Cuando un inversor corre riesgos fuera de lo común con su cartera de inversiones, busca ser compensado con mayores rendimientos. En caso de bancarrota de sus deudores, ese inversor tendrá que aceptar algunas pérdidas y los altos rendimientos servirán como contrapeso del riesgo enfrentado. Eso es la rutina en los mercados financieros desde tiempos inmemoriales.
Pero en un fallo reciente, la Suprema Corte de justicia de los Estados Unidos acaba de decidir en contra de esa práctica y ha colocado en dificultades al gobierno de Argentina.
La crisis de la deuda externa que sufrió Argentina entre 2000-02 condujo al país al peor quebranto en su historia. Para 2001 era prácticamente imposible mantener el servicio de la deuda (superior a 166 por ciento del PIB). Los acreedores recibieron durante algunos años rendimientos superiores al promedio de los mercados como compensación frente al riesgo de una moratoria. Aun en el momento de rendimientos más deprimidos, el margen frente a los bonos del tesoro estadounidense era de unos tres puntos porcentuales.
En 2005 el gobierno argentino ofreció a sus acreedores una reestructuración. Para ese año los bonos argentinos se cambiaban en el mercado secundario muy por debajo de su valor nominal, y la gran mayoría de los acreedores aceptó las condiciones ofrecidas por el gobierno de Kirchner, accediendo a reducciones en el principal de hasta 75 por ciento (en realidad, las pérdidas para los acreedores fueron menores, porque en el cálculo del principal se incorporaron los intereses no pagados). En total, entre 2005 y 2010 los tenedores del 93 por ciento de los bonos argentinos aceptaron la reestructuración de la deuda. Desde entonces, Argentina cumplió fielmente el calendario de pagos y redujo su deuda a un 40 por ciento del PIB.
Pero una pequeña minoría de acreedores rechazó el arreglo. Sus bonos fueron adquiridos por fondos de inversión especializados en la compra de títulos con problemas para después buscar recuperar el total del valor nominal: esos fondos buscan convertir en 100 lo que compraron por 25. No por nada se les conoce como 'fondos buitres'. Entre los que participaron en esta maniobra en el caso argentino se encuentran Aurelius Capital Management y Elliott Capital Management, fondos que usan prácticas depredadoras para recuperar sus "inversiones" de alto riesgo.
El argumento de la Suprema Corte estadounidense está basado en la cláusula de pari passu que figura en todos los contratos de deuda externa y concursos mercantiles de quiebra. Esa cláusula otorga a los acreedores igualdad de derechos en relación a deudas similares del mismo emisor. Eso implica que si Argentina procede a pagar a un acreedor que aceptó.
Alejandro Nadal
lunes, 28 de julio de 2014
“Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”
Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CLI)
Este era el título de un documental realizado por nuestro compañero Raymundo Gleyzer, que dirigía el grupo de Cine de la Base que adhería al Frente Antimperialista y por el Socialismo, y era uno de los más destacados cineastas latinoamericanos de la época, en el que se inmortalizó la huelga, que llevaban a cabo, en aquel verano de 1974, los trabajadores de la metalúrgica INSULD; ubicada en la localidad de San Justo.
Los mismos reclamaban la modificación de las insalubres condiciones de trabajo que habían llevado a la muerte a varios operarios, afectados por el “saturnismo”.
Asimismo denunciaban la complicidad de la conducción de la UOM, encabezada por Lorenzo Miguel, con la patronal.
Este conflicto se sumaba a los que se estaban desarrollando en Astarsa, Lozadur, Del Carlo y Matarazzo.
En este último, para enfrentar a la policía que se disponía a desalojar la planta tomada, varios compañeros se encadenaron a una de las chimeneas.
En todos los casos, el Diario, hizo una importante cobertura, diferenciándose de la llamada “prensa seria”, que seguía respaldando el Pacto Social; impulsado desde la Casa Rosada.
A ellos se sumó el comienzo de un enfrentamiento entre los trabajadores, la patronal y la burocracia sindical, que tuvo su epicentro en Villa Constitución.
En esta localidad, de la provincia de Santa Fe, estaban instaladas las plantas de Acindar con mas de 5. 000 trabajadores, la de Metcon con 2. 000, la de Marathon con 700 y la de Vilber con 200.
En la primera se había elegido, en 1970, un cuerpo de delegados que fue desconocido por la empresa y que determino que la dirección del gremio en acuerdo con esta, dispusiera la intervención de la Seccional.
En esos días, del tórrido verano del 74, se sumaron a la Comisión Interna de esta planta, los trabajadores de los otros establecimientos fabriles.
Uno de los directivos y propietario de Acindar, estrechamente vinculado a la cúpula castrense, era Alfredo Martínez de Hoz
Los compañeros, liderados por Alberto Piccini, exigían la reapertura de las paritarias, mejores condiciones de trabajo, una disminución de la jornada laboral en los sectores en los que las tareas se realizaban con bajas condiciones de salubridad y el cese de la intervención a la Seccional.
Todo el pueblo, de algo más de 80 mil habitantes, apoyaba estos reclamos.
Lorenzo Miguel apeló a la represión legal y paraestatal para tratar de frenar esta movilización.
Por nuestra parte decidimos que un extraordinario compañero y periodista que estaba a cargo de la corresponsalía en Rosario, Carlos Gabetta, se trasladara a la “Villa”, para cubrir la información que fue tapa del diario durante todo el conflicto.
Al mismo tiempo se solidarizan con estos trabajadores, el Sindicato de Luz y Fuerza y el SMATA de Córdoba, la Federación Grafica Bonaerense, la CGT de los Argentinos y todas las corrientes clasistas y combativas del país.
El crecimiento de la Juventud Trabajadora Peronista, encabezada por Enrique “Quique “Juarez., del Movimiento Sindical de Base y de los nuevos agrupamientos vinculados a organizaciones revolucionarias del peronismo y de la izquierda guevarista, tensiona a la dirigencia pactista y activa a la siniestra Triple A.
La conflictividad social se extiende a Tucumán donde la FOTIA y los Cañeros rechazan el acuerdo que pretende congelar los salarios; qué promueve el oficialismo.
En este contexto y, antes de la agresión que relatáramos en la nota anterior, en el equipo de dirección del vespertino tuvimos que tomar algunas decisiones.
Por un lado, se nos planteó la necesidad de reducir los gastos; ya que el presupuesto era muy abultado.
Recibía, por mes, 100 mil dólares, que me los entregaba un compañero del equipo de Finanzas del PRT o su responsable, el “Barba ”Gertell.
Este, era muy amigo de Susana, y contaba con todo mi afecto.
Para cumplir con las medidas de austeridad sugeridas, se vendieron varios rodados y le planteamos a los Jefes de Sección la posibilidad que voluntariamente redujeran su salario.
La respuesta fue positiva.
De esa forma tratábamos de afectar los sueldos más elevados sin menoscabar, en sus ingresos, a la totalidad del personal.
En otro episodio, que tuvo su lado cómico, me toco adoptar una medida que generó protestas.
Esta es la historia.
Al poco tiempo de hacerme cargo de la dirección, Benito Urteaga, me planteo que el Partido quería tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista en el diario, con una columna semanal, que firmaría con el seudónimo: Ernesto Contrera.
Sin que lo hiciera explícito, pensé que la misma expresaría el pensamiento de Mario Roberto Santucho; por lo que para nada me pareció incorrecta la petición.
Teniendo en cuenta la generosidad con la que el PRT financiaba un diario en el que volcaban sus opiniones dirigentes del campo popular; lo menos que podían solicitar es tener una voz.
De esa forma, durante varias semanas, llegaba la nota que, por supuesto y sin leerla, enviaba directamente a la sección de diagramación para que fuera colocada en página impar.
En esos días de febrero, mientras nos recomponíamos del ataque directamente ejecutado por unabanda financiada por el Ministerio de Bienestar Social del que dimos cuenta en esa saga, publicamos la columna que planteaba, sintéticamente, que la Junta Coordinadora Revolucionaria que integraba el PRT. ERP, con el Movimiento de Liberación “Tupamaros” del Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, constituía una “ nueva internacional”.
Al día siguiente recibí un urgente llamado telefónico de Benito que me citaba en el lugar en el que solíamos encontrarnos.
Estaba muy molesto y airadamente me preguntó cómo no había controlado esa publicación, qué contenía una posición que nada tenía que ver con la estrategia que se planteaba el Partido, para el desarrollo del frente internacional.
Le dije que no era mi tarea y que no podía saber que debía hacerlo; ya que desde el principio no lo hacía.
Ante la situación me propuso que, ese día, publicáramos un aviso destacado señalando que el mencionado columnista había sido literalmente separado del Diario, ya que sus posiciones eran absolutamente divergentes con las que sostenía la dirección.
Así lo hicimos y durante varios días seguimos con esta información.
Esto me generó algunos problemas ya que compañeros que integraban la Juventud Guevarista llegaron a la dirección a manifestarme su indignación ya que no entendían como me atrevía a “robarle el diario al Comandante “.
Les solicite a los compañeros que aclararan el entuerto para evitar situaciones complicadas.
En ese escenario, en la madrugada del 27 de febrero, la corresponsalía en Córdoba nos puso en conocimiento de que se había sublevado la policía de la provincia y que la misma al mando del Coronel Navarro, en un hecho inédito en la historia argentina, pretendía ocupar la Casa de Gobierno y “desplazar “ a Ricardo Obregón Cano y a Atilio López, gobernador y vice electos por mas del 60 % de los cordobeses-
No nos cabía la menor duda, que el autor intelectual de este golpe palaciego, era el General que, de esta forma seguía llevando adelante la “guerra declarada” contra los “infiltrados marxistas “ y la “ depuración” del peronismo; ahora convertido en la mejor carta del partido militar para frenar el desarrollo del movimiento revolucionario y popular.
¿De que forma enfrentó, el movimiento popular en la “docta”, el denominado “Navarrazo”? ¿A qué recursos apelamos para evitar la clausura del Diario, que ya parecía evidente, en esta escalada represiva? ¿Cómo nos preparábamos para responder a la creciente fascistización del gobierno?
Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.
Manuel Justo Gaggero, abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.
Este era el título de un documental realizado por nuestro compañero Raymundo Gleyzer, que dirigía el grupo de Cine de la Base que adhería al Frente Antimperialista y por el Socialismo, y era uno de los más destacados cineastas latinoamericanos de la época, en el que se inmortalizó la huelga, que llevaban a cabo, en aquel verano de 1974, los trabajadores de la metalúrgica INSULD; ubicada en la localidad de San Justo.
Los mismos reclamaban la modificación de las insalubres condiciones de trabajo que habían llevado a la muerte a varios operarios, afectados por el “saturnismo”.
Asimismo denunciaban la complicidad de la conducción de la UOM, encabezada por Lorenzo Miguel, con la patronal.
Este conflicto se sumaba a los que se estaban desarrollando en Astarsa, Lozadur, Del Carlo y Matarazzo.
En este último, para enfrentar a la policía que se disponía a desalojar la planta tomada, varios compañeros se encadenaron a una de las chimeneas.
En todos los casos, el Diario, hizo una importante cobertura, diferenciándose de la llamada “prensa seria”, que seguía respaldando el Pacto Social; impulsado desde la Casa Rosada.
A ellos se sumó el comienzo de un enfrentamiento entre los trabajadores, la patronal y la burocracia sindical, que tuvo su epicentro en Villa Constitución.
En esta localidad, de la provincia de Santa Fe, estaban instaladas las plantas de Acindar con mas de 5. 000 trabajadores, la de Metcon con 2. 000, la de Marathon con 700 y la de Vilber con 200.
En la primera se había elegido, en 1970, un cuerpo de delegados que fue desconocido por la empresa y que determino que la dirección del gremio en acuerdo con esta, dispusiera la intervención de la Seccional.
En esos días, del tórrido verano del 74, se sumaron a la Comisión Interna de esta planta, los trabajadores de los otros establecimientos fabriles.
Uno de los directivos y propietario de Acindar, estrechamente vinculado a la cúpula castrense, era Alfredo Martínez de Hoz
Los compañeros, liderados por Alberto Piccini, exigían la reapertura de las paritarias, mejores condiciones de trabajo, una disminución de la jornada laboral en los sectores en los que las tareas se realizaban con bajas condiciones de salubridad y el cese de la intervención a la Seccional.
Todo el pueblo, de algo más de 80 mil habitantes, apoyaba estos reclamos.
Lorenzo Miguel apeló a la represión legal y paraestatal para tratar de frenar esta movilización.
Por nuestra parte decidimos que un extraordinario compañero y periodista que estaba a cargo de la corresponsalía en Rosario, Carlos Gabetta, se trasladara a la “Villa”, para cubrir la información que fue tapa del diario durante todo el conflicto.
Al mismo tiempo se solidarizan con estos trabajadores, el Sindicato de Luz y Fuerza y el SMATA de Córdoba, la Federación Grafica Bonaerense, la CGT de los Argentinos y todas las corrientes clasistas y combativas del país.
El crecimiento de la Juventud Trabajadora Peronista, encabezada por Enrique “Quique “Juarez., del Movimiento Sindical de Base y de los nuevos agrupamientos vinculados a organizaciones revolucionarias del peronismo y de la izquierda guevarista, tensiona a la dirigencia pactista y activa a la siniestra Triple A.
La conflictividad social se extiende a Tucumán donde la FOTIA y los Cañeros rechazan el acuerdo que pretende congelar los salarios; qué promueve el oficialismo.
En este contexto y, antes de la agresión que relatáramos en la nota anterior, en el equipo de dirección del vespertino tuvimos que tomar algunas decisiones.
Por un lado, se nos planteó la necesidad de reducir los gastos; ya que el presupuesto era muy abultado.
Recibía, por mes, 100 mil dólares, que me los entregaba un compañero del equipo de Finanzas del PRT o su responsable, el “Barba ”Gertell.
Este, era muy amigo de Susana, y contaba con todo mi afecto.
Para cumplir con las medidas de austeridad sugeridas, se vendieron varios rodados y le planteamos a los Jefes de Sección la posibilidad que voluntariamente redujeran su salario.
La respuesta fue positiva.
De esa forma tratábamos de afectar los sueldos más elevados sin menoscabar, en sus ingresos, a la totalidad del personal.
En otro episodio, que tuvo su lado cómico, me toco adoptar una medida que generó protestas.
Esta es la historia.
Al poco tiempo de hacerme cargo de la dirección, Benito Urteaga, me planteo que el Partido quería tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista en el diario, con una columna semanal, que firmaría con el seudónimo: Ernesto Contrera.
Sin que lo hiciera explícito, pensé que la misma expresaría el pensamiento de Mario Roberto Santucho; por lo que para nada me pareció incorrecta la petición.
Teniendo en cuenta la generosidad con la que el PRT financiaba un diario en el que volcaban sus opiniones dirigentes del campo popular; lo menos que podían solicitar es tener una voz.
De esa forma, durante varias semanas, llegaba la nota que, por supuesto y sin leerla, enviaba directamente a la sección de diagramación para que fuera colocada en página impar.
En esos días de febrero, mientras nos recomponíamos del ataque directamente ejecutado por unabanda financiada por el Ministerio de Bienestar Social del que dimos cuenta en esa saga, publicamos la columna que planteaba, sintéticamente, que la Junta Coordinadora Revolucionaria que integraba el PRT. ERP, con el Movimiento de Liberación “Tupamaros” del Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, constituía una “ nueva internacional”.
Al día siguiente recibí un urgente llamado telefónico de Benito que me citaba en el lugar en el que solíamos encontrarnos.
Estaba muy molesto y airadamente me preguntó cómo no había controlado esa publicación, qué contenía una posición que nada tenía que ver con la estrategia que se planteaba el Partido, para el desarrollo del frente internacional.
Le dije que no era mi tarea y que no podía saber que debía hacerlo; ya que desde el principio no lo hacía.
Ante la situación me propuso que, ese día, publicáramos un aviso destacado señalando que el mencionado columnista había sido literalmente separado del Diario, ya que sus posiciones eran absolutamente divergentes con las que sostenía la dirección.
Así lo hicimos y durante varios días seguimos con esta información.
Esto me generó algunos problemas ya que compañeros que integraban la Juventud Guevarista llegaron a la dirección a manifestarme su indignación ya que no entendían como me atrevía a “robarle el diario al Comandante “.
Les solicite a los compañeros que aclararan el entuerto para evitar situaciones complicadas.
En ese escenario, en la madrugada del 27 de febrero, la corresponsalía en Córdoba nos puso en conocimiento de que se había sublevado la policía de la provincia y que la misma al mando del Coronel Navarro, en un hecho inédito en la historia argentina, pretendía ocupar la Casa de Gobierno y “desplazar “ a Ricardo Obregón Cano y a Atilio López, gobernador y vice electos por mas del 60 % de los cordobeses-
No nos cabía la menor duda, que el autor intelectual de este golpe palaciego, era el General que, de esta forma seguía llevando adelante la “guerra declarada” contra los “infiltrados marxistas “ y la “ depuración” del peronismo; ahora convertido en la mejor carta del partido militar para frenar el desarrollo del movimiento revolucionario y popular.
¿De que forma enfrentó, el movimiento popular en la “docta”, el denominado “Navarrazo”? ¿A qué recursos apelamos para evitar la clausura del Diario, que ya parecía evidente, en esta escalada represiva? ¿Cómo nos preparábamos para responder a la creciente fascistización del gobierno?
Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.
Manuel Justo Gaggero, abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.
Fallo Griesa y nuevo default argentino
La Argentina se encuentra nuevamente en estado de default porque no tiene solvencia ni liquidez para afrontar las obligaciones de su Deuda Pública; empero, tanto el gobierno Kirchner como el Partido de la Deuda niegan coincidentemente esta realidad.
- El gobierno, porque falta a la verdad cuando dice que la Argentina se ha venido “des-endeudando” mientras el stock de la deuda viene creciendo a un ritmo de 15.000 Millones de Dólares (MD) por año, porque miente cuando dice que el país tiene solvencia y liquidez mientras tiene déficit fiscal creciente y carece de reservas netas para sostener los pagos externos e internos de la deuda, y porque trata de ocultar que el fallo Griesa no es la causa sino sólo el detonante o disparador de una situación de default (incumplimiento) que ya existe y que se enmascara aguantando sistemáticamente la cancelación de los servicios de la deuda con más endeudamiento.
- Y el establishment financiero también niega esta realidad de la nueva Crisis de Deuda que vivimos al restarle importancia y dramatismo a los efectos del fallo Griesa, al minimizar la verdadera gravedad de la situación a la vez que atemoriza a la opinión pública sobre las consecuencias de un default mientras propone - una vez más y como siempre - su “receta salvadora”: aceptar cualquier cosa para volver al mercado internacional de capitales a tomar más deuda.
En uno u otro caso, el resultado es el mismo: el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que está en curso: 1. Terminar sí o sí con el problema de los Holdouts y 2. Arreglar la Deuda con el Club de París, para 3. Volver al Mercado de Capitales para colocar nueva Deuda Externa.
Las consecuencias del fallo
No existe solución jurídica ni financiera frente a la sentencia Griesa:
a) Todas las instancias legales ante los tribunales estadounidenses se han perdido y la Argentina no puede desconocer la validez del fallo, que está aceptado y sienta precedente como caso testigo.
b) Los efectos financieros de este fallo son incalculables, tanto por la avalancha cierta de juicios del resto de los holdouts - más de 20.000 MD - como por la probable aplicación de la cláusula RUFO (entre 120.000 y 500.000 MD, según las estimaciones).
c) Aunque se lograre paliar de alguna manera el problema RUFO (cosa casi imposible en la práctica) las nuevas deudas consolidadas de los holdouts sumadas a las obligaciones que se están contrayendo en firme - laudos del CIADI (600 MD), Repsol (6.000 MD), Club de París (9.700 MD), Bonar 2017 (10.000 M$-Millones de Pesos) y resto de compromisos tomados y a tomar desde el 30.9.2013 hasta fin de 2014 - configuran ya un perfil de vencimientos insostenible para el Estado.
La variante de negociar el cumplimiento de una sentencia o su forma de pago no tiene sentido lógico: un fallo judicial se cumple o no se cumple; no hay nada que “negociar”. Si el país tiene los fondos necesarios para asumir el nuevo paquete de obligaciones que genera y el pago no lo coloca en peor y más gravosa situación de la que se encuentra, el fallo se cumple; pero si no se da esta doble condición, el fallo es de cumplimiento imposible para el Estado y el gobierno tiene entonces que comunicar al juez que no puede dar cumplimiento a su sentencia, no vivir solicitando dilaciones (como el caso del stay o medida cautelar y las diversas formas de diferimiento que se quieren ensayar hasta la fecha de vencimiento de la cláusula RUFO a fin de este año).
Pero no cumplir el fallo por razones de fuerza mayor implica Default - que significa incumplimiento y equivale a suspensión o cesación de pagos - lo que constituiría un blanqueo o sinceramiento de la realidad y dispararía así un replanteo que lleve a una nueva re-estructuración de la Deuda.
Porque el Default no es un punto de llegada sino un punto de partida, es un necesario “barajar y dar de nuevo” frente a una situación de hecho - un hecho que el gobierno no quiere reconocer - y es también la oportunidad o el momento pertinente para replantear los términos de renegociación de la Deuda, una deuda hoy impagable y sin solución financiera posible (como no sea tomando más deuda, que equivale a prolongar una “no solución”).
El problema de la cláusula Rufo
Existe una confusión en el encuadramiento de la cuestión de la cláusula RUFO, sigla de Rights upon future offers (Derechos sobre futuras ofertas), que se confunde con la cláusula del Acreedor más favorecido (Most Favored Creditors Clause, o MFCC).
Las dos cláusulas interactúan entre sí y se asocian técnicamente:
a) La cláusula RUFO - según el Prospecto del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005 - le daba la alternativa al gobierno argentino de seguir tratando con los tenedores que no entraran en el canje (los Holdouts) llegando a acuerdos por separado con ellos.
b) Pero la cláusula MFC obliga al país a equiparar toda mejora que lograsen estos holdouts extendiéndola también a los bonistas que ingresaron en el canje.
La cláusula RUFO se cita como sinónimo de la del Acreedor más favorecido aunque, en rigor, no son la misma cosa.
De todas maneras, el sentido complementario de las mismas es lógico: el gobierno Kirchner - como demostración de Buena Fe - le estaba diciendo a los tenedores de bonos que entrasen en el Megacanje 2005 ya que si luego concediera ventajas a los que no ingresaban (los holdouts) les iba a hacer extensivas esas ventajas también a ellos (como, en realidad, corresponde).
Ahora, en cambio, ante las consecuencias del fallo Griesa, se da la paradoja que el gobierno está tratando - abierta y confesadamente - de burlar la aplicación de esa cláusula RUFO, con el agravante que lo hace mientras invoca la validez del pari passu del 92.4 % de los bonistas que se incorporaron al canje.
Pero esto no le evitaría seguros dolores de cabeza ni nuevos juicios por reclamos de los bonistas del Megacanje 2005-2010:
1. Porque la Argentina, al patear hoy para el 2015 un pago superior a los holdouts para evitar cumplir con los bonistas del canje está faltando al espíritu de Buena Fe de la cláusula RUFO; y no va a faltar un acreedor díscolo o disconforme que le dispare otra tormenta de juicios por este motivo.
2. Porque el argumento de que la RUFO se aplica sólo ante “ofertas voluntarias” del gobierno deviene muy relativo porque la burla de dicha cláusula se está negociando expresamente, lo que implica que legalmente se reconoce que correspondería su aplicación.
3. Porque, en el fondo, el gobierno sabía que los holdouts que no entrasen en el Megacanje iban a hacer juicios contra la Argentina por el valor nominal de los títulos en default y que, temprano o tarde, los iban a ganar, con lo que la probabilidad de mejora de condiciones de pago a los bonistas resultaría inevitable porque dispararía la cláusula RUFO.
Y este flanco quedó completamente expuesto cuando - iniciados los juicios en su contra - nuestro país no objetó la legitimidad de las acreencias de los FB ni la cuestión del precio de compra - en lugar del valor nominal de los títulos - ni la condición de emergencia económica que se mantiene formalmente hasta la actualidad, en virtud de la Ley 25.561 y leyes de prórroga hasta fines de 2015, que parecen haber sido directamente desconocidas por la justicia norteamericana.
Con esta estrategia de defensa judicial era prácticamente seguro que los holdouts iban a terminar ganando todos los juicios: se trataba sólo de una cuestión de tiempo.
Por ello, cualquier bonista que haya entrado en el canje 2005-2010 podrá reclamar a este respecto; y tendría el derecho lógico de hacerlo.
De modo que cualquier arreglo negociado de la Argentina con los Fondos Buitre (FB) y/o con el Juez Griesa - a través de su mediador Pollack - quedaría inexorablemente expuesto a que haya reclamos de los bonistas del canje invocando la cláusula RUFO, con lo que el frente de tormenta legal queda igualmente expuesto.
Default o más deuda
El gobierno Kirchner y todo el establishment financiero viven diciendo que la Argentina ha pagado, que puede pagar y que quiere pagar su Deuda Pública.
Incluso se citan altas cifras de pago realizadas, aunque las mismas no serían ciertas como desembolsos netos ni como disminución del stock de la deuda: 174.000 MD en 10 años según la presidenta y 190.000 MD según el Ministerio de Economía (ambos, sin información desagregada ni aclaratoria alguna).
Lo que nadie dice es que toda esa deuda - hasta el último centavo por capital e incluso parte de los intereses (que se capitalizan por anatocismo) - se paga con nueva deuda, es decir, por novación y/o refinanciación de la que va venciendo.
Y que además se toma deuda nueva. (1)
Entonces, cuando se habla de “pagar” lo que se está diciendo, en verdad, es “colocar más deuda”, porque la Argentina no tiene capacidad de repago y abona sus vencimientos con nuevas obligaciones, con los mismos o con distintos acreedores, pero no cancelando tales obligaciones con recursos genuinos sino emitiendo más títulos. (2)
Esto se hace para mantener al país dentro del Sistema de Deuda Perpetua, en base a la falacia central del Partido de la Deuda, que dice que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago mientras se puedan pagar los intereses y refinanciar el capital, para poder tomar así más deuda.
Este hecho es particularmente importante hoy porque los capitales financieros excedentes en el mundo se están volcando masivamente sobre los llamados Mercados Emergentes para aprovechar las extraordinarias ganancias por arbitraje entre tipos de cambio relativamente estables y tasas de interés locales muy superiores a las internacionales.
Que tal es el proceso que se vuelve a dar hoy en día en la Argentina con la Hoja de Ruta Boudou en curso y la nueva ola de endeudamiento en desarrollo.
Sólo una interrupción de este perverso y no reversible sistema de Deuda Perpetua podría permitir replantear los términos de una reestructuración de la Deuda:
1. La Argentina tiene que blanquear el Default, una situación de impago que ya existe pero que las autoridades - en complicidad con los acreedores y el Partido de la Deuda - trata de enmascarar con más endeudamiento.
2. Los pagos de servicios tienen que ser suspendidos y la Deuda en su conjunto - la totalidad de la Deuda (también la Deuda intra-Estado) - debe ser auditada.
3. Recién con un dictamen formal sobre la deuda que se determine como legítima - a través de la investigación de las acreencias - y con una estimación confiable de la verdadera capacidad de repago del Estado, debe procederse entonces a una reestructuración de la Deuda - racional, coherente y cumplible - pero que tiene que ser una reestructuración forzosa y no voluntaria.
En este momento, sin embargo, los tiempos y las noticias - en realidad, las versiones periodísticas, ya que todas las negociaciones son secretas y no se permite el acceso a la información oficial desagregada de la deuda - van muy rápido frente a la cuenta regresiva del vencimiento del plazo de gracia el 30.7, que se muestra como una fecha traumática pero que no es tal porque la Argentina debiera dejarla pasar para blanquear el default y reestructurar a partir de allí la totalidad de su Deuda Pública.
Es improbable, sin embargo, que el gobierno K lo haga en estos términos, o sea, default con auditoría de la deuda y reestructuración forzada:
- Por un lado, porque la “guerra de solicitadas”, vía cartas y comunicados con los Holdouts y con la ATFA, son parte de una escenificación tan barata e inoperante como sospechosa.
- Por otro lado, está el hecho que el gobierno no apelara al pedido de reconsideración (rehearing) ante la Corte Suprema Norteamericana a los efectos de intentar ganar al menos un mes más en la decisión del tribunal, lo que le hubiera permitido llegar al pago de los intereses de los Bonos Discount del 30.6 sin bloqueo del juez Griesa.
- Y por último, está la controversia - tan estéril como gravosa - a través del mediador Pollack, designado por el juez Griesa para tratar de resolver el entuerto generado por su fallo, sobre la forma de pago de los 1.600 MD de la sentencia.
Amén que, como agravante, el gobierno insiste en negar el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 - al que todavía califica como exitoso (presidenta Cristina Kirchner) o más aún, como dice el Jefe de Gabinete Capitanich: “el canje más exitoso de la historia de la Humanidad” - tratando así de achacar a los FB y/o al juez Griesa la posible caída de esa reestructuración fallida.
Son todos indicios de la grave, desprolija y concesiva forma de manejo de la actual Crisis de Deuda.
Se habla incluso de un default parcial, selectivo y/o transitorio para poder burlar la cláusula RUFO con los bonistas del canje, más estos híbridos no solucionan el problema de fondo, que es el de la insolvencia por falta de capacidad de pago del país.
Por otra parte, es inconsistente hablar de “default técnico” o de formas especiales de default porque el default es o no es, como el embarazo: así como una mujer no puede estar un poco o parcialmente embarazada, así también pasa en el caso de un impago de deuda, que condiciona a todo el resto de los acreedores.
Más aún cuando es perfectamente sabido que el país, por la cláusula cross default o de incumplimiento cruzado - que junto con la RUFO, la MFCC y toda una serie de cláusulas leoninas fue firmada por éste gobierno - daría inmediatamente lugar a una situación de default generalizado, con caída o aceleración de los vencimientos, porque esta cláusula establece que producido un impago todas las deudas del Megacanje serían alcanzadas por la misma situación: el incumplimiento con un acreedor implica el incumplimiento con todos.
Una tercerización o triangulación del fallo Griesa - la llamada “solución Gramercy”, que ya se aplicó en el caso de los laudos del CIADI - por la que un tercero (banco/grupo de bancos y/o fondos de inversión) compre los derechos de la sentencia y luego negocie directamente una reestructuración con el gobierno argentino, sería un paliativo parcial (no general), no eliminaría el problema de los holdouts (por la existencia de otros muchos tenedores pendientes) ni el problema de los bonistas del canje (por la cláusula RUFO); y no bajaría tampoco las nuevas obligaciones del gobierno Kirchner, que después de agotada la variante de la Deuda intra-Estado pasó a la nueva política de pago de juicios con Deuda (CIADI, Repsol, Club de París).
Y mientras todo esto ocurre, mientras el gobierno negocia en secreto una salida o diferimiento a la actual coyuntura de la crisis de Deuda, el Poder Judicial mantiene paradas todas las causas sobre investigación de la Deuda (Olmos I - con sentencia en firme - Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos), y el Congreso de la Nación - salvo honrosas pero minoritarias excepciones - sigue sin intervenir en el problema; que es la forma en que la Partidocracia cumple su rol funcional de complicidad dentro del Sistema de la Deuda Perpetua.
Héctor Giuliano
Notas:
1) Precisamente por ese motivo es que la deuda sigue creciendo hoy en día: era de unos 150.000 MD después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y hoy – según los últimos datos oficiales al 30.9.2013 – estaría en el orden de los 230.000 MD: 213.000 MD de deuda registrada más unos 15.000 MD de cupones PBI faltantes de pago.
Sin contar los intereses a pagar, que el gobierno no incluye en el stock de la deuda pero pasan los 72.000 MD; y que como el monto de la deuda no disminuye sino que aumenta, también aumentan los intereses.
Esto significa que la Deuda Pública total (por Capital, Intereses y Cupones PBI) – sólo en cabeza del Estado Central – está en la actualidad en los 300.000 MD.
2) Hoy viernes 25.7 han trascendido insólitas declaraciones del Ministro de Economía en este sentido. Según el diario La Nación (del sábado 26, página 18) Kicillof dijo que los FB pretenden “tirar abajo el proceso de reestructuración de la deuda soberana realizado en los canjes 2005 y 2010” y que con ello procuran “volver a la dinámica de endeudamiento propia del neoliberalismo”.
Dijo además: “La Argentina durante años, años y años, tomó deuda para pagar deuda, y lejos de ser honrada, la deuda crecía y crecía, hasta que estalló, como no podía ser de otra manera. Esa dinámica ha sido clásica y generalizada durante el neoliberalismo.”
Frente a las decisiones concretas que viene tomando el gobierno K en materia de re-endeudamiento sistemático – hoja de ruta Boudou incluida – este tipo de declaraciones parece surrealista.
- El gobierno, porque falta a la verdad cuando dice que la Argentina se ha venido “des-endeudando” mientras el stock de la deuda viene creciendo a un ritmo de 15.000 Millones de Dólares (MD) por año, porque miente cuando dice que el país tiene solvencia y liquidez mientras tiene déficit fiscal creciente y carece de reservas netas para sostener los pagos externos e internos de la deuda, y porque trata de ocultar que el fallo Griesa no es la causa sino sólo el detonante o disparador de una situación de default (incumplimiento) que ya existe y que se enmascara aguantando sistemáticamente la cancelación de los servicios de la deuda con más endeudamiento.
- Y el establishment financiero también niega esta realidad de la nueva Crisis de Deuda que vivimos al restarle importancia y dramatismo a los efectos del fallo Griesa, al minimizar la verdadera gravedad de la situación a la vez que atemoriza a la opinión pública sobre las consecuencias de un default mientras propone - una vez más y como siempre - su “receta salvadora”: aceptar cualquier cosa para volver al mercado internacional de capitales a tomar más deuda.
En uno u otro caso, el resultado es el mismo: el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que está en curso: 1. Terminar sí o sí con el problema de los Holdouts y 2. Arreglar la Deuda con el Club de París, para 3. Volver al Mercado de Capitales para colocar nueva Deuda Externa.
Las consecuencias del fallo
No existe solución jurídica ni financiera frente a la sentencia Griesa:
a) Todas las instancias legales ante los tribunales estadounidenses se han perdido y la Argentina no puede desconocer la validez del fallo, que está aceptado y sienta precedente como caso testigo.
b) Los efectos financieros de este fallo son incalculables, tanto por la avalancha cierta de juicios del resto de los holdouts - más de 20.000 MD - como por la probable aplicación de la cláusula RUFO (entre 120.000 y 500.000 MD, según las estimaciones).
c) Aunque se lograre paliar de alguna manera el problema RUFO (cosa casi imposible en la práctica) las nuevas deudas consolidadas de los holdouts sumadas a las obligaciones que se están contrayendo en firme - laudos del CIADI (600 MD), Repsol (6.000 MD), Club de París (9.700 MD), Bonar 2017 (10.000 M$-Millones de Pesos) y resto de compromisos tomados y a tomar desde el 30.9.2013 hasta fin de 2014 - configuran ya un perfil de vencimientos insostenible para el Estado.
La variante de negociar el cumplimiento de una sentencia o su forma de pago no tiene sentido lógico: un fallo judicial se cumple o no se cumple; no hay nada que “negociar”. Si el país tiene los fondos necesarios para asumir el nuevo paquete de obligaciones que genera y el pago no lo coloca en peor y más gravosa situación de la que se encuentra, el fallo se cumple; pero si no se da esta doble condición, el fallo es de cumplimiento imposible para el Estado y el gobierno tiene entonces que comunicar al juez que no puede dar cumplimiento a su sentencia, no vivir solicitando dilaciones (como el caso del stay o medida cautelar y las diversas formas de diferimiento que se quieren ensayar hasta la fecha de vencimiento de la cláusula RUFO a fin de este año).
Pero no cumplir el fallo por razones de fuerza mayor implica Default - que significa incumplimiento y equivale a suspensión o cesación de pagos - lo que constituiría un blanqueo o sinceramiento de la realidad y dispararía así un replanteo que lleve a una nueva re-estructuración de la Deuda.
Porque el Default no es un punto de llegada sino un punto de partida, es un necesario “barajar y dar de nuevo” frente a una situación de hecho - un hecho que el gobierno no quiere reconocer - y es también la oportunidad o el momento pertinente para replantear los términos de renegociación de la Deuda, una deuda hoy impagable y sin solución financiera posible (como no sea tomando más deuda, que equivale a prolongar una “no solución”).
El problema de la cláusula Rufo
Existe una confusión en el encuadramiento de la cuestión de la cláusula RUFO, sigla de Rights upon future offers (Derechos sobre futuras ofertas), que se confunde con la cláusula del Acreedor más favorecido (Most Favored Creditors Clause, o MFCC).
Las dos cláusulas interactúan entre sí y se asocian técnicamente:
a) La cláusula RUFO - según el Prospecto del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005 - le daba la alternativa al gobierno argentino de seguir tratando con los tenedores que no entraran en el canje (los Holdouts) llegando a acuerdos por separado con ellos.
b) Pero la cláusula MFC obliga al país a equiparar toda mejora que lograsen estos holdouts extendiéndola también a los bonistas que ingresaron en el canje.
La cláusula RUFO se cita como sinónimo de la del Acreedor más favorecido aunque, en rigor, no son la misma cosa.
De todas maneras, el sentido complementario de las mismas es lógico: el gobierno Kirchner - como demostración de Buena Fe - le estaba diciendo a los tenedores de bonos que entrasen en el Megacanje 2005 ya que si luego concediera ventajas a los que no ingresaban (los holdouts) les iba a hacer extensivas esas ventajas también a ellos (como, en realidad, corresponde).
Ahora, en cambio, ante las consecuencias del fallo Griesa, se da la paradoja que el gobierno está tratando - abierta y confesadamente - de burlar la aplicación de esa cláusula RUFO, con el agravante que lo hace mientras invoca la validez del pari passu del 92.4 % de los bonistas que se incorporaron al canje.
Pero esto no le evitaría seguros dolores de cabeza ni nuevos juicios por reclamos de los bonistas del Megacanje 2005-2010:
1. Porque la Argentina, al patear hoy para el 2015 un pago superior a los holdouts para evitar cumplir con los bonistas del canje está faltando al espíritu de Buena Fe de la cláusula RUFO; y no va a faltar un acreedor díscolo o disconforme que le dispare otra tormenta de juicios por este motivo.
2. Porque el argumento de que la RUFO se aplica sólo ante “ofertas voluntarias” del gobierno deviene muy relativo porque la burla de dicha cláusula se está negociando expresamente, lo que implica que legalmente se reconoce que correspondería su aplicación.
3. Porque, en el fondo, el gobierno sabía que los holdouts que no entrasen en el Megacanje iban a hacer juicios contra la Argentina por el valor nominal de los títulos en default y que, temprano o tarde, los iban a ganar, con lo que la probabilidad de mejora de condiciones de pago a los bonistas resultaría inevitable porque dispararía la cláusula RUFO.
Y este flanco quedó completamente expuesto cuando - iniciados los juicios en su contra - nuestro país no objetó la legitimidad de las acreencias de los FB ni la cuestión del precio de compra - en lugar del valor nominal de los títulos - ni la condición de emergencia económica que se mantiene formalmente hasta la actualidad, en virtud de la Ley 25.561 y leyes de prórroga hasta fines de 2015, que parecen haber sido directamente desconocidas por la justicia norteamericana.
Con esta estrategia de defensa judicial era prácticamente seguro que los holdouts iban a terminar ganando todos los juicios: se trataba sólo de una cuestión de tiempo.
Por ello, cualquier bonista que haya entrado en el canje 2005-2010 podrá reclamar a este respecto; y tendría el derecho lógico de hacerlo.
De modo que cualquier arreglo negociado de la Argentina con los Fondos Buitre (FB) y/o con el Juez Griesa - a través de su mediador Pollack - quedaría inexorablemente expuesto a que haya reclamos de los bonistas del canje invocando la cláusula RUFO, con lo que el frente de tormenta legal queda igualmente expuesto.
Default o más deuda
El gobierno Kirchner y todo el establishment financiero viven diciendo que la Argentina ha pagado, que puede pagar y que quiere pagar su Deuda Pública.
Incluso se citan altas cifras de pago realizadas, aunque las mismas no serían ciertas como desembolsos netos ni como disminución del stock de la deuda: 174.000 MD en 10 años según la presidenta y 190.000 MD según el Ministerio de Economía (ambos, sin información desagregada ni aclaratoria alguna).
Lo que nadie dice es que toda esa deuda - hasta el último centavo por capital e incluso parte de los intereses (que se capitalizan por anatocismo) - se paga con nueva deuda, es decir, por novación y/o refinanciación de la que va venciendo.
Y que además se toma deuda nueva. (1)
Entonces, cuando se habla de “pagar” lo que se está diciendo, en verdad, es “colocar más deuda”, porque la Argentina no tiene capacidad de repago y abona sus vencimientos con nuevas obligaciones, con los mismos o con distintos acreedores, pero no cancelando tales obligaciones con recursos genuinos sino emitiendo más títulos. (2)
Esto se hace para mantener al país dentro del Sistema de Deuda Perpetua, en base a la falacia central del Partido de la Deuda, que dice que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago mientras se puedan pagar los intereses y refinanciar el capital, para poder tomar así más deuda.
Este hecho es particularmente importante hoy porque los capitales financieros excedentes en el mundo se están volcando masivamente sobre los llamados Mercados Emergentes para aprovechar las extraordinarias ganancias por arbitraje entre tipos de cambio relativamente estables y tasas de interés locales muy superiores a las internacionales.
Que tal es el proceso que se vuelve a dar hoy en día en la Argentina con la Hoja de Ruta Boudou en curso y la nueva ola de endeudamiento en desarrollo.
Sólo una interrupción de este perverso y no reversible sistema de Deuda Perpetua podría permitir replantear los términos de una reestructuración de la Deuda:
1. La Argentina tiene que blanquear el Default, una situación de impago que ya existe pero que las autoridades - en complicidad con los acreedores y el Partido de la Deuda - trata de enmascarar con más endeudamiento.
2. Los pagos de servicios tienen que ser suspendidos y la Deuda en su conjunto - la totalidad de la Deuda (también la Deuda intra-Estado) - debe ser auditada.
3. Recién con un dictamen formal sobre la deuda que se determine como legítima - a través de la investigación de las acreencias - y con una estimación confiable de la verdadera capacidad de repago del Estado, debe procederse entonces a una reestructuración de la Deuda - racional, coherente y cumplible - pero que tiene que ser una reestructuración forzosa y no voluntaria.
En este momento, sin embargo, los tiempos y las noticias - en realidad, las versiones periodísticas, ya que todas las negociaciones son secretas y no se permite el acceso a la información oficial desagregada de la deuda - van muy rápido frente a la cuenta regresiva del vencimiento del plazo de gracia el 30.7, que se muestra como una fecha traumática pero que no es tal porque la Argentina debiera dejarla pasar para blanquear el default y reestructurar a partir de allí la totalidad de su Deuda Pública.
Es improbable, sin embargo, que el gobierno K lo haga en estos términos, o sea, default con auditoría de la deuda y reestructuración forzada:
- Por un lado, porque la “guerra de solicitadas”, vía cartas y comunicados con los Holdouts y con la ATFA, son parte de una escenificación tan barata e inoperante como sospechosa.
- Por otro lado, está el hecho que el gobierno no apelara al pedido de reconsideración (rehearing) ante la Corte Suprema Norteamericana a los efectos de intentar ganar al menos un mes más en la decisión del tribunal, lo que le hubiera permitido llegar al pago de los intereses de los Bonos Discount del 30.6 sin bloqueo del juez Griesa.
- Y por último, está la controversia - tan estéril como gravosa - a través del mediador Pollack, designado por el juez Griesa para tratar de resolver el entuerto generado por su fallo, sobre la forma de pago de los 1.600 MD de la sentencia.
Amén que, como agravante, el gobierno insiste en negar el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 - al que todavía califica como exitoso (presidenta Cristina Kirchner) o más aún, como dice el Jefe de Gabinete Capitanich: “el canje más exitoso de la historia de la Humanidad” - tratando así de achacar a los FB y/o al juez Griesa la posible caída de esa reestructuración fallida.
Son todos indicios de la grave, desprolija y concesiva forma de manejo de la actual Crisis de Deuda.
Se habla incluso de un default parcial, selectivo y/o transitorio para poder burlar la cláusula RUFO con los bonistas del canje, más estos híbridos no solucionan el problema de fondo, que es el de la insolvencia por falta de capacidad de pago del país.
Por otra parte, es inconsistente hablar de “default técnico” o de formas especiales de default porque el default es o no es, como el embarazo: así como una mujer no puede estar un poco o parcialmente embarazada, así también pasa en el caso de un impago de deuda, que condiciona a todo el resto de los acreedores.
Más aún cuando es perfectamente sabido que el país, por la cláusula cross default o de incumplimiento cruzado - que junto con la RUFO, la MFCC y toda una serie de cláusulas leoninas fue firmada por éste gobierno - daría inmediatamente lugar a una situación de default generalizado, con caída o aceleración de los vencimientos, porque esta cláusula establece que producido un impago todas las deudas del Megacanje serían alcanzadas por la misma situación: el incumplimiento con un acreedor implica el incumplimiento con todos.
Una tercerización o triangulación del fallo Griesa - la llamada “solución Gramercy”, que ya se aplicó en el caso de los laudos del CIADI - por la que un tercero (banco/grupo de bancos y/o fondos de inversión) compre los derechos de la sentencia y luego negocie directamente una reestructuración con el gobierno argentino, sería un paliativo parcial (no general), no eliminaría el problema de los holdouts (por la existencia de otros muchos tenedores pendientes) ni el problema de los bonistas del canje (por la cláusula RUFO); y no bajaría tampoco las nuevas obligaciones del gobierno Kirchner, que después de agotada la variante de la Deuda intra-Estado pasó a la nueva política de pago de juicios con Deuda (CIADI, Repsol, Club de París).
Y mientras todo esto ocurre, mientras el gobierno negocia en secreto una salida o diferimiento a la actual coyuntura de la crisis de Deuda, el Poder Judicial mantiene paradas todas las causas sobre investigación de la Deuda (Olmos I - con sentencia en firme - Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos), y el Congreso de la Nación - salvo honrosas pero minoritarias excepciones - sigue sin intervenir en el problema; que es la forma en que la Partidocracia cumple su rol funcional de complicidad dentro del Sistema de la Deuda Perpetua.
Héctor Giuliano
Notas:
1) Precisamente por ese motivo es que la deuda sigue creciendo hoy en día: era de unos 150.000 MD después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y hoy – según los últimos datos oficiales al 30.9.2013 – estaría en el orden de los 230.000 MD: 213.000 MD de deuda registrada más unos 15.000 MD de cupones PBI faltantes de pago.
Sin contar los intereses a pagar, que el gobierno no incluye en el stock de la deuda pero pasan los 72.000 MD; y que como el monto de la deuda no disminuye sino que aumenta, también aumentan los intereses.
Esto significa que la Deuda Pública total (por Capital, Intereses y Cupones PBI) – sólo en cabeza del Estado Central – está en la actualidad en los 300.000 MD.
2) Hoy viernes 25.7 han trascendido insólitas declaraciones del Ministro de Economía en este sentido. Según el diario La Nación (del sábado 26, página 18) Kicillof dijo que los FB pretenden “tirar abajo el proceso de reestructuración de la deuda soberana realizado en los canjes 2005 y 2010” y que con ello procuran “volver a la dinámica de endeudamiento propia del neoliberalismo”.
Dijo además: “La Argentina durante años, años y años, tomó deuda para pagar deuda, y lejos de ser honrada, la deuda crecía y crecía, hasta que estalló, como no podía ser de otra manera. Esa dinámica ha sido clásica y generalizada durante el neoliberalismo.”
Frente a las decisiones concretas que viene tomando el gobierno K en materia de re-endeudamiento sistemático – hoja de ruta Boudou incluida – este tipo de declaraciones parece surrealista.
El movimiento de autogestión obrera en Argentina
Intervención desde “La Toma” en el XI Congreso Argentino de Antropología Social
Estimados compañeros y compañeras:
Muy buenas tardes.
- En primer lugar, tenemos que decir que en aquellos años (1998 a 2001) decenas de miles de empresas presentaban concurso de acreedores o quiebras cotidianamente. Tanto, que hasta los programas de radio tenían un micro en el cuál (así como ahora se informa el estado de las rutas o las calles) se informaba cuántas empresas habían ido a quiebra o presentado concurso de acreedores en la semana... Esto implicaba decenas de miles de trabajadores en la calle y el aumento descomunal e inédito que tuvo la desocupación en aquél tiempo...
En ese marco, la lucha por los puestos de trabajo de los empleados de supermercado tigre es parte de las centenas de empresas que los trabajadores ocuparon y pusieron a producir como respuesta a la descomunal agresión de las patronales.
- La ocupación del supermercado tigre por sus empleados como medida de lucha por los puestos de trabajo surge como resultado de la orientación de un movimiento sindical que hoy es la Comisión Gremial.
- Al revés de la mayoría de los casos de ocupación obrera (salvo BAUEN, IMPA y algún otro) en La Toma se mantiene la situación de conflicto abierto como el primer día desde hace trece años (!!!)... Sigue siendo un conflicto laboral en curso, ya que sectores del poder judicial, respondiendo a los intereses de las patronales supermercadistas de Rosario que también son propietarios de las más grandes inmobiliarias y constructoras de edificios de la región, nos ha mantenido una guerra implacable y sin descanso desde el primer minuto de la ocupación.
- Mediante la solidaridad y la movilización popular hemos resistido y hasta logramos 2 leyes de expropiación votadas unánimemente en la Legislatura de Santa Fe (en 2004 y en 2008) pero que la justicia ha declarado inconstitucionales manteniendo la orden de desalojo vigente y abriendo procesos penales contra nosotros...
- Hace dos o tres años el conflicto de La Toma ha recrudecido de manera muy fuerte... Hemos comenzado a soportar un feroz hostigamiento y una ofensiva total para lograr nuestro encarcelamiento y el desalojo del lugar...
¿Por qué se produce esto?
A nuestro entender tiene que ver con dos cuestiones:
1- Por un lado, que nuevos y poderosos actores se sumaron a la campaña contra nuestra existencia, esto a raíz de nuestra participación y solidaridad activa en las luchas contra los abusos y atropellos de las patronales de la zona de Rosario... Los “dueños” de la ciudad, sus comerciantes estrellas han apretado fuertemente en la persecución y el intento de desalojo. Por ello en los últimos tiempos y en manera veloz la Justicia nos procesó en causas durísimas de forma arbitraria, nos rechazaron las apelaciones y la Cámara Penal nos condenó a ser juzgados por delitos que jamás cometimos, junto con esto, un anuncio de la Corte Suprema hace a un inminente desalojo contra La Toma que desde ya desconoceremos y rechazaremos...
Además del ataque empresario-judicial, muchos alcahuetes (que nunca faltan) desde sectores mediáticos, sociales y sindicales se han sumado entusiastamente a la tarea de atacarnos y buscar aislarnos para facilitar el desalojo.
(Por ello ayer en el Foro de Trabajadores hubo tantas protestas de parte de las conducciones sindicales cuestionando nuestra presencia en el XI CAAS, o tantos y tantos que antes se sacaban fotos con nosotros ahora ni nos saludan o cuando nos ven por la calle se ponen pálidos y hasta casi se orinan de miedo... El compañero Mario Hernández que también militó en la Dictadura sabrá que ese fenómeno de temor no es nuevo)
2- Creemos que además, existe una creciente corriente de opinión entre sectores empresariales, políticos, mediáticos y sociales que consideran que las empresas ocupadas son un “mal ejemplo” y que debe ser erradicado de raíz. Un ejemplo de ello es la política del grupo Clarín contra los trabajadores del BAUEN...
En este marco y en esta situación queremos desarrollar cuál ha sido nuestra forma de resistencia.
NUESTRA POLÍTICA:
1- Definimos que no somos una empresa recuperada, sino un establecimiento puesto en funcionamiento por sus propios trabajadores. No es una cuestión semántica, ya que de la conducta empresarial de obtención de lucro y multiplicación del capital a cualquier costo no queremos “recuperar” nada, queremos nuestro puesto de trabajo y ganar un ingreso por nuestra tarea.
2- Para contrarrestar la ofensiva empresarial y judicial el lugar debe estar al servicio de todos los sectores obreros y populares... Debe ser un establecimiento (como dice la propia ley) de “utilidad pública”... Esto lo entendemos de manera que el establecimiento debe ser “apropiado” por el conjunto de organizaciones populares de forma pluralista. Por ello en el lugar hoy funcionan y tienen su sede: (los leemos para no olvidarnos de nadie) -Subsecretaria de Economía Solidaria de Municipalidad de Rosario- ANSES (punto de contacto) -Mesa Coordinadora de Jubilados – Las Safinas – APDH – Familiares de Detenidos Desaparecidos – Cooperativa Sattva – Cooperativa Cajonardi – Cooperativa Engranajes – Fundación Si – Fundación MAS – CEFMA – Asociación Argentina de Actores – El Puente (psicólogos en La Toma) – Sindicato de Guardavidas – Galería de Arte LA TOMA /Escuela de Bellas Artes UNR – Comedor Universitario y Popular – Librería Obrera Federico Engels – Cooperativa de Victimas Violencia de Género – INGENAR – Organización “Sin Barreras” - Pañuelos en Rebeldía – Radio Popular Che Guevara – CEPETEL – Cursos de Formación Profesional UNR-Municipalidad de Rosario – Centro Cultural de La Toma – Cooperativa de Cartoneros...
Son éstas organizaciones quiénes hoy comparten el espacio con la cooperativa “Trabajadores Solidarios en Lucha” en poner en funcionamiento el establecimiento que popularmente se conoce como LA TOMA.
3- Promovemos la movilización permanente en defensa de los puestos de trabajo. Por ello impulsamos el desarrollo cultural y la reflexión de los trabajadores en lucha.
4- Unimos nuestro futuro a la lucha y organización de nuestra clase obrera. Somos parte de ella. Más allá de la actividad comercial y productiva que desarrollemos de la mejor manera posible, nuestra tarea es ayudar a organizar, dar espacio, apoyo o lo que sea, a nuestros hermanos de clase en lucha...
5- Junto a éstos postulados de política gremial apostamos a una autogestión lo más democrática y participativa posible. Desarrollamos un funcionamiento asambleario, con distribución igualitaria del fondo de lucha y promovemos la militancia a través del voluntariado.
6- Por ello nos enfocamos en dos frentes de trabajo y su forma organizativa correspondiente:
× El frente de política gremial que orienta nuestra lucha. En el cuál llevamos adelante todas las políticas que permiten nuestra resistencia contra la ofensiva judicial y patronal, así como nuestra vinculación con los demás sectores obreros y populares.
× El de gestión y administración. En el cuál se fijan las tareas, se administra el funcionamiento cotidiano de las secciones. En el cuál se tratan las tareas laborales diarias.
Es importante destacar que apostamos a la autogestión lo más democrática y participativa posible ya que no consideramos conveniente que la parte de orientación política se involucre e imponga su autoridad para el funcionamiento cotidiano. Aunque esto reste ejecutividad, reste eficiencia en las decisiones correctivas, nos permite mantener el estado de voluntad de resistencia colectiva los más integro ante las agresiones patronales y de manera separada del desgaste y el roce de la gestión cotidiana....
Por supuesto es una complicación mayor en la toma de decisiones pero para nosotros políticamente es más correcto: mantiene el tema de la lucha contra el ataque patronal y busca involucrarnos a todos los compañeros en la administración de la “cosa colectiva”... No es fácil, no es sencillo, pero así estamos resistiendo y a pesar de ataques, procesamientos, amenazas, censura mediática, boicots y vacíos organizados desde sectores que puedan sorprender (o no tanto) Estamos como la película “duros de matar”...
Un cosa más para finalizar. Agradecer al compañero Mario Hernández que hizo posible y batalló para que ahora estemos aquí presentes y hacemos notar que al recrudecer el conflicto en la nueva etapa que estamos transitando, cuando muchos intelectuales y académicos locales nos cortaron el rostro y se sumaron al boicot patronal (por miedo no más) fue el compañero Mario que nos acercó al CIET de la Universidad de Rosario y nos conectó con compañeros de distintas instituciones de Buenos Aires para que se solidaricen con nuestra causa.
Fraternales saludos proletarios a todas y todos.
Carlos Ghioldi
Estimados compañeros y compañeras:
Muy buenas tardes.
- En primer lugar, tenemos que decir que en aquellos años (1998 a 2001) decenas de miles de empresas presentaban concurso de acreedores o quiebras cotidianamente. Tanto, que hasta los programas de radio tenían un micro en el cuál (así como ahora se informa el estado de las rutas o las calles) se informaba cuántas empresas habían ido a quiebra o presentado concurso de acreedores en la semana... Esto implicaba decenas de miles de trabajadores en la calle y el aumento descomunal e inédito que tuvo la desocupación en aquél tiempo...
En ese marco, la lucha por los puestos de trabajo de los empleados de supermercado tigre es parte de las centenas de empresas que los trabajadores ocuparon y pusieron a producir como respuesta a la descomunal agresión de las patronales.
- La ocupación del supermercado tigre por sus empleados como medida de lucha por los puestos de trabajo surge como resultado de la orientación de un movimiento sindical que hoy es la Comisión Gremial.
- Al revés de la mayoría de los casos de ocupación obrera (salvo BAUEN, IMPA y algún otro) en La Toma se mantiene la situación de conflicto abierto como el primer día desde hace trece años (!!!)... Sigue siendo un conflicto laboral en curso, ya que sectores del poder judicial, respondiendo a los intereses de las patronales supermercadistas de Rosario que también son propietarios de las más grandes inmobiliarias y constructoras de edificios de la región, nos ha mantenido una guerra implacable y sin descanso desde el primer minuto de la ocupación.
- Mediante la solidaridad y la movilización popular hemos resistido y hasta logramos 2 leyes de expropiación votadas unánimemente en la Legislatura de Santa Fe (en 2004 y en 2008) pero que la justicia ha declarado inconstitucionales manteniendo la orden de desalojo vigente y abriendo procesos penales contra nosotros...
- Hace dos o tres años el conflicto de La Toma ha recrudecido de manera muy fuerte... Hemos comenzado a soportar un feroz hostigamiento y una ofensiva total para lograr nuestro encarcelamiento y el desalojo del lugar...
¿Por qué se produce esto?
A nuestro entender tiene que ver con dos cuestiones:
1- Por un lado, que nuevos y poderosos actores se sumaron a la campaña contra nuestra existencia, esto a raíz de nuestra participación y solidaridad activa en las luchas contra los abusos y atropellos de las patronales de la zona de Rosario... Los “dueños” de la ciudad, sus comerciantes estrellas han apretado fuertemente en la persecución y el intento de desalojo. Por ello en los últimos tiempos y en manera veloz la Justicia nos procesó en causas durísimas de forma arbitraria, nos rechazaron las apelaciones y la Cámara Penal nos condenó a ser juzgados por delitos que jamás cometimos, junto con esto, un anuncio de la Corte Suprema hace a un inminente desalojo contra La Toma que desde ya desconoceremos y rechazaremos...
Además del ataque empresario-judicial, muchos alcahuetes (que nunca faltan) desde sectores mediáticos, sociales y sindicales se han sumado entusiastamente a la tarea de atacarnos y buscar aislarnos para facilitar el desalojo.
(Por ello ayer en el Foro de Trabajadores hubo tantas protestas de parte de las conducciones sindicales cuestionando nuestra presencia en el XI CAAS, o tantos y tantos que antes se sacaban fotos con nosotros ahora ni nos saludan o cuando nos ven por la calle se ponen pálidos y hasta casi se orinan de miedo... El compañero Mario Hernández que también militó en la Dictadura sabrá que ese fenómeno de temor no es nuevo)
2- Creemos que además, existe una creciente corriente de opinión entre sectores empresariales, políticos, mediáticos y sociales que consideran que las empresas ocupadas son un “mal ejemplo” y que debe ser erradicado de raíz. Un ejemplo de ello es la política del grupo Clarín contra los trabajadores del BAUEN...
En este marco y en esta situación queremos desarrollar cuál ha sido nuestra forma de resistencia.
NUESTRA POLÍTICA:
1- Definimos que no somos una empresa recuperada, sino un establecimiento puesto en funcionamiento por sus propios trabajadores. No es una cuestión semántica, ya que de la conducta empresarial de obtención de lucro y multiplicación del capital a cualquier costo no queremos “recuperar” nada, queremos nuestro puesto de trabajo y ganar un ingreso por nuestra tarea.
2- Para contrarrestar la ofensiva empresarial y judicial el lugar debe estar al servicio de todos los sectores obreros y populares... Debe ser un establecimiento (como dice la propia ley) de “utilidad pública”... Esto lo entendemos de manera que el establecimiento debe ser “apropiado” por el conjunto de organizaciones populares de forma pluralista. Por ello en el lugar hoy funcionan y tienen su sede: (los leemos para no olvidarnos de nadie) -Subsecretaria de Economía Solidaria de Municipalidad de Rosario- ANSES (punto de contacto) -Mesa Coordinadora de Jubilados – Las Safinas – APDH – Familiares de Detenidos Desaparecidos – Cooperativa Sattva – Cooperativa Cajonardi – Cooperativa Engranajes – Fundación Si – Fundación MAS – CEFMA – Asociación Argentina de Actores – El Puente (psicólogos en La Toma) – Sindicato de Guardavidas – Galería de Arte LA TOMA /Escuela de Bellas Artes UNR – Comedor Universitario y Popular – Librería Obrera Federico Engels – Cooperativa de Victimas Violencia de Género – INGENAR – Organización “Sin Barreras” - Pañuelos en Rebeldía – Radio Popular Che Guevara – CEPETEL – Cursos de Formación Profesional UNR-Municipalidad de Rosario – Centro Cultural de La Toma – Cooperativa de Cartoneros...
Son éstas organizaciones quiénes hoy comparten el espacio con la cooperativa “Trabajadores Solidarios en Lucha” en poner en funcionamiento el establecimiento que popularmente se conoce como LA TOMA.
3- Promovemos la movilización permanente en defensa de los puestos de trabajo. Por ello impulsamos el desarrollo cultural y la reflexión de los trabajadores en lucha.
4- Unimos nuestro futuro a la lucha y organización de nuestra clase obrera. Somos parte de ella. Más allá de la actividad comercial y productiva que desarrollemos de la mejor manera posible, nuestra tarea es ayudar a organizar, dar espacio, apoyo o lo que sea, a nuestros hermanos de clase en lucha...
5- Junto a éstos postulados de política gremial apostamos a una autogestión lo más democrática y participativa posible. Desarrollamos un funcionamiento asambleario, con distribución igualitaria del fondo de lucha y promovemos la militancia a través del voluntariado.
6- Por ello nos enfocamos en dos frentes de trabajo y su forma organizativa correspondiente:
× El frente de política gremial que orienta nuestra lucha. En el cuál llevamos adelante todas las políticas que permiten nuestra resistencia contra la ofensiva judicial y patronal, así como nuestra vinculación con los demás sectores obreros y populares.
× El de gestión y administración. En el cuál se fijan las tareas, se administra el funcionamiento cotidiano de las secciones. En el cuál se tratan las tareas laborales diarias.
Es importante destacar que apostamos a la autogestión lo más democrática y participativa posible ya que no consideramos conveniente que la parte de orientación política se involucre e imponga su autoridad para el funcionamiento cotidiano. Aunque esto reste ejecutividad, reste eficiencia en las decisiones correctivas, nos permite mantener el estado de voluntad de resistencia colectiva los más integro ante las agresiones patronales y de manera separada del desgaste y el roce de la gestión cotidiana....
Por supuesto es una complicación mayor en la toma de decisiones pero para nosotros políticamente es más correcto: mantiene el tema de la lucha contra el ataque patronal y busca involucrarnos a todos los compañeros en la administración de la “cosa colectiva”... No es fácil, no es sencillo, pero así estamos resistiendo y a pesar de ataques, procesamientos, amenazas, censura mediática, boicots y vacíos organizados desde sectores que puedan sorprender (o no tanto) Estamos como la película “duros de matar”...
Un cosa más para finalizar. Agradecer al compañero Mario Hernández que hizo posible y batalló para que ahora estemos aquí presentes y hacemos notar que al recrudecer el conflicto en la nueva etapa que estamos transitando, cuando muchos intelectuales y académicos locales nos cortaron el rostro y se sumaron al boicot patronal (por miedo no más) fue el compañero Mario que nos acercó al CIET de la Universidad de Rosario y nos conectó con compañeros de distintas instituciones de Buenos Aires para que se solidaricen con nuestra causa.
Fraternales saludos proletarios a todas y todos.
Carlos Ghioldi
domingo, 27 de julio de 2014
Israel y Palestina, y el derecho de los pueblos a su autodeterminación y soberanía.
En enero del año 2009, publiqué una nota sobre los ataques de Israel del 27 de diciembre de 2008, comenzaba diciendo: “Sonó el teléfono a las 3.45 hs de la noche, un amigo israelita llamaba desde Jerusalén preocupado y dolorido se preguntaba que podía hacer la comunidad internacional frente a la invasión y los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza". En efecto, esa invasión sucedió luego de que una encuesta demostrara que más del 70% de la población de Israel y la de Palestina estaban de acuerdo con la existencia de dos estados conviviendo pacíficamente.
Sin embargo los intereses del Estado de Israel y sus aliados han impedido sistemáticamente la constitución del Estado Palestino, tal como la estableció la ONU en 1948, arrebatándoles el territorio, oprimiéndolos y construyendo un muro de la infamia para separar, encerrar y perseguir al pueblo palestino.
Israel intenta justificar sus actos reclamando el derecho a autodefenderse, pero de acuerdo con el principio básico de derecho internacional, ex injuria non oritur ius, un derecho legal no puede surgir de un acto ilícito. Los hechos están a la vista y son incuestionables, si un Estado viola el derecho internacional y las advertencias de la ONU para cometer atrocidades contra otros pueblos, se transforma en un Estado terrorista.
El gran pecado de los palestinos es que no están dispuestos a rendirse y dan la vida peleando por su libertad. Israel es el país invasor y cuanta con más recursos militares, financieros y mediáticos, además de disponer de escudos contra los misiles, compra suficiente consenso como para que no los llamen "terroristas" a pesar de bombardear con armas químicas, torturar niños palestinos y usarlos como escudos humanos.
Esto ya no es un problema político solamente, es un problema humanitario. La ONU ayer aprobó una resolución para la protección de Palestina y para investigar el operativo de Israel por posibles crímenes contra la humanidad. La respuesta de Israel fue bombardear a las pocas horas las escuelas que el máximo organismo internacional ti ene en Gaza, matando e hiriendo a muchos de los 1500 civiles que buscaban cobijo y salvar sus vidas.
El Primer Ministro israelí lo dijo bien claro "No cederemos a la presión internacional", y Estados Unidos apoya esta postura porque ya lo ha hecho en otras oportunidades y porque quieren seguir haciéndolo. Sin embargo Israel es reconocido como un Estado pleno en la ONU y Palestina no, porque EEUU se niega. La primera y la octava potencia militar del mundo se están convirtiendo cada día más en una amenaza a la humanidad. Algo muy diferente a lo que busca la Palestina destruida y bloqueada comercialmente, que es sobrevivir y lograr constituirse en un Estado pleno.
Hubo muchos intentos de poder alcanzar una solución, todos frustrados, el más reciente fue la del Papa Francisco que viajó a Tierra Santa, e invitó al Presidente de Israel, Simon Peres, y al Presidente Palestino Mahmoud Habbas, al Vaticano para orar juntos y alcanzar un nuevo camino de diálogo que derribe los muros de la intolerancia y puedan alcanzar la paz entre los pueblos.
Los pueblos de Israel y Palestina necesitan vivir en paz. Para eso la comunidad internacional debe ponerle límites a Israel.
Por eso reclamamos:
Enviar una misión para detener los bombardeos y la ofensiva militar terrestre de Israel
Bloquear el comercio militar con Israel, como resolvió la ONU en 1975 (1)
Aplicar sanciones económicas obligatorias por la ONU, como sucedió con el Apartheid en Sudáfrica.
Brindar ayuda humanitaria al pueblo palestino, y reconocer a Palestina como un Estado soberano, independiente y libre en el territorio que le corresponde.
Adolfo Pérez Esquivel
Nota:
1) Resolución 3414 (1975) de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “(la AGNU) solicita a todos los estados que desistan de proveer a Israel de cualquier ayuda militar y económica mientras continúe ocupando territorios y negando el inalienable derecho nacional del pueblo Palestino”.
Repudio de intelectuales y artistas y protestas en decenas de ciudades
Las movilizaciones de repudio que dieron vuelta al mundo y el pronunciamiento de intelectuales y artistas, y las distintas plataformas por el boicot al Estado de Israel, están intensificando y masificando las acciones de solidaridad internacional con el pueblo palestino.
El año pasado se generó un revuelo internacional cuando el científico Stephen Hawking, rechazó públicamente la invitación a participar en una conferencia organizada por el presidente de Israel y abrió la puerta a que otros científicos e intelectuales adhieran a un boicot al Estado de Israel.
Además, el año pasado los premios nobel Stephane Hessel y Desmond Tutu, la escritora Naomi Klein, el escritor Eduardo Galeano, el filósofo Slavoj Zizek, se convertían en caras visibles de este movimiento con la publicación de una guía de Boicot Cultural.
Ahora, el músico Roger Waters le pidió a Neil Young que no realizara un recital que tenía previsto en Tel Aviv y previamente se había opuesto a un show de los Rolling Stones.
Al mismo tiempo, en decenas de ciudades en todo el mundo se vienen realizando marchas y actos de protesta contra Israel, entre ellas Londres, Paris, Barcelona, Madrid, Chicago, Washington, Quebec, Montreal, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo.
Hasta que comenzó el boicot los críticos internos, dentro de Israel, eran pocos e incluso los más punzantes, como el historiador Ilan Pappé fueron expulsados, una situación que todos indican, puede empezar a cambiar, como así también avanzar en el desarrollo de un activo movimiento internacional de solidaridad con el pueblo palestino.
El año pasado se generó un revuelo internacional cuando el científico Stephen Hawking, rechazó públicamente la invitación a participar en una conferencia organizada por el presidente de Israel y abrió la puerta a que otros científicos e intelectuales adhieran a un boicot al Estado de Israel.
Además, el año pasado los premios nobel Stephane Hessel y Desmond Tutu, la escritora Naomi Klein, el escritor Eduardo Galeano, el filósofo Slavoj Zizek, se convertían en caras visibles de este movimiento con la publicación de una guía de Boicot Cultural.
Ahora, el músico Roger Waters le pidió a Neil Young que no realizara un recital que tenía previsto en Tel Aviv y previamente se había opuesto a un show de los Rolling Stones.
Al mismo tiempo, en decenas de ciudades en todo el mundo se vienen realizando marchas y actos de protesta contra Israel, entre ellas Londres, Paris, Barcelona, Madrid, Chicago, Washington, Quebec, Montreal, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo.
Hasta que comenzó el boicot los críticos internos, dentro de Israel, eran pocos e incluso los más punzantes, como el historiador Ilan Pappé fueron expulsados, una situación que todos indican, puede empezar a cambiar, como así también avanzar en el desarrollo de un activo movimiento internacional de solidaridad con el pueblo palestino.
Las selfies del odio y el racismo del Estado de Israel
La ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza, que ya lleva dos semanas y se ha cobrado la vida de más de 650 palestinos, viene acompañada de una enorme propaganda anti árabe al interior del Estado de Israel. Desde el gobierno y la derecha política y religiosa se viene incitando al odio y el racismo contra la población palestina para justificar las brutalidades que se están cometiendo contra los habitantes de la franja de gaza y para insuflar el nacionalismo al interior de Israel contra cualquier atisbo de oposición interna.
El aceitado sistema de propaganda racista va desde las declaraciones de figuras reconocidas llamando a asesinar, vejar y exterminar palestinos, hasta las miles de “iniciativas” en las redes sociales que incluyen selfies con mensajes racistas, hasta páginas de Facebook con fotos desde los refugios antiaéreos (inexistentes en Gaza) o con grupos de israelíes sentados en sillones y mirando los bombardeos sobre la franja, como si se tratara de un cine.
Una cuestión de Estado
La semana pasada la diputada Ayelet Shaked del partido ultra sionista israelí “Hogar Judío”, representante de los colonos en el parlamento, expresó que había que asesinar a todas las madres palestinas porque dan a luz a “pequeñas serpientes”. En su perfil de Facebook publicó: “Tienen que morir y sus casas tienen que ser demolidas. Son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto se aplica igual a las madres de los terroristas fallecidos”.
Esta semana fue el turno del rabino de Kiryat Arba y Hebrón, Dov Lior, que mucho más categórico dijo que no solo se debe “castigar a la población enemiga con medidas tales como un bloqueo económico o interrumpir el suministro de la electricidad y no poner en peligro innecesariamente a los soldados sino más bien tomar medidas para exterminar al enemigo".
Estas son solo dos muestras de las declaraciones racistas que se repiten a diario. Y no se trata de uno o dos lunáticos perdidos sino que el racismo anti árabe es una cuestión de Estado.
La ofensiva actual se inició desde el propio gobierno de Netanyahu que alentando el odio anti árabe en los funerales de los tres jóvenes israelíes hallados asesinados hace tres semanas atrás, acusó sin ningún fundamento a Hamas y prendió la mecha.
En los días siguientes grupos de manifestantes se congregaron en el centro de Jerusalén, no lejos de la frontera entre las partes oriental y occidental. Llevaban banderas israelíes y pancartas. Gritaban “mavet la’aravin” (muerte a los árabes) y detenían a taxistas para comprobar si eran judíos o palestinos. El ánimo era de linchamiento. Movilizaciones como esta fueron las que terminaron con el asesinato del joven palestino Muhammad Abu Khdeir que fue secuestrado, torturado y quemado vivo.
Es que en la base del discurso racista del Estado de Israel está la necesidad de legitimar la opresión nacional histórica sobre el pueblo palestino. Cómo explicamos en este artículo, “Históricamente, el Estado de Israel jamás se propuso contemplar las demandas del pueblo palestino(…) el estratega sionista David Ben Gurión sostenía que sólo podría permanecer una pequeña minoría de palestinos para asegurar el desarrollo de un Estado judío, y el resto debía ser “transferido” a otros países árabes.” Es decir que la propia base de la fundación y posterior desarrollo del Estado de Israel está fundamentada en una ideología racista y colonialista sobre la población palestina. Ese es el discurso que se mantiene hasta el día de hoy y que se fue agudizando en el último período con expresiones de odio cada vez más profundas.
Estas expresiones ultranacionalistas y racistas se filtran por todos los poros de la sociedad. Las pocas acciones en contra de los ataques que se realizan al interior de Israel son reprimidas o apaleadas por bandas de la derecha sionista y de militantes de los partidos de los colonos (algunos de ellos miembros del club de fútbol Beitar Jerusalén, que se pronuncian abiertamente anti musulmanes).
Mientras que las redes sociales están siendo utilizadas en todo el mundo para conocer la verdadera situación al interior de Gaza, dentro de Israel se han convertido en un furor para expresar el odio anti palestino. Mientras que en la red social Twitter comenzaron a circular las “selfies del odio”, que son fotos que incitan a la violencia contra los palestinos o de apoyo a los soldados que están invadiendo la Franja de Gaza, en Facebook se hizo popular entre los israelíes la práctica de tomarse fotos en actitud despreocupada cuando se van a refugiar a los bunkers, siguiendo la consigna ’Keep smiling’ (continúa sonriendo) mientras suenan las sirenas antiaéreas. (El Mundo.es). No pueden dejar de indignar las imágenes donde se muestran a grupos de colonos sentados sobre el pasto o en sillones y mirando hacia la Franja de Gaza durante los bombardeos, como si se tratara de un cine o de un show de fuegos artificiales. Es tan espeluznante como las fotos que recorrieron el mundo durante la guerra del Libano en 2006 donde niños israelíes escribían mensajes sobre las bombas que iban a ser disparadas desde los bombarderos sionistas,
Como si esto fuera poco existen algunas campañas que promueven la violación de mujeres palestinas por parte de los soldados israelíes como un “método válido” para combatir a Hamas.
Estas muestras de brutal cinismo no pueden ser más que el reflejo extendido, sobre la mayoría de la sociedad israelí, de un discurso racista y colonialista de un estado que no solo trata a los 2 millones de árabes israelíes que viven en su interior como ciudadanos de segunda, sino que utiliza métodos terroristas, de limpieza étnica y castigo colectivo sobre el conjunto de la población palestina.
Juan Andrés Gallardo
sábado, 26 de julio de 2014
Cuento chino
Los K vienen batiendo el parche sobre los acuerdos que acaban de celebrarse con China. Sin embargo, no se conoce el texto de los acuerdos. De la reunión realizada hace diez días en Fortaleza, Brasil, emerge que los países del Brics no tienen la menor intención de cuestionar el sistema financiero internacional, incluso insisten en llegar a un acuerdo de pago con los fondos buitre.
Los acuerdos comerciales con China, en el mejor de los casos, llevará a que crezcan las importaciones de China, mayormente de bienes intermedios y de capital o productos industriales terminados. La financiación de la construcción de las represas en Santa Cruz y la modernización del Belgrano Cargas se harán con créditos atados a la compra de bienes chinos, con el agravante de que el costo presupuestado es el doble del establecido un tiempo atrás. Esto vale para el emprendimiento ferroviario mencionado: el material rodante y de infraestructura para la obra provendrán de dicho país.
China se ha asociado a las compañías yanquis y europeas, que monopolizan el comercio exterior de Argentina, incluso en el petróleo y la minería. China es una gran plataforma de exportación de las transnacionales. El intercambio chino-argentino, en ambas puntas, es un eslabón de la división del trabajo impuesta por las multinacionales.
Tampoco los acuerdos representan un blindaje financiero para Argentina. El canje de monedas – yuanes-pesos – no tiene el carácter de reserva de realización inmediata, debido a la inconvertibilidad del yuan; en todo caso puede ser usado como un crédito para la compra en China. Una triangulación peso-yuan-dólar debería pasar por el sistema de compensaciones (“clearing”) que monitorea la Reserva Federal. China dispondrá de una suma equivalente en pesos, en lugar de dólares, para cancelar lo que importa de la Argentina. En definitiva, los dólares que dejarían de salir serían compensados por los dólares que dejarían de entrar. Esta operatoria está lejos de funcionar como un salvavidas en una corrida cambiaria.
Por último, si hay alguien que no está interesado en desestabilizar el dólar es China, porque tiene invertido el 80 por ciento de sus reservas en títulos de la deuda de Estados Unidos.
Pablo Heller
El otro lado de la restitución de Campagnoli
Los K han sufrido una derrota política con la restitución del fiscal Campagnoli. La anulación del juicio por “mal desempeño”, dispuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento, ha sido ‘compensada’ por la sustanciación de uno nuevo, de modo que ‘la batalla’ no ha terminado.
Campagnoli había sido suspendido en diciembre, acusado por la procuradora Gils Carbó de haber desviado una causa contra el financista Elaskar, quien reconoció haber participado en operaciones de lavado del dinero del empresario K Lázaro Báez. El “mal desempeño” atribuido al fiscal jamás pudo ser probado. Campagnoli pudo probar, en su breve investigación, que una empresa denominada Helvetic Service Group había entrado al país 65 millones de dólares a través de la compra de bonos de la deuda externa argentina, depositados en su momento en las cuentas de Austral Construcciones, empresa insignia de Lázaro Báez y mayor proveedor de obra pública en Santa Cruz. Quedó en evidencia un circuito de lavado de dinero con múltiples ramificaciones. Según datos aportados por el propio Elaskar fueron constituidas entre cuarenta y cincuenta sociedades para realizar este tipo de transacciones.
Toda esta ingeniería financiera, armada a instancias de Báez, involucraría en forma directa al ex presidente fallecido y a la propia CFK, socios virtuales del “empresario exitoso” en infinidad de emprendimientos y propiedades.
Para bloquear esta causa, el gobierno llegó al punto de requerir la colaboración internacional a Twitter, para individualizar al grupo de personas que apoyaba a Campagnoli a través de la red.
El vuelco
El cachetazo al gobierno por el caso Campagnoli se produjo en paralelo a un aluvión de causas en su contra. La revelación de que el ex secretario privado de Néstor Kirchner habría encargado la creación de una empresa de aviones privados para trasladar bolsos con dinero a Santa Cruz (2008) reactivó una causa judicial ya iniciada; la denuncia de una empresa vinculada al gobierno que exportó arroz y maíz a Venezuela con sobreprecios del orden del 80 por ciento, abrió otra; le siguió el procesamiento dictado por Servini de Cubría contra un director de Enarsa y ex de Sedronar (2004/2011), hombre del riñón K, y otros por el ingreso de efedrina con destino al narcotráfico mientras avanza la causa contra Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito.
La función política del acoso
La oposición azuza las causas judiciales como parte de un programa político: levantar el cepo cambiario, arreglar como sea con los buitres, promover una nueva devaluación e imponer un aumento de tarifas. Forma parte de esta agenda el empleo de la recesión como arma contra los trabajadores y la represión a los conflictos obreros y a su organización independiente.
Cuando más llueven causas contra los K, más se aprieta la soga que tiene en sus manos el capital internacional para imponer sus designios.
Christian Rath
Campagnoli había sido suspendido en diciembre, acusado por la procuradora Gils Carbó de haber desviado una causa contra el financista Elaskar, quien reconoció haber participado en operaciones de lavado del dinero del empresario K Lázaro Báez. El “mal desempeño” atribuido al fiscal jamás pudo ser probado. Campagnoli pudo probar, en su breve investigación, que una empresa denominada Helvetic Service Group había entrado al país 65 millones de dólares a través de la compra de bonos de la deuda externa argentina, depositados en su momento en las cuentas de Austral Construcciones, empresa insignia de Lázaro Báez y mayor proveedor de obra pública en Santa Cruz. Quedó en evidencia un circuito de lavado de dinero con múltiples ramificaciones. Según datos aportados por el propio Elaskar fueron constituidas entre cuarenta y cincuenta sociedades para realizar este tipo de transacciones.
Toda esta ingeniería financiera, armada a instancias de Báez, involucraría en forma directa al ex presidente fallecido y a la propia CFK, socios virtuales del “empresario exitoso” en infinidad de emprendimientos y propiedades.
Para bloquear esta causa, el gobierno llegó al punto de requerir la colaboración internacional a Twitter, para individualizar al grupo de personas que apoyaba a Campagnoli a través de la red.
El vuelco
El cachetazo al gobierno por el caso Campagnoli se produjo en paralelo a un aluvión de causas en su contra. La revelación de que el ex secretario privado de Néstor Kirchner habría encargado la creación de una empresa de aviones privados para trasladar bolsos con dinero a Santa Cruz (2008) reactivó una causa judicial ya iniciada; la denuncia de una empresa vinculada al gobierno que exportó arroz y maíz a Venezuela con sobreprecios del orden del 80 por ciento, abrió otra; le siguió el procesamiento dictado por Servini de Cubría contra un director de Enarsa y ex de Sedronar (2004/2011), hombre del riñón K, y otros por el ingreso de efedrina con destino al narcotráfico mientras avanza la causa contra Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito.
La función política del acoso
La oposición azuza las causas judiciales como parte de un programa político: levantar el cepo cambiario, arreglar como sea con los buitres, promover una nueva devaluación e imponer un aumento de tarifas. Forma parte de esta agenda el empleo de la recesión como arma contra los trabajadores y la represión a los conflictos obreros y a su organización independiente.
Cuando más llueven causas contra los K, más se aprieta la soga que tiene en sus manos el capital internacional para imponer sus designios.
Christian Rath
Quién le teme al defol
Desde estas páginas hemos señalado en varias ocasiones los límites feroces que tiene el ‘plan B’ que pergeña el gobierno K en caso de defoltear con los fondos buitres. De acuerdo a un especialista en estos asuntos, Marcelo Etchebarne, “… en mayo pasado, según se filtró a la prensa, la recomendación de los abogados de Argentina habría sido “defaultear y reestructurar todo” (Clarín, 23/7). En esta eventualidad, Argentina canjearía la totalidad de la deuda actual por títulos nuevos bajo legislación local. La moneda de la deuda nueva no debería ser el dólar, porque en ese caso podría ser objeto de interdicción por parte de la Justicia de Estados Unidos o simplemente por la Comisión de Valores, como acaba de ocurrir con el Banque Nationale de Paris, el cual fue multado por 10.000 millones de dólares y excluido del sistema de compensaciones de pagos, a pesar de ser francés, por haber infringido el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán. Las autoridades norteamericanos han declarado que cualquier transacción en dólares opera bajo la jurisdicción de su país. A esta prepotencia, el juez Griesa ha agregado un grano de cosecha propia al prohibir el pago de la deuda regular de Argentina también en euros y yenes, fuera de Estados Unidos, porque contravendría su fallo de pago simultáneo a los fondos buitres.
“Defoltear y reestructurar todo” sería una especie último recurso para rescatar el conjunto, un 93%, de la deuda externa de Argentina, cuyo pago se encuentra bloqueado en todas las capitales financieras. La alternativa es fogoneada desde el diario BAE (18/7), donde el columnista Alejandro Bercovich, que abreva en el ministerio de Kicillof, ilustra que “Costa de Marfil salió del default en 2011y colocó deuda ayer a 5,62% a 10 años y Ecuador a 7,95 por ciento”, en este caso después de un cese parcial de pagos -un 30%- hace seis años y con una economía petrolera dolarizada.
Poner como vía de salida un nuevo endeudamiento a una tasa usuraria es un despropósito; es la misma tasa que paga la deuda emitida para saldar la indemnización con Repsol y la que reclaman los fondos buitres para cancelar la deuda que se encuentra en defol. Todo el asunto del ‘plan B’ es, sin embargo, puro palabrerío: cualquier defol con los buitres conduciría, por fuerza, a una nueva renegociación del total, ya que activaría el pago de los seguros contra ‘defol’ de Argentina y el pago integral de la deuda reestructurada en 2005 y 2010. En estas condiciones, suponer que los acreedores aceptarían un canje a las mismas tasas de interés y bajo legislación de Argentina, está cerca de la fantasía.
La limitación más fuerte que tendría un defol K es, sin embargo, la ausencia de un plan económico para hacer frente a la sequía de recursos que seguiría a la medida y al boicot financiero no ya internacional sino local. La prueba más firme de que los K aborrecen un defol es, precisamente, la falta, digamos, de ‘un plan B’ para el conjunto de la economía, no sólo para el pago de la deuda. La fuga de capitales es, en Argentina, completamente legal, esto a través de la operación conocida como ‘contado con liqui’, que se efectúa en la Bolsa de Comercio.
Lo que es claro, sin embargo, es que si Argentina salda su débito con los buitres en las condiciones insinuadas por ellos mismos y por los K, o sea las mismas que se establecieron con Repsol, el monto a pagar superaría, a valor presente, los 30 mil millones de dólares, debida a la tasa usuraria que lo acompaña. Sumados a los ‘arreglos’ ya firmados con esta petrolera, el Club de París y los fondos que litigan en el Banco Mundial, la deuda externa crecería, de una vez, en 50 a 60 mil millones de dólares. Este incremento se pagaría a corto plazo -en los próximos cinco años. La deuda pública se iría así a cerca de u$s 350.000 millones, una vez que se le añade la del Banco Central con los bancos locales. La función confiscatoria de la deuda externa sobre el ahorro nacional se reforzaría en forma brutal. Las prioridades de desenvolvimiento de la economía pasarían a ser monopolio absoluto del capital financiero internacional.
Defoltear la deuda con los fondos buitres no sería solamente ‘un mal menor’, sino una verdadera oportunidad, si sirviera para repudiar toda la deuda usuraria, o sea eliminar la deuda externa como condicionante definitivo de la economía y de la política. Pero no puede ser una respuesta aislada y malvinera: debe ser acompañada por un cambio en profundidad del régimen económico y político vigente. Esto significaría nacionalizar el sistema bancario y el comercio exterior, bajo dirección de los trabajadores, para concentrar el ahorro nacional y los recursos financieros, y destinarlos a un plan de industrialización y de objetivos sociales. También significaría proceder a un fuerte aumento de los salarios y jubilaciones y la reapertura de las paritarias así como la apertura de los libros y cuentas de las grandes empresas y el establecimiento de un control obrero generalizado, de modo de orientar sus excedentes a prioridades fundamentales. Implicaría terminar con el despilfarro corrupto de los enormes sobreprecios en la obra pública y el rediseño de sus objetivos, así como poner fin a los negocios parasitarios, mediante su confiscación, empezando por el juego.
La crisis de deuda no es otra cosa que el estallido de una contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza confiscatoria y parasitaria de la deuda externa y de la deuda pública en general, en especial en las condiciones de la decadencia capitalista y del colapso económico internacional. Esta crisis no tiene salidas ‘mejores’ o ‘peores’: tiene una salida capitalista, lo cual implica una mayor estrangulamiento de las fuerzas productivas, mayor explotación social y mayor miseria, esto por un lado. Y, por otro, tiene una salida anticapitalista, la cual implica la transformación de todas las condiciones económicas y sociales que han llevado a este impasse histórico.
Jorge Altamira
“Defoltear y reestructurar todo” sería una especie último recurso para rescatar el conjunto, un 93%, de la deuda externa de Argentina, cuyo pago se encuentra bloqueado en todas las capitales financieras. La alternativa es fogoneada desde el diario BAE (18/7), donde el columnista Alejandro Bercovich, que abreva en el ministerio de Kicillof, ilustra que “Costa de Marfil salió del default en 2011y colocó deuda ayer a 5,62% a 10 años y Ecuador a 7,95 por ciento”, en este caso después de un cese parcial de pagos -un 30%- hace seis años y con una economía petrolera dolarizada.
Poner como vía de salida un nuevo endeudamiento a una tasa usuraria es un despropósito; es la misma tasa que paga la deuda emitida para saldar la indemnización con Repsol y la que reclaman los fondos buitres para cancelar la deuda que se encuentra en defol. Todo el asunto del ‘plan B’ es, sin embargo, puro palabrerío: cualquier defol con los buitres conduciría, por fuerza, a una nueva renegociación del total, ya que activaría el pago de los seguros contra ‘defol’ de Argentina y el pago integral de la deuda reestructurada en 2005 y 2010. En estas condiciones, suponer que los acreedores aceptarían un canje a las mismas tasas de interés y bajo legislación de Argentina, está cerca de la fantasía.
La limitación más fuerte que tendría un defol K es, sin embargo, la ausencia de un plan económico para hacer frente a la sequía de recursos que seguiría a la medida y al boicot financiero no ya internacional sino local. La prueba más firme de que los K aborrecen un defol es, precisamente, la falta, digamos, de ‘un plan B’ para el conjunto de la economía, no sólo para el pago de la deuda. La fuga de capitales es, en Argentina, completamente legal, esto a través de la operación conocida como ‘contado con liqui’, que se efectúa en la Bolsa de Comercio.
Lo que es claro, sin embargo, es que si Argentina salda su débito con los buitres en las condiciones insinuadas por ellos mismos y por los K, o sea las mismas que se establecieron con Repsol, el monto a pagar superaría, a valor presente, los 30 mil millones de dólares, debida a la tasa usuraria que lo acompaña. Sumados a los ‘arreglos’ ya firmados con esta petrolera, el Club de París y los fondos que litigan en el Banco Mundial, la deuda externa crecería, de una vez, en 50 a 60 mil millones de dólares. Este incremento se pagaría a corto plazo -en los próximos cinco años. La deuda pública se iría así a cerca de u$s 350.000 millones, una vez que se le añade la del Banco Central con los bancos locales. La función confiscatoria de la deuda externa sobre el ahorro nacional se reforzaría en forma brutal. Las prioridades de desenvolvimiento de la economía pasarían a ser monopolio absoluto del capital financiero internacional.
Defoltear la deuda con los fondos buitres no sería solamente ‘un mal menor’, sino una verdadera oportunidad, si sirviera para repudiar toda la deuda usuraria, o sea eliminar la deuda externa como condicionante definitivo de la economía y de la política. Pero no puede ser una respuesta aislada y malvinera: debe ser acompañada por un cambio en profundidad del régimen económico y político vigente. Esto significaría nacionalizar el sistema bancario y el comercio exterior, bajo dirección de los trabajadores, para concentrar el ahorro nacional y los recursos financieros, y destinarlos a un plan de industrialización y de objetivos sociales. También significaría proceder a un fuerte aumento de los salarios y jubilaciones y la reapertura de las paritarias así como la apertura de los libros y cuentas de las grandes empresas y el establecimiento de un control obrero generalizado, de modo de orientar sus excedentes a prioridades fundamentales. Implicaría terminar con el despilfarro corrupto de los enormes sobreprecios en la obra pública y el rediseño de sus objetivos, así como poner fin a los negocios parasitarios, mediante su confiscación, empezando por el juego.
La crisis de deuda no es otra cosa que el estallido de una contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza confiscatoria y parasitaria de la deuda externa y de la deuda pública en general, en especial en las condiciones de la decadencia capitalista y del colapso económico internacional. Esta crisis no tiene salidas ‘mejores’ o ‘peores’: tiene una salida capitalista, lo cual implica una mayor estrangulamiento de las fuerzas productivas, mayor explotación social y mayor miseria, esto por un lado. Y, por otro, tiene una salida anticapitalista, la cual implica la transformación de todas las condiciones económicas y sociales que han llevado a este impasse histórico.
Jorge Altamira
Contra la invasión sionista, apoyemos la resistencia armada palestina
El rechazo a la masacre sionista en Gaza es inconsistente si no se respalda explícitamente la resistencia armada que presenta Hamas. Israel se propone ocupar toda la Franja, lo que implica expulsar a la población palestina.
Los bombardeos aéreos y la incursión terrestre de las tropas sionistas en Gaza dejaron un saldo de 650 palestinos muertos, dos tercios civiles y al menos 190 niños, 3.300 heridos y 200.000 desplazados. “Para minimizar las bajas entre sus soldados, (las fuerzas israelíes) planchan la zona con aviación y artillería, luego tiran con tanques. Limpian la zona de minas y de posible resistencia antes de avanzar con los blindados y la infantería”, (El País, 18/7). El sionismo se encamina a repetir una masacre de proporciones iguales o superiores a Plomo Fundido, la operación terrestre que en 2009 dejó 1.300 palestinos muertos.
El relato sionista presentó a la invasión terrestre acotada a los túneles fronterizos con Israel, pero en pocas horas sus tropas se adentraron en un territorio mucho más amplio, ahora con el pretexto de que los cohetes están escondidos en las viviendas. El ejército se ha introducido en los barrios más poblados de Gaza, tirando a mansalva. “Más de un centenar de los objetivos alcanzados estaban en el barrio de Shayahia del este de la Capital de Gaza.” (Al Monitor, 22/7). Shayahia ha sido definida como una plaza fuerte militar de Hamas.
Plan premeditado
Esta política militar es parte de un plan estratégico que apunta a consumar la expulsión de la población palestina de Cisjordania y Gaza e incluso de la que habita en Israel. Ahron Bregman, ex soldado israelí y ahora profesor del King’s College de Londres, autor de una historia de Israel y los territorios ocupados, “desenmascara la administración brutal que se oculta detrás de la pretensión de ‘una ocupación iluminista’. Recuerda cómo luego de la conquista de 1967, el gobierno de Israel trasladó en camiones a un cuarto de la población de Gaza hacia Jordania; cómo la celebrada política de Moshe Dayan, ‘Puentes Abiertos’, la que dio un respiro a los palestinos tras la ocupación y la posibilidad de viajar a Jordania, fue para muchos una vía de sentido único; cómo los Altos del Golán fueron vaciados de sus 138.000 habitantes, con excepción de algunos miles de drusos. Cuanta más población desplazaba Israel, mayor era la tierra que quedaba disponible para la colonización judía” (The Economist, 12/7). El régimen sionista no admite ni siquiera la creación de un Estado palestino bajo su tutela económica, militar y política -una suerte de bantustán como en la época del apartheid en Sudáfrica.
Antes de que se intensificara el lanzamiento de cohetes por Hamas, Gaza era sometida a un asedio económico y militar: “La economía de Gaza está en un estado de guerra permanente”. Las operaciones militares de 2009 y 2012 hicieron desaparecer 1.700 locales comerciales e industriales. “Desde el enclave, partían cada día 110 camiones cargados de productos antes del comienzo del bloqueo.
Pero a partir de 2007, prácticamente ningún bien sale de allí, causando pérdidas de 50 millones de dólares por día” (Ámbito, 22/7). Los túneles en las fronteras de Gaza con Egipto eran los únicos contactos con el exterior. Medio millón de colonos israelíes habitan Cisjordania y las zonas “C” (territorios bajo estricto control israelí), ocupando el 60% del territorio total cisjordano.
Contrarrevolución en Medio Oriente
La incursión en Gaza fue aprobada por todo el gabinete israelí, y goza del apoyo político de la oposición. Los ministros Bennet y Lieberman impulsan una ocupación completa de la Franja, lo cual significa expulsar a su población.
El ataque a Gaza está fuertemente vinculado con el golpe militar en Egipto, el cual ha sido esencialmente una operación norteamericano-sionista. Se descartó, de este modo, la posibilidad de un desarrollo ‘a la turca’, donde los islamistas han establecido un control político funcional a la estrategia medio-oriental del imperialismo. La instauración de la dictadura militar egipcia no fue denunciada tampoco por Irán, y no porque el islamismo egipcio fuera sunnita sino en función de un acuerdo con Estados Unidos en materia nuclear y para apoyar a los regímenes de Afganistán e Irak, y también como escudo a la posición rusa sobre Ucrania. Llama la atención la ausencia de apoyo de Hizbolá a la resistencia militar de Hamas. La inacción de Hizbolá contrasta con lo ocurrido en 2009, cuando la organización shiita abrió un frente militar contra el sionismo en apoyo a los palestinos.
Hamas: el derecho a la resistencia armada
Hamas ha repetido que aspiraba a un Estado palestino al lado del sionista y, hace unos meses, promovió un gobierno de unidad nacional con la Autoridad Palestina, la cual cuenta con el apoyo de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea; es financiada, en parte, por el reino de Qatar. De ningún modo puede afirmarse que sea una fuerza revolucionaria en el Medio Oriente.
Hamas ha respondido a la agresión sionista con las armas; no solamente disparando cohetes de precisión incierta sino ofreciendo combate a las tropas invasoras. “La batalla de Shayahia -informa Le Monde (22/7)- marcó la primera confrontación en una zona urbana densamente poblada”. Esto indica una respuesta a la invasión mediante métodos de guerrilla. La población gazatí apoya resueltamente la resistencia armada, su último recurso.
Como en los antecedentes históricos más gloriosos, Hamas ha construido una red de túneles en dirección a Egipto y a Israel, de un lado para enfrentar el bloqueo económico total, pero también para poder hacer frente a una agresión militar sobre el terreno -incluso llevando la lucha armada de guerrilla al territorio sionista. “Dos tentativas nuevas de infiltración de combatientes palestinos desde túneles que ligan la Franja de Gaza con Israel, fueron rechazados” (Le Monde), con bajas en ambos bandos. Que “la entrada de los túneles se encuentr(e) en viviendas y edificaciones agrícolas”, como denuncia un servicio israelí, es una prueba del carácter popular de la resistencia armada. No es admisible ninguna propuesta de ‘paz’ que vulnere el derecho de palestinos y gazatíes a la lucha armada contra la opresión, la matanza, el ultraje y la libertad nacional. No es la ‘paz’ lo que ofrece, sin embargo, el sionismo, el cual reafirma que “el mejor método es buscar la entrada de los túneles efectuando requisiciones en el suelo en los inmuebles sospechados” (Le Monde), mediante uso de perros y robots. Esto deja planteada una guerra de guerrillas contra la tropa sionista.
La lucha internacional contra la masacre que perpetra el sionismo sería inconsecuente si no apoya la resistencia armada de Hamas y a la guerrilla palestina.
Pablo Heller
El Arte de Comunicar, El Periodista.
Este documental tiene como personaje de "Julio", joven periodista interesado en la búsqueda de los veteranos del oficio periodístico, que lo han ejercido (y lo siguen haciendo) con ética y verdad. Tales inquietudes llevan a Julio a encontrar e indagar a grandes figuras como Osvaldo Bayer, Stella Calloni, y Carlos Aznárez, donde relatan el complejo y apasionante mundo del periodismo en épocas pasadas y presentes.
Estos personajes formaron parte de diarios (Noticias Gráficas, Clarín, Pagina/12, Sur, etc), y de revistas o semanarios ( Todo es Historia, Cristianismo y Revolución, El Periodista), que en distintas épocas dejaron una marca imborrable en el periodismo argentino. Además de acompañar los procesos de transformaciones político-culturales que se iban produciendo no sólo en el país, sino en toda América Latina, durante gran parte del siglo XX hasta la actualidad.
Contarán sus experiencias periodísticas, sus influencias, su formación intelectual, sus amistades, las tertulias de los bares porteños, la censura; el genocidio cultural provocado por la última dictadura cívico- militar del 76-83, la irrupción de un nuevo periodismo post-dictadura, la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Cómo ven al periodismo en la actualidad, donde volvió a surgir --con más capacidad de absorción y manipulación- ese factor de poder que son los grandes pulpos monopólicos de la (des) información. En este contexto se analiza las diferencias entre "la libertad de prensa" y "la libertad de empresa" y reflexionan sobre la nueva Ley de Medios que reemplazó la anacrónica ley de la dictadura que impusieron el dictador Jorge Rafael Videla & Cía.
El objetivo es que quede un registro fílmico de estos grandes periodistas para que las distintas generaciones que elijan esta profesión, tengan una fuente imprescindible donde indagar y reflexionar no sólo aspectos de los personajes, sino sobre distintos acontecimientos de carácter nacional e internacional que hacen a la verdad y la memoria histórica.
¿De nuevo con el “cuento chino”?
Entre China y Argentina firmaron veinte acuerdos, entre los que se destacan inversiones para levantar dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz (denominadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas (comprando trenes chinos para sacar el “yuyito” con menos costo de transporte), la compra de 11 buques y la construcción de una cuarta central nuclear. En total 7,5 mil millones de dólares. A esto se suma un swap (intercambio de monedas) para fortalecer las reservas del Banco Central por el equivalente a 11 mil millones de dólares: Argentina puede pedir hasta 70 mil millones de yuanes (moneda china) en préstamo. Es el inicio de una “asociación estratégica integral”, destacaron en la reunión.
El ingreso de las inversiones tiene un plazo prolongado y su impacto en inyectar dólares en la economía local será escaso. El swap es una forma que tiene China de expandir su influencia geopolítica: acuerdos similares firmó con Corea del Sur y el Banco Central Europeo, entre otros. Podría dar algún respaldo al Banco Central, pero el yuan no es como el dólar que actúa como moneda en los intercambios comerciales y activo de reserva a nivel mundial. Argentina ya firmó con China un swap en 2009 que nunca usó. No obstante, en medio del litigio con los fondos buitre para el gobierno la visita constituyó un respiro, tratando de demostrar que el país atrae inversiones a la vez que tiene crédito por una vía alternativa al FMI, el Banco Mundial o la colocación de bonos. La visita causó gran impacto en los medios burgueses que avizoran una oportunidad de negocios. Aunque hubo quienes recordaron que hace algunos años Néstor Kirchner “consiguió” 20 mil millones de dólares de inversiones que nunca llegaron. Ahora, el bálsamo de las inversiones chinas podría enturbiarse con la mayor inestabilidad económica si Argentina cae en default.
Lo cierto es que el país asiático está buscando en América Latina y África hacerse de fuentes de provisión de materias primas. Las ventas argentinas a China se componen básicamente de soja y otros productos primarios mientras recibe bienes industriales. Es decir, la “asociación estratégica integral” agudizará la primarización de la economía. No sólo eso. Argentina tiene un déficit comercial creciente con China, que se insertó en el mundo capitalista sustentando su competitividad en una enorme oferta de mano de obra barata que le permite inundar países con todo tipo de productos, como electrónicos y textiles. Hoy China es el segundo socio comercial con un déficit para Argentina de más de 5 mil millones de dólares en 2013. Es muy probable que el swap sea una vía para financiar ese déficit, endeudando de paso a nuestro país, a la vez que les sirve para ampliar la plaza de colocación de capitales chinos que viene expandiéndose en negocios petroleros y bancarios (ICBC). Es lo que empezaron a vislumbrar los empresarios brasileños que temen ser desplazados del mercado local y recelan de la relación que construye Argentina con China, incluso interponiendo reparos a la integración de nuestro país a los BRICS, dejando al desnudo el verso de la unidad latinoamericana que los K dicen construir con el Mercosur y la Unasur.
Este acuerdo y la participación de CFK en la reunión de los BRICS (ver “La cumbre de Fortaleza y las tensiones del ‘orden internacional’” en LVO N°578) le sirvieron para “coquetear” con estos países que, en el marco de la crisis capitalista mundial, tejen alianzas defensivas ante la decadencia hegemónica de EE.UU. y a su propia desaceleración económica. “Hay un mundo nuevo, actores nuevos que quieren cooperar con uno para arrastrar este inmenso carro que es el mundo que está siendo sostenido por los países emergentes en una crisis generada por las economías centrales y en la que nos quieren tirar el muerto a las economías emergentes”, dijo Cristina en la inauguración de una planta de Yamaha este 23 de julio. Pero, mientras negocia con los buitres y banca a patronales yanquis como Lear.
El “modelo” chino hoy tiene un PBI per cápita que es la mitad del argentino y tiene muchos de los sectores más dinámicos de su economía bajo control de capital imperialista, o bajo capitales nacionales pero en asociaciones subordinadas del tipo de las que Foxconn es paradigma. Brasil mostró en la previa del Mundial cómo chocaron las ilusiones populares con las políticas de ajuste del PT. Sudáfrica es recorrida por masivas huelgas. India es otro reservorio de mano de obra barata. Rusia primarizó su economía con la restauración capitalista. No son alternativa ni cuestionan en lo fundamental el orden mundial imperialista: la ruptura con el imperialismo y una vía anti capitalista sólo puede ser obra de la clase obrera en unidad con los trabajadores y pueblos latinoamericanos que sufren nuestros mismos problemas.
Pablo Anino
El ingreso de las inversiones tiene un plazo prolongado y su impacto en inyectar dólares en la economía local será escaso. El swap es una forma que tiene China de expandir su influencia geopolítica: acuerdos similares firmó con Corea del Sur y el Banco Central Europeo, entre otros. Podría dar algún respaldo al Banco Central, pero el yuan no es como el dólar que actúa como moneda en los intercambios comerciales y activo de reserva a nivel mundial. Argentina ya firmó con China un swap en 2009 que nunca usó. No obstante, en medio del litigio con los fondos buitre para el gobierno la visita constituyó un respiro, tratando de demostrar que el país atrae inversiones a la vez que tiene crédito por una vía alternativa al FMI, el Banco Mundial o la colocación de bonos. La visita causó gran impacto en los medios burgueses que avizoran una oportunidad de negocios. Aunque hubo quienes recordaron que hace algunos años Néstor Kirchner “consiguió” 20 mil millones de dólares de inversiones que nunca llegaron. Ahora, el bálsamo de las inversiones chinas podría enturbiarse con la mayor inestabilidad económica si Argentina cae en default.
Lo cierto es que el país asiático está buscando en América Latina y África hacerse de fuentes de provisión de materias primas. Las ventas argentinas a China se componen básicamente de soja y otros productos primarios mientras recibe bienes industriales. Es decir, la “asociación estratégica integral” agudizará la primarización de la economía. No sólo eso. Argentina tiene un déficit comercial creciente con China, que se insertó en el mundo capitalista sustentando su competitividad en una enorme oferta de mano de obra barata que le permite inundar países con todo tipo de productos, como electrónicos y textiles. Hoy China es el segundo socio comercial con un déficit para Argentina de más de 5 mil millones de dólares en 2013. Es muy probable que el swap sea una vía para financiar ese déficit, endeudando de paso a nuestro país, a la vez que les sirve para ampliar la plaza de colocación de capitales chinos que viene expandiéndose en negocios petroleros y bancarios (ICBC). Es lo que empezaron a vislumbrar los empresarios brasileños que temen ser desplazados del mercado local y recelan de la relación que construye Argentina con China, incluso interponiendo reparos a la integración de nuestro país a los BRICS, dejando al desnudo el verso de la unidad latinoamericana que los K dicen construir con el Mercosur y la Unasur.
Este acuerdo y la participación de CFK en la reunión de los BRICS (ver “La cumbre de Fortaleza y las tensiones del ‘orden internacional’” en LVO N°578) le sirvieron para “coquetear” con estos países que, en el marco de la crisis capitalista mundial, tejen alianzas defensivas ante la decadencia hegemónica de EE.UU. y a su propia desaceleración económica. “Hay un mundo nuevo, actores nuevos que quieren cooperar con uno para arrastrar este inmenso carro que es el mundo que está siendo sostenido por los países emergentes en una crisis generada por las economías centrales y en la que nos quieren tirar el muerto a las economías emergentes”, dijo Cristina en la inauguración de una planta de Yamaha este 23 de julio. Pero, mientras negocia con los buitres y banca a patronales yanquis como Lear.
El “modelo” chino hoy tiene un PBI per cápita que es la mitad del argentino y tiene muchos de los sectores más dinámicos de su economía bajo control de capital imperialista, o bajo capitales nacionales pero en asociaciones subordinadas del tipo de las que Foxconn es paradigma. Brasil mostró en la previa del Mundial cómo chocaron las ilusiones populares con las políticas de ajuste del PT. Sudáfrica es recorrida por masivas huelgas. India es otro reservorio de mano de obra barata. Rusia primarizó su economía con la restauración capitalista. No son alternativa ni cuestionan en lo fundamental el orden mundial imperialista: la ruptura con el imperialismo y una vía anti capitalista sólo puede ser obra de la clase obrera en unidad con los trabajadores y pueblos latinoamericanos que sufren nuestros mismos problemas.
Pablo Anino
El apoyo de Enzo Pérez y del plantel de Belgrano de Córdoba
Enzo Pérez, jugador de la Selección, desde su Mendoza natal también apoya a los trabajadores de Lear.
El domingo 20, en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, Belgrano y Talleres jugaban un partido amistoso. El equipo celeste, “los Piratas” posó para la tradicional foto sosteniendo una bandera solidaria con los obreros de Lear, donde se lee “¡Familias en la calle nunca más! No a los despidos en Lear”
Buitres en NY: al filo de la navaja
Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa redobló el 21 de julio la presión sobre el gobierno. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de hacer los pagos de bonos “performing” (que ingresaron a los canjes) que vencieron el 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio. El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los bonos nominados en yenes y euros, también afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York para afrontar el vencimiento. Los acreedores fuera de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Los bonistas que entraron al canje pueden iniciar reclamos por el valor total de los bonos (si al menos el 25% de los bonistas acuerda). Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos. Tampoco se descarta que el “stay” lo pidan los buitres para sostener el privilegio que les da el fallo y que podrían perder ante un default.
Griesa dispuso nuevos encuentros de conciliación. Los funcionarios argentinos insisten en que no pueden alcanzar un acuerdo, ya que se dispararía la claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Desde el gobierno sostienen que un arreglo con los buitres aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que los especuladores confiaban en un acuerdo pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable. La deuda que caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante esta posibilidad, varios analistas señalan que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor comparado con otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia del gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.
Este hipotético plan B, ante la dureza de Griesa y el temor de la cláusula RUFO, podría sazonarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial. Pero la encerrona en la que se halla el gobierno es consecuencia de sus propias decisiones políticas. Si Griesa y los buitres tienen poder de daño, es porque se otorgó soberanía extranjera en las reestructuraciones kirchneristas de 2005 y 2010 para asegurar buenos niveles de aceptación en el canje.
Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina vuelva a ser desfalcada por los pagos a los especuladores, bien aderezados con cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente” está ahora acorralado por las cortes, en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de divisas, a consecuencia de los pagos de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia oficial y de todos los partidos patronales, la única salida a la crisis de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres. Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda hemos planteado la necesidad de un referéndum vinculante para que el pueblo decida, y no un puñado de funcionarios que hipotecan nuestro futuro a espaldas de los trabajadores.
Esteban Mercatante
Griesa dispuso nuevos encuentros de conciliación. Los funcionarios argentinos insisten en que no pueden alcanzar un acuerdo, ya que se dispararía la claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Desde el gobierno sostienen que un arreglo con los buitres aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que los especuladores confiaban en un acuerdo pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable. La deuda que caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante esta posibilidad, varios analistas señalan que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor comparado con otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia del gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.
Este hipotético plan B, ante la dureza de Griesa y el temor de la cláusula RUFO, podría sazonarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial. Pero la encerrona en la que se halla el gobierno es consecuencia de sus propias decisiones políticas. Si Griesa y los buitres tienen poder de daño, es porque se otorgó soberanía extranjera en las reestructuraciones kirchneristas de 2005 y 2010 para asegurar buenos niveles de aceptación en el canje.
Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina vuelva a ser desfalcada por los pagos a los especuladores, bien aderezados con cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente” está ahora acorralado por las cortes, en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de divisas, a consecuencia de los pagos de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia oficial y de todos los partidos patronales, la única salida a la crisis de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres. Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda hemos planteado la necesidad de un referéndum vinculante para que el pueblo decida, y no un puñado de funcionarios que hipotecan nuestro futuro a espaldas de los trabajadores.
Esteban Mercatante
Movilización en Buenos Aires hacia la embajada sionista de Israel. ¡Todos somos Palestinos/as!
El Miércoles 16 de julio en Ciudad de Buenos Aires se marchó hasta la embajada sionista de Israel en solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia de mas de 60 años.
La Marcha fue convocada por el COMITÉ ARGENTINO DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA, integrado por decenas de organizaciones sociales, populares, políticas, de derechos humanos y estudiantiles de Argentina
Repudiamos energicamente los bombardeos y el ataque constante al que someten todos los días en la Franja de Gaza para exterminar y seguir ocupando territorio del al pueblo palestino.
El pueblo mapuche y los defensores de los grandes intereses económicos: Entrevista a Mapuexpress
Entrevistamos a Felipe Gutierrez, compañero Chileno e integrante del colectivo Mapuexpress sobre la situación del Pueblo Mapuche.
¿Como actuaron los gobiernos de Sebastián Piñera y de Bachelet respecto a la situación del pueblo Mapuche? ¿cuales son las principales reivindicaciones? ¿cuales son las medidas concretas para visibilizar ésta lucha?
Mapuexpress es un colectivo comunicacional que busca proyectar un propio camino de pensamiento, discurso y propuestas al interior del Pueblo Mapuche, entendiendo también que es fundamental una estrategia informativa para no tener que estar obligado a recurrir siempre a las mismas fuentes comunicacionales que discriminan y atentan contra el mapuche, por ello, las nuevas voces que han surgido en este espacio fluyen como planteamientos sin censura y sin desvirtuaciones, con nuevos aportes que surgen no tan solo para el mapuche, sino además para informar debidamente a la opinión pública en general.
Entrevista con Gabriel Rot: los archivos de la guerrilla argentina.
Entrevistamos a Gabriel Rot, investigador de la experiencia revolucionaria argentina. Fundador de la revista "Lucha armada" y del archivo virtual "El topo blindado". Debatimos sobre el pasado, presente y futuro de la revolución en Argentina, sobre los aciertos y errores de la experiencia de los setenta y el tipo de rescate del período que se realiza en el presente.
Chavez un fantasma de cuerpo presente. Entrevista a Hugo Calello.
En el ciclo de De razones y pasiones, historias que preparan otro futuro, Eduardo Lucita entrevistó al sociólogo y militante Hugo Calello quien hablo de su formación política y académica, de su iniciación en la militancia y de su recorridos entre Argentina y Venezuela reflexionando acerca de la marcas históricas que ha dejado el comandante Hugo Chavez en el mundo.
Preocupaciones por la economía en Argentina
Existe preocupación en la sociedad sobre la evolución de la economía argentina en la coyuntura.
Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito a la sentencia en Nueva York ante la demanda de los fondos buitres.
Por el lado de los precios existe una gran dispersión, con tendencias a consolidar un aumento considerable para el conjunto del año, con un 15% señalado por el INDEC para el primer semestre del 2014. Constituye una incógnita todavía evaluar el impacto en el conjunto de los precios que tendrá la continuidad de rebajas o eliminación de subsidios a servicios públicos.
La evolución oficial de precios en 15% proyecta una medición anual que en la mínima varía en torno al 30% y que puede dispararse por encima, mientras que las actualizaciones de ingresos populares son menores.
Según el Ministerio de trabajo, en las negociaciones paritarias el ajuste salarial promedio alcanzó el 29,7% para todo el año 2014. Son datos que influyen, especialmente, a la hora de pensar el impacto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría entre los trabajadores de mayores ingresos relativos.
Con datos de la Encuesta de Hogares del INDEC a fines del 2013 y actualizados con un 30%, en un estudio de la FISYP, verificamos que el 35,5% de los trabajadores de minería son sujetos del impuesto; lo mismo que un 29,1% de los trabajadores de la industria petrolera; el 27,5% del sector colchones y muebles; el 22% de otras industrias manufactureras; o el 20,7% del sector de información y comunicación. En otros casos, el alcance del impuesto varía según el nivel de ingresos salariales, con una gran dispersión para un promedio de salarios del sector formal de 5.147 pesos mensuales a diciembre del 2013. Si adicionamos un 30%, ese promedio llega a los 6.691 pesos al mes.
Hay que recordar que el impuesto se paga a partir de los $9.000, y siempre para aquellos que perciben por encima de $15.000. El Jefe de Gabinete informó que la contribución tributaria alcanza a un millón de trabajadores regularizados.
Vale mencionar que es un tema que concentra una de las preocupaciones entre las organizaciones sindicales, más allá de la cercanía o lejanía con el proyecto oficialista y es fuente de medidas de fuerza y protesta que se discuten en la coyuntura.
Más allá del injusto impuesto, es conocido que un tercio de los trabajadores están en situación no regularizada, con menor capacidad en la defensa de sus ingresos, ya que no acceden a la negociación colectiva y no siempre son considerados por las organizaciones sindicales, aunque algunos incluyen como afiliados a sus sindicatos a los contratados en condición irregular.
Ocurre algo similar en materia de deterioro de ingresos entre los jubilados y pensionados, aun cuando tienen actualización por ley. Ni hablar del conjunto de beneficiarios de planes sociales, los que cuentan con menos posibilidades de intervenir en la demanda de mejoras de ingresos.
Un dato relevante en la coyuntura es el retorno del fantasma del desempleo y la precariedad, alimentado con la desaceleración económica informada por el INDEC y evidenciado con la creciente conflictividad motivada por suspensiones y cesantías de trabajadores en los principales rubros de la economía, especialmente en la industria.
En efecto, el INDEC acaba de difundir estimaciones preocupantes, entre las que destaca la evolución de la actividad económica, de la construcción y el saldo comercial.
El estimador mensual industrial da cuenta de una tendencia declinante desde mayo del 2013, siendo la industria el sector determinante en la recuperación del empleo y los salarios luego de la crisis del 2001.
Algo similar refleja el indicador sintético de la actividad de la construcción, a la baja desde junio del 2013.
El saldo comercial disminuye y en términos absolutos existe una tendencia a la baja de las exportaciones e importaciones. Por el lado de las exportaciones, con relativo ascenso desde marzo por el ciclo de la producción primaria, no llega al máximo de un año antes. Es una situación agravada con una tendencia a la baja de los precios internacionales producto de una gran cosecha en EEUU.
Escenarios posibles sobre la crisis de la deuda
En medio de este proceso de achique y enfriamiento de la economía local que se descarga sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida de la sociedad, se presentan las derivaciones que surgen de la sentencia del Juez Griesa en Nueva York.
No se trata solo de la coyuntura, sino de un problema estructural para afianzar la dependencia y subordinación del país al orden capitalista.
Todos los escenarios posibles sostenidos por unos y otros auguran complicaciones mayores para satisfacer demandas sociales.
Las opciones se instalaron entre pagar ya, incluso parcialmente, posición sostenida por Macri o Cobos, entre otros; o desde el comienzo del 2015 como parece derivarse del discurso oficial (pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas y equitativas) y avalado en estos días por Lavagna que escribió “mejor un tifón que un tsunami”.
Entre esas posturas, con matices, se mueve todo el oficialismo (con duras críticas a los fondos buitres y al Juez Griesa), como Massa, Sanz, o Binner, y constituyen parte importante de los argumentos mediáticos en la mayoría del periodismo y analistas.
Pagar ya puede derivar en mayores costos estimados por el gobierno entre 120.000 y 500.000 millones de dólares por la cláusula RUFO, que condiciona a pagar la mejor oferta a los ingresados al canje 2005 y 2010.
Postergar la decisión del cumplimiento de la sentencia y el pago hasta el próximo año supone superar los límites de esa cláusula. Pero compromete recursos públicos a futuro por los montos de la sentencia, unos 1.600 millones de dólares, más aquellos que aún no litigaron ni entraron a los canjes. Se estima que el total puede alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Es una cifra que condiciona la resolución de otras demandas sociales.
Los que quieren pagar ya, la totalidad o una parte vía depósito judicial quieren evitar el default, total el costo económico social por pagos presentes y eventuales no los involucra.
Entre los demás se especula con transferir el costo potencial del default a una medida “irracional” de Griesa, apoyados en solidaridades del campo de la dominación. El Financial Times dice que el Juez no entiende cómo funciona el mercado de capitales, y como otros analistas, temen que Nueva York pueda perder negocios por el antecedente.
Un escenario alternativo que crece entre un conjunto de personalidades, sectores políticos y sociales pasa por la suspensión de los pagos ya y sustanciar una investigación con participación popular del carácter de la deuda pública.
Se pretende diferenciar la parte legítima de la ilegitima de la deuda y definir las porciones fraudulentas y odiosas.
Es la base para pensar redefiniciones de política económica, de modelo productivo y de inserciones globales que alejen al país de la dependencia a que condena el cáncer de la deuda y la subordinación al sistema financiero mundial.
El antecedente de rebeldía propiciado oportunamente por Ecuador o Islandia, incluso la Argentina con la cesación de pagos del 2001, da cuenta de un rumbo a transitar en la búsqueda de otra perspectiva.
No le fue mal a Ecuador, ni tampoco a Islandia con sus posicionamientos y decisiones.
Como no le fue mal a la Argentina liberando fondos destinados a cancelar deuda y orientándolos a resolver problemas económicos y sociales, aun cuando se discuta el sentido principal de la política económica entre 2002 y el presente.
Tampoco le fue mal al país estar afuera del mercado de préstamos y de la tormenta sufrida por aquellos países con fuerte endeudamiento en la explosión de la crisis del 2007/08.
Claro que una decisión autónoma e independiente de rechazo a la deuda y suspensión de pagos supone costos, especialmente por el boicot del poder económico y las clases dominantes, locales y globales.
Al mismo tiempo, es el punto de partida para actuar con independencia y propiciar otra articulación de relaciones internaciones, de cooperación y superación de la lógica capitalista.
Es un tema que se define en la disputa política por la movilización y organización popular.
Julio C. Gambina
Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito a la sentencia en Nueva York ante la demanda de los fondos buitres.
Por el lado de los precios existe una gran dispersión, con tendencias a consolidar un aumento considerable para el conjunto del año, con un 15% señalado por el INDEC para el primer semestre del 2014. Constituye una incógnita todavía evaluar el impacto en el conjunto de los precios que tendrá la continuidad de rebajas o eliminación de subsidios a servicios públicos.
La evolución oficial de precios en 15% proyecta una medición anual que en la mínima varía en torno al 30% y que puede dispararse por encima, mientras que las actualizaciones de ingresos populares son menores.
Según el Ministerio de trabajo, en las negociaciones paritarias el ajuste salarial promedio alcanzó el 29,7% para todo el año 2014. Son datos que influyen, especialmente, a la hora de pensar el impacto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría entre los trabajadores de mayores ingresos relativos.
Con datos de la Encuesta de Hogares del INDEC a fines del 2013 y actualizados con un 30%, en un estudio de la FISYP, verificamos que el 35,5% de los trabajadores de minería son sujetos del impuesto; lo mismo que un 29,1% de los trabajadores de la industria petrolera; el 27,5% del sector colchones y muebles; el 22% de otras industrias manufactureras; o el 20,7% del sector de información y comunicación. En otros casos, el alcance del impuesto varía según el nivel de ingresos salariales, con una gran dispersión para un promedio de salarios del sector formal de 5.147 pesos mensuales a diciembre del 2013. Si adicionamos un 30%, ese promedio llega a los 6.691 pesos al mes.
Hay que recordar que el impuesto se paga a partir de los $9.000, y siempre para aquellos que perciben por encima de $15.000. El Jefe de Gabinete informó que la contribución tributaria alcanza a un millón de trabajadores regularizados.
Vale mencionar que es un tema que concentra una de las preocupaciones entre las organizaciones sindicales, más allá de la cercanía o lejanía con el proyecto oficialista y es fuente de medidas de fuerza y protesta que se discuten en la coyuntura.
Más allá del injusto impuesto, es conocido que un tercio de los trabajadores están en situación no regularizada, con menor capacidad en la defensa de sus ingresos, ya que no acceden a la negociación colectiva y no siempre son considerados por las organizaciones sindicales, aunque algunos incluyen como afiliados a sus sindicatos a los contratados en condición irregular.
Ocurre algo similar en materia de deterioro de ingresos entre los jubilados y pensionados, aun cuando tienen actualización por ley. Ni hablar del conjunto de beneficiarios de planes sociales, los que cuentan con menos posibilidades de intervenir en la demanda de mejoras de ingresos.
Un dato relevante en la coyuntura es el retorno del fantasma del desempleo y la precariedad, alimentado con la desaceleración económica informada por el INDEC y evidenciado con la creciente conflictividad motivada por suspensiones y cesantías de trabajadores en los principales rubros de la economía, especialmente en la industria.
En efecto, el INDEC acaba de difundir estimaciones preocupantes, entre las que destaca la evolución de la actividad económica, de la construcción y el saldo comercial.
El estimador mensual industrial da cuenta de una tendencia declinante desde mayo del 2013, siendo la industria el sector determinante en la recuperación del empleo y los salarios luego de la crisis del 2001.
Algo similar refleja el indicador sintético de la actividad de la construcción, a la baja desde junio del 2013.
El saldo comercial disminuye y en términos absolutos existe una tendencia a la baja de las exportaciones e importaciones. Por el lado de las exportaciones, con relativo ascenso desde marzo por el ciclo de la producción primaria, no llega al máximo de un año antes. Es una situación agravada con una tendencia a la baja de los precios internacionales producto de una gran cosecha en EEUU.
Escenarios posibles sobre la crisis de la deuda
En medio de este proceso de achique y enfriamiento de la economía local que se descarga sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida de la sociedad, se presentan las derivaciones que surgen de la sentencia del Juez Griesa en Nueva York.
No se trata solo de la coyuntura, sino de un problema estructural para afianzar la dependencia y subordinación del país al orden capitalista.
Todos los escenarios posibles sostenidos por unos y otros auguran complicaciones mayores para satisfacer demandas sociales.
Las opciones se instalaron entre pagar ya, incluso parcialmente, posición sostenida por Macri o Cobos, entre otros; o desde el comienzo del 2015 como parece derivarse del discurso oficial (pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas y equitativas) y avalado en estos días por Lavagna que escribió “mejor un tifón que un tsunami”.
Entre esas posturas, con matices, se mueve todo el oficialismo (con duras críticas a los fondos buitres y al Juez Griesa), como Massa, Sanz, o Binner, y constituyen parte importante de los argumentos mediáticos en la mayoría del periodismo y analistas.
Pagar ya puede derivar en mayores costos estimados por el gobierno entre 120.000 y 500.000 millones de dólares por la cláusula RUFO, que condiciona a pagar la mejor oferta a los ingresados al canje 2005 y 2010.
Postergar la decisión del cumplimiento de la sentencia y el pago hasta el próximo año supone superar los límites de esa cláusula. Pero compromete recursos públicos a futuro por los montos de la sentencia, unos 1.600 millones de dólares, más aquellos que aún no litigaron ni entraron a los canjes. Se estima que el total puede alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Es una cifra que condiciona la resolución de otras demandas sociales.
Los que quieren pagar ya, la totalidad o una parte vía depósito judicial quieren evitar el default, total el costo económico social por pagos presentes y eventuales no los involucra.
Entre los demás se especula con transferir el costo potencial del default a una medida “irracional” de Griesa, apoyados en solidaridades del campo de la dominación. El Financial Times dice que el Juez no entiende cómo funciona el mercado de capitales, y como otros analistas, temen que Nueva York pueda perder negocios por el antecedente.
Un escenario alternativo que crece entre un conjunto de personalidades, sectores políticos y sociales pasa por la suspensión de los pagos ya y sustanciar una investigación con participación popular del carácter de la deuda pública.
Se pretende diferenciar la parte legítima de la ilegitima de la deuda y definir las porciones fraudulentas y odiosas.
Es la base para pensar redefiniciones de política económica, de modelo productivo y de inserciones globales que alejen al país de la dependencia a que condena el cáncer de la deuda y la subordinación al sistema financiero mundial.
El antecedente de rebeldía propiciado oportunamente por Ecuador o Islandia, incluso la Argentina con la cesación de pagos del 2001, da cuenta de un rumbo a transitar en la búsqueda de otra perspectiva.
No le fue mal a Ecuador, ni tampoco a Islandia con sus posicionamientos y decisiones.
Como no le fue mal a la Argentina liberando fondos destinados a cancelar deuda y orientándolos a resolver problemas económicos y sociales, aun cuando se discuta el sentido principal de la política económica entre 2002 y el presente.
Tampoco le fue mal al país estar afuera del mercado de préstamos y de la tormenta sufrida por aquellos países con fuerte endeudamiento en la explosión de la crisis del 2007/08.
Claro que una decisión autónoma e independiente de rechazo a la deuda y suspensión de pagos supone costos, especialmente por el boicot del poder económico y las clases dominantes, locales y globales.
Al mismo tiempo, es el punto de partida para actuar con independencia y propiciar otra articulación de relaciones internaciones, de cooperación y superación de la lógica capitalista.
Es un tema que se define en la disputa política por la movilización y organización popular.
Julio C. Gambina
El caso sobre la apropiación de Papel Prensa
La falsa autopsia del apoderado de Graiver
La dictadura cívico-militar argentina extorsionó, torturó y asesinó a integrantes del grupo financiero Graiver para apoderarse de la compañía Papel Prensa. Los dueños de los periódicos Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
El testimonio de un médico que vio y escuchó al genocida Ramón Camps ordenar que se falsearan las causas de la muerte de Jorge Rubinstein puede repercutir en la investigación sobre el despojo de Papel Prensa. El cadáver estaba en la morgue de la Bonaerense.
El lugar era grande, con una mesada donde había un cadáver; estaba lleno de gente. Lleno de tipos con uniforme, de la Policía, de la Marina, del Ejército y otros. El ambiente parecía dominado por la exaltación. Los tipos se acercaban al cadáver y lo insultaban, le gritaban, lo puteaban: ‘¡Judío de mierda!’, ‘¡Judío hijo de puta!’. Era algo dantesco. Pasaron unos minutos y vi bajar a alguien por la escalera… ¡Era Camps! Se paró, miró a los presentes, que hicieron un inmediato silencio, y en tono de arenga militar, casi gritando, dijo algo así: ‘Ustedes, señores, están aquí para algo importantísimo. Este individuo –creo que ahí llenó también su boca con insultos de todo tipo– es un delincuente montonero… de los Graiver. Acá tiene que quedar claro que se murió por muerte natural, que no le hicimos nada. Se murió solo’.”
El testimonio pertenece al médico Alejandro Olenchuk, quien luego de 37 años de silencio relató lo ocurrido el 4 de abril de 1977 en la morgue policial ubicada en el subsuelo del edificio de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata. El cadáver al que se refiere Olenchuk era el de Jorge Rubinstein, de 51 años, apoderado del Grupo Graiver, asesinado ese mismo día durante una sesión de torturas en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco. Allí, en ese momento, también estaban detenidos-desaparecidos Lidia Papaleo e Isidoro, Juan y Eva Graiver, entre otros integrantes del grupo empresarial que poco antes había sido despojado de Papel Prensa por los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con los máximos jefes de la dictadura cívico-militar instalada el 24 de marzo de 1976.
La presencia en el lugar del jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps, para dar en persona, a una “junta médica” de ocho integrantes, la orden directa de falsificar la autopsia de Jorge Rubinstein revela no sólo la importancia que la dictadura daba a la operación relacionada con los familiares y socios de David Graiver, a quienes había secuestrado pero necesitaba vivos para someterlos a un “consejo de guerra” que validara el despojo de todas sus propiedades, sino que también pone en evidencia una puja intestina entre los dictadores, con Camps –apoyado por el gobernador de facto de la provincia, Ibérico Saint Jean, y el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason (a) Pajarito– de un lado y Jorge Rafael Videla del otro.
Testimonio de un médico.
El relato del médico Alejandro Olenchuk fue obtenido por el también médico e investigador Ricardo Martínez en el marco de sus indagaciones sobre la participación de los médicos de la morgue de la Bonaerense en el encubrimiento del genocidio cometido por la última dictadura. El resultado de este trabajo –anticipado por Miradas al Sur en su edición del 23 de marzo de este año– quedó reunido en el libro La marca de la infamia, de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y el propio Martínez.
Olenchuk, por entonces jefe de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios de La Plata, fue involuntario testigo de los hechos, ya que concurrió a la morgue policial por orden del ministro de Salud de la provincia en esa etapa de la dictadura, Joseba Kelmendi de Ustarán, sin saber para qué se lo convocaba. También –gracias a la intervención de un forense policial, cuyas motivaciones aún hoy desconoce– pudo evitar su participación en la falsa autopsia.
En su relato, Olenchuk recuerda con lujo de detalles lo que le ocurrió el 4 de abril de 1977. “Ese día no me puedo olvidar cuando el telefonista del hospital, un hombre alto y grande, me vino a buscar para decirme que el ministro quería hablar conmigo y que debía ir al Ministerio –cuenta–. Pensé muchas cosas y también de las peores, pero sin llegar a tranquilizarme me dije que si me quería echar no me llamaría el ministro, y si querían detenerme tampoco. Las dos veces que me echaron no me avisó nadie. La única precaución que se me ocurrió fue avisarle a otro de los jefes médicos del hospital. ‘Mire doctor, le dije, me llama el ministro para hablar conmigo, quiero que usted sepa’. El hombre entendió mi intención de inmediato”.
Una vez en el Ministerio, en la antesala del despacho del ministro, Olenchuk se encontró con otro médico, el entonces director del Policlínico General San Martín nombrado por la dictadura, Ramón Posadas, que también había sido citado. “Eso me tranquilizó, ya que a Posadas lo tenía como una persona alejada de cuestiones políticas (…). La verdad es que al saber que éramos dos, algo me tranquilizó”, explica. Una vez dentro del despacho, el ministro De Ustarán fue deliberadamente impreciso sobre el propósito de la citación. “Nos dijo: ‘Necesitamos que ustedes representen al Ministerio en una actividad en la Jefatura de Policía’”, recuerda. Y agrega: “Yendo para allá, me doy cuenta de que no llevaba guardapolvo, me pareció que si iba vestido con guardapolvo estaba, no sé, como más protegido. Así que paré en el Instituto Médico (n. de la r.: se refiere al Instituto Médico Platense, ubicado a menos de cien metros de la Jefatura), agarré uno de un médico amigo y me lo puse”.
En el hall de la Jefatura, Olenchuk no supo hacia dónde dirigirse, hasta que se encontró con otro médico. Se trataba del policía médico Jorge Antonio Bergés, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad. “Ni bien entro, se me cruza un médico que me reconoció, uno de Quimes. El apellido era Bergés –dice–. Me conoció al instante porque había sido alumno mío, y con mucha amabilidad me atendió… y cuando le dije que me habían citado, enseguida me guió al lugar (…). Me señaló la puerta y entré solo. Bergés por entonces no era como ahora, ahí se movía como pez en el agua. Conocía todo. El lugar era un piso inferior o en un subsuelo, porque tuve que bajar una escalera. Cuando bajo llego a uno sala grande… lo que vi no me lo olvidaré jamás.”
Lo que el médico Alejandro Olenchuk vio y escuchó en la morgue es lo que se reproduce al principio de esta nota. La “junta” para cumplir con la misión ordenada por el genocida Ramón Camps estaba conformada por ocho médicos, dos civiles (Olenchuk y Posadas) y cinco policías médicos y un médico militar a quienes Olenchuk no conocía. La investigación de Adelina Dematti de Alaye, Ricardo Martínez y Karen Wittenstein pudo identificarlos de la siguiente manera: J. C. Rebollo (subcomisario), R.O. Calafell (subcomisario), R. Canestri (oficial principal), Eduardo Sotés (subcomisario), O. Raffo (jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín) y el teniente primero médico del Regimiento 7 de Infantería Ricardo Nicolás Lederer.
Después de la arenga, Camps se fue por donde había llegado. Olenchuk no sabía qué hacer. “Camps se retira y no sé cuánto pasó para que uno de los presentes, alguien que yo no conocía, se dirige a mí y me dice: ‘¿La autopsia la va a hacer usted, doctor?’ –recuerda–. Cuando escuché eso me quedé mudo, sin saber qué decir. Qué podía decir… En eso, un médico medio bajo y creo que de bigotes se apresura a cualquier respuesta mía. ‘Disculpe, doctor –dijo–, pero me parece que la autopsia la debo realizar yo porque soy médico forense de la Policía’. Yo tomé esas palabras como una salvación. Creo que ese médico me conocía, creo haberlo visto por el Policlínico… creo que también tenía una hija que era médica. Mi respuesta fue instantánea: ‘Sí, por supuesto, doctor’… Y me fui (…). Yo quería irme de allí”.
El certificado de defunción de “NN o Jorge Rubinstein” (así se lo identifica en el Libro Morgue), firmado por uno de los médicos participantes de la falsa autopsia, Eduardo Sotés, consigna como causa de muerte “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología. No se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. El informe está acompañado de once fotografías y en varias de ellas se aclara: “No se observan signos de violencia externa”. En otras palabras: Jorge Rubinstein, asesinado en la sala de torturas del centro clandestino de detención Puesto Vasco, había dejado de existir por causas meramente naturales, ni más ni menos que lo que había ordenado Camps. Y no se culpe a nadie.
Secuestros y tensiones intestinas.
A principios de marzo de 1977, el genocida Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudo finalmente dar la orden a sus grupos de tareas para que pusieran en marcha la “Operación Amigo”, cuyo objetivo era el secuestro de los integrantes del Grupo Graiver. Al frente de la tarea puso a su hombre de mayor confianza, el comisario Miguel Etchecolatz.
El 14 de marzo fueron secuestradas la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y dos de las secretarias ejecutivas del grupo, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Tres días después, el 17 de marzo, corrieron la misma suerte Isidoro (hermano de David), Juan y Eva Graiver (sus padres) y el apoderado del Grupo empresario, Jorge Rubinstein, cuyo estado de salud era delicado y estaba reponiéndose de un presunto accidente automovilístico del que se sospecha que fue un atentado. Días más tarde fueron secuestrados Rafael Ianover, quien había sido el principal testaferro de David Graiver en Papel Prensa, y otros familiares e integrantes del Grupo.
Para Camps se trataba de una operación largamente demorada. Tenía en la mira a los Graiver, por “judíos y montoneros”, desde poco después de instalado el golpe de Estado, pero hasta entonces habían estado fuera de su alcance por precisas órdenes del dictador Jorge Rafael Videla. Los dictadores los necesitaban libres pero presionados para darle visos de legalidad a una de sus operaciones más importantes: que los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
En Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, Jorge Mancinelli y quien esto escribe explicaron que se trataba de una necesidad estratégica de la dictadura, para contar con la complicidad comunicacional y propagandística de los tres diarios más importantes de la Argentina. En noviembre de 1976, los familiares del malogrado David Graiver y el testaferro Rafael Ianover se habían visto obligados, bajo amenazas de muerte, a traspasar sus acciones a los dueños de los tres diarios durante una reunión realizada por la noche, en las oficinas que el diario La Nación tenía en el edificio de Florida 1. Aunque la empresa estaba valuada en alrededor de 15 millones de dólares, la transacción se hizo por 996.000 dólares, de los cuales la viuda de Graiver sólo recibió 7.000 en ese momento. No recibiría más.
Conseguidas las firmas para el traspaso, faltaban aún algunos aspectos legales que prolongaron la operación de apropiación hasta principios de marzo de 1977. Recién entonces, el dictador Videla, a través del general Guillermo Suárez Mason, le dio luz verde a Camps para que secuestrara a los Graiver. Pero los necesitaba vivos –aunque quebrados por las detenciones ilegales y las torturas– para someterlos a un consejo de guerra, instruido por el general Bartolomé Gallino, que los encontrara culpables del delito de “subversión económica” para así poder expropiar, a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa), el resto de las empresas del Grupo.
Una vez secuestrados, los integrantes del Grupo Graiver fueron confinados en Puesto Vasco y, más tarde, en el Pozo de Banfield, donde fueron sometidos a constantes torturas. Mientras esto ocurría, los dueños y los representantes legales de los tres diarios que se habían apropiado de Papel Prensa se reunían con Gallino para “darle letra” para los interrogatorios.
Pero en Puesto Vasco, Jorge Rubinstein “se les quedó” a los torturadores. La noticia de su muerte fue un duro golpe para Camps, que vio peligrar su posición en el Ejército y en el andamiaje represivo de la dictadura. No quería que Videla –contrariado por ese “exceso”– ordenara su desplazamiento. En ese contexto, la falsa autopsia de Rubinstein ordenada por Camps y perpetrada en la morgue de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no sólo fue una maniobra tendiente a ocultar una muerte más del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura sino también un intento del jefe de la Bonaerense de armarse un escudo protector por haber contrariado las órdenes de sus superiores.
Ahora, el testimonio del médico Alejandro Olenchuk sobre la autopsia de Rubinstein arroja nueva luz sobre los hechos. Seguramente, su contenido llegará al conocimiento del titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, donde la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa parece dormir el sueño de los (in)justos.
Daniel Cecchini
Miradas al Sur
La dictadura cívico-militar argentina extorsionó, torturó y asesinó a integrantes del grupo financiero Graiver para apoderarse de la compañía Papel Prensa. Los dueños de los periódicos Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
El testimonio de un médico que vio y escuchó al genocida Ramón Camps ordenar que se falsearan las causas de la muerte de Jorge Rubinstein puede repercutir en la investigación sobre el despojo de Papel Prensa. El cadáver estaba en la morgue de la Bonaerense.
El lugar era grande, con una mesada donde había un cadáver; estaba lleno de gente. Lleno de tipos con uniforme, de la Policía, de la Marina, del Ejército y otros. El ambiente parecía dominado por la exaltación. Los tipos se acercaban al cadáver y lo insultaban, le gritaban, lo puteaban: ‘¡Judío de mierda!’, ‘¡Judío hijo de puta!’. Era algo dantesco. Pasaron unos minutos y vi bajar a alguien por la escalera… ¡Era Camps! Se paró, miró a los presentes, que hicieron un inmediato silencio, y en tono de arenga militar, casi gritando, dijo algo así: ‘Ustedes, señores, están aquí para algo importantísimo. Este individuo –creo que ahí llenó también su boca con insultos de todo tipo– es un delincuente montonero… de los Graiver. Acá tiene que quedar claro que se murió por muerte natural, que no le hicimos nada. Se murió solo’.”
El testimonio pertenece al médico Alejandro Olenchuk, quien luego de 37 años de silencio relató lo ocurrido el 4 de abril de 1977 en la morgue policial ubicada en el subsuelo del edificio de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata. El cadáver al que se refiere Olenchuk era el de Jorge Rubinstein, de 51 años, apoderado del Grupo Graiver, asesinado ese mismo día durante una sesión de torturas en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco. Allí, en ese momento, también estaban detenidos-desaparecidos Lidia Papaleo e Isidoro, Juan y Eva Graiver, entre otros integrantes del grupo empresarial que poco antes había sido despojado de Papel Prensa por los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con los máximos jefes de la dictadura cívico-militar instalada el 24 de marzo de 1976.
La presencia en el lugar del jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps, para dar en persona, a una “junta médica” de ocho integrantes, la orden directa de falsificar la autopsia de Jorge Rubinstein revela no sólo la importancia que la dictadura daba a la operación relacionada con los familiares y socios de David Graiver, a quienes había secuestrado pero necesitaba vivos para someterlos a un “consejo de guerra” que validara el despojo de todas sus propiedades, sino que también pone en evidencia una puja intestina entre los dictadores, con Camps –apoyado por el gobernador de facto de la provincia, Ibérico Saint Jean, y el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason (a) Pajarito– de un lado y Jorge Rafael Videla del otro.
Testimonio de un médico.
El relato del médico Alejandro Olenchuk fue obtenido por el también médico e investigador Ricardo Martínez en el marco de sus indagaciones sobre la participación de los médicos de la morgue de la Bonaerense en el encubrimiento del genocidio cometido por la última dictadura. El resultado de este trabajo –anticipado por Miradas al Sur en su edición del 23 de marzo de este año– quedó reunido en el libro La marca de la infamia, de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y el propio Martínez.
Olenchuk, por entonces jefe de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios de La Plata, fue involuntario testigo de los hechos, ya que concurrió a la morgue policial por orden del ministro de Salud de la provincia en esa etapa de la dictadura, Joseba Kelmendi de Ustarán, sin saber para qué se lo convocaba. También –gracias a la intervención de un forense policial, cuyas motivaciones aún hoy desconoce– pudo evitar su participación en la falsa autopsia.
En su relato, Olenchuk recuerda con lujo de detalles lo que le ocurrió el 4 de abril de 1977. “Ese día no me puedo olvidar cuando el telefonista del hospital, un hombre alto y grande, me vino a buscar para decirme que el ministro quería hablar conmigo y que debía ir al Ministerio –cuenta–. Pensé muchas cosas y también de las peores, pero sin llegar a tranquilizarme me dije que si me quería echar no me llamaría el ministro, y si querían detenerme tampoco. Las dos veces que me echaron no me avisó nadie. La única precaución que se me ocurrió fue avisarle a otro de los jefes médicos del hospital. ‘Mire doctor, le dije, me llama el ministro para hablar conmigo, quiero que usted sepa’. El hombre entendió mi intención de inmediato”.
Una vez en el Ministerio, en la antesala del despacho del ministro, Olenchuk se encontró con otro médico, el entonces director del Policlínico General San Martín nombrado por la dictadura, Ramón Posadas, que también había sido citado. “Eso me tranquilizó, ya que a Posadas lo tenía como una persona alejada de cuestiones políticas (…). La verdad es que al saber que éramos dos, algo me tranquilizó”, explica. Una vez dentro del despacho, el ministro De Ustarán fue deliberadamente impreciso sobre el propósito de la citación. “Nos dijo: ‘Necesitamos que ustedes representen al Ministerio en una actividad en la Jefatura de Policía’”, recuerda. Y agrega: “Yendo para allá, me doy cuenta de que no llevaba guardapolvo, me pareció que si iba vestido con guardapolvo estaba, no sé, como más protegido. Así que paré en el Instituto Médico (n. de la r.: se refiere al Instituto Médico Platense, ubicado a menos de cien metros de la Jefatura), agarré uno de un médico amigo y me lo puse”.
En el hall de la Jefatura, Olenchuk no supo hacia dónde dirigirse, hasta que se encontró con otro médico. Se trataba del policía médico Jorge Antonio Bergés, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad. “Ni bien entro, se me cruza un médico que me reconoció, uno de Quimes. El apellido era Bergés –dice–. Me conoció al instante porque había sido alumno mío, y con mucha amabilidad me atendió… y cuando le dije que me habían citado, enseguida me guió al lugar (…). Me señaló la puerta y entré solo. Bergés por entonces no era como ahora, ahí se movía como pez en el agua. Conocía todo. El lugar era un piso inferior o en un subsuelo, porque tuve que bajar una escalera. Cuando bajo llego a uno sala grande… lo que vi no me lo olvidaré jamás.”
Lo que el médico Alejandro Olenchuk vio y escuchó en la morgue es lo que se reproduce al principio de esta nota. La “junta” para cumplir con la misión ordenada por el genocida Ramón Camps estaba conformada por ocho médicos, dos civiles (Olenchuk y Posadas) y cinco policías médicos y un médico militar a quienes Olenchuk no conocía. La investigación de Adelina Dematti de Alaye, Ricardo Martínez y Karen Wittenstein pudo identificarlos de la siguiente manera: J. C. Rebollo (subcomisario), R.O. Calafell (subcomisario), R. Canestri (oficial principal), Eduardo Sotés (subcomisario), O. Raffo (jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín) y el teniente primero médico del Regimiento 7 de Infantería Ricardo Nicolás Lederer.
Después de la arenga, Camps se fue por donde había llegado. Olenchuk no sabía qué hacer. “Camps se retira y no sé cuánto pasó para que uno de los presentes, alguien que yo no conocía, se dirige a mí y me dice: ‘¿La autopsia la va a hacer usted, doctor?’ –recuerda–. Cuando escuché eso me quedé mudo, sin saber qué decir. Qué podía decir… En eso, un médico medio bajo y creo que de bigotes se apresura a cualquier respuesta mía. ‘Disculpe, doctor –dijo–, pero me parece que la autopsia la debo realizar yo porque soy médico forense de la Policía’. Yo tomé esas palabras como una salvación. Creo que ese médico me conocía, creo haberlo visto por el Policlínico… creo que también tenía una hija que era médica. Mi respuesta fue instantánea: ‘Sí, por supuesto, doctor’… Y me fui (…). Yo quería irme de allí”.
El certificado de defunción de “NN o Jorge Rubinstein” (así se lo identifica en el Libro Morgue), firmado por uno de los médicos participantes de la falsa autopsia, Eduardo Sotés, consigna como causa de muerte “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología. No se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. El informe está acompañado de once fotografías y en varias de ellas se aclara: “No se observan signos de violencia externa”. En otras palabras: Jorge Rubinstein, asesinado en la sala de torturas del centro clandestino de detención Puesto Vasco, había dejado de existir por causas meramente naturales, ni más ni menos que lo que había ordenado Camps. Y no se culpe a nadie.
Secuestros y tensiones intestinas.
A principios de marzo de 1977, el genocida Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudo finalmente dar la orden a sus grupos de tareas para que pusieran en marcha la “Operación Amigo”, cuyo objetivo era el secuestro de los integrantes del Grupo Graiver. Al frente de la tarea puso a su hombre de mayor confianza, el comisario Miguel Etchecolatz.
El 14 de marzo fueron secuestradas la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y dos de las secretarias ejecutivas del grupo, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Tres días después, el 17 de marzo, corrieron la misma suerte Isidoro (hermano de David), Juan y Eva Graiver (sus padres) y el apoderado del Grupo empresario, Jorge Rubinstein, cuyo estado de salud era delicado y estaba reponiéndose de un presunto accidente automovilístico del que se sospecha que fue un atentado. Días más tarde fueron secuestrados Rafael Ianover, quien había sido el principal testaferro de David Graiver en Papel Prensa, y otros familiares e integrantes del Grupo.
Para Camps se trataba de una operación largamente demorada. Tenía en la mira a los Graiver, por “judíos y montoneros”, desde poco después de instalado el golpe de Estado, pero hasta entonces habían estado fuera de su alcance por precisas órdenes del dictador Jorge Rafael Videla. Los dictadores los necesitaban libres pero presionados para darle visos de legalidad a una de sus operaciones más importantes: que los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
En Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, Jorge Mancinelli y quien esto escribe explicaron que se trataba de una necesidad estratégica de la dictadura, para contar con la complicidad comunicacional y propagandística de los tres diarios más importantes de la Argentina. En noviembre de 1976, los familiares del malogrado David Graiver y el testaferro Rafael Ianover se habían visto obligados, bajo amenazas de muerte, a traspasar sus acciones a los dueños de los tres diarios durante una reunión realizada por la noche, en las oficinas que el diario La Nación tenía en el edificio de Florida 1. Aunque la empresa estaba valuada en alrededor de 15 millones de dólares, la transacción se hizo por 996.000 dólares, de los cuales la viuda de Graiver sólo recibió 7.000 en ese momento. No recibiría más.
Conseguidas las firmas para el traspaso, faltaban aún algunos aspectos legales que prolongaron la operación de apropiación hasta principios de marzo de 1977. Recién entonces, el dictador Videla, a través del general Guillermo Suárez Mason, le dio luz verde a Camps para que secuestrara a los Graiver. Pero los necesitaba vivos –aunque quebrados por las detenciones ilegales y las torturas– para someterlos a un consejo de guerra, instruido por el general Bartolomé Gallino, que los encontrara culpables del delito de “subversión económica” para así poder expropiar, a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa), el resto de las empresas del Grupo.
Una vez secuestrados, los integrantes del Grupo Graiver fueron confinados en Puesto Vasco y, más tarde, en el Pozo de Banfield, donde fueron sometidos a constantes torturas. Mientras esto ocurría, los dueños y los representantes legales de los tres diarios que se habían apropiado de Papel Prensa se reunían con Gallino para “darle letra” para los interrogatorios.
Pero en Puesto Vasco, Jorge Rubinstein “se les quedó” a los torturadores. La noticia de su muerte fue un duro golpe para Camps, que vio peligrar su posición en el Ejército y en el andamiaje represivo de la dictadura. No quería que Videla –contrariado por ese “exceso”– ordenara su desplazamiento. En ese contexto, la falsa autopsia de Rubinstein ordenada por Camps y perpetrada en la morgue de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no sólo fue una maniobra tendiente a ocultar una muerte más del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura sino también un intento del jefe de la Bonaerense de armarse un escudo protector por haber contrariado las órdenes de sus superiores.
Ahora, el testimonio del médico Alejandro Olenchuk sobre la autopsia de Rubinstein arroja nueva luz sobre los hechos. Seguramente, su contenido llegará al conocimiento del titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, donde la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa parece dormir el sueño de los (in)justos.
Daniel Cecchini
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