nacional, y en primer lugar de la ministro de Seguridad, Nilda Garré: “es inconcebible que haya un servicio de inteligencia que depende directamente del Ministerio de Seguridad y que estén en desconocimiento. En el mejor de los casos podemos hablar de ineptitud, pero yo no creo que sean ineptos, yo creo que hay una intencionalidad política de mantener a estos servicios porque son funcionales, porque los necesitan y siempre tienen que estar haciendo inteligencia en las organizaciones sociales para poder penetrarlas, dividirlas y eventualmente reprimirlas, saber dónde tocar para destruir un movimiento social. Si hubo una movida de parte de ellos para que nosotros caigamos en una trampa, puede ser, no lo sabemos, ni me quiero meter en este tema de que haya internas, nosotros vamos a hablar de responsabilidades políticas, y en este caso es del gobierno nacional. Con esto no le queremos quitarle responsabilidades a los gobiernos provinciales o al de la Ciudad de Buenos Aires porque también tienen sus espías”.
En el marco de la conferencia de prensa en la sede de Correpi, varios abogados y militantes mencionaron el Proyecto X y la Ley Antiterrorista como parte de una misma política de espionaje de parte del Estado. Al respecto, l a abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseveró: “nosotros queremos ratificar algo que venimos denunciando hace tiempo cuando informamos sobre la existencia del Proyecto X de Gendarmería Nacional: el kirchnerismo se caracteriza por tener un espionaje direccionado hacia las organizaciones políticas, sociales y gremiales. Todos los últimos casos que hemos podido comprobar se tratan específicamente de una infiltración política, no es que averiguan cualquier cosa y persiguen a cualquiera, hay una direccionalidad hacia lo que se persiguen e intentan investigar. Todo aquel que haya protestado, se haya manifestado y organizado alguna vez en los últimos años está incluido en el Proyecto X. Ahora tenemos que ver cómo se llama este nuevo proyecto en el que estaba incluido el agente Balbuena, pero lo que sí sabemos y podemos asegurar es que la Policía Federal tiene división específica que proviene de la dictadura, que tiene mil agentes, y ningún gobierno de 1983 a esta parte se ha atrevido a tocar. Está regida por legislación secreta, dictada por la Libertadora y que se amplió en las distintas dictaduras y sigue rigiendo. Esto lo sabemos todos, ¿cómo no lo va a saber Garré y quienes están dirigiendo el Ministerio de Seguridad?”, se preguntó Soares.
En relación a cuáles serán los pasos a seguir de aquí en más, Rodolfo Grinberg manifestó en FM La Tribu: “reclamar al gobierno nacional el desmantelamiento del aparato de inteligencia. Que se abra la lista y que se ponga a disposición toda la información que ellos recopilaron. Las organizaciones tenemos que aprender de esto, sacar conclusiones, tener un control más eficaz sin entrar en la paranoia , de compañero a compañero, de conocimiento que es lo que por ahí más ayuda a que estas cosas no ocurran. También creo que vamos a avanzar en el sentido legal pero dentro de lo que es la acción política, creemos que tenemos que hacer una denuncia judicial que contenga todo este tipo de reclamo. Hasta ahora no presentamos ninguna denuncia”. La próxima semana, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentará un Hábeas Data colectivo; es decir, la exigencia al Estado para que entregue todos los datos recabados de las personas y organizaciones a través de este hecho denunciado.
Durante la entrevista realizada por La Retaguardia al abogado Eduardo Soares, se habló sobre los objetivos de la infiltración. Dijo que además de conseguir información, lo que se buscaba era generar desconfianza entre las agrupaciones, logrando su desorganización. Cuando lo consultamos acerca de por qué el Estado infiltra a las organizaciones sociales y no a las delictivas, respondió que “en las películas los malos son la mafia, en la realidad al menos en nuestros pueblos y en nuestras naciones latinoamericanas "las mafias" (para el poder) son los que pelean, las organizaciones sociales, los que están luchando por otro tipo de sociedad, por una sociedad igualitaria sin explotadores ni explotados. Es más lógico, diría natural, que para un modelo, y me refiero al sistema capitalista en general, que concentra la riqueza, que es un capitalismo extractivo, éstos sean los malos a los que hay que infiltrar. A mí me parece que cuando una organización lleva adelante una política correcta que es justa, comprendida por la gente, es muy difícil que por medio de la infiltración la puedan destruir; le pueden producir un determinado daño. Como eso es una cuestión psicológica nos meten el miedo, entonces todos estamos mirando al compañero de al lado. Yo creo que hay que incentivar en los compañeros que no le den tanta bola a eso y que profundicen una línea política determinada, u organizativa o de solidaridad que cada organización tiene, porque si no metemos la víbora de la discordia y nos infiltramos a nosotros mismos. Eso independientemente de las respuestas que hay que tener. Seguramente tendremos una respuesta jurídica porque se están violando preceptos constitucionales, garantías expresas protegidas por la Constitución, y la respuesta política tiene que ser no bajar los brazos y seguramente romperle las pelotas al poder político, hay que presionar también ahí. Me parece que la cuestión es seguir adelante, construyendo el objeto que cada organización se ha planteado para sí misma”.

La Retaguardia

La Nueva Provincia seguirá impune

Edificio del diario bahiense La Nueva Provincia

El año pasado un tribunal solicitaba investigar al director del diario del sur argentino, Vicente Massot, y a su ex secretario de redacción, Mario Gabrielli, por "la posible comisión de delitos de acción pública durante la última dictadura militar".

El 2 de mayo pasado y tras una ardua investigación, los fiscales ordenaron apresar, indagar y prohibir salir del país al director del diario. Pero este miércoles, el Juez Federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez rechazó la orden porque "no hay elementos de convicción suficientes" para imputarlos.

Así comienza (una vez más) esta historia

En Bahía Blanca hay viento y también Fuerzas Armadas. Está el Ejército, la Aviación, el V Cuerpo, el Batallón de Comunicaciones, el Comando de Reunión de Información y el Hospital Militar. También la Armada, la Base Militar Puerto Belgrano es la principal base de Argentina y está a 24 kilómetros de la ciudad. Y, como si fuera poco, también está La Nueva Provincia, el único diario que la mayoría de los bahienses consume de manera cotidiana.
El año pasado se logró llevar adelante el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ciudad, en el que se juzgaron a ex oficiales del V Cuerpo del Ejército y la Base Naval. En la sentencia se condenó a 17 genocidas y el tribunal, conformado por los Jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti ordenaron, también, que se investigue la responsabilidad del diario por la "posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia durante la última dictadura militar” y "extraer constancias documentales respecto de las publicaciones de que daba cuenta el diario".
Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia iniciaron las investigaciones: el 2 de mayo pasado presentaron el pedido de indagatoria para Vicente Massot y Mario Gabrielli. Diana Julio de Massot y uno de sus hijos, Federico Massot, también están acusados pero fallecieron. Los cuatro eran miembros de la cúpula directiva del matutino durante la dictadura.
Pero esta semana el Juez Federal rechazó el pedido de indagatoria, porque "no encontró elementos de acusación convincentes" para llevar adelante la imputación. Durante la conferencia de prensa realizada el jueves, los fiscales dijeron que la sentencia presenta “una carencia de fundamentos absoluta que no aborda ni se hace cargo del cúmulo de pruebas que le hemos puesto de manifiesto en la requisitoria”.
Sostuvieron también que La Nueva Provincia violó brutalmente la libertad de expresión durante años, mal informando. "Estamos hablando de la comisión concreta de un delito de lesa humanidad y un rol concreto en consonancia con los reglamentos militares. Eso no es periodismo” agregaron.
"El diario fue capaz, entre otras cosas, de publicar fotos de quienes fueron detenidos, algunos de ellos habían pasado por el centro clandestino La Escuelita y habían sobrevivido. Información que no cualquier medio tiene posibilidad de acceder" sostuvo Eduardo Hidalgo secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), filial Bahía Blanca.
Palanazzi y Nebbia argumentaron que “La Nueva Provincia actuaba en todo el espectro de la vida social y política, manipulando a su antojo la opinión pública con la clara conciencia de lo que estaba ocurriendo y la firme intención de llevarlo a cabo. Tenían más claro que las propias Fuerzas Armadas que la ficción de una guerra era la única coartada que podía justificar sus crímenes”.
“Las publicaciones periodísticas efectuadas y su discordancia con la realidad posteriormente acreditada (luego de una ardua y compleja investigación), sumada a la evidente postura ideológica sostenida invariablemente en sus secciones editoriales o bien a partir de la terminología utilizada en las diversas notas analizadas no resultan suficientes como para achacar responsabilidad penal en la comisión de delitos comunes conceptualizados como de lesa humanidad“, sentenció el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca.
Según FM De la Calle, el Juez sostuvo que Vicente Massot y Mario Gabrielli están implicados en “haber formado parte del plan criminal implementado por las fuerzas armadas, participando de una asociación criminal, dentro de la cual efectuaron aportes esenciales con incidencia en la opinión pública” y “su participación como coautores en el homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola y su aporte para la concreción de secuestros, torturas y homicidios consistente en el ocultamiento de la verdad”. Pero aún así sostiene que “ello de por sí no autoriza a sostener conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de personas y demás ilícitos perpetrados por las fuerzas armadas”.
Por un tiempo más, La Nueva Provincia y su cúpula directiva seguirá sin ser juzgada por las responsabilidades civiles del terrorismo de Estado. Una empresa cómplice de la dictadura que sigue operando, y que además, tiene una fuerte influencia sobre toda la comunidad bahiense. Afortunadamente, los fiscales ya están preparando la apelación.

Julia Varela

De olvido y siempre gris

“El director del Colegio Militar, Videla, firme, cuadrado, seguía haciendo la venia a su superior (...) El helicóptero presidencial estaba ya a setenta metros del suelo y el (entonces dictador) Lanusse, que miraba achicarse la figura inmóvil de Videla le dijo a su acompañante (...) ¡’Mire qué pelotudo! ¡Vamos a llegar hasta las nubes y va a seguir haciendo la venia!’”

El dictador, de María Seoane y Vicente Muleiro

“Ante esta realidad que aceptamos con patriotismo y espíritu de servicio, miramos consternados a nuestro alrededor y observamos con pena, pero con la sana rabia del verdadero soldado, las incongruentes dificultades en las que se debate el país sin avizorarse solución... El Ejército Argentino, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción debe ser inmediatamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica debe de dejar de ser los medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines (...) El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad. (...) Así no cejaremos hasta el triunfo final y absoluto que será, a despecho de injustificadas impaciencias o intolerables resignaciones, el triunfo del país.”

Jorge Rafael Videla, discurso en Caucete, 24 de diciembre de 1975

“En el ambiente militar, su apodo afectuoso es ‘el cadete’. ¿Por qué? Porque en la vida interna del Ejército el cadete es aquel que, pese al ascenso en su carrera, no abandona las austeras y correctas costumbres del Colegio Militar. El cadete Videla (...) es siempre igual: serio, preciso, pulcro, correcto, estudioso y firme. El cadete perfecto.”
Bernardo Neustadt en la revista Extra, enero de 1978. Tomado del libro Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta
A la realidad, consagró Borges, le gustan las simetrías. El primero y glorioso peronismo, quieren su historia y su leyenda, empezó a concebirse a partir del terremoto de San Juan. La estocada final al segundo peronismo, el del fracaso y la sangre derramada, empezó desde Caucete, tras otro sismo. El comandante en jefe Jorge Rafael Videla estaba por ahí en acto de servicio. En la Nochebuena del ’75 pronunció el discurso que se extracta en el epígrafe. La arenga fue difusamente promocionada por los medios y se tradujo como un ultimátum de noventa días al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón. La relectura no incluye el plazo pero corrobora la interpretación. La ristra de autoelogios de la casta militar y el diagnóstico político no dejaban dudas. En cualquier caso, el golpe se produjo, no más, a los tres meses.
La Junta Militar asumía el mando. Por cojones, el presidente debía ser un integrante del Ejército, como lo serían sus sucesores. Adornar a Videla con las virtudes del soldado y reconvertirlas a dotes de estadista fue luego tarea de expertos: Neustadt fue uno de ellos, la cita indica cuál fue su breviario.
Videla era hierático, prodigaba tics por todos lados, la sonrisa rehuía adornar su rostro y tenía visos de mueca. No era sencillo “venderlo” salvo adornándolo con una serie de virtudes genéricas e impersonales, corporativas le diríamos ahora. Calidades impostadas, copiadas de Billiken, varias de ellas francamente pavotas aunque funcionales para endulzar la moralina de “la opinión pública”. Y para contraponer a la desmesura, la chabacanería y la ambición que se atribuían a la dirigencia política. Hasta la verborragia podía ser pecado capital y el laconismo (consecuencia de la falta de ideas) podía difundirse como mérito. Las clases dominantes, si se mira bien, hacen lo mismo con sus integrantes.

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Uno de ellos: Mirado en perspectiva, Videla fue un protagonista preponderante de la dictadura pero jamás llegó a ser un líder, un político con alguna proyección ni nada semejante. Compararlo con otros dictadores criminales odiados, pero también con seguidores como Francisco Franco o Augusto Pinochet sería imposible. Otra su dimensión, otra su proyección. ¿Habrán sido mayores sus ambiciones, alguna vez? El cronista intuye que sí y cree que no importa para la lectura histórica ulterior.
Las preguntas contrafactuales, podrá alegarse, son siempre interesadas e incomprobables sus respuestas. Así es, asume el cronista, y propone otra. ¿Hubiera sido muy distinto el devenir si el primer presidente del “Proceso” hubiera sido otro general, digamos Viola, Galtieri o Bignone? La repuesta subjetiva es que poco hubiera cambiado en sustancia. Algo pesan, siempre, las características del que comanda desde arriba... pero lo esencial de la dictadura hubiera quedado invicto.
En el contexto actual, que tipifica a ese régimen como una dictadura cívico-militar, el cadete fue un engranaje de la máquina, tan esencial cuan reemplazable por otra pieza.

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Los pactos de sangre: La personalidad del represor Emilio Eduardo Massera fue su contracara. El entonces comandante de la Armada era fanfarrón, mujeriego, con la ambición política a flor de piel, desbocado, soez. El dictador Leopoldo Fortunato Galtieri también fue extrovertido, borracho y tuvo lo que jamás lograron sus colegas de armas: un baño de multitudes, tan fervoroso como efímero.
Las diferencias personales son palmarias pero se diluyen en la perspectiva, supone el cronista: con el tiempo serán comidilla para contemporáneos o para especialistas. Prevalecerán en la memoria las características integrales de la dictadura. Los centuriones serán, de alguna forma, un arquetipo.
Los ejes que compartieron todos los que comandaron la dictadura (militares, empresarios de alto rango y prelados) fueron contados y consistentes.
El primero, talar de raíz la herencia nacional, popular y progresista. El Estado benefactor, las leyes sociales y laborales pioneras, la capacidad de lucha popular, el poder de sindicatos y organizaciones sociales. Una sociedad avanzada, bien ranqueada entre socialdemocracias y populismos del siglo XX, una ciudadanía resistente y hasta jacobina. Una hidra de mil cabezas que se debían cortar, pues era impensable vencerla o domesticarla de otro modo. En ese plano podían discutirse instrumentos, hasta la política económica implementada por José Alfredo Martínez de Hoz. Pero los objetivos fueron, en sustancia, intangibles.
El segundo pacto, necesario para arrasar con el mejor pasado argentino, fue el terrorismo de Estado como metodología. Podían colarse mejicaneadas, algún desborde de algún arma contra personalidades afines o tuteladas por otros uniformados. Desvíos trágicos y bestiales (repudiables como los demás crímenes) que no alteraron el criterio general y compartido. Sectores importantes del empresariado local y extranjero afincado en Argentina aportaron su colaboración. Instigadores, cómplices y encubridores surgieron de sus filas. Algunos se enchastraron las manos con sangre. Se investiga ahora, con buenas pruebas de cargo, si fue el caso de Carlos Blaquier o de Vicente Massot, que tendrán su juicio legal, tutelados por la presunción de inocencia.
El tercer pacto fue el silencio ulterior, el ocultamiento de pruebas, datos, nombres, documentos... La jerarquía de la Iglesia Católica fue cómplice esencial para este objetivo y formidable encubridora.
Cívica, militar y algo más fue la dictadura que el cadete gris presidió. Luego honró todos los pactos espurios hasta ayer mismo.

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En la cárcel: Murió a avanzada edad, en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. Como debía ser. De la pléyade de juicios que le iniciaron, sólo uno llegó a sentencia definitiva según informa con habitual rigor el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es uno entre tantos, pero es bastante para decir que la Justicia humana le llegó. El Juicio a las Juntas y su revalidación ulterior a 2003 juntan en ese logro a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, un símbolo que no viene nada mal.
Ni Videla ni sus aliados cívico-militares pensaron en su momento que eso sería posible. Los vaivenes de sucesivos gobiernos democráticos parecieron caer a la impunidad plena. La puerta a ese infierno se abrió con las leyes de la impunidad del gobierno alfonsinista y el círculo pareció cerrarse con los indultos del ex presidente Carlos Menem. Pero la lucha inclaudicable de los movimientos de derechos humanos, con la vanguardia insuperable de Madres y Abuelas, mantuvo viva la esperanza que se concretó durante la presidencia de Kirchner.
Videla se va cuando los procesos judiciales (demasiado morosos, por cierto) se expanden por toda la geografía argentina. Se quiebran solidaridades políticas y judiciales. Las víctimas sobrevivientes (tras una atroz secuencia de zozobras y desaires) han recobrado autoestima. Su voz resuena: pueden contar su historia. Y, sobre todo, fueron testigos de cargo en todas las causas. Sus declaraciones, validadas en Tribunales, son el fundamento institucional de las condenas. El megajuicio de la ESMA (el centro con más sobrevivientes) es el punto máximo de ese avance histórico, aunque para nada el único. De la mesa de torturas, al rol de testigo calificado, las víctimas han sido protagonistas centrales de un logro (parcial, pero muy alto en la comparación mundial) de la sociedad argentina.

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Dónde, cómo y cuándo: Estela de Carlotto, que acostumbra hablar con sabiduría y templanza, expresó ayer que una muerte no debe traer alegría. Otras víctimas o ciudadanos reaccionan distinto, penando porque Videla murió comulgando o porque no llegaron todas las condenas. O viviendo emociones complejas, que mezclan tramos de alegría con las lágrimas o la dolorosa catarsis.
El cronista prefiere ser parco para transmitir sus irrelevantes sensaciones subjetivas en estos casos. Sí se anima a confesar que odió a ese tipo y a la dictadura que en su momento creyó interminable. También que, como tantos ciudadanos, sufrió la defección de la democracia y supuso que la impunidad había ganado la partida, en enorme medida. Desde 1987 las banderas no se arriaron, la pulseada se sostuvo dentro de lo posible, pero el escenario de hoy era poco más que una utopía.
Por eso, cree atinado como cierre parafrasear a una gran intelectual y luchadora argentina, la entrañable psicóloga Silvia Bleichmar. Ya enferma, poco antes de fallecer, Bleichmar publicó un libro titulado No me hubiera gustado morir en los ’90. No hubiera sido bueno que Videla muriera en los ’90, entornado de impunidad. Gris y olvidado, despojado del uniforme que deshonró, murió como debía morir, donde debía morir y en una época cuya mera existencia hizo todo lo posible por impedir.

Mario Wainfeld

Golpe en el infierno

Murió Jorge Rafael Videla y escapó así de su infierno. Del infierno de saberse preso, condenado y repudiado. El dictador, principal brazo ejecutor del terrorismo de Estado en todo el país entre 1976 y 1983, murió a los 87 años en la cárcel de Marcos Paz de muerte natural, a diferencia –como se ha dicho hasta el cansancio, pero no por eso deja de ser cierto– de las miles de víctimas, en su mayoría jóvenes, que ordenó secuestrar, torturar, asesinar y tirar al mar para ocultar sus cuerpos.

La muerte

Estaba preso en el pabellón 6 del módulo IV de Marcos Paz. El jueves lo revisó un médico y lo encontró bien, teniendo en cuenta las dolencias que tenía, propias de una persona mayor. Hipercolesterolemia, hipertensión, arritmia y cáncer de próstata eran algunas de las cuestiones por las que era atendido regularmente en la cárcel. A las 6.40 de la mañana de ayer los agentes encargados realizaron una recorrida por el lugar y reportaron que no había novedades. A las ocho, en el recuento general, el celador miró por la ventana de la celda y vio a Videla en el inodoro. Quince minutos después, el hombre volvió a pasar y como el represor no respondía al llamado solicitó la presencia de un médico. Cuando llegó, el profesional verificó que no tenía signos vitales e hizo un electrocardiograma que confirmó la muerte. Por la tarde se practicó la autopsia que ordenó el juez federal de Morón Juan Pablo Salas, a quien la familia sondeó para saber si el genocida podía ser cremado, cosa que no fue autorizada al menos hasta que estén los resultados de los estudios toxicológicos, lo que ocurrirá en tres semanas. El juez devolvió a la familia la ropa y los efectos personales del dictador, pero preservó la documentación.

Vida y obra

Videla nació en Mercedes el 2 de agosto de 1925 y fue bautizado con el nombre de sus hermanos mellizos muertos Jorge y Rafael. Hijo de un militar conservador, en 1943 entró en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó con el sexto lugar de su promoción, de la que también formaron parte los represores Roberto Viola y Carlos Guillermo Suárez Mason. En 1948 se casó con Alicia Raquel Hartridge, con quien tuvo siete hijos. El tercero, Alejandro, sufría de oligofrenia y epilepsia y fue internado en la Colonia Montes de Oca, donde murió antes del golpe de Estado. El 27 de agosto de 1975 fue designado comandante en jefe del Ejército.
El 24 de marzo de 1976 a la una de la mañana la asonada encabezada por Videla por el Ejército, Emilio Eduardo Massera por la Armada y Orlando Agosti por la Fuerza Aérea derrocó a la debilitada presidenta María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder y pusieron en práctica un plan para asesinar a militantes políticos, gremialistas, estudiantes y todo aquel que fuera necesario para impartir el terror en la población e imponer el modelo económico que reclamaba el establishment y que diseñó José Alfredo Martínez de Hoz. Para eso, con la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana y la Escuela Francesa de la guerra de Argelia como sostén y el apoyo espiritual de la Iglesia, se montaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y se decidió ocultar los cuerpos de las víctimas.
“La existencia de los campos de concentración-exterminio se debe comprender como una acción institucional, no como una aberración producto de un puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos; no se trató de excesos ni de actos individuales sino de una política represiva perfectamente estructurada y nombrada por el Estado mismo”, explica Pilar Calveiro, en Poder y Desaparición. “Los campos concebidos como depósitos de cuerpos dóciles que esperan la muerte fueron posibles por la diseminación del terror (...) Un terror que se ejercía sobre toda la sociedad, un terror que se había adueñado de los hombres desde antes de su captura y que se había inscrito en sus cuerpos por medio de la tortura y el arrasamiento de su individualidad”, dice Calveiro.
Anticomunista, antiperonista, Videla trabajó su imagen de “profesional, austero y buen católico” en oposición a su colega de la Marina, Emilio Eduardo Massera, que era el político y farandulero. Pero la imagen más recordada del dictador es, tal vez, la de la conferencia de prensa que dio en 1979 en la que, gesticulando con sus manos levantadas explicaba: “Frente al desaparecido en tanto está como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera tendría una tratamiento x, si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento z, pero mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial: es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso no podemos hacer nada”. El año pasado, él mismo reconoció ante la Justicia que “la figura del desaparecido era una figura ‘cómoda’, entre comillas, porque no impactaba en la sociedad (...) Se puede discutir el procedimiento aplicado en ese momento a personas desaparecidas, que no era el impacto de un fusilamiento público porque la sociedad no lo iba a tolerar”.

Tribunales

En 1985, en el Juicio a las Juntas, Videla fue condenado a prisión perpetua por 66 homicidios doblemente calificados, cuatro torturas seguidas de muerte, 93 tormentos, 306 privaciones ilegales de la libertad y 26 robos. Estuvo preso hasta 1990, cuando a través de dos decretos, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó. Le “perdonó” la condena y lo liberó de otras causas que aún estaban en trámite. Vivió tranquilo como un buen vecino del barrio de Belgrano que iba a misa todos los domingos hasta que la confesión del ex marino Adolfo Scilingo hizo insoportable seguir escondiendo la basura bajo la alfombra. Comenzaron así los juicios en el exterior y finalmente se reactivaron algunos en la Argentina.
El 9 de junio de 1998 Videla volvió a prisión, acusado de ser responsable de apropiación de niños, hijos de desaparecidos. Esa mañana, el juez federal Roberto Marquevich había interrogado al médico militar Julio César Cassero-tto, quien se había desempeñado desde principio de 1977 como jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina de la dictadura. Casserotto explicó que el hospital dependía en última instancia del comandante en jefe del Ejército.
A las seis de la tarde el jefe de la Delegación San Isidro de la Policía Federal tocó el timbre del 5º A de Cabildo 639. El dictador abrió la puerta y el comisario le informó que el juez había ordenado su detención. Cuando el policía se enteró de que tenía que ir a cumplir con esa medida, había extendido sus brazos y preguntado: “¿Esto hay que hacerlo?”.
Videla estuvo 38 días en la Cárcel de Caseros, después se fue a su casa con el beneficio del arresto domiciliario hasta 2008, cuando fue llevado a Campo de Mayo. Murió en el penal de Marcos Paz, donde iba a la misa que oficiaba el cura condenado Christian Von Wernich.
Después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos se abrieron en todo el país decenas de procesos contra el dictador. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a perpetua por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, entre ellos, el asesinato de 31 presos políticos. En julio del año pasado recibió 50 años por su responsabilidad en la sustracción, retención y ocultamiento de menores, hijos de desaparecidos, aquellos delitos por los que había vuelto a prisión catorce años antes. Sin embargo, la única condena confirmada por la Corte Suprema es la de 1985. Su última aparición pública fue esta misma semana, al negarse a declarar en el juicio en el que se investigan los delitos del Plan Cóndor, la acción de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

La historia

En el prólogo de El Dictador, María Seoane y Vicente Muleiro señalan que Videla aceptó entrevistas porque el silencio que se había impuesto era “insoportable para su profundo y escondido deseo de seguir modelando la historia”. Seguramente por las mismas razones habló con Ceferino Reato para Disposición Final –que se convirtió en su testamento político– y quiso ser reporteado por la revista española Cambio 16, donde hizo la mejor propaganda para el Gobierno, al asegurar que su peor momento llegó “con los Kirchner” y hasta llamó a tomar las armas para derrocar a Cristina Kirchner, o como él dijo, “en defensa de las instituciones básicas de la República”.
Videla no será enterrado con honores porque fue destituido del Ejército y porque en 2009 la ministra Nilda Garré dispuso que los militares involucrados en delitos de lesa humanidad fueran excluidos de los discursos oficiales y fanfarrias. Pero su muerte tampoco fue festejada. Es que, como dijo ayer el nieto recuperado Manuel Gonçalves, “lo importante no es su muerte, sino lo que hizo con su vida”. Y la vida de Videla remite a muchas otras muertes. “Se fue un ser despreciable. Nunca se arrepintió”, aseguró Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. No había tristeza por Videla, pero sí por la información que se murió con él: los datos sobre el destino de los desaparecidos y los niños, hoy jóvenes treinteañeros, que fueron apropiados y no conocen su identidad.
No hubo grandes emociones ante su muerte, sí una ola de repudio por lo que hizo en vida. El rechazo unánime a su figura contrasta con los buenos augurios que recibió cuando aceptó prestar sus servicios para “salvar a la Patria”. Es el reflejo de la gran tarea realizada por Madres, Abuelas y otros organismos de derechos humanos en estos 37 años. Y supone la esperanza de un Nunca Más ante la posible existencia de otros que se acerquen a los valores que él encarnó.

Victoria Ginzberg