La desocupación en la Ciudad supera el promedio nacional

Un reciente informe de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña da cuenta que la desocupación en la Ciudad aumentó de 8.6 a 9.4%. En términos absolutos significa que hay 18.500 nuevos desocupados, totalizando 160.800 personas. El porcentaje de desocupados supera incluso el promedio nacional, que según el último informe del INDEC se ubica en 9.2%.
El informe muestra que la desocupación crece con principal fuerza en los sectores que tienen secundario incompleto y superior incompleto, y en las mujeres. Entre éstas los porcentajes de desocupación tienen dos dígitos. El desempleo entre las personas que acreditan menores estudios se debe a que en ausencia de trabajo de calidad, los trabajadores con mayores calificación y formación terminan asumiendo tareas más descalificadas, que bien podrían ser realizadas por personas con secundario completo e incompleto.
El crecimiento de la desocupación en la Ciudad, sin embargo, podría ser aún mayor ya que la Dirección de Estadísticas y Censos limita el informe a las personas que viven en territorio porteño, dejando de lado a quienes provienen del conurbano bonaerense. Debe tenerse en cuenta que en la actualidad, debido al encarecimiento de los alquileres y de las propiedades por la especulación inmobiliaria, el 53% de la fuerza de trabajo de la Ciudad vive en la provincia de Buenos Aires.
Junto con la desocupación creció también el trabajo en negro y precario. El mismo informe da cuenta que en la Ciudad el 25% de los trabajadores no realiza aportes previsionales, o sea que está en ´negro´. A este dato hay que sumarle las personas que reciben parte de su salario en negro, por lo cual aportan a la ANSES menos de lo que corresponde.
Detrás del crecimiento de la desocupación y la precariedad laboral y el trabajo en negro se esconde el fracaso de la política seguida por Macri y Rodríguez Larreta en la Ciudad, que consistió en armar ´polos productivos´ por zona, especialmente dirigidos a las nuevas tecnologías o al mercado publicitario o del cine. Estos, junto con el turismo, son fuentes permanentes de trabajo en negro y precario, aunque sus patronales reciban como premio exenciones impositivas a ingresos brutos u otros impuestos o tasas que corresponden al Estado de la Ciudad.
Ante esta situación el Frente de Izquierda plantea el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y la prohibición de los despidos, como parte de un plan económico dirigido por los trabajadores para impulsar el desarrollo nacional.

Gabriel Solano

El fraude económico de Macri en Argentina

Macri ha defraudado a la ciudadanía argentina. Y lo ha demostrado en un escaso lapso de tiempo. Sólo ha necesitado algo más de un año y medio para incumplir todo lo que había prometido. Si existiesen los contratos electorales, el de Macri ya hubiese sido rescindido por infracción múltiple.
A continuación veremos cómo Macri estafó al electorado en cada una de sus ofertas económicas durante su campaña.

Promesa 1 . Reducir la inflación… y los precios subieron. La inflación llegó al 40% en 2016, la más alta desde 2002. Se han encarecido todos los servicios públicos particularmente gracias a los continuos tarifazos. Han subido los precios de los medicamentos, transporte, comida. Y además, en lo que llevamos de año, la inflación sigue en un nivel altísimo. Hasta el momento, lleva un acumulado de 10,5%; con un valor interanual del 24%, muy por encima de las previsiones del gobierno para este año (17%).

Promesa 2. Recuperar la economía… y el PIB se contrajo. El país cerró 2016 con una recesión del 2,3%, mientras que en el último año kirchnerista la economía creció un 2,1%. En la era Macri, el consumo lleva 17 meses consecutivos de caída. La producción industrial cae más del 10%. La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) ha bajado su estimación de crecimiento económico para Argentina en 2017 y 2018, a 2,5% y 3,1%, respectivamente.

Promesa 3. Pobreza cero… y los pobres y la indigencia aumentaron. En el primer año de gestión, Macri creó 1,5 millones de nuevos pobres y 600.000 nuevos indigentes. La propia Universidad Católica Argentina asegura que en el primer trimestre del 2017 ha habido un aumento de 5,5 puntos en el índice de pobreza. Y la desigualdad también creció: la diferencia de los ingresos entre el sector más rico y el más pobre pasó de 18,7 veces en 2015a 23,2 en este 2016.

Promesa 4. Reducción del déficit fiscal… y las cuentas siguen empeorando. E l propio gobierno informó que el déficit fiscal del año 2016 fue de 4,6%, esto considerando el ingreso extraordinario generado por la política permitida del blanqueo de capitales. El Banco Central emitió 96.500 millones de pesos en lo que va de año para financiar el desequilibrio fiscal.

Promesa 5. Generar más empleos… y aumenta el desempleo y el subempleo. El desempleo llegó al 9,2% en el primer trimestre de este año, su nivel más alto en una década. Y el subempleo ya ronda el 10%. Se registra un nivel de desempleo entre los menores de 25 años superior a la media regional (24,6% frente al 16%) y un porcentaje entre las mujeres también por encima del promedio regional (30,33% frente a 16%).

Promesa 6. No más devaluación… y el dólar subió. El peso argentino se ha devaluado en un 67% desde que comenzó a gobernar Macri. Y todo apunta a que la presión sojera hará que la devaluación sea mucho mayor en los próximos meses. La propia Bolsa de Cereales ya ha afirmado que para septiembre espera un valor del dólar a 17,5.

Promesa 7. Más inversiones extranjeras… y cada vez llegan menos. La inversión extranjera directa del año 2016 fue la mitad que la del año anterior. En términos comparativos, el valor de esta variable se redujo en 2016 el triple de lo que lo hizo en el resto de la región.

Propuesta 8. Desendeudar al país… y la deuda es cada vez más grande y eterna. En lo que lleva de gobierno, Macri ha colocado deuda por casi 100.000 millones de dólares. En el primer cuatrimestre de 2017, los intereses de la deuda alcanzaron el 10,6% del presupuesto público, superando los dos dígitos por primera vez desde 2001.

Propuesta 9. Bajar impuestos a los trabajadores… y lo que hizo fue que todos pagaran más. De hecho, en términos efectivos, el mínimo imponible se redujo a pesar de lo que había prometido en campaña. En total y en términos netos, casi 200.000 trabajadores adicionales van a incluirse en el pago de este impuesto.

Promesa 10. Volver al mundo… y sí que volvieron, pero a su manera. No lograron ni siquiera la categoría de “emergente”, recientemente rechazada por Morgan Stanley Capital International. Pero sí es verdad que recibieron el aplauso de los fondos buitres, del FMI (Fondo Monetario Internacional), de Merkel, Hollande y Rajoy. Todos felices con que Macri haya elegido una fórmula de insertarse en el mundo con más deuda y bajo términos de intercambio desigual en contra de Argentina. Suben las importaciones a un 12,4% en lo que va de año; que sería ideal si la economía estuviera creciendo al 5-6%. El déficit comercial es cada vez más acuciante: 1.217 millones de dólares para el primer cuatrimestre del año. Desde el primer día de Macri, aquel 10 de diciembre de 2015, el saldo por cuenta corriente acumula un déficit que supera los 21.200 millones de dólares. Este año se prevé que 12.000 millones de dólares vayan también a salir del país en concepto de ahorro de divisas de los particulares. Así es cómo Argentina vuelve al mundo…

Pero aquí no termina todo. Hay mucho más en este fraude económico de Cambiemos. Jamás dijeron que Argentina pasaría a ser un paraíso financiero ni tampoco fiscal. Macri ha hecho del país un lugar ideal para el carry-trade; ganar sin necesidad de producir solo colocando el dinero en instrumentos financieros (Lebac, letras del tesoro) bajo la garantía de una elevadísima tasa de rentabilidad, por encima del 25%. Y además, en lo que tiene que ver con lo fiscal, Argentina llevó a cabo un blanqueo de capitales que sumó 116.800 millones de dólares, sin que esto significara que este monto entrara al país. Solo el 20% regresó y el resto se quedo afuera.
En resumen, luego de tantas cifras, podemos afirmar que Macri engañó al electorado con premeditación y alevosía. Las promesas se esfumaron de la misma manera que lo hacían sus globos amarillos en cada mitin electoral. Las expectativas se desvanecen porque la realidad económica tan negativa comienza a imponerse al relato macrista. La subjetividad económica ya no es tan optimista como afirmaban al inicio de su mandato. Todo lo contrario. La evidencia no engaña.

Alfredo Serrano Mancilla y Guillermo Oglietti

Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director CELAG, @alfreserramanci

Bono centenario y deuda: los usureros ganaron u$s 209 millones en dos semanas

Todas las críticas realizadas a la emisión del bono a 100 años parecen haberse quedado cortas. Sucede que los usureros internacionales que participaron de ese negocio ganaron en un plazo de sólo 15 días la friolera de u$s 115 millones. La razón de semejante ganancia se debió a lo siguiente: aunque el bono ya pagaba una tasa nominal altísima del 7.15%, el gobierno admitió venderlo bajo la par (por debajo de su valor) incrementando la tasa al 7.9%. Así, por cada u$s 100 el Tesoro recibió u$s 90. Pero como en sólo días la cotización se elevó a u$s 94.1 los usureros internacionales se embolsaron la ganancia de u$s 115 millones.
Lo ocurrido con el bono centenario no fue una excepción. El pasado 14 de junio el Tesoro emitió deuda en pesos por 75.000 millones, atado a la tasa de política monetaria del Banco Central. Los títulos de deuda fueron comprados a $ 101 por cada $ 100. Pasados pocos días esos títulos se cotizan a $ 103, lo que equivale a una ganancia del 2%. Convertido a dólares el beneficio de quienes compraron esos títulos ascendió a u$s 94 millones en solo dos semanas.
Si se suman ambas emisiones de deuda tenemos que los usureros internacionales ganaron en 15 días u$s 209 millones. Esto prueba, ni más ni menos, que el gobierno convalidó una tasa de interés usuraria, que permitió embolsar en pocos días beneficios extraordinarios. Si se compara con el escenario de baja de las tasas de largo plazo de los Estados Unidos, queda claro que el gobierno le otorga a los especuladores internacionales negocios que no existen en ningún lugar del planeta. Costa de Marfil, donde una pandilla militar acaba de dar un golpe de Estado, acaba de colocar deuda a una tasa inferior a la de Argentina.
Lo ocurrido con el beneficio extraordinario que otorgaron estos bonos está lejos de ser una excepción. Bien visto, retrata al conjunto de la deuda pública Argentina, constituida en buena medida por la permanente capitalización de intereses usurarios, asientos contables fraudulentos y estatizaciones de deuda privada. La política de endeudamiento serial que hoy aplica Macri ha sido seguida de manera consecutiva por todos los gobiernos de la dictadura hasta la fecha, incluido muy especialmente el kirchnerismo que bajo su gobierno incrementó la deuda en u$s 100.000 millones, a pesar de haber pagado unos u$s 200.000 millones. No por nada la propia Cristina Kirchner se autodefinió como una “pagadora serial”.
Frente a la crisis de deuda que se avecina llamamos la atención a los trabajadores que sólo el Frente de Izquierda plantea la suspensión inmediata del pago de la deuda, la investigación de su composición y la determinación de las responsabilidades de los gobiernos pasados y presentes y del conjunto de la clase capitalista. El Frente de Izquierda usará la campaña electoral para explicar esta posición a los trabajadores y al conjunto de la población.

Gabriel Solano

Ay, Clarín

Con despliegue de cronista, Clarín se tomó el trabajo de grabar mi discurso de cierre del acto de la Coordinadora Sindical Clasista y el Polo Obrero, frente al Ministerio de Trabajo: “Para nosotros, la campaña política es un instrumento de lucha de los trabajadores que van a la huelga de transportes en Córdoba, que ocupan Pepsico o como ustedes que vienen a luchar por un salario mínimo vital y móvil equivalente a una canasta familiar que sirva para sostener a nuestras familias. Ponemos la campaña política al servicio de la lucha de la clase obrera. Ese es el significado de las candidaturas del FIT”.
En su versión digital, el matutino publica la cita pero con el título “La izquierda admitió que los cortes de calles se vinculan con el arranque de la campaña”. Lisa y llanamente, la inversión del concepto. Como lo explica la cita “ponemos la campaña al servicio de la lucha de la clase obrera”. Luchas que ocurren, como la huelga general de los choferes cordobeses que también tuvo expresión en 60 líneas de la provincia de Buenos Aires por la inseguridad, la ocupación de Pepsico, los retornados paros docentes del Suteba, las huelgas y cortes de ruta por toda la provincia de Buenos Aires (Ingredion, Gotelli, etc.) o, en este caso, la movilización multitudinaria de la que el Polo Obrero, con sus banderas, formó parte por la duplicación del salario mínimo, vital y móvil, ante la convocatoria del Concejo del Salario.
La línea del editor es que hay movilizaciones sociales porque hay elecciones, lo que constituiría una maniobra política de tales o cuales grupos opositores. La realidad es que la ocupación de Pepsico allí citada ocurre porque la patronal cerró con un cartelito, dejando a 690 familias en la calle de un día para otro, lo que desencadenó movilizaciones y, al cabo, la ocupación de la planta; la huelga de las y los choferes cordobeses se desató por una paritaria a la baja repudiada por la base del gremio de 4 mil choferes que salieron a la huelga, y así de corrido.
Es decir que hay luchas sociales a pesar de que hay elecciones, porque el movimiento obrero y el movimiento popular rechazan los ataques que derivan del ajuste, y no al revés. Se trata de todo un dato de la situación política, porque el deseo de la burguesía y sus partidos es que los trabajadores no se expresen sino por medio de las urnas, donde calculan tener mayor capacidad de manipulación y extorsión política.
Por otro lado, ¿de dónde sacó Clarín que las manifestaciones traerían votos como para que nosotros o cualquier otro grupo político las realice como instrumento electoral? Por otro lado, que un barrio o un colectivo de jóvenes, mujeres o trabajadores agraviados en sus derechos, se manifiesten buscando que sus reclamos formen parte de la agenda política que los ignora sistemáticamente es totalmente legítimo. Lo que sí caracteriza al Partido Obrero es que no escapa de las luchas populares y sus manifestaciones callejeras especulando con los votos.
Por eso reafirmamos con todas las letras que el PO pone la campaña política al servicio de todas las luchas y reclamos populares, edificando un programa de salida desde el campo de los trabajadores. Que nuestros candidatos serán tribunos de las luchas y que haremos docencia política socialista preparando a los trabajadores para las grandes luchas que vendrán inevitablemente como resultado del agravamiento del ajuste que vendrá después de las elecciones gane o pierda el gobierno. Porque si el gobierno pierde, otras fuerzas políticas serán convocadas a un pacto de gobernabilidad del ajuste como lo fueron este año y medio. Votar contra el ajuste es votar al Frente de Izquierda.

Néstor Pitrola

“Momo” Venegas, un símbolo de la burocracia sindical

No puede dudarse de la sinceridad de las nota de condolencia que en todas las redes sociales han dado a conocer el gobierno y las patronales agrarias por la muerte de Gerardo “Momo” Venegas. Mauricio Macri, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Carbap y Federación Agraria, entre otras, despiden a un socio y a un cómplice en la superexplotación de los peones rurales, incluidos la trata de personas con fines laborales, el trabajo esclavo y la constitución de empresas fantasma con esos fines. Venegas fue ladero de Eduardo Duhalde, aunque después se aproximó a José Manuel De la Sota y, finalmente, a Cambiemos. Secretario general de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales) lo fue también de las 62 Organizaciones Peronistas y miembro del consejo directivo de la CGT durante la gestión de Hugo Moyano. Jefe de sindicalistas de cuatro por cuatro, fue amo y patrón del peronismo de Necochea. Un sindicalista patronal en toda la línea, con todo lo que eso implica en materia de negocios sucios y mafiosos. En definitiva, Venegas fue un símbolo de la descomposición terminal de la burocracia peronista y del peronismo mismo, como lo demuestra haber puesto las “62” al servicio de Macri.
“En tiempos de la gestión presidencial de Duhalde, Venegas expandió su influencia y llegó a controlar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), el organismo que marcó su máximo punto de expansión sindical y política” (Clarín, 27/6). En esos tiempos, añade la información, el número de peones rurales "adheridos" a la Uatre ascendió a más de medio millón.
El Renatre había sido creado en marzo de 1999, durante los últimos meses de la presidencia de Carlos Menem y fue, a su modo, una recreación del viejo sistema de “conchabos” usado por la oligarquía agraria argentina desde el siglo XIX. Además de la Uatre, el directorio del Renatre estaba integrado por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria, y se encargaba de extender las “libretas de trabajo” que convierten al peón rural en un rehén de la burocracia y los terratenientes.
El Renatre abrió de par en par las puertas a las agencias de empleo como Gregard SA, propiedad de Venegas, proveedoras de esclavos para trabajar en el campo en condiciones infrahumanas, sin agua potable ni baños, hacinados en pocilgas y por supuesto en negro para el festín de los contratistas de siembra, de cosecha o pulverización. Aquel organismo manejado por Venegas y las patronales del campo tuvo su sustento legal en el decreto-ley 22.248 de la dictadura militar, aún hoy vigente, que permite a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) controlar salarios, condiciones de trabajo y hasta derecho de huelga, sin paritarias y con aumentos por incremento de la producción. También dio fuerza legal a otra caja de las patronales y de Venegas: las “cooperativas de trabajo”, que permiten eludir el pago de cargas sociales empresarias. En definitiva, un mecanismo delictivo de superexplotación casi servil del peón rural.
En 2008, en oportunidad del conflicto por la frustrada Resolución 125 –que intentó aumentar las retenciones a las exportaciones agrarias−, Venegas se alineó activamente con las patronales y se encargó de llevar a los peones a hacerle asado al patrón a la vera de las rutas que cortaban la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales.
En represalia, el gobierno de Cristina Kirchner le arrebató a Venegas la caja del Renatre, reemplazado por el Renatea. Fue más o menos lo mismo que el anterior, sólo que a cargo del Ministerio de Trabajo. La caja negra pasó de las manos de Venegas a las de Carlos Tomada y compañía. El nuevo régimen, más allá de algunos cosméticos que nunca se cumplieron (jornada de 8 horas, vivienda “digna”) ni siquiera derogó la 22.248 de la dictadura y mantuvo el negocio infame de la trata laboral, la esclavitud, el trabajo en negro.
En 2011, Venegas, con otros sindicalistas como José Zanola, de La Bancaria, fue detenido en la causa de venta de medicamentos adulterados en las obras sociales, una causa que develó el funcionamiento de mafias farmacéuticas vinculadas con la política, incluido el financiamiento de las campañas electorales del kirchnerismo.
Por entonces, Venegas, en su condición de titular de las 62 Organizaciones, ya se había encargado de hacer la defensa pública de la Triple A creada por Perón en 1973. Cuando diversas investigaciones históricas demostraron documentalmente lo que ya se sabía en cuanto al papel personal y directo del general en la creación de aquella organización terrorista, Venegas empapeló la ciudad y el país con afiches que decían “No jodan con Perón”.
Cuando, en mayo pasado, se le descubrió el cáncer de páncreas que acaba de matarlo, Venegas discutía con el oficialismo el lugar que habría de ocupar en la lista de diputados del macrismo.
Por último, debe decirse que las grandes luchas de los trabajadores rurales durante los últimos años, se desenvolvieron en contra no sólo de la patronal; también contra el carneraje organizado y las patotas de la Uatre conducidas por Venegas. Otro símbolo de la pelea del movimiento obrero argentino contra una burocracia sindical corrompida, transformada ella misma en patronal mafiosa.

Alejandro Guerrero

Consejo del Salario Mínimo: quieren institucionalizar la fractura de la clase obrera

En el Consejo del Salario Mínimo el gobierno se apresta a consumar la división de la clase obrera. Con el criterio de que un trabajador de los planes “debe ganar” el 50 % del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), pretende consagrar a un proletariado de segunda con un nivel de ingreso que es y se pretende sea equivalente al 30% de la canasta de pobreza (hoy el salario mínimo está en $8.060, un trabajador del Argentina Trabaja cobra $4.000 por una jornada de cuatro horas y la canasta de pobreza está, a junio de 2017, en $14.127).
Esto termina de develar el enorme fiasco de la “emergencia social” acordada entre el gobierno y organizaciones sociales –la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CCC– y que tuvo el apoyo de La Cámpora. En la propuesta original de las organizaciones que armaron la “emergencia” figuraron dos anzuelos que solo tuvieron el carácter de “cazabobos”: la propuesta de crear un millón de empleos en el lapso de un año y un ingreso para el trabajador de los planes equivalente al salario mínimo vital y móvil. En la ley aprobada solo quedó en pie lo que al gobierno quiso admitir. El Frente de Izquierda se abstuvo: Néstor Pitrola denunció la “emergencia” como una nueva versión del asistencialismo, impuesta a través de “una estatización de las organizaciones piqueteras”.
Pérfidamente, los funcionarios declaran que están cumpliendo con el objetivo original de la propuesta, desde el momento que el trabajador de los planes cobraría el 50% del SMVM, pero por una contraprestación laboral por cuatro horas. Los dirigentes de las organizaciones sociales en pacto con el gobierno y el clero se han adaptado a esto, pidiendo tan solo la “actualización” del monto de los planes sociales al ritmo del aumento del salario mínimo, cuando lo elemental sería pedir, por lo menos, su equiparación (los 10.000 pesos hipotéticos del nuevo SMVM son menos de la mitad de la canasta familiar).
Naturalmente que éste no es el punto. Lo que importa es la defensa de la clase trabajadora como un todo, lo que plantea el reparto de las horas de trabajo, para que todos tengan empleo, una salida que la burguesía desecha porque no pretende suprimir la desocupación, que le facilita un “ejército de reserva” para disciplinar a la clase obrera. El Estado tampoco quiere hacerse cargo de un seguro al desocupado –que la burguesía argentina se ahorró prácticamente desde el inicio de la desocupación masiva. El seguro al parado no es lo mismo que el pago de una contraprestación laboral, desde el momento que pone un freno a la competencia entre los obreros por un empleo y al hundimiento de los salarios que supone. Aún hoy en varios países de Europa, donde el seguro está en proceso de demolición, cubre el 70 % del ingreso del trabajador y juega un papel contra los planes patronales de abaratamiento de la mano de obra. No por casualidad, el FMI ha propuesto crear una prestación común por desempleo en Europa, que vendría a reemplazar los seguros actuales por un subsidio de pobreza

“Ahora los reconocemos como trabajadores”

Con esta cantinela, los funcionarios edulcoran los oídos de los dirigentes de las organizaciones sociales. Es un fruto envenenado. La ley se propone “defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular”, es decir de este ámbito. ¿Quiénes son? En un momento en que “las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”, dicen los Cuadernos de Formación de la CTEP, elaborados por Emilio Pérsico y Juan Grabois. “La economía popular tiene una característica que la distingue: los medios de producción, los medios de trabajo están en manos de los sectores populares. De ahí que nos atrevemos a soñar con un proceso de auto organización (…) que permita erradicar las tendencias patronales del seno de nuestro pueblo pobre y construir una economía popular comunitaria”.
El planteo de “economía popular” institucionaliza la precarización crónica de una parte de la clase obrera, como un enclave a ser asistido por el Estado bajo el rótulo de “emprendedores”, después de ser privado por el capitalismo de la posibilidad de conseguir los medios de vida, no ya de manera cíclica, como en etapa de ascenso, sino de por vida. Las organizaciones sociales firmantes del pacto con el gobierno y motorizadas por el clero, se disocian formalmente de la lucha por “trabajo genuino”, una quimera que estaría solo reservada a una fracción minoritaria de la clase obrera.
Desaparece así, para estos sectores, la lucha por el pase a planta en nombre de una subclase que se escinde del movimiento de lucha de conjunto. El planteo de la “economía popular” tiene como sustento, además, una política de rescate de la burocracia y de lo peor del peronismo. “Siempre que hubo desequilibrio y desestabilización en la Argentina fue porque los trabajadores no estaban unidos. Sucedió en los ´70, cuando las Coordinadoras de Gremios en Lucha pasaron por encima de la CGT, voltearon a un ministro y casi volcaron al gobierno. Pero pasó también en el año 2000, cuando las organizaciones sociales no tenían representación ni unidad” (Crisis, noviembre 2016). Esto lo dicen Emilio Pérsico y “Chino” Navarro.
El ministro que “las masas voltearon” era López Rega, el gobierno al que “casi volcaron” era el de la Triple A, dirigido por Isabel Martínez de Perón. ¿Qué más se les puede pedir a los jefes del Evita como acto de entierro del movimiento piquetero en tanto expresión de lucha e independencia de la burguesía?
Los dirigentes de la CTEP y del Evita cierran así un círculo de análisis que los une a Jorge “Guardia de Hierro” Bergoglio. Como todo debe saberse, las organizaciones responsables de la “emergencia social” se han alineado detrás de Randazzo, Massa, CFK y la Unidad Popular.

Clase obrera y reforma laboral

La crisis capitalista internacional empuja a una desvalorización en profundidad del salario y a una precarización generalizada del trabajo. Es una ofensiva que compromete a la clase obrera a esa escala, una batalla que hoy se libra en Brasil y se avizora en Francia.
Lo que corresponde es un plan de lucha por las reivindicaciones de toda la clase obrera: salario igual al costo de la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo, seguro al parado equivalente al 75 % de la canasta familiar, aumento de emergencia de los planes sociales y de la AUH, pase a planta.

Christian Rath

“El daño económico de Macri es mayor al de Martínez de Hoz”

Una respuesta a la demanda penal que le hicieron a Osvaldo Bayer por la película Awka Liken

Se estrena Martínez de Hoz, documental acerca de los daños que la tradicional familia del poder económico le hizo a la Argentina. La película surgió como respuesta a la demanda penal que le hicieron a Osvaldo Bayer por la película Awka Liken.
“Redujo los salarios reales, bajó los aranceles de importación, achicó los impuestos de sectores de poderes económicos, benefició a la renta financiera, y creó un sistema corrupto para favorecer empresarios amigos. Y se transfirieron recursos del trabajo hacia el capital, en una revancha clasista”. No es la política económica de Mauricio Macri. Es la voz de Osvaldo Bayer explicando en la película Martínez de Hoz lo que hizo el ex ministro de Economía durante la última dictadura cívico-militar. Es que, como dice Mariano Aiello, director del documental, el cipayismo de las grandes élites subordinadas a las potencias occidentales está más vigente que nunca.
Mitre, Roca, Martínez de Hoz son apellidos del pasado que siguen influyendo al presente. El neocolonialismo y la superestructura creada por esas viejas oligarquías es la verdadera pesada herencia: “Los Martínez de Hoz como familia hicieron una construcción de una argentina moderna en función de sus propios intereses. En la película trabajamos mucho sobre la estructura cultural y política del país y también sobre cómo un argentino se ve a sí mismo y cómo se ve en relación al mundo: se ve con un prisma deformante, un prisma que nos pusieron a través de la educación y la cultura, que permea lo que somos y permea aún ahora. Se considera que los europeos son superiores a los mestizos y al indio. Es el neocolonialismo que está interiorizado en nosotros, que creemos que los productos importados son mejores que los productos nacionales. Después de trece años de gobiernos populares esa superestructura, creada en los gobiernos de Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca, todavía no se pudo desmontar”.
Martínez de Hoz, la película, existe porque hubo quienes quisieron tapar la historia. Los nietos del ex ministro de Economía le hicieron una denuncia penal al guionista e historiador Osvaldo Bayer y al director y abogado Mariano Aiello por el documental Awka Liken, donde se contaba la matanza de los pueblos originarios en la Argentina para entregarles las tierras a hacendados, como la familia Martínez de Hoz. Y Mariano y Osvaldo decidieron, entonces, que ese proceso judicial habría que filmarlo en un documental que incluyera también la historia de cómo la familia Martínez de Hoz dañó al país a lo largo de toda su historia. “Esta película no estaba pensada, yo estaba en Estados Unidos por hacer otra película pero me enteré del juicio y volví a Argentina para hacer la defensa del juicio como abogado y me puse con la película también”, recuerda Aiello.
La superestructura que abarca y golpea a la historia argentina está resumida en poco más de tres horas. No podía durar menos: la historia económica de la Argentina, la historia del Poder Judicial, la creación de la cosmovisión nacional y el juicio de censura contra Awka Liken son los cuatro ejes que podrían haber sido cada uno de ellos una sola película.
El inicio del documental es una llamada telefónica ficcionalizada entre un heredero de Martínez de Hoz y una familiar que trabaja en el Poder Judicial, ¿quisieron marcar, a partir del intento de censura de Awka Liken, cómo la Justicia es responsable directa de un modelo de país signado por la desigualdad?
El Poder Judicial no es democrático, es la única rama del poder donde no podemos elegir: ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a los camaristas. Es la pata coja de nuestra democracia. Zaffaronni dice, y lo decía Jauretche también: siempre ponen a un primo pobre en el Poder Judicial para cuidar sus propios intereses y eso lo vimos en la Ley de Medios, en cómo la Justicia impidió su cumplimiento. Y en otros temas como la recuperación del predio de La Rural o el impedimento de que la AFIP cobre el Impuesto a las Ganancias que el diario La Nación viene evadiendo hace 15 años. Entonces ese es un poder que tiene que ser reformado, tiene que haber elección por voto popular.
¿Por qué tuvieron tantas dificultades para producir y terminar la película?
Hicieron su aporte económico los sindicatos y los alemanes. Por nuestra parte lanzamos una campaña de crowfunding colectivo en Idéame pero la empresa la dio de baja a pedido de los nietos de Martínez de Hoz y después costó mucho conseguir el dinero. Seguimos con el juicio, les ganamos y en marzo nos hicieron una segunda demanda. Y después lo que pasó en el país: el INCAA está totalmente devastado, a mi me congelaron los fondos, todavía no cobré nada de subsidio, se tardó mucho en hacer la película, y además el proceso judicial se iba alargando.
¿El gobierno de Macri es en materia económica similar al de Martínez de Hoz?
El gobierno actual y los anteriores conservadores tienen la característica de relacionarse con el mundo en una forma ridícula y naif: se sienten tranquilos en ser las grandes elites subordinadas a las potencias occidentales. Por eso lo que estamos mostrando y deconstruyendo en la película ahora es más vigente que nunca. Pero el daño económico que generó Martínez de Hoz es muy menor comparado al que está generando actualmente Macri. Un gran hecho de corrupción en la época de Martínez Hoz fue la privatización de la empresa Italo, de energía eléctrica, un negociado por más de 300 millones de dólares; los negociados macristas en meses superan ampliamente ese monto.
En las últimas elecciones ganó de vuelta el modelo hegemónico en la Argentina, el del modelo tributario de los viejos hacendados de la provincia de Buenos Aires. Es un modelo hereditario de la visión elitista del país, que deja a las grandes mayorías excluidas de los beneficios de la actividad económica y que solo se permite tener gobernabilidad a través de la represión, porque una vez que se terminan los dulces de los medios y, los globos que los medios inflan, va a tener que venir la represión. Todavía más fuerte que ahora. Este gobierno es tradicional de derecha y Martínez de Hoz si estuviera vivo lo vería con muy buenos ojos.

Revista Cítrica

INCAA: la comunidad audiovisual vuelve a las calles

Jueves 29, a las 15, en el INCAA contra el cierre de Artecinema, los despidos y los recortes. Necesitamos un plan de lucha para enfrentar el ajuste.

Tras el desplazamiento de Cacetta y de otros gerentes heredados de la gestión anterior –y que estaban a cargo del manejo de las cajas del INCAA–, el gobierno avanza con el ajuste.
Se ha valido de las denuncias de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso –la defensora del carácter “secreto” de los acuerdos firmados por Kicilloff y Chevron– que ha revelado una corruptela que compromete a dos presidencias de la gestión kirchnerista y a la primera presidencia propia, la de Cacetta, por las condiciones de contratación de la sala Artecinema, que pertenece al Grupo Aleph. Pablo Rovito, el desplazado rector de la Escuela del INCAA, es socio del grupo propietario de la sala, situada en el barrio de Constitución.
Esto ha sido empleado para justificar el cierre de la sala. A la producción cinematográfica nacional, que el Estado no apoya en su lanzamiento y exhibición, le han quitado ahora la sala adonde la mandaban a morir.
El Artecinema, por su ubicación, en una zona de tránsito y que se vuelve insegura por la noche, se había manifestado como una inversión capitalista estéril. El Estado la rescató y la empleó como cobertura de la ausencia de una política de distribución. A la actual gestión no le interesa ni siquiera disimularlo, prefiere el ajuste.

¿Dónde está la plata?

Las denuncias tienen dos objetivos: justificar la aplicación de un mega-ajuste y recuperar el manejo de las cajas del Instituto.
Entre tanto, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, informó en el Congreso que el presupuesto del INCAA es de $2.800 millones; pero el nuevo presidente del instituto, Ralf Haiek, les dice a los realizadores que el monto es de $1.600 millones. Por ley, la mitad del presupuesto debe ser destinada al fomento a la producción cinematográfica. Las “mitades” de lo que afirman uno y otro funcionario son bien distintas. La nueva gestión, que reivindica la “transparencia”, inaugura su mandato con una “diferencia” de $1.200 millones.
La nueva gestión es oscura en el manejo de los fondos y perversa en la aplicación de su sub-ejecución. Tiene prácticamente paralizada la actividad cinematográfica y la del propio instituto.
Actualmente, dos compañeros que el INCAA sostuvo en relación de “proveedores” durante años están reclamando su reincorporación y su pase a planta. Pero el próximo 30 de junio vencen más de trescientos contratos, cerca de la mitad de la planta de trabajadores. La burocracia de UPCN le da la espalda a los reclamos y contribuye con la regimentación de los trabajadores.

Poner de pie el movimiento

Tras el levantamiento sin precedentes de la comunidad audiovisual en el mes de marzo, el movimiento fue llevado hacia el reclamo de la apertura del proyecto de ley de Convergencia Digital en defensa del fondo de fomento y desviado de su reclamos de democratización del INCAA y modificación del Plan de Fomento creado por Cacetta a la medida de las majors.
Primero, los estudiantes, que reclaman una apertura al acceso al fomento para la ficción y, más tarde, los documentalistas que defienden sus conquistas en el acceso al fomento y en la conformación independiente de los comités de evaluación de proyectos han vuelto a reunirse en asambleas y a planteado una gran movilización para el 29 de junio, a las 15 horas, frente a las puertas del INCAA.
Para parar el mega-ajuste al fomento, para defender a los trabajadores del instituto, para rechazar la censura económica y política a la producción independiente y abrir el fomento a los estudiantes, seamos miles en las calles, nuevamente.

Julián Morcillo - Ojo Obrero

Otro golpe a la educación secundaria (segunda parte)

Sin mayores precisiones sobre el documento que trabajarán los 24 ministros de educación de todos los bloques políticos, en el Consejo Federal de Educación, los anuncios de una reforma en el nivel medio por los medios de comunicación dan cuenta de una nueva avanzada contra la educación. A continuación los puntos más salientes del proyecto.

Las “metas”

El gobierno presentó los resultados de las pruebas estandarizadas (múltiple choice) como una justificación de las reformas que deberían realizarse. En verdad, es el resultado de una larga tentativa de los organismos internacionales (BID, Banco Mundial, Ocde) que se desarrolló en las últimas décadas en el país y en mundo - Ley Federal de Educación, LEN 2006, NES-. Las reformas aludidas han degradado la educación pública. Apuntaron a adaptar a la educación al cuadro de crisis social y decadencia histórica del capitalismo.
Que cada escuela tenga que presentar sus metas y proyectos para alcanzarlas, “que le dé sentido a la escuela y motive a los estudiantes” (Clarín, 26/6), significaría justamente que la escuela tenga que adaptarse a los rankings que establecieron las pruebas Aprender y que se refuerce, aún más, la fragmentación al interior del sistema educativo.
Que se remplacen las materiales “tradicionales” por temáticas que otorguen contenidos aplicados y capacidades, es seguir recortando disciplinas por espacios de dudosa riguridad científica, acorde a las demandas de “habilidades blandas” de las empresas.
Que se flexibilice la promoción de las materias y espacios curriculares no garantiza, en principio, que el estudiante adquiera los conocimientos planteados y parece más adaptarse a la preocupación por la terminalidad, a los números de egresados para las estadísticas, que a un verdadero método de acompañamiento de las trayectorias escolares.
La capacitación y materiales para docentes anunciado en el plan, se contradice con el cierre de los postítulos gratuitos y el despido de docentes que comenzó a fines del año 2016 en el Infod, en línea con la generalización de posgrados y cursos pagos en las áreas de interés del gobierno – gerenciamiento, neurociencias-.

La NES en ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la aplicación de la ley nacional del año 2006 destruyó, literalmente, las orientaciones, las titulaciones existentes, la diversidad curricular, las carreras artísticas y flexibilizó el trabajo docente. Desde el año 2012 se viene aplicando esta reforma (resultado de un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional K), que provocó una lucha estudiantil-docente enorme, con tomas de escuelas..
El acuerdo de macristas y kirchneristas posibilitó primero la aplicación en las escuelas denominadas “pilotos”, con el apoyo de la dirección burocrática de la Celeste de la UTE a la cabeza y las agrupaciones estudiantiles kirchneristas.
Sucede que en el ámbito de la ciudad nunca se aplicó como tal la nefasta Ley Federal de Educación de 1993, producto de una resistencia estudiantil y docente que recorrió todo el país. Lo que Menem–Decibe no pudieron, lo hicieron a través de un pacto antieducativo el PRO y el kichnerismo.
El recorte de horas de disciplinas como Historia, Filosofía, Biología, entre otras, y el remplazo por espacios de definición instituciones –EDI- objetivamente devaluó el nivel académico. La creación de nuevas áreas que se fueron improvisando, que aún no tienen perfil de docente a cargo, ni programa definido, no ha redundado en la mejora en la enseñanza.
La pérdida de horas de profesores que han sido cesanteados por esta reforma, ha golpeado al trabajo y, como contrapartida, se ha generalizado el contrato en educación. Materias a término, en muchos casos sin fundamento pedagógico, que agravaron la inestabilidad laboral en el nivel medio.
¿Será este el modelo de secundaria que quieren aplicar Macri- Bullrich y los 24 ministro de educación en todo el país?

En defensa de la educación y los trabajadores, siempre

El bloque del Frente de izquierda en la Legislatura porteña denunció las implicancias de este tipo de reformas. Incluso el legislador Marcelo Ramal, junto a docentes y estudiantes, presentó proyectos para que se suspendiera la aplicación de esta reforma, advirtiendo las consecuencias que estaba generando en las escuelas piloto (sin edificios, con superposición de horarios, con despidos, sin presupuesto y con el fin de degradar el nivel). Los bloques mayoritarios (PRO-FpV-Losteau-Massa) avanzaron igual con la reforma, demostrando su acuerdo estratégico respecto a la política educativa, aunque mantengan un discurso progresista.
Como se puede observar, se trata de una ofensiva para degradar el nivel, su carácter universal y científico. Para defender a la educación pública, debemos luchar también de forma independiente de todos los bloques políticos que defienden una orientación social patronal, una lucha necesariamente ligada a una trasformación social de fondo, protagonizada por los trabajadores.

Amanda Martín

El derrumbe progresista

La corriente que se autodenominó como “centroizquierda” y pretendió identificarse con la moderación política y posiciones tibiamente favorables a las capas populares, la oposición al “capitalismo salvaje” en nombre de la “redistribución de la riqueza” y el fomento a la cultura, se halla sumida en una bancarrota sin retorno.
El hecho no es novedoso, pues su descomposición definitiva arranca con el ascenso de la “tercera vía” que encabezó el laborismo británico de Tony Blair, cuyo gobierno acabó secundando las masacres del republicano Bush padre en Medio Oriente, en los años 90. En América Latina, el pasaje del izquierdismo al campo del imperialismo sin atenuantes se cristalizó en el Foro de San Pablo, que en nombre de “repensar el socialismo y renovar el pensamiento de izquierda”, postuló “el valor universal de la democracia”, “el mercado con justicia social” o “la integración en pie de igualdad con las potencias en el nuevo orden internacional”. En los años siguientes, este “programa” adoptaría la forma de los gobiernos fondomonetaristas del PT brasilero, del Frente Amplio uruguayo y de la Alianza Frepaso-UCR en Argentina.
Despedazado tras el derrocamiento de De la Rúa-Cavallo por la rebelión popular de 2001, los restos del Frepaso se reparten entre los bloques políticos más rabiosamente capitalistas.
Un caso emblemático –explícito, por su denominación– es el de Progresistas, la alianza que tejieron el GEN y Libres del Sur para las pasadas elecciones.
El tándem Margarita Stolbizer-Victoria Donda selló un acuerdo con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. El Frente Renovador fue protagonista de la ´coalición del ajuste´ que acompañó a los gobiernos de Macri y de Vidal en el Congreso y la Legislatura y le votó todas las leyes claves, incluido el acuerdo con los fondos buitre, la perpetuación del impuesto al salario y el presupuesto. Massa no se preocupa por disimular su programa derechista, que incluye volcar a las fuerzas armadas en “la lucha contra el narcotráfico”, militarizar las villas y bajar la edad de imputabilidad. El GEN de Stolbizer es un típico sello en alquiler: en Entre Ríos, integra la lista de Cambiemos.
Más curtido que una veleta en estos vaivenes, Libres del Sur ha demostrado una “versatilidad” a prueba de todo. Según Victoria Donda, para no caer en la “izquierda testimonial”. Por caso, en Mendoza, LdS integra el gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos), votaron a favor del “ítem aula” contra los docentes y se presentan aliados en los cargos provinciales; en Tucumán, participa de la intendencia de la capital, en manos de una fracción del PJ aliada a José Cano (Cambiemos); en Chaco, pasó de integrar la alianza patrocinada por la UCR a un frente con el PS y el PCR; mientras tanto, en San Luis integra la el frente que lleva a Luis Poggi, el candidato de Cambiemos; y un largo etcétera.
Por último, los filo-chavistas de Patria Grande se suman a las internas que organiza en la Ciudad de Buenos Aires el PJ/Unidad Porteña de Víctor Santa María, el burócrata del gremio de porteros y titular del sello peronista porteño. Allí confluirá también la lista impulsada por Gustavo Vera, que impulsa la candidatura del ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno. También lo integra el PCR-PTP, aunque de manera vergonzante, porque retacea informar en su comunicado quiénes serán sus socios. En Neuquén, el PCR-PTP también marcha a las PASO aliado a los sabatellistas de Nuevo Encuentro. En cuanto a la Unidad Popular de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, armaron rancho aparte en la Ciudad, pero la boleta de su partido fue pegada a la de Cambiemos en las elecciones provinciales de Corrientes.
La intensidad de la crisis no deja margen para la supervivencia política del ´progresismo´. Este rápido repaso alcanza para reivindicar al Frente de Izquierda como la única alternativa auténticamente defensora de los derechos de los trabajadores, la mujer y la juventud.

Jacyn

Trump y el bloqueo a Cuba

Para una amplia mayoría de observadores sin distinción de tendencias, las sanciones que anunció Trump hace un par de días contra Cuba carecerían de un significado particular – incluso cuando algunos se refieren a un retorno a la “guerra fría”, lo cual es un despropósito en las condiciones posteriores a la disolución de la Unión Soviética. Trump no ha dado marcha atrás, dicen, con el reconocimiento diplomático que sellaran Obama y Raúl; tampoco con el cierre a la inmigración ilegal de cubanos; no afecta la llegada de cruceros o el tráfico aéreo ni las operaciones de turismo de Airbnb; y aunque restringe el turismo individual y prohíbe negocios con las empresas controladas por la Fuerza Armada de Cuba, parece haber excluido de las limitaciones a la gestión, por parte de la corporación Marriot, del Sheraton Hotel, en La Habana, controlado por los militares.
En esta línea de interpretación condescendiente, Trump se habría propuesto dar una satisfacción simbólica a la comunidad gusana en Miami y a quienes ofician de representantes de ella en el Congreso de Estados Unidos. Buscaría de este modo asegurarse algunos votos vitales ante la campaña que busca destituirlo por medio de un juicio político. La orden ejecutiva (decreto) que establece las restricciones debe pasar por un proceso de reglamentación a nivel ministerial, que suele demorar varios meses. La Cámara de Comercio Americana, la principal entidad empresarial de EEUU, es una propulsora activa del comercio con Cuba y ha rechazado las restricciones de Trump. The Wall Street Journal advirtió que la política de Trump “cede oportunidades crecientes a otros países”. En efecto, Brasil, Rusia y China operan activamente con el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) que está bajo el control de los militares cubanos. Cuba es una reconocida colaboradora de la administración norteamericana en relación al combate al narcotráfico y a la llamada seguridad contra el terrorismo.
¿Nada por aquí, nada por allá? ¿Mucha cáscara y pocas nueces – en la pauta de vociferar en exceso pero usar un garrote corto – como, dicen, que ocurre con el muro en la frontera con México, prometido por Trump? No se debe pasar por alto, sin embargo, que en esta ocasión Trump (como también lo hizo Obama) vuelve a recurrir al decreto ejecutivo, o sea a pasar por encima del Congreso, en una línea de poder personal. EEUU desarrolla operaciones militares en Siria sin contar con una autorización del Congreso y acaba de derribar un avión militar sirio que estaba operando en su propio país. Las sanciones contra Cuba siguen, además, la pauta empleada contra otros estados, que es forzar negociaciones favorables al imperialismo norteamericano mediante la coacción. Acaba de incrementar las sanciones contra Rusia, incluidas las corporaciones de gas de Europa que se encuentran asociadas a las rusas.
El contexto adecuado para caracterizar la acción de Trump contra Cuba es, en primer lugar, que la Isla sigue afectada por el bloqueo norteamericano, que Obama nunca levantó. El bloqueo es, por definición, una acción coactiva; las ‘sanciones’ de Trump son un aval, que casi nadie ha advertido, de los republicanos y gusanos de Miami a los acuerdos de Obama y Raúl Castro. Cuando Obama reconoció el fracaso de medio siglo de bloqueo, no dijo que los objetivos norteamericanos hubieran cambiado – solo se refirió al método. El otro aspecto es que las facilidades de negocios establecidas por esos acuerdos han fracasado en reactivar la economía de Cuba o simplemente las transacciones internacionales. “Después de haber arrancado muy fuerte, informa Le Monde (16.6), las compañías norteamericanas habrían reducido sus vuelos a la Isla (…) el PDG de Air France expresó sus dudas sobre la ocupación de los aviones” –algo que, sin embargo, es desmentido “fuertemente” por el presidente de Corsair. Cuba, además, “otorga derechos de tráfico con parsimonia. El diario francés señala también “que la insuficiencia hotelera podría frenar el flujo de turistas”. El turismo es la fuente principal de ingresos internacionales de Cuba. La crisis de inversiones en Cuba es la palanca principal de presión a disposición del capital internacional y sus diversos estados sobre la Isla.
La oportunidad elegida por Trump para su diatriba anti cubana guarda relación con la crisis en Venezuela. La entrega de petróleo a Cuba, a precios subsidiados, ha perdido regularidad y podría cesar en caso de un desenlace político favorable a la derecha en Caracas. La caída del precio internacional del petróleo ha atenuado el impacto sobre el déficit energético cubano, pero no lo ha suprimido. Maduro, el presidente de facto de Venezuela, prometió renunciar ante la Asamblea Constituyente digitada por la camarilla oficial que la convocó, lo cual dejaría abierta la posibilidad para organizar una ‘transición’ de destino incierto, en especial para Cuba.
En conclusión: las ofensivas imperialistas no son ya como las de antes; ahora se desarrollan en un marco de crisis capitalista mundial y de inestabilidad de los regímenes políticos. Por eso son más agresivas – como la guerra en Asia o la exacerbación de los boicots y guerras comerciales, pero al mismo tiempo menos sólidas o consecuentes. Que Trump parezca decidido a encender la mecha en un continente en estado de explosión potencial y a envolver a Cuba en el remolino, atemoriza a numerosos sectores del ‘establishment’ yanqui e internacional. Puerto Rico, la menor de las Antillas, colonia de Estados Unidos, se encuentra en un defol insoluble y en una crisis de régimen político. Todo el Caribe es una olla a presión.
Es necesario poner la crisis en curso en una perspectiva latinoamericana y mundial.

Jorge Altamira

Massa y su falso discurso contra los privilegios de la casta política

El diputado nacional está fuertemente cuestionado por sus múltiples ausencias a las sesiones en la Cámara Baja. Intenta diferenciarse políticamente del kirchnerismo y del macrismo.

Sergio Massa busca en sus declaraciones diferenciarse del macrismo y del kirchnerismo. Intenta, como le sale, sostener el espacio al que suele denominarse “la ancha avenida del medio”.
Para eso apela, de manera demagógica, a hablar en contra de los privilegios de la casta política de los partidos patronales. Una casta de la que forma parte desde hace décadas.
El precandidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires, afirmó este lunes que Cristina Fernández eligió competir en estas elecciones porque "necesita los fueros".
"Está claro que Cristina necesita los fueros, y por eso decide ser candidata. Está claro también que el Gobierno necesita a Cristina de candidata porque le permite discutir el pasado y no el presente", afirmó Massa en radio La Red.
El actual diputado y líder del Frente Renovador tiene en su haber una de las mayores cantidades de inasistencias a las sesiones que tienen lugar en la Cámara Baja. Precisamente por eso fue cuestionado, en un debate público, por el referente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, en 2015.
Ahora, intentando cargar mecanismos de impunidad sobre sus rivales, ataca al espacio de Unidad Ciudadana y a la expresidenta. Hay que recordad que Massa fue jefe de Gabinete de Cristina Fernández durante 9 meses. Antes de eso, fue el titular del Anses desde 2002 a 2007. Recién en 2013 anunció su alejamiento del espacio del FpV.
El espacio de Massa, según confirmó el referente, estuvo tanteando la posibilidad de un acuerdo con Florencio Randazzo. Algo que no llegó a buen puerto. Con esta división del peronismo, en Cambiemos hay un clima de "festejo" que no puede asegurarse vaya a durar.

Alberto Britos

Maxi y Darío: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia volvió a denunciar a los culpables

Decenas de organizaciones volvieron a denunciar a Duhalde, Aníbal Fernández y el resto de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda ocurrida hace hoy quince años.
“A quince años, seguimos reclamando justicia. Con las banderas de Darío y Maxi, contra el ajuste y la política represiva del gobierno de Macri y los gobernadores. Quince años de impunidad: el Estado es responsable. Juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda: Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Luis Genoud, Jorge Watzkin, Oscar Rodríguez. ¡Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo!”. Así arranca el documento elaborado por decenas de organizaciones de derechos humanos, políticas, gremiales y culturales nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El texto completo, leído en el acto realizado en el Puente Pueyrredón durante la tarde de este lunes, se reproduce a continuación.

“Hoy, a quince años de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki, el 26 de junio de 2002, volvemos a este puente emblemático a reclamar justicia por los compañeros caídos y a denunciar las políticas de hambre y represión de Macri y los gobernadores.
Hace quince años el gobierno de Duhalde, con apoyo de los grupos económicos que descargaron sobre el pueblo la crisis capitalista de 2001, arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle por pan y trabajo. Quería disciplinar al pueblo trabajador para cerrar la poderosa rebelión popular abierta el 19 y 20 de diciembre de 2001.
La Masacre de Avellaneda que ordenó Duhalde y toda la cúpula política se ejecutó con un operativo conjunto de la Federal, la Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y los servicios de Inteligencia. Además de las vidas de Darío y Maxi, hubo más de cuarenta compañeros y compañeras heridos con balas de plomo y cientos de detenidos en comisarías, locales y casas aledañas, muchos de ellos golpeados y torturados.
Los grandes medios difundieron la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y el coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial.
Al otro día, miles ganamos las calles para exigir juicio y castigo a los responsables, derrotando la salida represiva de Duhalde y sus aspiraciones presidenciales. Por eso las vidas de Darío y Maxi trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy seguimos reivindicando su lucha.
Por sus asesinatos hemos logrado las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta, pero los responsables políticos aún siguen impunes. Desde la masacre, doce de los quince años transcurrieron bajo gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y ampararon a muchos de sus funcionarios, como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros.
A quince años, los que decidieron atacar al movimiento piquetero y habilitar a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados siguen libres e impunes. La causa que debía investigar las responsabilidades políticas sigue cajoneada desde hace años en el juzgado de Ariel Lijo. Muchas medidas de prueba que presentamos (como cruces de llamadas entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de la represión) fueron ignoradas.
Aunque logramos que se desarchivara y se llamara a declarar a funcionarios del municipio de Avellaneda, que por años guardaron silencio, ya pasaron cuatro fiscales y a pesar de todos los indicios aportados por familiares y compañeros de Darío y Maxi, el proceso judicial no avanza.
Contra todas las maniobras del poder político y judicial, seguimos movilizados para lograr el castigo que se merecen: Duhalde, principal responsable de la represión; Aníbal Fernández, exsecretario general de Presidencia; Álvarez, exsecretario de Seguridad de la Nación; Atanasof, exjefe de gabinete; Solá, exgobernador bonaerense; Vanossi, exministro nacional de Justicia, y Genoud, ministro de Seguridad bonaerense y hoy miembro de la Corte provincial.
Ellos siguen en los partidos que se turnan en el poder y algunos son candidatos en las elecciones, ¡pero son nuestros candidatos para pudrirse en la cárcel!
Hoy volvemos a este Puente también para decirle a este gobierno de ricos que somos millones los que seguimos defendiendo nuestros derechos.

- Porque igual que en el 2002, este gobierno intenta cooptar a movimientos sociales para sacarlos de las calles a cambio de migajas que nunca llegan y terminan por dividir la resistencia.

- Porque en un año y medio de gobierno de Macri hay un millón y medio de nuevos pobres.

- Porque en este país uno de cada dos niños y niñas es pobre o indigente.

- Porque los tarifazos, los despidos, la precarización laboral y la inflación carcomen los ingresos de las familias populares.

- Porque así como ayer quiso recortar los ingresos de los jubilados, ahora lo intentó con las pensiones de los discapacitados.

Y si Macri se anima a esta ofensiva es porque en el Congreso, donde está en minoría, le votan sus leyes el PJ, el Frente para la Victoria y Massa-Stolbizer.
Desde que asumió, Macri pretende imponer el olvido y la reconciliación con los genocidas. Pero debe retroceder ante un pueblo que sigue reivindicando a los queridos 30 mil. Así lo reafirmaron las masivas marchas del 24 de Marzo y contra el 2x1 de la Corte. Y así también vamos a derrotar el nuevo intento de impunidad a genocidas en La Plata. ¡Para los genocidas, la cárcel ya!
La política discriminatoria contra los hermanos migrantes y la represión contra los pueblos originarios son otra cara de esa misma política reaccionaria.
Hoy reivindicamos también al movimiento de mujeres, que el 8 de Marzo realizó el primer paro mundial. Miles de mujeres nos organizamos, luchamos por una vida digna y volvimos a exigir #NiUnaMenos, porque el Estado es responsable por la violencia machista que sufrimos en las casas y los barrios.

- Exigimos respuesta para frenar los femicidios.
- Exigimos derecho al aborto libre, seguro y gratuito.

- Exigimos la aparición con vida de Nadia y de todas las mujeres secuestradas por las redes de trata.
Así como antes logramos la libertad de Belén, hace poco logramos la libertad de Higui. Y seguimos exigiendo al Estado políticas públicas para garantizar la igualdad de las mujeres y justicia por todas las víctimas de violencia de género.
Desde este Puente Pueyrredón, escenario de una parte de nuestra historia, reivindicamos la lucha de Darío y Maxi como expresión de la juventud que se organiza y pelea, en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y zonas rurales; la que enfrenta a la burocracia sindical y la precarización laboral, la que pelea por una sociedad de iguales.
Desde aquí saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste a lo largo y ancho del país, como la lucha docente por salarios, pese a la represión de Macri y los gobernadores; o como hoy la de Pepsico contra los despidos.
Rechazamos la intervención estatal en el sindicato azucarero del Ingenio Ledesma en Jujuy y la ley aprobada en Córdoba, que declara al transporte como “servicio esencial” para atacar el derecho constitucional de huelga.
En las figuras de Darío y Maxi, también reivindicamos a todos los mártires de las luchas obreras y populares:

- Exigimos verdad y justicia por el asesinato de Elsa Sosa de Fagetti, testigo y querellante en la causa contra los genocidas en Mendoza y el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo en Sta. Fe.

- Reivindicamos a Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Víctor Choque y los muertos en Corrientes. A los caídos por la represión del 19 y 20. A Javier Barrionuevo y Carlos Fuentealba. Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri y Bernardo Salgueiro, en el Indoamericano. A los qom Roberto López, Sixto Gómez y Mario López, en Formosa. A Florentín Díaz, en Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo, en Rosario. A Mariano Ferreyra.

- Exigimos justicia por Julio López, y por Luciano Arruga y todos los jóvenes víctimas de la Bonaerense y demás policías del país.

- Nos solidarizamos con las luchas de nuestros hermanos de América Latina: Libertad a las presas y presos políticos peruanos. Justicia por Berta Cáceres, asesinada en Honduras y por las 56 niñas incineradas en Guatemala.

- Denunciamos la política genocida del régimen paraguayo. Libertad para Alcides Oviedo, Carmen Villalba y demás presos políticos paraguayos. Todos ellos, todas ellas, están representadas también en el nombre de la estación “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, que hemos convertido en una muestra permanente de arte popular y de lucha. Ellos eran parte de una generación de luchadores y son también, espejo de la actual: la que enfrentó al menemismo y la Alianza, la del 19 y 20, la que combate el hambre, la miseria, la explotación y la opresión de todos los gobiernos de turno.

- Libertad a Agustín Santillán, dirigente wichí preso en Formosa por alzar la voz contra los sojeros y el gobernador Insfrán

- Libertad a Milagro Sala y los 15 compañeros de la Tupac Amaru presos en Mendoza.

- Anulación de las causas a los más de cuatro mil luchadores procesados.

- Fuera el imperialismo de América Latina. En este Puente, una vez más, hoy nos comprometemos a seguir presentes en todas y cada una de las luchas hasta lograr que sus sueños se hagan realidad, en una Argentina sin opresión y explotación.

- ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes!

- Por los 30 mil compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, ¡Presente!

- Por todos y todas, los compañeros y compañeras que cayeron en la lucha, ¡Presente! ¡Ahora y siempre!”

Bono de deuda pública a 100 años

El gobierno de Macri colocó un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto de la sociedad.
La tasa que resulta de la colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará el capital.
Se trata de un negocio redondo para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses, o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron una comisión de poco más de 3 millones de dólares.
Debe quedar claro que esos 200 millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores y especuladores y pierde el pueblo argentino.
Entre los argumentos del gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor radicalidad en el ajuste.
Los capitales globales pretenden mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.
Del mismo modo ocurre con la negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos trabajadores.
El endeudamiento y el crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene dos ámbitos de confrontación.
Uno es de carácter institucional y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock de ajuste.
El otro se presenta en la movilización y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la sociedad sin representación política elegible.
La crisis es por arriba en tanto se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas? Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza Massa - Stolbizer.
Pero también es por abajo, donde la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.
La reunión se realizó en la Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.
Quedan claras las opciones. Una fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema capitalista.
Son opciones no necesariamente complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.

Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

La rebelión de 1912

El 25 de junio de 1912 cientos de pequeños chacareros se habían reunido para enfrentar a los terratenientes de la Sociedad Rural.

“¡Huelga por tiempo indeterminado!” fue la consigna ovacionada en la Sociedad Italiana de Alcorta (Santa Fe), el 25 de junio de 1912. Cientos de pequeños chacareros se habían reunido para enfrentar a los terratenientes de la Sociedad Rural. Eran parte de las familias obreras o campesinas que habían llegado desde Europa a fines del siglo XIX, sin más recursos que sus brazos para trabajar. Los terratenientes, que ya se habían repartido las mejores tierras a punta de fusil, entregaron parcelas a los primeros chacareros. Los dueños de la tierra buscaban extender el cultivo de cereales y preparar sus campos para el ganado de exportación, explotando a peones y colonos. Las mayoría de los 75 mil chacareros que poblaban en esos años la pampa eran medieros, aparceros o arrendatarios, que temían ser expulsados de las chacras.
El hastío a esa expoliación y las tradiciones de lucha que traían de sus orígenes, fue sembrando la rebeldía. El reclamo de Alcorta incluía una rebaja en los porcentajes de los arrendamientos; que el contrato sea de 5 años como mínimo y que el porcentaje entregado al terrateniente sea del total y no del mejor grano.
El movimiento pronto se extendería, con huelgas y acciones que involucraron a más de 120 mil habitantes de la región. La lucha duró varios meses, sufriendo la represión policial y de las bandas paraestatales, que incluyó el asesinato de Netri, Mena y otros dirigentes federados.
El Grito de Alcorta logró algunas concesiones de parte de los terratenientes, y abrió una década en que los chacareros pudieron mejorar sus condiciones de contratación y arriendo. Nunca se planteó llegar tan lejos como otros estallidos que, como la Revolución Mexicana de 1910, lograron trastocar la estructura económica y social del campo. Aún así, ese mismo año se puso en pie la Federación Agraria, que en su primer congreso planteó la reforma agraria integral.
Luego de las primeras décadas de conflictos, la acumulación de capital permitió a importantes sectores convertirse en propietarios de las tierras que arrendaban. Si en la década del 10 habían sellado alianzas con sectores obreros, la década del 20 los encontró reclamando el orden contra los obreros rurales que se levantaban desde la Patagonia a La Pampa. Ya con los sectores anarquistas y socialistas desplazados de la dirección, la Federación Agraria saludaba el golpe del general Uriburu contra Yrigoyen: “la Nación ha hecho una vez más honor a su glorioso origen y después de un profundo accidente histórico ha vuelto a juntarse con su destino. La revolución ha triunfado”. (La Tierra, septiembre de 1930).
La pelea por una mayor cuota en la distribución de la ganancia y la renta agraria fue conformando una alianza más o menos estable entre la pequeño burguesía agraria hasta sectores capitalistas medios que fueron incorporando cada vez más mano de obra asalariada. La Federación Agraria es, aún con su perfil discursivo, uno de los puntales de pelea por la distribución de la renta entre los sectores burgueses del campo y la ciudad. El botín que roban a los trabajadores y el pueblo pobre.

Lucho Aguilar

Una provincia militarizada para aplicar el ajuste

La juventud, su objetivo principal

Los episodios represivos y abusos policiales que tienen como víctima principal a la juventud, en particular a aquella de los barrios más humildes, crecen día a día. Expresa una política de Estado, la orientación tanto del gobierno nacional como provincial es consolidar el control de los aparatos de seguridad para imponer un control social sobre los trabajadores. Se trata de prevenir o impedir las luchas contra el ajuste, que sólo en la última semana significó más de 1.000 despidos a escala nacional.
En la provincia de Buenos Aires, el panorama es ominoso: la Bonaerense yendo a las escuelas secundarias para el armado de listas negras de los docentes que se adherían al paro; la represión brutal a los inundados de Pergamino; el caso del ENAM de Banfield, Lomas de Zamora -como también de algunos colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires- donde la policía persiguió a un grupo de chicos que se habían rateado, también ingresando al colegio para detener a los menores de edad en el patrullero, torturándolos psicológicamente arriba del mismo y armándole una causa a uno de ellos por “resistencia a la autoridad”; en Berisso, el desalojo violentísimo de estudiantes secundarios de una dependencia estatal donde se encontraban manifestándose pacíficamente por el fondo educativo. Estos últimos dos episodios suscitaron movilizaciones multitudinarias de estudiantes y centros para denunciar los golpes y causas armadas.
El accionar de las fuerzas de seguridad en la calle es cada vez más desmedido: requisas de colectivos, con particular ensañamiento en los jóvenes con determinado estereotipo; persecución a manteros o vendedores ambulantes. La carátula de “resistencia a las autoridades” es la que generalmente se emplea para detener a quienes arbitrariamente la policía considere hacerlo. Desde la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Institucional) informaron que durante los últimos 15 años recibió entre 5 y 6 consultas mensuales por este tipo de situaciones y en los últimos meses, está recibiendo entre 5 y 7 consultas semanales (Página/12, 19/6). Recordemos que a fines del 2015 el Tribunal Superior de la Justica de la CABA habilitó a detener y pedir documentación o averiguación de antecedentes sin motivo previo y guiándose por “portaciones de rostro”. Es decir el Estado le ha otorgado facultades excepcionales a la policía para actuar a gusto y piaccere, una práctica habitual en la provincia.

Un polvorín

Vidal, Bullrich y todo el aparato mediático intentan engañar a la población deformando y tergiversando datos de tasa de criminalidad donde demostrarían que los menores encabezan los rankings de crímenes. Los episodios de asesinatos de un robo en Lomas de Zamora, o inclusive la muerte del chófer de la Línea 514, son utilizados para reforzar la idea de consolidar una policía fuerte y con margen de acción para combatir el crimen y para avanzar en la criminalización de la juventud (buscando un chivo expiatorio, sacando de eje el propio papel de la policía en el crimen organizado) con la idea de la baja de edad de imputabilidad.
En este sentido el jefe de la bonaerense, Fabian Perroni, se ha cuidado de plegarse al canto de todos los candidatos de bajar la edad de imputabilidad sosteniendo que el problema pasa por reinsertar a los chicos a la educación o actividades sociales. Vidal ha seleccionado a un “sheriff” con perfil progre mientras profundiza su política represiva; por otra parte, el candidato de Libres del Sur, Sergio Massa, pedía por todos los medios de comunicación meter en cana a los chicos; en otros tiempos quienes repetían esto eran los Scioli y su pandilla.
Lo que se oculta en todo esto es el papel que juega la policía en la organización del crimen: las zonas liberadas, las redes de tratas, entraderas en las casas, piratería del asfalto y fundamentalmente el narcotráfico. Todo este circuito delictivo no podría funcionar sin los engranajes fundamentales de las fuerzas de seguridad. Son ilustrativos los episodios de la crisis de la Salada donde aparecen involucrados altos mandos policiales con la recaudación de las cajas negras y el reclutamiento de las llamadas “pirañas” que robaban hacia el interior de la famosa feria. A principios de Junio el ministerio de seguridad dio a conocer que desde que desde diciembre del 2015 para acá fueron a apartados 4.700 policías e iniciado 12.300 sumarios, en ese marco, se destacó que casi 900 uniformados son investigados por enriquecimiento ilícito y 73 de ellos ya enfrentan procesos penales (La Voz del Pueblo, 1/6).
Esta bestia policial vinculada al crimen se ha cultivado bajo las barbas del PJ y los barones del conurbano que hoy se esconden bajo las faldas de CFK.

Sumate a una campaña anti represiva con la UJS

Desde la Unión de Juventudes por el socialismo desarrollaremos una campaña en toda la provincia denunciando los ejes mencionados arriba, organizando festivales y expresiones artísticas; daremos luz a un folleto de qué hacer frente a las detenciones arbitrarias o abusos policiales, e impulsaremos con otras fuerzas políticas y organizaciones estudiantiles “encuentros” anti represivos con paneles y debates.
La vinculación de esta campaña con el movimiento obrero es crucial, ya que los capitalistas y su Estado tratan de ganar a los trabajadores a la idea de reforzar la policía para contrarrestar la “inseguridad”. Buscaremos pronunciamientos y participación de seccionales y sindicatos combativos. Un ejemplo de esto es la solución que han planteado los choferes que no consiste en poner más canas en los colectivos sino en reforzar las inversiones de los empresarios en los dispositivos de seguridad.

¡Abajo la militarización y criminalización en la provincia!

Desmantelamiento de todo el aparato represivo, que se encuentra en el centro de la organización delictiva.

Control popular y de los trabajadores de las comisarías y sus libros de ingresos y egresos.

Walter Orozco

Lanús: siete muertos por la desidia de Edesur y del Municipio

Cuatro niñas de entre 2 y 7 años del barrio Acuba, y un adulto y dos adolescentes del barrio San José Obrero, fallecieron producto de incendios en sus viviendas. Ambos siniestros, ocurridos este mes con menos de quince días de diferencia, fueron a causa del uso de velas que eran utilizadas por las familias ante la falta de energía eléctrica. Los vecinos movilizados a la oficina central de Edesur y luego al municipio no han obtenido ninguna respuesta de fondo a la situación de abandono que viven en sus barrios, con conexiones eléctricas precarias, transformadores desbordados y un tendido eléctrico obsoleto, viven con cortes permanentes durante todo el año.
La empresa Edesur, luego de haber embolsado miles de millones de pesos en subsidios con el gobierno kirchnerista sin haber invertido un peso, fue premiada por el gobierno de Cambiemos con un tarifazo que llegó hasta el 400%. Pero el estado deplorable de la insfraestructura eléctrica en Lanús no ha cambiado, con cortes de luz constantes en todo el distrito; sobre todo, en los barrios humildes, donde todas las conexiones son precarias.
El gobierno municipal de Néstor Grindetti (Cambiemos) se desliga de su responsabilidad en esta situación y culpa a Edesur por no haber realizado las inversiones necesarias. Sin embargo, en el Concejo Deliberante se aprobó a instancias del oficialismo, con el apoyo de los bloques del FpV y el FR, que el impuesto por el alumbrado público sea cobrado por esta empresa, lo que significa una enorme transferencia de recursos a esta empresa vaciadora sin que exista un control o planificación alguna de las inversiones que son necesarias para resolver problemas estructurales. El negociado con las privatizadas vaciadoras se paga con las vidas de las familias obreras más vulnerables.
El Partido Obrero responsabiliza al gobierno de Grindetti, cómplice de Edesur, por el vaciamiento y la falta de inversiones, y denuncia la desidia hacia los barrios que vienen reclamando una respuesta hace meses ante los cortes permanentes y que amenazan con cobrarse nuevas víctimas.
Más que nunca, son necesarias la apertura de los libros de las privatizadas y la nacionalización bajo control obrero; un plan de inversiones en infraestructura bajo control de los vecinos y trabajadores del distrito para terminar con un negociado capitalista que se cobra la vida de los trabajadores.

Leo R

Cierre de listas, revelaciones y ocultamientos

El cierre de listas electorales dice mucho sobre la orientación que tendrá cada uno de los bloques que van a disputar las PASO y las generales de este año. No sólo por lo que exhiben en la persona de sus candidatos, sino también por lo que quieren ocultar.
El oficialismo decidió salir a dar batalla con los elementos más identificados con un perfil antiobrero. Es el caso de Esteban Bullrich, el ministro de la fractura de la paritaria nacional docente y que enfrentó la gran huelga de comienzos de este año. Su candidatura no sólo es un aval a los planteos de privatización educativa y aliento a la penetración de las ONGs del capital en colegios y universidades. Es también un respaldo a los planteos rompehuelgas contra las luchas obreras, que caracterizaron precisamente a la política oficial frente a la docencia. Completando esta orientación, en la Capital Carrió tendrá el acompañamiento de Fernando Iglesias, un rompehuelgas mediático a quien Macri decidió premiar por su constante prédica contra las luchas que enfrentan al ajuste. El reforzamiento de la Coalición Cívica –señalado por diversos medios- es el de esta línea de guerra contra las masas, que el gran capital exige al macrismo como mandato para después de las elecciones. El gobierno ha recurrido para los dos distritos principales a dos oficialistas opositoras, las denunciantes seriales Carrió y Ocaña. Deberán echar de sus denuncias como principal argumento de campaña, ante la evidencia de que no pueden reivindicar nada del gobierno Cambiemos.

CFK

Aunque la candidatura de Cristina Kirchner ya no constituía una sorpresa, sí lo fueron varios de los principales protagonistas de su lista. La candidata que quiere presentar como principal argumento de campaña a la “década ganada” no pudo, sin embargo, convocar a prácticamente ningún protagonista de su gobierno para que la acompañe en la lista. Lo mismo ocurrió con los principales líderes parlamentarios del kirchnerismo, que fueron enviados a lugares relegados de las listas o, directamente, a cuarteles de invierno.
La ex presidenta ha salido al ruedo con una suerte de “borrón y cuenta nueva”, como si se colocara al frente de una expresión política novedosa. En cierto modo, la Unidad Ciudadana reitera la pretensión K –varias veces ensayada en el pasado- de presentarse como un nuevo movimiento político. Así fue en el caso de la `transversalidad` o los Unidos y Organizados. En este caso, el ensayo se hace desde fuera del poder político. Sin embargo, aquel gobierno, que sostuvo sus lazos de hierro con el gran capital y sus agentes políticos y sindicales de la gran patronal, tampoco pudo desembarazarse del sistema de punteros pejotistas. Las cosas no parecen diferentes con esta Unión Ciudadana: detrás de algunos jóvenes cristinistas –como la economista Fernanda Vallejos- subyacen los Espinosa y Scioli; en materia sindical, tenemos de candidato a Hugo Yasky, el responsable de dejar a la docencia inerme frente al ajuste macrista. Más abajo en la prelación de cargos, las listas de concejales bonaerenses están dominadas por el elenco de intendentes pejotistas que han pactado todos los ajustes posibles con Vidal. En el interior del país, el kirchnerismo se ha disuelto como sigla electoral, y concurre como segundo o tercer violín de los gobernadores pejotistas. Muchos han interpretado que la negociación final de Cristina con Randazzo, aún fracasada, buscó dar la señal de que todos los vasos comunicantes con el pejota están intactos. Ese vínculo podría retomarse, en el caso de la consagración de Cristina como senadora, en el bloque de la Cámara Alta. Más que un “Frepaso” en ciernes, la Unión Ciudadana parece la herramienta con la cual un kirchnerismo maltrecho buscará su reinserción en el peronismo y, particularmente, en su régimen de gobernadores. El “borrón y cuenta nueva” de la UC es aún más dudoso en términos de programa o planteos políticos: promete `poner un límite` al macrismo en el Congreso, cuando sus lista llevará a quienes no se lo pusieron hasta ahora, ni en el Congreso ni en los sindicatos. Reclama revisar una deuda que el mismo kirchnerismo engrosó en más de 100.000 millones de dólares, luego de haber pagado casi 200.000. Convoca a un “mundo del trabajo” al que golpeó, durante una década, con la precarización laboral y el impuesto al salario. En definitiva, el mayor aliado de esta tentativa de “reinvención” kirchnerista es el propio macrismo, y su gobierno ajustador. Pero aún con la actual realidad de tarifazos, carestía y despidos, muchos trabajadores que ya habían dejado de votar a los K no volverán a hacerlo.
Más allá de Cristina y de Randazzo, la fractura peronista se completa con la presentación de Massa. Al igual que Cristina, ha tenido que buscar sus propios certificados de buena conducta, en este caso, por parte de Margarita Stolbizer o los centroizquierdistas de Libres del Sur. Stolbizer debería explicar, en este caso, cuál es la transparencia que justifica ser parte de un frente con Otacehé, el mafioso de Merlo que decidió pasarse a las filas de Massa. El massismo llega a la campaña con el peso de una larga colaboración parlamentaria con Macri, desde el pacto buitre, la falsa reparación histórica a los jubilados y la nefasta ley antiobrera de las ART.

Dos calderas

El jolgorio por el cierre de listas apenas ha podido ocultar dos cuestiones de fondo. La primera, el agravamiento de la crisis social y los ataques al movimiento obrero, que tuvo en estos días un capítulo mayor con el cierre de la alimenticia Pepsico y sus 600 despidos. La campaña electoral arranca con un enorme fermento de inquietud popular, en un año de enormes acciones obreras, democráticas (2x1) y del movimiento de la mujer. La segunda cuestión es que los grandes aliados del gabinete de CEOs, los fondos especulativos internacionales, han salido en estos días a mirar con lupa a su gobierno. Es que la política de endeudamiento serial que ellos mismos han promovido comienza a mostrar signos de agotamiento. El supuesto país “desendeudado” cargaba con una deuda de 250.000 millones de dólares del gobierno anterior, a la que se suman los 80.000 millones que engordó el macrismo en un año y medio. A ello, deben agregarse otros 60.000 de la hipoteca del Banco Central, que ya no puede seguir reciclándose en los términos actuales. El carácter potencialmente impagable de esta hipoteca, considerada en su conjunto, comienza a ganar terreno en los círculos financieros. Los Macri, Massa o CFK ocultan el alcance de esta crisis, por la sencilla razón de que los involucra a todos. Y porque son –y serán- socios de la salida que se pergeña para seguir afrontando esta carga usuraria: un ajuste aún más brutal, con eje en las provincias, en los jubilados, en la educación o la salud. A la luz de este cuadro, la presentación de listas, en todos los planos, ha ocultado más de lo que reveló.
Con su inscripción en 22 provincias, el Frente de Izquierda es el único bloque independiente del régimen de ajuste e hipotecamiento nacional. Salimos con firmeza a recabar el voto de los obreros, la mujer y la juventud, para que el convulsivo período que se viene cuente con un programa y una salida de los trabajadores.

Marcelo Ramal

Esteban Bullrich, candidato del empresariado contra la clase trabajadora

El ministro de Educación encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Toda una declaración macrista contra la educación pública y quienes la sostienen.

En un pedido especial de María Eugenia Vidal, el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich será quien encabece la boleta de senadores en la provincia de Buenos Aires.
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación entendemos muy claramente el mensaje y objetivo de levantar esta candidatura: reafirmar el ataque a la docencia bonaerense y a la educación pública.
Bullrich es el responsable de que este año no se haya cumplido con la ley de paritaria nacional como una medida de tope salarial y ajuste sobre el sistema educativo.
Esa es la política de Vidal, que eligió de enemigos a quienes sostenemos día a día la educación pública, atacándonos junto a Alejandro Finocchiaro, a quien también premiarán nombrándolo en reemplazo de su amigo Bullrich en la cartera nacional.

Ajustadores seriales

Esteban Bullrich ha dado sobradas muestras no sólo de desmerecer la labor docente sino de atacar nuestros derechos elementales. No podemos olvidar que en medio del conflicto docente declaró suelto de cuerpo: “El curro es que a cambio de plata vos vas, tenés un dolor de cabeza y te dan quince días de licencia, entonces ahí tenés que pagar un segundo maestro por esos quince días”. Así es como redujo, según su óptica, el problema de la salud de la docencia en todo el país.
El ministro agregó en aquella oportunidad que “lamentablemente se malgasta mucho la inversión educativa en la Argentina en estas ineficiencias, como el ausentismo o el abuso de la licencia y demás”. Llama ineficiencia a las enfermedades laborales como las várices, la disfonía, las lumbalgias y hasta manifestaciones psicosomáticas como estrés, gastritis, hipertensión arterial, disfonía, llegando a la angustia y la depresión.
El síndrome de Burnout (o de “estar quemado”) es de lo más común entre la docencia, en su mayoría integrada por mujeres que trabajan entre dos y tres cargos para llegar a fin de mes.
Mientras tanto la gestión de Bullrich destinó millones de pesos a la educación privada e incluso subejecutó el presupuesto educativo en detrimento de la educación pública. Una receta aprendida por todos los gobiernos y sus ministros de Educación cuando se trata, año tras año, de reforzar los ataques en medio del debate sobre el aumento del presupuesto educativo.
Nada que sorprenda. La misma Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de las sesiones del Congreso Nacional de 2012 ya había manifestado que “con trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases”.
Esteban Bullrich es un caradura. Hace alarde de haber firmado un convenio con Finlandia para que docentes de ese país vengan a capacitar a la docencia argentina, con el supuesto objetivo de mejorar la calidad educativa. Pero oculta que en Finlandia la educación 100 % pública y gratuita, desde el nivel inicial hasta el universitario, y que quienes están frente a las aulas cobran salarios promedio equivalentes a $ 80 mil.

¿Legisladores del ajuste o de la clase obrera?

Como parte de sus polémicas declaraciones, y con un cinismo brutal, Bullrich afirmó que “los docentes son los funcionarios públicos más importantes que tenemos”.
Sin embargo, el ministro no explicó por qué, de ser así, él y todos los miembros del gabinete nacional ganan $ 183 mil mensuales, el presidente Macri $ 208 mil y la vicepresidenta Gabriela Michetti $ 192 mil, mientras que un docente que recién se inicia en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cobra $ 9.800 de bolsillo por un cargo.
Bullrich no explica por qué todos los diputados de Cambiemos (como también lo hicieron los del Frente para la Victoria-PJ y el Frente Renovador) se han opuesto al proyecto que presentaron en su momento Nicolás del Caño y Myriam Bregman para que “que todo funcionario público cobre como un docente”.
Se ve que el ministro tiene una curiosa manera de recompensar a “los más importantes”, con salarios bajo la línea de pobreza y flexibilizando las condiciones de trabajo, al igual que lo hicieron los referentes de su espacio en Mendoza con el nefasto “Ítem Aula”.
Todas y todos los candidatos del empresariado, ya sea el oficialista Bullrich o los falsos opositores como Massa, Randazzo y Cristina Fernández, tienen en su haber el ataque sistemático a la educación pública y a las y los docentes. Por eso somos nosotros mismos quienes tenemos que defender nuestros intereses.
Las listas del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires estarán plagadas de docentes combativos, como Gabriela Macauda de Suteba Tigre o Ariel Iglesias de Suteba La Matanza.
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación nos hemos opuesto al ajuste en la gestión de Macri incluso en provincias gobernadas por la oposición, como la Santa Cruz de Alicia Kirchner. Por ello en estas elecciones tenemos el desafío de conquistar más bancas del FIT, como la que desde esta semana me toca ocupar en la Cámara de Diputados de la Nación (en el marco de los acuerdos de rotación del Frente de Izquierda en lugar de Pitrola) al servicio de fortalecer la pelea por la educación pública y por los derechos de la docencia y de la clase trabajadora de conjunto.
Nuestro lema “nuestras vidas valen más que sus ganancias” es una bandera de lucha, para conquistar la reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, sin afectar el salario y que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta una canasta familiar. Para generar trabajo genuino, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Y lograr, de esta manera, que la crisis la paguen los que la generaron: el empresariado y los políticos oficialistas y opositores que defienden sus intereses.

Nathalia González Seligra
Diputada nacional PTS/FIT - Dirigente de Suteba Matanza