viernes, 17 de noviembre de 2017

La hoja de ruta de una gran confiscación social



Nada refleja con mayor contundencia el carácter del “paquetazo” oficial que las declaraciones de apoyo de los directivos de Coca-Cola, por un lado, y de bancos como el HSBC, por el otro. Aunque en ambos casos habían aparecido quejas por algunas de las medidas impositivas -el impuesto a las gaseosas o la ‘renta financiera’-, los capitalistas saben muy bien lo que está en juego. El paquete oficial es una tentativa extraordinaria por levantar la tasa de ganancia del capital, liberándolo de la carga de varios impuestos y asegurándole la liquidación de conquistas fundamentales de la clase obrera. Los subsidios fiscales a los capitalistas serán compensados con impuestazos al consumo, con despidos estatales y, en lo inmediato, con un saqueo brutal a los jubilados y al Anses. Al compás de la exigencia de los capitalistas, el PJ-FpV y el massismo, junto a sus agentes burocráticos en el movimiento obrero, extreman sus esfuerzos para acordar con el gobierno.

Pagan los jubilados y estatales

En estas horas, el gobierno y los gobernadores del PJ, el FpV, massistas y “socialistas” discutían la letra fina de un pacto fiscal con consecuencias explosivas para las provincias y sus trabajadores. El macrismo exige la eliminación gradual del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas que representa, en promedio, el 75% de la recaudación de los distritos. A cambio de ello, el gobierno les ofrece una mayor tajada del impuesto a las ganancias, a costa de quitársela a la Anses. Como consecuencia de ese despojo, y de la rebaja de aportes patronales que también anunció el gobierno, la caja de los jubilados sufrirá una pérdida anual de 10.000 millones de dólares. Eso explica la anunciada decisión de amputar el sistema de “movilidad” jubilatoria, condenando al 70% de los pasivos a percibir la mitad de una canasta de pobreza. En suma, los jubilados bancarán la eliminación de impuestos a los capitalistas. Pero ello no bastará para cerrar los números de las provincias: por eso, el gobierno apura un nuevo ‘pacto de responsabilidad fiscal’, que implica ajuste en los gastos sociales y despidos. En las negociaciones en curso, el gobierno habría ofrecido tomar a su cargo a las trece cajas previsionales que dependen de provincias, con regímenes jubilatorios propios.
Detrás de esta oferta ‘generosa’, se anticipa la intención de ‘armonizarlas’ de prepo -y a la baja- con los haberes nacionales. El vaciamiento en puerta de la Anses ya ha colocado en la agenda oficial el retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un ahorro complementario para quienes pretendan superar los haberes de miseria del sistema oficial. El gobierno ha resignado ciertos impuestos que cuestionaban los lobbyes capitalistas regionales -como el gravamen al vino- pero, al mismo tiempo, anunció la intención de reducir en un 10% la planta de estatales, lo que podría implicar el despido de 70.000 trabajadores. El vencimiento de contratos de miles de precarizados en diciembre coloca a los estatales en urgente alerta.

Pagan las conquistas obreras

En el toma y daca por el reparto de los recursos impositivos, los gobernadores han colocado una cuestión decisiva en la balanza: “el apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el gobierno busca aprobar, como la tributaria y la laboral” (Clarín, 14/11). El principio rector del paquete oficial es trasladarle a los trabajadores el fardo del ajuste. Nada retrata mejor esta orientación que el acuerdo ‘impositivo’ en Tierra del Fuego, donde la moneda de cambio para el recorte de beneficios a la patronal electrónica… es la aceptación -por parte de la UOM fueguina- de un congelamiento salarial por dos años; o sea, de una reducción de salarios a término del 30 o 40%. Es esta misma orientación la que sigue la burocracia sindical en torno de la reforma laboral. El gobierno le ha admitido al triunvirato cegetista algunos cambios que, bien mirados, sólo apuntan a enmascarar el carácter antiobrero de la reforma. Por ejemplo, acepta incluir en el cálculo de las indemnizaciones a las comisiones -que sólo afectan a un sector particular y reducido de trabajadores- y a las horas extras ¡a sabiendas de que el proyecto prevé eliminarlas por la vía de establecer un banco de horas! El gobierno aceptaría que quien sufre cambios en sus condiciones laborales pueda recurrir a juicio, pero sin asegurarle la reposición en su puesto. Además, gobierno y burócratas discuten instituir una “mesa de diálogo permanente”, para disfrazar una pérdida de derechos laborales que quedaría consumada con la sanción de la ‘reforma’. La burocracia también promete una futura “batalla en la Justicia” en torno de aspectos de la ley que podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Con ello, fingen ignorar el copamiento judicial en marcha por parte del gobierno, con eje singular en el fuero laboral. En cualquier variante, en la reforma quedarán las pasantías precarizadoras para los jóvenes, el indulto a los evasores (blanqueo) y la ‘agencia de evaluación de tecnologías médicas’ para las obras sociales, dirigida a recortarle a los afiliados las prestaciones más complejas y costosas. A cambio de ese ajuste a la salud obrera, y de preservar el monopolio de la representación sindical, la burocracia ha entregado la ‘reforma’ antilaboral.

Pacto político

En su apoyo a este paquete antiobrero -incluso con sus consecuencias devastadoras para los presupuestos provinciales-, los gobernadores de la oposición expresan la dependencia mortal de pejotistas, massistas y también kirchneristas para con la clase capitalista, que está jugada a fondo con los anuncios del oficialismo. Nada de ello exime a la salida oficial de sus enormes contradicciones: el macrismo ha colocado el presupuesto público al servicio de los capitalistas, cuando ese presupuesto -y también el Banco Central y la Anses- carga con los quebrantos de la gestión anterior. La pretensión de resolver esa contradicción con un mayor endeudamiento se enfrenta, por un lado, a los límites de la hipoteca ya existente y, por el otro, a los virajes financieros que impone la crisis capitalista internacional. A despecho de ello, los “nacionales y populares” de diferente laya se han entregado de pies y manos al macrismo. El ‘respeto al mandato de las urnas’ se ha convertido en la coartada para aceptar sin rodeos a esta verdadera confiscación social. Ello no exceptúa a Cristina Kirchner y a su “unidad ciudadana”, a la cual uno de sus mayores laderos -Aníbal Fernández- acaba de declarar extinta, en nombre del retorno al Pejota.
Mal que les pese a todos ellos, el movimiento obrero está siendo recorrido por una verdadera conmoción, como lo revelan distintos plenarios de delegados o asambleas que debaten y rechazan la reforma laboral. En este cuadro, el Partido Obrero ha lanzado una campaña política en regla contra el paquetazo macrista, dirigida en primer lugar a las grandes concentraciones obreras y a los sindicatos. Como parte de ello, la Coordinadora Sindical clasista del PO se ha dirigido a diferentes organizaciones para promover una iniciativa de lucha y movilización contra la reforma, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y que debería ser el punto de partida de un plan de acción en regla contra el paquete antiobrero. Tomemos a la acción del 6 como un punto de apoyo para redoblar el debate y la organización en todos los sindicatos y lugares de trabajo. Hagamos de esta campaña un gran factor de reagrupamiento político de los luchadores, contra el gobierno ajustador y sus cómplices.

Marcelo Ramal

Un martes negro... en la Argentina "amarilla"

A contrapelo del optimismo de los círculos empresariales con el progreso del paquete de reformas, la Bolsa porteña se despachó este martes con una caída superior al 4%. En varias jornadas, el Merval acumuló un descenso del 14%, fagocitándose un mes de subas continuadas. Un diario de finanzas se animó a titular “un Martes negro en la Bolsa”, rememorando a aquel martes que marcó el debut de la crisis capitalista más profunda de la historia.
A contrapelo de ese diario, los analistas financieros salieron a calmar las aguas. Por caso, entre las causas del desplome se mencionó a la fuerte caída de las acciones del Banco Macro, por las revelaciones del caso Ciccone.
También se dijo, con razón, que muchos especuladores dejaron sus posiciones en la Bolsa para colocarlas en las letras del Banco Central, habida cuenta de que la tasa de las mismas fue elevada al 29%. Los analistas calculan que quienes ingresaron dinero al país para colocarlo en Lebacs obtuvieron este año la friolera de un 11,5% de beneficio en dólares. Al fundar la baja de la Bolsa en un hecho particular, los 'expertos' buscaron aventar otra hipótesis más temida -a saber, la de una desconfianza en la marcha general de la economía macrista.
Pero cuando se tira del piolín del hecho “particular” -o sea, la suba del interés de las Lebacs, las implicancias son bien mayores. Según los observadores, el gobierno subió las tasas para aplacar una inflación que no cesa, y que se refuerza con los tarifazos e impuestazos (los cuales tendrán mayor alcance con la reforma tributaria en discusión).
La consecuencia, en este punto, es un enfriamiento del crédito y, por lo tanto, de la propia actividad económica. Pero casi nadie señaló el otro objetivo de esta suba de rendimientos de las Lebacs: asegurar la propia renovación de estas letras, de cara a la zozobra que genera el crecimiento explosivo de la deuda del Banco Central. Esa mochila alcanza hoy los 66.000 millones de dólares, y representa el 123% de la base monetaria. Además, supera en 11.300 millones a la tenencia de reservas del Banco, lo cual delata su virtual quebranto. Al elevar el interés de las letras, el propio Banco encareció el costo de reciclar este pasivo, cuyo costo anual -en términos de interés- subió ahora a 20.000 millones de dólares anuales, si se considera un tipo de cambio estable (La Nación, 15/11).
El ingreso de dólares para participar de esta especulación refuerza la revaluación del peso -y esa revaluación agrava el peso de la deuda pública medida en dólares, empezando por la del mismo Banco Central.
Pero la participación de los especuladores en esta bicicleta financiera está condicionada por otro factor -las tasas de interés internacionales. Una suba de éstas, combinada con la percepción de que las Lebacs conforman una bola de nieve insostenible, podría desatar una fuerte salida de capitales. Justamente, los analistas consideran que la suba de la tasa de los bonos a diez años del tesoro norteamericano también contribuyó a la caída de ‘nuestra’ Bolsa. En conexión con ello, otro gerente de inversiones asoció al tropezón del Merval con “la caída de los bonos basura en el mundo” (¡!) (El Cronista, 14/11), confesando, de este modo, qué calificación le dan los “inversores” al redituable mercado financiero local. El último argumento para explicar el "martes negro" es todavía más sorprendente: la “incertidumbre por el paquete de reformas que impulsó el gobierno” (ídem, 13/11). Esta afirmación puede interpretarse como una presión para que se aprueben las reformas impositiva, laboral y jubilatoria. Pero, también, como expresión de las dudas existentes en los círculos capitalistas respecto del proceso económico considerado de conjunto. El gobierno ha financiado una rebaja de impuestos a la clase capitalista con impuestazos al consumo y endeudamiento. Pero los impuestazos agravarán la inflación y golpearán a la ya débil recuperación económica, mientras que la contracción de nueva deuda se encuentra condicionada por la magnitud de la hipoteca ya contraída, y por un posible agotamiento del período de tasas de interés bajas en las finanzas internacionales. El tropezón bursátil no es la única señal de desasosiego patronal: a pesar de colocar a su hombre en el Ministerio de Agricultura, las agroexportadoras han liquidado un 12% menos de divisas en este año, porque demoran la liquidación de divisas y están reteniendo parte de la cosecha de soja. Ello contribuye a un déficit comercial que este año alcanzará los 8.000 millones de dólares, y que también se financia con endeudamiento.
Toda exageración es una versión amplificada de la realidad. Y esto le cabe al “martes negro” de la economía macrista. El sofocón, por ahora pasajero, puso de manifiesto los límites y las contradicciones de la política oficial, a la luz de una bancarrota capitalista internacional que continúa en desarrollo. Los trabajadores argentinos y sus conquistas históricas no pueden ni deben inmolarse en el altar de una política y un régimen social sin futuro.

Marcelo Ramal

FIFAGate: las denuncias limitadas de Alejandro Burzaco

La corrupción recorre todo el negocio del fútbol

El suicidio del ex funcionario kirchnerista Jorge Delhon, vinculado a Fútbol para Todos, fue la cara trágica del cimbronazo que produjo en nuestro país la declaración, en un juzgado de Nueva York, del ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, respecto de las coimas que pagó para conseguir hacerse del negocio de las transmisiones de fútbol.
El juicio está vinculado con la corrupción en el negocio mundial del fútbol -el denominado Fifagate- que saltó a la luz con la sorpresiva investigación de la justicia estadounidense –un país con casi nula tradición futbolística- y que esconde la disputa abierta que se ha desatado por el reparto de los miles de millones que se mueven alrededor de este deporte.

Una disputa internacional

Los Estados Unidos vienen pujando fuerte por ingresar al enorme negocio del fútbol, en el cual, hasta ahora, son un segundo violín. De allí que el propio FBI tomara en sus manos la investigación minuciosa de la corrupción en la Fifa, cuyo corolario fue un fuerte golpe a la burocracia de esa entidad, dirigida por los europeos.
Estados Unidos, que organizó el mundial de fútbol de 1994, pretendía –y pretende- organizar en su territorio alguno de los próximos dos, como un paso importante para empezar a tallar en el negocio. Como eso está en cuestión, se ha lanzado con el planteo de organizar en los Estados Unidos un mundial “paralelo” al del 2018, en los mismos días, con distintos horarios que el “oficial”, con las selecciones nacionales que no clasificaron para Rusia. Esto supone una confrontación abierta con la Fifa, ya que un torneo de ese tipo solo puede realizarse si la entidad lo autoriza.
El rebote en nuestras costas del escándalo que derribó a las cúpulas de la Fifa y de la Conmebol, se ha visto potenciado por las declaraciones de Burzaco, ex CEO de Torneos & Competencias (de la cual es socia el grupo Clarín), como testigo en la causa que se lleva adelante en el juzgado neoyorkino.

La "conexión local"

Burzaco, hermano del secretario de Seguridad del actual gobierno, destapó la olla de las coimas que se pagaban para conseguir el negocio de las transmisiones de los campeonatos de las principales categorías del fútbol local y de los internacionales. El principal acusado por el ex CEO es Julio Grondona –ya fallecido- y los funcionarios kirchneristas Pablo Paladino y Jorge Delhon, quien ayer se arrojó debajo de un tren luego de conocer la acusación de Burzaco. Estos dos ex funcionarios kirchneristas habrían sido los responsables de recibir los sobornos cuando el manejo de las transmisiones estaba en manos del Estado.
El papel de Burzaco como testigo preferencial para el juzgado estadounidense se asienta en las denuncias que hizo respecto de una serie de personajes que ocupaban cargos de relevancia en la Conmebol, a la cual el gobierno y la justicia de los Estados Unidos quisieron descabezar, como parte de la disputa por los negocios del fútbol, entre ellos los de las transmisiones, que en nuestro país ya han conseguido las cadenas Fox y Turner.

Omisiones

Llamativamente –o no- Burzaco destapó el tema de Fútbol para Todos, que es irrelevante para la causa que se sigue en Nueva York. Y, de manera nada inocente, incluyó en su denuncia a varias cadenas televisivas como O Globo, Televisa y Fox Sports, pero explícitamente desligó al oficialista grupo Clarín, su antiguo socio en el negocio y que tuvo el manejo del mismo en la Argentina hasta la llegada de Fútbol para Todos.
Tampoco avanzó más allá de los dos funcionarios K y Julio Grondona, como receptores de sobornos. Levantar el velo pondría en la picota a muchos dirigentes del fútbol de uno y otro lado de la grieta, que convivieron con Julio Grondona y no podían desconocer los manejos espurios que se tejían en la AFA y sus alrededores, entre ellos el operador oficialista Daniel Angelici y el propio presidente Macri, que presidió Boca durante varios años.
La corrupción que rondó al negocio de Fútbol para Todos -y que denuncia Burzaco- le es hoy funcional al gobierno macrista para seguir con su campaña mediática antikirchnerista. Rápidamente la diputada del PRO, Graciela Ocaña, salió a reclamar el juzgamiento de los funcionarios K acusados. Pero el denunciante y Ocaña olvidan no solo el papel de Clarín sino también el de todos los que compartieron la conducción del fútbol durante la era Grondona, y los que siguen utilizando a los clubes para el desarrollo de sus propios negocios (compra, venta, transferencia de jugadores, donde los clubes actúan meramente como vidrieras), llevándolos a una permanente situación de quebranto.

Una salida para el fútbol

Las denuncias de Burzaco hablan por sí solas del extrañamiento que existe entre el negocio del fútbol y el deporte. El ex socio de Clarín dijo que repartió coimas en la región por más de u$s 110 millones, de los cuales más de u$s20 millones se los habría pagado a Grondona para lograr la transmisión de los campeonatos mundiales, y las copas América, Sudamericana, Libertadores, lo cual da una idea del dinero que se mueve alrededor de este deporte.
Mientras tanto, la mayoría de los clubes tienen sus balances en rojo, el costo de las cuotas y las entradas se alejan cada vez más del bolsillo de los trabajadores y ahora se suma el cobro del plus para poder ver los partidos por televisión.
La corrupción recorre todo el negocio del fútbol y no va a ser liquidada por el macrismo. Sólo va a terminar cuando los clubes y los campeonatos de todo tipo pasen a ser manejados por los socios, herederos de aquellos que los crearon y que fueron desplazados por las camarillas capitalistas que hoy manejan el negocio del más popular de los deportes.

Nelson Marinelli

Acto por los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura



“Un homenaje a cada compañero”

La FADU-UBA presentará hoy un libro con los nombres y los rostros de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores que fueron secuestrados o asesinados bajo el terrorismo de Estado. También se entregarán legajos de las víctimas a sus familiares.
La bandera que está en el patio central de la FADU fue instalada el año pasado a 40 años del golpe.
La bandera que está en el patio central de la FADU fue instalada el año pasado a 40 años del golpe.
La enorme bandera que preside el patio central de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) recuerda los rostros y los nombres de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores de la casa que fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ese emblema de la memoria en la universidad fue llevado ahora por la FADU a un libro, Siempre presentes, que recupera también los principales datos personales y de militancia política de las víctimas, junto a imágenes y textos aportados por sus familiares. Con la participación de organismos de derechos humanos, el libro será presentado hoy en un acto en el que también se entregarán los legajos académicos de siete detenidos-desaparecidos de la facultad a sus familias.
“Siempre presentes es un homenaje a cada uno de los compañeros detenidos-desaparecidos de la Facultad de Arquitectura, en busca de la reconstrucción de la memoria histórica y como reconocimiento a su lucha por una sociedad más justa. Y también intenta ser una mínima, pero sentida, retribución a sus familiares por las pérdidas que han sufrido”, explica el subsecretario de Relaciones Institucionales de la FADU, Luis Angilletta, coordinador del libro.
La publicación y el encuentro organizado hoy son parte del trabajo que viene realizando la Comisión de Derechos Humanos de la facultad, continuación, a su vez, de una larga historia de militancia por la memoria que a fines de la dictadura se plasmó en un gran cartel de papel con los nombres de las víctimas del genocidio escritos a mano, reemplazado en 2006 por una bandera impresa, anterior a la instalada el año pasado, a 40 años del golpe.
Siempre presentes se abre con un listado de los detenidos-desaparecidos de Arquitectura identificados hasta el momento, “un listado en permanente construcción”, aclara Angilletta. El prólogo fue escrito por Roberto “Toti” Corvaglia, presidente del centro de estudiantes entre 1973 y 1974: “La facultad antes de la dictadura –cuenta allí– era un espacio público con mucha participación, efervescente, con una relación muy fuerte con la sociedad (...) Aquellos estudiantes eran protagonistas y se sentían parte de una transformación, tenían una fuerte y decidida voluntad de cambiar la sociedad, estuvieron dispuestos a relegar sus sueños personales y profesionales en pos de un proyecto político-social colectivo.”
De alguna manera, el libro busca reponer aquellas experiencias de vida para las nuevas generaciones que habitan la facultad. La mayor parte del libro está dedicada a reproducir los rostros de cada uno de los 117 estudiantes, docentes y no docentes, sus nombres, sus espacios de militancia política, la fecha en que fueron secuestrados o asesinados. Las últimas cien páginas incluyen los aportes realizados por los familiares de las víctimas: recuerdos personales, fotos, testimonios, poemas, dibujos.
Esta tarde a las 19, en el aula 323 del Pabellón III de Ciudad Universitaria, además de la presentación del libro, la FADU continuará con la entrega de legajos académicos a familiares de las víctimas, una iniciativa a través de la que ya se entregaron 53 expedientes. Hoy se sumarán otros siete. “Este siempre es un momento muy especial para la Comisión de Derechos Humanos, en el cual sentimos que hacemos nuestro pequeño aporte en restituirles a los familiares una parte de su historia que la dictadura les quitó –dice Angilletta–. A veces nos parece poco, son solo algunos papeles, pero muchas veces el resultado es gratificante. Uno de los primeros legajos que entregamos lo recibió el hijo de una estudiante desaparecida. Entre las cosas que le dimos estaban la ficha de inscripción que ella había completado y una pequeña foto tipo carnet. Él nos dijo que no tenía ningún otro papel con su letra manuscrita. Y que esa era la foto más linda que tenía de su mamá.

Página12

jueves, 16 de noviembre de 2017

La CGT cedió al Gobierno varios puntos de la reforma laboral y firmó un pacto en la Rural



Puede denominarse como “el pacto de la Rural” porque se firmó en el predio emblema de la oligarquía argentina. El Gobierno cedió en varios puntos, pero los trabajadores pierden derechos.

No hubo información oficial precisa, pero voceros de ambas partes ratificaron que llegaron a un principio de acuerdo en la tarde del miércoles alrededor de un nuevo proyecto de reforma laboral que se remitirá al Congreso en los próximos días.
La mesa chica de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunieron en la Rural, en un paréntesis de la IV Cumbre Mundial para la Erradicación Sostenible del Trabajo Infantil que se desarrolla en ese predio.
El ecuánime comunicado del Ministerio de Trabajo no especificó qué nuevos cambios se introdujeron en el borrador para llegar a la anuencia con la CGT. “Se alcanzó el nivel de consenso necesario con los representantes de cada uno de los sectores”, afirmaron desde la cartera laboral.
Por su parte, Héctor Daer, uno de los triunviros cegetistas que participó de la reunión aseguró que desde la parte gremial “no se cedió en absolutamente nada de lo que tiene que ver con lo sustancial del derecho laboral”. Una afirmación bastante general y ambigua, si se tiene en cuenta que sí hubo concesiones en varios aspectos.
Daer especificó en declaraciones radiales algunos aspectos en los cuales presuntamente “retrocedió” el Gobierno para arribar al acuerdo: “Se dejó de lado la descripción filosófica que hacía el Gobierno sobre el derecho al trabajo”, afirmó sobre el controversial punto del proyecto oficial que igualaba en términos conceptuales y legales las condiciones del trabajador y el empresario. También afirmó que el Gobierno resignó medidas que afectaban a trabajadores autónomos: “Quedó establecido que son un colectivo de trabajadores autónomos, que no trabajarán más de 22 horas semanales”, aseguró Daer. El proyecto original creaba nuevas figuras de trabajadores “independientes” para quienes no regían los derechos laborales, según Daer esto se redujo a profesiones específicas y por no más de esa cantidad de horas semanales.
También trascendió que se descartó la propuesta oficial sobre limitar la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones de servicios de transporte, limpieza y seguridad; una propuesta que era cuestionada especialmente por el moyanismo.
Sobre el “banco de horas” que pretendía generalizar y legalizar el Gobierno y que de hecho liquidaba las horas extras, Daer simplemente dijo que “el banco de horas se dejó de lado, no se pone sí quedó el fondo de cese a cargo de los empleadores, que tiene que ser regulado por convenio colectivo”.
Sobre el cambio de la fórmula para el cálculo de las indemnizaciones (que tenía el objetivo de “abaratar” los despidos), el triunviro informó que se reincorporaron las comisiones y horas extras en promedio para el cálculo indemnizatorio (que el proyecto inicial pretendía excluir), aunque se realizó una importante concesión al excluir nada más y nada menos que aguinaldo.
Consultado sobre las cuestiones que sí quedaron del proyecto original del oficialismo, Daer aseguró quedó el blanqueo laboral: “Se incorporó que los derechos individuales del trabajador que blanquea no sean desde el momento que se produce el blanqueo sino desde la fecha inicial de trabajo”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente aclaró para los aportes previsionales el reconocimiento máximo será de cinco años de aportes. En criollo: si el trabajador estuvo veinte años “en negro”, sólo se le reconocerán cinco de aportes si pretende blanquearlo, aunque en el fabuloso mundo de los dirigentes cegetistas, sí le reconocería el escalafón, o las vacaciones por ejemplo. Es un jubileo para los patrones que tienen trabajadores informales, perdonándoles las deudas que tienen con los empleados.
Otro punto que también habría estado en el acuerdo es el que se refiere al ius variandi (la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo, lógicamente en detrimento del trabajador). Según informó el diario Clarín, acá hubo un cambio para desalentar los juicios. Hasta ahora si un empleador le cambiaba la tarea a un trabajador, éste podía sentirse despedido y hacer un juicio que en 20 días podía reponerlo en sus funciones de pleno derecho. Ahora esto se tramitará en la justicia ordinaria y no la laboral, por lo que un juicio puede durar hasta dos años. Los referentes de la CGT argumentan que según sus números que manejan, "una porción mínima de trabajadores" llega a esa instancia, sin embargo no deja de ser una concesión a los empresarios.
Daer no se refirió a una propuesta importante del proyecto oficial sobre el régimen de “pasantías”, es decir, trabajo barato con remuneraciones miserables para los jóvenes, por lo que se presume que ese ítem quedó como parte de este pre-acuerdo.
Por último, Daer reconoció que el Gobierno mantiene la propuesta de rebaja de los aportes patronales, pero como si no tuviera nada que ver con la CGT dice que “se pasó a la reforma tributaria”.
Esto es lo que declararon algunos referentes y trascendió públicamente, aunque hay que esperar la letra chica porque con la burocracia, los patrones y el Gobierno en el medio, hay que mirar con lupa el diablo en los detalles.

Concesiones graduales y paquete global

La CGT acordó varios aspectos del proyecto que ahora se enviará al Congreso. El Gobierno tuvo que ceder unos cuantos puntos que habían generado un repudio extendido entre los trabajadores, pero acordaron otros que implican la pérdida de derechos en favor de los empresarios. En los hechos se bajarán las penas para los patrones que tomen trabajadores en negro y la baja de las cargas patronales terminará desfinanciado a la ANSES.
Pero esta reforma no puede tomarse de manera aislada, es parte de un paquete mayor que rebaja impuestos a los empresarios e incluye un ataque las jubilaciones y a quienes reciben planes sociales que en los hechos es un recorte de las remuneraciones futuras (por la modificación propuesta para el cálculo de los aumentos). También comienza a tomar forma una avance contra los trabajadores estatales con posibilidad de miles de despidos.
La CGT cede derechos de los trabajadores y ayuda a que el plan de Macri pase de conjunto, sin haber consultado a un sólo trabajador y sin haber tomado una sola medida de lucha. Esta actitud de la de sentarse para conceder “gradualmente” derechos (mientras los empresarios no ceden nada) deja a los trabajadores en peores condiciones para que los patrones intenten avanzar en convenios y acuerdos por sector como los firmados Vaca Muerta, Atilra y recientemente el escandaloso congelamiento salarial impuesto en Tierra del Fuego y acordado por la UOM. Si el Gobierno tuvo que retroceder en varios puntos, sólo es una demostración del rechazo que generó y que si se toman medidas de lucha no solamente no es necesario perder derechos, sino que se pueden pelear para recuperar conquistas.
Hay que repudiar este pre-acuerdo y exigir que los sindicatos (especialmente aquellos como las CTA, la Corriente Federal y el moyanismo que impugnan la reforma en sus discursos) rechacen la reforma y convoquen a un plan de lucha inmediato que tiene que ser debatido por todos los trabajadores y debe incluir con paros y movilizaciones.
Con esta perspectiva se movilizarán este jueves las agrupaciones clasistas y la izquierda, convocados por los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo y por la tarde reunirán para debatir los pasos a seguir ante el nuevo escenario que abre el “Pacto de la Rural”.

Fernando Rosso
@RossoFer

Caso Maldonado: los manuales del Gobierno de Macri para encubrir y negar

La investigación de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se encuentra entre fuegos cruzados, por características propias del caso y por otras más generales que ponen en cuestión quiénes y cómo se investigan los crímenes políticos, los crímenes de Estado.
Señalamos en una publicación anterior que la desaparición y la muerte de Santiago constituyen un crimen de Estado. Esta figura busca expresar que entre este tipo de crímenes y el Estado mismo hay una relación intrínseca y profunda. No son parte de errores ni excesos, son crímenes que se cometen desde el aparato estatal para defender los intereses de los grandes capitalistas y por eso se los encubre y justifica. En la sociedad capitalista, las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado para mantener un férreo control social. Sus fuerzas represivas están al servicio, esencialmente, de defender la propiedad de los terratenientes, de los grandes empresarios. Esa intervención represiva es superior cuando se trata de manifestaciones y reclamos que cuestionan ese dominio.

Quién investiga un crimen de Estado

En los últimos días la fiscal Silvina Ávila y el juez Gustavo Lleral rechazaron los pedidos de la familia con relación a que se sumen expertos independientes de las fuerzas de seguridad y la propia justicia. Desde el inicio de esta causa venimos insistiendo en que es crítico que la mayoría de las pericias de la causa las realicen fuerzas como la Policía Federal o la Prefectura, que dependen de la misma ministra Patricia Bullrich, muy interesada en justificar el operativo represivo de aquel 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, momento en que desaparece por 78 días Santiago Maldonado. No cuentan con una mínima o elemental distancia con la causa y sus implicancias.
No es casual que toda la expectativa intenta ponerse en el resultado de las pericias relacionadas con la autopsia, aislándola del operativo represivo que colocó a Santiago a ese lugar. Es innegable cómo todo esto se rodea de una profunda manipulación mediática de determinados datos que supuestamente se filtran y que son utilizados para que a coro algunos de los grandes medios y el Gobierno sentencien un vengativo “¿vieron? se ahogó”. Sin embargo, el resultado final de la autopsia, sea cual sea, no nos dirá en qué circunstancias murió Santiago, no dirá ni porqué ni cómo llegó al río, no dirá nada del operativo represivo que con saña y odio se desplegó contra la comunidad mapuche ni en función de defender qué intereses económicos en la región actuaba la Gendarmería.
Una de las voceras del Gobierno, Elisa Carrió se refirió a la autopsia diciendo “el cuerpo hablará”. Lo hace no porque busque la verdad, sino porque busca distraer la atención sobre la responsabilidad gubernamental, sobre por qué desde el Ministerio de Seguridad se mandó a lavar las camionetas que intervinieron en el operativo antes que sean peritadas por el juez, por qué el funcionario de primera línea Pablo Noceti se negó a que periten su celular (amenazó con romperlo ante la mínima posibilidad de que ocurriera), ni por qué quemaron todos los bienes de los miembros de la comunidad en el violento operativo de agosto, entre otras cosas.
Todas esas circunstancias requieren urgente esclarecimiento. Que no nos distraigan, porque la autopsia es una parte, no el todo.
En la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado están implicados no solo los autores materiales, sino todos aquellos que han encubierto y planificado. Pablo Noceti ordenó literalmente una cacería a los mapuches (“vamos a detener a todos y cada uno de los miembros de la RAM”) y el operativo realizado el 1° de agosto fue calificado como una acción “antiterrorista”. Fue Gonzalo Cané, secretario coordinador con los poderes judiciales, legislativos y ministerios públicos, quien redactó para el Gobierno un informe de 36 fojas cuya carátula reza: “R.A.M. Resistencia Ancestral Mapuche. Gendarmería 2017”, y lo introdujo dentro del expediente 8233/17 (Habeas Corpus), tal como lo señala Sebastián Premici.
En consonancia, hasta hoy Patricia Bullrich no tomó ni la elemental medida de separar de la fuerza al personal de Gendarmería que actuó ese día, ni siquiera a los que llegaron al río, a los que, como consta en la causa, gritaron “tenemos a uno”, “les dimos corchazos para que tengan”.
La corporación judicial actúa en el mismo sentido, centrando la expectativa en los resultados de la autopsia y cerrando filas para que no haya otras miradas sobre la investigación. Santiago murió indiscutiblemente en un operativo de Gendarmería. No hay un solo gendarme indagado por los dos jueces que ya tuvo la causa.

Técnicas de neutralización

No hay un gramo de improvisación en el plan de impunidad, encubrimiento y negación que se desplegó por parte del aparato estatal y mediático. Esa actividad puede ser encuadrada en lo que desde la criminología se ha señalado como “técnicas de neutralización”. Estas técnicas se disparan, justamente, para justificar la negación o el encubrimiento de un crimen político, y con ellas la criminología se refiere a los mecanismos para anular determinados preceptos o valores que llevarían a condenar determinado delito.
El concepto fue desarrollado inicialmente por David Matza y Gresham Sykes (1) en relación a la delincuencia juvenil. La idea de técnicas de negación y neutralización fueron luego adoptadas y desarrolladas por el prestigioso criminólogo Stanley Cohen (2) para analizar cómo en todo crimen de Estado, los implicados apelan a mecanismos para minimizar, ocultar y justificar sus crímenes.
Para ello, cuentan con todo el aparato estatal (funcionarios, fiscales, jefes y “científicos” de las fuerzas de seguridad), pero también con otros actores que son claves a tal fin. Entre ellos, algunos medios de comunicación, que montan y difunden junto a ese aparato estatal las más diversas operaciones, incluyendo la aparición de “personalidades expertas” que aparecen dando su opinión que intentan hacer pasar como desinteresada, construyendo así un relato que busca a través de esos mecanismos instalarse en la opinión pública como “la verdad”. Además, claro, de justificar todo el accionar estatal.
El uso de las técnicas de neutralización impulsa una espiral de negación que hace girar el discurso oficial justificando la violación de los derechos humanos. Los criminólogos señalan que en el crimen de Estado suele negarse el hecho mismo, o sea, directamente se afirma que los hechos no ocurrieron o no fueron como se los describe. Como el crimen es negado, se necesita del armado de un discurso de la negación oficial. Aquí lo vimos: “Santiago no estaba en el lugar, puede estar en Chile” dijeron por casi tres meses.
Cohen describe y tipifica esas técnicas, de tal modo que lo que estamos vivenciando en el caso de Santiago Maldonado, parece ser calcado de un manual de negación.
Veamos: a) La negación de la responsabilidad, quizás la más poderosa de las técnicas de neutralización, la primera que se ensaya en un crimen de Estado. Aquí se pudo ver desde el primer momento en la actitud de la ministra Patricia Bullrich, de defensa cerrada a la Gendarmería, exculpándola de todo el accionar (“no voy a tirar un gendarme por la ventana”) y de negación de la desaparición y muerte de Santiago instalando en cadena nacional la falsa pista del puestero que había herido de muerte al joven. Cuando decimos “el Estado es responsable” es precisamente para enfrentar el hecho de que esa responsabilidad es negada; b) la negación del daño causado y la negación de la víctima: el Gobierno, primero a través de Patricia Bullrich, y después con los funcionarios Daniel Barberis y Gonzaló Cané negó la existencia de Santiago y su presencia en la lof. Hasta dijeron que se había “escapado” a Chile? Se busca insistentemente sostener que Satiago no murió a manos de la Gendarmería sino que me metió al río y se ahogó, omitiendo claro, los motivos por los que se vio obligado a llegar al río; o bien, se descalifica la víctima de tal modo que el crimen está justificado (“era terrorista de la RAM”, “estaba cometiendo un delito como cortar la ruta”, etc). Es más, el daño social causado a la comunidad mapuche, la persecución sistemática a sus integrantes, la quema de sus pertenencias y viviendas por supuesto que no solo negada sino también justificada. Por último, c) la condena a quienes condenan, técnica que en todo crimen de Estado busca descalificar al entorno y la familia de la víctima, a quienes luchan por justicia, a los organismos de derechos humanos. En este caso, ni siquiera vale repetir todas las formas en que buscaron mancillar el reclamo de Sergio y la familia Maldonado, así como las organizaciones que lo acompañamos.
Estas son las actividades que conscientemente han desplegado el gobierno y algunos grandes medios, la puesta en práctica rigurosa de todos estos mecanismos. Eso explica también el espionaje que denunciamos judicialmente realizado contra la familia y organismos de derechos humanos por parte de la misma Gendarmería, es la persecución y control a “quienes condenan” la muerte de Santiago. Este espionaje fue realizado ante los ojos de la justicia que lo amparó abiertamente.
Podemos completar que todo esto se desarrolló con el aditamento de rodeos discursivos y de justificación, al decir de Cohen, la negación literal: “la víctima –o sus familiares, agregamos- está mintiendo porque tiene interés político en desacreditar al gobierno, los testigos son de poca confianza o parte de la oposición política, los organismos de derechos humanos trabajan con una agenda política oculta” (Estados de Negación, ensayo sobre atrocidades y sufrimiento).
El daño causado por Gendarmería y la negación de que Santiago es una víctima de ese accionar fueron desde el inicio la política estatal: no sólo pusieron en tela de juicio la presencia del joven la Pu Lof siendo que Gendarmería tenía fotos suyas desde ese mismo 1° de agosto, sino que luego sembraron todo tipo de pistas y relatos falsos: lo mató un puestero, pasea por Entre Ríos, estaría en Chile, lo vieron haciendo dedo, se cortó el pelo en San Luis. Ninguna de esas versiones fueron chismes de vecinos, sino versiones arrojadas a los medios por funcionarios del gobierno, lo que demuestra la planificación del encubrimiento. Que haga falta semejante operación demuestra que algo enorme se pretende negar: que a Santiago murió por el accionar de Gendarmería. Todavía resuena la risita de Elisa Carrió cuando lo comparó con Walt Disney. Macabro.
Días atrás, el asesor estrella de Cambiemos, Jaime Durán Barba, dio una entrevista en la Revista Perfil que no hace más que reforzar lo que hemos venido sosteniendo. Logra, en pocas palabras, condensar todos los mecanismos de neutralización y negación. Luego de desacreditar a los testigos de la comunidad mapuche (técnica que ya describimos y que el gurú ecuatoriano toma al pie de la letra), se despacha contra la familia de Santiago de una manera feroz:
-Noticias: ¿El Gobierno no debería haber tenido otro trato con la familia?
Durán Barba: Es una familia militante. Están contra el Gobierno, contra el sistema, y están dolidos por la muerte de un integrante. (…) No hay como hacerse amigo de ellos. Si Mauricio le manda un saludo, ellos lo van a rechazar igual.
Noticias: ¿No deberían haberse comunicado antes?
Durán Barba: Hubiera pasado lo mismo. No es por el tiempo, es por su ideología. Ellos creen que la Gendarmería lo mató. Yo entiendo totalmente ese mundo: es absurdo tratar de que alguien que milita en una opción que niega la legalidad del Estado diga la verdad. Dicen lo que conviene a su proyecto, como lo hacían todos los enfrentados en la época de la guerra fría.
Y sigue con su defensa a lo actuado por Patricia Bullrich:
-Noticias: ¿Bullrich no se equivocó a nivel comunicacional?
Durán Barba: Patricia es la jefa de la Gendarmería. Tú no puedes separar de sus cargos a gendarmes sin que haya pruebas en su contra. Ella tenía que ser solidaria con sus subordinados, que son la principal fuerza de la lucha contra el narcotráfico y están haciendo un trabajo fantástico. Se jugó por lo que creía verdad. Si Maldonado hubiera muerto en un cuartel, ella tendría que haber volado por los aires. Pero confío en que eso no era así, y le salió bien.
“Le salió bien” remata Durán Barba.
Por eso para concluir, volvemos a preguntarnos, si Santiago sencillamente se ahogó, ¿por qué semejante montaje calcado de manuales de criminología en los que se analiza el crimen de Estado y sus implicancias?
Más siniestro, más grave, resulta este crimen cuando se lo ve con este prisma, el de la planificación de la negación y el encubrimiento y sus técnicas de neutralización.
Nada fue azaroso y eso refuerza nuestra convicción de que la desaparición y muerte de Santiago es responsabilidad del Estado. Y refuerza aún más nuestra convicción de que solamente si seguimos luchando en las calles y denunciado cada maniobra de impunidad, habrá justicia por Santiago.

Myriam Bregman
Legisladora electa CABA - FIT | CeProDH | @myriambregman
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Notas:

(1)Técnicas de neutralización, una teoría de la delincuencia, traducido por María Florencia Vaquero, publicado originalmente en American Sociological Review, Vol 22, nro 4, agosto 1957
(2) Estados de Negación, ensayo sobre atrocidades y sufrimiento, Dpto de Publicaciones, Facultad de Derecho UBA, noviembre 2005. Conceptos que retoma Eugenio Zaffaroni en su trabajo “El crimen de estado como objeto de la criminología” (2006).

Protestas y ollas populares

Los movimientos sociales comienzan hoy un plan de lucha

Las organizaciones nucleadas en la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa reclaman una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Harán medidas durante tres semanas.
Los movimientos sociales nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa comienzan hoy un plan de lucha para reclamarle al Gobierno una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Los dirigentes del sector señalan que para cubrir las demandas en los comedores son necesarios 10 mil millones anuales extra, y una política de fortalecimiento de la producción de la agricultura familiar. El proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria fue presentado al Congreso en agosto, pero su tratamiento no tuvo avances. Las organizaciones acusan a Cambiemos de carecer de la voluntad de darle sanción.
Tras el anuncio de la protesta, desde la Casa Rosada hicieron saber que este diciembre no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales; en definitiva, los únicos que recibirán la suma fija serán los trabajadores de la economía popular, en un gesto del Gobierno hacia las tres organizaciones sociales que mantienen una mesa de negociaciones permanente con el Ejecutivo, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Desde la CTEP ratificaron que pese a este anuncio mantendrán las movilizaciones. Aclararon que el aguinaldo para los trabajadores de la economía social ya estaba acordado desde septiembre, por lo que no hay para ellos ninguna novedad, y que su plan de lucha tiene que ver con el reclamo de medidas de fondo para el sector.
La jornada de hoy incluirá con movilizaciones a las dependencias de Desarrollo Social y ollas populares. En la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una en el Obelisco y están previstas otras cientos en el conurbano, en las que van a juntar firmas para reimpulsar el proyecto de emergencia alimentaria.
La jornada es también continuidad de la protesta que las organizaciones hicieron frente al Centro Cultural Kirchner hace quince días, cuando el presidente Mauricio Macri anunció el plan de reformas tributaria, previsional y laboral.
“A nosotros la reforma laboral no nos deja afuera: ya nos dejó fuera la del ‘90 y nunca pudimos volver a entrar. Sin embargo, es claro que las reformas van a tener un impacto de ajuste en toda la estructura económica y como trabajadores de la economía popular vamos a acompañar el rechazo el día que se marche al Congreso. Por otro lado, vemos que el Gobierno, al anunciar las reformas, tampoco tuvo la capacidad de pensar una agenda social, y en este marco queremos reclamar un paquete de leyes para nuestro sector. A fines de noviembre o principios de diciembre vamos a hacer una marcha masiva del conjunto de los movimientos sociales”, dijo a PáginaI12 Gildo Onorato, dirigente de CTEP y secretario de políticas sociales del Movimiento Evita.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, aseguró que para esa movilización –la fecha exacta va a ser anunciada hoy– aspiran a reunir “a más de 100 mil trabajadores para instalar una agenda propia”.
El plan de lucha prevé tres semanas de movilizaciones. A las protestas de hoy seguirán el miércoles próximo marchas de los productores de la Agricultura Familiar al Ministerio de Agroindustria. Después, la movilización por leyes destinadas a promover el empleo en la economía social.
El paquete de normas reclamado incluye la sanción de un instrumento para crear trabajo en la construcción de infraestructura social y la urbanización de villas, con obras para el acceso a la electricidad, gas, agua y mejoramiento del transporte público. También presentarán una propuesta de fortalecimiento de la agricultura familiar, destinada a la creación de chacras, y la creación de una suerte de PAMI social para los sectores vulnerables e indigentes. El proyecto tiene una cuarta pata relacionada con la educación, que busca que en las escuelas de zonas de riesgo social se trabaje con dos docentes por aula -la llamada pareja pedagógica- y se sostengan estrategias de permanencia de los alumnos.

Laura Vales
Página/12

miércoles, 15 de noviembre de 2017

"Mercados" en alerta: el Merval se derrumbó 4,1 %



Es la peor caída en cinco meses. Algunas acciones cayeron más del 13 %.

El Merval porteño se hundió este martes 4,1 %. De este modo, van cinco jornadas consecutivas de retracción del principal índice bursátil del país.
Es la caída más importante en los últimos cinco meses desde el 21 de junio cuando el "mercado" descontaba que Argentina sería calificado como "emergente" por las calificadoras de riesgo, algo que finalmente no ocurrió.
Entre los factores internos que inciden en la baja se encuentra la alta tasa de interés y la retracción parcial del dólar, lo cual empuja a los especuladores hacia la “bicicleta financiera” con Lebac que ofrece mayor rendimiento.
Entre los operadores también existe la preocupación que la reforma tributaria que llegó al Congreso este lunes pueda terminar afectando la módica recuperación económica que el Gobierno logró este año gracias a medidas extraordinarios en función de obtener un buen resultado electoral.
La reforma tributaria contiene un gravamen para varios activos financieros. No obstante, las tasas que se aplicarán son leves en comparación con otros países.
Pero en la caída del Merval también jugaron factores externos, tales como la retracción del Bovespa de Brasil (-2,3 %) y el Dow Jones (-0,2 %) de Estados Unidos, junto a una baja en la cotización del petróleo.
En la city porteña también señalaron que la suba de la tasa de interés a diez años de los Estados Unidos podría complicar el endeudamiento externo, una de las principales armas de la política económica de Cambiemos.
Días atrás, Standard & Poors colocó a la Argentina entre los cinco países del mundo más vulnerables frente a posibles subas de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Las acciones que más sufrieron fueron las del Banco Macro (-13,4 %), Petrobras Brasil (-8,2 %); y Central Costanera (-7,3 %). Entre otros, también fueron afectados negativamente los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana y Petrolera Pampa.
En el caso del Banco Macro el derrumbe bursátil estuvo impregnado por los trascendidos de los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que Jorge Brito podría ser incriminado por el "arrepentido" Alejandro Vandenbroele en el caso que se investiga a Amado Boudou.
"No hay un único driver; van varios días de corrección fuerte. Argentina cae más pero caen otros mercados emergentes. La tasa alta no ayuda y si bien los balances de las empresas fueron relativamente buenos se teme que el aumento impositivo frene un poco la recuperación", señaló a Ámbito Financiero Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

LID

Gabriel Vommaro: “El PRO no tiene la cuestión republicana como una de sus grandes banderas”



La Izquierda Diario conversó con uno de los investigadores que más conoce a la derecha argentina, quien acaba de publicar un nuevo trabajo sobre esa experiencia política.

Christian Castillo recomienda Diez días que conmovieron al mundo, de John Reed

"Los jubilados van a financiar a los empresarios"

La reforma tributaria y previsional suma críticas. "Es una flagrante estafa", dijo Letcher, del CEPA.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe en el que da cuenta cómo la reforma impositiva y previsional afectará a la Anses y a los haberes de los jubilados. "Ésta es una cuarta reforma que tenían previsto desde el principio en la negociación con los gobernadores básicamente y es la que cierra el rompecabezas", definió Hernán Letcher a Tiempo.
El economista explicó que la reducción de las contribuciones patronales que propone la reforma laboral implicará una pérdida de 42 mil millones de pesos. A esto se le suma que la parte mayoritaria, unos 70 mil millones de pesos de la coparticipación del 100% del impuesto a las ganancias, que incluye un 20% que iba a destinado a la Anses, ahora se pierde. "Son unos 110 mil millones que pierde la Anses, hay una parte que se compensa con el impuesto al cheque, pero circula también la versión de que lo van a derogar".
"Por la pérdida de las contribuciones patronales se perjudica a la Anses, y por la eliminación del 20% del impuesto a las ganancias que se destinaría a coparticiparse, y que no se compensa con el impuesto al cheque, porque queda con 60 mil millones de pesos abajo", desarrolló.
"Es una transferencia de ingresos desde los jubilados y beneficiarios de asignaciones se da hacia dos sectores: los empresarios y las provincias. Los jubilados están financiando a los empresarios, de manera directa e indirecta a través de las provincias. Es una transferencia de ingresos lisa y llana, es una flagrante estafa", definió.
Además sostuvo que estas reformas propuestas por el gobierno no discriminan a las empresas pequeñas de las grandes, por lo que sólo terminan beneficiando a las grandes. "Por ejemplo, Techint no tiene trabajadores en negro, a lo sumo los terceriza a través de otras empresas, o sea que la reforma es todo beneficio para ellos porque no va a blanquear a nadie. En cambio, la pyme la va a ver pasar ".

Tiempo Argentino

martes, 14 de noviembre de 2017

Gabriel Solano (PO-FIT) en "Remix de Noticias" por C5N

¡Hasta el socialismo siempre, Nilda!



¿Cómo despedir a nuestros ídolos? A esos de carne y hueso, que son nuestros compañeros, de los que disfrutamos sus genialidades cotidianas.
Nilda fue nuestra compañera, nuestra formadora, nuestra amiga, muchas veces nuestra madre, y otras tantas nosotras la de ella.
Conocí a Nilda en el 2006 cuando me vine a estudiar a La Plata, en vísperas del primer juicio a Etchecolatz. Recuerdo una charla en la Facultad de Derecho como una de las primeras veces que la escuche hablar. La sala estaba llena, se produjo un silencio absoluto cuando tomó la palabra, con su tono pausado y contundente a la vez. Nos deslumbró a todos.
En el 2013 me incorporé a Justicia Ya! y empecé a militar cotidianamente con ella. Nos abrazó desde un principio y durante todo el juicio por el CCD La Cacha, nuestro primer juicio. Aprendimos todo de ella. Bastaba con mirarla desde el estrado para saber qué hacer, cómo intervenir. El día de la sentencia nos dijo que nosotras –chicas, mujeres y revolucionarias– ¡frente a los genocidas nos habíamos hecho enormes!
Ella nos hacía sentir así, nos hacía sentir que nos podíamos comer el mundo, que no había genocidas, canas, jueces, fiscales que no pudiéramos enfrentar. Nos enseñó a romper con todos los esquemas, nos dijo que nunca nos olvidemos que antes de ser abogadas somos militantes, que los códigos los dejáramos fuera de la sala de audiencias. Nos enseñó a perderle miedo a las formalidades y a los ritos; tanto que en el juicio contra la CNU –que tendrá sentencia en breve–, el tribunal nos llamó varias veces la atención por “no respetar las formas”. ¡Cómo te reíste cuando en la primera audiencia nos hicieron lugar al pedido de quitar ese crucifijo enorme que estaba en medio de la sala!
Nilda fue muchas cosas, pero sobre todo fue un cuadro político. Tenía una enorme capacidad de pronóstico, era una estratega. Siempre terminaba teniendo la razón, le sacaba la ficha a quien sea. Siempre tenía una salida para cualquier problema. Cuando se le metía una idea en la cabeza nadie podía frenarla, y así fue que con su tenacidad se conquistaron tantas cosas.
Recuerdo la sentencia de Fuerzas de Tareas N°5, cuando el tribunal dijo que condenaban por el delito internacional de genocidio (¡por primera vez!) y de los nervios dudaba de haber entendido bien, así que hice lo que hacemos siempre, mirar a Nilda, y allí estaba riendo sin parar, pícaramente. La lucha, emprendida cuando arrancaron los juicios desde el 2006, cuando todos consideraban que era una locura la condena por genocidio, había dado sus frutos. Con la misma tenacidad se hizo escuchar, y que escucharan a otros compañeros en Cámara, en los incidentes de prisión domiciliaria, donde hizo emocionar hasta los jueces.
Como te dolieron Santiago, Facundo Jones Huala, Agustín Santillán...
Tu firmeza hizo que hasta tus últimos días nos preguntaras por las cédulas que habían llegado, discutimos la estrategia para la próxima audiencia del juicio contra la CNU.
Nilda: nadie nunca te pudo quebrar jamás. Fuiste un baluarte para la lucha por los derechos humanos, independiente del Estado y de sus gobiernos. Como siempre decías, si tenemos que exigirle al Estado, no podemos nunca ser parte de él.
Cuando pudiste hablar, revolucionaste todo. Te tatuaste en la memoria cada nombre, cada detalle, cada dato de cada compañero que conociste, una enorme cantidad de familiares hoy saben que pasó gracias a vos. Nunca te colocaste en el lugar de víctima (cómo nos retabas cuando en las audiencias te llamábamos así…) porque nunca te moviste de tu lugar como militante.
Te voy a extrañar como compañera, ahora que ya no vamos a encontrar tu mirada cómplice en las audiencias. Y los asados, la quinta de Gonnet, las largas jornadas de trabajo con charlas infinitas. Tu fascinante humor ácido. Tu amor por la vida.
Tuvimos el honor de haberte conocido en profundidad. Nos dejaste mucho, hoy nos toca honrarte continuando firmemente con esta lucha.
Vos sabés, la única penalidad que les cabe a los genocidas es la destrucción de este sistema y la construcción de un mundo nuevo sin opresión ni explotación.
Así nos vamos a vengar, así va a ser nuestra verdadera justicia.
Así, por fin, vas a estar en paz.

Pía Garralda (APEL La Plata)

Periodismo, historias de terror

Esta semana se confirmó la noticia del cierre de la Agencia Diarios y Noticias (DyN), fundada hace 35 años. Más de 100 trabajadores de prensa quedaron en la calle porque así lo decidieron sus principales accionistas: Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán.
Por falta de recursos no puede ser, si el Grupo Clarín es el más favorecido con la publicidad oficial del macrismo (337,2 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2017), además de que en estos casi dos años la empresa se reempoderó, incrementó sus ganancias y fortaleció sus múltiples negocios.
Cosas raras de la vida, entre más se enriquece el mayor grupo comunicacional de Argentina, más gente despide. En 2016, según Fopea, echó a 180 trabajadores, más que ningún otro medio. 2017 lo comenzó con el cierre de la planta gráfica AGEA: 380 personas más sin laburo. Y en el transcurso del año presionó a sus trabajadores para que aceptaran "retiros voluntarios".
Mientras se cerraba DyN, la hecatombe asomó en el Grupo Indalo. La empresa pagó salarios en dos cuotas y los trabajadores se declararon en asamblea permanente. La angustia de no poder cobrar y no saber si tendrás trabajo el próximo mes es infame. La situación se agrava porque los argentinos tienen encima la amenaza de una reforma laboral que buscará "bajar costos". Y los costos, ya lo sabemos, siempre somos los trabajadores.
Indalo incluye C5N y radios como la 10, Pop, Mega y Vale, en donde hubo cese temporal de actividades para reclamar el pago de los sueldos. Aunque ya les empezaron a pagar, la incertidumbre es total. Si lo sabrán los trabajadores de Radio del Plata o Ámbito Financiero. O los del Diario de Paraná, propiedad de la familia Etchevehere, que hace años cobran en cuotas. Capaz que ahora que Luis Miguel fue nombrado ministro de Agroindustria ya le alcanza para pagar completos los salarios.
También están los 30 trabajadores de Radio Continental Tucumán que la semana pasada quedaron en la calle de un día para el otro porque la empresa levantó por completo y sin previo aviso la programación local. Y ni hablar de Radio Emisora Cultural, propietaria de la legendaria Radio Rivadavia y de Radio Uno. La empresa quebró y sus trabajadores están en vilo. En Telefe, mientras tanto, esta semana hicieron un paro sorpresivo ante el temor de más despidos.
¿Y cómo olvidar el cierre del Buenos Aires Herald? ¿Y los despidos en Crónica y el cierre de las revistas de Editorial Atlántida y el periódico El Argentino? ¿Y los contratos precarios y el trabajo en negro?
Un solo dato para ilustrar un panorama desolador: la revista Anfibia anunció que necesitaba un editor y recibió más de 2000 solicitudes. Son más de 2000 periodistas que están buscando trabajo. Y casi no encuentran.
A los despidos masivos o por goteo y la desaparición de medios hay que sumar episodios preocupantes como la supuesta intención del gobierno, revelada en varias columnas y nunca negada por las autoridades, de empujar el cierre de Página/12 como represalia por las revelaciones de Horacio Verbitsky sobre el multimillonario y secreto blanqueo de familiares y amigos del presidente y de varios funcionarios. Decenas de periodistas de todo tipo de medios (Nelson Castro, Luciana Geuna, Jorge Fontevecchia, Miriam Lewin, Víctor Hugo Morales y Cynthia García, entre muchos otros), firmaron la solicitada "La información no puede ser silenciada" para alertar sobre el daño irreparable que provocaría esta medida.
Más allá de beneficiar con pauta oficial a medios amigos (como lo hicieron el kirchnerismo y los gobiernos anteriores) y desfilar incesantemente en programas de periodistas oficialistas, el gobierno calla ante episodios alarmantes:
-Periodistas de diversos medios fueron agredidos por violentos infiltrados en las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado. Hay fotos y videos, pero seguimos sin saber quiénes son y por qué no los han detenido.
-El diputado electo por Cambiemos Fernando Iglesias agredió en las redes sociales (con su habitual estilo pendenciero nunca cuestionado por sus aliados políticos) a los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.
-Seis trabajadores de Perfil fueron procesados por ejercer sus derechos sindicales y luego absueltos gracias a la lucha de sus compañeros.
-La periodista Fabiana Bringas fue patoteada al aire por su jefe, el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.
-Los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano tuvieron que cancelar la presentación de su libro "Los Monos" en Rosario por amenazas de familiares de narcos.
-El empresario estafador Mariano Martínez Rojas reapareció en horario central como supuesto testigo "arrepentido". Es el mismo que el año pasado destrozó junto con una patota las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América, caso que sigue impune.
La lista de ataques a la libertad de prensa es larga, tanto como el silencio del gobierno. Las denuncias se empañan por la leyenda urbana que hace creer que, si sólo cierran medios kirchneristas o son atacados periodistas kirchneristas, todo está bien: "se lo merecen". Alegrarse porque alguien, sin importar quién sea, pierda el trabajo, en principio es miserable. Pero resulta que ni siquiera tienen razón. La crisis abarca todo tipo de empresas, aun las más ricas, aun las más antikirchneristas.
Fopea reportó casi 1500 despidos de trabajadores de prensa en 2016. Según SiPreBA, fueron más de 2000. En lo que ya coinciden ambas organizaciones es en que, hoy, la cifra se acerca a los tres mil. Son 3000 voces menos. ¿Nos damos cuenta de la gravedad? Sin pluralidad de voces no hay democracia, ni libertad de prensa, ni derecho a la información.
Por eso, defender a los periodistas como trabajadores y al periodismo como oficio no es una cuestión corporativa. Son valores esenciales en cualquier sociedad. En muchos países de América Latina ya hemos padecido el daño que provoca la alianza entre millonarios y poderosos medios concentrados y los gobiernos de turno. Es un escenario en el que, siempre, ganan pocos.
Seguimos.

Cecilia González
Tiempo Argentino

lunes, 13 de noviembre de 2017

El Gobierno contra los jubilados



Si algo tienen en común el conjunto de reformas laboral, tributarias y previsionales que impulsa el gobierno es la destrucción de la Caja de los jubilados.

El presidente Mauricio Macri amenazó hace pocos días que “la ANSES no da para más”. De manera consecuente con ello, desde la mal llamada “Reparación Histórica” para Jubilados y Pensionados el gobierno había iniciado un camino de permanente socavamiento de las bases del sistema jubilatorio. En las últimas semanas, las noticias sobre los planes de avanzar con nuevas medidas encienden necesariamente un rojo de alarma. Hay cambios evidentes, pero otros más silenciosos, que en forma aparentemente desarticulada apuntan a lo mismo: meter mano en la Caja.
En eso consiste sencillamente la receta con la cual el gobierno pretende abordar sus distintos escollos -además de la postergación de los desequilibrios con el creciente endeudamiento externo. ¿Cómo resolver la disputa por el Fondo del Conurbano? De la plata que le correspondería a la ANSES por el Impuesto a las Ganancias. ¿Cómo reducir sensiblemente el gasto público con el menor costo político? Bajando las jubilaciones a través del cambio en la Movilidad Jubilatoria. ¿Cómo bajar el “costo laboral” y aumentar la ganancia empresaria? En gran parte con una estrepitosa liquidación de las contribuciones patronales. ¿Cómo condonar las deudas a los fugadores de capitales y a los evasores? Anexando el “blanqueo” de capitales con una supuesta medida de recomposición de haberes a un sector de jubilados, la Reparación Histórica, pero que en realidad nunca estuvo pensada para favorecerlos sino que abre la puerta a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
De una u otra forma, sea en el borrador de la reforma laboral, sea en la reforma tributaria, sea en nuevas leyes o decretos, cada nueva medida contribuye a un alarmante desfinanciamiento de la ANSES. La coronación de este armado será la nueva ley jubilatoria que comenzará a tratarse en la “Comisión de Sustentabilidad” que se formará para ello en diciembre, según planea el gobierno, y de la que nada bueno puede esperarse para los jubilados.
Repasamos las implicancias de los cambios que el gobierno fue anunciando, en las distintas reformas que impulsa, sobre los recursos del sistema jubilatorio:
-* ANSES pierde $126 mil millones para destrabar el Fondo del Conurbano: La negociación con los gobernadores para que acepten acompañar las medidas de ajuste del gobierno es no afectar los recursos de las provincias para pagarle a Vidal $20.000 millones del Fondo del Conurbano, sino que se financiaría tal erogación mediante una modificación de las asignaciones específicas del Impuesto a las Ganancias. Esto es, principalmente, retirarle a ANSES el 20% de lo recaudado por el Impuesto eliminando el artículo 104 de la ley. Según el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, esto implica una pérdida de $126 mil millones para el organismo, que pasarán a ser coparticipables. Declaraciones de funcionarios indican que el gobierno pretende realizar cambios en el impuesto al cheque para destinar lo recaudado a ANSES en compensación por la coparticipación total del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, claramente se trata de un trueque poco favorable para el organismo que regula los recursos de la Seguridad Social. De acuerdo a un informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), de la Fundación Germán Abdala, la pérdida de este enroque podría llegar hasta los $220.000 millones.
-* $150 mil millones en los cambios en la Movilidad Jubilatoria: Tanto el presidente Macri como el Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmaron recientemente que proponen modificar la fórmulacon la cual se ajustan automáticamente las jubilaciones, AUH, pensiones no contributivas y otras transferencias. Los aumentos jubilatorios de los últimos dos años bajo la ley de Movilidad Previsional fueron por detrás de la inflación, significando una pérdida del poder adquisitivo equivalente a $7.751,4 para quienes cobran el haber mínimo. El cambio que propone el gobierno no apunta a recomponer lo perdido por las jubilaciones, sino por el contrario, evitar que la expansión de la economía que suponen para los próximos años pueda beneficiar a los jubilados, atando los haberes a la inflación y sin tener en cuenta las variaciones de los salarios ni el PBI.
-* $140 mil millones por reducción de contribuciones patronales: El borrador del gobierno de la llamada “reforma laboral” incluye una escandalosa transferencia de $139.882 millones anuales a las patronales hacia 2022 debido a la aplicación de un “mínimo no imponible” y una reducción de la alícuota de 21% a 19%. Esto significa una disminución de contribuciones del 41% promedio para todos los empleadores, aunque beneficiaría especialmente a las grandes empresas de servicios (como supermercados) y que pagan salarios bajos.
-* Un "blanqueo laboral" que legaliza el empleo en negro y los bajos salarios: La condonación de deudas a los empleadores que mantuvieron en negro durante años a los trabajadores, que pasarían a estar registrados, no significará una mejora de los ingresos de la AFIP, no sólo porque se perdona la deuda, sino porque se trata justamente de bajos salarios que serán alcanzandos por el "mínimo no imponible". Además, para los trabajadores sólo se les reconoce como aportes hasta un máximo de 5 años, independientemente de que hayan trabajado en negro mucho más tiempo.
-* Eliminación del tope de aportes personales y del haber máximo: También en el “borrador” de reforma laboral se incluye una eliminación del tope de aportes personales, que hoy equivale a un salario de $81.918, lo que va unido a una eliminación del haber máximo que alcanza a $53.090 en la actualidad. Esto significa un pequeño incremento en la recaudación hoy a cambio de fuertes gastos a futuro por jubilaciones muy elevadas para un grupo minúsculo y privilegiado de individuos. El cambio tiende a diferenciar y fragmentar aún más a los beneficiarios del sistema, generando fuertes desigualdades.
-* Reforma previsional: De acuerdo a la ley de “Reparación Histórica”, en un lapso menor a un año y medio el gobierno (contando desde ahora) ya debería haber presentado al Congreso un proyecto de ley de reforma previsional. El plan es hacerlo en los próximos meses, aprovechando la avalancha de reformas anunciadas y las negociaciones con los bloques peronistas y de la oposición patronal, los gobernadores y la burocracia sindical. Todo apunta a que el desfinanciamiento autoimpuesto sea utilizado como argumento para avanzar en fuertes reformas regresivas como un incremento de la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres, cambios en la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, y no se descartan grietas donde puedan colarse privatizaciones de distinto tipo.
No hay que olvidar las implicancias ya actuantes sobre el financiamiento de ANSES de las medidas que el gobierno pudo aplicar en sus dos años de gestión, especialmente la “Reparación Histórica”. Esta ley redujo los recursos de ANSEdestinará a las provincias que no transfirieron sus aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También la ley abrió la posibilidad de vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que de concretarse dejaría sin espalda al sistema previsional ante eventuales crisis.
En forma inmediata, la “Reparación” se lanzó con el fin de terminar con los juicios por jubilaciones, poner fin a las moratorias que permitieron hasta ahora jubilarse a mucha gente que no llegaba con los aportes necesarios, y tender a una renta universal más baja que la mínima. Concretamente, la idea era que quienes aceptaran la “reparación histórica” terminaran recibiendo menos recursos que los que deberían cobrar según los dictámenes de la justicia.

Los trabajadores de hoy, los jubilados del futuro

Si en la actualidad el sistema jubilatorio “no da para más” es principalmente por la miseria que reciben actualmente los jubilados y pensionados. En marzo de este año, después de la Reparación Histórica, el 65% de los 6,8 millones de beneficios estaba en el haber mínimo jubilatorio (hoy de $7.245,37) según el Ministerio de Trabajo, mientras que el 88% se encontraba por debajo de la Canasta de los jubilados.
Las medidas de recorte del gobierno sólo apuntan a empeorar esta drástica situación. La propia Universidad Católica Argentina señala la pobreza que atraviesa a los adultos mayores. Los ajustes señalados arriba recaen no sólo sobre los actuales adultos mayores, sino especialmente a toda la masa de trabajadores activos en la actualidad, a quienes el gobierno pretende imponer una profunda flexibilización laboral pero también la extensión de esta precarización de la vida por más tiempo y con peores condiciones a futuro.
Por ello el enfrentamiento a las medidas de ajuste debe ser “en toda la línea”: Rechazar de conjunto la (contra) reforma laboral y tributaria, que el macrismo apunta a hacer avanzar en estas semanas mediante la negociación “punto por punto” que avala la burocracia de la CGT. Y también prepararse para enfrentar las medidas regresivas que se vienen con la reforma jubilatoria.
El desarrollo de la técnica ya permite terminar con la precarización y la flexibilización laboral, alcanzar un salario mínimo que cubra la canasta familiar y un haber jubilatorio que cubra la Canasta de jubilados así como el 82% móvil del último salario para los jubilados. Lejos de reducirlas, una medida urgente para evitar el desfinanciamiento de las jubilaciones es restituir las contribuciones patronales a los niveles previos a las reformas de los años ´90.
Es necesario apostar a un programa integral desde y para la clase trabajadora, activa y pasiva, es decir, un conjunto de medidas que defiendan "nuestra vida" atacando la ganancia de los capitalistas. Esas son las banderas a levantar en oposición a las contrarreformas del gobierno.

Lucía Ruiz
Economista

Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial

Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista. Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.

Necesidad de financiar el déficit

Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el récord de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.

El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?

Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestando por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del paso reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coco Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.

Julio C. Gambina

Una Argentina offshore que sale a la luz

Nuevas revelaciones acerca de los manejos financieros de la cúpula empresaria en la oscuridad

La presencia argentina entre los titulares de cuentas en guaridas fiscales está dominada por representantes de la cúpula empresaria. Los datos publicados por el ICIJ confirman la trama revelada en Argenpapers, de reciente publicación.

Como sucedió con los Panama Papers, las presencias locales en la nueva megafiltración de 13,4 millones de documentos secretos del mundo offshore están dominadas por representantes de la cúpula empresaria nacional. El dueño de Pampa Energía, Edenor, Iecsa y Petrobras, Marcelo Mindlin, figura entre los archivos al frente de una offshore en las Islas Caimán que fue utilizada para adquirir activos en Argentina por 302 millones de dólares. El presidente del Banco Hipotecario, la desarrolladora inmobiliaria IRSA y el gigante agropecuario Cresud, Eduardo Elsztain, emerge como titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y la Isla de Man. Una tercera aparición corporativa es la del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, que recurrió a una firma en las Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones agropecuarias. Una parte de los negocios offshore del dúo Mindlin y Elzstain figura entre los Panamá Papers. Las revelaciones estuvieron a cargo de los periodistas de los diarios Perfil y La Nación que accedieron a las bases de datos administradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La principal fuente para las maniobras financieras y comerciales abusivas canalizadas a través de la red global de guaridas fiscales son los actores económicos privados. Las grandes compañías y sus dueños explican el 63 por ciento de los flujos financieros ilícitos mientras que el restante 37 por ciento se origina en actividades estrictamente criminales. Los flamantes Paradise Papers corroboran las estimaciones realizadas por Global Financial Integrity.
Los nombres que expone la nueva filtración son una constante del mundo offshore. El libro Argenpapers: Los secretos de la Argentina offshore en los Panamá Papers identifica 135 sociedades offshore controladas por 74 grandes empresarios, políticos, abogados y futbolistas en 17 guaridas fiscales. Mindlin y Elsztain aparecen en ese listado como titulares un grupo de empresas radicadas en guaridas fiscales que realizan inversiones inmobiliarias en Venezuela entre 1996 y 1997. En la operación, sostuvo Elsztain, participó el magnate George Soros cuya fundación Open Society Foundations es una de las financistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que dio a conocer los Panamá Papers y los Paradise Papers. Entre los archivos de Mossack Fonseca figuran las actas de una asamblea de accionistas del Fondo de Valores Inmobiliarios venezolano donde Elsztain se presenta como representante de tres empresas offshore. Dos fueron instaladas en Islas Vírgenes Británicas, IRSA International Limited y Quantum Industrial Partners. La tercera es Geosor Corporation domiciliada en Estados Unidos. Mindlin, por su parte, figura en ese documento en representación de la empresa Emerging Dolphin Limited, una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la Isla de Man. Quien también fue identificado en Argenpapers es su socio, el magnate británico y terrateniente patagónico Joseph Lewis, con dos offshore bahameñas llamadas Lago Escondido Inc y Lago Escondido Corp.
La investigación publicada ayer por la periodista Emilia Delfino en Perfil reveló que entre los Paradise Papers, la nueva megafiltración, figura la ingeniería financiera offshore diseñada para que Mindlin adquiriera en 2011 las eléctricas de San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa) así como la distribuidora Eden, que operaba en el norte y el centro de la provincia de Buenos Aires. Pampa Inversiones SA en Uruguay, Inversiones Argentina I en Islas Caimán fueron las empresas montadas para la ocasión por la firma de abogados Appleby. En el caso de Elsztain se identificaron una serie de fondos donde fue accionista como Latin America Capital Partners II LP radicado en las Bermudas y Realty Partners Master Fund LP. Ambos empresarios, Mindlin y Elsztain, aparecen vinculados al Dolphin Global Fund registrado en la Isla de Man con activos por 400 millones de dólares.
La tercera presencia es la de Galperín que figura como como uno de los beneficiarios finales de una offshore de Islas Vírgenes Británicas creada para invertir millones de dólares en una de las diez empresas de producción de granos más importantes del país: El Tejar. La offshore Sur Capital Managers Land Investments Limited se creó el 9 de agosto de 2007. Junto al empresario que se convirtió en el abanderado de los reclamos de condiciones laboral más flexibles, el diario Perfil identificó a otros tres beneficiarios: Patricio Gómez Sabaini (director suplente de Cablevisión Holding SA en diciembre 2016 y accionista de GSC Asesores SRL); Juan Ignacio Cosentino (accionista de GSC Asesores SRL, quien figura además como director y responsable financiero de Sur Capital), y la sociedad Mendala SA.
El trío de empresarios argentinos presentes en los Paradise Papers se sumó al listado que comenzó a esbozarse una semana atrás con las presencias en guaridas fiscales de dos ministros del gobierno de Mauricio Macri: Luis Caputo, de Finanzas, y Juan José Aranguren, de Energía. No es casualidad que ambos provengan de grandes multinacionales como Deutsche Bank y Shell, respectivamente. En el registro nacional de los Paradise Papers difundido hasta el momento figuran además Antonio de la Rúa, Alan Faena, Ignacio Rosner y la minera Glencore.
La riqueza offshore de los argentinos representa entre 40 y 80 por ciento del PBI, dependiendo de las estimaciones. Argentina se ubica, en cualquier caso, dentro de los cinco países del mundo con mayor presencia en paraísos fiscales en relación a su producto. Un estudio realizado por los especialistas de Tax Justice Network revela que la pérdida de ingresos fiscales en el país como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende a 4,4 por ciento del PIB, una medida que sólo superan Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Camorras y Guinea. Las consecuencias exceden sin embargo a la recaudación; la fuga de capitales canalizada a través mundo offshore es una fuente permanente de inestabilidad económica.

Tomás Lukin
Página/12

sábado, 11 de noviembre de 2017

Un pacto contra los trabajadores y jubilados



La presencia de los jefes de la CGT y los gobernadores en la presentación del “plan de guerra” de Macri contra trabajadores, jubilados y las provincias ha sido mucho más que un acto ceremonial. En estas horas, todos ellos avanzan junto al gobierno en la aprobación de este paquete reaccionario, cuyo núcleo, naturalmente, se encuentra en la reforma laboral.
El diario Ambito Financiero de este lunes alude a “un rápido acuerdo entre el gobierno y la CGT”, y detalla con pelos y señales la hoja de ruta de ese acuerdo. A pedido de la burocracia, el gobierno aceptaría modificar en su proyecto la redacción que presenta al “trabajo” como una “cooperación igualitaria” entre obreros y patrones -lo que aportaría la letra para que la Justicia laboral descarte cualquier principio compensatorio favorable al trabajador. Si el gobierno cede en este punto, es porque al mismo tiempo prepara una purga contra los actuales jueces laborales, para volcar a este fuero a resoluciones abiertamente propatronales sin necesidad de un cambio en la norma. Adicionalmente, el gobierno podría ceder en los plazos para la prescripción de los juicios laborales, que el proyecto original pretende acortar. La CGT podría “conseguir” también que se modifique el cronograma de reducción de los aportes patronales, en un marco general de apoyo a este amplio perdón a los empresarios. A cambio de estos cambios menores, la burocracia dejará pasar el corazón de la reforma, entre otros puntos, el recorte sustancial de las indemnizaciones, en cuyo cómputo no entrarían las horas extras, premios y otros beneficios, así como la puerta abierta a “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. El gobierno tampoco cedería en la posibilidad de que un trabajador acepte un contrato individual inferior al de su convenio, así como la rienda suelta a que la tercerización de actividades se extienda sin responsabilidades de la empresa principal.
Moyano, quien tampoco ha cuestionado a la reforma en su conjunto, está pugnando para eximir al transporte de este punto. El gobierno, por ahora, lo extorsiona con posibles carpetazos.
La negociación con la burocracia, sin embargo, no ha empezado ahora. En las reuniones previas a la publicación del proyecto oficial, ya estaban trazadas las líneas de fondo del acuerdo. A cambio de dejar pasar la andanada de medidas flexibilizadoras, la burocracia se llevaba dos cuestiones sustanciales: primero, la preservación del unicato sindical, que el gobierno ha salido a refrendar con una escalada contra los sindicatos simplemente inscriptos. Segundo, la creación de una “agencia evaluadora” de las prestaciones en las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos. De este modo, el gobierno de la “anticorrupción” permitirá que la burocracia sindical le traslade a sus afiliados las costas del vaciamiento que perpetraron contra las obras sociales. Ese fue el acuerdo de fondo que la burocracia preparó, en todo el período previo, entregando conquistas fundamentales en varios convenios colectivos por gremio. La discusión de estos días es sólo la “letra fina” del acuerdo.

Gobernadores

Por cuerda separada, el gobierno también ha salido a asegurarse el acuerdo de los gobernadores y sus representantes parlamentarios, del Pejota, el FpV o el massismo. El anuncio simultáneo de todas las reformas -laboral, impositiva, jubilatoria- no ha sido casual. Las negociaciones en curso entrelazan a todas ellas, pero para sus participantes, el corazón de este paquete es la reforma laboral.
El gobierno, por eso, ya le adelantó a los lobbies capitalistas relacionados con la industria del vino u otras bebidas -y a los gobernadores o diputados asociados a ellos- su disposición a morigerar la carga de los impuestos internos anunciados con la reforma impositiva. La moneda de cambio será, naturalmente, el apoyo de todos ellos a la ley antiobrera en el Congreso. Del lado del gobierno, se va a compensar largamente esa concesión con otro mazazo -la modificación en el cálculo de los aumentos jubilatorios. La expresión política de este acuerdo de fondo no sólo involucra al massismo y al Pejota, sino que se extiende también al Frente para la Victoria. Alicia Kirchner, que estuvo presente en los anuncios del CCK, lleva adelante un brutal ajuste provincial en Santa Cruz en un acuerdo con el gobierno de Macri. En medio de semejante ofensiva, Cristina y los suyos han salido a invocar el “estado de derecho” en su propia defensa. Los que habían prometido ‘ponerle un freno’ al ajuste oscilan entre el desbande y la capitulación. En los antecedentes de flexibilización laboral “por gremio” se inscribe Atilra, cuya directiva se encuentra hegemonizada por la Corriente Federal del kirchnerismo.
El “plan de guerra” oficial ha servido para mostrar la completa sumisión al macrismo por parte de la oposición de cuño capitalista. Más allá de los roces menores con el gabinete, los mandantes de esa oposición, la UIA y la Asociación de Bancos han ordenado cerrar filas con el gobierno, en aras de imponer la reforma laboral.

Política de lucha

El cuadro que aquí presentamos destaca la responsabilidad del clasismo y de la izquierda para oponerle un programa (ver páginas centrales) y una política de lucha a este pacto en curso contra la clase obrera y sus conquistas históricas. Lo que tenemos planteado, en primer lugar, es un enérgico llamado a la deliberación en los lugares de trabajo y en todos los sindicatos, sobre los alcances de la reforma, sus implicancias en cada gremio y cómo la enfrentamos. Los Daer y compañía no tienen mandato para entregar, en la mesa de los ‘arreglos’ con el ministro Triaca, nuestros convenios colectivos, los derechos indemnizatorios, el salario y la estabilidad laboral. Junto al reclamo de asambleas en todas las organizaciones obreras, es necesario articular una política de movilización contra la parálisis y el pacto de los burócratas con el gobierno. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que ha puesto en marcha una campaña contra la reforma antiobrera, ha comenzado una ronda de reuniones con sindicatos y centrales obreras para discutir un programa y una primera respuesta de lucha. La ofensiva oficial, y el compromiso de burócratas y seudoopositores con ella, abre un amplio terreno para sumar a los activistas y luchadores obreros a la pelea por una nueva dirección en los sindicatos y por una alternativa política de los trabajadores.

Marcelo Ramal