sábado, 12 de julio de 2025
jueves, 10 de julio de 2025
Trump lanza un golpe económico contra Brasil, con la mira puesta en un golpe de estado
Donald Trump anunció el miércoles 9 que establecería una sobretasa arancelaria del 50% contra la totalidad de los productos de exportación de Brasil – se encuentren ya tasados, como el acero, el aluminio, el azúcar y el bíoetanol, o no. En el caso de este tarifazo “recíproco” no hizo casi alusión al intercambio comercial con ese país, que registra un pequeño superávit a favor de Estados Unidos dentro de un marco de exportaciones de 40 mil millones de dólares cada uno.
Lo bizarro, en apariencia, de todo el asunto, es que Trump ha justificado ese arancelamiento recargado en lo que ha llamado “la persecución judicial” contra Jair Bolsonaro. El expresidente de ultraderecha se encuentra acusado de tentativa de golpe de estado, en enero de 2023, y destrozos de propiedades y patrimonios públicos. Trump denuncia “una caza de brujas” y ha reclamado el indulto al golpista incluso antes de recibir una condena. Las autoridades brasileñas caracterizan la extorsión de Trump como un ataque a las instituciones del Estado, especialmente contra el Tribunal Superior Federal. Dentro de una guerra arancelaria que nunca ha sido solamente comercial, sino que forma parte de una guerra mundial imperialista propiamente dicha, la bravuconada del mandatario norteamericano representa un ostensible salto, o sea a la guerra política. Trump ha cargado sobre sus espaldas la orientación a un golpe de Estado en Brasil, con la expectativa de obtener un éxito mayor que los fracasados golpes que él y su compinche brasileño intentaron, respectivamente. En el juicio a Bolsonaro se encuentran acusados de sedición varios jefes militares brasileños.
De acuerdo a la prensa brasileña (Folha de Sao Paulo), Bolsonaro estaría preparando su fuga y el asilo político por parte de Trump. El hijo mayor del golpista frustrado, Eduardo Bolsonaro, ha obtenido residencia en Estados Unidos, donde se ha declarado “diputado en el exilio”. El mismo Bolsonaro se habría refugiado en la embajada de Hungría en Brasilia durante 48 horas, luego que la Justicia le retirara el pasaporte. Aunque el Congreso de Brasil ampara políticamente a Bolsonaro, en el marco de una política para consagrar al ultraderechista gobernador de Sao Paulo como próximo presidente de la nación, Trump apunta sus dardos con el Tribunal de Justicia, a quien acusa de atacar la libertad de expresión y acallar las redes sociales, por los límites que le ha impuesto a las noticias falsas y políticamente desestabilizadoras que promueven Elon Musk y la camarilla oficialista MAGA de Donald Trump. Es claro para cualquiera que el candidato a dictador de Estados Unidos (por de pronto ha vulnerado principios constitucionales decisivos como el derecho de nacionalidad) proyecta una suerte de fascismo universal bajo los pliegos de un bonapartismo militarizado internacional.
El tiro golpista contra el gobierno y el poder judicial brasileño apunta a objetivos más ambiciosos. Donald Trump ha amenazado con la guerra a los BRICS, la coalición que integra Brasil, junto a Rusia, China, India y Sudáfrica, si continúan “socavando” la primacía del dólar, en referencia a los acuerdos comerciales de esos países mediante el uso de monedas locales. Trump mira a Brasilia pero apunta a Pekín y Moscú. Como ocurrió con el simulacro engañoso que utilizó para bombardear a Irán mientras pretendía públicamente lo contrario, el objetivo de Trump son las cabezas de sus rivales económicos y, en última instancia, geopolíticos e imperialistas de cuño propio. En un reciente pre-acuerdo comercial con Vietnam, Trump ha impuesto un desalojo de China del sudeste asiático. Cuando las principales potencias, y en especial el imperialismo norteamericano y la OTAN, dan los pasos necesarios para desarrollar una guerra mundial, es que estamos en una guerra mundial. Los planes para proceder a una “limpieza étnica” en Gaza y en Cisjordania prosiguen sin pausas; en cuanto a Ucrania, la guerra se ha convertido en ilimitada – involucra al territorio ruso y lo mismo ocurrirá con las naciones que bordean el Mar Negro, sin exceptuar a Turquía.
Una semana antes de estos improperios imperialistas contra Brasil, Lula y Milei habían convenido en una lista de 150 posiciones arancelarias para negociar con Trump una serie de concesiones recíprocas, en especial, acero, aluminio, etanol, azúcar, carne y otros. El asalto de Trump contra Brasil va dirigido a desintegrar al Mercosur, sin reparar los privilegios que esta asociación ofrece a industrias y agroindustrias de sus países. La declaración de guerra a América Latina que comenzó con la amenaza de ocupar por la fuerza el canal de Panamá, gana un nuevo desarrollo. A esto se añade el régimen de deportaciones arbitrarias por parte de Trump; las amenazas contra México, que so pretexto de la lucha contra los carteles de la droga está dirigido a quebrar el sistema bancario mexicano; o el proyecto de una base militar en Tierra del Fuego.
Las campañas electorales de medio término, en Argentina, ignoran olímpicamente el alcance de la guerra, salvo cuando se escapa la tortuga, ocasionalmente, y dos legisladoras de condición judía, una por la LLA y la otra por UxP, se acusan, también recíprocamente, de “antisemitismo”, una, y de “genocidio”, la otra, sin que el juez Daniel Rafecas sea convocado o se ofrezca a laudar.
Las compras de todo tipo de pertrechos militares a Estados Unidos, los protocolos represivos de todo orden, el uso abundante de la Gendarmería contra los trabajadores en lucha y la extensión del espionaje a la ciudadanía, muestran que la tendencia al golpe de estado no es exclusiva de Trump contra Brasil; el ex secretario de Carlos Saúl Menem, Alberto Kohan, acaba de exhortar a una disolución del Congreso, como respuesta a los obstáculos (ficticios) que enfrentan Caputo y Milei en el Senado y Diputados.
Jorge Altamira
10/07/2025
Valijagate: el gobierno liberticida encubre a miembros de la derecha continental
A pesar de que Adorni aseveró que “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, los fiscales que intervienen en la causa han presentado un dictamen en el que aportan imágenes de cómo la valijera Arrieta pudo sortear los controles que se realizan en estos casos. La relación de Scatturice con el gobierno libertario, que venía pasando bajo radar, quedó de manifiesto con el affaire de las valijas y ha puesto al empresario en el ojo de la tormenta, en tanto y en cuanto es un hombre al cual Santiago Caputo consulta frecuentemente y es el responsable de señalar a oscuros personajes para que se sumen a la función pública del gobierno liberticida, como el caso de Andrés Vázquez quien fue colocado al frente de la DGI.
La investigación judicial en curso está siendo llevada a cabo por el fiscal Claudio Navas Rial y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que han presentado un dictamen donde aseveran que no se cumplieron con los controles que la situación ameritaba. Según los fiscales, de las 10 valijas sólo 5 fueron declaradas y no fueron controladas como se debía hacerlo. Navas Rial también señaló: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo 'semáforo' destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje". La investigación judicial también da cuenta de que, luego de que Arrieta lograra pasar las valijas, “comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner.” (La Nación 7/072025)
El tratamiento diferencial que recibió Arrieta no se debió a problemas operacionales, sino que como se puede observar en las imágenes difundidas “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”. (Ídem) Es menester recordar que la Dirección General de Aduanas (DGA) está dirigida por Andrés Velis, hombre de confianza de Santiago Caputo. A su vez, Scatturice, dueño del avión Bombardier Global 5000, en el cual arribó Arrieta, tiene una estrecha relación con Diego Colunga, responsable de Royal Class, de quien depende el hangar donde la nave estuvo estacionada durante siete días antes de partir rumbo a Paris. Colunga, cercano a Santiago Caputo, fue colocado por este como director de Aerolíneas Argentinas a partir de una recomendación de Scatturice, de esta manera el ex SIDE y actual lobista de la derecha continental fue quien digitó a las autoridades de la Aduana.
En el dictamen judicial se puede apreciar que la investigación en curso da cuenta de un “comportamiento inusual” de Arrieta, ya que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”, y que “vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana”. El dictamen continúa: “Esta última, según describió [el agente], realizó un gesto de 'okey', tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales". (Ídem) La digitación de la dirección de la Aduana y las estrechas relaciones que ha cultivado con uno de los miembros del “triángulo de hierro”, le ha permitido a Scatturice que se realicen un sinfín de irregularidades en el vuelo que trajo a Arrieta y las valijas, desde la omisión de los controles de equipaje hasta la ausencia del registro de vuelo en la base de datos estatales correspondientes.
El gobierno nacional ha pasado de la negación de los hechos a un silencio sugestivo sobre el tema y, ante las consultas periodísticas, las fuentes oficiales señalan que “Hay una causa judicial en curso, no la queremos entorpecer. Dejaremos que se expida la Justicia.” (La Nación 8/07/2025) A pesar de las imágenes que brindan evidencias de las irregularidades del vuelo que trajo las valijas, desde OCP Tech, empresa de Scatturice y dueña de la aeronave en cuestión, aseguran que la tripulación y la pasajera Laura Belén Arrieta cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país.
Al día de la fecha es un enigma el contenido de las valijas, pero teniendo en cuenta los actores en escena se puede conjeturar una hipótesis del contenido. Scatturice, especialista en antilavado, además de abrir empresas off shore en Panamá, se ha dedicado al desarrollo de empresas de vigilancia digital, actividad en la que se adentró a partir de los vínculos con la SIDE, de la cual fue agente y con las distintas fuerzas de seguridad. En el caso de las valijas voladoras libertarias, debido al estrecho vínculo que Scatturice mantiene con el exmontonero Mario Montoto, lobista en materia de ciberseguridad y proveedor de dispositivos que se utilizan en el área de la seguridad, surgen las sospechas de que, en las valijas en cuestión, trasladaran materiales destinados al espionaje y ciberpatrullaje poniendo en el centro de la escena a Santiago Caputo, quien maneja, sin ser funcionario, la SIDE libertaria, que se encuentra al pie del cañón para perseguir a manifestantes populares, activistas y militantes.
Lucas Giannetti
09/07/2025
miércoles, 9 de julio de 2025
Una tormenta política, en vísperas de la campaña electoral
Más allá del desplante, el Senado Nacional se encamina a una sesión donde podrían tener sanción definitiva las leyes de reajuste jubilatorio, de prolongación de la moratoria y de emergencia en discapacidad. A esta refrendación, los senadores, a cuenta de sus gobernadores, agregan dos proyectos de su cosecha: la restitución de los Aportes del Tesoro (ATN) que Caputo le debe a las provincias y la coparticipación federal del impuesto a los combustibles. Las iniciativas que llegaron de Diputados ya fueron aprobadas en comisión, pero Villarroel les desconoce el dictamen por razones de procedimiento. En esas condiciones, el Senado debería contar con el acuerdo de sus dos tercios para tratarlas en sesión. Parece mucho, pero hasta el salteño Juan Carlos Romero, un inveterado aliado de Milei, anunció su apoyo a las iniciativas de los senadores “insubordinados”. Si las leyes resultan aprobadas, la votación del Senado adelanta un posible rechazo al previsible veto de Milei. En ese caso, las usinas oficiales han adelantado un desacato de Milei al Congreso. Alberto Kohan, otrora lugarteniente de Menem y actual fan de los liberticidas, acaba de reclamar la disolución del Congreso si éste se convierte en “una piedra en el camino” de la política oficial (Perfil, 7/7).
El conflicto de poderes y la crisis política en desarrollo no sólo tiene lugar en vísperas de la campaña electoral, sino que se ha metido en ella con toda su fuerza. Las alianzas previstas entre la Libertad Avanza, el macrismo y fuerzas provinciales han entrado en zona de tormenta. En Buenos Aires, una fracción de intendentes del PRO de los distritos agrarios rechaza un acuerdo con el gobierno y reclama el derecho a concurrir con “boleta corta” o, inclusive, a tributar a un frente de “centro” con radicales, Monzó y Stolbitzer. Es el mismo bloque que impulsa en Diputados un proyecto de reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Si las divergencias entre el capital agrario y el gobierno cobran la forma de una escisión política, ello pondría de manifiesto un antagonismo eventualmente irrevocable entre unos y otros.
Las bases de la crisis
Los gobernadores, senadores o ruralistas aluden a la “terquedad” y “rigidez” de Milei-Caputo, sin detenerse en la cuestión de fondo que sustenta a la motosierra oficial: las retenciones al agro o la asfixia a las provincias son cruciales para sostener la carga de la deuda pública, que el régimen económico oficial acrecienta todo el tiempo. Milei-Caputo han armado un verdadero esquema Ponzi, donde el pago de los crecientes intereses de la deuda obliga al nuevo endeudamiento. En este cuadro, el menor desvío respecto del prometido 1,6% de superávit fiscal podría abatir con más fuerza la cotización de la deuda pública, la cual viene tambaleándose desde hace meses.
El gobierno intenta contrarrestar la desconfianza creciente del capital financiero en su régimen económico profundizando los recortes presupuestarios. Los “rebeldes” del Congreso o gobernaciones y sus jefes -la gran burguesía agraria e industrial- aplauden los recortes dirigidos a consumar despidos o privatizaciones. El Consejo Agroindustrial -un lobby integrado por las cámaras patronales de ese sector- acaba de saludar al gobierno por el desguace del INTA, cuyos restos espera colocar a su servicio. Sin perjuicio de ello, otros aspectos de la motosierra han dividido a la burguesía: los recortes a la Obra Pública y la disolución de Vialidad Nacional -que dará lugar a la privatización de 9.000 km de rutas- comporta una carga económica para las burguesías regionales, que se enfrentan al aumento de sus costos de transporte. Todo esto venía siendo pacíficamente tolerado por los explotadores, que celebraban al mismo tiempo el ataque del gobierno a los derechos laborales. Pero la distancia con el gobierno ha subido un peldaño: el régimen de Milei y Caputo no le ha abierto al gran capital la posibilidad de financiamiento, del mismo modo que no la tiene el propio Estado. La salida de la Banca Morgan y otros fondos refrenda esa desconfianza. Los gobernadores, en este cuadro, velan sus armas. La oposición de estas horas es también el ensayo de un régimen alternativo al de los liberticidas. La premisa de ese bloque parte de preservar el trabajo sucio perpetrado por Milei-Caputo contra las masas. Ello vale, por sobre todas las cosas, para el pejotakirchnerismo.
La grieta por arriba es un aliciente para que los trabajadores desarrollemos una alternativa política independiente.
Marcelo Ramal
08/07/2025
Un año de la Ley Bases, muchas ventajas al saqueo capitalista pero nada de inversiones
Buscan instalar un barco de licuefacción de GNL en Río Negro.
Transcurrió un año desde la sanción de la Ley de Bases que contiene el Rigi, sin embargo, la inversión extranjera directa se encuentra en retroceso. A su vez, entre los proyectos aprobados se destacan aquellos vinculados con la exportación de GNL y petróleo, los cuales, en vez de redundar en mayor autonomía energética para el país, agravará el desabastecimiento de gas y combustible en el mercado interno y las presiones por nuevos tarifazos y aumentos en el surtidor.
Pese a los innumerables incentivos contemplados en el Rigi, el flujo de inversiones extranjeras directas, lejos de despuntar, arrojaron un saldo negativo por U$S 1.500 millones desde que asumió Milei hasta mayo de este año. A su vez, según un informe elaborado por Cepa en base a datos oficiales, cuatro de los cinco proyectos aprobados suponen compromisos de inversión por U$S 2.105 millones en el primer año y U$S 2.640 millones en el segundo (U$S 4.745 millones en total), mientras que solo en el primer trimestre de 2025 el déficit en la cuenta corriente alcanzó los U$S 5.236 millones.
Incluso, el 58% de las inversiones previstas en los 14 proyectos presentados en el Rigi corresponde a YPF, de mayoría estatal. Dicho sea de paso, las mismas podrían dificultarse a raíz del fallo dictado por los tribunales de Nueva York, que establece la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera "de bandera" al fondo buitre Burford.
Como fuere, dos de los proyectos más resonantes que se adhirieron al Rigi están vinculados con la exportación de petróleo y GNL. Por un lado, está en marcha la construcción del "Vaca Muerta Oleoducto Sur" para transportar el crudo desde la cuenca neuquina hacia la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro. Asimismo, otro de los emprendimientos aprobados es el que realizará Pan American Energy (cuyo CEO es Bulgheroni) junto con la empresa noruega Golar LNG, donde la primera suministraría el gas natural al barco flotante de licuefacción de GNL instalado por esta última frente al Golfo San Matías.
El acuerdo entre PAE y Golar, además de afectar el ecosistema de la zona poniendo el peligro a la fauna marina, profundizará el desabastecimiento energético del país, dado que la producción de gas de Vaca Muerta se orientaría hacia la exportación achicando la oferta local. O bien, las petroleras buscarán equiparar los precios internos a los del GNL como condición para cubrir la demanda interna, dando lugar a nuevos tarifazos en las boletas de gas y electricidad. Esto, sin contar que la población trabajadora ya viene sufriendo las consecuencias de la falta de gas en medio de la ola polar y de los aumentos siderales en los servicios públicos, a través de los cuales los usuarios subsidian de su bolsillo el precio dolarizado de extracción de gas que garantiza ganancias extraordinarias para las petroleras.
Por otra parte, en caso que se ponga en marcha ese esquema de exportación de GNL y se amplíe la del petróleo, los dólares recabados por las ventas al exterior no contribuirán ni al desarrollo nacional ni a mejorar las condiciones de vida del pueblo, por el contrario, irán directo al pago de la deuda externa usuraria. Por donde se lo mire, el Rigi de Milei agrava el saqueo capitalista de Argentina.
Los proyectos extractivistas en curso ni siquiera sirven para revertir el crecimiento del desempleo. Los mismos implicarían la creación de 10.113 puestos de trabajo (entre directos e indirectos), cuando ya se han perdido 182 mil desde que asumió La Libertad Avanza, solo en el sector registrado -según los datos del Sipa-, y siguen avanzando los despidos tanto en el ámbito privado como en el público.
Así las cosas, el plan de Milei condensa nuevos negocios para un puñado de empresarios, mayor atraso nacional y más penurias para las mayorías populares. Hay que derrotarlo con la huelga general.
Sofía Hart
Milei ofrenda las Malvinas y sigue comprando armamento obsoleto según las exigencias de la Otan
Mientras hambrea al pueblo, Milei sigue rematando el país para congraciarse con las potencias imperialistas, colocando a la Argentina como peón de la Otan en la región. Según la revista británica The Economist, el gobierno está negociando con el Reino Unido “moderar o incluso desactivar” el reclamo sobre las Islas Malvinas y comprarle pertrechos militares.
Las tratativas son secretas. Estamos ante un intento del imperialismo por imponer la venta de sus armas –cuando no hay ninguna hipótesis de conflicto militar en la región– y de avanzar en una mayor colonización económica y política de la Argentina. Desde la Guerra de Malvinas, el Reino Unido impuso un embargo a las exportaciones de armamento hacia Argentina, que incluye la prohibición de vender equipos y componentes militares fabricados en suelo británico. Dicho embargo se levantaría si Argentina abandona su reclamo de soberanía sobre las Islas.
EE.UU. y el Reino Unido buscan reforzar su injerencia en Argentina y América Latina, en el marco de la crisis capitalista y las disputas con China y Rusia. Son países que, como las demás potencias capitalistas, vienen aumentando sus presupuestos militares –incluso en armamento nuclear– al calor de la escalada en los choques comerciales y bélicos que amenazan con llevar a una nueva conflagración mundial.
Milei ha dado sobradas muestras de proimperialismo en el tema Malvinas, al punto de defender la “autodeterminación” de los kelpers ocupantes. Su gobierno permitió al Reino Unido extender su control sobre el Mar Argentino y no dice nada sobre los ejercicios militares que realiza en las Islas.
The Economist señaló que el ministro de Defensa, Luis Petri, impulsa la integración de Argentina como “socio global de la Otan” –categoría que ya tienen países como Colombia, Japón y Corea del Sur. Actualmente, Argentina es “aliado extra Otan”, un estatus obtenido durante el gobierno peronista de Menem cuando estableció las “relaciones carnales” con Estados Unidos.
Ser “socio global” traería consigo un mayor alineamiento con el imperialismo en conflictos bélicos y temas de “seguridad” y “terrorismo”, mayor intromisión de los países miembro en el aparato militar, un reforzamiento de la participación en misiones de la Otan y la inclusión en entrenamientos para operaciones futuras.
Milei viene profundizando la subordinación de Argentina a las grandes potencias. Ya sumó al país a iniciativas como la fuerza marítima proimperialista en el Medio Oriente e incrementó la participación en ejercicios militares internacionales –incluso con fuerzas británicas.
Además, hay negociaciones con EE.UU. para permitir el atraque de sumergibles nucleares en Tierra del Fuego, donde quiere construir una base militar. A esto se suma la intención de comprar submarinos franceses y helicópteros.
El gobierno libertario nos alinea con el imperialismo en su intento por ir a una nueva guerra por el reparto del mundo. La tendencia hacia una tercera guerra se ve en los conflictos en Medio Oriente (con los ataques del imperialismo e Israel a Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán), en Europa (guerra en Ucrania), en el aumento de las tensiones en el Pacífico (Estados Unidos-China) y en los conflictos armados en África.
Milei afirmó que Argentina es la 23° potencia militar mundial, dato desmentido, pero que no oculta que aumenta el presupuesto de defensa mientras aplica un brutal ajuste contra los trabajadores: recortes a jubilaciones, salarios, despidos masivos y reducción de fondos para salud y educación.
El gobierno adquirió 24 cazas F-16 estadounidenses de segunda mano a Dinamarca, la mayor inversión aérea en décadas, y vehículos blindados Stryker 8x8 (con capacidad para lanzagranadas y ametralladoras). Además, planea comprar fragatas, más blindados, fusiles y aviones de transporte. Todo esto es impulsado por un gobierno que entrega la soberanía nacional en un país sin hipótesis de conflicto armado.
El elenco gobernante refuerza a las Fuerzas Armadas para aumentar la represión y regimentación de la clase obrera, como parte de su intento por poner en pie un régimen totalitario donde las libertades democráticas queden reducidas a su mínima expresión.
Abajo el gobierno represor. Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina.
Nazareno Suozzi
YPF y la rapiña buitre contra Argentina
La semana pasada ocurrió un hecho de mucha importancia en Argentina, que fue el fallo de una jueza de Nueva York, la jueza Loretta Preska, que es un fallo contra YPF y un fallo contra el Estado argentino. Un fallo grave, realmente, porque ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF, por lo que fue el juicio por la expropiación que se realizó en Argentina en el año 2012 y entregárselo a un fondo, a un fondo de estos buitre que en su momento compró para litigar a una empresa argentina -a la empresa Petersen del grupo Eskenazi- y que con esa compra, que fue solamente por 16 millones de dólares, esta jueza -unos años atrás-, le dio un fallo favorable por 16 mil millones de dólares. Imagínense el negocio de pagar 16 millones de dólares y luego que salga un fallo a tu favor por 16 mil millones de dólares. Como este fallo no se pudo ejecutar ahora esta jueza ordena que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones de YPF. Y a la vez, esta misma jueza, dice que YPF debe darle acciones a un grupo que tiene bonos de la deuda que en su momento no ingresaron a los sucesivos canjes que hubo para tratar de darle, por una deuda también de 90 millones de dólares, una cantidad de acciones de YPF.
Es indudable que estamos frente a un hecho que avasalla la soberanía nacional y que de una manera muy, digamos, interesante, establece una reprivatización directa de YPF a través de un fallo de una jueza de Nueva York. Porque si el Estado argentino deja de tener estas acciones de YPF, esta pasa a ser controlada por el capital privado a nivel internacional; es decir, que el destino de YPF lo decide una jueza de Nueva York.
Obviamente nosotros rechazamos este fallo y vamos a ver cuál es el fundamento que tiene y quiénes son los responsables de que esta situación haya llegado hasta donde llegó. Pero también nos permite ver el problema de YPF, una mirada más amplia de cómo Argentina trató una cuestión tan clave, tan sustancial para su economía, como es la cuestión energética, la cuestión del petróleo; y cómo esa cuestión de la energía, esa cuestión de petróleo, de alguna manera, nos permiten hacer un juicio histórico sobre la clase dirigente del Estado argentino, que es la burguesía nacional, porque -como muchos han dicho, y creo que es correcto- se puede escribir una historia argentina del siglo XX y del siglo XXI a través, justamente, de cómo la clase capitalista argentina y los sucesivos gobiernos y los sucesivos partidos abordaron el problema petrolero y el problema energético.
Fíjense que YPF se fundó en el año 1922 bajo el gobierno de Yrigoyen, antes que termine su primer mandato; inmediatamente asume la presidencia Alvear. Y mucho se dijo, en una parte de la izquierda y del progresismo, que era el modelo a seguir de una especie de petróleo estatal en la Argentina. Y esto nunca fue así, porque YPF siempre terminó conviviendo con otras empresas privadas que también explotaban el petróleo argentino, era una empresa del Estado que explotaba petróleo argentino junto a empresas privadas que explotaban también el petróleo argentino. Y el primer golpe importante de la historia argentina del siglo XX se va a dar justamente contra Yrigoyen en 1930, después que vuelve a ganar las elecciones y recupera la presidencia en 1928. Y el golpe de 1930 -hay un acuerdo entre los historiadores- estuvo motivado muy fuertemente por el problema petrolero. ¿Y por qué el problema petrolero? Porque estaba una empresa norteamericana clave, la Standard Oil -la empresa más importante de petróleo de aquel entonces-, que quería quedarse con buena parte del petróleo argentino y el gobierno de Yrigoyen, que muchos lo recuerdan como el primer gobierno nacional y popular de Argentina, oficiaba para otros intereses; aunque tenía un proyecto en el Congreso para nacionalizar el petróleo, que nunca lo votaron, terminó dándole a Shell -una empresa también imperialista petrolera- una refinería en Dock Sur. Es decir que amenazaba con nacionalizar mientras trabajaba con otros sectores del capital internacional.
Pero se produce un golpe justamente para tratar de habilitar el ingreso una petrolera norteamericana en Argentina y ese golpe es apoyado por la burguesía nacional, muy claramente. El golpe en 1943, para que ustedes vean los golpes cómo se relacionan con el petróleo, ¿por qué viene? Viene porque quien era en su momento gobernador de Salta, Patrón Costas, un tipo bastante conocido en la historia argentina de choques con el peronismo. En Salta había entrado la Standard Oil, esta empresa norteamericana, y justamente se postula para la presidencia y aparece el debate que el imperialismo norteamericano se queda con el petróleo y en Argentina, quien tenía más peso en ese momento todavía era el imperialismo inglés. Y se produce un golpe en 1943 para evitar el ingreso justamente de esta empresa norteamericana.
Antes que esto en la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, como Paraguay estaba defendiendo los intereses de la Shell y Bolivia lo de esta empresa norteamericana petrolera, Argentina se alinea con el Paraguay; es decir que la burguesía latinoamericana justamente va oscilando entre sectores del imperialismo sobre el tema petrolero. Y cuando viene Perón después del 45-46, si bien el plantea una especie de nacionalización de petróleo, antes de su caída en el 55, arma los primeros contactos petroleros para el ingreso de la Standard Oil.
Este es un tema importante. El peronismo ya no en su fase de año 70 y pico con Isabel y la Triple A, sino en los primeros mandatos de gobierno de Perón, es el que plantea el ingreso de capital norteamericano en el petróleo argentino. Se aparece oponiendo Frondizi originalmente, pero cuando llega a la presidencia Frondizi después, es el que suscribe los acuerdos petroleros. Por lo tanto toda la burguesía argentina trabaja en el problema petrolero a favor del capital internacional e YPF es solamente una mediación para que el Estado argentino haga estos pactos con el capital internacional.
Con la dictadura militar, es un tema importante también, YPF va a ser fuertemente endeudada: prácticamente la deuda pasa de los 300 millones de dólares, cuando empieza en el 76 la dictadura de Videla y Massera, y termina el año 83 con 4 mil millones de deuda. Esa deuda manda la empresa prácticamente a la quiebra y va a ser uno de los fundamentos posteriores por los cuales el peronismo con Menem va armar una privatización completa de YPF.
Entonces se dan cuenta cómo no solamente el problema petrolero es determinante del golpe de Estado y con el peronismo, que con un discurso nacional y popular primero habilita o quiere habilitar los ingresos de capital norteamericano en el año 55, pero luego va a ser en la década del 90 quien hace la privatización completa, entregando YPF a Repsol. Y ahí se abre una historia muy importante de las últimas décadas que es más conocida ya por nosotros, porque la privatización de Repsol le permitió a esta empresa española -y digo norteamericana también porque una parte importante de su capital accionario cotiza en la bolsa de Wall Street, es decir, es española por su sede pero hay capital norteamericano muy importante dentro de Repsol- va utilizar las ganancias que obtiene de Argentina para inversiones en el extranjero o para cancelar deuda que tenía Repsol en el extranjero y como consecuencia de eso vamos a ver una caída muy fuerte de la producción.
¿Quién se beneficiaba con la privatización de YPF? Bueno, muchos gobernadores que en el medio de esto se arma una reforma constitucional del año 94 para habilitar la reelección de Menem y permite que lo que se llama propiedad del subsuelo pase del Estado nacional a las provincias y con ese gancho Menem logra que los gobernadores, todos los gobernadores, especialmente los de las provincias petroleras, apoyen la reelección de Menem. Uno que era clave en todo esto fue Néstor Kirchner, que va a apoyar claramente esta reelección justamente por esta cláusula constitucional que le otorga a Santa Cruz –él era gobernador de Santa Cruz- la propiedad de subsuelo y la posibilidad de negociar con la empresa directamente los contratos. Y eso va a ocurrir bajo la década del 90 con Menem. Pero, ¿cuál era el costo de todo esto? El costo de la caída muy fuerte de la producción, lo cual implicaba para el país la necesidad de importar energía, con todo lo que eso supone de gasto de divisas.
Esto lo deja el gobierno De la Rúa y el kirchnerismo cuando asume en el año 2003 mantiene este esquema hasta que se hace insostenible, y se hace insostenible, justamente, por el derrumbe de la producción. Y la primera medida que va a tomar el gobierno de Néstor Kirchner es realmente una gran estafa, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora, que es lo que se va a llamar la argentinización de YPF ¿Qué es la argentinización de YPF? Es hacer que un grupo capitalista local ingrese a YPF como socio de Repsol. ¿Quién es ese grupo capitalista local que ingresaba a YPF como socio de Repsol? El grupo Eskenazi, que era quien mantenía también la privatización del Banco de Santa Cruz. Era un grupo que nada tenía que ver con el petróleo. No, sus, digamos, conocimientos pasaban por otro lado: tenía bancos, tenía empresas de construcción, pero nada que ver con el petróleo, e ingresa a la empresa sin capital propio. ¿Y cómo va a pagar ese 25% que le da Repsol de acciones? Lo va a pagar con los beneficios que genera la empresa. Un hecho escandaloso porque llevaba ¿a qué? A que esa empresa se descapitalizara cada vez más, porque los beneficios no se invertían en YPF, no se reinvertían en el país, sino que se utilizaba para que este grupo Eskenazi le pague a Repsol la parte que tenía. Y a Repsol le servía esto también porque Repsol podía eludir todo tipo de controles de capitales y fugar dinero al extranjero.
Entonces, bajo esta argentinización de YPF completamente trucha se agrava la crisis petrolera argentina, la crisis energética argentina y llevó a una pérdida gigantesca de divisas por parte del Estado nacional, que eso llevaba a devaluaciones de la moneda, a mayor inflación, a un derrumbe del salario, a un crecimiento de la pobreza, todo eso generado bajo el gobierno kirchnerista y en un momento era tan evidente que el gobierno tuvo que pegar un viraje.
Y ese viraje llega en el año 2012, cuando se produce la expropiación de la empresa y esa expropiación de la empresa no da lugar a una empresa estatal de YPF, mucho menos da lugar a una nacionalización integral del petróleo, sino que esa expropiación se termina conformando con una YPF Sociedad Anónima, en la cual el Estado argentino tiene una mayoría accionaria, pero no es una empresa del Estado, no forma parte del presupuesto público, lo que hace YPF no se discute en el Congreso Nacional, sino que es una empresa privada que tiene una mayoría del Estado, con un 51% de las acciones.
Y el Grupo Repsol recibió una indemnización por esto que llegó en el año 2014 a casi 10 mil millones de dólares, una enorme fortuna de dinero que se sumó a toda la plata que en su momento el Grupo Repsol giró al exterior. Y este grupo Eskenazi, cuya empresa es Petersen, sus acciones no fueron expropiadas y vende una parte de esas acciones a un fondo internacional para que demande a la Argentina. Y a pesar de que lo que vende es el 70% del 25%, se hace este juicio en Nueva York y la jueza de Nueva York le da la razón y saca un fallo en el cual ordena al Estado argentino pagarle 16 mil millones de dólares a este fondo buitre, al cual está asociado este grupo Petersen Eskenazi, que era socio del kirchnerismo en Santa Cruz; un negocio gigantesco: no pusieron plata de entrada, pagaban con los beneficios que obtenía la empresa y ahora va a ser socio de lo que son los 16 mil millones de dólares que pide la jueza que se le paguen a ellos. Hay quienes dicen incluso que toda la totalidad de la deuda iba para ellos, porque este grupo Burford, que es quien está asociado a la demanda, parece que no es realmente propietario de la demanda como tal. Entonces vemos que primero se reconoce una jurisdicción internacional, por eso hay un juicio en Nueva York, para una empresa que nunca puso plata propia y para un fondo buitre que aparece asociado a ella, demandando al Estado argentino.
Esto fue lo que estuvimos viendo todo el tiempo y ahora vemos además todas las complicidades que hubo. Porque no es solamente un problema de una clase social, es el mismo personal político el que está detrás de todo esto, para que ustedes puedan ver lo interesante que es esto: por ejemplo, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, nombra como procurador, es decir, como jefe de los abogados del Estado a Zanini, ¿Zanini qué era, cuando lo nombró a Alberto Fernández como procurador, antes de esto? Era el abogado de grupo Petersen-Eskenazi en Santa Cruz; es decir son las mismas personas que están en el Estado quienes deberían defender al Estado, se los nombra como procuradores a partir de la defensa que tienen de un grupo privado. Es un verdadero escándalo. Obviamente no hizo nada para defender a Argentina en ningún juzgado porque eran socios y empleados de Eskenazi, tenía que defender el Estado pero defendieron a Eskenazi.
Y cuando viene Milei pasa algo parecido. Son nombres menos conocidos pero, por ejemplo, Milei nombra como segundo de la Procuración a una persona que se llama Andrés de la Cruz, el vice de la Procuración –este de la Cruz- es el encargado de los juicios internacionales contra el Estado. ¿Qué hace? ¿Quién era este tipo? Era también abogado de Eskenazi. Y otra vez es el zorro en el gallinero. Lo mismo que hizo Alberto Fernández nombrando a Zanini acá nombra directamente a un abogado de Eskenazi a cargo de la procuración; el tipo ¿qué va a hacer? Trabaja para Eskenazi; y cuando este renuncia nombran a otro: se llama Santiago Castro Videla, que se excusa también porque su socio fue testigo contra Argentina en este juicio en Estados Unidos. Entonces uno ve cómo la burguesía argentina, ya sea Alberto Fernández, ya sean los Kirchner, ya sean los Milei, no solo sigue una orientación absoluta de entrega de nuestros recursos naturales, sino que es el mismo personal que trabaja para estos grupos privados que hoy demandan en una sede internacional una cantidad de dinero que es absurda, completamente, porque hoy YPF tiene una valoración accionaria de 13 mil millones de dólares y piden por el 25% 16 mil millones. Es absolutamente impagable todo esto.
Entonces acá estamos teniendo un juicio histórico a una burguesía argentina que es responsable de una entrega, de la privatización, que es responsable de la entrega, de haber admitido un tribunal internacional para este tipo de juicios y ahora colocan justamente en manos de Milei, nada más y nada menos, la responsabilidad de decidir qué hacer frente a este fallo. Milei ha dicho que va a apelar, pero el presidente de YPF puesto por Milei dice “este no es un fallo contra nosotros, este es un fallo contra el Estado argentino, no contra YPF”. Pero si se llega a concretar lo que pide la jueza, que se entregue el 51% de las acciones, YPF pasa a ser controlada por el capital privado porque el Estado pierde ese 51%.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esto? Obviamente rechazar el fallo; no hay ningún tipo de jurisdicción de la Justicia norteamericana sobre YPF y sobre el Estado argentino. Y eso debe hacerse ya no solo para la YPF actual, sino mucho más allá para proceder a una nacionalización integral del petróleo y de la energía por un gobierno de los trabajadores. Porque los esquemas que hemos visto son esquemas que van al fracaso y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, lo que pasa en Mar del Plata, donde una ciudad se quedó sin gas justamente por la falta de inversión de los grupos económicos. Tenemos Vaca Muerta, que es uno de los principales yacimientos de gas no convencionales del mundo, pero Mar del Plata se quedó sin gas por falta de inversión. ¿Y por qué falta de inversión? Bueno, porque el tipo de cambio actual han crecido los costos en dólares y, al revés, se reduce el beneficio de las exportaciones. Entonces, por ejemplo, el último yacimiento, Néstor Kirchner, que se inauguró hace muy poquito atrás, funciona solo con el 60%, porque no hay inversiones en Vaca Muerta como tiene que haber, y al no haber inversiones terminamos con Mar del Plata sin gas.
Entonces, no solamente es una cuestión vital para la industrialización del país tener una energía en manos de un gobierno de trabajadores, sino que es clave incluso para la vida cotidiana, porque hoy hogares de Mar del Plata, por ejemplo, se quedan sin gas por culpa de esta política. Así que a rechazar con todo este fallo y a presentar un programa alternativo que no es el programa de kirchnerismo, que no es el programa de peronismo, sino es un programa de nacionalización integral de los recursos naturales como parte de una unidad socialista de América Latina, que fue lo que se nos prometió y nunca existió.
lunes, 7 de julio de 2025
Vicentin: los buitres de Bunge o Pérez Companc se quedarán con los restos de la cerealera
En estos seis años, Vicentin ha enfrentado varias situaciones, entre la falta de acuerdo con los acreedores, investigaciones judiciales y controversias sobre la venta de activos. El default llevó a la intervención del gobierno nacional de Alberto Fernández, que coqueteó con la expropiación y nacionalización de Vicentin, pero no pasó de una bravata.
Comenzó entonces el largo proceso del concurso de acreedores que culminará en los próximos días. El corazón del problema, ahora, es quién se queda con Vicentin, cuando el proceso productivo de la exportación de granos ya tiene un curso definido pues las operaciones de exportación se han diversificado en otras plantas y los trabajadores de Vicentin trabajan a la fazón, como los talleres textiles de La Salada, con el acuerdo de la Federación Aceitera.
El atractivo de Vicentin son sus instalaciones, muy importantes. Hay nueve empresas interesadas en quedarse con las plantas a muy bajo costo. Vicentin se ha transformado en objeto de una pelea de buitres que pretenden quedarse con las instalaciones y la producción a cambio de muy poco. La multinacional Bunge junto a Viterra por un lado y el grupo de Pérez Companc por otro definirán quién se queda con la empresa. Posiblemente los demás interesados podrán asociarse como grupos menores del que gane el concurso.
Vicentin es el caso extremo de una patronal amparada por los distintos gobiernos de turno, en democracia o dictadura, que le han permitido todo tipo de maniobra fraudulenta. Con nuevos dueños, luego seguirá el camino de las grandes patronales que hoy despiden, reducen salarios y sobreviven por el rescate del Estado.
Los platos rotos del default lo han pagado los trabajadores aceiteros en materia de salarios, puestos de trabajo y desconocimiento del convenio. La Federación Aceitera ha pasado de alentar la intervención de Alberto Fernández a las plantas a aceptar el trabajo precarizado que hoy tienen los trabajadores de Vicentin en Reconquista, en Avellaneda y en el cordón de San Lorenzo.
El final del proceso de Vicentin amerita fijar una posición socialista sobre el proceso de la comercialización de granos, que debe partir de la apertura de los libros de las grandes aceiteras y la estatización sin pago y bajo control obrero de los puertos privados.
Ningún trabajo a la fazón en las áreas aceiteras.
Ningún aceitero en la calle: reincorporación de los que han sido despedidos en el proceso del concurso de Vicentin.
Juan Ferro
07/07/2025
INTA: víctima del vaciamiento
A partir de entonces se pondrá en marcha una “provincialización” del INTA, que ya no podrá “manejar su propio presupuesto y dependerá administrativa y financieramente de la cartera agrícola, a cargo de Sergio Iraeta” (La Nación, 1/07). Por su parte, el Consejo Directivo del INTA se reconvertirá en un Consejo Técnico y pasará de 10 miembros a 7, que tendrán a su cargo cuestiones de orden técnico, dejando de lado las económicas, suprimidas por el Gobierno, más precisamente por el ministerio de Desregulación y Modernización de Estado a cargo de Sturzenegger. Este se ha fijado como meta, a través de la liquidación del INTA, reducir gastos y estructura operacional. Todo esto será complementado por un plan de retiros voluntarios. El combo liquidacionista de Sturzenegger se completa con la venta de 70 000 hectáreas de campos pertenecientes al INTA. En el borrador del DNU que se dio a conocer en los medios especializados, se puede leer que “los titulares de los organismos transformados conforme el presente Título deberán remitir a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un listado completo y actualizado de la flota automotor, aérea, naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial asignada a dichos organismos”, además de “la información actualizada de bienes inmuebles asignados a dichos organismos” (Bichos de Campo, 4/07).
Al día de la fecha las entidades de las patronales agrarias (Aacrea, SRA, FAA, CRA y Coninagro) forman parte del Consejo Directivo del INTA, acompañadas por representantes de las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. A estos se suman miembros de la Secretaria de Agricultura. Nicolas Bronzovich preside el ente, flanqueado por la vice, María Beatriz “Pilu” Giraudo, ambos representantes de los agronegocios. Según fuentes especializadas del sector los primeros en salir eyectados del Consejo Directivo serán el representante de Aacrea y los miembros designados por las facultades. De esta manera el Consejo Directivo quedará integrado por tres miembros designados desde el Poder Ejecutivo y las entidades agrarias contarán con cuatro representantes. Con este esquema los representantes de las patronales agrarias quedarían en superioridad numérica, si no fuera porque el presidente Bronzovich pasará a tener voto doble; de esta manera el gobierno liberticida impondrá los planes de desguace sin restricciones algunas. Estos cambios serán introducidos por los libertarios por medio de la modificación de la Ley 21.680, por la cual se creó el INTA hace 70 años, a pesar de que en la Ley Bases se plantea que el gobierno nacional no puede modificar su estructura y funcionamiento. Concretamente se eliminará el articulo Nº 4, habilitando que el presidente del ente tenga el carácter de secretario y, como en la actualidad, será nombrado por el Poder Ejecutivo. Los atributos dados al presidente del ente le permitirán “gestionar los bienes y patrimonio asignado al INTA, dictaminar el reglamento interno de funcionamiento y proponer la estructura organizativa del organismo, entre otros puntos.” (Ídem) Concretamente se le da a quien presida el INTA la suma del poder hacia dentro del ente. La eliminación del articulo Nº 4 estará secundado por la incorporación del artículo Nº 4 bis, que estipula la conformación del Consejo Técnico, eliminando al Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Técnico serán ad honorem y sus funciones se centrarán en elaborar los planeamientos científico y técnicos del INTA, pero será el presidente, representante directo del Poder Ejecutivo, quien tendrá la última palabra para vehiculizar (o no) los lineamientos técnicos y las decisiones claves del ente. Siendo más concretos, el INTA se abocará a cuestiones más técnicas, relegando las líneas de investigación, que hasta el momento son aplicadas a la producción agropecuaria.
La motosierra de Sturzenegger también se aplicará al INTI, que según trascendidos se convertirá en una “unidad organizativa”, bajo la égida de la Secretaría de Industria y Comercio. La embestida libertaria llegará a otros entes descentralizados, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que al igual que el INTA, dependerán de la Secretaría de Agricultura, convirtiéndose en direcciones nacionales de dicha secretaría, lo que redundará en una pérdida de autonomía y disponibilidad de recursos económicos y la unificación de las áreas de Recursos Humanos, Administración y Asuntos Jurídicos.
El quid de la cuestión es que el golpe de mando dentro del INTA y los demás entes no se reduce a cuestiones técnicas, sino que lo fundamental de la pérdida de autonomía es que se realiza en pos de ponerlos bajo el mando del Poder Ejecutivo y el manejo discrecional de los recursos económicos, es decir, de la caja. De esta manera Sturzenegger se hace del botín que representa el INTA, imponiéndose en la lucha de facciones libertarias que se libra por el control del aparato estatal. El decreto en cuestión también prevé que la ofensiva se llevará adelante en otros entes, como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis (ARICCAME), el Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI), que ya el año pasado sufrió el despido de 900 de sus 1000 trabajadores y se disolverían el INASE y la CONASE, a pesar de lo que pretendía la industria productora de semillas.
La destrucción del INTA como se lo conoce hoy en día responde a los planes privatizadores del instituto, para subordinarlo de una vez por todas al sector de los agronegocios y las patronales agrarias. La deliberación entre los trabajadores se extiende y está planteada una gran marcha para este martes. La política de vaciamiento y destrucción del INTA y los demás entes debe ser respondida, en principio, unificando todos los reclamos e impulsando autoconvocatorias que enfrenten a la pandilla libertaria, con un plan de lucha que tenga como principal objetivo la defensa de todos los puestos de trabajo y derrotar el ajuste en curso.
Lucas Giannetti
07/07/2025
domingo, 6 de julio de 2025
Matar de frío para salvar a las petroleras
La crisis de suministro de gas en red no tiene antecedentes por su magnitud; no hay antecedentes de que una ciudad de la envergadura de Mar del Plata se quede sin suministro en los hogares. Atribuir esta situación solamente a la “ola de frío polar” implicaría desconocer el agravamiento, por parte de Milei, de una crisis de conjunto del sistema energético.
La llegada del gas a sus puntos de consumo se ha complicado como consecuencia de la paralización de un conjunto de obras. Es el caso de varias plantas de compresión de gas que intervienen en el fluido que llega desde la cuenca neuquina; el freno a la reversión del gasoducto Norte o la ampliación del Gasoducto de la Costa, en este caso, con impacto directo sobre Mar del Plata. Esos recortes son parte de la política de “obra pública cero” impuesta por el gobierno libertario. Pero la motosierra oficial llegó más lejos, incluso en plena crisis de suministro. Ocurre que, de acuerdo a las normas de emergencia que existen para los casos de escasez de gas, el gobierno debía proceder prioritariamente al recorte del suministro en las usinas termoeléctricas. Estas usinas están preparadas para emplear combustibles líquidos, como alternativa -aunque más costosa- en lugar del gas. Pero esa “decisión (...) es costosa para las arcas del Estado (que) debe poner la diferencia con subsidios” (Clarín, 3/7). Para evitar ese desembolso, el gobierno prolongó el consumo de gas en las usinas, a sabiendas que agravaba la escasez en los demás segmentos del consumo.
Vaca Muerta
Pero las causas de esta crisis de suministro llegan al actual nudo del sistema energético de Argentina –el yacimiento no convencional de Vaca Muerta-. El colapso de estos días tuvo lugar en medio de una manifiesta caída de la producción de gas en la cuenca neuquina. Como prueba de ello, el flamante gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) operó al 60 % de su capacidad. El gobierno dice que inició una “investigación” sobre las causas de la retracción en las operaciones de Tecpetrol, Pluspetrol, Total y otros. Pero no necesita indagar demasiado, porque son las propias empresas las que denuncian una crisis relacionada con la caída de los precios de exportación y el aumento de los costos en dólares, ello, cuando las áreas más productivas de Vaca Muerta comienzan a evidenciar síntomas de agotamiento. Las petroleras, además, reconocen “problemas” en la negociación de sus contratos con las empresas que llevan adelante las “fracturas” o perforaciones. Sostener a Vaca Muerta en operaciones exige “inversiones crecientes”, dicen los especialistas. Pero esas inversiones no parecen llegar. Como otras fracciones del capital, las petroleras se suman al carro de la devaluación o del tarifazo. En plena ola de frío y penuria de gas, el gobierno dispuso un aumento en los cargos fijos de la tarifa de gas en red y, además, celebró la “liberación” de los precios del gas en garrafa, cuya demanda se disparó en estos días. El gas de garrafa calefacciona al 46 % de las familias que carecen de red de gas en sus hogares.
Crimen organizado
La conducta de Milei-Caputo en relación a la crisis del gas es criminal. Los fondos acreedores de la deuda pública, las petroleras y todas las fracciones capitalistas están llevando el padecimiento de las masas hasta niveles intolerables. El precio de la garrafa debe ser retrotraído y congelado a diciembre pasado, asegurando el abastecimiento incondicional a todas las familias que lo requieran. Un sistema energético nacionalizado y gestionado por sus trabajadores debe asegurar que el conjunto del gasto en gas y luz resulte compatible con el ingreso familiar.
Marcelo Ramal
04/07/2025
La visita de despedida de Lula a Cristina Kirchner
La reunión del Mercosur en Buenos Aires para formalizar el pasaje de la presidencia “pro tempore” del bloque de Javier Milei a Lula da Silva, obligó al presidente de Brasil a visitar a Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria, donde conversaron largamente, según los acompañantes del mandatario. Cristina Kirchner declaró enseguida que la visita que recibió de Lula “fue más que un gesto personal: fue un gesto político de solidaridad”. La expresidenta se comparó con el brasileño, que “también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron”.
Cristina Fernández distorsiona los hechos. Lula da Silva fue liberado de la prisión por los mismos que lo encarcelaron. ‘Pudieron’ encerrarlo en la cárcel y luego ‘pudieron’ sacarlo de ella. El lawfare que lo privó de la libertad y de sus derechos políticos fue usado casi dos años después para liberarlo. El Tribunal Superior de Justicia, que lo condenó a 12 años de prisión, en 2018, ordenó su excarcelación con un argumento trivial: que el proceso judicial que tuvo lugar en Curitiba debía haber ocurrido en São Paulo. Lula no ha sido absuelto, el juicio duerme el tiempo de la marmota. Al momento de su prisión, el destino de la apelación de la condena al Tribunal Superior era incierto: la diferencia era de un voto, sea a favor o en contra. El comandante en Jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, zanjó el diferendo con un tweet que advertía al Tribunal de las consecuencias de un fallo desfavorable; lo acompañó todo el alto mando que luego integraría el gobierno de Bolsonaro. Rosa Weber, la presidenta actual del Tribunal, y Alexandre de Morães, el actual perseguidor de Bolsonaro, votaron por la condena a Lula, en una votación de 6 a 5. Lula fue condenado para facilitar la victoria electoral de Bolsonaro, el candidato de la cúpula militar, que con anterioridad había organizado el golpe parlamentario que derribó a la entonces presidenta Dilma Roussef. Cuatro años después, los desmanejos de Bolsonaro en la pandemia y una cadena de denuncias de corrupción, provocaron en la alta burguesía un giro. Lula fue liberado mediante una argucia, también con el voto de Rosa Weber y Alexandre de Morães. Lula, una vez liberado, hizo un acuerdo político con toda la derecha que derrocó a Roussef y acordó mantener en pie la legislación de su predecesor -en especial la Reforma Laboral-, para ganarle a Bolsonaro por una diferencia mínima en segunda vuelta. ¿“No pudieron”? Sí, “pudieron”, y por partida doble –para encanarlo y para borrar la condena con el codo-, argumentando la comisión de “un error histórico”. ¿Cristina Kirchner, acaso, tiene la expectativa de que la Corte de Argentina, haga lo mismo? En ese caso: ¿promete hacer un acuerdo con la derecha, para volver al gobierno? La jueza Servini de Cubría cree que es lo que ocurrirá, pero con una trampa, porque insinuó que habría un indulto con posterioridad a las elecciones, pero el indulto a los delitos comunes no incluye a la privación de derechos políticos, aunque la Corte pudiera admitirlos.
Ni Lula salió de la cárcel por la campaña “Lula livre”, ni CFK va a salir por la campaña “Cristina Libre”; eso lo decidirán la alta burguesía y Estados Unidos. Es lo que ha dicho en forma explícita la expresidenta cuando aseguró que Argentina marcha a un default y que sus adversarios o enemigos irán a pedirle que se haga cargo del rescate. Todo rescate del capital es una expropiación de la fuerza de trabajo. En materia de corrupción, sin embargo, los gobiernos de Lula no han salido absueltos. Es lo que demostró la condena al jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, en la causa “mensalão” –un dinero ‘adicional’ provisto a los legisladores para que aprueben proyectos del gobierno-, y a Antonio Palocci, por múltiples estafas. Ahora mismo, Lula ha conservado el “orçamento secreto” establecido bajo Bolsonaro, que adjudica un dinero monumental a los legisladores para gastos sobre los que no deben rendir cuentas. El caso del Lava Jato, las monumentales coimas que pagaba Odebrecht para ganar licitaciones, es muy instructivo, porque la constructora se había convertido, con otras, en el emblema de desarrollo de un capital nacional, por parte de Lula y el PT. Fue denunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el propósito de eliminar a una rival de las constructoras y petroleras norteamericanas del mercado de desarrollo de Petrobras y de las obras y corredores en América Latina, incluida Cuba.
Lo que distingue a Cristina Kirchner de Lula es, sin embargo, el nivel de riqueza personal que ha acumulado. Desde los negociados, bajo la dictadura, de los créditos 1050 para vivienda; la compra barata de terrenos en Calafate, antes de convertirla en meca del turismo; el destino desconocido de la indemnización a Santa Cruz cuando Menem privatizó YPF, y la descomunal corruptela de sus asociados políticos en los juicios en que se encuentra involucrada. El poder judicial acelera estos juicios cuando la orden de mando del gran capital es privarla de sus derechos políticos en vísperas de elecciones que se consideran estratégicas para fortalecer a Milei.
¿“Solidaridad política”? El kirchnerismo y el PT comparten un alineamiento internacional definido en la guerra económica internacional –los BRICS y el “desarrollo hacia Asia”, como acaba de señalar Lula en la reunión del Mercosur-. Pero ni China, ni los BRICS, ni Lula ven en el kirchnerismo una alternativa a la subordinación de Caputo-Milei a Estados Unidos y Trump. La diplomacia económica de China tiene una constelación de aliados en Argentina afín a sus intereses. Milei, por otro lado, no ha logrado obtener nada de Estados Unidos en materia comercial, más que aranceles contra el acero y el aluminio de Argentina (y el bloqueo al ingreso de bíocombustibles), como ocurre también con Brasil. El kirchnerismo es una carta política gastada, como ha ocurrido en otros países, como lo atestigua la muerte del ALBA. La visita obligada de Lula a la expresidenta (lo contrario habría sido una desconsideración hasta para una buena parte del PT) no es un anuncio de “nuevas primaveras”. Las masas de Argentina y Brasil necesitan construir sus propias perspectivas.
04/07/2025
La bosta de Espert y la violación de derechos de Arroyo Salgado
“Cárcel o bala” es la insignia que identifica al matón José Luis Espert. En este caso, se aplicó “cárcel”: siete personas se encuentran detenidas por un fallido escrache en su domicilio, ubicado en San Isidro, ocurrido el pasado 17 de junio. Entre los detenidos se encuentran Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejal de Quilmes por el kirchnerismo. La jueza Sandra Arroyo Salgado dictó contra todos ellos la prisión preventiva, por considerar que existe peligro de fuga u obstrucción de la causa. En el caso de Abaigar, fue trasladada al penal de mujeres de Ezeiza. Por otra parte, Arroyo Salgado también dictó el secreto de sumario. Los acusados presuntamente arrojaron bolsas con bosta y colgaron un pasacalle frente a la vivienda de Espert. Este “delito”, que apenas podría ser caracterizado como una contravención, ha sido encuadrado por la jueza como amenazas y perturbación del orden público. Sin temor al ridículo, los funcionarios hablan de “premeditación”, con la intención de caratular a una célula terrorista.
En una conferencia de prensa que brindaron el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, los familiares de los detenidos denunciaron el show montado por la policía y el juzgado durante las detenciones. Se los hacía salir y volver a ingresar de sus viviendas para las cámaras, como si se tratara de un desfile o la exhibición de un trofeo. La pesquisa incluyó violentos allanamientos en las viviendas de los familiares. La inefable Patricia Bullrich celebró en las redes difundiendo imágenes de los presuntos ´agresores´, con el lema “el que las hace las paga”.
La judicialización de un acto de protesta y el dictado de prisión preventiva por parte de la jueza constituyen una clara violación del llamado estado de derecho y un intento de convertir al poder judicial en un instrumento punitivo del gobierno. Constituye una declaración de estado de sitio sin aval del Congreso. Estamos ante una réplica de la ofensiva contra los derechos ciudadanos que ha emprendido Trump en EEUU. El fascismo enano de Milei, más disperso que hojas de otoño, es una subvariante de la dictadura civil que promueve el imperialismo.
Jacyn
04/07/2025
sábado, 5 de julio de 2025
El Mercosur y la guerra arancelaria
La guerra de “aranceles recíprocos” ha ocupado extensivamente a la prensa y a la información internacional, pero no en cuanto al Mercosur. Con un arancel externo común de los países que lo integran, el Mercosur es una víctima objetiva de esta guerra. Trump ha aumentado en un 10 % los gravámenes a la exportación de acero y de aluminio a Argentina, Brasil y México, y en estos días ha prohibido el ingreso de tubos sin costura que produce Tenaris. Esto explica que los países del Mercosur hayan elevado a 150 los productos a los que no se aplicaría el arancel externo común, con el propósito de que cada país por su cuenta pueda negociar una reducción de ellos a cambio de la supresión o reducción de los aranceles impuestos por Trump.
Frente a la ofensiva comercial trumpista, Javier Milei optaría, dice la información, por la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos; Lula, por una intensificación del comercio con Asia, desde China, India y el Asia Central; el agronegocio brasileño y también la industria, compiten con EEUU en el mercado mundial. Un TLC con EEUU sería inviable, porque Argentina no puede perder el mercado chino y porque Trump no está interesado en abrir el mercado norteamericano (de acero, bíocombustibles o aluminio) a Argentina. Estados Unidos ha bloqueado incluso la importación de litio desde aquellos países que no integran, a partir de ese mineral, una cadena de producción con dominio norteamericano con destino a Estados Unidos. El gobierno de Trump está dispuesto a extender los aranceles al acero y al aluminio a los productos industriales derivados de esas materias primas (desde cuchillos a automóviles). Por otro lado, el cierre relativo del mercado norteamericano a China, Japón y la Unión Europea, obliga a esos países o bloques a derivar sus exportaciones a otros mercados, como los “emergentes”. Cuando más necesaria resultaría fortalecer la capacidad para negociar como bloque, el Mercosur aborda la guerra económica con tropas dispersas.
A fuerza de discutir hasta el aburrimiento acerca de la acumulación de reservas del Banco Central, la cuestión más decisiva, la comercial, ha quedado fuera del radar público. Pero ella jugará un papel más disolvente en la economía que la política monetaria de Caputo. Argentina depende financieramente de la deuda pública, principalmente en manos norteamericanas, pero mucho más del comercio mundial, que gira en torno a los rivales de Estados Unidos.
En definitiva, las contradicciones objetivas llevan a un choque entre Trump y Milei, a una capitulación de Milei y a un probable golpe de mano de la burguesía local.
Política Obrera
Escandalosa absolución al cura abusador Raúl Sidders, a una semana del inicio del juicio
A una semana del inicio del juicio al cura Raúl Antatolly Sidders por los abusos perpetrados a Daniela Silva cuando era capellán del colegio San Vicente de Paul de La Plata, Tribunal Oral Criminal Nº 5 de La Plata resolvió sobreseerlo declarando la prescripción de los crímenes y ordenó su liberación. Un escándalo, que absuelve a quien abusó de Daniela entre sus 10 y sus 15 años, por los que ocasionó tales daños a su salud mental y física que falleció en septiembre pasado con solo 32 años de edad.
El abusador cumplía arresto domiciliario a la espera del juicio que iba a comenzar el jueves 10 de julio, y se valió del fallo vergonzoso de la Corte Suprema que sobreseyó a Justo José Ilarraz -condenado a 25 años de prisión por múltiples abusos. Estamos ante una política de Estado para garantizar la impunidad de los abusos eclesiásticos.
Estos crímenes cometidos contra niños y adolescentes no deben prescribir, debido al largo y doloroso proceso que es necesario atravesar para lograr identificar el abuso, vencer el miedo y la vergüenza, y ni hablar cuando se trata de ministros de una Iglesia Católica con poder y una larga historia de impunidad. Muchos tardan décadas en denunciar que sufrieron abusos, a menudo aún con fuertes consecuencias familiares y sociales. Por el daño que ello genera en la salud mental y física, y por el alto índice de suicidios, se considera sobrevivientes a las víctimas de abuso.
La denuncia penal contra Sidders fue radicada en 2020, en el marco de una ola de testimonios en redes sociales y medios de comunicación de exalumnos del San Vicente acerca de las vejaciones que perpetraba el cura, la intromisión en la intimidad, el trato denigratorio hacia las mujeres y violencia laboral. Aún así, entonces fue protegido por el Arzobispado de La Plata -que para intimidar hizo público el nombre de Daniela y envió una carta documento a Prensa Obrera-, y por el Obispado de Iguazú, ciudad donde había sido recientemente trasladado a oficiar de capellán del XIII escuadrón de Gendarmería.
Es un nuevo capítulo de infame impunidad que se suma a la protección que recibieron los abusadores Rubén Marchioni, Héctor Jimenez y Eduardo Lorenzo, en la misma ciudad de La Plata. Además del encubrimiento eclesiástico, los hechos que iba a ser juzgados ponían sobre la mesa también la responsabilidad de la Dirección General de Cultura y Educación y del gobierno bonaerense, que deja que las escuelas confesionales a las que asisten cientos de miles de niños y adolescentes sean un coto cerrado de la Iglesia sin control alguno.
Al momento, las organizaciones y referentes de sobrevivientes de abusos eclesiásticos y del movimiento de mujeres que convocaban a concentrarse el jueves 10 de julio en los Tribunales de 8 56 y 57 para el inicio del juicio, mantienen la cita para denunciar esta aberrante absolución, y debatirán nuevas acciones para exigir el fin de la prescripción de los abusos sexuales en la infancia.
Iván Hirsch
Los jerarcas del Opus Dei denunciados por trata de mujeres para servidumbre
La Fiscalía argentina imputó al sacerdote Mariano Fazio, segundo al mando del Opus Dei, por reducción a la servidumbre y trata de personas en una causa que involucra a otros jerarcas. Otra muestra del carácter barbárico de esta institución, que posee vínculos importantes con el mundo político y empresarial en Argentina y otros países.
La investigación judicial de los hechos, ocurridos en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (Icied), comenzó en 2022 tras las denuncias de 43 víctimas durante el año anterior; la acusación se formalizó en 2024. La causa está a cargo de la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3.
Inicialmente, los acusados fueron jerarcas que dirigieron la delegación argentina del Opus entre 1991 y 2022. Fazio es el principal colaborador de Fernando Ocáriz, prelado (máxima autoridad) de la institución, y el primero en la línea sucesoria. El infierno del Icied, que funcionó entre 1973 y 2017 -fue cerrado por el Ministerio de Educación bonaerense-, ha sido relatado por Claudia, una de las víctimas, en un documento.
Las 43 mujeres, pertenecientes a familias trabajadoras-rurales pobres y católicas, fueron reclutadas por el Opus Dei cuando eran menores de edad con la promesa de tener un hogar, ir a la escuela y acceder a un trabajo. Finalmente, trabajaron gratis durante décadas como empleadas domésticas para satisfacer las demandas de los miembros varones del Opus.
Claudia contabilizó veintidós años y seis meses de servidumbre en el Icied. Secó miles de vasos, limpió pisos de rodillas, planchó y fregó sotanas innumerables veces, y cocinó para hombres de la élite vinculados al Opus (empresarios, políticos, jueces, académicos, terratenientes). En los casi diez mil días que trabajó, “rezó, se flageló y besó el piso al sonar el despertador, cada mañana a las 6, diciendo: te serviré” (ElDiarioAr, 29/6).
Las mismas penurias sufrieron otras 42 mujeres. Trabajaban desde las 6 am hasta altas horas de la noche bajo un régimen opresivo. El adoctrinamiento y la manipulación ideológica eran la norma. Bajo amenaza de castigo, debían aceptar la obligación de castidad, la ruptura de lazos familiares y sociales, y revisiones periódicas de salud que incluían medicación psiquiátrica (El País, 3/7).
Además, no tenían acceso a medios de comunicación. Las autoridades del Icied controlaban las cartas que recibían: si anunciaban la muerte de un familiar, las ocultaban durante meses para evitar visitas; otras simplemente se descartaban. Una de las víctimas declaró en abril que sirvió directamente a Fazio.
El Opus Dei ha negado los cargos y pidió que se permita dar “su versión de los hechos” a los implicados. Mientras tanto, como era de esperarse -por su historial en la vulneración de derechos y la defensa de curas abusadores-, el Vaticano ignora las denuncias.
La sotana, la política y el dinero
El Opus Dei es una facción derechista de rasgos sectarios que pertenece a la Iglesia Católica. Fue fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002 por Juan Pablo II -Francisco beatificó a Álvaro del Portillo, su sucesor. Opera como una logia; en su seno hay jerarquías e impera el secretismo, y muchos de sus miembros pertenecen a la élite capitalista. Solo se sabe si alguien es del Opus cuando trasciende, pues no hay actas públicas.
Durante la Guerra Civil española, el Opus apoyó al bando fascista de Franco. Balaguer creía que los republicanos estaban controlados “por una camarilla de judíos, masones y comunistas empeñados en socavar a los nacionalistas y a la Iglesia” (Perfil, 15/12/2014). Algunos miembros del régimen franquista pertenecían al Opus.
Aprovechando sus vínculos con el franquismo, Balaguer logró expandir la organización usando los mismos métodos que Fazio y su séquito: reclutamiento de jóvenes engañados para ingresarlos a la organización, a la que entregaban sus salarios y herencias. Actualmente, los miembros célibes ejercen profesiones bien remuneradas y están obligados a ceder todo su dinero a la organización.
El Opus considera que el rol de la mujer debe reducirse al de ama de casa, prohíbe los anticonceptivos a los matrimonios, predica entre la juventud que el sexo prematrimonial es pecado y obliga al celibato a los solteros. A algunos miembros les colocaban un anillo de púas apretado en las piernas para “reprimir el deseo”.
“Las prácticas de autolesión, las técnicas agresivas de reclutamiento, la segregación de sexos en sus centros residenciales y de estudios, además de los informes de exmiembros a quienes se prohibía el contacto con sus familias, contribuyeron a la percepción de que el Opus era más una secta que una institución, pese a contar con la bendición del Papado”, señala Perfil (ídem).
Los miembros de élite del Opus viven en comunidades cerradas y segregadas, actuando como células clandestinas en ciudades de todo el mundo. Su objetivo es extender su influencia entre ricos y poderosos, según el periodista Gareth Gore, autor de un libro que trata sobre los chanchullos empresariales del Opus.
Y así lo demostró la realidad. El presidente del Banco Popular español fue Luis Valls Taberner, miembro del Opus. La organización tuvo entre sus filas a otros banqueros españoles y a un presidente de las cajas de ahorro. Desde su posición, facilitó que un comerciante de vino se convirtiera en dueño de un holding multinacional, en una movida en la que se vieron involucradas empresas fantasma. Una versión a mayor escala del kirchnerista Lázaro Báez. El Opus, claro, se benefició de esto.
“El propósito de la Sindicatura era presuntamente emplear su dinero para crear redes de reclutamiento y explotación de niñas en países como Nigeria, Filipinas, Australia, Bélgica, Francia y Argentina, entre otros. Hasta cien millones de euros anuales se desviaban del banco a través de esa red”, señala Gore. El Banco Popular fue llevado a la bancarrota.
Sus negocios se extendieron a Europa (Reino Unido, Suiza, etcétera) y América Latina (Argentina, Chile, etcétera). En Argentina, el Opus Dei es dueño de la Universidad y el Hospital Austral. Además, tuvo lazos con Gregorio Pérez Companc, que giró grandes sumas a la organización, y con Jorge Neuss, cuya familia está vinculada a Santiago y Francisco Caputo. En pleno 2000 de crisis, Neuss donó al Opus un predio de casi 5.000 hectáreas en Miramar y le construyó una mansión.
“Ninguna institución del Opus Dei tiene nombre religioso: Los Molinos, Universidad Austral, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Montevideo (Uruguay) o la Universidad de Navarra (España)”, señaló la periodista Paula Bistagnino. El Opus también tuvo vínculos con la dictadura de Videla. El Icied funcionó cerca de Campo de Mayo, el mayor centro de tortura, y obtuvo fondos gracias al militar Osvaldo Cacciatore, que estaba a cargo de la intendencia de Buenos Aires.
Gustavo Béliz, exfuncionario de Menem, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, cultivó relaciones con el Opus. Jorge O’Reilly, miembro de la organización, egresado de la misma escuela que Mauricio Macri y desarrollador inmobiliario en Tigre, se alió con Sergio Massa durante su intendencia y fue su nexo con la embajada estadounidense (Revista En Defensa del Marxismo, 2023). Manzur, que obligó a una niña de 11 años a parir tras haber sido abusada y solicitar el derecho a la interrupción legal del embarazo y uno de los dirigentes favoritos de Cristina Kirchner -fue su ministro de Salud-, es un agente del Opus. También son conocidos los lazos del macrismo con la organización. Milei intentó colocar como miembro de la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla, hombre del Opus Dei. Y la lista continúa. Ningún partido capitalista ha roto con esta lacra.
Nazareno Suozzi
A Milei hay que sacarle “tarjeta roja” ya
Las manifestaciones de un parate en la economía aparecen por todos lados
La subida del dólar oficial de estos días tira por tierra la pretensión de Milei de llevarlo a $1.000, antes de las elecciones, y sobre esa base recomponer las reservas, y puso la mira en la precariedad del plan de Milei-Caputo. Esta crisis prevista por todos los analistas económicos –incluidos los del campo del oficialismo- se aceleró por la decisión del JP Morgan de recomendar a sus clientes “tomarse un respiro” y no invertir en títulos argentinos, cuando en abril llamó a sumarse a la bicicleta financiera –carry trade- armada por Caputo para asegurar una especulación en pesos con altos márgenes de ganancia –la tasa más alta a nivel mundial- y garantía de un dólar estable. Ahora el JP Morgan llama de hecho a salir del carry trade. Previamente la firma –Morgan Stanley- que califica a los países según su capacidad financiera -el riesgo de invertir y especular en ellos- dejó a Argentina en el escalón más bajo de confiabilidad junto a países en guerra –Ucrania, Palestina- o muy atrasados. En concreto en el sistema financiero internacional amigo a Milei le sacaron “tarjeta amarilla”.
Como si esto fuera poco, una jueza de Nueva York intimó a la Argentina a depositar el 51% de las acciones de YPF a cuenta del pago a un fondo buitre que compró por 17 millones de dólares un reclamo del grupo Eskenazi contra la estatización de una parte de YPF en 2012. El problema no es menor porque YPF y la explotación de Vaca Muerta aparecen como una de las pocas fuentes de ingresos de dólares del país. La pelea entre Milei y Kicillof en torno al tema no puede esconder que la decisión de la jueza neoyorquina es un episodio más que completa una historia de saqueo de la petrolera argentina y de los recursos hidrocarburíferos del país que hicieron todos los gobiernos. No olvidemos la responsabilidad del gobierno de Néstor Kirchner en el negociado con los Eskenazi que hoy litigan asociados a los buitres de Burford Capital, aunque Kicillof lo omita.
Los límites del ajuste fiscal
El ajuste descomunal de los gastos del Estado que el gobierno ha concentrado en los servicios esenciales que este debe brindar a la población y en el despido de empleados estatales, en la miseria de las jubilaciones, en el cierre de organismos, en el ataque brutal a la salud, a la educación pública, a las obras públicas, al aporte a las provincias, no alcanza como garantía ni base para resolver las contradicciones de la política económica que se basa fundamentalmente en sostener un dólar barato a costa de un endeudamiento sin precedentes.
Lo del JP Morgan, la Morgan Stanley y la jueza Preska actúa acelerando el desenlace de todas las contradicciones de la política de Milei-Caputo, que venían manifestándose antes del acuerdo con el FMI y que este frenó tirándole una soga con el acuerdo firmado. Un dato que se conoció estos días puso en claro la gravedad de la situación, el conocimiento de que el déficit de cuenta corriente –diferencia entre los dólares que salen y los que entran- alcanzó en el primer trimestre del año los 5.500 millones de dólares que proyectado a los 4 trimestres del año darían la friolera de 22.000 millones, ¿cómo cubrir semejante desbalance para más de una salida de divisas que no corresponde a un plan de relanzamiento de la actividad productiva generadora de capital? Muy lejos de esto el déficit –además del turismo al exterior- es consecuencia de las divisas destinadas a la importación de bienes de consumo terminados –es decir, que suplantan producción local.
Las manifestaciones de un parate en la economía aparecen por todos lados: caída del consumo, aumento de la morosidad frenando el uso del crédito, aumento de los cheques rebotados por falta de fondos y por supuesto en la caída del empleo como desocupación por freno de la economía -cierres-, por la búsqueda de trabajo por cada vez más sectores ante el derrumbe de los salarios, y por la precariedad de las condiciones laborales. Es una de las consecuencias del derrumbe del salario, al cual el gobierno le puso un cepo con el aval de la burocracia.
Con “octubre” no alcanza
En los sectores capitalistas que operan el país la alarma está encendida. Y empiezan las manifestaciones de descontento y reclamos en un marco de apoyo a la esencia del gobierno que es atacar a los trabajadores y sectores populares. Un frente abierto es con el capital agrario que reclama la eliminación de las retenciones que el gobierno había bajado por 6 meses. Los gobernadores tomaron fuertemente este reclamo y otros que afectan a los grupos capitalistas que operan en sus provincias, y están en la base de la “sublevación” de estos días que tiene como telón de fondo la caída de la recaudación, el desequilibrio fiscal, la paralización de obra pública, que amenazan con provocar un salto en las crisis provinciales y el peligro de rebeliones populares.
En una reciente reunión en la Sociedad Rural –que no fue pública-, contada por el periodista de La Nación José del Río, participaron las cabezas de Adeba, de Camarco, de la Cedu, de la UIA, de la Cámara Argentina de Comercio, al decir del periodista “los sectores más representativos del país”. El resumen de la reunión sería que “ya no hay tiempo para lo políticamente correcto. Las cosas se dicen tal cual son o no se dicen”, y el reclamo de que es decisivo avanzar en las reformas de fondo –laboral, previsional, tributaria-, para mejorar la "competitividad" que no alcanzaría con apelar a devaluación. ¿Tiene Milei las condiciones para ello? Alguno alertó que los inversores han extendido las pruebas de gobernabilidad al 2027 (“Por supuesto que el gobierno gane bien en octubre va a reforzar el camino pero las inversiones de fondo llegarán si en el 2027 hay una revalidación”).
La prevención de los “inversores” tiene fundamento. Si el gobierno gana las elecciones de octubre –lo cual de todas maneras no sería lineal, teniendo en cuenta que son elecciones distritales- será con la abstención como principal dato. Las recientes elecciones en Santa Fe mostraron un índice de participación muy bajo, literalmente votó menos de la mitad de los empadronados en una elección de carácter obligatorio, aumentando la ya alta abstención de hace tres meses. Las elecciones adelantadas de este año han tenido como dato relevante la abstención que afectó a todas las fuerzas políticas. El usufructo que hizo Milei del derrumbe de los partidos tradicionales, del rechazo que estos suscitan, parece haber encontrado un límite en el marco de una política económica que cruje, y que provoca una crisis en los agrupamientos con los cuales Milei ha ido sorteando su debilidad institucional. Las elecciones de octubre no parecen ofrecer una salida a esto y es una de las quejas que se filtró de la reunión de la Rural.
Fuera Milei
Los resultados electorales, las encuestas que reflejan una avance en el rechazo al gobierno, el crecimiento de los reclamos capitalistas Milei los enfrenta yendo más a fondo en sus ataques a la población y a los trabajadores en particular. La respuesta frente a la lucha de los trabajadores del Garrahan y de los residentes es un claro ejemplo: va más a fondo en el ataque en la búsqueda de quebrar el conflicto. Así como han recrudecido las ataques a la prensa, o la persecución judicial contra opositores como en el caso del escrache a Espert. Sabe que la suerte de su gobierno no depende solo de sostener un plan económico inviable a como venga sino fundamentalmente de su capacidad de imponer una derrota a los trabajadores para viabilizar la descarga de la crisis sobre sus espaldas. Allí se juega la “gobernabilidad” y el futuro del liberfacho: en la lucha de clases. El peronismo, la burocracia sindical y CFK son tan conscientes de ello que ni siquiera coquetean con una movilización popular y una intervención –incluso controlada- de los trabajadores, a menos que sean desbordados. El “volveremos” de CFK es un compromiso con la clase capitalista de que el peronismo no va a obstaculizar a Milei en su trabajo de destrucción de los derechos, conquistas y participación de los trabajadores en la renta nacional.
Por eso es clave para quebrar esta política criminal sostener, impulsar y organizar las luchas que los trabajadores salen a dar. Hay un “clima” de lucha en el país sostenido con mucho esfuerzo, incluso contra el boicot, el ninguneo o la oposición de las direcciones burocráticas. En los últimos meses vivimos las luchas de los metalúrgicos de Tierra del Fuego, los choferes de UTA, docentes de Catamarca y Buenos Aires, de la Universidad, los trabajadores del Garrahan, Morvillo, Georgalos, Secco, del neumático, piqueteros, residentes, del Inti-Inta, jubilados, y muchas más que no alcanzan el conocimiento público, entre tantas otras. Hay que dar una especial atención a la lucha de la salud que se está extendiendo por todo el país, que enfrenta al gobierno nacional y a los provinciales, que como el de Kicillof aplican la motosierra, sin distinción de “ideologías”.
Los capitalistas le han sacado “tarjeta amarilla” a Milei para que avance en resolver el mandato que le han dado y por el cual lo sostienen. Para los trabajadores la única salida es sacarle “tarjeta roja” a Milei, no hay convivencia posible. Solo una acción de la clase obrera y el movimiento popular puede imponerle una derrota: la tarea es organizar la huelga general. Para ello, por un lado, es muy importante esforzarnos para que los conflictos en curso y los que surgen triunfen. Estas luchas cuestionan y enfrentan a la patronal, a la burocracia sindical y al Estado; por eso es necesario un reagrupamiento de lucha y de independencia de clase, que tenga como objetivo superar la política cómplice de la burocracia peleando por un plan de lucha progresivo con paros, movilizaciones y ocupaciones hasta la huelga general.
Por eso apoyamos un paso muy importante como es la decisión de los sindicatos combativos, las comisiones internas de lucha y organizaciones de desocupados y jubilados de organizar un encuentro de trabajadores –ocupados, desocupados, jubilados- para las próximas semanas. Un reagrupamiento de quienes luchan por una nueva dirección del movimiento obrero, cuando la CGT se sienta discutir la reforma laboral, cuando vemos a la burocracia dar la espalda abiertamente a luchas como las del Garrahan o el Inti, entre tantas otras.
El desafío es que la clase obrera irrumpa en la situación política con sus reclamos, con su política y con su programa para terminar con este régimen.
Eduardo Salas
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