jueves, 24 de mayo de 2018

Nicolás del Caño con Alejandro Bercovich analiza la realidad política

Francisco conocía los abusos de Ilarraz, pero se calló la boca



La condena de 25 años por abusar de siete niños cuando debía educarlos puso a Justo Ilarraz en el centro de la escena. Pero ¿cuándo se condenará a los encubridores?

Ayer fue una jornada histórica en Paraná. Quizás Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la capital entrerriana, no imaginaron nunca tener que tomar una decisión tan reñida con las tradiciones (en este caso, con la impunidad para los actos aberrantes cometidos en el seno de la Iglesia católica). Pero así fue. Y lo hicieron como lo indica la corrección política, luego de largas audiencias que no dejaron el más mínimo margen para la duda.
Fue tanta la impunidad que se tejió durante décadas alrededor de las decenas de abusos sexuales cometidos por Justo José Ilarraz sobre niños de entre 10 y 14 años que tomaban clases con él en el seminario de Paraná, que ni siquiera la contundencia de las pruebas volcadas en el juicio dieron la seguridad a los sobrevivientes de que iba a haber una condena. Por eso, cuando pasado el mediodía el Tribunal dictó la sentencia, las lágrimas, la emoción y el sentimiento de cierta reparación estallaron tras largo tiempo contenidos.
Fue la propia jueza Vivian quien lo anunció. “El Tribunal, por unanimidad, resolvió”, dijo y todos callaron. “Primero, no hacer lugar a los planteos de vulneración del principio de congruencia y de prescripción de la acción penal formulados por la defensa”. El acusado, mirándola fijamente, apenas se inmutó.
“Segundo, declarar a Justo José Ilarraz autor material y responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores agravado por ser encargado de la educación”, en cinco de los casos tratados, “y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación”, en los dos casos restantes. El acusado, con la mirada fija en la jueza, apenas movió su papada, como tragando saliva.
“Y por ende condenarlo a la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo”, concluyó la jueza. El acusado, sin perderla de vista, movió la cabeza en gesto de negación. Tal vez lo dejó un poco menos molesto el hecho de que los jueces resolvieron que, mientras se espera que la sentencia quede firme (lo que puede implicar un largo tiempo), pasará su detención en su casa “controlado” con una tobillera electrónica monitoreada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Diócesis llena de pedofilia

La sala en la que se llevó adelante el juicio es muy pequeña. Nada casual. ¿Para qué iba a hacerse en una sala más grande si el Tribunal había decretado que las audiencias no fueran públicas? Por eso, cuando los jueces decidieron abrir las puertas para el día de la sentencia no se percataron que muchas personas, incluyendo varios medios de comunicación, quedarían afuera. O sí, y no les importó.
Tan pequeña era la sala que, tras la lectura de la sentencia, mientras Ilarraz salía custodiado por agentes penitenciarios a muy pocos metros Fabián Schunk, uno de los sobrevivientes y querellantes, era abordado por periodistas, cámaras y micrófonos.
“Hemos dejado que la Justicia pueda decir lo suyo y, en función de todo lo que se mostró en el juicio, se hizo justicia. Ya no hay nada más por decir, ¿no?”, fue su primera definición. Y agregó que “después de tantas pesadillas soñaba con este momento”.
Schunk recordó que “en el juicio apareció una octava víctima” de Ilarraz (que obligó a abrir una nueva causa en su contra) y deseó que esta condena aliente a muchos de sus excompañeros que también fueron víctimas a denunciar.
Respecto a la jerarquía eclesiástica, particularmente al Arzobispado de Paraná, Schunk pidió “que aprendan de una vez por todas. Esto no se puede esconder y acá tienen que seguir apareciendo los responsables. Nosotros tuvimos que romper el encubrimiento, la vergüenza y el silencio impuestos”, reflexionó con sus ojos brillosos.
Como era de esperar, a Fabián le preguntaron qué reacción espera del Papa Francisco tras esta condena. “Desde que esto empezó nosotros nos contactamos con Bergoglio pero nunca hemos tenido una respuesta. Él siempre tuvo nuestros teléfonos y nunca se comunicó. Yo lo único que espero es el abrazo de mi familia y nada más”, respondió con contundencia. Y agregó que “las altas esferas de la Iglesia de Entre Ríos son responsables” también en esta historia. “No es casual de que en esta diócesis haya tanta pedofilia”, afirmó al tiempo que sugirió que “el Papa debería echar mano a este clero e intervenir esta diócesis”.

“Un claro día de justicia”

La platense Julieta Añazco, referente nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, estuvo ayer junto a Schunk y el resto de quienes habían ido a buscar una sentencia ejemplar contra Ilarraz. En diálogo con la Izquierda Diario dijo que desde la Red están “muy felices” con esta sentencia.
“Es la primera vez en Argentina que una causa declarada prescripta se reabre, llega a juicio y se condena al acusado. Esto sienta un precedente muy importante para sobrevivientes que tenemos causas prescriptas, nos da un empujón anímico inmenso”, agregó Añazco. Precisamente la causa en la que es querellante contra el cura Héctor Giménez acaba de ser archivada por segunda vez. En 2004 lo había hecho el fiscal Marcelo Romero, amigo de Monseñor Héctor Aguer, y ahora fue el fiscal Marcelo Martini quien dice que la causa prescribió.
“Admiramos la lucha de Fabián, Hernán, Maxi y los demás compañeros que, pese a todas las trabas que le pusieron siguieron adelante”, dice Julieta con orgullo. Y agrega que la Red sabe “que muchas de nuestras causas quizás nunca lleguen a juicio. Por eso estamos felices de que este juicio haya sido favorable para los denunciantes”.
También viajó desde La Plata a Paraná Liliana Rodríguez, psicóloga que asiste desde su creación a varios miembros de la Red de Sobrevivientes. “Ayer fue un día de altísima emoción y nos queda la sensación de que se hizo justicia. Ayer en Paraná fue un claro día de justicia”, relata a este diario.
“Había mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Pero la sentencia fue contundente. Ilarraz estuvo todo el tiempo con la misma cara de piedra y frialdad que pudimos ver en Etchecolatz cuando fue condenado”, detalla la profesional, quien también estuvo presente en La Plata cuando se dictaron condenas contra el genocida.
Para Rodríguez “lo importante es el mensaje claro que se dio a una sociedad a la que por ahí le cuesta creer en los testimonios de los sobrevivientes que pasaron por eso y se animan a hablar después de mucho tiempo. No olvidemos esos mitos e ideas creados por la misma Iglesia de que se trata de campañas orquestada por los denunciantes que buscan dinero y demás. Este juicio echó por tierra con todo eso”.
Sobre el significado que tiene una condena como la de ayer, la psicóloga destaca “la reparación” que viven los sobrevivientes. “El Tribunal vio palpablemente las huellas y los daños psicológicos que aún quedan por haber vivido esas situaciones. Los jueces vieron los llantos y cómo se quebraban los testigos cuando relataban las secuelas que les quedaron en sus vidas”, recordó.
Para Rodríguez, “así como aquellas situaciones de abuso marcaron un antes y un después, esta sentencia también marca un antes y un después en las vidas de los sobrevivientes. No porque vayan a olvidarse de lo que vivieron sino porque ahora podrán reforzar o armar proyectos de vida diferentes”.
Desde Mendoza (donde sigue de cerca la causa del Instituto Provolo) Carlos Lombardi también habló con La Izquierda Diario. Para el abogado de la Red de Sobrevivientes y especialista en derecho canónico la jornada de ayer fue “exultante”.
“La pena que le aplicaron a Ilarraz es lo que se esperaba ya que es lo que había pedido la Fiscalía. Se ha hecho justicia. Y eso es lo que espera todo sobreviviente, algo que nunca se ha hecho hacia dentro de la propia Iglesia dado el grado de encubrimiento y complicidad que tienen para con estos tipos”, afirmó Lombardi.
El letrado saludó que con esta condena las víctimas estén felices. “Los profesionales que acompañamos también lo estamos, porque compartimos la misma lucha. Las víctimas deben ser escuchadas y en este caso las víctimas de Ilarraz fueron escuchadas. Esperemos que esta sentencia sirva para que las demás víctimas sigan denunciando y allí estaremos acompañándolos”.

¿No supieron qué hacer o hicieron lo que saben?

Muy pocas horas después de conocerse la sentencia contra Ilarraz, desde el Arzobispado de Paraná emitieron un comunicado plagado de hipocresía. Como si necesitara quitarse de encima una mancha que crece sobre su pulcra sotana, el arzobispo Juan Alberto Puiggari ordenó difundir un texto titulado “Iglesia: compromiso, verdad, justicia y sanación”.
Allí la Curia entrerriana asegura que “en su momento” no supo “encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas” de Ilarraz, a quien califican como alguien que “incumplió con su vocación y su promesa a Dios”.
Cínicamente Puiggari dice que Ilarraz no solo atentó “contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección” sino que vulneró “la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad”.
Tratando de eludir la más mínima responsabilidad, el texto aclara que si Ilarraz sigue siendo cura no es por culpa del Arzobispado (que astutamente se lo sacó de encima apenas conocidas las primeras denuncias) sino del Vaticano, ya que “la expulsión del estado clerical sólo puede ser impuesta por decisión exclusiva de la Santa Sede”.
Y en una respuesta velada a Fabián Schunk, para quien no es casual que la diócesis de Paraná haya tanta pedofilia, Puiggari destaca “el compromiso por la tarea pastoral y social que desarrollan los sacerdotes y todos los integrantes” de su arquidiócesis. “Los actos cometidos por unos pocos no pueden desacreditar ni desvalorizar la labor” que, según él “abnegadamente”, desarrollan los curas y las monjas bajo su mando.
El texto finaliza con una provocación: “Invitamos a toda la comunidad a encontrar, a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad, dejando de lado las suspicacias, el encono y el prejuicio, actitudes que dañan el espíritu y alejan a las personas de la verdad”.
Obviamente Puiggari sabe que, para condenar a Ilarraz, el Tribunal tomó en cuenta la declaración de su antecesor Estanislao Karlic, quien siendo arzobispo de Paraná recibió las primera denuncias contra el abusador hace más de veinticinco años.
¿Habrá juicio y castigo alguna vez para Karlic y Puiggari? ¿Declarará alguna vez Jorge Bergoglio todo lo que supo y todo lo que calló sobre este caso y tantos otros?

Daniel Satur

De la Revolución de Mayo al Cordobazo, pasando por los anarquistas



Mayo es Mariano Moreno y también Agustín Tosco.

Sobre el 25 de mayo de 1810 y sus vísperas, para no repetir las traumáticas muletillas que nos enseñaron mecánicamente en la escuela primaria, estuve rastreando en estos días documentos y escritos menos conocidos.
Y encontré de pronto un dato puntual que quiero compartir.
En 1807, el jefe de la segunda invasión inglesa a Buenos Aires se llamaba John Whitelocke. Esta invasión, igual que la primera que había comandado Carl Beresford, también fue rechazada y Whitelocke tuvo que irse con el rabo entre las piernas.
De regreso a Londres debió comparecer ante una Corte Marcial que lo declaró culpable y lo consideró "incapacitado e inmerecedor de servir a Su Majestad en ninguna clase de empresa militar".
Hasta aquí me parece que no hay nada sorprendente y creo que tampoco muy desconocido. Pero lo que sí me llamó la atención es la defensa que John Whitelocke hizo de sí mismo.
¿Qué alegó el militar británico ante el tribunal del imperio que lo juzgó?
Whitelocke arguyó que él no se sentía culpable de la derrota, porque consideraba que era imposible, absolutamente imposible, conquistar una ciudad como Buenos Aires donde todos los habitantes sin excepción habían salido a la calle a combatir.
Y no hacen falta demasiadas exégesis ni agregados para este episodio. Contra los ingleses en 1807 o contra la policía asesina del 19 y 20 de diciembre del 2001, la larguísima lucha librada por los sectores populares de esta urbe portuaria tan polifacética como contradictoria, sigue siendo no sé si la misma, pero por lo menos bastante parecida.
En esos tres o cuatro años que van de las invasiones inglesas al 25 de Mayo se fue desarrollando y profundizando la conciencia colectiva.
En estas horas recordamos la Revolución de Mayo de 1810, que como la revolución francesa ocurrida 21 años antes, en 1789, no fue una revolución de los más desposeídos. En el caso nuestro no tuvo como epicentro un levantamiento de los esclavos traídos por la fuerza desde Africa y desde otras latitudes, ni fermentó en el marco de una rebelión indígena, como la heroica revuelta de Túpac Amaru, sino que se conformó como una revolución iniciada por la burguesía porteña que había entrado en colisión con el oscurantismo godo e inquisidor de las huestes de Fernando VII.
Sin embargo, en las condiciones feudales que los colonialistas españoles habían impuesto a sus posesiones en el nuevo continente, el pronunciamiento del 25 de mayo de 1810 fue una auténtica revolución que planteó una nueva etapa, desencadenando una dialéctica y una dinámica que se prolongó con muchas luces y muchas sombras en las guerras por la independencia.
En el Cabildo Abierto del 22 de mayo ya habían quedado bien delineadas las dos posiciones.
El obispo Benito Lué y Riega, que era un incondicional de la Corona, opinó que el virrey Cisneros debía ponerse al frente de la situación, en tanto que el abogado Juan José Castelli, que estaba fuertemente inflamado por las ideas renovadoras de los enciclopedistas como Rousseau, manifestó a los gritos que el poder de la España colonial, de la España realista, había caducado y que el pueblo debía asumir los derechos de soberanía para constituir un nuevo gobierno.
Era la segunda década del siglo XIX.
Fue justo en ese momento histórico, al producirse una serie de coyunturas internacionales favorables, sobre todo la invasión de Napoleón a España, y, al abrigo del ocaso colonial que desencadenara el relevo de los comerciantes monopolistas ligados a la metrópoli por una burguesía de carácter nativo; fue justo en ese momento histórico que un sector importante de los habitantes de la margen occidental del Río de la Plata decidió tirar por la borda al régimen oprobioso del rey de España para asumir por sí solos la conducción de la cosa pública.
Durante la semana que va del 18 al 25 de mayo de 1810 los acontecimientos se precipitaron y, en medio de los avances y reflujos producidos por las distintas corrientes de opinión que convergían hacia la revuelta, el Cabildo —un verdadero parlamento donde estaban reprersentados los empleados civiles, alcaldes, cónsules, clérigos, profesionales, comerciantes, vecinos sin designación, etc.— decide en votación dividida que el poder de España había finiquitado.
Los que empujaban para adelante, los que no querían ninguna concesión y rechazaban cualquier posibilidad de negociar un gobierno compartido, triunfaron no sin sobresaltos, dejando atrás a los timoratos y agentes encubiertos de la monarquía española.
Fue sin duda un pronunciamiento popular que inició una nueva era en el continente. Buena parte de los habitantes, reunidos en la plaza pública y conducidos por las milicias populares que habían organizado French y Berutti bajo el nombre de "Legión Infernal", desbordaron a los indecisos para exigir a voz en cuello el cambio total.
Concretamente, desde la plaza, exigieron no solo que renunciara el virrey Cisneros sino también los demás. Textualmente dijeron en aquella jornada de 1810: "Si no se van, los resultados podrían ser fatales.
Con lenguaje actual diríamos: que se vayan todos, que no quede ni uno solo.
Y en realidad, en aquel 25 de mayo de 1810, pasado el mediodía, los regidores se prestaron a establecer la nueva Junta y la presentaron a la población para que fuera aprobada. También se agregaron una serie de disposiciones, como la obligación del nuevo gobierno de informar todos los días primero de cada mes sobre el estado de la economía y, también la obligación de invitar a representantes del interior.
Mientras tanto, simultáneamente en Europa, se producía el descalabro de la égida española y emergía victorioso el imperio napoleónico que, con su campaña política, diplomática y militar, dominando a todo el viejo continente, desde fines del siglo XVIII hasta 1815, intentó prematuramente organizar un gigantesco mercado europeo para contraponerlo al dominio marítimo y comercial internacional de Inglaterra.
Estos enconos interimperiales se vieron reflejados en el prisma de la revolución producida en Buenos Aires el 25 de mayo, ya que sus jornadas posteriores fueron agudizando los enfrentamientos entre la corriente conservadora de Cornelio Saavedra y la liberal jacobina de Mariano Moreno, fundamentalmente en el terreno económico.
En ese sentido la experiencia histórica mundial indicó siempre que sin un proteccionismo inicial no se ha desarrollado ninguna economía moderna. Es decir, que el factor inicial para cualquier proceso primitivo de acumulación —y esto fue válido para los países europeos en el comienzo del capitalismo—, es una activa intervención del poder poder político.
Mariano Moreno pareció intuirlo y, claramente, aludió a las funciones que el Estado debe cumplir para promover la economía, proponiendo la confiscación de bienes que le otorgue al poder político la posibilidad de "crear fábricas e ingenios y otras cualesquiera industrias, navegación, agricultura y demás, lo que produciría en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesita para la conservación de los habitantes".
Esta verdadera plataforma de economía nacionalizada la planteó Mariano Moreno premonitoriamente con meridiana claridad.
Pero Mariano Moreno, a fines de 1810, se vio obligado a renunciar y, pocos meses después, cuando apenas tenía 32 años, fallecía en alta mar en circunstancias dudosas.
Con él desaparecería también su grupo, cambiando radicalmente la orientación revolucionaria.
A fines de 1813 ya había quedado estructurada una política económica caracterizada por la tendencia al libre cambio en las exportaciones e importaciones y las franquicias a los extranjeros para intervenir en el comercio exterior. La ecuación de la dependencia económica comenzaba a formalizarse.
Porque el triunfo industrial de Inglaterra, con su consiguiente poder económico y político, tuvo sin duda que ver con el hecho de que la revolución rioplatense, como la de todas las ex colonias, se redujese a la separación política sin cambio de las estructuras económico-sociales (salvo quizás los chispazos de Hidalgo y Morelos en México y de Artigas en la Banda Oriental).
De todos modos, el 25 de mayo de 1810 fue un gesto de rebeldía inicial muy serio. Pese a que el golpe de Estado que hizo caer a Moreno generó que la economía pasara de un patrón a otro. Pese a que ya en ese momento el aparato estatal comenzaba a dar los primeros pasos en la senda de una política exportadora de materias primas y consumidora de productos manufacturados de procedencia británica. Y, sobre todo, pese a que los sectores hegemónicos de la economía mundial de ese entonces se abalanzaron una vez más sobre estas playas.
Más allá de las edulcorosas transfiguraciones escolares, se trata de una fecha trascendente que representó un paso hacia adelante. Igual que las guerras populares libradas por San Martín, Güemes y tantos otros.
Cien años después, el 25 de mayo de 1910, cuando los conservadores en el poder montaron un gran circo con el Centenario, los anarquistas y buena parte de la clase obrera rechazaron la celebración y opinaron que se trataba de una fiesta de la burguesía que nada tenía que ver con la revolución proletaria.
Y no era para menos. La llamada "sociedad decente", con el patrocinio del gobierno oligárquico presidido por Figueroa Alcorta, convirtieron al 25 de mayo en una celebración de las clases altas, neutralizaron todo su significado de ruptura con el yugo colonial y hasta llegaron al límite de reducir la versión original del Himno Nacional prescindiendo de todas las estrofas revolucionarias y de confrontación.
Los trabajadores, en los primeros días de mayo de 1910, respondieron con una multitudinaria manifestación llevada a cabo en la Plaza Colón, detrá
La concentración congregó a unos 70.000 manifestantes (cifra altísima para la época) y la clase dirigente montó en cólera ante el temor de que los obreros les aguasen el festejo.
Entonces salieron a la calle las fuerzas parapoliciales de lo que después se autodenominaría Liga Patriótica, que incendió locales partidarios y sindicales, la sede del diario anarquista La Protesta y la redacción del matutino socialista La Vanguardia.
El 14 de mayo, en un club oligárquico, la Sociedad Sportiva Argentina, ubicada en la calle San Martín entre Lavalle y Tucumán, las patotas de la derecha, comandadas por el barón Demarchi, resolvieron salir esa misma noche para lo que ellos dijeron que era "darle una lección a los extranjeros subversivos y antipatrióticos".
Sin embargo, no obstante la feroz represión, con muchos sindicatos destruidos, clausurados, saqueados e incendiados, el 18 de mayo de 1910 se llevó a cabo la huelga general revolucionaria que se extendió por una semana.
La oligarquía pudo finalmente celebrar el Centenario con la infanta Isabel de España como invitada de honor, pero quedó con la sangre en el ojo y rápidamente elaboró nuevas leyes represivas, como la ley 7029 llamada de Defensa Social, que permitía castigar al movimiento obrero con o sin estado de sitio.
Cincuenta años después, durante el gobierno de Arturo Frondizi, el de la entrega del petróleo y del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), la oligarquía también celebró la fecha que, en 1960, al cumplirse 150 años, fue denominada sesquicentenario de la Revolución de Mayo.
Entonces yo era muy joven y el 25 de mayo de 1960 participé de una multitudinaria movilización en el tradicional recorrido de Plaza Congreso a Plaza de Mayo organizada por la izquierda que coreó una consigna que mantiene hoy toda su vigencia: "Sesquicentenario sin Fondo Monetario".
Desde que el pronunciamiento popular de 1810 había derrocado al virrey, símbolo de la prepotencia inquisitorial de la metrópoli española, había corrido mucha agua bajo los puentes.
La burguesía, como en 1910, como en 1960 y, sobre todo, como en las décadas posteriores de creciente obsecuencia a los dictados imperiales, falsificó el significado de la fecha y trató de convertirla en una efemérides desprovista de contenido revolucionario. En el campo popular de todos los tiempos no faltaron los debates sobre el significado de palabras que son interpretadas en forma distinta de acuerdo a los intereses de la clase social que las pronuncia, como "patria" y "nacionalidad".
Y en el 2018, más allá de los cantos de sirena que pretenden otra vez hacernos pasar gato por liebre, y más allá de todos los objetivos de lucha coyuntural que nos siguen movilizando contra el régimen perverso de exclusiones y represión que nos agobia y oprime, también vale la consigna de luchar por la segunda independencia. Aunque hoy, además, hablemos de socialismo y revolución obrera.

***

Hasta aquí una de las fechas que recordamos hoy. Pero este trabajo está dedicado también al Cordobazo del 29 de mayo de 1969. Al Cordobazo de hace 49 años. Al Cordobazo de Agustín Tosco, de los estudiantes que se atrincheraron en el barrio de Clínicas de aquella ciudad, de los obreros de Luz y Fuerza y otros sindicatos que, en determinados lapsos, hicieron retroceder a los feroces represores de la policía montada.
Los grandes movimientos populares de la historia no se olvidan , a pesar de los ingentes esfuerzos del régimen por obturar la memoria colectiva.
Así como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre por los trabajadores de la carne, a principios de 1959 en el barrio de Mataderos, y como tantos otros hitos en los que predominó la lucha obrera, el Cordobazo también fue escrito con la la sangre rebelde de los oprimidos.
En las postrimerías de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, concretamente en mayo de 1969, cuando la combatividad popular en todo el país estaba haciendo tambalear a aquel gobierno integrista y preconciliar que en sus primeros tramos había contado con el apoyo de la burocracia sindical, los hechos se sucedieron en Córdoba sin solución de continuidad, poniendo en jaque el andamiaje trabajosamente montado por la oligarquía.
Los hechos principales de esos días fueron: la movilización de todos los trabajadores de IKA-Renault; el desafío de los estudiantes; el paro general del día 16 convocado por ambas CGT; el pronunciamiento de los alumnos de la Universidasd Católica que desafiaron a las autoridades de esa casa de estudios; la confrontación con la policía el día 23 en pleno centro de la ciudad y, finalmente, el repliegue hacia el tradicional barrio de Clínicas.
El 26, Agustín Tosco, el aguerrido dirigente de Luz y Fuerza enfrentado a los burócratas participacionistas del vandorismo, llamó a un paro activo para el 29, día en que millares de obreros y estudiantes convergieron hacia el corazón de la capital cordobesa.
El día anterior, al salir del despacho de Onganía, el gobernador de Córdoba, de apellido Caballero, declaró a los periodistas que se evitaría la violencia "a cualquier precio". Además, la policía amenazó al pueblo anunciando que no le temblaría el pulso para hacer uso de sus armas de fuego. Por su parte el jefe del III Cuerpo de Ejército, general Sánchez Lahoz, arengó a sus tropas con el típico cinismo de los militares, instándolas a mantenerse "firmes en busca del mundo tantas veces soñado de grandeza y felicidad".
Desde muy temprano, en aquella mañana del 29 de mayo, las fuerzas represivas se desplegaron en toda una amplia zona céntrica que rodeaba el local de la CGT con el visible propósito de impedir como fuere que los obreros llegasen al centro de la ciudad. Particularmente el objetivo más claro era obturarle el paso a los trabajadores de IKA-Renault, los tradicionalmente más combativos.
A las 11 de la mañana, justamente los obreros de las plantas de IKA-Renault, Grandes Motores Perkins, los empleados de la Empresa Eléctrica de la provincia (EPEC) y otros se encolumnaron hacia la ciudad.
Por lo menos 3000 trabajadores componían esta columna, que comenzó a desplazarse lentamente por la céntrica Avenida Vélez Sarfield.
Los estudiantes comenzaron a bajar desde el barrio Clínicas para converger con los obreros. Y a las 12, en el centro, el combate se había desatado y las contundentes respuestas obreras a la policía no se hicieron esperar.
Todavía hoy resulta más que emocionante observar la filmación de aquellos hechos, cuando la policía montada, ante el fervor conbativo de obreros y estudiantes, se vio obligada a retroceder.
Si hay un momento glorioso en la lucha popular de las últimas décadas que puede servirnos como referencia, es ése: cuando los policías tienen que darse vuelta y escapar.
Los manifestantes se habían dividido en numerosos y nutridos grupos, con una gran operatividad, sorprendiendo a la policía que dejó de usar gases lacrimógenos para utilizar en cambio pistolas Ballester Molina, calibre 11.25 milímetros, según testimonio de los diarios cordobeses. A las 13, cerca de la terminal de ómnibus, balearon a mansalva a los obreros, cayendo asesinado Máximo Mena, obrero de Santa Isabel, la principal planta de IKA.
La policía se retiró a lugares estratégicos, pero a la vez tiró a matar, segando la vida de varios trabajadores más. También a las 13, con el primer comunicado del III Cuerpo de Ejército, se inició una acción psicológica de los militares amenazando con la entrada a la ciudad si los manifestantes no se retiraban.
El alarido resultó inútil ante la decidida acción popular. Cincuenta manzanas del centro de Córdoba ya eran consideradas territorio libre de América y se encontraban en manos de los trabajadores y estudiantes, apareciendo las primeras barricadas en los barrios de Clínicas y Alto Alberdi. Algunos vehículos comenzaron a arder y en la Plaza Vélez Sarfield los manifestantes, sin armas, lograron derribar de sus cabalgaduras a los policías, quitándoles sus armas.
Mientras tanto, los obreros de Fiat formaban otra columna, logrando despejar el área de policías. No fueron pocos los uniformados que resolvieron abandonar sus armas en la calle y huir rápidamente ante el empuje del pueblo.
El diario cordobés Los Principios (31 de mayo de 1969) llegó a afirmar:
"Los periodistas extranjeros se asombran de la fuerza con que lucharon los obreros y estudiantes. Muchos de los hombres de prensa han estado en las más sangrientas escaramuzas que registran las últimas crónicas del mundo, pero no recuerdan una cosa similar...".
Varios edificios de empresas extranjeras y de grandes capitalistas locales fueron incendiados, igual que el Ministerio de Obras Públicas y la sede de Xerox de capital norteamericano.
Luego de asaltar el Banco del Interior nadie tocó un solo peso y los manifestantes se dedicaron a destruir el dinero, símbolo del sistema. En todas partes se multiplicaron las asambleas populares en las que oradores de todas las tendencias expusieron sus puntos de vista.
En el barrio Güemes cientos de vecinos y estudiantes se reunieron frente al Casino de Suboficiales. Uno de los oradores, un joven estudiante, habló de "esos" represores y parásitos que viven del trabajo ajeno, mientras el barrio, muy pobre, pasaba hambre.
Muchos de los vecinos opinaron que había llegado la hora de darle su escarmiento a esos enemigos del pueblo y, espontáneamente, asaltaron el Casino. A esta altura ya no combatían solo los obreros y los estudiantes. También sectores de clase media se habían sumado para levantar barricadas, organizar la defensa de los barrios, repeler a la policia desde los balcones de los departamentos, etc.
A la violencia policial, que en todo momento tiró a matar causando numerosas bajas en las filas obreras, se respondió con la violencia del pueblo. Nadie se acobardó y todos fueron al frente.
Sobre la media tarde, cuando la policía se había replegado en completa derrota, aparecieron los militares.
Por distintas vías llegaron a la ciudad efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas y una columna de vehículos militares con tropas del Regimiento 14 de Infantería, que empleaban fusiles ametralladoras.
Los aviones de la Escuela de Aviación Militar comenzaron a sobrevolar la ciudad alrededor de las 17.30, efectuando vuelos rasantes para intimidar a la población. Con las armas quitadas a la policía el pueblo repelió al ejército y a la fuerza aérea. Las tropas se encontraban con grupos de obreros que lucharon con gran fervor y organización.
Lentamente y armados hasta los dientes, los militares fueron conquistando el control de la ciudad, haciendo frente a la resistencia popular, particularmente en el barrio de Clínicas, donde los tiroteos continuaron hasta la madrugada siguiente.
Al amanecer, en su avance con los tanques para eliminar los últimos focos resistentes, el ejército tropezó con barricadas y con mucha gente que, pese a la abrumadora desproporción de fuerzas, no quería rendirse. Y, también, con miles de personas que, lejos de estar escondidas en sus casas, se dedicaron a escupir e insultar a los represores.
La noche del 30 todavía seguía la resistencia en el barrio de Clínicas. Muchos estudiantes disparaban con hondas y armas de pequeño calibre. Alrededor de las 22, después de casi dos días de lucha ininterrumpida, culminó la ocupación.
A la madrugada el Consejo de Guerra dictó su primera condena: tres años de prisión al dirigente obrero Varela. Mientras tanto Agustín Tosco fue apresado en la sede de su gremio y, posteriormente, condenado a ocho años.
"Córdoba ha vivido ayer un día terrible, peor que el 17 de octubre", diría al día siguiente La Prensa, el viejo diario oligárquico de los Paz, para añadir a renglón seguido: "Puede decirse que la Argentina no había sufrido hasta ahora una afrenta subversiva tan honda".
En todo el país se multiplicaron las acciones y las luchas. El sistema entró en pánico y la revista Periscopio llegaría a afirmar lo siguiente:
"Desde el punto de vista político el hecho primordial es la aparición de una izquierda subversiva que ya lame los flancos del peronismo, un seguro del viejo régimen, inflamando la imaginación popular".
Los tribunales militares constituídos después del Cordobazo siguieron juzgando y condenando a centenares de detenidos, pero las luchas fueron creciendo. Y se produjo la aparición de las organizaciones armadas populares —ERP, FAR, FAL, Montoneros, FAP, etc.—, que escribieron páginas inolvidables en la historia del campo popular.

***

25 de mayo de 1810. 29 de mayo de 1969. Está claro que no estamos hablando de cosas del pasado. Estamos hablando de las luchas de hoy. Inclusive de las luchas que se vienen en la Argentina neoliberal-fascista de Mauricio Macri.

Herman Schiller

"Se desarmó una bomba para armar otra más explosiva" // Marcelo Ramal

"Tenemos que apoyar a los compañeros del Subte" // Néstor Pitrola y Paletti en Crónica TV

"¡Apoyemos a los trabajadores del subte!" // Gabriel Solano

Cartoneros



Solían ser llamados "cirujas", gente sucia que hurgaba en los tachos. Hoy son cartoneros o, incluso más profesional: recicladores. Llenan las calles de Buenos Aires, recogiendo cartón, papel, metales, vidrio y plástico de los contenedores de basura o de la vereda y lo llevan a los "centros verdes". Allí se clasifica y se vende para reciclar. Viven en villas, en los suburbios de la Capital. Hoy están protestando contra un proyecto de ley del gobierno de Mauricio Macri quien quiere acabar con la “ley de basura zero” para comprar costosas plantas de incineración de residuos en el exterior.
Anteriormente, Macri quería meterlos presos porque "roban la basura". Hoy, los cartoneros están integrados en el sistema de tratar los residuos de la Ciudad. Reciben un sueldo y uniformes y tienen una obra social. Una experiencia extraordinaria en todo el mundo - gracias a su organización y su lucha.

La ciclicidad de la crisis argentina

Las ultimas cuatro décadas de la Economía Argentina estuvieron reinadas por crisis cíclicas -cada aproximadamente 10 años- siendo la primera entre 1981/1982 donde eclosiono la famosa tablita financiera de Martínez de Hoz y la fuga hacia adelante por el conflicto de Malvinas que termino de precipitar la caída del Proceso de Reorganización Nacional.
La segunda fue la salida premeditada de gobierno del Presidente Raul Alfonsín que termino en una hiperinflación durante 1989 que dio lugar al triunfo de Carlos Menen y su posterior radicalización neoliberal iniciando un ciclo hasta fines de 2001 lo que incidió con la crisis económica y político social mas relevante del ultimo centenario.
El analista y economista Claudio Scaletta en su ultima obra marca quizás la raíz de todas ellas que es la falta de dolares para el financiamiento económico o la llamada reestricción externa que obedece a la imposibilidad de contener los dolares migratorios que integran la economía local -gracias a generosas y únicas tasas de retorno a nivel mundial- que luego de un periodo de rentabilidad interna y del cambio de humor de los mercados internacionales y el ascenso -también cíclico y en función de las necesidades de financiamiento de la economía norteamericana- de las tasas de interés dejan sus espacios financieros de especulación por otros de mayor seguridad.
El dilema puesto en escena es con que mecanismos cuenta el Estado para contener los dólares necesarios para su funcionamiento y de cómo ello da a lugar al conflicto de intereses entre las actividades locales que transan en el mercado mundial sus productos y la salida de remesas empresariales ante un mundo trasnacionalizado o globalizado como lo quieran llamar.
Se requiere de un alto consenso social y político de un Estado para desplegar sus políticas que protegen a sus habitantes de las fluctuaciones anteriormente determinadas y es por eso hasta el agotamiento o fin del gobierno anterior se pudo mantener un esquema de retensiones -heredado de la gestión del exministro Lavagna- y limitación en el reflujo de divisas al extranjero.
No es casual que justamente esta medida clave fue revocada por la actual gestión neoliberal del Presidente Macri y su reemplazo financiero por dólares frescos de endeudamiento publico a fin no solo -pero no logrado- del objetivo de reducir la emisión monetaria -causante de la inflación según sus gurúes- sino de generar una plaza financiera que impusiera su lógica sobre la producción nacional -heredera del peronismo- y causante de todos los males nacionales desde su posición monopólica ante una economía cerrada y su supuesta falta de productividad mundial pero sin aclarar que el 75 % de la producción del país se destina al mercado interno.
Por ello y ante la integración al mundo se abre la economía a la competencia mundial y los cordones industriales del Gran Bs As, Córdoba y Rosario deben cerrar sus puertas empujando a sus trabajadores a la desocupación y al desamparo.
Nada nuevo para los que rondamos mas de 40 años de edad y ya tenemos experiencia no solo histórica sino empírica de estos sucesos pero viene aquí y a este humilde trabajo comprender las razones -nuevas o no- de la última desazón financiera del gobierno para poder darle el verdadero cariz político necesario para nuestro futuro obrar.
El sobredimensionamiento financiero de la gestión Macri ha tocado un limite -quizás transitorio- para perpetuar su mecanismo de toma de dólares del mercado externo y su fusión al interior de la economía pues los inversionistas han detectado tempranamente sobre la posible imposibilidad de pago de la economía local principalmente por la falta de instrumentos tanto económicos como productivos para generar el repago del capital más intereses.
En un contexto internacional adverso y del lanzamiento de un programa récord de financiamiento de la economía norteamericana el famoso fly to quality ha dado lugar nuevamente dejando no solo nuestra plaza sino otros sitios del mundo ante la recurrente necesidad de acudir al prestamista de ultimo plazo: El FMI.
El descontento social de esta medida devaluacionista -a lo que se suma la dolarización interna que obra sobre el proceso inflacionario- marca un punto limite de apoyo social a la gestión macrista pero dada la dispersión opositora no es posible encontrar un lugar común de reposo.
Es necesario reliderar el espacio opositor -no solo desde un lugar declamativo- sino más inteligente que propugne propuestas superadoras al mismo paso de integrar todos los sectores dispersos con un despliegue territorial en clave nacional.
No solo relevar el espacio parlamentario sino también utilizar todos los medios masivos de comunicación y difusión mediática e informática que permitan llegar capilarmente a las mayorías.
Por ultimo, solo la apelación a fondos buitres -reacios a esta altura- y la asistencia pautada del FMI pueden hacer subsistir esta gestión soportada por una relevante tribu mediática mientras la realidad es un producto que dista de este espejismo.
Obremos sobre la realidad y esperemos los pasos en falso de una gestión desesperada.

Ezequiel Beer. Geógrafo UBA. Analista político.

miércoles, 23 de mayo de 2018

Mucho más que el subte



Qué se juega en esta lucha

La atención pública excluyente que ganó el conflicto del subte en estas horas no es un hecho fortuito: la lucha de los metrodelegados concentra –y anticipa– cuestiones centrales de la actual situación política.
En primer lugar, la lucha del subte ha colocado al rojo vivo la cuestión de la reapertura de las paritarias: a esta altura, y con una perspectiva inflacionaria del 28-30% para este año, los acuerdos paritarios del 15% y en cuotas plantean la perspectiva de una caída del salario del orden del 13-15% para 2018, ello, sin considerar nuevas corridas o saltos devaluatorios en puerta.
El gobierno y las patronales se escudan en “cláusulas de revisión” que en el pasado reciente incluso fueron desconocidas, y que en cualquier caso van a desconocer el brutal desfasaje provocado por la megadevaluación y la carestía ulterior. La gran pulseada entre el Estado y la clase obrera pasa ahora por esta tentativa de desvalorización del salario y las jubilaciones. Detrás del reclamo de Metrovías, puede abrirse la puerta de las decenas de gremios que, de la mano de todas las fracciones de la burocracia, han firmado paritarias ruinosas.

“Personería”

Para desconocer el reclamo salarial, el gobierno alude a la “incapacidad legal” del sindicato del subte para discutir paritarias, ello, por el fallo de la Corte que le negó este derecho a la AGTSyP y mandó para atrás todo el trámite de reconocimiento integral de su personería gremial. Es la personería que el kirchnerismo nunca le quiso otorgar a la AGTSyP durante su mandato, como parte de los pactos de “gobernabilidad” que sostenía la ex presidenta CFK con el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. La inscripción gremial sólo le fue otorgada al subte días antes del traspaso presidencial de 2015.
Ahora, el Estado se vale de la proscripción gremial que él mismo armó – a pesar de que la AGTSyP concentra la adhesión del 85% del subte – para rechazar siquiera una negociación con los metrodelegados. Semejante acto de violencia “institucional” demuestra hasta dónde llega la coacción y el despotismo de los poderes del Estado cuando está planteada una lucha contra la clase obrera. Los operadores mediáticos que se escandalizan con los piquetes de los trabajadores del subte no dicen una palabra de esta monumental operación de despojo de los derechos sindicales, y que fue completada, en los túneles, con palos, gas pimienta y detenciones contra los trabajadores que organizaban la huelga.
Estos mismos “mediáticos” le admiten a los metrodelegados que “paren”, si quieren, pero sin “impedir que otros trabajen” (en este caso, los supervisores a quienes la patronal intentó poner a hacer funcionar los trenes). Pero la huelga no es el derecho `individual` a no trabajar. Es el derecho colectivo de los trabajadores a interrumpir la producción con todos sus métodos de lucha. Sólo está acción colectiva puede enfrentar a la inmensa conspiración del gobierno, el concesionario parásito y la “justicia” contra los trabajadores. No hay subterfugios para defender este camino: con estos mismos métodos, los metrodelegados defendieron en el pasado la seguridad y la salud de los pasajeros, frente a formaciones contaminantes y en pésimo estado de mantenimiento.

A dónde vamos

La invocación hasta el hartazgo del fallo de la Corte contra la AGTSyP demuestra que la escalada legal contra el subte –y cuya directiva tendió a minimizar – sería fuertemente explotada por el gobierno a la hora de atacar a los metrodelegados. Es cierto, sin embargo, que un sindicato es mucho más que un papel o una personería – lo demostró el contundente paro general de este martes, después de las 16 detenciones. Para superar la proscripción gremial, el sindicato debe ser la fuerza colectiva de los trabajadores actuando contra el capital y el Estado.
El reclamo de la reapertura de paritarias, de una mesa de negociación con los metrodelegados, de levantamiento inmediato de todas las sanciones y procesos judiciales exige de un plan de lucha que debe contemplar la preparación de la huelga general, en conexión con todo el movimiento obrero que soporta, también, la perspectiva de una liquidación inflacionaria de sus salarios.
El gobierno que ha enviado las tropas a los andenes pretende mostrar una fortaleza que no tiene a la hora de contener la fuga de capitales, el desmadre económico y la bancarrota de su propia política. Las consecuencias devastadoras de ese derrumbe lo sufre toda la población trabajadora que se transporta para el subte. Es necesario ganarla a los propósitos de esta lucha con una campaña enérgica en defensa del derecho a huelga, a la reapertura de todas las paritarias y a la propia seguridad en el transporte, siempre amenazada por el parasitismo del concesionario que arrancó un tarifazo del 66% pero pretende que “sus” trabajadores se arreglen con un 15%.
Encaremos una campaña en toda la Ciudad en defensa de los trabajadores del subte.

Marcelo Ramal

Brutal recorte a las incumbencias de 37 carreras universitarias



Macri y los rectores disparan contra las carreras de grado y fogonean el negocio de los posgrados arancelados.

Por una resolución del Ministerio de Educación (1254/18), se modificaron de un saque las “actividades profesionales reservadas” de 37 carreras de grado. Esto significa un recorte de las actividades exclusivas en las que se puede desempeñar el graduado de una carrera.

El recorte es abrumador: en Geología se pasa de 40 actividades reservadas a 7; en Arquitectura de 20 a 4; y así en cada una de las 37 carreras a las que se les asignan actividades restringidas y diferenciadas. En lo inmediato, se trata de una devaluación de los títulos, cuyo valor disminuye al perder la exclusividad sobre numerosas actividades, y pasando a competir en el mercado laboral con carreras más cortas, en general del ámbito privado, cuya retribución es más barata.
Esta medida está asociada a toda la política de privatización educativa que, bajo el auspicio de la OCDE y el FMI, encarna el macrismo.

Del recorte de incumbencias al recorte de contenidos

El mismo día que se publicó esta resolución, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro expresó “el interés del Gobierno por contar con carreras más ágiles con trayectorias formáticas que permitan, sin quitar conocimiento, reducir horas de estudio” (La Nación, 18/5). Sin embargo, el recorte de las incumbencias anticipa un recorte de contenidos: ¿para qué enseñar urbanismo en la carrera de Arquitectura si no es un ámbito exclusivo del título? ¿Para qué gastar recursos en enseñarle Psicología Laboral a un Licenciado en Psicologia si por mucho menos puede hacerlo un Técnico en Coaching o algún derivado?. La orientación del gobierno es clara: carreras de grado cortas con títulos devaluados.
Los resultados de esto son el crecimiento de los posgrados pagos –para completar una formación integral y mejorar las chances de inserción laboral– y el reforzamiento de las carreras cortas, que reemplazan la formación científica por la capacitación para desempeñarse solamente en actividades específicas.

Los socios de Macri en la universidad

Esta política ha sido pactada con los rectores radicales y peronistas, no es un secreto para nadie. Mientras que la Franja Morada maneja la Secretaría de Políticas Universitarias a través de Danya Tavela, el ex rector K de la Universidad de Córdoba, Francisco Tamarit, es quien coordina el Sistema de Reconocimiento Académico y establece la nivelación –a la baja– de las carreras públicas con las privadas. El mismo acuerdo se reproduce en el Consejo Interuniversitario Nacional, donde preside el radical Hugo Juri y es secundado por el ex viceministro de Cristina Jaime Perczick, e incluso en la Federación Universitaria Argentina.
Los Rectores actúan como los CEOs de la universidad, buscando “seguridad jurídica” para desenvolver el negocio de los posgrados y las carreras chatarra. Esta comprensión es el punto de partida para desarrollar un movimiento estudiantil independiente.

Pongamos de pie al movimiento estudiantil

La “modernización” que postulan Macri y Finocchiaro en acuerdo con los rectores significa una degradación de las carreras para adecuarlas a la descalificación del trabajo que marcan la reforma laboral y el acuerdo con el FMI. Como no podía ser de otra forma, empalma con el recorte salarial a los docentes y el ajuste presupuestario que ha sido golpeado por la devaluación del peso.
La UJS va a proponerle a la FUBA y los centros de estudiantes combativos la convocatoria a asambleas en todos las facultades para apoyar a los docentes, discutir este ataque a las carreras y preparar una gran movilización en junio hacia la Conferencia Regional de Educación Superior, donde planean reunirse los rectores de América Latina para darle un aval a esta política de desguace y privatización de la universidad pública.
El viernes, a las 17hs, convocamos a un plenario abierto de la UJS en la Facultad de Farmacia para preparar esta campaña.

Juan Winograd, Consejero Superior de la UBA

Un escenario de grandes choques sociales y crisis políticas por delante

La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero estrictamente, y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud.
La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, calculan que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página 12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que en alguna medida se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y –cuanto menos– ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo.

Dujovne y las provincias

Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con Mrs Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras pública prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (id) –o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”.
Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro –el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros– y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita de este modo el escarnio público de tener que discutir con todas las fuerzas políticas la letra inevitablemente leonina del acuerdo y la oposición pejotista dejar sus huellas en esta entrega.

Otra vez las tarifas

Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas –y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante–, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo al esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (id). La magnitud de este `tarifazo sobre el tarifazo´ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiaria, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la `megadevaluación`.
El movimiento obrero –y en primer lugar el clasismo y la izquierda– debe tomar cuenta de ello.

Marcelo Ramal

Un país verde pero de plástico

Mientras el presidente anuncia más parques nacionales y una denodada vocación por cuidar la ecología, varios funcionarios están implicados en causas judiciales por deforestaciones y contaminación de arroyos. Otros, directamente, defienden con voz y votos el uso de agrotóxicos. El discurso vacío que, no por eso, deja de ser efectivo.

El discurso green friendly del presidente Mauricio Macri apareció, en este primer cuatrimestre, en cada una de sus apariciones públicas. La primera, y quizás la más resonante, fue cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación: allí, en los 43 minutos de cadena nacional que estuvo sentado frente a la bancada oficialista y opositora, anunció la creación de nuevos parques nacionales y repasó los avances en ese sentido que se habían dado durante su gestión.
Días más tarde, en la entrevista buenaonda que le hizo Mariana Fabbiani en Canal 13, el presidente fue por más, y no sólo se refirió a proyectos puntuales, sino a una filosofía que supuestamente busca contagiar: “Queremos empresarios que traten bien a su gente, que cuiden el medio ambiente y que inviertan en lo que hacen”.
Hasta ahí, todo bien: algunos lugares comunes que no son nuevos, intenciones que podrán estar mejor o peor pensadas o articuladas, y un cuidadoso relato ecológico que siempre seduce a una parte importante del electorado, de acuerdo al manual de instrucciones duranbarbista. Pero como sucede con su amigo y sucesor porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que promociona una “Ciudad Verde” llena de falsas plantas en las esquinas, la contradicción del presidente se trasluce entre lo que dice y lo que hace. Entre lo concreto y lo dialéctico. Porque mientras se jacta de que su gobierno está preservando y ampliando las superficies de parques nacionales y de áreas protegidas en el mar argentino, algunos funcionarios aparecen involucrados en causas judiciales por daños ambientales y otros no tienen reparos en defender una política que erosiona, cada vez más, el ecosistema.

Deforestados

En Piruaj Bajo, al norte de Santiago del Estero, no hay señal de celular. Las llamadas y los mensajes a las personas que tienen teléfonos y viven allí quedan en un limbo. A veces, internet funciona a la noche y la comunicación puede concretarse. A veces, hay que esperar a viajar a algún pueblo con señal.
En Piruaj Bajo viven alrededor de 100 familias desde el fondo del tiempo. Todas son familias campesinas que crían animales y trabajan pequeñas superficies de tierra para subsistir. “Ahora nos quieren desalojar y nos amenazan, nos ponen alambrados y vienen con topadoras”, le describe Nicolás a Cítrica. Ahora, Nicolás está en Nueva Esperanza, a 80 kilómetros de la comunidad: la distancia que hay que recorrer para que los celulares respondan.
La de Piruaj Bajo podría ser una más de las muchas historias de desalojos a comunidades originarias o campesinas en la Argentina.Pero a este conflicto hay dos singularidades que lo hacen especial: la primera es que la empresa que quiere desalojar a las familias se llama Sacha Rupaska S.A. y tiene, entre sus accionistas, al ministro de Finanzas, Luis Caputo. La segunda es que el motivo del desalojo es para completar un desmonte que debió ser evitado desde el principio: la zona en cuestión está protegida.
Por esa razón, Greenpeace, Mocase-Vía Campesina, un sector de la Iglesia y otras organizaciones se juntaron para denunciar a la empresa, el último 23 de febrero, ante la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero por el desmonte de 500 hectáreas en un área identificada como “amarilla”, en la que –en teoría– no se permite ningún tipo de tala o desmonte.
A diferencia de la empresa offshore que omitió incluir en su declaración jurada, y por la que tuvo que responder en el Congreso, Caputo no tuvo reparos en incluir su participación en Sacha Rupaska: es uno de los accionistas de la empresa desde su creación, en 2007.
Con el mismo propósito que Sacha Rupaska –convertir el monte en un campo de soja–, Alejandro Braun Peña, uno de los primos del jefe de gabinete Marcos Peña, empezó a derribar los árboles de la finca El Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, en Salta. Pero el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable provincial suspendió esta acción porque la zona está protegida por la Ley de Bosques y la 26.160, que impide los desalojos a pueblos originarios. Como pasa en Santiago del Estero, en esa zona salteña hay un pequeño grupo de familias wichi que quedó arrinconado y es asediado sistemáticamente por los empresarios locales, que en nombre de la rentabilidad quieren cambiar un bosque por un mar sojero. Incluso con exhortos explícitos, como aseguró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace: “En lugar de detener las topadoras que están destruyendo el monte salteño, Braun Peña nos amenaza con acciones legales. No nos vamos a callar”, dice. El empresario es uno de los primos que el jefe de Gabinete “no conoce”, aunque merodea el círculo rojo de Cambiemos desde siempre: aportó a la campaña electoral, entró en el blanqueo de capitales y ahora es proveedor de luminarias del Estado. En Cuchuy, además, Braun Peña es socio de Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.
“Cuando los funcionarios se refieren al cambio climático siempre lo embocan como una justificación. No se acuerdan del cambio climático cuando permiten e impulsan la soja transgénica, Vaca Muerta o la megaminería. Para ellos, el cambio climático es algo abstracto y sin culpables”, reflexiona el abogado ambientalista Enrique Viale.

Un disfraz con mal olor

Lo que dice Viale tiene un ejemplo paradigmático. Un ejemplo que pasó inadvertido porque nuestra hipertrofia informativa hace que, muchas veces, lo superficial prevalezca por sobre el contenido. La noche en la que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se disfrazó de planta y quedó en el centro de las cargadas en redes sociales, en su cuenta oficial de Twitter escribió un slogan que sintetizó todo: “Soy un hombre planta que trabaja por una Argentina verde #CambioClimático”.
Lo curioso es que mientras hace ese trabajo por un país verde, Bergman figura como uno de los miembros fundadores de una fundación que posee denuncias por contaminar el arroyo de Colonia Avigdor, en Entre Ríos. Además de ser uno de los fundadores, el ministro fue durante mucho tiempo su director ejecutivo.
La fundación se llama R.A.I.C.E.S (Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias para la Empresa Social) y uno de los emprendimientos que lleva a cabo es el de gerenciar y administrar una empresa láctea que, según la presentación judicial de la ONG Más ríos, menos termas, arroja líquidos residuales, sin tratamiento alguno, al único arroyo existente de la localidad. Los propios trabajadores afirmaron que el lactosuero no se trataba y era vertido a través de un caño clandestino que nacía en la fábrica y terminaba en el espejo de agua.
“Existe una decisión política del Gobierno de construir el discurso sin ninguna base técnica o sustento. Se basa en repetición y coherencia. Así instalan mentiras. Esta es la característica más notable. Y eso, en el tema ambiental, es trágico”, dice Raúl Montenegro, biólogo, premio Nobel alternativo y presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.

Veneno como política de Estado

Más allá de las causas judiciales que involucran a funcionarios, hay algo mucho más grande –y mucho más dañino–: el modelo extractivista de un Gobierno que no muestra ningún signo de cambio de rumbo.La prueba más cabal de esto la dio el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, en una reciente reunión con apicultores, que expusieron la “crítica situación” del sector, debido al “progresivo deterioro ambiental por la pérdida de biodiversidad, como resultado de la política agrícola intensiva vinculada al uso de agroquímicos“. Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, ideólogo de este plan agroindustrial, respondió con una pregunta que era toda una declaración de principios:“¿Cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar”. Y si Etchevehere lo puso en palabras, los concejales de Cambiemos en Gualeguaychú lo pusieron en votos: fueron los únicos que se opusieron al proyecto para prohibir el uso de glifosato en ese departamento entrerriano, en alerta por un incremento sideral de casos de cáncer.
Para Montenegro, el problema justamente es ése: mentir para defender el modelo. “Cuando dicen que los plaguicidas no hacen daño, uno no tiene la posibilidad de comprobarlo. Los números de la inflación, si uno va al super puede desmentirlos”, compara. “Que haya más parques nacionales está bueno. Pero el resto queda liberado al capital impunemente. Tienen mucha publicidad cuando crean un parque, pero eso no justifica todo lo otro”, agrega Viale. Todo lo otro: desmontes ilegales, contaminación de aguas, agroquímicos que destruyen el hábitat. Problemas que existen y crecen, aunque quieran taparlos con sloganes y plantas artificiales.

Quemando basura

El bloqueo mediático que orquestó el Gobierno porteño mediante operadores que convencían a periodistas con viajes a Europa y promesas de un respeto ecológico sin ningún sustento dio resultado: a pesar del rechazo de cooperativas de cartoneros y de todas las organizaciones ambientalistas, la Legislatura porteña — con los votos del bloque oficialista más otros dos legisladores — habilitó, a principios de mayo, el proyecto para incinerar residuos de la Ciudad. Fue una reforma silenciada y sin ningún debate público.
El proyecto, al que el abogado y referente de la CTEP, Juan Grabois, calificó como un “crimen social y ambiental”, pone en riesgo el sistema de reciclado que realizaban cooperativas de cartoneros (que representa seis mil puestos de trabajo directos y más de veinte mil indirectos), pero sobre todo la salud de los porteños y bonaerenses. “La incineración de residuos sólidos urbanos no es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”, sostuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Agustín Colombo
Revista cítrica
@ahcolombo

La crisis de gobierno en Argentina

La comunicación tiene sus límites. El país real nunca jamás podrá ser sustituido por el país narrado. A pesar que nadie puede desconocer el creciente protagonismo del marketing político, la realidad cotidiana tiene tanta omnipresencia que resulta muy peligroso infravalorarla. El macrismo creyó, inicialmente, que podría tapar la angustia que causó en la gente la crisis cambiaria con un “todo va bien, todo está en calma”. Pero no. No lo pudo conseguir, así lo certifican todas las encuestas de opinión, sin importar su procedencia ideológica.
Confundir el periodo de gobierno y gestión con la etapa de campaña electoral es un error que se suele pagar caro. El manual de Durán Barba les sirvió para ganar la elección presidencial (teniendo en cuenta que había otros múltiples factores políticos que no deben desmerecerse en dicha victoria). Sin embargo, cuando llega la hora de la toma decisiones sobre economía o sobre cualquier otro ámbito que afecta a la gente, entonces, el arte de la política cobra más importancia de la que muchos imaginan. Es el momento de la Política en mayúsculas, en grande, en todas sus dimensiones.
El macrismo viene demostrando que apuesta todo a una sola carta: la comunicación nos salvará de cualquier realidad adversa. Y no. No es así; nunca fue así. Cuando el tipo de cambio salta por los aires, y el dólar pasa de costar 17 pesos a 25 en pocas semanas, la calle se pone nerviosa porque aparece un nuevo cepo cambiario, pero con otro collar. Si antes el macrismo cuestionaba al kirchnerismo por haber violado la libertad de los argentinos poniendo un cepo al acceso de dólares, ahora ellos aplican otro cepo aunque en base a otra restricción: el poder adquisitivo. Esto es: la libertad de comprar dólares choca con el valor (elevado) al que puede adquirirse. Una forma mucho más injusta e ineficaz de aplicar otra modalidad de cepo cambiario: sólo podrá acceder al dólar el que tiene muchos pesos, debido a la evolución creciente del tipo de cambio. Por un lado, es injusto porque excluye a la mayoría y deja en evidencia que el mantra de Macri de una “Argentina de todos” es falso. Por otro lado, es ineficaz porque el efecto de esta devaluación es el estancamiento de una economía con alta inflación. Nuevamente, otra promesa incumplida.
Es tremendamente difícil disimular con retórica comunicacional el alto coste de las tarifas o de los precios en los supermercados; ni siquiera la permanente sonrisa de María Eugenia Vidal o los desvaríos humorísticos de Lilita Carrió lo han conseguido. Esta vez, la calle ha detectado con total claridad la debilidad del Gobierno argentino frente a una situación extrema de crisis cambiaria-financiera-monetaria. Se les vieron todas las costuras.
Lo primero fue llamar al FMI y a Trump como aquel hijo que no puede resolver algo por sí solo y tiene que acudir a sus padres. Más allá de las consideraciones sobre las conocidas desastrosas consecuencias de un “rescate” del FMI (en la misma Argentina hace décadas o, más recientemente, en Grecia), lo obvio es que el Gobierno demuestra un alto nivel de incapacidad e impotencia.
Lo segundo es que se ha percibido claramente que sus “poderosos aliados internos” no lo son tanto cuando se trata del billete verde. Ni los “sojeros” liquidaron parte de sus ventas para traer dólares, ni los bancos ni fondos de inversión “ayudaron” en los días previos para bajar la demanda de dólares que ha supuesto una sangría histórica de reservas. Los grupos económicos afines al Gobierno lo son en tanto ganen todo lo que puedan (y más), pero que no cuenten con ellos para que el modelo económico sea sostenible en el tiempo.
He aquí, entonces, uno de los dilemas del macrismo: si se tapan por un lado, les falta abrigo por otro. Una rentabilidad tan exagerada para el sistema financiero, en pesos y en dólares al mismo tiempo, no puede ser duradera en el tiempo porque la economía salta por los aires. O fue impericia de los técnicos o se hicieron trampas al solitario, porque todo el mundo sabía que esta política económica les iba a explotar en sus propias manos más temprano que tarde.
Lo tercero es que se ha visto resquebrajado su idilio con los mismos medios que lo auparon en el poder. No significa esto que los hayan dejado de apoyar, pero sí han puesto una distancia relativa que ha provocado un gran malestar en la Casa Rosada. Si algo tienen los grandes medios es que les gusta tener siempre la sartén por el mango. Y esta vez, en medio de la crisis -como suele ser habitual- el Gobierno reaccionó encogiéndose, estrechando su círculo de contactos. Y esto, precisamente, fue lo que no agradó en absoluto a aquellos periodistas que tienen un alto grado de incidencia en la opinión pública. Son personas que poseen unos egos tan enormes que les desagrada que no se les consulte cuando llegan estos críticos momentos. Se tambaleó, así, este acuerdo entre ambos bandos. Esto no quiere decir que esté rota la relación pero, por primera vez, hemos podido constatar que se ha generado una grieta de desconfianza que no se cura con facilidad.
Desde cualquier punto de vista, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno argentino no es tan bueno en el campo de la gestión y de la política como lo fue en el terreno comunicacional-electoral. No es verosímil pensar que Macri salga inmediatamente en helicóptero de la Rosada. Pero ha pasado algo que no pasará desapercibido: quedó en evidencia la primera gran crisis de su gobierno. Macri ya no tiene a su jefe de gabinete que le sirva de escudo, ni ministros que puedan protegerlo. Tuvo que salir dos veces a poner la cara con un resultado más que incierto. Se comieron una vida. Les queda una menos. En política no se sabe cuántas se tienen. Pero sí hay algo absolutamente irrefutable: cuando se comienza la cuenta atrás, el final está un poco más cerca.

Alfredo Serrano Mancilla, Director CELAG, @alfreserramanci

Adónde va Venezuela



Los seis millones de votos que obtuvo Maduro en la elección del pasado domingo implican un fuerte retroceso respecto a la elección constituyente del año pasado – con la reserva de que muchos observadores señalaron que sus datos estaban inflados. Incluso si se tienen en cuenta las cifras oficiales, la caída del domingo pasado fue superior al 30 por ciento. La abstención fue elevada – la menor participación desde 1958. Sobre el total del padrón, los votos por Maduro no superaron el 35%: el “chavismo plebiscitario” es un recuerdo lejano. El resultado es todavía más pobre si se considera el despliegue del clientelismo punteril, en un país asolado por la necesidad. A pesar de la instalación de 12 mil “puntos rojos” a la salida de los comicios, para escanear “los carnets de la Patria”, que permiten el acceso a una canasta de productos racionados, el chavismo hizo la peor elección de su historia.
Incluso con estos resultados, el ‘madurismo’ es el único poder existente en Venezuela. Es un poder en manos casi exclusivas del alto mando militar. La alternativa opositora de la MUD se ha desvanecido, como consecuencia, en primer lugar, de la incapacidad para ofrecer una salida a las fuerzas armadas. El mando militar se encuentra acosado por denuncias de corrupción, a nivel internacional, pero más allá de esto debe cuidar que una salida traumática a la inmensa crisis por la que atraviesa Venezuela, no desate un estallido social y destruya la cohesión militar.
La oposición de derecha debería ofrecer, como alternativa política, la seguridad de un plan internacional de rescate de la economía venezolana, que se ha calculado en u$s200 mil millones, cuando lo que tiene enfrente son acreedores y fondos buitres que se han coaligado para obtener el lucro más alto para cuando se produzca el deseado ‘cambio de régimen’. Al mismo tiempo, Venezuela es un sitio privilegiado de la guerra económica internacional, debido a la necesidad que tiene de reestructurar y reactivar sus recursos petroleros. La Cuenca del Orinoco es disputada por las compañías norteamericanas, de un lado, y las europeas, rusas y las chinas, del otro. La última decisión de Trump, de prohibir la venta de activos venezolanos en el exterior, apunta a evitar que Maduro entregue a Rosneft – la petrolera rusa – la red de Citgo, la expendedora de petróleo de Pdvsa, en Estados Unidos. El tamaño de la crisis de Pdvsa se mide en el hecho que, de acuerdo a los especialistas, la suba espectacular del precio del barril del petróleo en los últimos meses, obedece a la caída de la producción de Venezuela, de 2,5 a 1.5 millones de barriles diarios. Cuatro de las cinco refinerías de Pdvsa se encuentran fuera de servicio y el servicio de la deuda con proveedores está paralizado.

Economía y política

Entre 2014 y 2017 la economía venezolana acumuló una contracción del 33,4%, por un lado por la caída fenomenal del precio del petróleo en ese período, por el otro por el desmadre de la gestión burocrática de la petrolera y del Estado; las denuncias de una corrupción fabulosa, vienen de afuera como de adentro del régimen político. Las expectativas para este año no son mejores, incluso a pesar de la suba de los precios internacionales del petróleo, debido a ese desmadre. Venezuela tiene la tasa de extracción más baja del mundo: solo es capaz de comercializar cada año el 0,5% de sus reservas probadas, a pesar de haber firmado acuerdo de asociación con el 95% de los monopolios internacionales. Más todavía que en Brasil, estos acuerdos son insatisfactorios para los monopolios – incluidos los rusos y chinos – debido a que reservan el control operacional en manos de la petrolera estatal. Las negociaciones de Maduro con Rosneft, acerca de la explotación de la cuenca del Orinoco, apuntan a poner fin a esta situación – como ya ocurre en el Arco Minero, donde las privatizaciones son irrestrictas.
PDVSA posee incumplimientos por 3 mil millones de dólares y acaba de perder un litigio por la nacionalización, hace varios años, de la empresa Conoco Philips, por dos mil millones de dólares. La misma situación atraviesa la industria minera: se les deben 1500 millones a compañías por expropiaciones no pagadas, algo que en el caso de la minera Rusoro ya tiene dictamen favorable en tribunales; a Crystallex, una minera canadiense y a otras como Gold Reserve se les debe cerca de 3.000 millones más.
Los acreedores internacionales no han salido a plantear la “aceleración” de los contratos de deuda, o sea su pago integral, como consecuencia del ‘defol’. Esto la habilitaría a pedir el secuestro de propiedades y/o cargamentos de petróleo en el exterior, o incluso el embargo de los más de 40 mil millones de dólares en activos que posee Venezuela fuera del país. EEUU y la Unión Europea han prohibido la colocación de deuda de Venezuela en los mercados internacionales, pero no la negociación de la deuda existente. Aunque sorprenda a muchos, esta deuda se transa en gran volumen y a un precio que se estima elevado (subió de 25 centavos a 33 desde febrero), debido a las expectativas en una caída del gobierno, que se calcula “en meses”. Esto sobrevendría de un embargo o bloqueo del comercio exterior de Venezuela. De acuerdo al corresponsal de La Nación (23.5), el continuismo de Maduro “echar(on) por tierra los acercamientos secretos de los últimos meses con la administración republicana”. Como parte de estos “acercamientos”, Maduro postergó las elecciones de abril a mayo y alentó la presencia electoral de Henri Falcón, un ex del chavismo, y luego fundador de la MUD.

La derecha y el imperialismo

La derecha se encuentra en un estado de desorientación política. Es el resultado de los fracasos de las intentonas golpistas e intervencionistas del pasado, por un lado; y de la incapacidad de hacerse una base popular para vencer en las urnas al chavismo, por el otro. Henry Falcón se presentó como una falsa salida a este impasse.
Una nueva pista para la derecha venezolana podrá aparecer como consecuencia del derrumbe del madurismo. Desde antes de la campaña electoral, el gobierno dio indicios de una salida a la crisis monetaria (hiperinflación), cuando lanzó el petro – una moneda digital que tenía como garantía el barril de petróleo. Aunque los críticos la denunciaron como un intento de fugar dinero o de negociar la deuda pública a pesar de las prohibiciones, señalaba un planteo de dolarización de la economía, algo que enseguida sería el eje de campaña de Falcón. El reemplazo del bolívar por el dólar debía ir acompañado con el cese de la financiación monetaria del Tesoro, por un lado, y de los cortes de gastos sociales y la privatización integral del petróleo, por el otro. En los ambientes financieros, muchos se preguntan si el aseguramiento de la reelección de Maduro no es, precisamente, el paso previo a la dolarización. Es un punto en el cual Putin y Xi Jing Pin estarían por completo de acuerdo. El FMI y los Tesoros de los países principales serían llamados a financiar el cambio de moneda y la reestructuración del Banco Central. Sería la contraseña para un reingreso de la derecha a la cancha, pero dividida. La dolarización dejaría al desnudo la inmensa confiscación que han sufrido los trabajadores de Venezuela, a manos del gobierno ‘nacional y popular’. Es la salida que impulsa la derecha continental, que vería acompañada con una probable elección en un plazo a pactar. El ecuatoriano Correa, un K, conservó la dolarización impuesta al país por gobiernos previos, asesorados por Cavallo.

La clase obrera y la izquierda

A pesar de luchas cotidianas y peleas de todo orden, la clase obrera de Venezuela es la clase más alejada a la hora de ofrecer una salida política. La confusión que ha creado el chavismo en sus filas, a la que suma el proto chavismo de la totalidad de la izquierda, en el ‘período revolucionario’ del régimen, ha sido pagada muy caro. La transición política que iniciará el giro de la crisis, deberá crear un nuevo escenario y nuevos realineamientos políticos. Las organizaciones obreras independientes del Estado tienen el desafío de ofrecer un programa transicional para la nueva etapa y convocar en torno a él al conjunto de la clase obrera. La crisis en Venezuela se desarrollará en un nuevo cuadro mundial y latinoamericano, como lo demuestran las crisis de Brasil, por un lado, y Nicaragua, por el otro – así como el naufragio del macrismo y las luchas obreras en Argentina.
Es necesario, como nunca, una conferencia latinoamericana de la izquierda que lucha por la independencia política de los trabajadores y por la dirección política de la clase obrera. Servirá para ofrecer conclusiones de conjunto para las masas en lucha y para abrir una perspectiva antagónica al capitalismo y sus crisis.

Martín Sánchez y Jorge Altamira

sábado, 19 de mayo de 2018

Río Turbio: una huelga histórica logra la reincorporación de 174 despedidos



Toda la tarde duró la audiencia en el Ministerio de Trabajo entre la Intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Intersindical de los 4 gremios de la empresa (ATE, Luz y Fuerza, Personal Superior y La Fraternidad) más la representación del ramal ferroportuario de Río Gallegos.
La audiencia fue convocada en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la Intervención de YCRT y viabilizado por el Ministerio de Triaca en tiempo récord. La Intersindical reclamó contra este encuadre y dejó planteada la impugnación del procedimiento.
En este marco controvertido y después de 4 meses de huelga, se discutió la reincorporación de unos 170 compañeros que no aceptaron el retiro voluntario. Desde el 24 de enero las instalaciones están ocupadas por los trabajadores. Cuando el gobierno, en marzo, intentó enviar la Gendarmería, una pueblada le cortó el paso en el puente de acceso a la cuenca sobre la ruta 40, hasta que después de horas de negociación los gendarmes decidieron retirarse.
Esta posición de fuerza, el apoyo de toda la comunidad, el viaje a Buenos Aires que instaló la lucha a escala nacional, las reiteradas movilizaciones en Turbio y también en Río Gallegos, explican este primer gran triunfo.
Como contrapartida la empresa logró bajo presión la salida de varios centenares de compañeros por medio de los “retiros voluntarios” y ha instalado en el Ministerio un ilegal “Preventivo de Crisis” que pretenderá usar para imponer la anulación de los convenios.
El sábado, una asamblea en boca de mina va a ratificar el acuerdo y probablemente el lunes se retomen las tareas. El próximo jueves 24 continuarán las negociaciones en el Ministerio
Este importante triunfo premia la firmeza de las medidas adoptadas por las sucesivas asambleas, el aguante del acampe a pesar de los temporales y del frío, así como la decisión de los 170 compañeros que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la liquidación final depositada en sus cuentas bancarias, aceptaron el despido.
La empresa intentaba poner la reincorporación como carnada para que los gremios aceptaran la rebaja del convenio y el preventivo de crisis, lo cual los trabajadores y la Intersindical han resistido durante toda una semana llegándose a este desenlace, que es un gran paso adelante (se les reconocen los sueldos caídos y se reincorporan a la misma situación laboral anterior al despido) en un conflicto que sin lugar a dudas no ha terminado.
Desde enero, el Partido Obrero y la CTA regional hemos reclamado que se convoque una Asamblea Popular Comunitaria, planteo que en las nuevas circunstancias está más vigente que nunca ante las tensiones que se vienen en la empresa y en el marco de un conflicto salarial de los gremios provinciales y municipales que han apoyado la causa de los mineros.
Vamos los mineros. Unidad de los trabajadores.

Miguel Del Plá

Protesta social: la posición fascistoide de unos panelistas de Intratables contra la clase obrera



“Se fue a Río”. Esa fue la acusación con la que intentaron ocultar el baile (argumentativo) que los militantes del Polo Obrero le habían dado a panelistas de Intratables como Paulo Vilouta, Ceferino Reato o Florencia Arietto, entre otros tributarios del ajuste que posan de periodistas -en una versión espejal del criticado y criticable 678, que justificaba las trapisondas del kirchnerismo, en versión amarilla Cambiemos-.
La miserabilidad de estos periodistas que rinden pleitesía al oficialismo se había expuesto de manera abrumadora no sólo durante la transmisión del programa Intratables, sino en el enfoque calumnioso llevado adelante al día siguiente contra una de los dos militantes del Polo Obrero que habían sido invitados para que explicaran la protesta que habían llevado adelante el miércoles, durante su jornada de lucha contra el ajuste del gobierno nacional, apoyado por los gobernadores peronistas, K y de los otros. Durante el programa, Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional de la organización piquetera Polo Obrero, y Gabriela de la Rosa, referente de La Matanza de la misma agrupación, habían explicado cómo el ajuste y la baja de planes (40 mil bajas, dijeron) corría cada vez más a los sectores vulnerables desde la pobreza hacia la indigencia. Contaron por qué exigían que el gobierno garantizara el derecho al trabajo genuino y parara con los planes de miseria que paga a cambio de trabajo precarizado para los municipios, mostraron cómo los vecinos del tercer cordón del conurbano habían regresado al trueque y cómo pagaban la electricidad con tarjetas y por día. En los coquetos estudios del canal América en Palermo el testimonio de estos luchadores daba de bruces el operativo general de ensalzamiento del gobierno que realizan los panelistas, en general, del programa.
Pero la discusión volvió al tópico del tránsito y los cortes de calle, y su equiparación a la “extorsión”, es decir, la deslegitimación del derecho a la protesta. Florencia Arietto, que fungió como candidata a diputada de Sergio Massa, llegó a decir: “Había un piquetero de ustedes que subía a la autopista con su niño y su hijo no le importaba, no le importaba el hijo”. Arietto se había convertido en una versión vulgar de los conservadores de principios del siglo XX que acusaban a los luchadores de indolencia y monstruosidad, una ‘enfermedad que atentaba contra la higiene de la Nación’. “Los zurdos inmolan a la gente que arrean”, llegó a decir la ex candidata del massimo, mostrando el costado fascistizante que anida en la calaña de este tipo de panelistas, que encima se postulan a cargos políticos como representantes del pueblo en la Cámara de Diputados. “¡Ese es el lenguaje de Videla!”, respondió Belliboni ante la bajeza de la panelista. Arietto insistía, gesticulando: “¡Los zurdos inmolan a la gente, los mandan al matadero!”. El discurso de un patrón de estancia, con un dejo de acento barrial de por medio.
El impresentable de Ceferino Reato, operador de larga data, se dirigió a Gabriela y le dijo: “El Estado te paga 4.800 pesos y sos estudiante, ¿qué más querés? Te damos todos 4.800 para que estudies en un terciario”. Es imposible dilucidar en sus palabras la leve frontera entre el cinismo y la tontera. “¿No estás mejor ahora que con un trabajo genuino, que quizás no podrías estudiar?”, preguntó Reato. La estupidez no tiene límites.
Pero dolidos por la derrota conceptual que dos miembros de la clase trabajadora, que presentaron un programa contra la crisis para que sea pagada por los capitalistas y no por los obreros, Reato y Arietto usaron las redes para realizar una campaña de difamación contra Gabriela que, antes de haber sido despedida de su trabajo, pudo ahorrar para vacacionar en Río, tal como muestra su cuenta de Facebook pública, porque nada tiene que ocultar. Reato la acusó de vacacionar a Río de Janeiro con el dinero del Estado y Arietto se prendió en la operación, tuiteando: “Los zurdos no sólo son mentirosos, también viven del Estado burgués que dicen combatir. Preguntale a la compañera Gabriela qué tal la pasó en sus vacaciones en Río. Chantas”, le respondió al periodista Diego Rojas, que había resaltado la coherencia discursiva de los militantes del Polo Obrero en Intratables. Arietto no sólo reivindicaba el epíteto “zurdos” para referirse a los militantes de la clase obrera, sino que usaba la difamación. Arietto cuestionaba la posibilidad de que una laburante pudiera ahorrar los fondos necesarios para vacacionar, un derecho ganado por los trabajadores a lo largo de toda su historia en la Argentina. No sólo fascistoide, sino una “gorila” que se dice “peronista”.
Gabriela le cerró el pico a los dos agentes mediáticos del ajuste (Belliboni ya le había cerrado el pico a Vilouta diciéndole en vivo que como antes reclamaba el ajuste, ahora reclamaba represión). Publicó un tuit que decía desde su cuenta @DeLaRosaGabii:
A @ceferinoreato y @Florenciarietto @Intratables Como tantas jóvenes ahorré para hacer un viaje con el trabajo que tuve hasta que fui despedida y ahora cobro un plan de hambre y estudio arte para ser docente y tener una salida
Lo único raro es que usted se diga periodista.
La superioridad moral e intelectual de la clase obrera sobre los lacayos de la burguesía y el ajuste macrista se mostró una vez más en este episodio. Que quede como lección y aliciente para luchar contra el ajuste, hasta derrotarlo.

Antonia Torrebruna

Un nuevo saqueo

La gran operación de endeudamiento que perpetró el macrismo ha dejado al país a las puertas de una nueva quiebra nacional.
La “salida” del FMI y el gobierno para enjugar esta “convocatoria de acreedores” es un plan de despidos, de cercenamiento todavía mayor de las jubilaciones y liquidación de los más elementales derechos laborales.
El primer paso fue una devaluación del peso, que golpeará los ingresos de trabajadores, activos y pasivos. Y llevará a un nuevo salto a las tarifas, dolarizadas por el mismo gobierno.
Con este saqueo, el gobierno quiere rescatar a los banqueros del derrumbe de su propia política.
Pero este ataque a los que viven de su trabajo ni siquiera les servirá para gambetear la crisis de la política oficial. Por eso llamaron al Fondo Monetario, para asegurar que sean los trabajadores los que paguemos el muerto.
Para blindarse frente a la reacción popular, el gobierno ha convocado a un “gran acuerdo” a quienes ya le votaron más de 100 leyes antiobreras o aplicaron el ajuste en las provincias donde gobiernan. Es un intento por rescatar al gobierno de su propio derrumbe económico y político, y que sólo puede acentuar el desprestigio y la disgregación de estos seudo-opositores.
Lo mismo ocurre con la burocracia sindical: después de aceptar paritarias a la baja, los tarifazos y la devaluación, la CGT sólo atina a una mera pose opositora. Mientras se suceden las luchas por despidos, como la nuevamente reprimida Cresta Roja, el Inti, el Turbio y tantas otras.
Los trabajadores somos convidados de piedra. Tenemos que intervenir en esta crisis con nuestra voz y nuestros intereses.
Luchemos por un Congreso de delegados con mandato de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, para establecer un programa de salida a la crisis y una política para imponerlo, que debe partir de un paro activo nacional inmediato y un plan de lucha para que millones de trabajadores ganemos las calles contra el nuevo plan de guerra de Macri y el FMI.
1. Reapertura de las paritarias e indexación mensual de salarios y jubilaciones. Ni un despido. Ocupar las fábricas o reparticiones que cierren o despidan masivamente.
2. Anulación de los tarifazos desde comienzos de 2016, apertura de los libros y costos de las empresas privatizadas; nacionalización integral de la energía y el transporte bajo control de los trabajadores.
3. Impuesto extraordinario a bancos y al capital financiero, para que la bancarrota del Banco Central y el Tesoro sea enjugada a costa de quienes se beneficiaron con ella.
4. Desconocimiento de la deuda usuraria en todas sus formas -títulos, bonos, letras- en manos de la banca, los fondos especulativos y el gran capital. Nacionalización de la banca y el comercio exterior. Por un plan económico de la clase obrera, diseñado por un Congreso de Trabajadores.

Prensa Obrera

Supermartes de Lebac y después: una batalla no es la guerra

Macri afirmó el miércoles que “la turbulencia cambiaria la consideramos superada”. Después del “supermartes”, el dólar terminó la jornada del miércoles con una suba atenuada. Los costos de una calma cuya duración no está garantizada.
“La turbulencia cambiaria la consideramos superada”, afirmó el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa. Con este término se refirió el presidente a la feroz corrida que forzó una depreciación del peso frente al dólar de 20 % en menos de un mes. Y que obligó al Banco Central (BCRA) a vender reservas por más de USD 9.000 millones en dos meses.
Resulta temerario realizar esta afirmación, considerando que ayer mismo el dólar concluyó la jornada con un ligero rebote alcista. Según el promedio de bancos y entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el dólar concluyó la jornada en $24,80, doce centavos por encima del cierre del martes. A principios del día había tocado mínimos de $24,48. En el mayorista, el valor de cierre ($24,22) fue también 22 centavos por encima del valor de cierre del martes.
La calma lograda después del “supermartes” podría resultar efímera. La situación internacional no ayuda a aplacar los ánimos.

“Victoria” pírrica

Resultaría exagerado llamar victoria a lo conseguido por el gobierno el martes, pero es lo más parecido a eso que el gobierno podía esperar a estas alturas. Superó la prueba del vencimiento de las Lebac, renovando el 100 % de los títulos que vencían y $5.000 millones adicionales. Pero para hacerlo convalidó una tasa de interés del 40 % anual (un mes antes había sido de 26,3 %).
Este aumento de la tasa no alcanzó por sí sólo para asegurar la renovación de Lebac. Así como antes no habían bastado para frenar la corrida las variadas intervenciones del BCRA, que desde el 25 de abril además de intervenir vendiendo reservas (lo que había comenzado a hacer en marzo para sostener alrededor de $ 20 la divisa) elevó la tasa de interés de referencia de la política monetaria de 27,25 % a 40 % anual, disminuyó de 30 % a 10 % las tenencias de activos en moneda extranjera permitidas a los bancos e inició intervenciones en mercados de dólar futuro. Además fue necesario que el BCRA comprara anticipadamente Lebac en el mercado secundario, y que Anses también aumentara la cantidad de letras del BCRA en su poder.
Pero además, el lunes el BCRA eximió a los bancos de constituir diariamente una reserva técnica de efectivo mínimo en relación a los depósitos (encaje) durante el mes de mayo. Esto liberó fondos que los bancos tenían inmovilizados, con un rendimiento de 0 %, y que ahora pudieron volcar a títulos del BCRA que rinden 40 % anual.
Por si esto fuera poco, el ministro de Finanzas Luis Caputo, coordinó con dos fondos de inversión internacionales, Templeton y Black Rock, la emisión de títulos que tienen plazos 5 y 8 años (BOTE 2023 y 2026) por USD 3.000 millones ($ 73.000 millones), lo que contribuyó para descomprimir el mercado cambiario.
Por otro lado, se trata, siendo muy benevolentes de un “triunfo” en la derrota: el BCRA, que empezó esta pulseada por intentar mantener el dólar por debajo de $21, jugó todo desde el lunes de esta semana a poner un techo en $25. Con el tipo de cambio ahora orbitando alrededor de $24 y $25, recrudecerá la inflación. Los aumentos de precios ya acumulan 9,6 % en lo que va del año. La depreciación del último mes, le agrega como mínimo 5 puntos porcentuales a una inflación que ya a comienzos de abril se mostraba orientada a superar el 20 % anual.
Una primer conclusión que podemos sacar es que el objetivo de que el alza de precios sea en 2018 inferior al de 2017 parece cada vez más inalcanzable. A pesar de que Sturzenegger afirmó ayer en conferencia de prensa que “nuestros proyecciones nos daban y nos siguen dando una baja de la inflación”, sólo un severo enfriamiento de la economía podría asegurar este objetivo.

Mirando al Fondo

Martín Redrado, quien fuera titular del BCRA durante parte de los años de gobiernos kirchneristas, estimaba ayer que el gobierno necesitaría 10 días como el de ayer, con movimientos atenuados de la cotización siguiendo los movimientos cambiarios de otras monedas de la región y sin intervención de la autoridad monetaria, para afirmar que la calma fue restablecida.
Pero ya empieza a haber otra fecha crítica, en la cual el BCRA afrontará otro vencimiento tan voluminoso como el del martes ($645.000 millones): el 21 de junio. De cara a esa fecha, podemos esperar más de lo mismo que vimos en la previa al 15 de mayo. Recompra de Lebac en el mercado secundario, y tasas altas para asegurar la permanencia de dólares.
Por eso, una segunda conclusión es que estas tasas elevadas llegaron para quedarse por un tiempo, a pesar del consenso de que a este nivel resultan inviables en el mediano plazo. Con ellas regresó con fuerza la bicicleta financiera, que aún con tasas más bajas había florecido. Sin bicicleta financiera, el país ya no puede asegurar siquiera una módica permanencia de capitales golondrina. La alta proporción de dolarización de activos de los residentes, que alcanza tres cuartos de los activos que estánn en moneda extranjera, reduce los márgenes para el BCRA. Entre paréntesis, digamos que estamos hablando mayormente de la riqueza fugada sobre todo por grandes empresarios que, como el ministro Juan José Aranguren, confían en la Argentina de Macri tanto como en la de Cristina Fernández. Gracias a estos, son mayores las exigencias que afronta la entidad monetaria para asegurar la permanencia en pesos de los tenedores del cuarto restante.
La suba de precios que impacta en el costo de vida, y la escalada del costo financiero, auguran un fuerte enfriamiento de la economía de acá a fin de año. A esto se agrega el refuerzo del recorte fiscal, que Macri anticipó ayer en conversación con los periodistas, cuando afirmó que “lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente”. La calma lograda, el gobierno la utiliza para mandar señales de que profundizará los objetivos de reducción fiscal, obligado por la corrida a recalcular sus planes de cara a las elecciones de 2019.
La “ayuda” del Fondo Monetario Internacional, que vendrá de la mano de este refuerzo del ajuste, cuyos números se seguirán especificando el próximo viernes cuando los funcionarios del gobierno se vuelvan a reunir con el staff del FMI. Este acuerdo, que podría aportar USD 30.000 millones de forma escalonada, es el puente con el cual el gobierno busca asegurar que se aplaque el temblor financiero. Los costos van a recaer sobre los trabajadores y sectores populares, mientras el presidente defiende a rajatabla los recortes de impuestos que beneficiaron a los sectores de mayores ingresos, y que junto con los pagos de intereses de la deuda pública explican gran parte del persistente déficit fiscal que ahora apuestan a reducir.
Es urgente rechazar el acuerdo con el FMI y los planes de ajuste que el Gobierno va a pactar, pero también exigir el no pago de toda la deuda ilegal e ilegítima, pagada década tras década a costa de las necesidades populares.

Esteban Mercatante
La Izquierda Diario