sábado, 21 de octubre de 2017

Vamos con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia por Santiago Maldonado



Desde las 14hs en Avenida de Mayo y Perú. Habrá un acto en Plaza de Mayo a las 16hs.

Tras la confirmación de que el cuerpo hallado en el Río Chubut es el de Santiago Maldonado, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia resolvió convocar una gran movilización para el sábado 21 a partir de las 14hs en Avenida de Mayo y Perú, con un acto en Plaza de Mayo a partir de las 16.30hs, para hacer oír fuerte el reclamo por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de su asesinato y del encubrimiento y que se vaya Patricia Bullrich.
Apenas hecha la confirmación por parte de la familia en la tarde del viernes, la indignación se hizo sentir en los lugares de estudio, dando lugar a cortes y movilizaciones en Plaza de Mayo y otros puntos del país.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Fuba, que nuclea al estudiantado de la Universidad de Buenos Aires, se convocó en Plaza Houssay, zona de numerosas facultades. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras salieron a las calles con clases públicas y luego marcharon a Plaza de Mayo; también los estudiantes de los profesorados Alicia Moreau de Justo y Joaquín V. González realizaron un corte en la Avenida Córdoba a la altura de Callao.
En La Plata, organizaciones sociales y de la izquierda se congregaron en la esquina de la 7 y 50.
La triste confirmación de la muerte de Santiago, cuya desaparición mantenía en vilo al país, es la refutación más contundente a las mentiras de los funcionarios y los medios oficialistas: los mentideros de que Santiago no había estado el 1° de agosto, cuando se produjo la represión; de que estaría oculto en territorio mapuche; de que la Gendarmería no había entrado al territorio de la Lof mapuche en Cushamen; entre otros, se han demostrado falsas de toda falsedad.
El último de estos capítulos lo escribió Macri con su hipócrita llamado a la madre de Maldonado al conocerse la noticia de que el cuerpo hallado es de Santiago, en lo que su hermano Sergio calificó como el intento de un "caradura" por sacar un rédito electoral hacia el domingo. A su vez, desmintió al ministro de justicia Germán Garavano, que mintió en los medios al decir que había tenido una comunicación telefónica con él (lo que Sergio le dijo es, precisamente, que no quería hablar con él).
Las mentiras y tergiversaciones del gobierno y sus medios en el caso no tienen pausa y son un capítulo para la historia universal de la infamia.
Lo que ha quedado definitivamente probado son el accionar criminal de la Gendarmería y de sus mandantes, y la existencia de una campaña de encubrimiento que se digitó desde los más altos rangos del poder político.
Justicia por Santiago Maldonado. Castigo a los culpables. El gobierno es responsable. Fuera Bullrich.

Prensa Obrera

El cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de Santiago.



Comunicado de la familia Maldonado: "Les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por Justicia, con más fuerza que nunca".

La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener Justicia.
Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago: este dolor no sabe de palabras.
Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al Juez Lleral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos. No sólo quienes le quitaron la vida sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda.
Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficacia y parcialidad del Juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes.
A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por Justicia, con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas, que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la Verdad y lograr Justicia.
La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de esta familia, para la que pedimos respeto.
Por Santiago, por nosotros

Los "excesos" del aparato represivo

Brutalidad policial: matan a joven en Constitución por no pagar la cuenta en una pizzería

La brutalidad policial se cobró una nueva vida en un cuadro que muestra la impunidad y la mano libre que, de manera creciente, muestra el aparato represivo. Un joven paraguayo, Diego Rubén Villarreal Cabrera, de 32 años, quien estaba acompañado por tres amigos y aparentemente borracho, se negó a pagar la cuenta en una pizzería ubicada en la estación de Plaza Constitución y, por esa razón, fue golpeado por varios efectivos policiales hasta provocarle la muerte, mientras estaba con las manos esposadas y tirado en el piso.
Testigos que filmaron el brutal ataque declararon que el joven fue atado con precintos y luego golpeado "con una radio en la cabeza”. Poco después falleció en el Hospital Argerich, como consecuencia de las heridas recibidas.
"A los policías se les fue la mano; el hombre tenía la cabeza reventada; vimos que le pegaban con una radio; fue una situación horrible", dijeron testigos de la golpiza al canal Crónica TV. Y agregaron que la víctima “permanecía tirada en el piso, estaba muy golpeada y tenía las manos atadas con precintos”.
Con un cinismo total, el parte de la Policía dice que los efectivos utilizaron la fuerza mínima e indispensable para reducir a uno de ellos, quien sufrió un "pequeño corte en la ceja izquierda".
Este asesinato se da en el marco de una sostenida intervención represiva de las distintas fuerzas. Cotidianamente, la sufren los jóvenes. Pero, más de conjunto, se vuelca sobre las manifestaciones de lucha y de protesta de los sectores obreros y populares.
Ejemplos son las recientes luchas reprimidas de AGR-Clarín, de Pepsico, las docentes, las de los obreros azucareros y la de los petroleros. Y la que tuvo como víctima de secuestro por parte de la Gendarmería a Santiago Maldonado.
El gobierno está detrás de esta escalada. Necesita del aparato represivo para contener los reclamos y las luchas obreras y populares. La cobertura de Gendarmería en el secuestro de Santiago por parte del gobierno es una muestra clara de esta orientación.
Los “excesos” de la Policía y de las otras fuerzas represivas en las villas, en los barrios y hasta contra personas indefensas, como en este caso, son la consecuencia de esa impunidad, que deriva de la cobertura gubernamental, que cuenta con el apoyo de todo el arco de los partidos de la burguesía.
Juicio y castigo a los policías que asesinaron al joven paraguayo. Basta de represión.

Nelson Marinelli

Caso Maldonado: la Gendarmería mete sus narices en la causa judicial



A través de la defensa y los peritos del único imputado, el gendarme Echazú, la fuerza tendrá acceso al expediente y a todas las medidas de prueba.

Las pericias forenses que se realizan desde este viernes en la Morgue Judicial de la Nación sobre el cuerpo que posiblemente pertenezca a Santiago Maldonado contarán con peritos de parte del subalférez Emmanuel Echazú, uno de los gendarmes que llegaron al río y uno de los principales sospechosos por lo que haya ocurrido con Santiago. Echazú interviene en esta causa en calidad de imputado, a la vez que actúa como querellante contra los mapuches en la causa por el corte de la ruta 40. Asegura haber sufrido una fractura de maxilar por un piedrazo recibido durante el desalojo del corte.
De este modo, la fuerza denunciada por la desaparición forzada de Maldonado tendrá acceso directo al expediente y a otras medidas de prueba a través del subalférez, a pesar de haber sido apartada de la investigación.
Echazú presentó un escrito para que se le habilite el acceso a la causa y peritos en las acciones forenses que determinarán la identidad y las condiciones en las que el cadáver encontrado flotando en el río Chubut fue muerto y el juez Gustavo Lleral hizo lugar a su pedido.
“Ha lugar”, dice la resolución del juez Gustavo Lleral que acepta a los peritos de parte de Echazú, que son pagados -tal como su defensa- por el Estado. En total, se trata de cinco peritos puestos por la Gendarmería entre los que se destaca Gustavo Burztyn Milberg, que ofrece sus servicios a las fuerzas de seguridad para "servicios de asesoramiento médico legal y psiquiátrico forense y pericias médico legales, criminalísticas, de balística médico legal y psiquiátrico forenses para aquellos casos de legítima defensa con armas de fuego o causas penales o civiles originadas por el uso de armas de fuego, lesiones, incapacidad, muerte, daño físico, psíquico o moral provocada por la utilización de armas de fuego". Es decir, un defensor de represores.
"La Gendarmería logró hacerse un lugar con la designación de un especialista de la fuerza que representará al único imputado, el subalférez Emmanuel Echazú, que integraba el grupo de los agentes que llegaron hasta la orilla en la persecución a los mapuches en medio de la cual desapareció Maldonado. Un cotejo de fotos que muestran a Echazú en la zona con otras del sitio donde estaba el cuerpo y su proyección en un mapa satelital, indican que el gendarme habría estado a menos de 70 metros de ahí, según informaron a PáginaI12 allegados a la investigación" (Página/12, 20/10).
El Estado sigue defendiendo a los principales sospechados, ya que ni Echazú ni ningún gendarme fue apartado de su puesto, ni siquiera preventivamente. Echazú llegó al río, el último lugar en el que fue visto con vida Santiago Maldonado. Allí el alférez Gómez dijo que otro gendarme gritó: "acá tengo a uno". El mapuche Matías Santana dijo que escuchó a Maldonado rendirse: "ya está, ya está".
El operativo de impunidad del gobierno, que comenzó tempranamente con toda una batería de mentiras y operaciones de prensa para desviar la responsabilidad de Gendarmería en los acontecimientos producidos el 1 de agosto, continúa. A la defensa irrestricta de la fuerza represiva por parte de la ministra Patricia Bullrich –quien llegó a negar la presencia de su mano derecha, Pablo Noceti, en la supervisión del operativo– se sumaron todas las operaciones de prensa que culminaron con las declaraciones de la diputada Elisa Carrió planteando que existía un “veinte por ciento de probabilidades de que Maldonado esté en Chile”, en una muestra más de la desidia y la decisión del gobierno de desviar la investigación.
La pericia forense que comenzó este viernes 20 podrá dar cuenta de la identidad del cadáver encontrado el martes en Cushamen, Chubut.
Frente a toda la cadena de mentiras y encubrimiento, seguimos reclamando la renuncia de Patricia Bullrich.

Diego Rojas

viernes, 20 de octubre de 2017

"Empezó a crujir el entramado de encubrimiento" // Marcelo Ramal en C5N.



El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en el programa Minuto 1 con Gustavo Sylvestre hablando sobre la aparición del cuerpo en el río Chubut y el caso Santiago Maldonado.

Myriam Bregman en C5N denuncia las irregularidades en la búsqueda de Santiago Maldonado

Clarín: tres meses de mentiras y maniobras en el caso de Santiago Maldonado



"El gran diario argentino" fue uno de los principales aliados del Gobierno para intentar cubrir la desaparición forzada por parte de la Gendarmería.

Desde el Gobierno se dijo que Santiago estaba en Entre Ríos comprando chucherías, que fue a San Luis a cortarse el pelo, que en un pueblito de Córdoba todos eran parecidos a Santiago Maldonado. Hace unos días la candidata y vocera del Gobierno, Lilita Carrió, dijo que estaba en Chile. No contenta con esto tuvo el tupé de hacer un chiste sobre el cuerpo encontrado equiparándolo con Walt Disney.
Sin embargo luego de la conferencia de prensa de la familia de Santiago salió a pedir disculpas en Twitter. Ellos tenían constancia de que lo decían era para desinformar y los medios hegemónicos vendían pescado podrido.
Clarín fue uno de los principales operadores políticos para ocupar el rol de desinformar, confundir y generar un sentido común reaccionario criminalizando a Santiago Maldonado y su lucha, titulando con pistas falsas o incluso inventando conceptos en la investigación como lo hizo su periodista Claudio Andrade en una nota publicada ayer.
Durante la investigación de siete gendarmes implicados en el caso Maldonado, el oficialismo buscó deslindar responsabilidades políticas. El diario que responde a Magnetto lo comparó con el caso Carrasco donde los altos mandos quedaron impunes para así desviar la atención de las responsabilidades políticas a Bullrich, Noceti y compañía y la de los jefes de la fuerza represiva.
Cambiemos, junto a las corporaciones intentó demonizar la protesta social, justificó más de una vez la represión a la comunidad mapuche y los organismo de DD HH. Desde el 1º de agosto, día que desapareció el joven Santiago Maldonado construyó un discurso de estigmatización política, lo tildaron de artesano y tatuador como si fuera un despectivo, terrorista de la RAM, entre otras cosas, pero no les temblaba la pluma para defender el rol de la Gendarmería a cargo de la ministra Patricia Bullrich.

Tomás Máscolo
Candidato a diputado nacional por CABA por el PTS/FIT - @PibeTiger

La mentira sobre el hospital argentino en Haití

El pasado 18 de agosto la MINUSTAH conmemoró el cese de operaciones del hospital argentino en Haití con una ceremonia de la que participaron varios dignatarios, entre ellos Alejandro Escobal, embajador de Argentina en Haití y Djibril Ly, director del área Estado de Derecho de la MINUSTAH y Representante Especial del Secretario General.
A lo largo de los 13 años, el hospital ha brindado tratamiento a más de 200.000 pacientes y participado en docenas de evacuaciones médicas aéreas. El personal del hospital también habría conducido amplias actividades comunitarias de información, particularmente en escuelas y orfanatos locales, según la información brindada.
Sin embargo, Fernando Cardozo, quien en representación de la CTA (A) participó el 17 y 18 de julio del 2015 en el Coloquio Internacional por el fin de la ocupación de las tropas de la Minustah, había señalado que el hospital militar argentino no cumplía ninguna misión humanitaria a favor de los haitianos.
Al respecto afirmó: “Tuve la posibilidad de estar en el famoso hospital militar argentino, porque nuestro Ministro de Defensa (Agustín Rossi) dijo que ésta era la mejor misión humanitaria porque teníamos un hospital en Haití que asiste al pueblo haitiano, y esto no es cierto. Tuve la oportunidad de entrevistarme con el director médico de este hospital comandado por la Fuerza Aérea Argentina, lo cierto es que no tiene ningún tipo de vínculo con el pueblo haitiano, lo único que hacen es atender a las tropas de otros países y tampoco pueden salir del campamento militar en el que están instalados, cuentan con un esquema de viandas, vivienda propia, no tienen vínculo alguno con el pueblo.”
Desde el Comité por el retiro de las tropas de ocupación argentinas de Haití más de una vez señalamos que los militares argentinos no fueron a cumplir ninguna misión humanitaria, sino que fueron funcionales a las políticas de dominación y saqueo al pueblo haitiano llevadas adelante por el imperialismo norteamericano, secundando a la Minustah, integrada mayoritariamente por tropas latinoamericanas, con las honrosas excepciones de Venezuela y Cuba. Fue precisamente este último país el que desde diciembre de 1998 cumplió con la asistencia médica humanitaria con 6.094 médicos cubanos que pasaron por Haití realizando 14.000.000 de consultas.
Argentina ni siquiera tuvo en cuenta el pedido de donación del hospital al pueblo haitiano hecha al ex Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuaín, y reiterada en la Audiencia pública parlamentaria del 13 de junio del año pasado y el posterior debate parlamentario donde se renovó la permanencia de las tropas argentinas ese año.

Mario Hernandez

Macri como herramienta del sionismo

El Gobierno argentino, presidido por el Multimillonario derechista Mauricio Macri, ha intensificado su accionar islamófobo, a partir del papel asignado a su administración, tras la visita a ciertos países latinoamericanos el pasado mes de julio, del Primer Ministro sionista Benjamín Netanyahu.
Periplo realizado, con el objetivo de incrementar la presión contra la República Islámica de Irán y contribuir al fracaso del Plan Integral de Acción Conjunta firmado entre la nación persa y el G5 + 1. Viaje que mostró, igualmente, el temor de la alianza Washington - Tel Aviv al apoyo fundamental que Teherán ha brindado a la lucha contra el terrorismo takfiri a través del Eje de la Resistencia tanto en Siria, Irak, Yemen y que se tiene como línea central de su política exterior la causa del pueblo palestino. Sostén que ha llevado a la administración Trump a definir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como sujeto a sanciones y una política hostil, que expresa la enorme debilidad de las posturas de Washington y sus socios de Tel Aviv y Riad.
El viaje de Netanyahu, además de las reuniones sostenidas con el Gobierno argentino incluyó la Colombia de Juan Manuel Santos y el México del cuestionado Enrique Peña Nieto. Ello, como paso previo a la participación del premier israelí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el dirigente sionista volvió a repetir su contumaz discurso belicista contra Irán y el clásico papel victimista que la entidad israelí ha desarrollado en el mundo desde el año 1948 a la fecha. Un Netanyahu mendigando apoyos políticos y diplomáticos y que tiene como principal sustento a su padre putativo estadounidense.

La AMIA en el Portafolio Secreto

En Buenos Aires, los palmoteos de espalda y los halagos iban y venían entre Macri y Netanyahu. El mandatario argentino recibió los parabienes del Primer Ministro israelí y su comitiva por el papel de defensa de la política colonialista del régimen sionista y su apoyo en las críticas vertidas a la República Islámica de Irán. A la par de recibir una serie de documentos históricos - 139.544 documentos y fotografías de la Segunda Guerra Mundial - enviados desde las distintas embajadas argentinas en el mundo entre los años 1939- 1945.
Macri se comprometió, igualmente, a reflotar la investigación del atentado contra la AMIA el año 1994, en el marco de lo que en la declaración conjunta entre ambos dirigentes señalaron como "la lucha contra el terrorismo". Claro está, sin que ello implique una condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino a lo largo de 69 años de ocupación de su territorio y una política colonialista, racista y criminal.
En otro plano de cooperación un grupo de efectivos de la Dirección de Seguridad Especial de la Policía de Buenos Aires viajó a los Territorios Palestinos ocupados para ser capacitados en labores de inteligencia y "respuesta rápida" por parte del ejército ocupante sionista, que en lenguaje llano implica aprender cómo reprimir a la población desarmada, como disuadir, planificar y ejecutar ataques. Cooperación que se une a los contratos de venta de armas concertados entre ambos países.
Según el Gobierno bonaerense, las fuerzas se capacitarán en temas vinculados con despliegue rápido, metodologías convencionales y no convencionales, equipamiento especial, prevención, disuasión, planificación y ejecución del ataque, entre otros.
A pesar que el tema de la AMIA no tuvo declaraciones altisonantes, el atentado fue el tema que marcó las conversaciones entre Netanyahu y Macri, cuestión que quedó en evidencia tras las decisiones tomadas por el presidente argentino, una vez que Netanyahu abandonó el país, en materias referidas al apoyo político a Israel y la decisión de reflotar la investigación judicial sobre los hechos ocurridos el año 1994, volviendo con ello a sacar interesadamente a colación el nombre de Irán , en momentos que la entidad sionista siente amenazada sus acciones desestabilizadoras en Oriente Medio, gracias al trabajo y la lucha antiterrorista del Eje de la resistencia, que tiene precisamente a irán como su estandarte.
El año 1994, el día 18 de julio, a las 09:53 horas, el centro de Buenos Aires se estremeció con el estallido de un auto bomba cargado con 300 kilos de explosivos frente al Edificio de la denominada Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina. Un atentado en el cual murieron 85 personas y 300 resultaron heridas, solo dos años después que una explosión en la Embajada de Israel en Argentina matara a 29 personas.
Las muertes, heridos y la destrucción del inmueble mutualista, una investigación plagada de interrogantes y una nebulosa que encierra múltiples intereses políticos - que han sido imposible de desentrañar - han generado un cúmulo de hipótesis y la decisión del actual Gobierno argentino de volver a implicar a la ex presidenta Cristina Fernández, ciudadanos iraníes y a la comunidad islámica de Argentina, en una mezcla que deja en evidencia la influencia y presión de Israel y Estados Unidos.
Conducta que muestra la clara estrategia y los deseos de la alianza entre Washington e Israel de demonizar a la nación persa y el islam. Cabe recordar que Irán fue acusado por los lobbies israelíes de haber estado detrás del atentando de AMIA. El año 2013, bajo la Presidencia de Cristina Fernández, los Gobiernos de Argentina e Irán -que ha desmentido desde el inicio cualquier tipo de implicancias en los hechos- firmaron un memorándum de entendimiento para dar luces y esclarecer este caso que se extiende ya por 23 años.
No es casual que los llamados a interrogar al ciudadano Sr. Jorge Yussuf Khalil y la ex Presidenta Cristina Fernández involucren conexiones locales e internacionales destinadas, por una parte, a desviar la atención de los graves problemas políticos, sociales y económicos que sufre la administración Macri, como al mismo tiempo hundir cualquier pretensión de Cristina Fernández de presentarse como alternativa política al macrismo. Ello, junto al papel que cumple el Gobierno derechista argentino como mandadero de los deseos y aspiraciones sionistas contra Irán, Hezbolá y cualquiera que hoy significan el único oponente que le hace frente a la pretendida hegemonía imperialista y sus socios sionistas y wahabitas en Oriente Medio. Y en ese plano Macri es un simple perno en el engranaje Washington-Tel Aviv.
El Juez Federal Claudio Bonadio citó a la ex presidenta Fernández para el día 26 de octubre - 4 días después de las elecciones parlamentarias que se celebran en el país andino - a dar una declaración indagatoria, sobre la causa AMIA, prohibiéndole de paso su salida del país. Se suma al llamado a la ex mandataria, la citación al ex Canciller Héctor Timerman y otros 13 imputados bajo la acusación de encubrimiento de las investigaciones llevadas a cabo para descubrir al culpable del atentado y poner en el centro del debate el famoso memorándum de entendimiento firmado entre Irán y Argentina en agosto del año 2013 y entre cuyos puntos sobresalía la conformación de una Comisión de la Verdad, que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación y desmitificar de una vez las acusaciones vertidas contra ciudadanos iraníes.
El mencionado memorándum es un “documento público aprobado por el Congreso argentino con el objetivo de encontrar un puente hacia el esclarecimiento de uno de los hechos más atroces ocurridos en nuestro país, como fue el atentado a la AMIA” según señala la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina – Feira - . Dicho documento nunca entró en vigencia, ni sirvió para que se levantaran las alertas rojas o creara la “Comisión de la verdad” para mejorar la situación de los mismos. Desde luego tampoco se cumplieron ninguna de las sospechas sobre las que el fallecido Juez Fiscal Alberto Nisman fundamentó su denuncia” detalló la Feira.
El caso más preocupante, por las aristas que reviste en la campaña mundial que se lleva a cabo contra el islam – dirigido por la alianza entre Washington y su socio sionista – es la acusación contra Jorge Yussuf Khalil. Ciudadano argentino que ha recibido la amplia solidaridad de la comunidad musulmana argentina y sus organizaciones, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano. Yussuf Khalil ha ocupado cargos de dirigente en la comunidad islámica del país sudamericano, además de trabajar en la difusión de la cultura del islam en Radio Annur. Presidente de la Asociación árabe – Argentina islámica y sus anexos: instituto Árabe-Argentino Islámico y el cementerio islámico de la matanza, habiendo sido, asimismo Secretario General de la Mezquita At Tauhid, según comunicado público entregado por la Federación de Entidades Argentino Árabe de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano.
En la información entregada para conocimiento público la Fearab da a conocer que el Sr. Khalil se ha destacado en la dirigencia de la colectividad sirio-libanesa en la ciudad de Buenos Aires. Nacido de una familia musulmana ha dedicado sus esfuerzos en desmitificar y desterrar “falsas creencias, mitos y desinformaciones que sobre la comunidad islámica, algunos medios de comunicación con intereses políticos poco transparentes han tratado de instalar hace años”.
En este sentido Fearab Buenos Aires y Conurbano posee la firme convicción que la citación a indagatoria que pesa sobre Jorge Yussuf Khalil significa el inicio de una manifestación de islamofobia, que mediante el uso irregular del poder judicial, y de la prefabricación de causas judiciales, se pretende iniciar una sistemática persecución hacia la dirigencia musulmana de la República Argentina. Lo dicho anteriormente, de modo alguno significa que esta entidad, no bregue por el esclarecimiento debido de la causa AMIA, al igual que muchas otras que por menos notorias no dejan de ser importantes para el tejido social argentino.
Volver a poner como centro del foco mediático a la AMIA viene como anillo al dedo en esta política de iranofobia e islamofobia que Washington y su aliado sionista han implementado en una calculada y descabellada estrategia de esconder la responsabilidad de estos regímenes en los crímenes contra el pueblo palestino, los intentos de fragmentación y destrucción de los pueblos de Siria e Irak. El sostén otorgado a la Monarquía Saudí en su agresión contra Yemen y Bahréin. La desintegración de Libia y el silencio cómplice ante el genocidio de la comunidad musulmana Rohingya en Myanmar. Que mejor que sortear las críticas internacionales frente a estos crímenes que sindicar a otros como patrocinadores del terrorismo, utilizando para ello toda la maquinaria política, diplomática y comunicacional que posee Estados Unidos y su aliados.
El atentado a la AMIA, sin duda alguna y sin pero que valga requiere ser resuelto, debe encauzar sus indagaciones hacia lo que las primeras pistas y pesquisas que se conocieron como la "conexión local" según determinación de líneas de sondeo llevadas a cabo por el Juez Juan José Galeano, que incorporó tres años después del atentado al fallecido Juez Alberto Nisman. Esa conexión local acusaba a policías y civiles argentinos de haber proporcionado apoyo logístico y operativo, en terreno, para concretar el ataque de julio del año 1994.
También, en ese entonces, una de las teorías mencionaba a miembros de la Embajada de Irán en el atentado, cuestión que jamás ha podido ser probada y que ha significado una tensión permanente entre las administraciones de los gobiernos argentinos y las autoridades de Irán, que ven en ello un volador de luces y sobre muestra de la inoperancia de las investigaciones llevadas a cabo bajo el influjo y lobby de autoridades de Israel. Sobre todo cuando la "conexión local" cayó producto de una serie de irregularidades en el proceso que incluyó el pago, por parte del juez Galeano, de us$400.000 a Carlos Telleldin - empresario y comerciante de autos que habría proporcionado la camioneta Renault Traficc empleada en el atentado - para que testificara en contra de los policías argentinos de esa conexión local.
Teorías que incluso han mencionado al Movimiento de Resistencia Islámica - Hezbolá - en una época donde se pretendía encontrar células islámica y presencia de movimientos en determinadas zonas de Latinoamérica, entre ellas la denominada Triple Fronteras, entre Brasil, Paraguay y Argentina. El año 2006, doce años después del atentado la justicia argentina determinó la nulidad de la causa AMIA y todos los involucrados fueron absueltos, quedando sólo la acusación contra ciudadanos iraníes, cuya investigación no ha sido cerrada y que ha servido de excusa permanente para presentar a la nación persa como patrocinador del terrorismo, ocultando bajo estos ataques permanentes la verdadera responsabilidad de gobiernos como el de Estados Unidos e Israel en la génesis, desarrollo y ampliación del actuar de grupos terroristas takfiri, en los últimos años o grupos como Al Qaeda que hunden su origen en la lucha de Estados Unidos contra la ex Unión Soviética en Afganistán.
La AMIA y sus ramificaciones han servido, para tener como destinatario de ataques, persecución y tergiversación a la comunidad islámica, en la Argentina y el mundo. Ha servido como escenografía de la más abyecta campaña de islamofobia que se tenga memoria en Latinoamérica. Ha sido una red de intrigas tejida por organismos de inteligencia de la propia argentina en conjunción de intereses con el Mossad israelí, Aman y el Shin Bet , quienes se han caracterizado a lo largo de su historia en sembrar caos y destrucción allí donde operan, aún si ello implica sacrificar a quienes dicen proteger.
Un atentado de falsa bandera, como nos tiene acostumbrado la alianza entre el imperialismo y el sionismo y donde el enfrentamiento de los sectores de la ultraderecha israelí, en ese año 1994, signó el marco de acción de esta pugna en una institución mutualista situada a miles de kilómetros del campo de enfrentamiento sionista. Un año después, el 4 de noviembre esa pugna tendría otro signo trágico con el asesinato, a manos de un estudiante ultraderechista israelí, del ex primer Ministro israelí Isaac Rabin.
La AMIA fue uno de los objetivos de batalla entre un Likud deseoso de torpedear los acuerdos de paz que se estaban firmando entre Israel y la Autoridad nacional palestina tras los Acuerdos de Oslo y un laborismo interesado en resolver el tema de los territorios ocupados de la Franja de gaza y la ribera occidental, a sabiendas que Oslo le permitiría, finalmente, seguir manteniendo la hegemonía sionista en la zona. AMIA fue una cortina de humo destinada a ocultar las actividades de los servicios de inteligencia israelíes en cualquier parte del mundo, con el fin de conseguir sus aspiraciones hegemónicas en el levante mediterráneo. Y para ello, culpar a Irán, a Hezbolá, al Islam, sirve en esta tarea miserable.
Hoy, en el último trimestre del año 2017 la alianza entre el imperialismo y su hijo putativo: el sionismo, está más activo que nunca en su objetivo de desestabilizar a los países de Oriente Medio. Seguir en este proceso de cerco contra la revolución iraní. Utilizar a los movimientos terroristas takfirí en esta estrategia desestabilizadora donde la islamofobia e presenta como uno de los ejes principales. Y, para ello, nada mejor que reflotar atentados definidos hace un cuarto de siglo como de falsa bandera, encarcelar a dirigentes de la comunidad musulmana en Argentina y así mostrar como enemigo al Islam. Toda la solidaridad con Jorge Yussuf Khalil que en esta campaña de desprestigio representa la cara visible de la dignidad a diferencia de un Mauricio Macri convertido en instrumento y títere del sionismo.

Pablo Jofré Leal

jueves, 19 de octubre de 2017

Acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia por Santiago Maldonado



Ante la aparición de un cuerpo anteayer en el Río Chubut, desde ayer el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se ha declarado en estado de alerta y movilización. En ese contexto, hoy nos volvemos a movilizar a la Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Denunciamos la responsabilidad directa de la Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago en el marco del operativo represivo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, operativo del cual participó en persona el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, Pablo Noceti.
Denunciamos también al gobierno nacional y su operación política de encubrimiento, con apoyo de los grandes medios, con el objetivo de desprestigiar a Santiago y a su familia desde el primer día.
Asimismo rechazamos la demonización oficial hacia la comunidad mapuche y las versiones de que ellos pudieron plantar el cuerpo. Si el cuerpo fue plantado, incluso en una zona que ya antes había sido rastrillada tres veces, lo fue por la Gendarmería que es quien lo desapareció.
Después de todo el cuestionado accionar de la justicia y la recusación del juez Otranto, y después de todas las presiones, dilaciones e intervenciones del gobierno sobre la causa judicial, fue la propia familia de Santiago quien durante varias horas resguardó el cuerpo para evitar cualquier alteración. Con esa actitud valiente, la familia expresó la gran desconfianza popular hacia el Estado y sus instituciones.
A 80 días de su desaparición forzada por Gendarmería, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos:

• Aparición con vida ya de Santiago Maldonado!

• Fuera Bullrich y Noceti!

• El gobierno y el Estado son responsables!

• Juicio y castigo a todos los culpables!

Encuentro Memoria Verdad y Justicia, 19 de octubre de 2017

Qué pasó con Santiago Maldonado



Las informaciones de las últimas horas refuerzan la versión de que el cuerpo encontrado a la vera del río Chubut pertenecería a Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto luego de que la Gendarmería reprimiera una manifestación de la comunidad mapuche Pu Lof sobre la ruta 40. Esto deberá ser corroborado en las próximas horas por los peritos forenses. El cuerpo podría ser trasladado a Buenos Aires para realizarle los estudios correspondientes.
La probabilidad de que el cadáver encontrado a metros del puesto de guardia de la comunidad mapuche, luego de 78 días de su desaparición, pertenezca a Maldonado plantea una serie de interrogantes todavía irresueltos.
El comunicado oficial de la fiscalía, comandada por Silvina Ávila, indica que el cuerpo fue encontrado trescientos metros río arriba del lugar donde se produjeron los acontecimientos represivos del 1 de agosto, cuando el juez Guido Otranto ordenó el despeje de la ruta que era cortada por los mapuche en reclamo de la liberación de Facundo Jones Huala, que aguarda la decisión judicial acerca del pedido de extradición realizado por el Estado chileno. En esa manifestación participó Santiago Maldonado, solidario con el reclamo de los mapuche.
El testimonio de Mabel Sánchez, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, indica que el cuerpo fue encontrado flotando en el río, “no enmarañado”. La referente de esa agrupación indica que el cuerpo fue “plantado”, tal como surge de los datos obtenidos hasta el momento: ¿cómo sería posible que un cuerpo recorra trescientos metros río arriba?
Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche de Cushamen, afirma que el cuerpo hallado era visible a simple vista desde una loma. La zona había sido rastrillada en tres oportunidades, ¿es posible que no haya sido divisado antes? Los perros entrenados especialmente para la búsqueda de cuerpos sumergidos, pertenecientes a una división con asiento en Entre Ríos, se habrían dirigido inmediatamente al lugar donde se encontraba el cadáver. ¿Por qué no se los empleó antes? Especialmente, teniendo en cuenta que la principal “hipótesis” del anterior juez de la causa, Guido Otranto, era que Maldonado se había ahogado.
El especialista Ariel Garbarz indica que tiene en su poder los números telefónicos que acompañaron la última comunicación de Santiago Maldonado, realizada desde su celular a su amigo Ariel Garzi, que relató escuchar un lugar cerrado, sin participación oral de Maldonado. Garbarz dice que la antena desde donde se detectaron los llamados -y la presencia de otros teléfonos celulares- fue violentada el día 10 de septiembre, con la intención de impedir pruebas que comprometan a quienes se llevaron el cuerpo de Santiago.
¿Fue el cuerpo de Maldonado plantado luego de que permaneciera estos setenta y ocho días desde su desaparición en un sitio indeterminado? Si fue así, todo apunta a la Gendarmería y al Estado. Este es uno de los interrogantes que deberían develarse en la autopsia. Como perito de parte de la familia Maldonado interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con destacada intervención en la identificación de restos de detenidos-desaparecidos bajo la dictadura y prestigio internacional. Un estudio sin interferencias brindará respuesta al interrogante acerca de la identidad del cuerpo, cómo murió, si permaneció allí o fue “plantado”, etc.
Quedan pendientes también las responsabilidades políticas. A la evidente incapacidad de las fuerzas estatales para realizar un hallazgo a 300 metros del lugar donde Santiago fue divisado con vida por última vez, al cabo de más de 70 días de búsqueda, debe esclarecerse por qué el gobierno y los medios acólitos utilizaron la desaparición de Santiago para demonizar a los mapuches y a la propia víctima, a la que llegaron a acusar de prestarse a un complot para perjudicar al gobierno. Su principal referente en estos comicios, Elisa Carrió, afirmó en televisión que había “un 20% de posibilidades de que se encontrara en Chile con la RAM”. Antes que el hallazgo de la verdad, el gobierno se guió por el encubrimiento de la Gendarmería y manipuló a la opinión pública en ese sentido. La vigorosa movilización democrática que acompañó la búsqueda de Santiago desbarató todas las maniobras para sellar el caso con la impunidad. ¿Estamos ante una nueva tentativa de encubrimiento? En todo caso, nada exime la responsabilidad política de Patricia Bullrich.
Los culpables deben ser llevados al estrado de la justicia.

Diego Rojas y Jacyn

Seguimos luchando por Santiago. Fuera Patricia Bullrich.



1. El hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, a metros de donde se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ha colocado en vilo al país y, principalmente, a todos los que hemos luchado por su aparición con vida. Con independencia de que el cuerpo pertenezca o no a Santiago, hay dos cuestiones que ya están definitivamente claras: primero, la responsabilidad oficial en la represión que condujo a su desaparición forzada y, luego, el férreo operativo de encubrimiento con el cual se buscó eludir aquella responsabilidad. Es imposible no recordar, en este momento, el reguero de versiones oficiales dirigidas a culpabilizar y desprestigiar a la comunidad mapuche y al propio Maldonado. Entre ellas, las que daban a Santiago en pueblos de Entre Ríos; viajando a dedo por el Sur, escapando a Chile o en un enfrentamiento con puesteros de un campo de Benetton. Quien salió a refritar estas mentiras ha sido nada menos que Elisa Carrió, quien, en el debate de candidatos de la CABA, agitó la “probabilidad de que Santiago esté en Chile”. La miseria política de la principal candidata porteña no es un exabrupto, sino el resultado de una línea oficial.

2. La comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos de la zona denunciaron que el cuerpo que apareció a pocos metros de donde ocurrió la represión de Gendarmería el pasado 1 de agosto fue ´tirado´ en el lugar. Abona esta grave denuncia el hecho de que la zona donde apareció el cuerpo fue rastrillada ya en tres oportunidades y que es frecuentada de manera permanente por los habitantes de la comunidad, razón por la cual es imposible que de haber estado siempre en ese lugar no haya sido divisado.

3. Mientras caían esas falsas versiones, se iban sumando las evidencias de lo que hoy todos sabemos: que Santiago fue visto por última vez en medio de una represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche, y que esa represión culminó con una persecución feroz a los manifestantes. Pero principalmente, quedó de manifiesto la responsabilidad directa del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich: su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, comandó directamente la represión en el sur. Luego, ese mismo ministerio ocultó pruebas y marcó la cancha de la investigación judicial, entonces a cargo del juez Otranto.

4. La desaparición forzada de Maldonado no es el exceso de un gendarme, variante que el gobierno ha comenzado a agitar como escapatoria a su propia responsabilidad. Por el contrario, esta represión es el resultado de un vasto operativo internacional, dirigido a proteger, en Argentina y en Chile, a los acaparadores de tierras y a los monopolios petroleros y mineros que operan junto a la cordillera. Semanas antes de la desaparición de Santiago, el presidente Macri y su par de Chile Bachelet se reunieron en aquel país para “coordinar acciones” contra la comunidad mapuche y sus aspiraciones de tierras. Enseguida, fue detenido en Argentina Facundo Jones Huala, y comenzaron los aprestos represivos en la zona de Esquel. Es en ese marco que se produce la represión y desaparición forzada de Maldonado. Se trata de una política de Estado que reconoce una continuidad en el gobierno anterior. La ley de tierras del kirchnerismo convalidó la apropiación mal habida de tierras por los Benetton y Lewis, y avanzó en la entrega de Vaca Muerta a monopolios como Chevrón, cuya aprobación en la legislatura de Neuquén también fue asegurada por una fuerte represión.

5. Al encubrir a la gendarmería y obstaculizar la investigación, Patricia Bullrich se ha protegido a sí misma y a su gobierno. La frase pronunciada por la ministra en el Senado ha sido reveladora. Detrás del “no tiraremos a un gendarme por la ventana” está la confesión de que el gobierno necesita de las fuerzas represivas para implementar su plan de ajuste contra los trabajadores, las mujeres y la juventud. Lo que vale para la comunidad mapuche vale también para el conjunto de los sectores explotados.

6. Pero si hoy el encubrimiento se derrumba, es como resultado de la inmensa movilización popular, que en dos oportunidades colmó la Plaza de Mayo y varias capitales del país reclamando por la aparición con vida de Santiago. En estos momentos decisivos, el Partido Obrero llama redoblar esa movilización por el juicio y castigo a los culpables de la desaparición forzada; y para que se vaya Patricia Bullrich, responsable del operativo represivo y de su posterior encubrimiento. Con esa convicción, llamamos a concurrir mañana (jueves), junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a la Plaza de Mayo a las 15.30, en ocasión de la ronda de las Madres.

Partido Obrero, 18.10.2017

Mariano Ferreyra: a 7 años de su asesinato, un nuevo crimen de Estado conmueve al país



Viernes 20, a las 13, acto en Luján y Perdriel (Barracas).

Al cumplirse el 7 aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra Argentina, vuelve a estar consternada por un nuevo crimen de Estado contra el pueblo. Ayer como hoy, se trata del mismo trípode que reúne a funcionarios gubernamentales, las fuerzas de seguridad y destacados empresarios. El asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre del 2010 en el barrio de Barracas, tuvo como responsables a los burócratas sindicales, a funcionarios del gobierno kirchnerista, a los empresarios que gestionaban las concesiones ferroviarias y a las fuerzas de seguridad. En el caso de Santiago Maldonado la trama alcanza a funcionarios como Patricia Bullrich y Pablo Noceti, a las fuerzas de seguridad y a empresarios como Benetton y a las mineras y petroleras que buscan apropiarse de los recursos naturales de la Patagonia.
Se podrá decir que a diferencia de lo ocurrido con Mariano Ferreyra, en el crimen de Santiago Maldonado no está presente la burocracia sindical. Pero si no lo estuvo en la ejecución de la represión contra la comunidad mapuche, sí ha jugado un papel clave en darle una tregua al gobierno macrista. En los dos meses y medio que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, la burocracia sindical no hizo ningún pronunciamiento al respecto. Lejos de ello, se dedicó a reforzar el pacto con el macrismo, para llevar adelante una reforma laboral que es reclamada por el conjunto de la clase capitalista.
La campaña del gobierno contra la ´mafia sindical´ es sólo un chantaje para arreglar con ésta la entrega de las conquistas históricas de los trabajadores. La burocracia sindical que asesinó a Mariano Ferreyra se ha convertido en un pilar fundamental de la gobernabilidad macrista. La reforma laboral que unos y otros quieren aplicar conducirá en una primera fase a la entrega de los convenios colectivos de trabajo. Si Mariano Ferreyra fue asesinado por enfrentar la tercerización laboral que afectaba a un sector de los trabajadores ferroviarios, ahora asistimos al intento de transformar al conjunto de la clase obrera en una masa tercerizada.
Salvo Pedraza, que cumple prisión domiciliaria por el asesinato de nuestro compañero, la burocracia patoteril de los Gerardo Martínez, Barrionuevo y cia. sigue siendo el sostén de un régimen basado en la explotación de la clase obrera. La defensa del llamado ´modelo sindical´ que le otorga prerrogativas enormes a la burocracia para controlar los sindicatos pasando por encima de la voluntad de los trabajadores, va desde Macri a Cristina Kirchner, pasando por Massa y Randazzo. Este acuerdo principista de los políticos capitalistas prueba, una vez más, que el régimen tiene como sostén fundamental el control de los sindicatos por esta podrida y corrompida burocracia.
El kirchnerismo vive este nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra en un estado avanzado de descomposición. La lucha enorme que se desarrolló reclamando justicia logró llevar a Pedraza y a su segundo tras las rejas, junto varios patoteros y comisarios efectivos de la Policía Federal. Sin embargo el gobierno y la Justicia se las arreglaron para hacer zafar a los funcionarios políticos y a los empresarios que manejaban las concesiones ferroviarias. Sin embargo, el juicio que se le sigue a De Vido por la masacre de Once pone tardíamente las cosas en su lugar. Este juicio, producto de otra gran lucha popular, probará que la mafia ferroviaria que asesinó a Mariano Ferreyra tenía su vértice en los más altos funcionarios del gobierno anterior. Nuestra lucha contra los De Vido, Jaime y Schiavi no sólo no es nueva, sino que está cruzada por una barrera de sangre.
Los crímenes de Estado, como el de Mariano Ferreyra o el cometido con la desaparición de Santiago Maldonado, deben ser denunciados como tales, para mostrarles a los trabajadores hasta donde está dispuesto a llegar la clase capitalista y sus políticos para defender sus privilegios. Por eso ambos crímenes tuvieron otro dato que los identifica. Nos referimos a la campaña de desprestigio realizado por los gobiernos y su prensa adicta contra las propias víctimas y sus compañeros. Cuando fue asesinado Mariano Ferreyra, Cristina Kirchner de inmediato denunció a los estudiantes de la FUBA por “violentos”; ahora Macri y sus lacayos denuncian a los mapuches como terroristas. Aníbal Fernández encubría a la policía y calificaba su accionar como “perfecto”, aunque ya estaba claro que había liberado la zona para que la patota asesina actué sin interferencia. Una actitud similar a la que Patricia Bullrich realiza para encubrir a la Gendarmería. En el caso de Mariano Ferreyra se llegó al extremo de detener a los dirigentes ferroviarios de la agrupación del Partido Obrero en el Roca, pero después debieron recular por la fuerte movilización de repudio que generó esa decisión.
Con estos crímenes de Estado la clase capitalista busca doblegar la resistencia de los trabajadores y de los oprimidos. Pero las luchas libradas por obtener justicia se transforman en un factor de impulso a la organización y a la conciencia de generaciones enteras. Así ocurrió con Mariano Ferreyra, y así ocurre hoy con Santiago Maldonado. Esta es la verdadera grieta que debe conducir necesariamente al gobierno de los trabajadores.
A 7 años de su asesinato, volvemos a decir: ¡Mariano Ferreyra Presente!

Gabriel Solano

Myriam Bregman con Gustavo Silvestre en C5N

Nicolás del Caño con Víctor Hugo Morales

El cuerpo hallado en el río fue “plantado”

Comunicado de la familia de Santiago Maldonado

En relación al cuerpo encontrado en el día de ayer en la comunidad Pu lof Cushamen, la familia quiere destacar que el hallazgo se produjo en un zona del río que ya había sido rastrillada en 3 oportunidades. Hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer la identidad ni las causas de la muerte. Pedimos por favor se respete el difícil momento que estamos viviendo.
Muchas Gracias

Soraya Maicoño, vocera mapuche del Pu Lof Cushamen, afirma que el cuerpo “fue plantado”: “Hace tres días no estaba ahí, decididamente”
También lo dijo Ariel Garzi, amigo de Santiago y testigo de la causa.
En declaraciones a radio Rivadavia, Maicoño agregó que “hace dos días, tres días, eso no estaba, decididamente no estaba”, y dijo que “se hubiera visto porque es un lugar bastante transitado, porque se va a buscar agua continuamente”.
En tanto, Ariel Garzi -testigo protegido de la causa y amigo de Santiago Maldonado- dijo que “si lamentablemente es el cuerpo de Santiago, la impresión que tenemos es que lo plantaron”.
En diálogo con Crónica TV, Garzi aseguró: “Nos parece bastante ilógico que después de tantos rastrillajes que hayan hecho lo vengan a encontrar recién ahora”.
“La impresión que tenemos es que si lamentablemente es el cuerpo de Santiago, que lo plantaron ahí. Es la única manera que tienen de sacarse toda esta problemática de encima de un desaparecido en democracia; de limpiar la complicidad que tuvieron en la desaparición de Santiago la Gendarmería, el juez (Guido) Otranto, la fiscal (Silvina) Ávila, Patricia Bullrich”, siguió Garzi.
Por último, analizó su actuación en la causa: “Yo declaré fue la llamada que realicé el 2 de agosto, 24 horas después de que se llevaron a Santiago de la comunidad. Fue un llamado a su teléfono, me atendieron durante 22 segundos”.

Resumen Latinoamericano

miércoles, 18 de octubre de 2017

Santiago Maldonado: una crisis en la gestión de la mentira



A cuatro días de las elecciones, el Gobierno enfrenta una crisis re-abierta y de consecuencias impredecibles.

“Si algo dejó la experiencia de Atocha en España, lo peor que puede hacer un gobierno en estas circunstancias es ocultar la verdad o no decir la verdad”, sentenció Rosendo Fraga en el diario La Nación horas después del hallazgo del cuerpo encontrado en el río Chubut y que, según muchos indicios, pertenecería a Santiago Maldonado.
La serie de atentados del 11 de marzo (11M) de 2004 en Atocha tuvo consecuencias inmediatas para la política interna del Estado Español. José María Aznar, entonces presidente y miembro del Partido Popular (PP) responsabilizó apresurada e intencionalmente a la organización independentista vasca ETA y solicitó a los Estados Unidos apoyo en esta hipótesis, según develaron cables difundidos por Wikileaks. Abonó fervientemente esa hipótesis cuando todas las evidencias criminalísticas guiaron a la justicia a responsabilizar a Al Qaeda. La mala gestión de la mentira precipitó la derrota del Partido Popular de Aznar en las elecciones del 14 de marzo del mismo año. Más de un millón de inesperados electores salieron del abstencionismo para castigar al PP.
Nadie puede prever en estas horas las consecuencias políticas en general y electorales en particular, de la crisis en curso por el aberrante caso de Santiago Maldonado. Pero la comparación y el alerta planteados por un intelectual orgánico de la derecha argentina, habla de la magnitud de la crisis abierta.
Medido con su propia vara, el Gobierno venía administrando “exitosamente” las falsedades en torno a la desaparición de Santiago, cambiando la táctica de esparcir versiones mendaces por un tibio acompañamiento a las anestesiadas acciones del nuevo juez Gustavo Lleral.
Embriagada de exitismo, Elisa Carrió, la candidata estrella de Cambiemos, había derrapado con una afirmación infame durante el debate de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires: tiró al voleo una versión (Santiago podía estar en Chile) y para embarrarla del todo, le puso un porcentaje. Por estas horas, luego del rastrillaje en el que se encontró el cuerpo, Carrió está siendo literalmente destrozada en la conversación pública no sólo de las redes sociales, sino también de los medios y no únicamente opositores: Nelson Castro y Antonio Laje, por ejemplo, la cuestionaron con dureza. Si esto tendrá consecuencias electorales más allá de los que llaman el “círculo rojo”, dependerá de la dinámica política y los próximos acontecimientos. Por ahora, desde el macrismo convocaron a Carrió amablemente a guardarse.
Todavía deben realizarse los peritajes correspondientes, pero el contexto, las circunstancias y varios testigos indican que el cuerpo fue “plantado”.
Quienes defienden al Gobierno, se recluyen en el endeble argumento de que el “hallazgo” (si se confirma) perjudica al Gobierno y no tiene responsabilidad, porque a quien menos “convenía” esta aparición y en estas circunstancias es justamente al oficialismo.
Sin embargo, el hallazgo derrumbaría todas las versiones sostenidas con ahínco por los funcionarios gubernamentales en general y por Patricia Bullrich -como máxima responsable- en particular desde hace casi tres meses. Por otra parte, la realidad es que una estructura logística, informativa y de inteligencia para ocultar un cuerpo durante casi 80 días sólo puede poseerla el aparato del Estado y fuerzas de seguridad con la complicidad del poder territorial que en el sur tienen los terratenientes y sus sicarios. La versión que quiere volver a responsabilizar a las víctimas (la comunidad mapuche) se cae por su propio peso. Más aún, si supuestamente se lo estaba buscando con todas las fuerzas y herramientas del Estado. No es descartable la hipótesis de una interna en las fuerzas de seguridad y un intento de los responsables de “salvarse” y aportar a la confusión cuando el círculo se cerraba sobre la Gendarmería.
Si así fueran los hechos, la responsabilidad del Gobierno es igual o mayor. Porque con su narrativa estatal de fuerte corte represivo desató la correa de gendarmes, policías y servicios. Además, junto al Poder Judicial, fueron cómplices del encubrimiento de los principales responsables como Pablo Noceti que nunca fue llamado a declarar. Y con esta complicidad dieron rienda suelta e impunidad a unas fuerzas de seguridad con altos niveles de descomposición y desde hace tiempo demasiado acostumbrados a este modus operandi.
El triunfalismo exagerado que venía mostrando el Gobierno (y que llegó al climax en el Coloquio patronal de Idea) recuerda el proverbio que afirma: es más fácil recuperarse de un fracaso que salir indemne de un éxito. Las próximas horas y días dirán si el aforismo se aplica crudamente a Cambiemos. Entre otras cosas, porque quedó en evidencia la débil arquitectura de su mentira.
Lo que sí puede afirmarse con toda certeza es que esta nueva crisis vuelve dejar al desnudo ante los ojos de la población, la podredumbre que anida en el seno del Estado “democrático”.

Fernando Rosso
@RossoFer

Myriam Bregman en el canal de La Ciudad

Myriam Bregman en La Nación Más

79 días de mentiras (y contando)



El posible hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el rio Chubut no desmiente el involucramiento de la Gendarmería ni borra las operaciones de encubrimiento digitadas desde el gobierno de Mauricio Macri-Patricia Bullrich, como apuran sus voceros oficiosos.
Antes de haber corroborado la identidad del hallazgo, y desconociendo las denuncias de los mapuche y organizaciones de derechos humanos de Esquel acerca de que el cuerpo fue “plantado”, los medios acólitos se apresuraron a afirmar que esto echaría por tierra la imputación que pesa sobre Gendarmería por la desaparición forzada de Maldonado. Se prepara una crisis política de dimensiones todavía mayores que la transitada hasta ahora.
El gobierno consumió estos 79 días sin Santiago intoxicando a la opinión pública con información falsa. Su objetivo fue encubrir el accionar represivo de la Gendarmería al servicio de los monopolios capitalistas que saquean los recursos nacionales en la Patagonia.
Para esto no vaciló en denigrar a la familia, a la comunidad mapuche Cushamen y a los organismos de derechos humanos, es decir a aquellos que denunciaron desde el día 1 la desaparición de Maldonado y todas las irregularidades del caso, acusándolos nada menos que de entorpecer la investigación.
Puso en duda la presencia de Maldonado el 1 de agosto en el corte de la ruta 40. Intentó instalar la versión de que había sido malherido días antes por un puestero durante un asalto a una estancia de Benetton. Luego, alentó la versión de que habría desparecido por su propia voluntad, parte de un complot con la comunidad Cushamen, o retenido por los mapuche. Para sembrar aún más confusión, los medios oficialistas difundieron las especies de que habría sido visto en Entre Ríos, en Ushuaia y hasta en una peluquería de San Luis. Sin mayor apego por el rigor periodístico, Clarín trazó un perfil de Maldonado describiéndolo como un experto en artes marciales que podría haber hecho frente a los gendarmes.
El juez Otranto, por su parte, siguió el guión escrito en el despacho del Ministerio de Seguridad. Fue un acto de autoencubrimiento, ya que él había ordenado el operativo represivo en el cual desapareció Maldonado –el desalojo de la ruta 40 y la intrusión ilegal de Gendarmería en el territorio mapuche para perseguir a los manifestantes. Aquel corte de ruta reclamaba la libertad de Facundo Jones Huala, detenido en un operativo conjunto entre Argentina y Chile. Actualmente está siendo sometido a un juicio de extradición por una causa armada en base a testimonios arrancados bajo tortura.
Finalmente, los gendarmes negaron haberse internado en tierras mapuche, realizado registros audiovisuales, efectuado disparos y haberse dispersado durante la persecución. Ocultaron, además, la presencia de una camioneta Unimog. Las pericias sobre los vehículos que utilizaron los gendarmes demoraron un mes. En la causa constan los mensajes de advertencia que les envió Pablo Noceti, mano derecha de Bullrich.
A la cabeza de todas estas operaciones infames estuvo Patricia Bullrich. Su encubrimiento sobre la Gendarmería tiene razones políticas de fondo. El gobierno apura un reforzamiento represivo para apuntalar un ajuste que recrudecerá al término de las elecciones. Esta política traza una línea de continuidad con la reivindicación de la “teoría de los dos demonios”, los beneficios judiciales a los genocidas y los acuerdos de cooperación suscriptos con los servicios norteamericanos e israelíes, entre otros.
La movilización popular fue poniendo las cosas en su lugar. Es hora de redoblar el reclamo por el completo esclarecimiento de lo ocurrido con Santiago y el castigo a los responsables políticos del encubrimiento.
Fuera Bullrich.

Jacyn

"Bullrich se puso el traje de la gendarmería" // Pitrola en Intratables

"Bullrich utiliza los recursos del estado para autoencubrirse"

"El gobierno mintió deliberadamente con hipótesis falsas durante 79 días"

Gabriel Solano, dirigente del PO-FIT, denunció en C5N que "en la Patagonia existe una guerra civil contra el pueblo mapuche, a favor de los intereses de las mineras y de las petroleras".

Gabriel Solano, referente del Partido Obrero, participó este mediodía del programa televisivo “Nos vemos a la una”, que se emite por C5N y que tuvo hoy como eje la causa de Santiago Maldonado y la aparición de un cuerpo en el Río Chubut que podría ser el suyo.
El candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda aseguró que “el gobierno le mintió a la población argentina con hipótesis que se fueron demostrando falsas” durante estos dos meses y medio, siendo “la última mentira del gobierno la que le dijo Elisa Carrió a Marcelo Ramal en el debate, de que Santiago estaba en Chile”.
En relación con la aparición del cuerpo y las múltiples hipótesis circulantes, el candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda recordó que “hay una denuncia muy seria de la comunidad mapuche de que este cuerpo fue plantado” y señaló que “la pregunta es por qué aparece 78 días después; si es una guerra de las fuerzas de seguridad es secundario”. Junto a esto, Solano hizo mención a la aparición de una foto en los archivos de Gendarmería de Santiago Maldonado en el día y lugar de la represión, y afirmó que “Patricia Bullrich participó del encubrimiento y del autoencubrimiento: Gendarmería tenía fotos y Bullrich puso en duda [la presencia de Santiago] públicamente. Su posición es insostenible. Mintió deliberadamente. Actuó para autoencubrirse”.
“¿Cómo empezó este conflicto?”, se preguntó el referente del Partido Obrero. “Porque había una movilización por la libertad del [dirigente mapuche Facundo] Jones Huala, luego de un operativo de [la presidenta chilena Michelle] Bachelet y Macri; tuvieron una reunión y una hora después Jones Huala es detenido”. A renglón seguido, Solano recordó que el juicio por extradición del dirigente mapuche a Chile “debió ser cancelado porque se demostró que los testigos habían sido torturados”, y concluyó que existe “un operativo de terrorismo de Estado contra la comunidad mapuche”
En el programa se hizo referencia al joven mapuche Matías Santana, quien había afirmado que le había prestado una campera celeste a Santiago Maldonado (como la que viste en la foto de Gendarmería), así como haber visto cómo Gendarmería se llevaba a una persona. En este sentido, Solano afirmó que “Santana dio un testimonio integral, y ya uno de los hechos se mostró cierto”.
El asunto le sirvió al referente del PO-FIT para arribar a una conclusión integral: “Se cambian las camperas por el miedo que tienen, no podemos naturalizar eso: en la Patagonia existe una guerra civil contra el pueblo mapuche, a favor de los intereses de las mineras y de las petroleras. Lo dijo Patricia Bullrich de entrada: el gobierno entiende que los mapuches ponen en riesgo la seguridad jurídica de las empresas”.

Prensa Obrera

Caso De Vido: "Nosotros creemos que debe estar preso hace rato"// Néstor Pitrola

Almorzando con Mirtha Legrand // Participación de Néstor Pitrola

Deuda externa Argentina y fondos buitres

Proximidad de Sheldon Adelson y Netanyahu

En 2003 NML Capital Ltd. Propiedad de Paul Singer –el principal dueño del fondo buitre y especialista en especulación de deudas– presentó una demanda en el Distrito sur de Nueva York a cargo del Juez Thomas Griesa por el impago de los bonos argentinos. El principal socio de Paul Singer es Sheldon Adelson, empresario muy próximo al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu. Adelson asimismo fue el mayor donante de la campaña de Donald Trump, con un monto de U$S25 millones. El empresario Adelson es donante importante de diversas campañas, entre ellas U$S2,5 millones contra la legalización de la marihuana en Florida. Durante la presidencia de George Bush, fue el mayor donante de Freedom’sWatch, una organización que promovió el cuidado de los intereses de EE.UU. en el mundo, asimismo fomentar la prosperidad económica y fortalecer a la familia. Fue promotor y defensor de la invasión a Irak.
Adelson fundó en el año 2007 el periódico Israel Hayom, gratuito y actualmente el de mayor circulación en Israel. En 2014 se presentó un proyecto de ley en Israel contra la circulación gratuita de periódicos, esgrimiendo una competencia desleal. La ley fue aprobada en primera instancia pero luego fue desestimada. Según el periódico Haaretz, Israel Hayom entre 2007 y 2014 tuvo pérdidas por U$S190 millones.
El periódico estadounidense Las Vegas Review-Journal propiedad de Adelson, fue el único medio que apoyó la campaña de Donald Trump. Este medio se encuentra entre los 50 principales de EE.UU.
En una nota de opinión de Jorge Elbaum, La ruta del dinero: Nisma y Adelson, se detalla el dinero recibido por el fiscal Alberto Nisman del diario Israel Hayom. Entre los años 2010 y 2014 recibió en la sucursal Bank Hapoalimen de Colonia, U$S280mil, algo nunca declarado por el ex fiscal.
Thomas Griesa falló a favor de los fondos buitres, por lo que la Argentina presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito su apelación. El día 26 de octubre de 2012 esta corte confirmó el fallo de Griesa. Argentina apeló esta confirmación ante la Suprema Corte de Estados Unidos con el acompañamiento de diversos países, economistas ganadores de premios Nobel. Inclusive el gobierno de EE.UU. acompañó la apelación de Argentina mediante la herramienta denominada amicus curae. A pesar de esto, el 14 de junio de 2014 la Suprema Corte falló a favor de las medidas tomadas por el Griesa.
En 2014, Thomas Griesa estableció que no se podrá hacer efectivo el pago a bonistas hasta que Argentina no acuerde con el total de los acreedores. Este fallo fue criticado por diversos países como EE.UU y hasta organismos financieros como el FMI, ya que ponía a la Argentina en una situación denominada “default técnico”. En septiembre de 2014, en función del mencionado fallo del juez de primera instancia, se aprobó la Ley 26.984 -Pago Soberano. Reestructuración de deuda. La misma establece el reemplazo del Bank of New York por Nación Fideicomisos en Buenos Aires para abonar la deuda reestructurada y la creación de una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa desde la última dictadura hasta el año 2010.
La próxima relación entre el empresario Adelson y Natanyahu quedó plasmada en el voto de Israel contra las regulaciones a los fondos especulativos en la ONU en 2014. La propuesta Argentina de regulación de capitales especulativos, tuvo solo 7 votos en contra.
Mauricio Macri, siendo Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2014 realizó una visita Israel. Fue en el marco de la 29ª Conferencia Internacional de alcaldes, allí se entrevistó con Benjamín Netanyahu. En 2015 se reunieron en el Foro económico de Davos y en 2017 Netanyahu realizó la primera visita de un primer ministro de Israel a Argentina.
En diciembre de 2015, asumió el gobierno de la alianza CAMBIEMOS siendo Mauricio Macri el nuevo presidente de Argentina. Luego de negociaciones con los fondos buitres, informan el acuerdo al que han llegado. La Argentina abonará el total del capital reclamado y el total de los intereses aplicando a estos una quita del 25%. Se presentó una ley para eliminar la Ley cerrojo y la Ley de pago soberano, se aprobó y abonó a los fondos buitres sin quita de capital y se eliminó la comisión de investigación de deuda. Se abren posibles demandas contra Argentina del 93% de los tenedores de bonos que han aceptado una quita de capital promedio al 70%.

Guillermo Martinez
Virginia Bolten

Myriam Bregman en Cronica TV sobre Santiago Maldonado

Claudio Lozano llama a votar por el FIT y Myriam Bregman en la Ciudad

Barbieri va por la reelección en la UBA con aval del macrismo

A 100 años de la Reforma, necesitamos una nueva dirección para la universidad

El lunes 4 de diciembre se votará al próximo rector de la UBA para el período 2018/2022. Barbieri va por la reelección con el aval del gobierno y el apoyo de la mayoría de los decanos. Para lograr este cometido, se dispuso un cronograma de votaciones que culminará a fin de mes, que incluye a los decanos y a los representantes de los claustros al Consejo Superior. Todos ellos conformarán la Asamblea Universitaria, que debería realizarse en marzo pero adelantará ilegalmente su deliberación a diciembre con el único objetivo –confesado- de dificultar la participación de estudiantes y docentes al sesionar por fuera del período de clases. En estas semanas, las votaciones de decanos tanto radicales como kirchneristas se están sucediendo de forma sumaria y clandestina, con el mayor disimulo posible, sin debates públicos ni propuestas. Entre ambos “bloques”, muchas veces cruzados o entrelazados, existe una extendida conciencia de la necesidad de blindar al cuestionado régimen de cogobierno, absolutamente antidemocrático, de la intervención de la comunidad universitaria.

Régimen arcaico

De acuerdo al vetusto estatuto de la UBA, redactado por los interventores de la Revolución Fusiladora en 1957, el 2% de los docentes de la UBA (profesores titulares y adjuntos regulares) posee una ciudadanía de privilegio que le otorga mayoría propia en todos los órganos de cogobierno. Los otros claustros, el de graduados –donde vota la inmensa mayoría de los docentes- y el de estudiantes –naturalmente el más masivo- están pintados. Su única función es desempatar, cuando emergen diferencias entre los profesores. El principio que rige este sistema es el de una supuesta “meritocracia” (cuestionada por los concursos amañados), como si los méritos en el plano académico fueran trasladables al terreno de las definiciones sociales, políticas y pedagógicas que exige el gobierno de la universidad. La defensa de este régimen arcaico –donde el trabajador “no docente” no tiene ni siquiera la posibilidad de participar de la elección- es una “cuestión de Estado”. Es de esta forma que se garantiza el monopolio político de una casta ligada a los grandes intereses capitalistas y los gobiernos de turno.
Solo este régimen puede explicar el intento, hace 10 años, de colocar al frente de la universidad a un funcionario de la dictadura militar como Atilio Alterini. Más cerca en el tiempo, hace 4 años, Barbieri iniciaba su mandato nombrando al ¿ex? capo de la Side, Darío Richarte, como vicerrector. Ambas designaciones tuvieron que ser anuladas por la lucha del movimiento estudiantil-docente, encabezadas por la Fuba y la AGD. En el caso de Richarte, se conjugó con la crisis de los servicios por el desplazamiento de Stiuso. De allí, el empeño actual por desplazar a la izquierda de la dirección de la principal federación estudiantil del país.
La dinámica del Rectorado, presidido por el ex candidato a ministro de Daniel Scioli, es la siguiente: la que manda es la camarilla ligada al Coti Nosiglia –que concentra las principales palancas con Yacobitti en Hacienda y su hermana, “Cati” Nosiglia, en la secretaría Académica. Un grupo de decanos kirchneristas actúa bajo su órbita y garantiza una mayoría, como Luis Bruno de Fadu, ligado los grupos inmobiliarios; o Rodolfo Golluscio de Agronomía, autor de convenios con Monsanto y Benetton. Todos son defensores férreos de la Coneau menemista y enemigos del convenio colectivo que protege los derechos de los docentes. Su agenda está marcada por el gobierno de Macri, en la necesidad de adaptarse a los ajustes presupuestarios y las nuevas reformas que adecúan aún más las carreras a los designios del gran capital. En estos días, el intento del rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, de usar un caso de abuso para atacar la lucha de los estudiantes, retrató como nunca antes el nivel de antagonismo entre las autoridades nombradas a dedo por el Consejo Superior y la comunidad educativa de los colegios preuniversitarios.

Democratización

El movimiento por la “democratización” de la universidad, que emergió con fuerza hace 10 años en la UBA y se abrió paso en el interior del país, se encuentra severamente averiado. Todo un sector, que se agrupó en torno a la Mella en los últimos años, se volcó a una política de integración al kirchnerismo. Sus decanos “aliados”, como Graciela Morgade en Filo o Juan Carlos Reboreda en Exactas, defienden en beneficio propio la soberanía del ultra-minoritario claustro de profesores, que a nivel UBA conduce a la reelección de Barbieri. Para “combatir a la derecha” del Rectorado y sus manejos arbitrarios del presupuesto, estos decanos buscan su "autonomía" económica por medio de la generación de “recursos propios”, como el Laboratorio de Idiomas de Filo o los convenios de Exactas con Pan American Energy, un mecanismo que acentúa el peso de las corporaciones en la universidad. La semana pasada, la Mella se negó a que el centro de Exactas convocara a una asamblea para que el movimiento estudiantil tuviera una instancia de deliberación colectiva previa a la votación de decano. En Sociales, rompió el frente que mantenía con agrupaciones de izquierda para aliarse con la Cámpora y Nuevo Encuentro, que batallaron por la reelección de Glenn Postolski con los resultados conocidos. En esa facultad, cuando gracias a la izquierda se abrió la posibilidad de que los estudiantes se pronunciaran sobre quién debía ser el futuro decano, la abrumadora mayoría votó en sentido contrario a estas agrupaciones, eligiendo a nuestro candidato Eduardo Grüner.
La parábola es clara: los que hace 4 años fueron a tirar piedras contra la Asamblea Universitaria, hoy marchan de la mano con los decanos pretendidamente “opositores” que con sus métodos convalidan las formas y contenidos del régimen actual. Pero este deslizamiento está lejos de aplacar la lucha de los estudiantes y trabajadores de la UBA, que reemerge con fuerza –y éxito- contra los atropellos de las autoridades. La semana pasada, los docentes de Edición de Filo lograron arrancarle nuevas rentas para una carrera postergada que funciona con el 70% de sus cargos “ad honorem”; docentes y no docentes lograron hacer retroceder algunos de los “tarifazos” decretados por el Rectorado y la burocracia de Apuba en la obra social; también conquistaron que se otorgue el derecho a la licencia por violencia de género, que ahora debe extenderse a todas las universidades. La defensa de todas estas reivindicaciones tuvo, en el Consejo Superior, el apoyo incondicional de la banca de la UJS-Partido Obrero y contó con el acompañamiento de la AGD, los centros de estudiantes y comisiones internas combativas.

Campaña

La UJS convoca a todas las agrupaciones independientes y de izquierda a emprender una campaña contra la reelección de Barbieri y sus decanos. A desarrollar asambleas en los centros para discutir el punto. A 100 años de la Reforma del ‘18, la ofensiva del macrismo contra la universidad plantea al rojo vivo la necesidad de una nueva dirección. Derrotemos los planes de Barbieri y Franja Morada, y su intento de recolonizar la Fuba. Más que nunca llamamos a defender consejeros superiores y una federación independiente, cuya acción se base en la deliberación democrática y la lucha del movimiento estudiantil junto a los trabajadores.

Julián Asiner, presidente de la FUBA y Consejero Superior de la UBA

martes, 17 de octubre de 2017

Increíble: Gerardo “Batallón 601” Martínez acusó de delincuente al Pata Medina



El secretario general de la Uocra y espía del Ejército durante la dictadura denunció a su adversario en el gremio, pidiendo que “se investigue para encontrar a los responsables”.

Luego de la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, después de atrincherarse en su seccional, el líder de la Uocra La Plata el último viernes quedo procesado con prisión preventiva.
A la causa que lleva adelante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ahora se le sumó el embargo por $200 millones por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Fueron afectados por el fallo, además de Medina, su presunto testaferro y dueño de Abril Catering S.A. Juan Horacio Homs, su hijo Cristian Medina y David Emiliano García, su cuñado. Según el juez, estos son coautores de los hechos.
Armella afirmó que “Abril Catering S.A. estaría actuando como una cueva financiera, puesto que existiría información sobre cheques de pago diferido emitidos por la empresa de numeración correlativa y por el mismo importe, y una cantidad de depósitos millonarios en efectivo”.

“El muerto se asusta del degollado”

Ante la situación de manejos fraudulentos y negocios que expone a todo el gremio dejando en evidencia el manejo turbio de los fondos de los afiliados, su secretario nacional Gerardo Martínez salió “asombrado” a despegarse de Medina y lo trató de delincuente.
En sus declaraciones para diferenciarse del dirigente platense de la Uocra, Martínez declaró que no tenían “ninguna información fehaciente, pero siempre corrían rumores” sobre presuntas acciones irregulares de Medina. Y aclaró que desde su gremio hubo “varias notificaciones observando, diciendo que había denuncias o situaciones anómalas y se estaba usando el nombre de la organización con otro fin”.
Quien en la última dictadura cívico-militar (1976/1983) fuera Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, parece estar asombrado por el “accionar delictivo” del Pata Medina.
El muerto se asusta del degollado. El Batallón 601, ubicado en Campo de Mayo, fue un centro clave para organizar la represión a las organizaciones políticas y sindicales que la dictadura buscaba liquidar.
Fiel a su prontuario de buchón es muy compresible que Martínez se monte sobre la embestida que viene haciendo el Gobierno nacional, interviniendo algunos sindicatos y metiendo presos a dirigentes como Medina.
Mientras, pidió “que se investigue bien para ver quiénes son corresponsables de este accionar ilícito”, Martínez aclaró que este tipo de cuestiones, incluido el caso de Medina, “siempre fue parte de una conversación tanto con el Presidente de la Nación (Mauricio Macri), como con los empresarios y los ministros”, al tiempo que celebró que “la Justicia haya tomado cartas en el asunto”.
“Lo que debemos buscar es que todos estemos dentro del marco de la ley. Una cosa es el acto delictivo y otra cosa es la lucha sindical que honra la representación de los trabajadores y la existencia del movimiento sindical”, sostuvo.

Chocho con el Gobierno del ajuste

No es casual la actitud de Martínez de querer desligarse y denunciar a Medina cuando mantiene una estrecha relación con el Presidente Mauricio Macri.
Es uno de los principales sindicalistas que forma parte de la CGT y que impulsa el “diálogo con el Gobierno”, lo que significa más tregua y traición para los trabajadores.
Martínez destacó que haya una “mesa de diálogo” entre los sindicalistas, el Gobierno y el empresariado, al cual le reconoció que “por primera vez” trata de “asumir una responsabilidad de generar cambios que posibiliten bajar los niveles de pobreza” y “precarización”.
Luego del Coloquio de IDEA, donde el presidente Mauricio Macri pidió a los empresarios que “asuman su liderazgo”, el sindicalista dijo que ese sector “tiene la oportunidad de provocar un cambio estructural para mejorar las condiciones de vida”.
Martínez quiere convertir los planes del Gobierno en palabras bonitas, mientras los trabajadores hace 22 meses padecen despidos, tarifazos, precarización laboral por medio de los planes de ajuste que aplican desde cambiemos para favorecer a los empresarios.
Luego de octubre la reforma laboral viene con todo para arrancarle más conquistas a la clase trabajadora. Martínez, sabe muy bien cómo utilizar su experiencia en buchonear laburantes que desafíen y reaccionen ante los planes antiobreros. Ir por el Pata Medina, no significa más que correr del camino a quien le supo disputar negocios millonarios en la construcción y porque Medina se mantuvo por fuera de la relación con el presidente Macri, como fiel amigo del Exgobernador Daniel Scioli y actual simpatizante de Unidad Ciudadana.
Martínez no tiene grandes diferencias con el Pata Medina. Ambos forman parte de la casta de burócratas que se manejan con patotas al servicio de seguir haciendo del gremio su botín de guerra. Es una práctica común entre la dirigencia sindical burocrática que usurpa las organizaciones gremiales.

Lucho Lucero

Gabriela Cerruti, la “piba” del pacto PRO-K



Es la segunda candidata a diputada nacional por Unidad Porteña, detrás de Daniel Filmus. En su haber como legisladora lleva la delantera de haberle votado al PRO un paquete de leyes para grandes negociados.

El PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires sin sobresaltos desde el año 2007. En diez años de gestión logró aprobar, gracias a la ayuda de las diferentes bancadas peronistas y radicales, decenas de leyes que les garantizaron grandes negociados a los amigos empresarios de Mauricio Macri. Quienes hoy se presentan como candidatos en las listas de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires y Unidad Porteña en la Capital levantaron la mano a favor de estas leyes. Es el caso de Jorge Taiana, María Rosa Muiños, Lorena Pokoik y Gabriela Cerrutti.
Curiosamente Cerruti es autora de un libro titulado “El Pibe. Mauricio Macri, negocios, intrigas y secretos”. Pero la historia de la propia candidata es de votaciones con el PRO en la Ciudad para grandes negocios inmobiliarios.

Gabriela Cerruti y el pacto PRO-K

Gabriela Cerrutti es dirigente de Nuevo Encuentro. Fue legisladora porteña desde el 2007 hasta diciembre de 2015. En su tránsito por la Legislatura fue partícipe del mayor pacto del kirchnerismo con el PRO en la Ciudad. Ese pacto ocurrido en el año 2012, pasó a la historia como el pacto PRO-K que trascendió como una política histórica del peronismo en la Ciudad de “toma y daca” para negociar leyes por cargos políticos y grandes negocios inmobiliarios. Tal como expresaba el periodista de Página 12 Eduardo Videla, en su nota “Un paquete para el Arbolito” que los que estuvieron “al frente de las negociaciones con los jefes del interbloque kirchnerista, Juan Cabandié, Aníbal Ibarra y Gabriela Cerruti”.
El PRO le había dado quórum en Diputados de la Nación a los K para votar la menemista y antiobrera ley de ART. Entonces, en la Ciudad, los K con el apoyo también de Ibarra y los de Nuevo Encuentro como Gabriela Cerruti, le garantizaron al macrismo levantar el promedio de leyes tratadas en el año legislativo 2012.
En aquel entonces en una sesión maratónica de noviembre el FpV le votó un paquete de leyes a Macri, entre las que se encontró la construcción del Centro Cívico en terrenos del sur de la ciudad. Se sabía que el interés real de Macri estaba centrado en los terrenos linderos al Borda, sobre los escombros del Taller Protegido 19. Gracias a esta votación, el PRO a tan solo 4 meses, avanzó con topadoras por el hospital Borda con una brutal represión.
Ambos bloques negociaron que si se votaba una se votaban todas. Por eso fue el propio Axel Kicillof, responsable del plan, quien bajó a la Legislatura a “poner orden” y que se votara el paquete, porque algún K osó poner en duda su voto sintiéndose incómodo con tanto acuerdo con el PRO.
Entre noviembre y diciembre de 2012 estas son las leyes que Cerruti y los kirchneristas votaron con el PRO:

1) Venta de terrenos lindantes al ferrocarril Sarmiento en los Barrios de Caballito, Palermo y Liniers, para entregar a “emprendedores” privados y hacer torres, como “confesó” el propio Aníbal Ibarra en la sesión, “para las clases medias y sólo de hasta 9 pisos”.

2) La autorización para la venta en subasta pública del Edificio del Plata en US$ 80 millones para financiar la construcción del Centro Cívico. Se aprobó en 6 minutos con 40 votos a favor y 3 en contra.

3) Polo Artístico en la Boca y Barracas llamado "Distrito de las Artes", también resistido por los vecinos. Se trata de una inversión privada a cambio de pagar menos impuestos, donde el Estado no invierte. Fue fuertemente criticado por el kirchnerismo, se aprobó con 37 votos afirmativos y 5 negativos.

4) Centro Cívico en los terrenos del Sur. El Centro Cívico fue un negocio de más de 200 millones para las constructoras Teximco, EMA SA y Dal Construcciones, sin contar la “revalorización” de toda la zona sur, que les permitió más negocios. Como la venta de terrenos de la ciudad a la empresa Consultatio, donde el Anses tiene un cuarto del paquete accionario, para construir torres en Catalinas por casi $ 100 millones.

5) Se votó un endeudamiento de la Ciudad por 250 millones de dólares para obras que ni estaban licitadas y unos 6,5 millones de dólares más de préstamos de organismos internacionales.

6) También, y logrando el voto del diputado Daniel Amoroso del Peronismo Federal, se aprobó la creación de un Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de Azar, que será administrado por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), que hasta hace poco dirigía el legislador.

7) La cesión de 37 hectáreas del Parque Roca para la construcción de un playón de carga y descarga por 30 años a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, la cual queda exentas de pagar ABL e Ingresos Brutos.

8) La sanción de dos proyectos para rezonificar cinco terrenos del ferrocarril de los barrios de Pompeya, Parque Patricios, Palermo, Caballito y Liniers para destinarlos a proyectos integrales de urbanización e inmobiliarios, según la iniciativa del Gobierno nacional en relación al plan Pro.Cre.Ar.

Cuatro meses después, en abril de 2013 la diputada Gabriela Cerruti presentaría en la Legislatura un proyecto para que el gobierno porteño no reciba críticas antes de votar las leyes. En Acuerdo con el PRO, la ley fue votada. Antes de esta votación, por reglamento, una vez que se alcanzaba el quórum, los legisladores podían manifestarse sobre cualquier tema antes de tratar el temario de cada sesión. En ese lapso, llovían las críticas tanto hacia el Gobierno de Mauricio Macri como contra el de Cristina Kirchner. Con su proyecto consensuado con el macrismo, Cerruti se garantizaba un paseo más tranquilo por el recinto a la hora de sus pactos con el PRO. Los otros bloques acusaron censura.

Federico Puy
Docente, Congresal UTE-CTERA

La izquierda votará a favor del desafuero de Julio de Vido

Los casos de corrupción y la necesidad de que De Vido sea condenado. El oportunismo electoral macrista. Los negocios que atraviesan a todos los partidos del régimen y grupos empresarios. Un programa para acabar con la corrupción.

Durante la mañana de este martes se conoció que la Sala II de la Cámara Federal definió pedir el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio de Vido. La definición judicial se da en el marco de la causa por presunta defraudación millonaria al Estado nacional en el acondicionamiento y puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
La decisión le encomendó al juez federal Luis Rodríguez que solicite a la Cámara de Diputados de la Nación que le quite los fueros al ex funcionario, para luego proceder a su detención. Rodríguez ya procedió a hacerlo esta misma tarde.
El Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, como lo había anunciado en debates previos, afirma que la Cámara de diputados debe, en este caso particular, proceder a desaforar a De Vido ante el requerimiento del Poder Judicial. No cabe la menor duda sobre el profundo entramado de corrupción que existe desde hace décadas en Argentina en la obra pública, y que atraviesa a lo largo del tiempo a distintos gobiernos, partidos políticos del régimen capitalista y grupos empresarios.
Durante los años de gobiernos kirchneristas y la gestión De Vido en este área, la masacre de Once fue la consecuencia más trágica de esto, mientras que el escándalo de José López, intentando esconder un bolso con millones de dólares en un convento, dejó la corrupción al desnudo ante la vista de millones. López era, ni más ni menos, que el segundo de Julio de Vido en el ministerio de Planificación. Estas son solamente las más conocidas de las acusaciones que pesan sobre el ex ministro y su entorno.
Al mismo tiempo que votará por el desafuero de De Vido, para que pueda ser juzgado y condenado, la izquierda expresa su desconfianza respecto de los jueces que “cajonearon” durante años todas las denuncias de corrupción del Gobierno anterior y ahora hacen la vista gorda sobre las que pesan sobre los funcionarios actuales. También advierte este espacio que no todos los casos son iguales, ya que en el futuro la casta judicial amiga del poder puede armar causas truchas a conveniencia y usarlas para atacar diputados opositores. Sin ir más lejos, en Mendoza ya hay un fiscal que acusa a los legisladores del FIT por “el delito” de acompañar a trabajadores en una manifestación durante el último paro nacional.
Por eso, para acabar con la impunidad, una medida elemental e indispensable es que todos los jueces, que hoy son vitalicios y elegidos por transas entre los partidos mayoritarios, sean electos por el voto popular y puedan ser revocados por una simple mayoría de sus electores. También, que dejen de tener privilegios, como sueldos de más de 200.000 pesos exentos del pago de ganancias. Que cobren lo mismo que cualquier trabajador.
A nadie se le puede escapar que sobre la base de una acusación justa, basada en la corrupción de Julio de Vido, el Poder Judicial presta servicios al poder de turno. En este caso, después de larguísimos años de impunidad, es imposible no relacionar la “coincidencia” entre los tiempos de la Justicia y las necesidades electorales del macrismo. Con muy poco disimulo lo dijo hoy Graciela Ocaña, primera candidata a diputada de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires: “Necesitamos más diputados de Cambiemos para lograr que De Vido sea apartado de la Cámara de Diputados, para que sea detenido por la Justicia que lo está reclamando en una investigación judicial”.
Previo a las PASO de agosto, el macrismo también hizo uso político del caso De Vido con fines electorales. En ese caso la izquierda votó en contra en Diputados del pedido de expulsión de la Cámara del ex ministro por “inhabilidad moral”, ya que no solo fue un engaño para la población realizado con la ayuda de los medios de comunicación más concentrados (ya que De Vido no hubiera ido preso por ese motivo y la corrupción hubiera seguido impune) sino que en caso de votarse a favor sentaba un precedente muy peligroso: cualquier mayoría circunstancial podría así arbitrariamente echar del Congreso a sus opositores.
Estas advertencias tienen el sentido de poner sobre la mesa que una hipotética detención de Julio de Vido lejos estaría de acabar con la impunidad y la corrupción que atraviesa a todos los partidos del régimen político capitalista y sus empresarios amigos. Solo se podría avanzar en ese sentido apuntando a un entramado profundo, como propone el Frente de Izquierda.
El Poder Judicial, que siempre apunta al Gobierno que se fue, no pondrá la lupa sobre el grupo Macri, que sigue una larga tradición familiar de enriquecimiento a manos del Estado. Sin ir más lejos, durante la última dictadura genocida la familia del presidente pasó de poseer 7 empresas a 47, y el Gobierno de facto le estatizó su deuda privada.
Durante los últimos años, baste señalar que Iecsa, empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, está tercera en el listado de empresas que consiguieron la mayor cantidad de contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Esta misma empresa se presentó también a licitaciones en común con Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
Ahora, durante la presidencia Macri, siguen los fabulosos negocios en la obra pública, que no harán más que multiplicarse durante los próximos años.

Para los negocios, no hay grieta que valga.

El Frente de Izquierda propone una salida
Solo desde una perspectiva anticapitalista se pueden plantear las únicas medidas que pueden acabar con la corrupción: terminar con el secreto bancario; abrir los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública para que sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores y especialistas de las universidades públicas nacionales; control obrero de la obra pública y expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción; auditar a las empresas de servicios públicos para saber qué hicieron con los subsidios millonarios que recibieron del Estado; reestatizar los puertos donde se hacen maniobras para evadir impuestos; nacionalizar el comercio exterior para evitar negociados con exportaciones e importaciones; crear una banca estatal única para evitar la fuga de capitales; elección por sufragio universal de todos los jueces; y juicios por jurados elegidos por el pueblo.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

Próximo ENM: Chubut



Nueva sede, viejas maniobras

Entre 1.500 y 2.000 mujeres llegaron al Club Sarmiento de Resistencia para el cierre del Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco.
El "aplausómetro" dio por resultado que en 2018 la nueva sede será la provincia de Chubut. Frente a un Encuentro masivo, aunque muy lejos de los números publicados por las organizadoras, el cierre reflejó la regimentación y el vaciamiento impulsado por la Comisión Organizadora en aras de promover acuerdos que se cocinan por fuera de la decisión y del debate de las propias mujeres.
La Comisión Organizadora, dirigida por el Pcr en acuerdo con el gobierno provincial de Peppo y Capitanich (un pacto entre los que, hace apenas unos años, se dividieron por el voto no positivo y el conflicto del campo en 2008), violentó en el Encuentro de Rosario la decisión de que el siguiente se hiciera en Caba, algo que había sido la expresión absolutamente mayoritaria en los talleres, como se manifestó de manera contundente en el acto de cierre. Algunos sectores que defendimos la sede de Caba para 2017 estuvimos ausentes de este nuevo cierre por la determinación de dar la espalda a un evento totalmente regimentado que representa un verdadero ataque para con las miles que hacemos un enorme esfuerzo por defender la masividad del Encuentro y por debatir y hacer crecer este enorme movimiento de mujeres.
El Encuentro reagrupa a miles de mujeres que, de manera excepcional, ponen sobre la mesa las necesidades y la opresión que viven las mujeres bajo este régimen social; pero es terreno de la manipulación política de intereses ajenos a los expresados por las mujeres, incluso hasta llegar a pactar a espaldas de ellas acuerdos con el clero y con sectores políticos enemigos de sus derechos.
En esta oportunidad, el Pcr puso los huevos en dos canastas. Viene siendo atacado por impedir que el encuentro se transforme en una enorme herramienta política contra las políticas gubernamentales. Es por esto que decidió armar una coartada para responder a los reclamos de no querer acercarse al poder político. Las organizadoras colocaron La Plata, con el apoyo de Patria Grande y el Movimiento Evita y también Chubut, defendida por los sectores sindicales kirchneristas y del aplauso de otros sectores del Pcr. Finalmente, sectores claramente identificados con el Pcr votaron en menor medida a la sede La Plata y con mayor impulso y acompañadas por sindicatos kirchneristas como judiciales o Ate, consagraron Chubut.
Macri puede estar contento, una alianza entre sectores kirchneristas y pejotistas volvió a evitarle el mal trago de que miles de mujeres deliberen en sus barbas y resuelvan acciones para responsabilizar al Estado y a los gobiernos de la violencia que se desata sobre ellas día a día.
Iremos a Chubut, como lo hicimos de forma masiva en el Chaco, para seguir reforzando el trabajo por una alternativa independiente del clero y de los gobiernos capitalistas al interior de este movimiento de mujeres democrático y único en el mundo.
¡Arriba las trabajadoras que luchan por sus derechos!

Vanina Biasi