viernes, 26 de mayo de 2017

El Lava Jato en Argentina



El agravamiento de la crisis política en Brasil no sólo ha colocado en la picota al usurpador Michel Temer. El Lava Jato ha estallado con toda su fuerza en la situación política argentina. Por sobre todas las cosas, ha revelado hasta qué punto quienes gobiernan o han gobernado el país saquearon al presupuesto público en favor de los intereses capitalistas.
Como es sabido, los funcionarios delatores del grupo Odebrecht revelaron a la Justicia norteamericana el pago de 35 millones de dólares de sobornos a funcionarios argentinos en los últimos años, para favorecerse en la adjudicación de obras. Desde el soterramiento del ferrocarril Sarmiento hasta las plantas potabilizadoras de AySA, pasando por los gasoductos troncales, a esos contratos se han asociado varios de los pulpos más caracterizados del país y del continente -es el caso de Camargo Correa, Benito Roggio o Cartellone. En el soterramiento, la obra más costosa, el socio local es IECSA, la constructora que pertenecía a Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. El Lava Jato, por lo tanto, no sólo golpea a los De Vido, sino también al corazón del gobierno actual y de varias administraciones provinciales. Es el caso del gasoducto cordobés que licitaron sucesivamente De la Sota y Schiaretti, y que Macri inauguró el año pasado con un casco de Odebrecht en su cabeza. El sayo le cabe también al jefe de la ex Side argentina y mano derecha del Presidente, Gustavo Arribas, el cual, según los cambistas ilegales del pulpo brasileño, tramitó diez transferencias de fondos a través de ellos.
El 1° de junio, la Justicia brasileña debería levantar el secreto de sumario respecto de los sobornos de Odebrecht en otros países, entre ellos, la Argentina. La cercanía de esta fecha, y la perspectiva explosiva de estas revelaciones, han iniciado en el país una crisis política con cuenta regresiva. Todo un régimen está discutiendo la “reducción de daños” -o sea, los términos de un encubrimiento en favor de funcionarios, gobiernos y empresarios.


Protección a dos bandas

En ese cuadro, Odebrecht le ha ofrecido a la Justicia local el ‘modelo’ de acuerdos que ya ha practicado en otros países de la región –a saber, la entrega de la información sobre coimas a funcionarios a cambio de la continuidad de sus contratos de obra pública. Los fiscales de la kirchnerista Gils Carbó, que protegen a los De Vido, alegan que la legislación argentina no permite un acuerdo con un alcance tan vasto. Pero en nombre de las trabas interpuestas por los fiscales K, el gobierno puso en marcha otra operación de encubrimiento, si se quiere, aún más alevosa: por indicaciones del propio Macri, iniciaron una negociación directa con Odebrecht de la mano del ministro de Justicia y de la jefa de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso. En este caso, la lista de los argentinos involucrados quedaría sometida al “filtro” de los funcionarios macristas. Pero, además, Odebrecht ofrece el pago de una ‘multa’ equivalente a los sobornos pagados, a cambio de la continuidad de sus obras -o sea, un segundo soborno para seguir expoliando el presupuesto público. La sola tentativa de poner en marcha este acuerdo escandaloso demuestra que el “republicanismo” termina donde empiezan los intereses capitalistas.
La posibilidad de que el Lava Jato golpee con más fuerza aún al gobierno Cambiemos puso en ‘estado de alerta y movilización’ a Elisa Carrió, quien ha salido a plantear una depuración selectiva del gabinete macrista y, en particular, de sus servicios de espionaje. Carrió denuncia a la segunda jefa de la ex Side, pero rescata a su jefe Gustavo Arribas, que pertenece al riñón del Presidente. Del mismo modo, no abrió la boca para reclamar la rescisión de las obras de Odebrecht. En cambio, y como lo reveló un periodista de su palo (Morales Solá), la ‘campeona de la transparencia’ se reunió con los abogados locales del pulpo brasileño, como parte de las negociaciones que éste sostuvo con el macrismo. Carrió trabaja por aminorar los daños del Lava Jato sobre el gobierno actual. Pero el rescate que tramita para Macri viene de la mano de los mismos intereses que manejan los hilos de la crisis brasileña -el Departamento de Estado norteamericano y el capital internacional.

La mano del imperialismo

No sorprende, por eso, que en la discusión sobre el rumbo del Lava Jato argentino, que ni la Justicia ni los funcionarios macristas consiguen destrabar, aparezcan voces que piden la “colaboración” de la Justicia norteamericana -la misma que ha piloteado el proceso de ‘delaciones’ de los principales popes de Odebrecht. Detrás de este reclamo, asoma la dimensión de fondo del Lava Jato en la Argentina. El periodista Carlos Burgueño acaba de poner el foco en “los préstamos que durante los últimos quince años fue entregando el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño a las principales compañías de su país para financiar su expansión por el mundo, incluyendo en la Argentina” (Ambito, 22/5). Se refiere a la compra de empresas -frigoríficos, constructoras, petroleras- y licitaciones de obras públicas, detrás de las cuales “muchos de los socios argentinos de las empresas brasileñas deberán prepararse para dar explicaciones” (ídem). Como en Brasil, el Lava Jato argentino es un ariete para desplazar a la gran burguesía del continente del botín de los recursos naturales y la obra pública, en favor del capital internacional. En Argentina, esta escalada debe abrir una crisis en el gobierno de Macri, repartido entre sus múltiples lazos -incluso familiares- con los “Odebrecht” argentinos, por un lado, y el capital financiero, por el otro. En Brasil y Argentina, la plataforma que debe hacer “viable” esta nueva recolonización es una escalada histórica contra los trabajadores y sus conquistas: convenios colectivos a la baja, ‘reforma previsional’ contra los jubilados, privatización aún mayor de la educación y la salud. Naturalmente, el aparato de represión del Estado -y sus servicios- deben alinearse con esta perspectiva. No hay que olvidar, ni por un momento, que la ‘republicana’ Carrió viene de ser la abanderada de la reconciliación con los genocidas de la dictadura.

Campaña tutelada

El escándalo Odebrecht en la Argentina debería dar lugar a una revisión completa de la obra pública, como factor de acaparamiento de los recursos públicos y de ataque a los intereses de trabajadores y consumidores. Por el contrario, los partidos y gobiernos asociados a los Odebrecht navegan entre un encubrimiento negociado y una nueva asociación corrupta -con los fondos financieros del imperialismo y sus “servicios”. La campaña electoral ha quedado bajo la tutela de estos intereses: los del ajuste y la recolonización económica. Frente a Carrió, el radicalismo presenta como supuesto opositor al ex embajador macrista en Estados Unidos -Lousteau-, cuya principal gestión residió en una operación de compra de armas a la industria bélica yanqui. Del lado del Frente Renovador, Massa, otro amigo de los “Odebrecht” argentinos, se ha agenciado a otra amiga del Departamento de Estado -Stolbizer- para tramitar su propio certificado de ‘transparencia’. Cristina Kirchner, por su parte, sería la candidata de la “unidad peronista” -o sea, un mascarón de proa de los intendentes y punteros que pactan cotidianamente el ajuste con el gobierno macrista de Vidal. En oposición a este desfile de sobornadores y sobornados, de espías y “servicios”, de entregadores del país y de sus trabajadores, el pueblo argentino ha protagonizado inmensas movilizaciones en los últimos meses.
La gran tarea del Frente de Izquierda es imprimirle un carácter consciente a esta expresión popular, con un programa y una acción en defensa de los trabajadores y de sus reivindicaciones históricas e inmediatas. La envergadura de esa lucha exige de una acción común del FIT en todos los planos y, naturalmente, también en el de las listas electorales. Con esta comprensión, el Partido Obrero lanza su campaña y sus candidatos en todo el país, contra “los candidatos de Odebrecht” y el ajuste a los trabajadores.

Marcelo Ramal

Los obreros de AGR-Clarín se movilizaron a la Justicia laboral

Los obreros de AGR-Clarín desarrollaron una movilización a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la zona de Tribunales, en reclamo ante la falta de respuestas por parte de la justicia.
La Comisión Interna ingresó con los abogados y se entrevistó con autoridades de la Sala 2 y la Sala 4, que concentran un gran número de causas en las cuales se está esperando una definición.
Puntualmente, los obreros ilegalmente despedidos por Magnetto han presentado recientemente 84 demandas de reinstalación y reclaman una instancia de diálogo con la patronal. Exigen también el pago de salarios caídos y el de una quincena efectivamente trabajada que no fue abonada. Clarín ha sufrido, por estos motivos, embargos judiciales. Como antecedente, en oportunidad del conflicto en la autopartista Lear la justicia estableció que al no haber un procedimiento preventivo de crisis corresponde el pago de los sueldos caídos. Con el no pago, la patronal busca ejercer una presión por hambre para que los obreros acepten un mal arreglo indemnizatorio.
La medida de lucha de los obreros forma parte de una tenaz pelea de 129 días en defensa de los puestos de trabajo, incluyendo 82 días de ocupación de la planta gráfica ubicada en el barrio de Nueva Pompeya. El cierre trucho del Grupo Clarín, al servicio del cual se han puesto la policía y la gendarmería de Macri-Bullrich, apunta a retomar la producción con personal desorganizado gremialmente y precarizado.

Prensa Obrera

Derechos humanos en la encrucijada

Gobierno promulga ley contra fallo de la Corte Suprema que reducía penas a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La masiva movilización ciudadana así como la rápida respuesta del Legislativo y del gobierno, pusieron freno a un fallo aprobado el 2 de mayo por la Corte Suprema que declaraba aplicable el beneficio carcelario del 2x1 que alcanzaba a condenados por delitos de lesa humanidad.
El fallo se basó en la ley 24.390 —que estuvo vigente entre 1994 y el 2001, cuando fue derogada— que permitía computar doblemente a partir del segundo año de detención los días que los acusados pasaban en prisión sin sentencia firme.
La decisión —aprobada por tres magistrados (dos nombrados por el presidente Mauricio Macri) de los cinco jueces supremos— se aplicaba al caso del represor Luis Muiña, quien había sido detenido en el 2007 y condenado en el 2011 a una pena de 13 años por formar parte de un grupo paramilitar que operaba en un centro de detención clandestino conocido como “El Chalet”, dentro del Hospital Posadas, en Buenos Aires.
Junto con Muiña fueron sentenciados los exbrigadieres Reynaldo Bignone e Hipólito Mariani. Bignone, de 89 años, fue el último presidente de facto de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Muiña, que ya gozaba de libertad condicional al momento de darse el fallo, había cumplido la mitad de su condena en diciembre del 2016 considerando los años que permaneció detenido sin sentencia firme.
Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), indicó que “el fallo de la justicia argentina ignora la necesidad de dar una respuesta diferenciada y severa a los crímenes contra la humanidad y las consecuencias que aquella tiene sobre la imposición y la ejecución de las penas. Adicionalmente, la sentencia tampoco valora si la persona que se beneficia con una libertad anticipada ha ofrecido información conducente al esclarecimiento de la verdad individual o histórica, ni considera si ha dado muestras de arrepentimiento que garanticen medidas de reparación y no repetición frente a las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas y la sociedad”.

Nunca Más

Alrededor de medio millón de personas se concentraron en la Plaza de Mayo el 10 de mayo, convocadas por organizaciones de derechos humanos encabezadas por las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.
Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que el 30 de abril cumplió 40 años exigiendo la aparición de sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura militar, repudiaron el fallo de la Corte Suprema al que consideran “un nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas”.
Durante el acto, Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, manifestó que “los genocidas siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas. Quieren que los represores caminen en la calle junto con nosotras”.
Cortiñas agregó que “todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo identidades falsas”, en alusión a los alrededor de 500 hijos e hijas de detenidas desaparecidas que fueron separados de sus madres, de los cuales se han logrado recuperar 122.
Según Abuelas de Plaza de Mayo “los niños robados como ‘botín de guerra’ fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre NN. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad”.
“Hemos demostrado, una vez más, que no queremos que los genocidas, los violadores y los asesinos caminen a nuestro lado”, señalaron los organizadores de la movilización en una declaración. “Las organizaciones de derechos humanos y el pueblo decimos Nunca Más”.
Unos 750 represores se encuentran presos sin condena firme, muchos de los cuales solicitaron el beneficio del 2x1 acogiéndose al fallo de la Corte Suprema, pedidos que no fueron acogidos. Alrededor de 30,000 personas fueron detenidas-desaparecidas por la dictadura militar argentina, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
El 12 de mayo, el gobierno promulgó la ley 27.362 —que dos días antes el Senado y la Cámara de Diputados habían sancionado— que establece que “la ley 24.390 —derogada por ley 25.430— no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”, que fue promulgada el 12 de mayo por el gobierno.
El objetivo de la norma, de sólo tres artículos, es evitar la aplicación del fallo de la Corte Suprema a otros represores condenados por violaciones a los derechos humanos. El artículo segundo precisa que el cómputo de las penas “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, además de señalar que el fallo de la Corte Suprema se apartaba de “los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”, saludó la promulgación de la ley 27.362 y la movilización ciudadana.
“La CIDH celebra que la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La CIDH saluda también a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante”, dice el comunicado publicado el 15 de mayo.

Noticias Aliadas

jueves, 25 de mayo de 2017

¿Qué se recuerda el 25 de Mayo?



¿Se trató de una revolución? ¿Qué cambió después de 1810? ¿Se rompieron las cadenas?

La invasión napoleónica a España en 1808 que provocó la captura del rey Fernando VII y la formación de juntas en su nombre y la caída de la Junta Central de Sevilla en 1810 tuvieron repercusiones directas en sus colonias americanas. En el virreinato del Río de la Plata, una multitud pidió la renuncia del virrey Cisneros y como consecuencia se formó, el 25 de mayo, el llamado primer gobierno patrio. La Primera Junta estaba integrada por militares (Saavedra y Azcuénaga), abogados (Paso, Belgrano, Castelli y Moreno), comerciantes (Larrea y Matheu) y el sacerdote Alberti quienes gobernaron en nombre de Fernando VII.

¿De qué revolución hablamos?

Si consideramos que las revoluciones burguesas, como la Revolución Francesa, implicaron la modificación en las relaciones de propiedad y en el ascenso de la burguesía al poder, nada de esto, al decir de Milcíades Peña pasó en las revoluciones americanas: “nadie en América Latina tenía interés en introducir estos cambios, y menos que nadie la burguesía comercial, y por supuesto nada de esto significó la independencia. No hay una clase burguesa dispuesta a estos cambios. Hay burguesía comercial intermediaria en el comercio extranjero, eminentemente portuaria y antinacional” (Peña: Antes de Mayo, pp. 86-87).
Por esto, la Revolución de Mayo, no fue una revolución social, ni produjo un cambio en la estructura económica, sino fue un recambio político de la élite gobernante que dio mayor relevancia al comercio inglés y limitó el comercio español. Son los inicios del proceso de construcción de una élite criolla vinculada a la dominación del capital británico. La Revolución de Mayo 1810 generó un cambio eminentemente político de carácter burgués que impulsó la subordinación del territorio al capital británico, proceso que se profundizará durante la segunda mitad del siglo XIX.
Pero también la Revolución de Mayo abrió un proceso de luchas independentistas contra España, que se expresaron en todo el continente en el marco de las distintas disputas coloniales y que había sido antecedido por la rebelión de Tupac Amarú y la revolución negra y la formación de la primera república negra en Haití. Durante la primera y segunda década del siglo XIX se iniciará un proceso de rupturas con el orden español que fortalecerán las perspectivas independentistas.
Si bien el proceso abierto con la Revolución de Mayo dilató hasta 1816 la declaración de la independencia, hay iniciativas que marcaron aspectos progresivos de orden social, aunque fueron minoritarios. Juan Dal Maso destaca iniciativas como la promoción de los derechos de los indígenas en la campaña de Castelli en el Alto Perú que si bien “no fueron predominantes, existieron dentro de la revolución, sectores que perseguían distintos aspectos de emancipación social, que resultaban indispensables para que hubiera un cambio en profundidad respecto de la dominación colonial”.
Sin embargo, estas iniciativas siguieron siendo minoritarias a la vez que la elite política ampliaba sus lazos con Gran Bretaña con quienes compartían sus intereses económicos. Es el inicio de la del largo proceso de formación de la elite que se conformara como una clase nacional dominante. Un Estado políticamente independiente pero subordinado al capital inglés fue el resultado de este proceso.
Hoy a 207 años tras muchas transformaciones de la clase dominante y su subordinación a Estados Unidos, trata de recomponer su brazo armado, en crisis luego de la dictadura militar, por eso, el desfile que prepara el gobierno para el próximo sábado para celebrar los 207 años de la Revolución de Mayo tiene, al decir del Ministerio de Defensa “la decisión del Gobierno Nacional de reforzar la integración con los países participantes y fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil”.

Hernán Perriere

A 160 años de la fundación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense



Hace 160 años se fundaba la Sociedad Tipográfica Bonaerense, una de las primeras asociaciones obreras cuyas tradiciones de lucha y combatividad hace falta retomar y trasmitir al día de hoy.

Es 25 de mayo de 1857. En las décadas que siguen el país habrá de adquirir la fisonomía propia del desarrollo capitalista y en ese contexto avanzará la organización de la clase obrera argentina -urbana, concentrada-. Pero en este día, en Buenos Aires, ya se funda la Sociedad Tipográfica Bonaerense.
Los primeros inmigrantes comienzan a llegar y se van agrupando no solo según su nacionalidad; también lo hacen según su oficio. Son zapateros, panaderos, carpinteros, todos lejos de su tierra y que traen muchos de ellos una tradición militante en la izquierda. Se fundan las primeras asociaciones obreras. La más temprana es justamente esta, la de los gráficos, los tipógrafos modernos.

La primera organización obrera

La Sociedad Tipográfica Bonaerense reunía a los trabajadores de los diferentes oficios relacionados con la producción y la venta de los materiales impresos, “con el propósito de defender los intereses de los trabajadores gráficos, promover el adelanto del arte tipográfico y proteger a los que necesitaban auxilio justo”. Así lo planteaba su declaración de principios. Catorce años después, para 1871, la Sociedad contaba con una biblioteca abierta a la comunidad, una de las primeras bibliotecas obreras, que llegó a tener más de diez mil ejemplares. También entablarán contacto con los obreros españoles, a través de la sección de aquel país de la Asociación Internacional de los Trabajadores (más conocida por nosotros como la Primera Internacional, que había sido fundada por Marx y Engels).
Van pasando estos primeros años y el capitalismo va tomando su fisonomía en Argentina, y junto a él nuevas oleadas de inmigrantes habitan frigoríficos y fábricas, los ferrocarriles y el puerto. También crecen la prensa escrita y sus imprentas. En 1861 en la ciudad ya se podían contar alrededor de 24 imprentas y un centenar de tipógrafos. Hacia el año 1879 existían aproximadamente 33 talleres de tipografía en los que trabajaban casi 600 obreros, de los cuales algunos eran italianos, españoles, uruguayos, franceses e ingleses. A este paso las asociaciones obreras se renuevan e interpretan un novedoso papel en el conflicto social: convocan actos, mítines, manifestaciones; son parte activa en la organización de muchas luchas obreras. Como a las de los demás, a la de los tipógrafos le tocará un papel central.

La primera huelga y el internacionalismo de los trabajadores

Corre el año 1878 y los dueños de los medios periodísticos no aceptan las demandas de actualización salarial que reclaman sus trabajadores. Encima, intentan prolongar las ya extenuantes jornadas. En asamblea, los trabajadores deciden ir al paro, esta primera huelga de tipógrafos es la primera huelga del país, que es convocada por la Unión Tipográfica, nacida de la ruptura de la Sociedad como una rama gremial. Las patronales cuentan con el respaldo y la colaboración de los medios de prensa y buscan doblegar la huelga contratando tipógrafos de Montevideo. Fracasan. Los trabajadores encuentran a sus hermanos de clase del otro lado del Río de la Plata. Ellos son parte de una tradición que está en su esplendor en el movimiento obrero por aquellos años, el internacionalismo. Se niegan a colaborar y hacen un manifiesto público “…saludamos y aplaudimos la trascendental huelga bonaerense”. Casi 40 días dura la huelga, que paraliza la publicación de diarios. Finalmente imponen sus demandas; salariales sí, pero también en lo que hace a la vida de las familias obreras: los niños empleados serán reemplazados de ahí en más por mayores.

La huelga general y la fundación de la FGB

Llegados a los primeros años del siglo XX, más precisamente a 1906, nos encontramos con numerosas huelgas de trabajadores con reclamos salariales y de condiciones de vida, y cuatro años de aplicación de la Ley de Residencia. Son tranviarios, panaderos, mecánicos y fundidores, peluqueros, cocheros, constructores de carruajes y ferroviarios. Entre ellos también están los trabajadores gráficos que van a la huelga. Están divididos en dos gremios, pero coordinan un movimiento de lucha común y forman un comité de huelga unitario. Las patronales responden con lock out, un cierre masivo de talleres y establecimientos. Pero la huelga se prolonga. Logran varios de sus reclamos y forman, por vez primera, una comisión de negociación paritaria y consiguen un convenio colectivo para toda la rama. El 3 de mayo de 1907, producto de esta batalla, los trabajadores tipógrafos fundan la Federación Gráfica Bonaerense, que agrupará a todos los trabajadores de la rama, y ya no por oficio como eran las primeras asociaciones de trabajadores.

160 años después

Aquella primera asociación no fue algo aislado. Se fundó en la primera tradición del movimiento obrero internacional que marcó a la clase trabajadora argentina por más de 70 años, hasta la llegada del peronismo. Durante los primeros años de organización del movimiento obrero, en sus métodos de lucha y su ideología se ve el enorme peso de los trabajadores inmigrantes con una fuerte impronta de las corrientes de izquierda, aportando a la construcción de una vanguardia con una gran experiencia de organización. Su internacionalismo, su combatividad, y la independencia política fueron sus sellos distintivos. De estas, las mejores tradiciones de la clase trabajadora, se nutren hoy las experiencias obreras como la de MadyGraf, ex Donnelley, que ante el cierre de la planta hace casi tres años, pelearon para mantener su fuente de trabajo poniéndola a producir bajo gestión de sus trabajadores y lograron la creación de una juegoteca.

Lorena Rebella
Profesora de Literatura
Soledad Domenichetti
Delegada FOETRA Agrupación Violeta | @soledome1 Historiadora

Contra el vaciamiento en el PAMI - Claudio Del Plá

Presa por ser mujer, pobre, morocha y lesbiana

Comunicado por la Libertad de Higui

Desde la Comisión de Género de la Facultad de Ciencias Médicas (Universidad Nacional del Comahue) nos pronunciamos por la libertad y la absolución de “Higui”, presa desde el 16 de octubre de 2016 por defenderse de un intento de violación.
Eva Analía de Jesús, apodada “Higui” por ser jugadora de fútbol y atajar de un modo similar a René Higuita, venía sufriendo agresiones por parte de un grupo de hombres que la hostigaban por ser lesbiana en su barrio de Mariló en la localidad de Bella Vista (partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires). En una oportunidad llegaron a quemarle la casa. Por eso llevaba siempre un cuchillo de cocina a modo de defensa personal. El 16 de octubre pasado, cuando salía de la casa de un amigo, fue agredida por diez hombres que intentaron violarla y amenazaron con empalarla. Ella se defendió con el cuchillo matando a uno de los agresores, antes de quedar inconsciente por los golpes. Cuando llegó la policía estaba desmayada junto al agresor muerto. Desde entonces permanece detenida acusada de “Homicidio simple” en la UFI N° 25 de la localidad de Malvinas Argentinas. Mientras tanto, sus agresores continúan impunes.
Como señalan las organizaciones que reclaman por su libertad, “Higui” está presa por ser mujer, pobre, morocha, lesbiana, ejercer libremente su sexualidad y luchar por cumplir sus sueños. Hacemos responsable de esta detención arbitraria e ilegal al Poder Judicial Machista, Patriarcal y Capitalista, que solo es garantista para otorgar impunidad a los represores de la dictadura (como la reciente concesión del 2x1) y a los delitos cometidos por los grandes grupos económicos, así como a los demás poderes del Estado en sus tres niveles que no llevan a cabo medidas para evitar la violencia contra las mujeres (como quedó demostrado en los recientes feminicidios de Micaela García y Aracelli Fulles). Se calcula que en la actualidad ocurre un feminicidio cada 18 horas, miles de mujeres y niñas permanecen secuestradas y violadas por las redes de trata de personas, y otras permanecen presas o procesadas por defenderse de los violentos o por ejercer el derecho al aborto (como el caso de la médica residente por quién nos pronunciamos recientemente).
Por todo lo expuesto, desde la Comisión de Género de la FaCiMed nos pronunciamos por la inmediata libertad de “Higui”, por juicio y castigo para sus agresores, y destitución de todos los funcionarios judiciales y políticos responsables de esta detención ilegal.
¡Con Higui tras las rejas no hay Ni una Menos!

Comision de género de la FACIMED

La primavera otoñal del macrismo: ni tanto ni tan poco

Cuando las aguas de marzo irrumpieron vertiginosamente expresando el creciente descontento social en las calles, para cierta oposición furiosa parecía que el gobierno estaba grogui y a escasos metros de su triste y solitario final.

El voluntarismo vacío del kirchnerismo emocional dibujaba la difusa apariencia de que la pesadilla ceocrática atravesaba su temprano fin de ciclo.
El escándalo del “correogate”, las multitudinarias movilizaciones docentes, el paro y la masiva marcha que protagonizaron las mujeres, pasando por el no menos impactante 24 de marzo hasta llegar a la contundente huelga nacional del 6 de abril, contorneaban un escenario de una administración asediada y sin brújula.
Después de la marcha blanca del #1A, este optimismo de la voluntad mutó hacia el excesivo pesimismo de la desinteligencia por el presunto éxito de la polarización como estrategia del gobierno que permitió retonificar al macrismo y habilitó su contraofensiva.
Se combinaron la aguda crisis en Santa Cruz –producto del ajuste– que ciertos analistas irresponsables del oficialismo zurcían con un hilo rojo que llegaba hasta el drama venezolano; un deseado más que real éxito “thatcheriano” en la guerra de desgaste del conflicto educativo bonaerense y los magros actos que pusieron en pie las dirigencias sindicales tradicionales el 1º de mayo, con el unplugged intimista de la CGT en el estadio de Obras Sanitarias como patético botón de muestra. Sucesos que alentaron al gobierno a percibir más viento a favor de lo que la nueva coyuntura estaba dispuesta a dar. Las encuestas confirmaban el buen momento y el empate catastrófico del liderazgo peronista completaba el paisaje que se teñía nuevamente de un amarillo furioso.
Polarización por arriba, ajuste tiempista por abajo y metrobus para todos y todas por el centro configuraban la nueva fórmula algebraica, camino a las elecciones de medio término. El oficialismo se resignó a rasguñar un moderado triunfo en octubre sobre la base de una nueva “inmensa minoría”: el ansiado 35% en la provincia de Buenos Aires como piso y como techo.
Sin embargo, a todo este vértigo de pesimismos o exitismos le falta un factor: la economía y el persistente deterioro de la situación social.
Pronosticar las próximas elecciones haciendo abstracción de la situación económico-social es un pecado de lesa superficialidad. Podemos burlarnos de este método de abstracción como lo hacía el marxista León Trotsky cuando afirmaba que era perfectamente posible “salir a pasear desnudos en enero por Moscú (invierno boreal, NdR), haciendo abstracción del frío y la policía, aunque dudo que el frío y la policía hagan abstracción de nosotros”.
El salario real cayó en promedio 6,5% en el 2016 y los nuevos acuerdos paritarios firmados en lo que va de este año consolidan esa pérdida y la acrecientan. Consecuentemente, la participación de los trabajadores en el ingreso descendió del 37,4% al 34,3% de un año a otro. La industria y la construcción se derrumbaron: 11,3% y 5,7% respectivamente, golpeadas por la contracción del consumo a lo que se adiciona –en el caso fabril– el aumento de las importaciones. Todo este combo vicioso generó un incremento del desempleo: según los datos discontinuados del Indec, el promedio del año indica un aumento del 6,5% al 8,5% de la población económicamente activa y la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires contabilizó un incremento en la tasa de desocupación del 7,8% al 9,2% en el mismo período (2015-2016). Aumentó la cantidad de negocios cerrados en los centros urbanos, los tarifazos sostienen la alta inflación y la alta inflación mantiene arriba las tasas que paga el Banco Central por las Lebac que, a su vez, congelan la economía. El inflador para la obra pública que aplica el gobierno hacia la campaña electoral no logra motorizar al conjunto de la economía. Como definió un perspicaz analista: es difícil llegar a una temperatura virtuosa promedio prendiendo la calefacción y el aire acondicionado al mismo tiempo.

El acto fallido

Antes de que la vieja coyuntura termine de morir, la nueva nace a los codazos y promete una nueva adversidad para el macrismo en las calles. El peculiar y rebuscado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que encontró una fórmula jeroglífica para beneficiar con el 2x1 de manera exclusiva a los genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad, reinstala una agenda y reaviva una fractura profunda y no cerrada en la sociedad argentina. Curioso: los que venían con los modernos temas del siglo XXI bajo el brazo reabren el debate sobre los viejos crímenes políticos-sociales del siglo XX. Sobre esa fractura no resuelta surfeó el kirchnerismo, menos por convicciones (ausentes durante toda su trayectoria política) que por la necesidad de restaurar la autoridad estatal desplomada en el 2001, con el uso y abuso de los derechos humanos. Lo único sorpresivo ante el fallo de la Corte es la sorpresa impostada del gobierno. Una administración que cobijó al negacionista Darío Lopérfido (premiado con un cargo, nada menos que en Alemania) o al desbocado Gómez Centurión no puede sostener que la resolución de los cortesanos sea lo que se dice un “cisne negro”. El fallo supremo está inscripto en la dinámica de los acontecimientos y en el nuevo clima de época, es parte de la “estructura de sentimientos” de la coalición oficial. Complace y a la vez complica al gobierno en la bipolaridad que provoca la relación de fuerzas. Como afirmó el periodista Martín Rodríguez en Twitter: “Si el gobierno tuviera un solo vocero tendría que declarar así: ‘Celebramos y repudiamos el fallo del 2x1. Nos preocupa y nos estimula’.” Con la impensada novedad de los supremos, el cambiemismo en construcción recupera la calle... en su contra.
Cuando el bosque de la deprimida economía parecía oculto tras el árbol de la polarización, la endiablada política volvió a meter la cola. La aplicación de la fórmula típicamente peronista nosotros no somos buenos pero los demás son peores se queda corta ante los problemas que enfrentan la economía y la política.
La primavera otoñal del macrismo no es ni tanto ni tan poco, y todavía hay que pasar el invierno.
En la Argentina de los giros bruscos, antes que llorar o reír es mejor seguir el sabio y clásico consejo spinoziano: comprender.
Polarización por arriba, ajuste tiempista por abajo y metrobús para todos y todas por el centro configuraban la nueva fórmula algebraica, camino a las elecciones. Curioso: los que venían con los modernos temas del siglo XXI bajo el brazo reabren el debate sobre los viejos crímenes político-sociales del siglo XX.

Fernando Rosso
Río Negro

Juicio político a los jueces del 2x1 // Adolfo Pérez Esquivel

Mendoza: imputan a legisladores y dirigentes del Frente de Izquierda por los piquetes del paro del 6 de abril

En plena sesión de la Cámara de Diputados, se notificó de la imputación del delito de entorpecer el transporte por tierra (art 194 del Código Penal de Onganía) a los legisladores del Frente de Izquierda Víctor da Vila, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez, junto a los dirigentes obreros Raquel Blas, Guillermo Martínez Aguero, Jorge Chávez, entre otros.
El "delito" del que se los acusa es la realización de una concentración, marcha y acto el día del paro general del 6 de abril, oportunidad en la que el gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) desplegó un enorme operativo policial con la orden de desalojar la calle por la fuerza, algo que no se concretó gracias a la acción de los imputados.
Mientras se desarrollaba el acto, el secretario de gobierno y algunos funcionarios de Cornejo declararon a la prensa que iban a pedir el desafuero de los legisladores.
La imputación se notifica a un año de la represión a los trabajadores estatales donde la infantería golpeó y roció de gas a Fresina, Blas y Chávez.
En el caso de la compañera Raquel Blas se trata de una verdadera "caza de brujas" a una dirigente que no se resigna al acuerdo que estableció Cornejo con la burocracia de ATE -es el intento por desactivar cualquier resistencia del principal sindicato de la provincia.
Esta acción representa un salto en calidad en la política represiva que viene impulsando Cambiemos en todo el país, que tiene como antecedentes directos el desconocimiento de las tutelas sindicales, el intento de regimentar las asambleas de trabajadores (así como la intromisión directa en la vida de los sindicatos como en el caso de la intervención del gremio judicial), la instrumentación de medidas anti huelga como el doble presentismo, y el accionar policial en ocasión de ollas populares, de concentraciones de feriantes, ocupaciones de terrenos o el reclamo de barrios humildes inundados.

Represión política

Este “salto en calidad” represivo significa una declaración de guerra contra las libertades democráticas. El gobierno pretende que la acción política de los senadores y diputados de la izquierda se limite a las cuatro paredes de la legislatura, es por esto que no es casual que se avance contra los legisladores que estuvieron acompañando cada una de las luchas populares en la provincia y expresándolas al interior del recinto, y que denunciaron los actos de corrupción de funcionarios y legisladores (como el actual ministro de Economía Martín Kerchner) y planteando una salida obrera a la crisis provincial.
No se trata de una decisión judicial, sino de una decisión política del gobierno.
Si esta medida prospera la legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno. Ya son violados los fueros pues se está imputando a quienes ejercen una acción política consecuente con las plataformas electorales por las que fueron votados.
Al mismo momento de la notificación, expresaron su rechazo distintas organizaciones y personalidades. Lanzamos ya mismo una campaña contra este brutal ataque a las libertades democráticas y de acción política y sindical.
Llamamos al conjunto de la población a derrotar esta escalada represiva.

Comité Regional Mendoza del Partido Obrero

A 25 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui, el payador perseguido



“Si alguna vez he cantao ante panzudos patrones / he picaneao las razones profundas del pobrerío / yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones”

Atahualpa Yupanqui
El payador perseguido

Atahualpa Yupanqui (Héctor Roberto Chavero) fue, con Carlos Gardel, el ícono mayor de la música popular argentina. Murió hace 25 años en Nîmes, en el sur de Francia, donde había ido a actuar. Poeta y guitarrista exquisito, a su modo y con contradicciones intentó cumplir aquella sentencia que se dio a sí mismo en una de sus obras más notables: El payador perseguido (1972). Fue interpretado por artistas tan disímiles como los clásicos del folclore Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Mercedes Sosa y Horacio Guarany, entre tantos otros; y también por los chilenos Víctor Jara y Violeta y Ángel Parra, y por Jairo, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto y la enorme Chavela Vargas.
Había nacido en 1908 muy lejos de Nîmes, en una posta rural en el medio del campo entre Pergamino y Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Era la suya una familia criolla de origen vasco, mesturada con indios (en su casa paterna el quechua se hablaba junto con el castellano). En la cercana Junín tuvo su único maestro: el concertista Bautista Almirón, con quien estudió guitarra. Después, cuando su familia se mudó a Tucumán, fue maestro de escuela sin título, tipógrafo, periodista y hasta boxeador. Pero, sobre todo, descubrió otros ritmos y otros instrumentos, como la caja y el arpa india, que le darían una marca artística de la que no se desprendió jamás. Tampoco se desprendería del aprendizaje con Almirón, con quien aprendió a interpretar a maestros como Albéniz, Granados y Tárrega, y transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schuman. Un sincretismo superior entre los músicos universales y aquellos lamentos chayeros que les escuchó tocar a los indios del norte.
Tuvo, a fines de los años 20, un paso por Buenos Aires y no le fue bien: “Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo a mal trajinar (…) buscando de desasnarme fui pinche de escribanía / la letra chiquita hacía pa’ no malgastar sellao / y era también apretao el sueldo que recibía”, escribiría también en El payador…
En 1932, sorpresivamente para algunos, se vio involucrado en un hecho político violento: el levantamiento armado promovido en La Paz, Entre Ríos, por dos hermanos de apellido Kennedy, productores agrarios y militantes radicales, que se alzaron con algunos militares en contra del gobierno del general Agustín Pedro Justo, surgido de las elecciones fraudulentas de ese año. Fue un intento de golpe nacionalista en el que estuvieron también Gregorio Pomar y Arturo Jauretche, además, claro está, de Yupanqui. Fracasado aquel putch, el poeta buscó exilio en Montevideo, pero tampoco allí se sintió seguro. Se refugió entonces en el interior uruguayo y después en el sur de Brasil. De aquel Yupanqui alzado fusil en mano contra Justo poco se habló después, pero dejó testimonio de ese hecho en un poema de factura mayor: El Paso de los Libres.
En 1934 reingresó en la Argentina, se instaló en Rosario y tuvo por Buenos Aires, donde empezaba a ser popular, un paso mucho más afortunado que el anterior. Sin embargo, al año siguiente se radicó en Racó, un caserío 40 kilómetros al noroeste de Tafí Viejo, Tucumán, y desde allí anduvo por Salta, Catamarca, los Valles Calchaquíes, Bolivia. En 1942 se casó por segunda vez, ahora con la pianista y compositora sampedrina, de origen franco-canadiense, Nenette Pepin. Con ella vivió los siguientes 48 años. Legalmente, al menos en la Argentina, Atahualpa Yupanqui (ya se llamaba así) era bígamo, puesto que aquí no había divorcio y se casó en Montevideo.
Por entonces, ya era un militante activo del Partido Comunista. Eso le costó, durante el primer gobierno peronista, censura, cárcel y hasta tortura (los esbirros de Seguridad del Estado le rompieron la mano derecha para que no pudiera volver a tocar, pero se equivocaron: Yupanqui era zurdo). En 1949 se fue a Francia. Allí, en julio de 1950, Edith Piaf lo invitó a cantar en París y ese mismo año firmó contrato con Chant du Monde para grabar su primer disco europeo: Minero soy.
Yupanqui se había incorporado al PC en 1945; esto es, cuando el estalinismo argentino integraba la Unión Democrática con radicales y conservadores, y hasta pedía la intervención militar norteamericana en caso de que se produjera la victoria electoral del “naziperonismo”. En su edición del 14 de julio de 1948, el periódico del PC, Orientación, publica una entrevista a Yupanqui en la que el artista dice:
"Sé que el comunismo puede lograr la afirmación del hombre y la conciencia popular para vivir sin mitos, frente a la realidad de la tierra y al porvenir del país, una existencia laboriosa y digna. Lo intelectual y la creación artística deberán responder a un nuevo sentido, de levantada esperanza. Por estas razones, he ingresado al Partido Comunista. Para mejorarme como artista americano y rendir mi esfuerzo en bien de mi Patria".
En cambio, es mucho más escueta la explicación que el artista da de su ruptura con ese partido en julio de 1953. En el diario La Prensa, por entonces estatizado y dirigido por la ultraoficialista CGT, Yupanqui dice:
“Con el fin de desvirtuar interpretaciones equívocas, me veo en la obligación de dejar sentado públicamente, mi alejamiento del partido comunista, desde hace aproximadamente dos años. Que sólo me guía el anhelo de sumarme al engrandecimiento cultural de mi patria y a la difusión de los motivos musicales folklóricos de la nación argentina”.
Otra vez en El payador… Yupanqui dice, sin duda en referencia con aquella ruptura:

Pa que cambiaran las cosas
Busqué rumbo y me perdí;
Al tiempo, cuenta me di
Y agarré por buen camino.
¡Antes que nada, argentino;
y a mi bandera seguí...!

En cambio, todo parece indicar que las razones de la salida de Yupanqui del partido estalinista fueron más pedestres: apenas se produjo aquella desafiliación, el régimen que lo había encarcelado, torturado y deportado le organizó un homenaje en el teatro Astral y el poeta volvió a trabajar en la Argentina.
Instalado con Nenette en Cerros Colorados (Córdoba) no dejó de hacer giras por todo el país y por el extranjero. También le puso música a las películas Horizontes de piedra (1956) y Zafra (1959), en las que también actuó (la primera está basada en su obra Cerro bayo).
Por otra parte, se debe subrayar otro hecho poco conocido: Nenette fue la compositora de gran parte de las interpretaciones más famosas de Yupanqui. Esas obras están firmadas por un poeta inexistente: Pablo del Cerro. Según explicó más tarde Yupanqui, Nenette no quiso firmarlas con su nombre porque el machismo de la época haría que fueran rechazadas si su autora era una mujer. Entre esas composiciones figuran temas enormes del repertorio de Yupanqui, como Baguala del pobrecito, Chacarera de las piedras, El arriero va, El alazán, Indiecito dormido, Payo Solá, Vidalita tucumana, Zambita del buen amor y muchas otras.
En 1976, como buena parte de la intelectualidad argentina y de todos los partidos patronales y del estalinismo criollo (y de la URSS), Yupanqui le dio un respaldo inicial al golpe de Jorge Videla y compañía. Sin embargo, casi de inmediato la dictadura prohibió la mayoría de sus temas y el artista volvió a radicarse en París.
De un modo u otro, no fueron sus andares político-partidarios los que definieron a Yupanqui sino su calidad de artista vinculado con la vida del pueblo al que perteneció. Por otra parte, antes de él Buenos Aires y el mundo sólo conocían el folclore bonaerense –en menor medida el de Santiago del Estero−, pero Atahualpa hizo de la música de la Argentina profunda, la de nuestros pueblos originarios, un bien universal. Además, al contrario del Martín Fierro, Yupanqui resalta el vínculo del campesino con las etnias originarias: sus canciones rezuman el concepto de clase/nación. Y fueron Aníbal Troilo y Edmundo Rivero quienes tuvieron el mérito de unir esos valores folclóricos con la música urbana cuando grabaron una versión impagable de Los ejes de mi carreta.
Yupanqui murió el 23 de mayo de 1992.

Alejandro Guerrero

Los 50 años de Les Luthiers, esos viejos hazmerreíres



Llamaron “dubi dubi du” al acto sexual en su tema “Educación sexual moderna”. Son consejos a los jóvenes: “Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños / ya tienen edad suficiente, van a cumplir treinta años”. Carlos Núñez Cortés dice: “Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer”. Carlos López Puccio le contesta: “Hay que nombrarlo bien clarito”. Un dúo de López Puccio y Jorge Maronna se dirige al público: “Para que se pueda entender”. Todos a coro: “Eso se llama…” Y contesta Daniel Rabinovich: “¡Dubi dubi du!” El coro canta: “Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi du no debes descuidarte, debes tener cuidado”. López Puccio, con voz ingenua, pregunta: “¿Porque puedes contagiarte?” El coro le grita: “¡Porque es pecado!” En otro momento, Maronna explica: “En el matrimonio no hay peligro”. Rabinovich continúa: “Porque se hace muy poco…” Luego, el coro advierte que es más peligroso y pecaminoso hacer “daba daba” en vez de “dubi dubi”.
En setiembre próximo, estos viejos hazmerreíres, capaces de burlarse de todo –especialmente de ellos mismos− cumplirán 50 años. Acaban de recibir el premio Princesa de Asturias, que según los entendidos es una especie de Nobel de los músicos. No es el primero, tienen la estantería llena de premios.
Cuando Gerardo Masana fundó el grupo en 1967 (Masana falleció de leucemia en 1973, a los 36 años), transcurrían tiempos especiales de los que ellos fueron un producto directo.
En principio, los años 60 tuvieron un esplendor brilloso en la vida cultural. El mundo artístico se impregnaba de los aires rebeldes y revolucionarios de los tiempos, y bien vendía Les Luthiers con sus sátiras políticas, sociales, históricas, costumbristas, psicologistas y hasta sus burlas a la música clásica (todos ellos eran músicos clásicos). Ese auge incluía la proliferación de coros universitarios y así fue que Masana llevó al IV Festival de Coros Universitarios en San Miguel de Tucumán al coro de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Presentó un espectáculo humorístico surgido de bromas musicales en los ensayos, y con la novedad desopilante de instrumentos hechos con elementos caseros, con cosas de la vida cotidiana, confeccionados por Masana y el músico y lutier porteño Carlos Iraldi. Transcurría el año 1965.
El concierto elegido se llamó Cantata Modatón, por la marca de un laxante muy conocido en la época (finalmente, para no tener problemas legales, la llamaron Cantata Laxatón). La base musical de la cantata era la Pasión según San Mateo, de Johan Sebastian Bach, de modo que parodiaba las cantatas barrocas del siglo XVII. El éxito fue ruidoso.
Y de Bach tomaron el nombre de uno de sus personajes clave: Johan Sebastian Mastropiero, supuesto autor de todos sus temas. Según explica Carlos Mundstock en cada uno de los recitales, Mastropiero era hijo de italianos y tenía un hermano mafioso, Harold Mastropiero. Utilizaron por primera vez ese nombre en 1968, en el programa de televisión “Todos somos mala gente”, y tomaron el apellido de un personaje humorístico que había interpretado Masana: Freddy Mastropiero.
Después del éxito en Tucumán fueron convocados por el Instituto Di Tella, donde hasta 1970 –cuando la dictadura clerical de Juan Carlos Onganía lo hizo cerrar− se agrupaba toda la vanguardia artística del país y era en ese sentido un punto de referencia internacional. El grupo aún se llamaba I Musicisti. En el Di Tella, precisamente, tocaron una ópera cuyo nombre era una sigla: IMYLOH (I Musicisti y las óperas históricas).
En 1967, problemas de dinero provocaron una crisis y el grupo se rompió: Masana, con Mundstock, Marona, Núñez y Rabinovich siguieron con el nombre de Les Luthiers. I Musicisti se disolvió poco después. También fueron producto del auge que en las décadas de 1960 y 1970 tuvieron los teatros y café concert.
En 1970 contrataron a López Puccio y en 1971 a Ernesto Archer, que se fue en 1986. Durante 29 años fueron un quinteto. En 2015, Horacio “Tato” Turano y Martín O’Connor reemplazaron al fallecido Rabinovich.
Ahora, los viejos hazmerreíres han vuelto con sus sátiras. Su nuevo espectáculo se llama “Gran Reserva”. Lo estrenaron en Rosario y ya puede verse en Buenos Aires. Tienen 50 años, una edad ideal.

Alejandro Guerrero

miércoles, 24 de mayo de 2017

El pedido de justicia para Victoria Walsh



Ante el juez Daniel Rafecas, Patricia Walsh solicitó por primera vez que se abra una causa para investigar el homicidio de su hermana en el marco del genocidio. Vicki Walsh murió el 29 de septiembre de 1976, víctima de un operativo del Ejército.

El 29 de septiembre de 1976, más de un centenar de soldados del Primer Cuerpo del Ejército rodearon con tanques, autos y hasta un helicóptero la casa localizada en Miguel del Corro 105, en el barrio porteño de Floresta. Dentro de la vivienda estaba reunida la secretaría política de Montoneros, que resistió durante una hora y media el “terrible, enorme” operativo militar, hasta que finalmente sus integrantes murieron. La hija mayor del escritor y militante Rodolfo Walsh, María Victoria, era una de ellos. Su hermana Patricia Walsh solicitó ayer ante el juez federal Daniel Rafecas que la muerte de Vicki sea, por primera vez, investigada en el marco del genocidio que tuvo lugar en el país durante la última dictadura cívico militar. “A lo largo de los años, los juicios y los testimonios fueron aportando más datos del operativo en el que murió mi hermana, la investigación a fondo del hecho siempre estuvo pendiente. Esperemos que ahora se pueda terminar con la impunidad que rodea a sus responsables”, postuló la ex diputada.
Walsh presentó ayer su querella en el despacho de Rafecas, acompañada de sus abogadas y abogados Myriam Bregman, Liliana Mazea, Matías Aufieri y Lilén Reyes. El juez está dando los primeros pasos en una causa que investiga lo sucedido en Corro 105, donde murió Vicki Walsh. “Hemos trabajado mucho para que esta presentación sea todo lo sólida que tiene que ser, aporte y enriquezca con pruebas a la investigación judicial para poder romper con la impunidad que oculta una gran cantidad de hechos terribles que se cometieron en aquel operativo”, explicó Patricia. Entre las medidas de prueba solicitadas, Walsh exige la apertura de los archivos de aquella época, que “desde hace mucho denunciamos que existen y que hay que ponerlos a disposición del proceso” de Memoria, Verdad y Justicia.
Para Bregman, “es muy importante destacar el contexto actual” en el que se presenta la querella. “Cuando las autoridades insisten en presentar a los genocidas como viejitos condenados, y al proceso de justicia sobre los delitos que cometieron como en su etapa final, nosotros decimos que no son viejitos que ya rindieron cuentas, que pasaron 20 años viviendo en la impunidad y que aún hay muchos crímenes por investigar, como el de Vicki”.
María Victoria Walsh cumplía 26 años el día en que murió defendiéndose del ataque del Ejército desde la terraza de la casa a la que había llegado el día anterior, con su beba de un año y medio. Dos meses después de su muerte, su papá, Rodolfo Walsh, informaría en su “Carta a mis amigos” –texto en el que cuenta lo sucedido con Vicki– que María Victoria era secretaria de comunicación gremial de Montoneros; que antes había sido periodista y que tras dejar su puesto en el diario La Opinión, comenzó a militar en villas miseria. Aquellos días finales de septiembre de 1976, acudió a la vivienda de la familia Mainer, en el barrio porteño de Floresta, para reunirse con Alberto Molina Beluzzi, Ismael Salame, José Coronel e Ignacio Bertrán, otros integrantes de la secretaría política de la organización guerrillera.
Temprano en la madrugada del 29 de septiembre, el Ejército rodeó la casa y comenzó el ataque. Vicki sostuvo la defensa de los habitantes de Corro 105 junto Molina Beluzzi. Según el relato de un conscripto que participó del ataque, ambos se dispararon en la sien. Patricia Walsh y el equipo de abogados, en tanto, insisten en que la muerte de Vicki se dio “en el marco de uno de los operativos militares más grandes que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires” durante la última dictadura, precisó la abogada Bregman. Solicitan que el caso sea investigado en el marco del genocidio. El resto del secretariado de Montoneros murió dentro de la vivienda, luego de que los militares lanzaran granadas. Por las pruebas presentadas, los indicios y testimonios de juicios previos, se cree que entre los militares de alto rango que participaron del operativo figura Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba, y el integrante del Batallón 601 Héctor Vergez.
El hecho fue comunicado al día siguiente, cuando los diarios publicaron la versión del Ejército en la que, además de tergiversar lo sucedido, se ocultó información. “Con los años transcurridos, los juicios que comenzaron tras la caída de las leyes de impunidad, los testimonios de los sobrevivientes, supimos el alcance que tenía la operación que montaron sobre la calle Corro 105 y las víctimas, que no son solo las del secretariado de Montoneros. De esa casa se llevaron a mi pequeña hermana, Victoria, y a otra niña, Milagros Mainer, de 9 años, y a otros cuatro detenidos”. Todos pertenecían a la familia Mainer, dos mujeres y dos hombres. Uno de ellos tenía 16 años. Algunos permanecieron detenidos durante varios años.

Ailín Bullentini

"Decidí hacerme cargo de la mierda que me tocó"

La hija de Ricardo Lederer, quien se desempeñó como segundo jefe de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura, propuso que "los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos podríamos juntarnos para aportar datos".

"Pienso en voz alta. Los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos, esos que gritamos en sus caras la palabra asesino y memoria, verdad y justicia, por pocos que seamos, podríamos juntarnos, para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva", publicó en su Facebook Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, quien se desempeñó como segundo jefe en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. "No lo perdono, no sé si lo odio. También me preguntaron si lo quería, pero no me hago esa pregunta… No tuve odio, tuve tristeza porque quise que cambiara", dijo Erika sobre su padre, que se suicidó en 2012, cuando se confirmó la identidad del nieto recuperado Pablo Javier Gaona Miranda. Lederer había firmado el acta de nacimiento falsa que facilitó la apropiación de Pablo.
Erika, de 40 años y abogada especialista en mediación en contextos de encierro del Ministerio de Justicia de la Nación, se ofreció como gestora de un espacio de encuentro de hijas e hijos de represores "casi como una necesidad", por "sed de justicia". Fue después de leer la nota sobre la hija del represor Miguel Etchecolatz que publicó la revista Anfibia, aunque anticipa que ella no se cambiará el apellido: "Decidí hacerme cargo de la mierda que me tocó". En ese tono, asegura que en su familia la marcan como traidora por romper con el pacto de silencio.
"Por pocos que seamos, podemos juntarnos para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva", afirmó Erika en una entrevista hecha por el periodista Guillermo Lipis para la agencia Télam.
"Mi viejo era bipolar y muy violento. Vivíamos en un campo minado todo el tiempo", recuerda Erika, quien agrega que en su casa comían "con fotos de muertos sobre la mesa". Lederer describe la personalidad de su padre a partir de recuerdos, entre ellos, verlo apuntándole con un arma a la cabeza de su madre —a quien le reprocha su "ignorancia dolosa"— o la requisa que le hizo en su propia habitación.
Pocos días antes de que se suicidara, Erika le escribió "Memoria, Verdad y Justicia" en un mensaje de texto. Lederer fue a visitarla a su casa, donde vivía con sus dos hijos. "Cuando llegó le pregunté si pensaba arrepentirse y me dijo que no", cuenta.
-¿Odia a su padre?
-No lo perdono, no sé si lo odio. También me preguntaron si lo quería, pero no me hago esa pregunta… No tuve odio, tuve tristeza porque quise que cambiara…
-¿Qué eco está teniendo su propuesta?
-La expectativa es que se vaya sumando gente para generar relatos de estas historias que dejaron huella. Y para eso hay una página de Facebook en la que vamos encontrándonos. Se llama Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía. Nos va a servir para reconstruir nuestros relatos, rellenar algunas lagunas y lograr historias habitables. Nos vamos juntando de a poco. Es muy loco no haber tenido conexión antes. Lo primero que dije es que no voy a perder un minuto en discusiones que ya no doy porque la queja no sirve de nada. La consigna es reunirnos para aportar datos, contar historias que a otros les sirvan. Reunirnos para sanar porque no hay noción de los daños que aún se siguen produciendo. También destaco que no nos ponemos en pie de igualdad con los hijos de desaparecidos. En todo caso estamos al servicio, pero no nos sentimos con voz.
-¿Reconoce algún punto de inflexión en el que perdió la esperanza de entenderse con él?
-¿Cuándo perdí la esperanza de que se arrepienta…? Puedo indicar tres momentos diferentes. El primero fue cuando me di cuenta que los militares eran impiadosos a la hora de generar violencia sobre los cuerpos: en una oportunidad mi viejo le puso una pistola en la cabeza a mi mamá delante mío cuando yo tenía 15 años. Ahí entendí que era capaz de hacer cualquier cosa. El segundo fue a mis 24 años, cuando realizó una requisa de mi habitación. Yo no estaba en casa y entró a revisar mi pieza y tiró todo. Revolvió hasta encontrar unos periódicos que había dejado escondidos en la biblioteca. A los pocos días decidí irme de mi casa. El tercero fue cuando vino a ver a mis hijos antes de suicidarse. Poco antes le había mandado un mensaje de texto y le escribí 'Memoria, Verdad y Justicia'. Cuando llegó le pregunté si pensaba arrepentirse y me dijo que no. Creo que cuando visitó a los chicos ya le rondaba la idea del suicidio porque luego me llamó para decirme que me quería, no hablábamos muy seguido.
-¿Qué recuerdos tiene del vínculo con tu padre?
-Uff… que estaba loco, de hecho le decían "El loco". Mi viejo era bipolar y muy violento, sobre todo conmigo porque siempre lo interpelé, era la oveja negra de la familia. Su violencia dependía del día a día y yo lo detectaba mirándolo a los ojos. Podía ser extremadamente feroz y de golpe muy cariñoso. Vivíamos en un campo minado todo el tiempo.
El nombre de Ricardo Lederer surgió en los juicios por los casos de apropiación de bebés en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. En aquel juicio, Eduardo Alberto Pellerano, quien se desempeñó como médico del Hospital Militar de Campo de Mayo y renunció durante la dictadura, recordó a Lederer como "una persona que no era extrovertida pero que, entre copa y copa, alguna vez, le dijo 'ser adepto a mejorar la especie', como lo decía Hitler. Seguramente habrá querido significar con eso su nazismo con zeta”.
La enfermera Lorena Josefa Tasca también relató en el juicio oral por el robo de bebes que le tocó "intervenir en tres casos de mujeres no registradas: uno en epidemiología, otro en la cárcel de Campo de Mayo, y otro fue un parto" y señaló al doctor y capitán como "el segundo jefe militar de Obstetricia".
Luego, en la causa por la apropiación de Gaona Miranda, el rol de Lederer quedó probado: el certificado falso de “constatación de nacimiento” tenía su firma. Lederer conocía al represor Héctor Salvador Girbone, condenado a 8 años por ser el entregador del nieto recuperado, y uno de los represores que fracasó en el intento de beneficiarse recientemente con el fallo de la Corte Suprema. Lederer y Girbone no solo compartieron destino en Campo de Mayo para la fecha de la apropiación, sino también entre 1976 y 1977 habían estado juntos en la provincia de Salta.
Su hija, en diálogo con Télam, aportó más datos: "También estuvo involucrado en los vuelos de la muerte" cuando tiraban detenidos-desaparecidos al Río de la Plata, y se sumó a los 'carapintadas'". Y agregó que su padre era "íntimo amigo" del represor y ex jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps, quien tuvo a su cargo los centros clandestinos señalados como "Circuito Camps".
-¿Cuándo se dio cuenta a qué se dedicaba su padre en verdad?
-Alrededor de tercer grado, tenía 8 años, recuerdo que apareció una nota en PáginaI12 en la que mi papá defendió a Camps, de quien era íntimo amigo e iba a visitar a la cárcel hasta que se murió. En ese momento empezaron a decirme que no hablara de esas cosas en el colegio y no entendía porqué. Esto me sembró una duda de las buenas y me dio mucha vergüenza. Recuerdo que al mismo tiempo dejé de creer en Papá Noel. Pero mi viejo, que tenía un sadismo especial, ya había trabajado como forense de la Policía Bonaerense. Recuerdo que comíamos con fotos de muertos sobre la mesa.
-¿Reconoce algún aspecto suyo en su propia forma de actuar o su personalidad?
-Me considero temeraria, no tengo miedo (como él), y eso me ayudó a enfrentarlo. Fui educada con valores de mierda, pero uno de ellos me fue muy útil: la gallardía. Lo peor que se puede hacer para defender una idea es no tener coraje.
-¿Pensó en cambiarse el apellido como la hija de Etchecolatz?
-No. Mi apellido no es tan conocido, pero además decidí hacerme cargo de la mierda que me tocó. En una época me daba vergüenza decirlo, nos constituimos a partir de la subjetividad; y desde ahí podemos construir otra cosa. Por eso es que me consideran una traidora, un hecho que hasta hoy tiene efectos en mi vida. Familias como la mía tuvieron que vivir disociadas entre los afectos y la razón porque había que seguir conviviendo y mirarse a los ojos. Pero cuando se rompió el pacto de silencio se destrozaron los vínculos y las sanciones del clan fueron encarnizadas. En mi caso, por ejemplo, mi hermano no me da pelota, y con mi madre me llevo muy mal porque creo que tuvo una ignorancia dolosa; sabía lo que pasaba pero se hizo la boluda.

Página12

La inflación golpeó a los sectores más vulnerables: 10 % en el primer cuatrimestre



Según el Indec, una familia necesitó en abril $ 14.501 para no ser pobre acumulando una suba de 10,22 % en el primer cuatrimestre. La inflación fue de 9,1 %, mayor efecto sobre los sectores pobres.

La inflación sigue castigando los bolsillos este año, a pesar que el Gobierno insista con una meta oficial del 17 %, que ninguna consultora estima que sea posible alcanzar. Pero los aumentos de precios no afectaron a todos los sectores por igual, para los sectores más vulnerables fue mayor al 10 % al cierre del primer cuatrimestre del año.
El Indec difundió ayer que en abril el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, para una familia tipo alcanzó a $ 14.501, y acumuló un incremento de 10,22 %.
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el límite de indigencia, trepó a $ 5.918,80, sumando desde enero una variación de 8,4 %.
Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el INDEC tuvo en los primeros meses del año una variación de 9,1 %.
De esta forma, los habitantes en la franja de pobreza sufrieron 1 punto más de inflación que la media de la población, mientras que los indigentes tuvieron el efecto inverso.
Esta situación se explica por la composición de las canastas ya que la CBA incluye alimentos básicos para que una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos durante un mes pueda vivir, mientras que la CBT incorpora un conjunto de servicios públicos mínimos (luz, gas, agua y transporte). En consecuencia, como el incremento en los valores de los servicios fue el mayor impacto en todas las mediciones, y en la CBT su incidencia es mayor, esta canasta se encareció por encima del promedio general y de la CBA.
El informe de IPC del INDEC mostró que desde diciembre mientras los bienes tuvieron un alza de 7,7 %, en los servicios la suba fue de 11 %.

Argentina sin pobreza cero

A pesar de las promesas de pobreza cero del presidente, según datos del organismo oficial al cierre de 2016, se encontraban por debajo de la línea de pobreza 8.277.085 personas; y había 1.657.221 de indigentes sobre una población total en los 31 aglomerados relevados de 27.308.394 personas.
Las medidas que llevó adelante el Gobierno como la devaluación, los tarifazos del transporte y los servicios, provocaron la aceleración de la inflación deteriorando el poder adquisitivo de los salarios. Ante esto, el oficialismo insiste con imponer techos a las paritarias. Mientras las grandes patronales fueron beneficiadas por la ceocracia, los trabajadores y los sectores populares son los más castigados.

Redacción LID

Marcha contra el fallo 2x1 a los genocidas

¿A quién interesa un conflicto en Corea del Norte?

En caso de guerra con Corea del Norte, Estados Unidos se enfrenta a un desafío militar quizás como nunca antes en los últimos setenta años. Esta es la razón del por qué un poder disuasivo convencional es en realidad más importante que un poder disuasivo nuclear si pensamos de manera realista una situación de guerra. La desventaja es que la República Popular Democrática de Corea es plenamente consciente de que si responde a un ataque de EEUU, aunque sea de carácter limitado y solo contra instalaciones militares, el país sería catalogado como agresor allanando así el camino para una mayor intervención extranjera.
Para responder esta pregunta, es necesario examinar lo que implicaría un ataque de EEUU contra Corea del Norte. Baste decir que, como ha admitido el senador neoconservador John McCain, que EEUU no sería capaz de defender Seúl (ni sus bases militares cercanas) en las primeras 24-48 horas de conflicto. Una ciudad de 20 millones de habitantes, junto a bases militares que contienen miles de soldados sufriría una pérdida indescriptible de vidas.
Sin duda EEUU sufriría grandes pérdidas, revelando así debilidades que podrían ser aprovechadas en futuros conflictos, estimación que necesitaría ser considerada si se contempla derribar los misiles de Corea del Norte.
Ciertamente China no sería feliz con el riesgo de una catástrofe humanitaria en su propia frontera, por no mencionar que se vería obligada a intervenir en defensa de su aliado (existe un tratado entre ambos países). Japón y Corea del Sur serían golpeados duramente al quedar claramente expuestos a un ataque de represalia de parte de Corea del Norte, por lo que claramente no quieren una guerra con Pyongyang. La gran verdad sobre la península de Corea es que a pesar del hecho que cada país flexiona sus músculos y pareciera listo para actuar, nadie quiere esa eventualidad ya que nadie podría ganar esta guerra y todo el mundo sufriría efectos devastadores tanto económica como militarmente. Eso sin mencionar el alboroto popular que habría con tantas muertes de civiles, y menos aún si ello escala hasta lo nuclear.
En la península de Corea nos enfrentamos a un gran juego estratégico en el que la República Democrática Popular de Corea (RDPC) se vuelve cada vez más difícil de atacar cada día que pasa, gracias a sus fuerzas convencionales más que a su poderío nuclear. Esto es algo que los planificadores occidentales tienden a ignorar con el propósito de evitar acentuar el poder de la RDPC. Desafortunadamente para ellos, esto es algo que es demasiado bien conocido por los soldados de EEUU y especialmente por los surcoreanos, por lo que un verdadero ataque contra la RDPC está absolutamente fuera de cuestión para Seúl.
Por último, hay un aspecto preocupante a considerar por los enemigos de la RDPC: las supuestas modalidades en que la RDPC mantiene y opera sus fuerzas convencionales. En el desfile del 15 de abril se mostraron una gran cantidad de plataformas móviles para el lanzamiento de misiles de combustible sólido. Esto les proporciona dos grandes ventajas: la primera sería la capacidad de lanzar misiles dentro de un breve espacio de tiempo, cosa que minimiza el riesgo de detección durante operaciones tales como recarga de combustible y la segunda, por supuesto, es tener la capacidad de lanzar un misil y luego rápidamente cambiar de posición (disparar y largarse). Con plataformas móviles de lanzamiento es imposible rastrear y destruir todos los sistemas en un ataque preventivo. Esto sería sin introducir en la ecuación los submarinos, que se dice son capaces de lanzar proyectiles balísticos de alcance corto y mediano con ojivas convencionales y nucleares.
Una señal que indica la confusión que prevalece entre los planificadores militares respecto de Corea del Norte puede verse fácilmente con la historia del portaviones USS Carl Vinson. Trump dijo que navíos con gran capacidad de ataque estaban navegando hacia la RDPC con la intención de inducir a Kim a conversar a través de la intimidación militar. Sin embargo, la realidad fue que el grupo del portaviones estaba en realidad a miles de kilómetros continuando su navegación en dirección opuesta. Aún sin esta ridícula situación la ventaja militar norteamericana apenas si funcionaría con la RDPC por las razones expuestas anteriormente.
Con esta metedura de pata sin precedentes, EEUU está por lo menos internamente dividido en cuanto a lo que tiene que hacer enviando un mensaje conflictivo a sus aliados, dejándolos con un conjunto de interrogantes como ser ¿Tiene Trump verdaderamente el control de las fuerzas armadas? ¿Se pueden tomar sus palabras en serio? ¿Es coherente con sus intenciones? Los primeros 100 días de la presidencia de Trump plantean estas preguntas, y en escenarios difíciles, como en la península de Corea. Al final del día en Corea estamos enfrentados con muchas cortinas de humo, amenazas y promesas. Pero, siendo realistas, nadie quiere un conflicto.
Por el contrario, la retórica belicista virtualmente recompensa a todos los actores involucrados.
Japón y Corea del Sur tienen como objetivo una mayor participación de EEUU en la región pero por muy diferentes razones. La élite de Corea del Sur está en crisis. Park Geun-hye, hija del fundador del país, ha sido multada por corrupción y el nuevo presidente pareciera tener posiciones respecto de la RDPC y la alianza con Estados Unidos que difieren bastante con las de sus predecesores. El peligro que ve EEUU es que una parte considerable de la élite surcoreana prefiera un cambio de una política fuertemente anti RDPC y pro Estados Unidos hacia una más equilibrada, especialmente con China, socio principal de Corea del Sur. La mejor solución para impedir este cambio es elevar el nivel de tensión con Corea del Norte (y, como consecuencia, con China) con el objetivo de consolidar su presencia en el país (vemos el urgente despliegue del sistema THAAD, al que el nuevo presidente Moon Jae-in parece oponerse).
El caso japonés es aún más explícito, con la visión nacionalista de Abe apuntando hacia una revisión constitucional que eliminaría los límites impuestos sobre las fuerzas armadas de Tokio. Por supuesto que la industria de guerra de EEUU se beneficiaría, siempre lista para vender armamento de todo tipo a Japón con el objeto de asegurar a su aliado contra "la amenaza de Corea del Norte". China y Rusia parten desde supuestos diferentes en sus relaciones con Corea del Norte, pero ambos tienen suficientes problemas en el escenario mundial como para involucrarse en una crisis abierta en torno a la RDPC. Obviamente que a Moscú y a Beijing les gustaría una resolución diplomática razonable, negociada entre varios actores, con el telón de fondo de conversaciones con la República Islámica de Irán sobre asuntos nucleares.
Esta última cuestión, como hemos visto, es difícil de alcanzar entre Washington y Pyongyang debido a la falta de confianza mutua. En el caso de una negociación prolongada con otros actores regionales y globales, quizás Beijing y Moscú podrían asegurar la inviolabilidad del territorio de la RDPC a cambio de un desarme que podría conducir hacia el levantamiento de las sanciones y del embargo sobre Pyongyang.
Esto sigue siendo una consideración controvertida, ya que Rusia y China tendrían que proporcionar ayuda militar a la RDPC al no contar esta con disuasión nuclear. Desde otro punto de vista, son las fuerzas convencionales de Corea del Norte las que brindarían la verdadera disuasión de manera tal que una propuesta de paz planteada por diferentes actores debería ser considerada como una segunda salida posible para las tensiones en la región.

¿Qué pasará después?

En primer lugar, un resultado probable es la inmovilidad y la falta de acción enérgicas declaraciones llenas de amenazas, tanto de EEUU y sus aliados como también desafiantes respuestas de parte de Pyongyang. Personalmente, estoy convencido que a Kim le agradaría el reconocimiento del status de su país como potencia nuclear a cambio de poner fin al desarrollo de armamento nuclear y por ende estandarizar las relaciones con sus vecinos y Estados Unidos y obtener así una mayor independencia de China.
No debe sorprender que Pyongyang tenga también una visión más multipolar en su política exterior, pero esto depende más de Washington que de Beijing. Desgraciadamente, es difícil imaginar una resolución inmediata de la situación dado que Japón y Corea del Sur están comprometidos en mantener un clima hostil hacia la RDPC en la región, apelando a la participación de EEUU. Es probable que la situación no degenere, sino más bien regrese a la normalidad en la medida que las tensiones en la región disminuyan progresivamente sin contemplar ninguna concesión en particular desde ningún lado.

Federico Pieraccini
Fundación de la Cultura Estratégica
Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por María Valdés

martes, 23 de mayo de 2017

Carlos Menem volverá a ser candidato a senador por La Rioja



El expresidente confirmó que busca la tercera renovación consecutiva de su banca en el Senado de la Nación, con el aval del PJ-FpV.

Carlos Saúl Menem confirmó su candidatura a senador por La Rioja en las elecciones legislativas de este año. A sus 86 años, buscaría renovar la banca que detenta desde el 2011.
"Voy a ser candidato en octubre. La gente me alienta a seguir trabajando por mi querida provincia y por supuesto por la República Argentina", afirmó el expresidente justicialista.
Con su tercer mandato consecutivo en el Senado, Menem podría obtener los fueros parlamentarios (que le otorgarían inmunidad de arresto) frente a la causa judicial que enfrenta bajo la carátula de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia durante su presidencia.

Una candidatura impulsada por el PJ

"A nuestro patriota, nuestro héroe, algunos lo persiguen judicialmente, pero nosotros no lo abandonaremos, sabemos que necesita los fueros para seguir tranquilo y vamos a trabajar arduamente para que no los pierda. Nosotros no nos olvidamos de Menem, lo vamos a proteger", afirmó Luis Beder Herrera, exgobernador riojano y actual presidente del PJ de La Rioja.
"Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista", decía el General Perón. Con la candidatura de Menem, el PJ busca tender un puente de negociaciones más fluidas con la Casa Rosada.
La candidatura responde a las negociaciones entre los dirigentes peronistas, Beder y Casas, y los funcionarios del macrismo, Rogelio Frigerio (ministro del Interior) y Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados); con el objeto de conseguir más fondos de la mano del Gobierno nacional para la provincia del Noroeste argentino.

Fabio Oñativia

Lorenzetti y el rearme preventivo del Partido Judicial



La creación de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (Ajufe) es un mensaje de la corporación judicial tras la crisis del “2x1” y los vaivenes del oficialismo y la oposición patronal.

En las últimas semanas el Poder Judicial fue blanco de críticas y cuestionamientos desde los más diversos sectores. Alrededor del fallo del 2x1 a un genocida por parte de la Corte Suprema, se instaló con fuerza el debate sobre qué tipo de “Justicia” hay en Argentina.
La crisis en que quedó el quinteto de supremos (de quienes se distanció hasta el propio Macri) produjo varias heridas y muchas especulaciones. Desde la licencia por una semana que se tomó Elena Highton de Nolasco (a quien, de paso, la Universidad Nacional de La Pampa le quitó el título de “Profesora Honoraria”) hasta los rumores de renuncia de Horacio Rosatti, pasando por la discusión de qué rol desempeñó en el asunto Ricardo Lorenzetti (habilitando el fallo Muiña pero él votando en contra), el Poder Judicial está en boca de todo el mundo.
Entre tanto, continúa la interna en el oficialismo sobre qué relación político-institucional tener con Lorenzetti. Mientras Elisa Carrió sigue buscando aliados para impulsar el juicio político del magistrado, usando como excusa los manejos discrecionales del presupuesto del máximo tribunal, el ministro de Justicia Germán Garavano se empecina en mostrar a Lorenzetti como un aliado de la Casa Rosada en su lucha contra el delito, la corrupción y por la “transparencia” institucional.

El rejunte

Los tironeos y especulaciones en las alturas tienen, como correlato lógico, reacomodamientos de todo tipo en los fueros y juzgados de todo el país, dependiendo cada movida de las conveniencias de cada juez o fiscal. Así, la casta judicial está en ebullición. Y como en un juego de espejos, donde todo se agranda o se achica de acuerdo al ángulo de mira, en los juzgados federales cada movimiento debe ser leído a la luz de esta coyuntura.
De esa manera se puede entender mejor cómo, mientras varios jueces se animaron a desconocer el fallo de la Corte y negaron (movilización masiva de rechazo del 10 de mayo mediante, claro) el 2x1 a decenas de genocidas que quisieron aprovechar el fallo Muiña, el conjunto de magistrados federales cerró filas con la Corte para conformar la flamante Asociación de Jueces Federales de la República Argentina, la Ajufe.
Si bien se venía cocinando desde hace tiempo, la creación de la Ajufe se produjo a fines de la semana pasada, cuando unos 200 jueces federales de todo el país se reunieron el viernes en el Salón Azul de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Un cónclave en el que ninguno de los participantes percibe un salario mensual inferior a los $ 100 mil y donde la gran mayoría orilla los $ 150 mil, sin pagar ni un peso de impuesto a las ganancias y con cargos vitalicios.
Según lo manifestado por varios de los “socios”, la nueva agrupación es un importante rearme tanto en la relación con el Gobierno como con el Consejo de la Magistratura y hasta con los medios de comunicación. “También apunta a mejorar la imagen de la Justicia frente a la sociedad”, dijeron desde algunos sitios especializados.
En la “asamblea”, presidida por el juez Ariel Lijo, se votaron las autoridades de la Ajufe y se habilitó a las mismas a escribir un estatuto para la asociación. Como presidente se votó al titular de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Jorge Morán, quien será acompañado por seis vicepresidentes, uno por cada región del país (Martín Irurzún por Ciudad de Buenos Aires, Javier Leal de Ibarra por región Sur, Abel Sánchez Torres por Centro/Cuyo, Carlos Alberto Vera Barros por Litoral/Santa Fe, Ricardo San Juan por región Norte y Santiago Inchausti por Provincia de Buenos Aires.
Y se resolvió que la sede de la asociación estará ubicada en avenida Santa Fe entre Libertad y Cerrito, a muy pocas cuadras de los Tribunales de la Nación.
El dato importante es que no hay fuero, juzgado ni cámara con competencia federal que haya quedado excluido en el flamante Consejo Directivo, con lo que inevitablemente la creación de la Ajufe es un mensaje contundente de “unidad” corporativa.
“Éste es uno de los momentos con mayor armonía anímica en Comodoro Py, natural epicentro de esta movida. No hay mayores internas entre sus líneas ni reina el vedettismo individualista de otros tiempos”, sintetizaron desde el sitio Diario Judicial.

União e independência

Desde el mismo portal ironizaron con un dato que, en medio de la crisis brasileña y visto el rol bonapartista que viene desempeñando allí el Poder Judicial, no puede pasar desapercibido.
En la crónica del evento de la Facultad de Derecho de la UBA, Diario Judicial remarca que la sigla Ajufe “sin querer, o a propósito, vaya uno a saberlo, coincide en perfecta homonimia con la Associação dos Juízes Federais do Brasil”. Precisamente de esa institución añeja forman parte muchos de los jueces que vienen procesando y deteniendo a miembros de gran parte de los partidos políticos mayoritarios brasileños alrededor de los casos Lava Jato y Petrobras.
Más allá de la coincidencia nominal, lo cierto es que el rejunte de los jueces federales argentinos estaría atendiendo a cuestiones bien domésticas y, ante todo, defensivas. En boca de uno de los participantes de la fundación de la Ajufe, si se sigue “señalando a la Justicia como lenta, ineficiente y corrupta tenemos que juntarnos para demostrar que no es cierto”.
Luego del escándalo del 2x1, de los pedidos de juicio político a Highton de Nolasco, Rossati y Rosenkrantz y de los intentos oficialistas de otros juicios políticos a jueces como Eduardo Freiler y Daniel Rafecas, lo único cierto es que la corporación judicial decidió dar un mensaje unívoco.
Dicen algunos analistas que la creación de la Ajufe provocó la alegría de, al menos, dos figuras clave del régimen político argentino: Ricardo Lorenzetti y Jorge Bergoglio.
Al primero lo entusiasma la empatía de la corporación para con su persona, quien tomó el mitin del último viernes como un aval colectivo a su liderazgo “natural” en el Poder Judicial.
Al segundo, como buen peronista, en una coyuntura de incertidumbre económica y de cierta inestabilidad política le resulta más que bendecible el fortalecimiento de uno de los pilares institucionales del régimen político del Estado capitalista.
No vaya a ser cosa, meditan en Roma, que el Partido Judicial deba salir a la cancha a buscar poner un poco de “orden” cuando los planes de Cambiemos y del peronismo ya no convenzan a nadie.

Daniel Satur
@saturnetroc

Reclamos por un wichí preso

El dirigente indígena detenido en Formosa inició una huelga de hambre

Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales denunciaron “la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas” y advirtieron que Agustín Santillán “se encuentra detenido por demandar sus derechos”.

"Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señala la carta de puño y letra de Agustín Santillán, joven referente wichí detenido desde hace un mes en Formosa por reclamar los derechos de los pueblos indígenas. Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales emitieron una carta: “Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas. Agustín Santillán se encuentra detenido por demandar sus derechos”. Ahora comenzó una huelga de hambre.
Santillán es un joven wichí de Ingeniero Juárez, el extremo oeste de Formosa y una de las pocas voces de la zona que cuestiona en público a Gildo Insfrán, gobernador desde hace 22 años. Se lo vio en el acampe indígena de Buenos Aires en 2015, en entrevistas a canales porteños y encabezó la marcha histórica (en Formosa) de 2013, donde un millar de originarios se plantaron frente a la casa de Gobierno.
“Estoy marcado”, suele resumir Santillán. Sus principales reclamos son tierra, agua, educación, salud, cumplimiento de los derechos indígenas.
A fines de marzo e inicios de abril, las inundaciones jaquearon el oeste de Formosa. Hubo saqueos y robos, algunos de ellos protagonizados por jóvenes wichí. Desde el poder político y el juez Marcelo López Picabea apuntaron contra Agustín Santillán, aunque él no estuvo en ninguno de los episodios. Fue detenido el 14 de abril, golpeado y traslado al penal de Las Lomitas (centro provincial). Su esposa, Gabriela Torres, explicó la primera semana de detención que se trató de jóvenes marginados de toda asistencia estatal, rehenes de la droga y el alcohol. Y, al mismo tiempo, utilizados como grupos de choque de sectores políticos.
“A Agustín lo persiguen por luchar por nuestros derechos. Lo quieren matar”, había alertado Gabriela Torres en abril. Y adelantó que querían detener a toda la familia de Santillán, para así poder quebrarlo emocionalmente. Una semana después, Torres fue detenida cuando visitaba a su esposo (fue liberada tres días después).
Santillán escribió tres cartas desde la cárcel y fueron difundidas por el sitio La Retaguardia (de la Red Nacionales de Medios Alternativos): “Hola amigos y compañeros. Quiero pedir ayuda para seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza, la falta de trabajo. Acá hay mucho racismo. Tengo miedo. No es seguro estar acá. Soy inocente y víctima de la sucia política de Gildo Insfrán”.
El 28 de abril escribió una segunda carta: “Sigo resistiendo desde acá. No estoy solo, yo sé que ustedes me dan fuerza y ánimo. Soy inocente, me arman causas, siempre el gobierno usa a los policías para hacer esos trabajos. El que está conmigo ya lo persiguen y le arman causas. Sólo pido un deseo: en mi cumpleaños, el 1 de mayo, ser libre. Fuerza hermanos”.
El juez Marcelo López Picabea emitió orden de detención de 30 hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a Santillán y otros sospechados de los incidentes de inicios de abril. “Es una cacería de wichís. Algunos hermanos se están escapando al monte”, denunció la organización Resistencia Qom, que acompaña a pueblos originarios de Formosa.
A Santillán se lo acusa de intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. “Le armaron más de veinte causas”, explicó su abogado, Daniel Cabrera, que no tiene dudas del trasfondo político que hay detrás del caso. También están presos los wichí Bautista Macedonio y Roberto Frías.
Al cumplirse un mes de la detención, medio centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas emitieron una carta abierta titulada “Criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en Formosa”.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denuncia el escrito, firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
El gobierno de Formosa sostiene que Santillán es el impulsor de los desmanes en el oeste de Formosa, incluso lo tildó de “terrorista”. Ni la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas han emitido opinión.
La carta de organismos de derechos humanos resume la situación formoseña: “Hay hermanos indígenas detenidos y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales”.
El mismo día de la carta, se conoció una nueva medida del juez Marcelo López Picabea. Ordenó la detención y cárcel para 16 wichís, entre ellos están amigos y familiares de Agustín Santillán, incluso su esposa Gabriela Torres.

Darío Aranda
Página/12

INTA prohíbe a sus profesionales utilizar el término “agrotóxico”



También prohíbe el uso del “nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias”. Quien indica las “abstenciones irrestrictas” sería el director del Centro Regional Buenos Aires Norte Hernán Trebino.

“No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública”. Andrés Carrasco.
Luego del reciente escándalo del SENASA en el que, tras liberar por orden judicial algunos expedientes, se detallan operativos en los que se constató que en el Mercado Central porteño, y sus pares de Mar del Plata y La Plata, el 60 % de las frutas y verduras están contaminadas con agrotóxicos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha dado la orden a sus profesionales de “abstenerse irrestrictamente” a utilizar el término “agrotóxico” en sus materiales.
A través de una polémica notificación que se filtró por redes sociales, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, le señaló a sus “estimados directores” que “en las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales, o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a alguna de sus unidades, Programas, Proyectos, o instrumentos de intervención, cualquiera sea su categoría, deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo del término “agrotóxico”, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se debe emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”. En la misma notificación, y apelando a un espíritu macartista en sintonía con la anterior “directiva”, Trebino también prohíbe el uso de “el nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias”.
Sin embargo, el repudio no se hizo esperar. Una serie de organizaciones agrupadas en la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas y en la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41” salieron al cruce solidarizándose “con los trabajadores de organismos de investigación y extensión (como el INTA y el Conicet) que vienen dando batallas desde abajo para poder generar un conocimiento en favor de los intereses de la sociedad en su conjunto, comprometidos con la realidad de los sectores trabajadores, que ven constantemente asediada su tarea cotidiana de investigación”.
Según señalaron en un comunicado “estas directivas no pueden ser consideradas meras resoluciones burocráticas propias del Instituto. Desde hace más de 30 años vemos cómo el INTA ha participado activamente en la implementación y consolidación del modelo del agronegocio que se ha expandido en Argentina sobre la base del uso del paquete biotecnológico”, cuyas consecuencias “se vuelven inescrutables”, dicen.
Los detractores de los agrotóxicos señalan que no son pocos los estudios que evidencian los efectos que estos tóxicos tienen sobre nuestra salud. Investigaciones realizadas por académicos de la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, la Facultad de Medicina y Exactas de la Universidad de Buenos Aires, e incluso por investigadores de Conicet han venido mostrando en los últimos 10 años que la exposición a la que hemos sido sometidos, de manera directa o indirecta, es hoy la responsable de los aumentos en las alergias de piel, problemas respiratorios o gastrointestinales, enfermedades reproductivas, abortos mal llamados espontáneos y malformaciones congénitas, problemas endócrinos como hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico y tasas de cáncer que se disparan triplicando las incidencias, prevalencias y mortalidad por enfermedades oncológicas.
“En estos últimos años, algunos investigadores del INTA han comenzado a relacionar las consecuencias que estos tóxicos tienen en las poblaciones animales, vegetales y otros factores ecosistémicos, como el suelo y el agua. Además, han hecho públicas las serias consecuencias que el modelo del agronegocio ha generado con la expansión de la frontera agropecuaria, la ausencia de rotación de cultivos, la eliminación de bosques y humedales para la producción y el uso sistemático de esos tóxicos, como por ejemplo, las constantes inundaciones a las que hemos estado expuestos”, indicaron.
Así, el pedido de no hablar de “agrotóxicos” es una necesidad de continuar negando el hecho de que “el uso de estos productos es una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia de las ganancias y no un mero problema de ‘malas prácticas’. La valoración negativa a la que hacen referencia es una realidad que vivimos todas aquellas personas que habitamos en el campo y en las regiones suburbanas, y que somos constantemente rociados y rociadas con estos productos, enfermando cotidianamente”.
Con respecto a la prohibición del INTA de que sus profesionales utilicen “el nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias”, el organismo se manejaría con un doble estándar ya que mientras da una “directiva”, a su vez “impulsa fuertes alianzas con redes del agronegocio, como la Red BPA, que conglomera a las principales cámaras empresariales del agro como CASAFE, ACSoja, Bolsa de Cereales, Casem, Cámara Argentina de Biocombustibles, y organismos promotores como Aapresid y CREA, y genera jornadas de capacitación conjunta como la Jornada de Malezas, organizada en abril de este año, en Pergamino”.
“El uso de eufemismos sólo busca tapar aquello que hoy es moneda corriente”, critican: “El uso masivo de venenos en la producción agraria está generando un genocidio silencioso del que nadie quiere hacerse responsable”.

Roberto Andrés
@RoberAndres1982