sábado, 24 de febrero de 2018

Hallaron los restos de Alicia, estudiante de la “división perdida” del ENAM de Banfield



La joven Alicia Cerrota fue secuestrada por la dictadura y enterrada en el Pozo de Vargas, en Tucumán. La autora de esta columna, exalumna del colegio e hija de desaparecidos, se suma al homenaje.

El domingo se hizo público el hallazgo de de los restos de Alicia Dora Cerrota, quien integró la llamada “División perdida” de la Escuela Superior Antonio Mentruyt (ENAM), también conocida como “el Normal de Banfield”. Allí estudió Alicia.
Los restos de la joven desaparecida por los genocidas de la dictadura cívico-militar fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto a otras ocho víctimas del terrorismo de Estado. Todas ellas habían sido sepultadas en el centro clandestino de detención Pozo de Vargas de la provincia de Tucumán, que fue utilizado como fosa común clandestina para desaparecidos asesinados desde los comienzos del Operativo Independencia, en 1975, hasta los años de la dictadura.

La “división perdida”



Alicia y su compañero eran militantes de la organización Montoneros. Al momento de su secuestro y desaparición ella tenía 27 años y estaba embarazada. Por relatos de sobrevivientes se sabe que habría dado a luz entre junio y julio de 1977, desconociéndose hasta el momento el destino del niño o la niña.
A Alicia se la recuerda por muchas cosas. Por su militancia y también por pertenecer a la “división perdida” del ENAM. Con ese nombre, estudiantes y egresados de la escuela de Banfield rinden homenaje a los 31 jóvenes asesinados y desaparecidos de ese colegio. Un número que equivale, justamente, a una división entera.
Desde los años de la dictadura a esta parte muchas generaciones de estudiantes que pasaron por la escuela (entre ellos quien firma esta columna), participamos del homenaje con actos, sentadas y hasta tomas del colegio en repudio a la complicidad de los directivos con el régimen militar. Y muchos somos parte también de la lucha permanente por el juicio y castigo a los genocidas que secuestraron y asesinaron a nuestros compañeros.
Aunque muchos no llegamos a conocer a esas chicas y chicos, siempre los sentimos nuestros compañeros. La “división perdida” del ENAM está conformada por los maestros y bachilleres Guillermo Savloff, Evangelina Emilia Carreira, Beatriz Mariana Quiroga, Guillermo Tamburini, Eduardo Miguel Streger, Osvaldo Plaul, Máximo Wettengel, Juan María Castro, José Pablo Ventura, y Miguel Ángel Butron.
La lista se completa con Alicia Chihee, Alicia Dora Cerrota, Cristina Prosperi, Raúl Ceci, Hugo Oscar Rizzo, Norma Inés Cerrota, Susana Papic, Patricia Ronco, Sergio Cotter, Silvia Streger, Claudia Istueta, Julio Cesar Montoto, Mario Geffner, Beatriz Le Fur, Mabel Fernández Ochipinti, Víctor Galuz, Leonel Eduardo Saubiette, y Germán Gavio.

Una mezcla de emociones

Para quien escribe fue muy impactante la noticia. Una mezcla de emociones, de bronca enorme por lo que le habían hecho, por el tiempo trascurrido (más de 40 años) para que su familia pueda encontrar su cuerpo y por la impunidad de los genocidas y sus cómplices que continúa. Porque en cada homenaje, sentada y toma del colegio, además de levantar la bandera de todos los compañeros, en particular levanté siempre la mi tía, Susana Papic, parte de esa “división perdida”.
Susana se había recibido de maestra en el ENAM. Al momento de su secuestro estaba trabajando en el partido de Almirante Brown y era secretaria de la Ctera. Ella militaba en el mismo gremio con mi mamá, Susana Mata, secuestrada y asesinada en 1977. Tanto ellas como mi papá y mi tío fueron víctimas de la dictadura genocida.
Los recuerdos de chica y adolescente en esa escuela, por estas horas volvieron con fuerza. La fuerza de esa lucha por mis familiares desaparecidos pero también por esa camada de estudiantes de la ENAM. Una lucha que se transformó en parte fundamental de mi vida.
Porque con mis compañeros, amigos y docentes comencé a conocer por qué militó esa generación. Y aprendí a admirarla, como a Alicia, y a querer continuar la lucha por transformar esta sociedad y acabar con un sistema que sólo ofrece, desde hace siglos, explotación y opresión para la mayoría de la humanidad.
La noticia sobre el hallazgo de los restos de Alicia Cerrota llegó unos días después de que nuestro colegio saliera por todos los medios de comunicación. Es que allí las y los estudiantes dieron una pelea ejemplar contra el Operativo Aprender de Macri y su ministro Esteban Bullrich. Sin dudas mucho de tradición de lucha y de homenaje a los compañeros desaparecidos hubo en esas jornadas.
Mientras reafirmamos el homenaje a la “división perdida”, continuamos dando cada lucha por nuestros derechos y peleando hasta el final por el juicio y castigo a todos los genocidas, por la recuperación de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados, por Alicia y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

Alejandrina Barry
Hija de desaparecidos | CeProDH | Operadora social en villa 21 24 | @alebarryceprodh
La Izquierda Diario

Derechos humanos en Argentina: Amnistía Internacional dice que Macri agravó la situación



El informe anual sobre derechos humanos en el mundo, la ONG humanitaria habla de una situación cada vez peor en toda América Latina. Y hay un capítulo especial dedicado a Argentina.

Amnistía Internacional, ONG humanitaria con presencia en los cinco continentes, presentará en sociedad en las próximas horas su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, una evaluación del estado de la cuestión en 159 países durante 2017.
Para la organización, en toda América la gente sufre “una crisis de derechos humanos cada vez más grave”. Esa crisis está “fomentada por la creciente intolerancia de los gobiernos con la disidencia y el aumento de la demonización en la retórica política”. En ese marco, la región se ha convertido, según Amnistía, en “una de las más violentas y con mayor desigualdad del mundo”. Esta definición incorpora las realidades relevadas en países como Colombia, Venezuela, México, Brasil y Argentina.
De forma complementaria a la denuncia, Amnistía destaca que hay “un creciente movimiento de resistencia, protagonizado por activistas tanto noveles como ya avezados, que permite en verdad abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión y el miedo”.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “desde la continuación de la violencia paramilitar en Colombia hasta la represión violenta ejercida en la calle en Venezuela, pasando por muchas otras violaciones graves de derechos cometidas en la mayoría de los países de la región, las Américas han sido escenario de un preocupante retroceso en materia de derechos humanos durante el último decenio”.
La referente de Amnistía agregó que “en toda la región se criminaliza defender los derechos humanos, y con frecuencia se reprime con violencia a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y comunidades marginadas por hablarle claro al poder”.

Macri reprime y ataca la libertad

Respecto a Argentina, Amnistía Internacional considera que existe “una tendencia preocupante” de parte del Estado nacional a “la represión” de la protesta social y a los “ataques a la libertad de expresión” contra organizaciones y periodistas.
Entre los ítems analizados para el caso argentino, Amnistía aborda la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel (muertos en represiones violentas), Agustín Santillán y Milagro Sala (presos políticos); el cercenamiento de derechos sexuales y reproductivos; la violencia contra las mujeres; la situación de inmigrantes y refugiados; y las medidas oficiales que pueden profundizar el encubrimiento en la causa del atentado a la AMIA de 1994.
En informe se detalla que “manifestaciones a lo largo del año (2017) registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente, según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina”.
A su vez la ONG recuerda que en 2017 se produjeron las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ocurridas “en el contexto de reclamos sociales”, en los cuales ocurrieron “detenciones arbitrarias”.
Otro de los hechos mencionados en el informe refieren a la concentración por el Día Internacional de la Mujer, hace casi un año, donde “varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo”.
El informe se completa con aspecto relevado para determinar el nivel de los ataques a las libertades democráticas: las amenazas y campañas de desprestigio contra profesionales de la comunicación, quienes fueron “agredidos” en la Argentina mediante la propagación de “fake news” (noticias falsas) o trolls (cuentas falsas en las redes sociales).
“Hay una predisposición de líderes en diferentes partes del mundo a propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina, entre varios otros, son ejemplo de ello”, remarca Amnistía. Y agrega que “en los últimos años en Argentina este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión”.
El capítulo del informe dedicado a la Argentina también hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos y a la violencia contra la mujer y los pueblos originarios, “áreas en las que aún hay profundas deudas”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, declaró a infobae que en el país se observan “retrocesos, especialmente en la criminalización de la protesta social y de los pueblos originarios; y de los derechos de las mujeres. Las barreras para acceder a un aborto legal cuando el embarazo pone en peligro la salud o cuando es consecuencia de una violación es un problema gravísimo que se cobra miles de vidas. Por eso, es urgente que este año el Congreso por fin debata la despenalización del aborto”.
El informe completo será presentado públicamente en las próxima horas. Allí se encuentra el capítulo dedicado a Argentina.

La Izquierda Diario

"Lo que pasó hace 40 años en la cárcel de Coronda es totalmente inaceptable”



Entevista con Jean-Pierre Restellini, experto internacional

Proceso contra militares y exdirectores penitenciarios

El juicio en marcha contra los antiguos comandantes de Gendarmería Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, ex directores de la Cárcel de máxima seguridad de Coronda (Santa Fe) podría convertirse en un proceso emblemático a nivel internacional dado su carácter “excepcional”.
No es común, no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial, un proceso judicial que apunte a las condiciones de detención de los presos. En el caso particular de Coronda, se trata del régimen que debieron soportar más de 1.100 prisioneros políticos que pasaron por esa cárcel durante la última dictadura militar (1976-1983). Personalidad en el mundo de los Derechos Humanos, ampliamente reconocido a nivel internacional, Jean-Pierre Restellini analiza ciertas normas jurídicas de detención aceptadas y vigentes en el plano mundial. Médico y jurista suizo, Restellini, se desempeña desde hace más de 30 años como experto y consultor en el terreno carcelario y especialista en la inspección de prisiones. Actividad que realiza tanto para el Consejo de Europa como para el Centro de Control Democrático de las Fuerzas Armadas, con sede en Ginebra. Durante seis años -hasta 2015- actuó también como presidente de la Comisión Nacional Suiza de Prevención de la Tortura (CNPT).

Un juicio sin precedentes

P: En diciembre del 2017 comenzaron los testimonios orales contra los ex comandantes de gendarmería nacional que dirigieron la Cárcel de Coronda en la provincia argentina de Santa Fe. Todo esto, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra presos políticos durante la última dictadura. ¿Conoce procesos de este tipo por hechos similares sucedidos 40 años antes?
Jean-Pierre Restellini (JPR) : No. En todo caso, involucrando directamente a autoridades de una prisión. Sí se promovieron muchas instituciones y acciones, tanto en América Latina como en África, con el objetivo de clarificar hechos del pasado y luego, promover la reparación financiera. En esos casos, el objetivo final era aportar a la reconciliación nacional. Me refiero, por ejemplo, a las Comisiones de Verdad y Reconciliación.
P: Aunque no se pueda enumerar brevemente todas las condiciones de detención, el régimen cotidiano en Coronda – en particular su pabellón número 5- consistía en mantener encerrados a los presos políticos 23 horas por día, en una celda aproximadamente de 2.80 metros por 3.40. En algunas épocas, había dos detenidos por celda, en otras, solo uno. Sin lectura, sin poder trabajar, sin autorización para realizar ejercicios físicos en la celda. ¿Cuáles son las normas internacionales de base relativas a las condiciones de detención?
JPR: En lo que se refiere a la dimensión de las celdas, las normas del Consejo de Europa – que actualmente sirven de referencia incluso si no son respetadas en muchos lugares- son las siguientes: una celda ocupada por una persona no debe ser inferior a 7 m2 (sin incluir la superficie para las instalaciones sanitarias). Las celdas con varios detenidos deben tener un mínimo de 4 m2 a disposición por cada persona (sin incluir la superficie para los sanitarios).
Todos los detenidos, sea cual fuere su régimen de detención (incluyendo por ejemplo a los que están en celdas de castigo) deben tener, al menos, una hora diaria de caminata/actividad física.
Los establecimientos penitenciarios deberían asegurar programas que beneficien tanto a los detenidos con condenas como a los que están con prisión preventiva, que a veces implica periodos muy largos. El objetivo consiste en asegurar que todos los detenidos (incluyendo los que están con un proceso en trámite) puedan pasar una parte razonable del día (es decir 8 horas o más) fuera de su celda, ocupados en actividades motivadoras y de diferente tipo: trabajo (especialmente que sirva como formación); estudios; deporte; entretenimiento/colectivas. Esas actividades adaptadas a cada categoría de detención. Por ejemplo, los adultos en prisión preventiva o condenados; los que cumplen una cadena perpetua; los condenados sometidos a condiciones particulares de alta seguridad o de vigilancia reservada. Y también, actividades específicas a las mujeres y los menores.
P: ¿Por qué tomar como referencia las recomendaciones del derecho europeo, si Argentina está fuera de ese marco geopolítico regional?
JPR: Hay que aclarar que si bien las exigencias europeas aparecen como elevadas y completamente ilusorias para ciertos países -en especial de África Central-, Argentina tiene una cultura y una historia, así como un nivel de desarrollo que permiten poner la barra bastante alto en materia de derechos humanos.
Por otra parte, recuerdo de una conferencia sobre prisiones en la que participé en Lima, Perú, hace una decena de años. Para mi gran sorpresa, los participantes optaron netamente por las recomendaciones europeas, argumentando menos influencia norteamericana. Hay que decir que si bien las Reglas Mandela, del 2015, refrescaron la doctrina y la jurisprudencia onusiana, siguen siendo muy generales con exigencias relativamente modestas.

“Denunciar las sanciones”

Q: En el caso de Coronda, la sanción permanente se convirtió en sistema. La hora de caminata en el patio, podía ser anulada durante días ante cualquier pretexto. Un régimen que sancionaba todo, hasta lo más banal: como silbar o cantar en la celda, acostarse en la cama fuera del horario nocturno; tener una tela de araña en el cielo raso de la celda (muy alta) sin tener a disposición los medios necesarios para la limpieza; la barba mal cortada, aunque se carecieran a veces de los medios para afeitarse… Esas sanciones implicaban no solo el corte por varios días del recreo sino la pérdida de las visitas, que en algunos casos fueron de 15 minutos cada 45 días, o de 15 minutos cada mes o quincena, dependiendo de la época…
JPR: Es totalmente claro que una comisión nacional o internacional de inspección de prisiones habría denunciado ese tipo de sanciones…
P: En numerosos casos debidamente documentados, después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los detenidos por motivos políticos, sociales, o sindicales de Coronda fueron golpeados o vejados por los guardias. Varios de los detenidos, incluso, fueron sacados de la Cárcel de Coronda, con el visto bueno de la dirección, para ser torturados en centros policiales o militares de las ciudades de Rosario y Santa Fe, y luego trasladados nuevamente al penal…
JPR: A este nivel y ante esos hechos descritos mi respuesta es clara y tajante. Toda sanción física es absolutamente inaceptable, a fortiori (con mayor motivo) si responde a criterios de tortura, que pareciera fue el caso que se produjo allí. El personal policial o penitenciario autor de tales actos debe ser sancionado con rigor, tanto en el plano administrativo como penal.

“Enfermedad mental no atendida: violación gravísima”

Q: La atención médica y odontológica, según muy diversos testimonios de detenidos, fueron muy deficitarias. Una de las denuncias principales del Juicio de Coronda es la relativa a la muerte de dos prisioneros – Raúl San Martín y Luis Hormaeche- en tanto un tercero -Juan Carlos Voisard- también falleció, pero su deceso es sujeto de una causa diferente. Por otra parte, se consigna que varios de los detenidos luego liberados salieron de la prisión destruidos psicológicamente. ¿Se puede asociar esta situación al concepto universal de violación grave de los derechos humanos?
JPR: La Corte Europea de Derechos Humanos considera que, un nivel de atención médica insuficiente, puede conducir rápidamente a “tratamientos inhumanos o degradantes”.
En la práctica, las autoridades penitenciarias son responsables de la atención de la salud de todos los detenidos. Imperativamente, todos los esfuerzos posibles deben ser implementados para garantizar que se asegure rápidamente un diagnóstico preciso y que se brinde a todos los detenidos los tratamientos necesarios adecuados correspondientes al estado de salud de cada uno.
Además, la enfermedad mental que no es correctamente atendida en el medio penitenciario, puede ser considerada como un trato inhumano o degradante.
En cuanto a las consecuencias psicológicas de la tortura, son muy conocidas y devastadoras en cuanto a sus efectos. La atención terapéutica es larga y compleja. Sobra decir que, dicha situación, implica, sin duda, una “violación muy grave de los derechos humanos”.
Q: Los familiares que visitaban a los detenidos -luego de casi un primer año de aislamiento total de los presos políticos, entre el Golpe de Estado de marzo de 1976 e inicios del 1977- eran, muchas veces, maltratados. Se daban casos rutinarios de inspecciones corporales – incluso vaginales, en el caso de madres y esposas -, aun si en esas visitas no había ningún contacto físico ya que existía un sistema de separación de vidrios gruesos y la comunicación era a través de una especie de tubo fijo…
JPR: Incluso hoy la cuestión de las inspecciones corporales es sensible y delicada. Lamentablemente no es posible prohibirlas totalmente (incluso a nivel rectal o vaginal) para aquellas detenidas o detenidos bajo sospecha de pretender introducir materiales prohibidos como drogas o armas. Por el contrario, en cuanto a las visitas, es claro que una inspección vaginal sistemática es inaceptable, mucho más si no existe contacto físico con los detenidos.
P: ¿Quisiera compartir algún comentario adicional a nivel de conclusión?
JPR: ¡Lo que se vivió hace 40 años en la Cárcel de Coronda, sin duda alguna, es totalmente inaceptable! Es, en parte, como producto de abusos de ese tipo, que con el tiempo se han venido desarrollado sistemas nacionales e internacionales de prevención contra la tortura, los que, por medio de inspecciones, pueden limitar los malos tratos y las vejaciones.

Sergio Ferrari

viernes, 23 de febrero de 2018

La causa Ford, lazos de militares y empresarios durante la dictadura



Primer testimonio de un obrero en el juicio a los directivos de la multinacional por complicidad con los genocidas.

La extensa declaración que Pedro Troiani, ex delegado de la Ford, dio esta semana en el juicio por los crímenes de lesa humanidad contra activistas gremiales de la empresa resulta una prueba contundente del compromiso de la clase capitalista con los milicos de la dictadura.
El pasado 19 de diciembre, luego de 40 años de impunidad, comenzó el juicio contra los directivos de la empresa Pedro Müller y Héctor Francisco Sibila y contra el ex jefe militar Santiago Omar Riveros (varias veces condenado por delitos de lesa humanidad), por las vejaciones contra 24 trabajadores de la planta de General Pacheco –sobre un total de 37 víctimas identificadas, 11 de las cuales fueron desaparecidas y una asesinada (CELS, informe “Ford”).
En su testimonio, Pedro Troiani (en la foto, el primero a la izquierda) denunció que el 24 de marzo de 1976, día del golpe militar encabezado por Videla, Massera y Agosti, la fábrica fue “invadida” por el Ejército, con el despliegue de decenas de uniformados que rondaban armados por la planta. Ese día, la guardia de la empresa entregó al menos a tres delegados gremiales al Ejército; ante el pedido de explicaciones que Troiani hiciera a las autoridades, él mismo fue subido días después a una camioneta de la empresa con otros cuatro trabajadores, y desplazado a uno de los quinchos del campo de deportes de la planta, donde los represores montaron un centro de torturas hasta entrada la noche. A ello le siguió el traslado a una comisaría de Tigre, donde fueron recibidos con un simulacro de fusilamiento y se encontraron con otros compañeros de la fábrica “golpeados, torturados”, tras lo cual vino un encierro de días junto a otras diez personas en una celda de 2,5 por 2,5 metros. Días después, fueron trasladados al penal de Devoto y luego a La Plata (ídem, 21/2). En su periplo, los obreros de Ford “se encontraron con trabajadores de otras fábricas, como Atarsa, Terrabusi y algunos astilleros de Tigre”. Troiani fue puesto en libertad en mayo de 1977, al cabo de un año de vejaciones.
En su declaración, denunció que la empresa fue quien “nos marcó” ante los genocidas, tras lo cual ocultó a las familias su detención a manos del Ejército. La Ford fue uno de los exponentes máximos de todo un modus operandi de las patronales y los represores, cuyo principal objetivo fue el descabezamiento y la aniquilación de la creciente radicalización obrera, iniciada en el Cordobazo. El gobierno de Perón-Perón, que antecedió a la dictadura, inició la faena, apelando a bandas parapoliciales como la Triple A. Según el testimonio del ex delegado, "los trabajadores sospechaban que había ‘gente de inteligencia’ en la oficina de Personal de la empresa que había llegado a la planta antes del golpe” (ídem).
Los gobiernos "democráticos" que se sucedieron desde 1983 trabajaron sistemáticamente contra el avance de las investigaciones sobre las patronales. En el caso de los crímenes de la Ford, esto fue profusamente documentado en el documental “Milagros no hay”, de Gaby Weber. El kirchnerismo no fue la excepción. Durante su presidencia, CFK realizó incluso una visita a la planta de General Pacheco, saludando las inversiones de la patronal automotriz y omitiendo cualquier mención a los obreros desaparecidos y torturados.
La justicia postergó durante 17 años el comienzo del juicio, desde la denuncia que dio inicio a la investigación en 2002: “los obreros debieron soportar los años subsiguientes el peloteo entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate” (ídem, 18/2). Uno de los criminales imputados, Guillermo Galárraga (gerente de relaciones laborales de la compañía), murió a mediados de 2016 en la más absoluta impunidad. El juzgamiento de los represores se debe a la tenaz lucha de las víctimas y las organizaciones populares, contra las tentativas de encubrimiento del Estado.
El juicio continúa sus audiencias el próximo 6 de marzo con el testimonio de otra víctima integrante de la interna de Ford, Daniel Propato.
Vamos por el castigo para todos los responsables civiles y militares de estos crímenes.

Tomás Eps (@tomaseps)

Lo que dejó la gran marcha azucarera



El lunes 19 unos 5000 trabajadores nos movilizamos unos 7 km desde Campo Santo en las puertas del ingenio San Isidro hasta Güemes en donde se realizó un acto. Fue numerosa la participación de obreros del San Isidro reclamando su reapertura, luego participaron delegaciones de Ledesma, El Tabacal, La Esperanza y Río Grande, todos integrantes de la FAR (Federación Azucarera Regional).
Delegaciones de ATE de varias provincias y fuertes delegaciones de Salta capital, de organizaciones sociales y de la izquierda, llegamos desde Salta capital. Néstor Pitrola llegó desde Buenos Aires para apoyar esta lucha junto a las bancadas del PO en Salta y Jujuy. Pitrola, a su regreso, ha colocado la lucha azucarera en los medios nacionales denunciando que se trata de una ofensiva flexibilizadora concertada por las patronales con los gobiernos de Macri y Urtubey.
Párrafo aparte merece la conducta del PTS que saboteó la marcha. La movilización recogió la simpatía de la población. Es la primera acción conjunta de los trabajadores de los ingenios frente a una brutal ofensiva patronal que acumula 1400 despidos desde diciembre y que en cada ingenio apura drásticas modificaciones negreras en las condiciones de trabajo sin esperar la sanción de la reforma laboral. Es un camino de unidad indispensable para enfrentar a estas patronales que pretenden descabezar o regimentar las organizaciones gremiales para imponer a fondo este ajuste anti-obrero de alcance histórico.
Mariano Cuenca, secretario general del San Isidro, dejó planteada nuevamente la iniciativa de convocar a un congreso de bases de la FAR, ya propuesta hace unas tres semanas, que se viene postergando. Anunció también una próxima movilización a Salta capital para reclamar la expropiación del San Isidro para garantizar la zafra de este año y la continuidad de los 730 puestos de trabajo.

El viraje necesario para derrotar la ofensiva patronal

La política conciliatoria de las direcciones (CTA) que integran la FAR ante la ofensiva patronal ha llegado a un punto de crisis. La gran marcha debe ser el punto de partida de un viraje. Es indispensable un giro de esta política conciliatoria que permita ir a un plan de lucha en común y en unidad con los pueblos azucareros. Potenciar así la pelea en cada ingenio contra los cierres, los despidos y la flexibilización laboral. Hay que ponerle fecha al Congreso de la FAR, que sea preparado con asambleas que otorguen mandato de cada ingenio.
La voluntad de lucha de los azucareros no es lo que falta. La de las poblaciones menos aún, esto se vio en el acompañamiento popular a la caravana, pero más todavía en la pueblada formidable de Yrigoyen, hace unos días, contra la represión policial a los despedidos. Los despedidos de El Tabacal siguen con cortes de ruta intermitentes y los despedidos de La Esperanza siguen movilizados por su reincorporación.
La bancada del PO en Salta presentará un proyecto de ley de expropiación del San Isidro, con garantía de continuidad de los puestos de trabajo, vigencia plena del convenio colectivo, continuidad productiva garantizada por el Estado para la inminente zafra, con comisión obrera de control de cuentas electa por los trabajadores, pero es evidente que esta salida solo podrá imponerse desde una posición de fuerza de los trabajadores, que deberían asumir el control de las instalaciones del ingenio para evitar su vaciamiento como parte de una lucha por su reapertura incondicional.

Claudio Del Plá

INTI: 2 de marzo, jornada nacional de lucha contra los despidos



Continúan firmes el paro y la permanencia.

Cuando están por cumplir un mes de una lucha tenaz, los profesionales y técnicos del INTI resolvieron, en una asamblea de 1.000 trabajadores realizada esta mañana, ratificar la permanencia en el instituto, la continuidad del paro total de actividades (que lleva una semana) y convocar para el 2 de marzo a una jornada nacional de lucha contra los 258 despidos y el desguace del organismo. Una caravana central partirá de la sede central del organismo (Parque Tecnológico Miguelete, en la localidad bonaerense de San Martín) hacia la sede de Retiro del INTI y al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores también resolvieron convocar a un cacerolazo local para mañana viernes 23, a las 20hs, y realizar un plenario de organizaciones el día sábado, a las 10.30, en el INTI para organizar la jornada nacional. El próximo lunes 26, cuando se cumple un mes del inicio de esta lucha, los trabajadores brindarán una conferencia de prensa.

Nuevas denuncias

La asamblea siguió con atención la intervención de la delegada Yamila Mathon, de la Agrupación Naranja de ATE-INTI, en el programa radial de Jorge Lanata, donde denunció el plan de desguace del organismo detrás de los despidos y las contrataciones discrecionales del presidente del INTI, Javier Ibañez, de personas de su entorno y de la Jefatura de Gabinete, con sueldos que alcanzan los 84 mil pesos.
En estos días, junto a los documentos de estas contrataciones discrecionales –de personas que en muchos casos, como han denunciado los trabajadores, ni siquiera aparecen por el instituto– se revelaron otros sobre el colosal pago de la gestión del Instituto a la corporación Tecnalia (Ámbito, 21/2) por su plan de “reestructuración” (desguace y privatización) del organismo, del orden de los 295.000 euros (más de 7 millones de pesos). También se conoció que Tecnalia sindica entre sus “socios locales” a Endeavor Argentina, en cuyo directorio se halla el capitalista Federico Braun, tío del jefe de Gabinete Marcos Peña.
Frente a este escenario de lucha con un creciente apoyo, la patronal recurrió a policías de civil para impedir el ingreso de despedidos a los sectores de Finanzas y Dirección de Obras –lo que los trabajadores denuncian como un intento por evitar que se filtren nuevos documentos sobre la corrupta “reestructuración”. Esto viola un acta firmada por las autoridades, en la que se comprometen a dejar ingresar a los despedidos a su lugar de trabajo y forma parte de un cuadro de militarización del Instituto, con la proliferación de agentes policiales de civil en el predio.
Con su nueva convocatoria a luchar y asambleas masivas, los trabajadores responden con firmeza.

Tomás Eps (@tomaseps)

INTI: Policía, agresiones y amenazas contra los luchadores

Las autoridades del INTI, violando un acuerdo que habían firmado con los trabajadores, impidieron con agentes policiales de civil el ingreso de despedidos a los sectores de Finanzas y Dirección de Obra, el pasado jueves 22. Los trabajadores denuncian que se trata de un intento por evitar la aparición de nuevas denuncias contra la gestión de Javier Ibañez, luego de que se conocieran documentos que prueban sus manejos espurios y planes privatistas.
A su turno, luego de que los estatales advirtieran esta semana que existían amenazas de “hacer entrar al jardín de infantes del Inti a una empresa tercerizada de limpieza, por la fuerza, con la policía, para romper la huelga”, el viernes 23 se hicieron presentes uniformados en la entrada del mismo.
En este marco, una semana atrás, la delegada Giselle Santana denunció un robo en su domicilio que asoció a un nuevo intento de amedrentamiento: ocurrió mientras dormía, y el intruso se llevó su notebook y su teléfono celular, dejando de lado cualquiwer otro objeto de valor.
Los intentos de intimidación contra los trabajadores, en lucha contra 258 despidos, se han reiterado desde que irrumpió el conflicto. El 26 de enero, cuando comenzó la permanencia en el predio del instituto, se llevó adelante un fuerte operativo represivo de Infantería contra la tentativa de establecer un piquete en la General Paz, con carros hidrantes y policías motorizados apuntando a la cabeza de los estatales. Durante los días sucesivos, siguieron otros despliegues de este tipo.
Los profesionales y técnicos denuncian que se ha ido incrementando la presencia de policías de civil en el predio del Parque Tecnológico Miguelete. A esto se suma que las autoridades del INTI han amenazado con realizar descuentos salariales a quienes hagan paro, y han solicitado listas de los activistas a los directivos de los centros –lo que estos rechazaron por escrito.
Los achaques represivos son el complemento de la campaña de difamación del gobierno, que pretende presentar a los despedidos como “ñoquis”. La respuesta contundente de los trabajadores –todos ellos, profesionales y técnicos con probada capacidad y desempeño– puso blanco sobre negro que los despidos apuntan a desarticular la organización gremial interna del instituto. Han penetrado incluso en los medios oficialistas con sus denuncias contra Javier Ibañez, el presidente designado por el macrismo, quien ha usado la caja del organismo para contratar más de 90 amistades y familiares con altos sueldos, y encabeza un proceso de desguace y privatización.
La gestión macrista del instituto está desesperada frente a esta lucha que se mantiene firme.

Tomás Eps (@tomaseps)

Entrevista con Carmen, cuñada de la última desaparecida durante la dictadura militar, Ana María Martínez

"Estamos esperando por justicia"

M.H.: Vamos a hablar del caso de la última desaparecida durante la dictadura militar argentina un 4 de febrero de 1982. Una compañera de militancia, Ana María Martínez, Carmen es su cuñada y una de las personas que ha mantenido vivo el reclamo por el juicio y castigo por su desaparición. Me gustaría que compartieras en qué condiciones fue desaparecida Ana María Martínez.
C.: A ella la agarran cuando sale a hacer unas compras para llevar al día siguiente a su trabajo. Logra escapar, pero la agarran en la puerta de la casa. Con un golpe que le dan atrás de la cabeza, según los que vieron, y la meten adentro de un Falcon verde. Según los vecinos que nos han contado cuando recorrimos el barrio para ver si habían visto algo, o si recordaban algo, hay una señora que declaró e identificó al Comisario Luis Abelardo Patti como el que la mete adentro del coche. Aparentemente eran dos hombres.
M.H.: ¿Cuándo pasó esto Carmen?
C.: El 4 de febrero de 1982 a las 20:30.
M.H.: Terminando la dictadura militar. ¿Por qué piensan ustedes que se da la desaparición de Ana María?
C.: Nosotros hemos investigado y hemos llegado a la conclusión de que en esos momentos habían dos fuerzas, una que era la que quería seguir secuestrando y matando gente, y la otra que estaba totalmente debilitada y que ya no quería saber más nada. Entonces esto fue para mostrar quién tenía más fuerza.
Previamente al secuestro y al asesinato de Ana María habían secuestrado a tres compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores en la zona, a una compañera le encuentran periódicos, la sacan de adentro de la fábrica, buscan a su pareja y también lo sacan de la fábrica y a la tercera compañera la sacan de Terrabusi. Así fue cerrando el círculo. Cuando Ana se enteró fue visitar a los familiares para avisarles la situación y se sospecha que ahí fue seguida. Amén de que ya estaba hecha la infiltración en la lucha de los bancarios. Esto fue en San Martín.
M.H.: Ana María Martínez era militante del Partido Socialista de los Trabajadores y se había radicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, porque venía escapando de Mar del Plata, ¿por qué circunstancias?
C.: Ella estaba trabajando en la fábrica de alfajores Havanna y le avisan que su casa había sido allanada. Hay muchos que no saben la historia, en Mar del Plata hubo una gran masacre donde 29 compañeros del PST fueron asesinados. Aunque el caso de Ana se separa de esto, se logra confirmar mediante un documento que halló la Comisión Provincial de la Memoria, que hubo un infiltrado. Nosotros siempre tuvimos esa idea.
M.H.: En el momento de la desaparición de esos 29 militantes.
C.: Sí. Eso fue en Mar del Plata, entre 1976 y 1979. Ella viene a Buenos Aires escapando cuando su casa fue allanada en 1978. Dejó su trabajo y organizaron todo para que ella y otros compañeros vinieran a Buenos Aires.
M.H.: Y continúa militando en la Zona norte del conurbano.
C.: Sí. En Florida.
M.H.: Era trabajadora metalúrgica. ¿Y qué tiene que ver esa historia con bancarios?
C.: Porque en ese momento se dividieron los grupos de los compañeros, ella toma la lucha de los bancarios, repartiendo un famoso volante para que no les saquen las conquistas que tenían. Ella con dos o tres compañeros se van a San Martín y se distribuyen por los bancos para entregar este volante, así caen en lo que era el antiguo Banco de Londres, donde ahora funciona el Credicoop. Ahí preguntan si hay alguien encargado y les presentan a un personaje que estaba barriendo con cara de no saber nada. Hacía tres meses que había entrado y era delegado. Cosa que les pareció extraña, pero era lo único que tenían para hacerles ver el volante, para que fuera distribuido en el Banco. Y en el Banco Río también había otro, pero a ese personaje no hemos podido llegar, esa era una mujer.
M.H.: Ustedes creen que después de esta actividad que Ana María desarrolla en estas dos sucursales bancarias, se produce su desaparición.
C.: Sí. Porque durante todo 1981, hasta octubre de ese año, en la documentación que nosotros tenemos hubo todo un seguimiento de este personaje hacia ellos. La seguía hasta debajo de la cama.
M.H.: ¿Quién es el personaje?
C.: Te lo puedo decir porque ha fallecido, Juan Pedro Peter. Era del servicio de inteligencia de la Policía.
M.H.: ¿Ana María Martínez estaba embarazada?
C.: De tres meses. Justo ese día va al médico por control y al mostrarle los análisis el médico le confirma el embarazo. Así que cuando mi hermano llega del trabajo, que en ese tiempo estaba en la Ford, ella le cuenta. Y fue una cosa de un momento, porque al rato ella sale a hacer las compras y se la llevan. Un golpe muy duro.
M.H.: Mencionaste al ex comisario Patti.
C.: En ese momento la vecina no logra reconocerlo, pero cuando se da el caso de María Soledad Morales, se lo empieza a ver a Patti, porque hasta ahí nadie le conocía el rostro, y la señora lo reconoce y le dice a su hija que había sido el que se llevó a Anita. El coche que se lleva a Ana estaba parado frente a la casa de esa vecina y ella lo reconoce.
M.H.: ¿En qué estado está la causa que lleva adelante el abogado Pablo Llonto?
C.: En estos momentos estamos esperando, y no sabemos cuándo se va a producir porque esta todo re atrasado. La causa de ella fue elevada a juicio hace 3 años y todavía no tenemos novedades de ninguna fecha.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
C.: Lo único que quiero decir es que nosotros estamos esperando por justicia. Y que todo esto que esta pasando en el país no va a lograr vencernos. No sé cuando se va a dar la justicia pero lo lograremos, por Ana y por lo 30.000 compañeros desaparecidos, que no son ni 8.000 ni 9.000 como nos quiere hacer creer este gobierno.
Hace poco estuve en Mar del Plata y vi lo que era ese gran paredón de los más de 400 compañeros asesinados allí. Es una cosa impresionante, me quedó penetrado cuando me mostraron el túnel por el que tiraban los cuerpos. Ni perdón ni reconciliación, nada. No puede haber perdón cuando hubo tanta sangre derramada. No nos tenemos que olvidar, tiene que quedar en la memoria de nosotros y de nuestros hijos que es la generación que nos sigue. Gracias Mario y a todos los que nos ayudan. Cuando me localizan y me dicen de levantar la causa me dije, por qué no, no está mi hermano pero estoy yo. Esperaba en algún momento algo de justicia, saber quiénes fueron los hijos de puta que la asesinaron. Quizás no sabemos quien disparó pero sí tener una idea de cómo fue la cosa.

Mario Hernandez

Algunas claves de la impactante movilización obrera del 21F

1- Se movilizaron más de 400 mil personas para repudiar al gobierno fusilador y hambreador. Hace sólo unos días hubo una marcha de apoyo a Macri a la que asistieron 150.
2- Semejante convocatoria se dio en el marco de una movilización SIN PARO. Si lo hubiese habido, es válido pensar que hubiesen asistido cientos de miles de trabajadores más.

3- La inmensa mayoría NO marchó detrás de Moyano, eso se palpó ayer en el acto. Más allá de los acuerdos de cúpulas, los asistentes se movilizaron por un profundo repudio a la figura presidencial, a su gabinete, a toda la Alianza Cambiemos (PRO-CC-UCR) y a sus políticas antiobreras y antipopulares de hambre y miseria.

4- Los medios de (des)información volvieron a difundir la línea que les baja desde el gobierno y los centros del poder económico. Como les fue imposible ningunear la marcha ni minimizarla, intentaron desacreditarla por algunos de los asistentes, a veces en el paroxismo del ridículo. Clarín, por ejemplo, publicó que el auto en el que llegó Moyano al acto tenía "varias multas por exceso de velocidad". Patético.

5- El discurso de Moyano no sólo fue mediocre y autorreferencial, sino que pareció hecho para darle la razón a los que señalaban que el acto fue pergeñado para resguardarlo de sus conflictos. No disimuló nada. Fue como decirle a Macri "no me jodas y no te jodo".

6- Más allá de las intenciones del camionero, corrupto como todo burócrata, la impresionante concurrencia se movilizó, como ya fue dicho, por el repudio al gobierno. Y eso no va a cambiar hagan lo que hagan Moyano y compañía.

7- Esta marcha golpeó duro al gobierno, por más que quieran descalificarla desde el oficialismo. No sólo porque demuestra que no puede controlar la calle, sino que le marca un límite a lo que pueda hacer en el futuro. La crisis económica se profundiza por el endeudamiento astronómico, el déficit fiscal, el déficit comercial, la inflación, los tarifazos permanentes, la crisis laboral, los despidos, las paritarias, la pobreza y la desigualdad crecientes. Encima de todo ese desquicio que ellos han causado, la imagen de transparencia y honestidad que quisieron construir se les cae a pedazos, no sólo por sus prontuarios sino por los escándalos continuos de corrupción de los funcionarios oficialistas. Si hasta el viaje del ministro Triaca con lo peor de la runfla mafiosa, patotera y corrupta del sindicalismo tradicional no hace más que desmentir la famosa "limpieza" del mundo gremial que cacarean Macri y su troupe.

8- Más allá de las subjetividades y los reparos éticos que se puedan hacer, del amplio espectro que confluyó ayer puede surgir un espacio que coordine la lucha contra el macrismo y hasta una nueva central obrera. Pero con esa composición, sólo puede esperarse condicionar al gobierno, nunca echarlo a patadas. Menos con un transero como Moyano a la cabeza, que hasta hace poco tiempo estaba abrazado al mafioso corrupto lavador de plata que ocupa el sillón de Rivadavia. Sin embargo, la influencia de la izquierda sería mucho más fuerte que la que tiene actualmente en las decisiones del mundo gremial institucionalizado en este país, y podría, si cerrara filas en un solo puño ideológico, pelear la hegemonía.

9- Para referenciarse con mayor fuerza, la izquierda debe dejar atrás la dispersión que le es siempre funcional a la burocracia gremial, a los partidos del sistema y a la burguesía que dice combatir. Pero para ello, sin dudas, debe dejar atrás la autoproclamación que lleva al sectarismo, el ilumnismo de algunas posturas delirantes y autoproclamatorias, y la intolerancia entre los que tenemos como objetivo el socialismo. Un germen de lo que se necesita en esta coyuntura puede ser el espacio que se convocó el fin de semana pasado en el Posadas, pero para ello quienes lo convocaron debieran dejar de dar señales de que es su "propiedad privada".

10- El pueblo está harto de este gobierno, más allá de lo que digan el oficialismo y la corporación mediática, alineada casi totalmente con él. Fue votado en octubre último por el 30% del padrón electoral y cada vez está más claro que el otro 70% está en contra y creciendo, después de las decisiones tomadas por el gobierno desde entonces, lo que provocó un deciembre explosivo. No hay gobierno que pueda hacer lo que se le antoje con semejante resistencia. Un estallido está latente y a la vuelta de la esquina, probablemente, si se produce, más potente aún que el del 2001. Pero si no se genera una vanguardia legitimada que dirija toda esa potencia hacia una ruptura con el sistema actual, volverán aquellos que le hacen el servicio de apuntarlarlo cada vez que entra en crisis aguda y aparentemente irreversible.

Gustavo Robles

jueves, 22 de febrero de 2018

#Marcha21F: un fuerte revés político para el Gobierno



La mal llamada “marcha de Moyano” fue masiva y contundente. Otra noticia pésima para el Gobierno y una potencialidad que sólo encuentra límites en la estrategia de la conducción moyanista.

La multitudinaria movilización que tuvo lugar este miércoles en la ancha Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, terminó convertida en un revés político para el Gobierno. Fue una derrota de la furiosa campaña previa que buscó bajarle el precio y, en el mismo acto, agigantó su magnitud social y política.
Las miradas superficiales (e interesadas) ubican los motivos del enfrentamiento en una pelea personal entre Hugo Moyano y Mauricio Macri que fueron aliados tácitos y tácticos hasta ayer nomás.
Como sucedió en su momento, con la ruptura del líder de los camioneros con la expresidenta Cristina Fernández, el acento se puso en una pelea de “egos” mientras se ocultaban prolijamente razones profundas y estructurales (en aquel momento, el inicio de un ajuste sobre el movimiento obrero).
El creciente deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías es uno de los motivos de fondo que habilitó el éxito de la movilización, pese a los límites impuestos por los convocantes. Pero también, el origen residió en un acontecimiento producido en dos tiempos a fines del año pasado (14 y 18 de diciembre) y del que, paradójicamente (o no tanto), estuvo soberanamente ausente el principal convocante a la marcha de este #21F: la pelea contra la reforma previsional.
Aquel triunfo pírrico cambiemita mutó en una derrota política para la coalición gobernante que inició un proceso declinante en los distintos índices que miden sus imágenes paganas (tanto del personal político, como de la gestión, la economía y hasta de las “esperanzas”).
Por vía directa (la golpeada pero aún viva pituitaria moyanista para captar el malestar social en ascenso y el debilitamiento del Gobierno) o indirecta (la mala situación en la que quedó el macrismo que lo llevó a la construcción de un nuevo “eje del mal” ante el desgaste de la guerra contra el kirchnerismo) o por una combinación de ambas; Moyano terminó empujado a las calles con una movilización que concentró la oposición social a Macri.
La política del histórico referente que representa a la tendencia más “vandorista” de la burocracia sindical fue, para variar, golpear para negociar. Por eso evitó milimétricamente hablar de un paro o algún tipo de escalada y ahora espera que "muevan las blancas". El orden de los factores en el álgebra del “conservandorismo” moyanista, en el último tiempo, alteró bastante el producto: hay mucha más predominancia del factor negociación hacia el que presiona el impresionante aparato camionero.
El Gobierno suma una mala noticia a la falta de respuesta de la economía -que quiso tapar con la narrativa manodurista- y al creciente descontento social, ahora se agrega la pérdida (potencial o real) de la calle que nunca tuvo. En el mismo movimiento desprestigió a los burócratas aliados a los que pintó vergonzosamente de un amarillo fosforescente.
Moyano se convirtió, una vez más, en canal de expresión y límite del potencial que existe para derrotar a Macri. Una concentración convocada sin paro, luego de un zigzagueo que arrastró al líder de los camioneros desde amparo bajo el cielo amarillo a la oposición furibunda, tuvo una respuesta contundente. Un hecho que sólo constata (como lo demostraron con mayor determinación las jornadas de diciembre contra el saqueo a los jubilados) que un paro y hasta una huelga general con movilización pondrían en jaque el ajuste macrista. Justamente lo que exigió unas de las tendencias que participó de manera independiente en la marcha: el sindicalismo combativo y la izquierda.
Con una cita del escritor mexicano Octavio Paz y con objetivos electorales, Moyano recordó que "toda derrota es transitoria y toda victoria es relativa”. Una sentencia que puede aplicar también para esta “derrota” del Gobierno si la estrategia se limita a imponer una nueva pax y trabajar para alguna unidad peronista moderada para 2019, mientras se permite que Macri siga haciendo el trabajo sucio que hoy encontró un nuevo límite. La respuesta sobre la orientación que adoptará Moyano, como diría el por estas horas seguramente alterado Marcos Peña, por ahora, te la debo.
En todo caso, no se limita a una cuestión de análisis, sino de lucha política por imponer que la fuerza contenida que se expresó este miércoles pueda desarrollarse hasta derrotar al salvaje plan de Macri y su banda, que hoy volvió a temblar con la reaparición de un fantasma que siempre recorre la Argentina: el fantasma maldito de la calle.

Fernando Rosso
@RossoFer

"La masiva marcha puso al rojo vivo los límites de sus convocantes" // Marcelo Ramal en Crónica

"Rechazar la reforma educativa es rechazar la reforma laboral en las escuelas" // Juan Winograd

Miles y miles reclamaron por el aborto legal // Pañuelazo en el Congreso

Las franquicias de DIA %, un mecanismo de estafa y superexplotación



Prometían a los franquiciados el oro y el moro. Les aseguraban que serían “socios estratégicos” y que pasarían a ser “sus propios jefes”. Pero en verdad les iban fabricando una deuda con el propósito de quebrarlos.

El perverso mecanismo del Grupo DIA detrás de las franquicias, con decenas de denuncias por estafa, no es una ocurrencia local. Cientos de damnificados se han organizado en España, Portugal y Brasil contra este sistema de abusos. Y tampoco es una modalidad circunscripta al Grupo DIA sino que está bastante extendida en el gran capital: las denuncias de franquiciados endeudados se extienden en Europa a Carrefour Express, Mango (venta de ropa), Yoigo (telecomunicaciones) y otros. “La oleada de ‘franquiciados’ estafados enturbia el negocio de las grandes firmas”, titulaba hace un par de años el diario español El Confidencial (20/3/16). El gran capital encuentra en este mecanismo de tercerización una variante para una mayor explotación y precarización de los trabajadores.
En nuestro país, varias sucursales de los supermercados DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) entraron en conflicto a partir de 2015 por franquiciados agobiados por las deudas con la compañía con sede en Madrid. En Brasil, la empresa es investigada por evasión fiscal.

Trampas

Bajo el sistema de franquicias de DIA, ésta dispone de la infraestructura (local, habilitaciones) y otorga a los franquiciados una liquidación mensual que teóricamente debe servir para el pago de los empleados, cargas sociales y previsionales, entre otros ítems, así como la promesa de un porcentaje de las ventas. Alejandro Levit, quien fuera empleado bajo esta modalidad de presunta franquicia durante casi 10 años cuenta a Prensa Obrera que a partir del tercer o cuarto año las liquidaciones comenzaron a ser deficitarias. DIA aducía supuestas pérdidas por cientos de miles de pesos en el inventario, que el franquiciado no podía controlar, y al momento de la liquidación establecía descuentos de todo tipo que lo endeudaban y lo obligaban a refinanciar su deuda, quedando cada vez más atado a la compañía. Cualquier queja generaba la amenaza empresarial de quedarse con la sucursal. A esto se suma que al ingresar al negocio la empresa les hacía firmar a los franquiciados un pagaré de hasta 250 mil pesos y éstos debían poner sus casas como garantía.
Hasta el día de hoy, sin embargo, DIA promociona videos en su página web donde asegura a los incautos que “pone a tu disposición equipos especializados para ayudarte a evitar pérdidas”.
Como Levit, que presentó una cautelar y litiga actualmente contra DIA, entre 200 y 300 presuntos franquiciados (que sumados a la masa laboral cesanteada se aproximan a 2500 trabajadores) empezaron acciones legales pero muchos llegaron a acuerdos desfavorables con la empresa bajo la situación de ahogo económico.
Además de impulsar la contratación de familiares y amigos, la propia DIA incentivaba a los titulares de las franquicias a recurrir al trabajo en negro. Durante el conflicto de 2015, sin embargo, la conducción burocrática del Sindicato de Empleados de Comercio se limitó a recomendar a los trabajadores que renunciaran, bajo la promesa de posteriores reubicaciones laborales.
No obstante, “los presuntos fraudes de DIA S.A. no se limitan a estafar trabajadores como lo expusimos en forma directa, sino también en forma indirecta con evasión fiscal, presunto uso de controladores fiscales de ex presuntos franquiciados de manera ilegal, falta de facturación a presuntos franquiciados, y no declaración de descuentos realizados en liquidaciones”, dice Levit, que permaneció en su sucursal durante tres meses, entre agosto y diciembre de 2015, como parte de su puja con la empresa. Cuenta que allí recibió la visita intimidante de abogados de la empresa con matones.
Los afectados han iniciado no sólo acciones legales en el fuero laboral, sino también en el penal, penal tributario, comercial y denuncias formales ante las entidades que agrupan al rubro supermercadista, en los distintos municipios, por infracción a la ley de superficies de venta por densidad poblacional. También han hecho denuncias ante la Afip, Defensoría del Pueblo y Gobernación de la provincia de Buenos Aires.
“Seguiremos ejerciendo presión a través de los medios que no se hayan corrompido por la pauta publicitaria, a través de los partidos políticos y legisladores que sigan entendiendo que el único capital son los trabajadores argentinos y que las empresas nacionales o extranjeras deben atenerse a las leyes de nuestro país; a través del sistema judicial que se mantenga impoluto ante los intentos de aprietes de las empresas y el poder de turno; y a través de toda red social que así lo permita”, explica Levit. Prometen que seguirán llevando adelante acciones de lucha y han solicitado a diversas organizaciones políticas la elevación de un pedido de informe en la Legislatura porteña y la creación de una mesa pluripartidaria para la investigación de las operaciones de la empresa.

Disputas

DIA contaba en 2016 con casi 7800 establecimientos distribuidos en Europa, América Latina y –en mucho menor medida- China. Es un gran jugador del concentrado mercado supermercardista global junto a Carrefour y Wal Mart. Goldman Sachs es el principal accionista de la compañía con casi el 11% de su capital y junto a otros dos fondos de inversión (uno británico y otro liderado por un magnate ruso) concentra el 30% de las acciones. Algunos medios indican que hay una fuerte puja porque Amazon quiere avanzar en el sector y quedarse con DIA o Carrefour (Estrella Digital, 17/1). Supuestamente para enfrentar la amenaza de Amazon, Carrefour despidió recientemente 2500 trabajadores (Economía Digital, 23/1).
Bajo la ilusión de que serían sus propios dueños, DIA montó un modelo fraudulento y confiscatorio que empuja a los franquiciados a su autoexplotación y la de sus allegados y promueve la precarización aún mayor de los trabajadores.
Se trata de peces grandes, pero que pueden ser derrotados por la lucha de los explotados.

Gustavo Montenegro

Reprimieron a manifestantes en la localidad de Telsen (Chubut)



Balas de goma para garantizar la cumbre minera de Aranguren

El gobierno macrista acometió esta mañana una nueva represión en la Patagonia en favor del capital minero.
En esta ocasión fue en la localidad de Telsen, Chubut, donde alrededor de un centenar de manifestantes (varios de ellos provenientes de otros puntos de la provincia, como Trelew) se movilizaron contra el plan de instalaciones de mineras que presenta en esa localidad Juan José Aranguren, ministro de la nación.
En el marco de un fuerte operativo represivo, con cerca de 250 efectivos de la Policía Federal, estos avanzaron con golpes y balas de goma contra los manifestantes, con el objetivo de impedirles ingresar a la capilla donde –con permiso del párroco– se habían alojado durante la noche, en la vigilia previa a la manifestación. Habría varios heridos por las balas de goma, pero los informes recibidos por Prensa Obrera indican que ninguno correría peligro.
Luego de estos hechos, los manifestantes realizaban una asamblea.
Aranguren comparte el encuentro con varios intendentes de la zona, en pos de allanar el camino del “Proyecto Navidad” de la multinacional canadiense Pan American Silver, con múltiples emprendimientos en curso en el país. El proyecto “busca concretar la explotación de plata, plomo y cobre en una formación geológica ubicada a 390 kilómetros al noreste de Rawson, en plena meseta patagónica” (Télam, 18/2), en el que sería “el yacimiento de plata más importante del mundo” (La Nación, 20/2). Una de las manifestantes, Romina, señaló que “vinimos a expresar el repudio, porque el ministro en lugar de controlar está siendo parte de los proyectos mineros; estamos en una localidad que tiene sólo 4 horas de agua por día, pero pretenden impulsar la minería, que consume grandes cantidades de agua dulce y pone en riesgo el río Chubut” (ADNSur, 20/2)
En pos de los negociados contaminantes de las mineras, existe un fuerte lobby de los mandatarios locales y el ministro nacional por modificar la ley provincial 5001, que prohíbe desde el 2003 la actividad minera en Chubut.

Prensa Obrera

Moyano y sus socios, sin perspectivas para el movimiento obrero

Moyano no dijo nada y los demás oradores solo hablaron para apoyarlo. Si “a Macri le quedara poco”, como dijo el camionero, no sería por este 21F.

A esta síntesis hay que agregar que la movilización fue sensiblemente menor al 18 de diciembre, en parte compensada por el despliegue inmenso del aparato camionero que se empeñó en movilizar desde todo el país. Incluso los gremios de la CGT que apoyaron la movida movilizaron muchísimo menos que en diciembre, tal fue el caso de Fatun de no docentes, de los propios bancarios, de canillitas, gráficos o curtidores, y muy menor en el caso de las seccionales rebeldes de la UOM: la poderosa regional siderúrgica de Campana movilizó sólo un micro de delegados. Con la Ctera ocurrió otro tanto aunque se empeñaron en movilizar desde Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de CABA y Conurbano.
La columna bancaria, nave insignia de la Corriente Federal, de unos 4 mil trabajadores, fue menor que la movilización de 5 mil compañeros del Banco Provincia del día martes en La Plata, lo cual ilustra que la movilización no fue canal, ni aún de los sectores en lucha. Al mismo tiempo se expresó una disputa interna: el peronismo de la Corriente Federal no dejó pasar a los bancarios al pie del palco porque rechazan el emblocamiento de Palazzo con Moyano.
La movilización congregó aparatos de intendentes kirchneristas y otros no tanto como Menéndez, que vinieron a aportar a la “unidad del peronismo”. Tal vez la mitad de la movilización fue aportada por los llamados movimientos sociales del trío San Cayetano. Probablemente hubo entre 150 y 200 mil personas en total. Algún público espontáneo, que lo hubo, no fue en absoluto dominante.
En el interior tuvo muy poca expresión. Lo más trascendente fue el paro general de Adosac en Santa Cruz, con el impulso activo de Tribuna Docente, que plantea emblemáticamente la lucha contra el ajuste de Macri y Alicia Kirchner.
El carácter de la convocatoria, la ausencia de paro, no logró superar los límites de los sectores convocantes, y ellos mismos no concitaron un movimiento de masas al interior de sus gremios. Moyano pagó caro no haberse puesto al frente del movimiento obrero por sus luchas y reivindicaciones, si no haberlo convocado para apoyar al sindicato camionero, el que a su vez no puso en el centro la defensa de su propio convenio ante la ofensiva flexibilizadora.
El discurso del veterano jefe camionero fue defensivo y vacío. Ausente de toda perspectiva de futuro para el conjunto del movimiento obrero, no fijó continuidad alguna, no estableció un programa para enfrentar el ajuste, para defender las luchas contra los despidos o por las paritarias y estuvo muy lejos de denunciar la reforma laboral como el eje ordenador de la ofensiva de Macri, los gobernadores y las patronales. Incluso la prensa informa que el sindicato camionero está aceptando la rebaja del 1% por año de antigüedad al 0,5%, a cambio de un bono de $9500 por única vez y en compensación por la pérdida 2017, pero que el Ministerio de Triaca no lo homologaría, lo que ha dejado en suspenso la entregada.
Lo más definido que planteó Moyano fue que los trabajadores piensen “democráticamente a quién votamos en la próxima elección”. En buen romance colocó la convocatoria al servicio de la interna del PJ –y de la CGT-, ajeno por completo a un futuro paro nacional, mucho menos a un plan de lucha que pueda poner en pie al movimiento obrero contra el plan de guerra en curso. El discurso fue para desmoralizar a los luchadores que desde los ingenios salteños hasta el Río Turbio, pasando por el INTI, el Conicet, Fanazul o el Posadas, luchan contra despidos masivos.
El resto fue dedicado a defenderse de las acusaciones de corrupción, ofreciéndose para ir preso, algo que de ocurrir sería rápidamente para ir a domiciliaria debido a su edad. Ni él ni los otros oradores se pronunciaron por la libertad y el desprocesamiento de los manifestantes presos y perseguidos por las manifestaciones de diciembre.
Ni la combatividad de su hijo Pablo, ni la denuncia de los colaboracionistas que abandonaron el barco para continuar con el acuerdo de la reforma laboral que pactó todo el Triunvirato cuando estaba unido, tuvieron lugar en el peor discurso de la historia de Moyano. Indudablemente para un ala sindical como la suya, haber entregado al macrismo su ruptura con Cristina no es gratis. Con los límites de aquella “mesa de enlace” de los 90, este Moyano no es el del MTA de la ruptura con el menemismo, sólo se anota para la interna post kirchnerista del peronismo, para contener desde una postura opositora y negociar con un pejota que es pieza clave en la gobernabilidad del ajuste.
La columna del clasismo y las luchas, con el Sutna, la UF Oeste y el Posadas a la cabeza tuvo su importancia. Agrupó mediante asambleas a un grupo de Sutebas combativos de Tigre, Ensenada y Marcos Paz con Matanza a la cabeza, a la AGD y Ademys, a una importante delegación de Amsafé Rosario, al Sitraic, y no congregó a la masa de manifestantes del INTI por una maniobra absurda de la interna de la lista verde que movilizó junto a una CTA Autónoma que a su vez no vino a la movilización por razones de aparato. Decenas y decenas de cuerpos de delegados tuvieron en esta columna su lugar.
La virtud de esta nueva columna independiente fue que se transformó en el único sector que planteó y cantó a voz en cuello por el paro general, organizada con carteles por el paro activo nacional, una perspectiva que surge clara del movimiento obrero que lucha todos los días y completamente ausente de esta alianza moyano-kirchnerista sin perspectivas.
La izquierda y el clasismo tienen que empeñarse en reforzar una campaña con ese objetivo, alrededor de las luchas. Ante semejante contraste entre los organizadores y sus discursos, con la ebullición obrera y la magnitud del ataque en marcha contra los trabajadores, el planteo del Congreso de delegados mandatados por asambleas de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, adquiere enorme vigencia.
El clasismo y la izquierda tienen una responsabilidad y una oportunidad si saben intervenir para reunir fuerzas en función de esta perspectiva, porque se abre una etapa de agudas luchas parciales, choques sociales, desbarajustes económicos y crisis políticas, que serán la fragua de otro tipo de irrupción obrera y popular que pueda seguir los pasos de las jornadas de diciembre en un plano superior.
La burocracia sindical convocante no tiene el propósito de profundizar el proceso de diciembre, aquellas columnas obreras y los cacerolazos de la noche, las puebladas de Azul, de Río Turbio y más recientemente en Yrigoyen con el Ingenio El Tabacal.
En este camino el 8 de marzo, la lucha por el paro por los derechos de la mujer puede ser un gran canal desde abajo porque recoge las reivindicaciones más sentidas, empezando por el derecho al aborto legal, contra la violencia de género y la responsabilidad del Estado y todos los derechos de la mujer trabajadora.

Néstor Pitrola

Se consumó el robo a los jubilados

La mínima será de $ 7.660,42

Se concreta el robo a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó que la jubilación mínima se incrementará $ 413,78 en marzo (5,71%), al pasar de $ 7.246,64 actuales a $ 7.660,42. Esto significa un ingreso por debajo del 50 % de la canasta de jubilados estimada por la Defensoría de la Tercera edad.
De esta manera debutará el primer aumento con la movilidad previsional votada en diciembre último gracias al aval de los gobernadores. La ley consensuada por Cambiemos con el peronismo "dialoguista" que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto establece que desde marzo las jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarán en forma trimestral en base a un sistema combinado entre la variación de la inflación (en un 70%) y del aumento salarial promedio (un 30%). Sectores de la oposición denunciaron que, con la anterior fórmula, el aumento de marzo rondaría el 14,5 %. En tanto, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) -uno de los componentes del haber jubilatorio- y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir de marzo será de $3.619,07 y $6.128,34, respectivamente.
Por otro lado, también se incrementan las asignaciones familiares para los trabajadores formales y aquéllos que perciben la AUH. En ese caso, el complemento pasa de $ 1.412 a $ 1.493. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $4.606 a $4.869.
Por su parte, la resolución 32/2018 fijó la suma de $ 1.740 para la asignación por nacimiento; $ 10.427 por adopción y $ 2.607 por matrimonio.
En el caso de la asignación prenatal y por hijo, se fijaron valores de entre $ 1.493 y $ 3.223, según ubicación geográfica; para los ingresos de grupo familiar (IGF) hasta $ 23.173; entre $ 1.005 y $ 2.651 para ingresos hasta $ 33.988; entre $ 605 y $2.395 para ingresos hasta $ 39.240; y entre $ 310 y $ 1.216 para ingresos hasta $ 94.786.
Para hijos con discapacidad se fijaron valores entre $ 4.869 y $ 9.731 para IGF hasta $ 23.173; entre $ 3.442 y $ 9.385 hasta $ 33.988; y entre $ 2.171 y $ 9.038 para el resto de los ingresos.
La ayuda escolar anual se estableció en valores entre $ 1.250 y $ 2.496, de acuerdo con la ubicación geográfica.
En el caso de los jubilados y veteranos de Malvinas, se determinó una asignación por cónyuge de $ 359, y de $ 716 para los residentes en la Patagonia.

Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo

En un informe especial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), se realiza un análisis comparado de las jubilaciones mínimas en Argentina para el período 2015-2017 y se concluye, entre otros aspectos, que, considerando el IPC ‐ CABA, el haber mínimo perdió 6,8% de poder adquisitivo en ese lapso.
También se analizan, entre otros aspectos, el impacto de la reforma previsional, el poder de compra de los haberes y la relación entre poder adquisitivo y medicamentos.
En el período 2003-2015, podemos destacar una política de expansión previsional que ubicó a la Argentina entre los mejores posicionados en este rubro. El aumento de la tasa de cobertura fue casi 30 puntos porcentuales hasta llegar a un 97% y la institucionalización de la movilidad como reajuste semestral de los haberes previsionales le dieron dinamismo y previsión al sistema.
A contramano de esto, el actual gobierno implementó la ley de “Reparación Histórica” y la Ley 27.426 denominada “Reforma Previsional”.
En dicha reforma, se desglosa en lo conceptual las implicancias negativas que representa: la modificación de la fórmula de reajuste, que al cambiar la ponderación de las variables que toma, perjudica directamente el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados.
Asimismo, el sistema se aleja de los criterios de igualdad y equidad, como consecuencia de la discriminación planteada entre los jubilados “con 30 años de servicios” y los jubilados “por moratoria”, en detrimento de estos últimos que quedan afuera de la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Esta diferenciación también fue aplicada por el PEN a la hora de fijar por Decreto un bono extraordinario pagadero en marzo por única vez que para los jubilados por moratoria ascenderá a $ 375 y para los jubilados con 30 años de aportes será del doble, es decir, de $ 750.
En este informe se analiza la pérdida de dinero que el actual sistema produce respecto al anterior, destacando que la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor en este contexto inflacionario que incluso perjudica más a la canasta de bienes y servicios de nuestros adultos mayores. A modo de ejemplo, si tomamos la jubilación mínima en ambos casos y a jubilados que hayan realizado aportes, la pérdida acumulada en el 2018 con la nueva ley asciende a $ 4.138, mientras que aquéllos que se hayan jubilado por moratoria, perderán a diciembre de este año un importe de $ 4.588.
Ampliando el análisis de la pérdida del poder de compra de los jubilados a diciembre de 2018, se ratifica su tendencia decreciente conforme los relevamientos de productos realizados. Mientras que el haber aumentó un 69% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, algunos precios de productos de consumo masivo sufrieron incrementos muy por encima: llegando a haber aumentos como en el caso del aceite que subió 211,40%.
Esta disminución del poder de compra se manifiesta también en los medicamentos, rubro que representa especial importancia para los jubilados con incrementos entre 75% al 173% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad.
Recordemos que con la nueva fórmula esta brecha entre haberes y canasta de bienes y servicios se seguirá aumentando y tornando cada vez más inalcanzable.

Las mujeres son las más perjudicadas por la reforma previsional

La reforma previsional impulsada por el oficialismo significa un retroceso para las amas de casa y trabajadoras domésticas informales que pudieron acceder a la jubilación en la última moratoria sin tener los aportes suficientes.
La falta de aportes de las mujeres se debe, en la mayoría de los casos, a las tareas domésticas no remuneradas -como ser ama de casa y criar a los hijos- y a las actividades informales, donde los empleadores no pagan las cargas sociales. Según el Ministerio de Trabajo, la principal actividad económica de las mujeres es el empleo doméstico, el de mayor nivel de informalidad y precariedad.
“Desde el 2004 hasta el 2016 la moratoria funcionó en los hechos como una jubilación para las amas de casa, algo para lo que no hay ley. El 86 % de quienes se jubilaron por la moratoria fueron mujeres: amas de casa full time o part time , que dejan de trabajar por algunos años mientras los hijos son chicos y después vuelven o madres que trabajan pocas horas para combinarlo con la crianza”, explicó Mercedes D’Alessandro, de Economía Feminista.
¿Qué va pasar con estas mujeres? Descartada la moratoria, desde Cambiemos lanzaron la Pensión Universal para el Adulto Mayor que equivale al 80 % de una jubilación mínima, unos 5.700 pesos al día de hoy, y eleva a 65 años la edad para jubilarse. “Como la nueva ley deja afuera a todas las trabajadoras domésticas y amas de casa sólo van a poder recurrir a la pensión para la vejez que lanzó Cambiemos, lo que es un pasaporte directo a la pobreza. Están fabricando nuevos pobres”, sostuvo la economista y remarcó la importancia de incluir la perspectiva de género en el tratamiento de estas leyes también.
Las primeras en advertir que las mujeres eran las más perjudicadas con la reforma previsional fueron las propias mujeres y desde el movimiento Ni Una Menos convocaron a movilizarse, como lo hicieron miles de personas, a la puertas del Congreso. “Con recortes a jubiladxs, AUH y pensiones no contributivas no hay Ni Una Menos”, dijeron. “El 62 % del total de jubilados son mujeres. Las mujeres cobran 24,5 % menos de jubilación por ser mujeres. El 86 % de quienes ingresaron a la moratoria son mujeres. El 99 % de quienes administran la AUH son mujeres. ¿A quién perjudica más la reforma previsional?”, tuitió la periodista de Página 12 e integrante del movimiento, Luciana Peker.
La socióloga Alejandra Beccaria, investigadora del Equipo de Seguridad Social, del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) advierte: “La discriminación entre quienes accedieron al beneficio previsional por el cumplimiento de los años de servicios y quienes lo hicieron a través de las moratorias tiene efecto inmediato en la implementación del bono compensador y tiene efecto aún más grave en adelante porque da a quienes accedieron sólo por el cumplimiento de los requisitos de aportes la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, mientras que a quienes accedieron por moratoria no les establece esa garantía”.
Los varones que accedieron a la jubilación por moratoria son uno de cada diez. En cambio las mujeres que aseguraron su ingreso por esa vía son casi la mitad de las que se encuentran jubiladas. Por eso, Claudia Danani, especialista en política social, también del equipo de Seguridad Social de la UNGS, remarca el machismo de las políticas públicas actuales contra las mayoría de las mujeres mayores: “Es posible suponer que si la distancia entre uno y otro grupo creciera al grupo de “jubiladas/os por moratoria” se les establecería el mismo piso de la Pensión Universal para Adultos Mayores: 80 % del haber previsional mínimo. Esa política de diferenciación, que en la Ley se justifica con la expresión “proporcionalidad que premia el esfuerzo de cotización”, castiga (otra vez) a las mujeres que trabajaron en condiciones de mayor irregularidad, desprotección y precariedad. Contra la idea de que la moratoria fue aprovechada por “señoras bien que usan el dinero para salir con sus amigas” (escandalosa imagen sexista que transmite lo superficial y ocioso de la vida de las mujeres), los datos indican que sólo un 25 % de las mujeres que accedieron a la jubilación con la moratoria nunca aportaron ni trabajaron y que, en cambio, en la otra punta, el 31 % de ellas lo hizo durante más de 25 años. Un país más justo debe compensar por esa desigualdad, no consagrarla”.
En ese sentido, la Doctora en Economía Mercedes D’Alessandro, integrante de Economía Feminista, critica: “El gobierno de Cambiemos con esta reforma previsional está fabricando nuevos pobres: las amas de casa, las y los trabajadores precarizados, aquéllos que no han podido completar los treinta años de aportes que demanda la ley solo podrán acceder a una pensión universal que hoy apenas llega a los 5.700 pesos”.
Se suma el recorte de la Asignación Universal por Hijo, que en el 99 % de los casos lo reciben las madres.
La Asignación Universal por Hijo y la prestación por embarazo, actualmente, representan 1.412 pesos mensuales. La AUH debería subir en marzo, si no se hubiera aprobado la reforma previsional, a 1.616 pesos, según la estimación del periodista y economista Alejandro Bercovich, con un aumento que tendría que haber sido del 14,5 %. Sin embargo, se va a quedar en 1.492,49 pesos (más un bono por única vez) con una actualización desinflada del 5,7 %. La quita por cada hijo/a de la Ley aprobada representa 124 pesos por mes por cada chico y chica y una pérdida neta por hijo de 470 pesos (contando el bonus track sacado de la galera por el gobierno nacional después de las protestas). Por lo tanto, con un precio de mercado de 20 pesos por litro de leche (Sancor) la baja en la AUH implica 6,2 sachets de leche menos para cada piba o pibe, por mes, como efecto de la Ley aprobada entre protestas y cacerolas.

Ex combatientes de Malvinas perderán en marzo 2.000 pesos

Poco antes de Navidad, ex soldados conscriptos de Malvinas presentaron un recurso de amparo ante la Justicia federal contra la reforma previsional. El argumento del colectivo integrado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y el Centro El Veterano Ex-Combatiente Islas Malvinas (CEVECIM) radica en la inconstitucionalidad de la Ley, que viola también tratados internacionales firmados por la Argentina.
La reforma los perjudica directamente. “ Con este nuevo régimen que se quiere aplicar, nosotros en marzo estamos perdiendo un promedio de $ 2.000 por cada uno de los ex combatientes y de los familiares de los caídos en Malvinas”, explica Mario Volpe, titular del CECIM La Plata.
Las pensiones que hoy cobran alrededor de 17.000 personas equivalen a tres jubilaciones mínimas, por lo que una modificación como la aprobada en la fórmula de la movilidad jubilatoria les significa un triple descuento.

La represión como un mal recuerdo

Para los soldados de Malvinas, víctimas del terrorismo de Estado, la batalla que se desplegó el lunes 18 de diciembre en las inmediaciones del Congreso nacional revivió épocas fatales. “Históricamente, nos recordaba la marcha del 30 de marzo de 1982 por ‘Paz, pan y trabajo’, pero nunca vimos la violencia que está en este momento, a pesar de ser aquélla la dictadura cívico militar más sangrienta de la historia”, sostiene Volpe.
Y resalta: “Los medios de comunicación masivos y hegemónicos muestran a estas marchas como una violencia de dos partes, y nosotros lo que dejamos en claro es que hay una sola violencia: la que ejerce el Estado. La violencia básica se genera cuando alguien poderoso como el Gobierno o las instituciones del Estado se imponen por la fuerza contra alguien que no se puede defender y en todo caso las reacciones son de defensa”.

Mario Hernandez

miércoles, 21 de febrero de 2018

"Creemos que hay que hacer paro activo nacional y un plan de lucha" // Néstor Pitrola en Crónica

Nicolás Del Caño en Crónica TV "Exigimos a la centrales sindicales que convoquen a un paro general"

21F: La masiva columna del sindicalismo combativo reclamó paro nacional

Myriam Bregman en C5N #21F "Lo significativo fue la masividad"

Masiva movilización contra el ajuste y columna independiente del sindicalismo combativo



El dirigente del sindicato camioneros, Hugo Moyano, denunció el ajuste del gobierno de Macri pero no anunció medidas para enfrentarlo. Los sindicatos combativos y la izquierda participaron con una importante columna independiente.

Miles de trabajadoras y trabajadores se movilizaron este miércoles contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. La marcha había sido convocada por el dirigente del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, y era apoyada por sectores de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y por las distintas alas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que representa a los trabajadores públicos.
El sindicalismo combativo, junto a los sectores que hoy están en lucha contra los despidos y los partidos de izquierda participaron de la marcha con una columna independiente exigiendo un plan de lucha serio y un paro general para derrotar los planes de ajuste.
En su discurso, el principal del acto, Moyano denunció el ajuste pero no anunció medidas de lucha para enfrentarlo. Ante una movilización masiva el dirigente camionero también negó tener denuncias de corrupción, de las que los acusa el gobierno. Los dirigentes sindicales kirchneristas como Yasky (trabajadores estatales) o Palazzo (bancarios) reivindicaron a Moyano y no plantearon en sus discursos la necesidad de un paro nacional ni plan de lucha, que fue la exigencia que llevaron la izquierda y el sindicalismo combativo en su columna independiente.
Los oradores del acto fueron Juan Carlos Schmid de Dragado y Balizamiento y triunviro de la conducción en crisis de la CGT (mientras que Daer y Acuña -los otros dos triunviros- estuvieron ausentes, al igual que otra buena parte de la CGT), Hugo Yasky y Pablo Micheli por ambas CTA, Sergio Palazzo dirigente de los bancarios, Estaban Castro de la CTEP (trabajadores de la economía popular), y cerró Hugo Moyano.
De forma independiente de las cúpulas burocráticas de los sindicatos participó un bloque de la izquierda y el sindicalismo combativo, que había sido votado el pasado sábado en el Encuentro Nacional de Trabajadores en Lucha convocado por la asamblea del Hospital Posadas.
De ese encuentro, y este miércoles en la columna, participaron diversas expresiones de lucha en defensa de los puestos de trabajo y contra el ajuste: mineros de Río Turbio, azucareros de La Esperanza, de distintas dependencias estatales, Cresta Roja, Diario Hoy y Pepsico, junto a despedidas y despedidos del mismo Hospital Posadas, así como expresiones del sindicalismo combativo como lo son seccionales opositoras del Suteba (docentes), la Unión Ferroviaria Seccional Haedo, el CICOP y el STS (salud) y Ceramistas de Neuquén. El SUTNA (neumático), que no fue parte del encuentro, este miércoles se movilizó en la columna independiente.
También fueron parte de la columna independiente dirigentes políticos como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Nathalia González Seligra, Romia del Plá, Vilma Ripoll, Christian Castillo y organizaciones como el PTS, el PO, MST y otras.
Este sector fue encabezado por una bandera que decía "Reincorporación de los despedidos. Basta de ajuste. Paro general y plan de lucha".

Los discursos del acto

Sin embargo, los discursos del acto fueron en un sentido contrario a la exigencia llevada por la izquierda y el sindicalismo combativo. La tónica general del acto fue mucha denuncia y ningún anuncio de medidas de lucha para enfrentar el ajuste. En esto coincidieron desde Moyano y Schmid hasta los kirhcneristas Yasky y Palazzo.
El primer orador, el actual triunviro de la CGT, centró su alocución en denunciar la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, en rechazar la reforma previsional y el megadecreto de Macri, así como en defender a Moyano.
Por su parte, Sergio Palazzo hizo hincapié en que la "violencia" es robarle a los jubilados, votar una nueva ley laboral, eliminar impuestos a los ricos. También expresó su solidaridad con Moyano y disparó los dardos contra los dirigentes gremiales que decidieron no asistir a la marcha.
A su turno, Pablo Micheli afirmó que la marcha era para que se paren los despidos como los del Posadas, el Inti o el Senasa, para que se detengan la entrega del país y los tarifazos. Fue el único en mencionar la necesidad de un paro nacional, aunque lo hace desde la postura de quien no tiene fuerza para convocarlo. Asimismo, obvió toda crítica a Moyano y silenció el hecho de que las mismas luchas que mencionó no pudieron hacer uso de la palabra.
Esteban Castro de la CTEP habló por los llamados movimientos sociales y centró su discurso en reivindicar al Papa Francisco. También reivindicó haber conseguido la ley de Emergencia Social (sin hacer mención a que para eso firmaron la paz social con Macri)
Hugo Yasky tomó la palabra a continuación, y además de defender a Moyano como perseguido, ubicó en la misma categoría a Roberto Baradel de SUTEBA. Celebró la participación de pequeños y medianos empresarios, en lo que fue un discurso de conciliación de clases, a pesar de que en esas empresas se sufren los más altos índices de precarización laboral y superexplotación. Hizo a su vez una enorme reivindicación del moyanismo (luego de años de oponerse a sus paros bajo los gobiernos de CFK) al decis que Pablo y Hugo "abrieron un camino impensado". En ese camino, al parecer, no incluyó al paro nacional y plan de lucha para enfrentar el ajuste.
El cierre del acto y discurso principal fue, por supuesto, el de Hugo Moyano quien comenzó diciendo que la movilización se había resuelto orgánicamente en la CGT, y negando estar implicado en denuncias de corrupción "por ahora".
Intentando darse mística, recordó haber estado tres veces preso. Sobre los objetivos de la movilización, dijo que la misma era para decirle al Gobierno que "no siga llevando adelante políticas que hambrean a las partes más sensibles de nuestra sociedad", como los jubilados y los trabajadores.
También dedicó pasajes especiales de su alocución a decir que "no venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores", resaltando también que era "una marcha pacífica donde venimos a expresar sentimientos".
Sin embargo, revelando su principal preocupación señaló que "no tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si lo dice la Justicia. No tengo miedo que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón así que por más que hablen y digan".
De este modo, la demostración de fuerzas intentó ser un mensaje para negociar desde una posición de fuerza sus propios intereses personales, pero se negó una vez más a convocar a un paro nacional y plan de lucha para que triunfen las luchas y derrotar el techo a las paritarias. Nada extraño para quien durante dos años le ofreció paz social a Macri a pesar de un fuerte ajuste, y antes había impulsado su candidatura.

la Izquierda Diario

El país de Gilligan



El gobierno le soltó finalmente la mano al subsecretario de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien renunció a su cargo tras las revelaciones de que ocultó un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra, un paraíso fiscal ubicado en los Pirineos, entre España y Francia.
Díaz Gilligan fue funcionario del gobierno porteño y es vocal de River Plate. Se "defendió" argumentando que él era simplemente un testaferro del empresario uruguayo dedicado a la compra-venta de jugadores, Francisco Casal, en problemas con la justicia por evasión de impuestos. La compañía offshore que presidió Gilligan, Line Action, recibía dinero de clubes de fútbol uruguayos.
La salida de Díaz Gilligan se produce en el marco de un deterioro del gobierno, tras la reforma previsional, del escándalo protagonizado por Jorge Triaca y, fundamentalmente, de la creciente combatividad del movimiento obrero.
Díaz Gilligan es un peón, cuyo sacrificio apunta a preservar a otras figuras del gabinete, involucradas en escándalos mayores. Es el caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien fue accionista del fondo Noctua –radicado en Islas Caimán– que se benefició con la suscripción del bono a 100 años emitido por su propia cartera. Después de los Panamá Papers y los Paradise Papers, resulta evidente que no se trata de casos "particulares" sino de un verdadero ´gobierno off-shore´.
La prohibición de ocupar cargos políticos a los familiares de los ministros hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, hermanas) tuvo desde siempre un carácter puramente cosmético y distraccionista. Apenas salieron de cargos oficiales 12 personas, una cifra insignificante, ya que las camarillas enquistadas en el gobierno se entrelazan con grupos capitalistas como los Calcaterra –socios de Odebrecht– o los Caputo, mediante las contrataciones de la obra pública, subsidios, tarifazos, información preferencial sobre los movimientos cambiarios o de tasas, etc. El Estado está al servicio de estas camarillas capitalistas, oficiando como comité administrativo de sus negocios.
La corrupción y el trato de camarilla, en definitiva, es inherente al régimen capitalista.

Gustavo Montenegro

Macri sacrifica un peón

Cuentas offshore, submundo futbolístico

Al ex subsecretario general de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, sólo se le puede acusar de tener los mismos entretenimientos que el presidente Mauricio Macri y muchos integrantes de su gabinete: el amor al dinero (obviamente depositado en paraísos fiscales) y su conexión con el submundo delincuencial del fútbol trasnacional.
Ya la cuerda estaba demasiado tensa y Macri venía en caída libre desde que en diciembre impuso la poda a las jubilaciones y pensiones. Al final debió ceder a las presiones de sus aliados políticos del radicalismo y la Coalición Cívica, y para que el escándalo no mellara todavía más su popularidad ordenó desprenderse del funcionario, quien había omitido declarar una cuenta en Andorra (que era un paraíso fiscal) por 1,2 millones de euros.
No solo perdió su cargo, sino que fue denunciado ante la Justicia por lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada. Según Linkedin, es Master en Economía y Finanzas (Ucema) y Licenciado en Administración de Empresas con experiencia laboral en Techint, Price Waterhouse Coopers y Grupo Insud; fue Director General de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires y Vicepresidente de la Comisión de Turismo y Desarrollos del Club Atlético River Plate.
La cuenta en la Banca Privada d’Andorra estaba a nombre de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores de fútbol, radicada en Inglaterra pero perteneciente a una empresa panameña denominada Nashville North Inc, de la cual el dirigente macrista fue director hasta 2014.
Envalentonado por la impunidad existente en el país con la corrupción macrista (incluso anunció que se presentaría ante la Oficina Anticorrupción para aclarar su situación), Díaz no desmintió la información y atribuyó la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal, sindicado en su país de trata de blancas y blancos y competidor en la guerra global por los derechos de la televisación del fútbol.
“Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo quien se autodefinió como testaferro de Casal. La pelea fiscal de Casal finalizó con el perdón presidencial de una deuda millonaria.

El amigo Paco

"Paco" Casal tiene negocios como representante de jugadores de fútbol y con los derechos de TV. Su fortuna se cimentó representando jugadores y luego dio un giro notorio con el ingreso en el negocio de la televisión. A finales de la década de los 80 ya representaba a los mejores del país: Carlos Aguilera, Rubén Sosa, Enzo Francescoli, Hugo De León y Nelson Gutiérrez.
Luego compró los derechos de televisación del fútbol uruguayo y pagó 32 millones de dólares menos de lo que ofrecía la empresa Bersabel. Luego sumó los de la selección celeste, los de la imagen del seleccionado, del marketing, de la negociación por la indumentaria, hasta llegar a organizar partidos amistosos. Por ese entonces ya tenía como socio a Enzo Francescoli.
Luego, con la creación de GolTV, canal por suscripción creado en 2003 para Estados Unidos y en 2005 para Latinoamérica, pasó a comprar derechos en todo el continente. Precisamente es GolTV la implicada en este escándalo del funcionario de Macri.
En 1991, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol nombró como entrenador de la selección a Luis Cubilla, con quien Casal estaba enemistado, motivó una revolución de los futbolistas por él representados, quienes se negaron a participar en la selección, lo que influyó en la eliminación en las clasificatorias para el Mundial de 1994.
En noviembre de 2 016, los jugadores de la selección uruguaya ocultaron los logotipos de las marcas que patrocinan a la AUF por sus derechos de imagen que les habían sido cedidos por la Mutual de Futbolistas Profesionales (que admitió que procedió sin consultar a los seleccionados). La AUF se los otorgó a la empresa Tenfield, del contratista "Paco" Casal. Los futbolists, cuestionaron que era muy poco el dinero que Tenfield le paga a la AUF por ese y otros derechos cedidos, como vestimenta y televisación.
Díaz Gilligan recibió primero el apoyo de su inmediato superior, el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, luego del propio Presidente y m á s tarde del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El exsubsecretario tampoco ayudó con sus declaraciones y fue obligado a tener el “gesto” de renunciar, mientras Macri, preocupado por los graves problemas del país se reunía en la Casa Rosada con…. el director técnico de Boca Juniors.
El escándalo es un mensaje para el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que maltrató a una empleada suya, y para el de Finanzas Luis Caputo, un Gilligan a escala gigantesca. Es un mensaje para el Gobierno entero. Parece que ser un gobierno offshore empieza a caer mal, comenta el analista Martín Granowsky.

El encanto de las offshore

Este es el primer escándalo que termina con la renuncia del funcionario implicado, pero no es el primero que vincula a un hombre del macrismo con firmas offshore, lista encabezada por el propio Presidente y varios ministros. Por ejemplo, los datos de los Panamá Papers y la firma Mossack Fonseca permitieron conocer que el Presidente figuraba como director de dos empresas en paraísos fiscales, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, junto a su padre, Franco, y su hermano, Gianfranco.
Luis Caputo, ministro de Finanzas manejó el fondo de inversión Alto Global Fund en Islas Caimán y administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, revelaron los Paradise Papers. Y ocultó en su declaración jurada que fue el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre ellas Princess International Group, en Islas Caimán.
Según la filtración de Paradise Papers, el ministro de Energía Juan José Aranguren fue director de al menos dos empresas offshore mientras se desempeñaba como CEO de Shell y Néstor Grindetti, intendente de Lanús figura como apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era secretario de Hacienda de Buenos Aires.
Por su parte, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos integra el directorio de la offshore Kalushy de Panamá, vigente hasta el año pasado, y Jorge Macri, intendente de Vicente López figura como secretario de Latium Investments Inc de Panamá. La Justicia lo embargó por 8 millones de pesos, mientras Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia figura en los Panamá Papers como intermediario en el montaje de sociedades en guaridas fiscales.
El diputado Rodolfo Tailhade, quien presentó la demanda contra Díaz Gilligan, sostuvo que la renuncia de éste “no se trata de una decisión que tenga que ver con las convicciones” del gobierno, sino de una maniobra política y mediática “para que no se hable del ministro de Finanzas” Luis Caputo, quien fue denunciado “por algo más grave”: ser titular de un conglomerado de empresas en un paraíso fiscal.

Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo uruguayo, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)