domingo, 25 de septiembre de 2016

El asesinato de Rucci



El 25 se septiembre de 1973 cayó bajo las balas de un supuesto comando montonero José Ignacio Rucci, líder de la CGT y hombre de confianza de Perón dentro del sindicalismo *.

Ese día Rucci se retiraba de uno de sus domicilios en Avellaneda 2953. El operativo que terminó con su vida fue conocido bajo el nombre de Operación Traviata. Así relataba entonces la publicación Descamisados los pormenores del atentado: “Cuando se dirigía en un Torino patente provisoria E 75885, que habitualmente lo trasladaba. (…) el operativo que eliminó a Rucci comenzó aparentemente cuando, desde la vereda de enfrente, le fueron arrojadas varias granadas, de las cuales una, al menos, no habría explotado. Tras las granadas, Rucci y Ramón Rocha –un guardaespaldas que llegó con él desde San Nicolás– se parapetaron detrás de la puerta abierta del automóvil. Entre tanto, desde la casa en venta de Avellaneda 2951, a través de un agujero efectuado al cartel del primer piso, se le efectuaban los disparos que le ocasionarían la muerte. En el Torino se encontraron 12 impactos de bala. Los demás acompañantes de Rucci, algunos todavía en la vivienda y otros sobre los otros dos automóviles que acompañaban al Torino, se quedaron paralizados por el terror. El líder de la CGT quedaba acribillado en el piso; Rocha, herido también durante el tiroteo, pedía a gritos ayuda a sus compañeros y Tito Muñoz, el chofer, con varios balazos en el cuerpo, aparecía como muerto. Luego se informaría que Muñoz estaba con vida, y, al igual que Rocha, sería trasladado a una clínica privada donde se le efectuaría una intervención quirúrgica de urgencia”.
La muerte de Rucci impactó fuertemente en el escenario político. En su velatorio Perón se lamentó: "Me mataron a un hijo” y ante el periodismo dijo que "estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas”. No era para menos. Con Rucci se iba el dirigente que le había permitido a Perón recobrar su control sobre la CGT luego del asesinato del "Lobo" Augusto Timoteo Vandor. Este último había intentado disputarle al viejo caudillo la dirección del peronismo. Rucci era un soldado de Perón que se puso al hombro la tarea de salvar al régimen burgués controlando al movimiento obrero insurgente que había parido el Cordobazo en mayo de 1969.
Rucci fue uno de los firmantes del Pacto Social que desde 1973 congelaba precios y salarios y beneficiaba abiertamente a las patronales. Al firmar dicho acuerdo el líder cegetista declaró premonitoriamente “yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, pero, como la Patria está por encima de los intereses personales, lo firmo igual”. Lo cierto es que el interés de la “patria” para Rucci pasaba por liquidar a la vanguardia militante que disputaba las fábricas a la burocracia y amenazaba la dirección del peronismo oficial. Rucci fue uno de los jefes indiscutidos de la derecha peronista y como tal responsable de los crímenes de las bandas fascistas paraestatales, principalmente de la Masacre de Ezeiza contra la Juventud Peronista el 20 de junio de 1973. Por todo ello se ganó merecidamente el mote de traidor por parte de los luchadores obreros.
Los Montoneros coreaban en sus movilizaciones la consigna “Rucci, traidor, saludos a Vandor” autoadjudicándose el hecho. Una muestra trágica de la concepción de la izquierda peronista que buscaban disputar con la burocracia sindical mediante el método del atentado guerrillero y la negociación in extremis con Perón y no con la organización de la lucha de clases contra el Pacto Social y la independencia política de los trabajadores.
Después de la muerte de Rucci la burocracia sindical, como parte de las Tres A y con el respaldo de Perón, recrudeció su accionar contra los luchadores sindicales y los militantes de izquierda.

Facundo Aguirre

La privatización bendita



Hoy se cumplien 33 años de la "aparición" de la virgen del rosario en San Nicolás. Gladys Quiroga Motta, una vecina de lo que posteriormente se llamaría "el campito de la virgen", tenía apariciones de una mujer con haz de luz que la rodeaba.

Ya por entonces la voz comenzaba circular: "a una mujer se le aparece la virgen". No tardó demasiado la iglesia de hacerse eco del "fenómeno sobrenatural" y en un corto tiempo no sólo serían apariciones sino que además la virgen le comenzaría a dar indicaciones. Es así que a diario Gladys distribuía a los que se acercaban a su ya famoso domicilio unos papeles con los mensajes, entre ellos el de la construcción de un santuario y posteriormente las dimensiones y el número de columnas. Y sí, había que buscarle un lugar.
A pocos metros de la casa de "la elegida" se encontraba el "lugar elegido": un amplísimo terreno sobre las barrancas del Paraná, que otrora fuera una populosa Villa miseria. Si señores, topadoras y desalojos durante la dictadura, a la par que anunciaban que "la Villa en pleno centro de la ciudad no va más". Villa Pulmón se había convertido en un terreno inmejorable para un proyecto faraónico como la construcción de un santuario.
La peregrinación de fieles no se hacía esperar y comenzaban a desfilar fieles locales y de los alrededores. Anticipaba un cambio cultural para la ciudad; comenzaba a hacer falta una nueva esperanza para lo que se vendría después y a lo que nos referiremos más adelante.
Ya asegurado el inicio del "fenómeno religioso" se forma lo que se dio a llamar el "movimiento mariano" que se encargaría por intermedio del obispo de la organización para la construcción del templo, entre ello la elaboración de medallas -unos de los pedidos de la virgen en sus apariciones- con su imagen y tres estrellas del otro lado, que significaría la santísima Trinidad. La fe comenzaba a mover montañas, pero de dinero: el mercado religioso en los alrededores, medallas vendidas por kilos y el proyecto más audaz, la construcción del santuario; ya a esa altura el cielo cambiaba de color, y el aire perfumaba a rosas, ante la salida de la inmaculada. No se hicieron esperar las donaciones: cientos de miles de millones comenzaban a correr y se abría la licitación para la construcción del templo. Demoraba unos años la tan enorme cúpula y demandaba muchos millones, ya que el mensaje de la virgen era que debía ser de cobre. A la par que sobraban motivos para que las damas de alta sociedad salvaran sus pecados, las empresas constructoras comenzaban el festín.
Mientras comenzaba a tejerse otra historia. Bajo el Gobierno de Alfonsín, allá por el 85, el gasto público asediaba la economía y las empresas públicas, como el caso de SOMISA, deberían sufrir un ajuste: de los 11.600 empleados sólo quedarían unos 5.000, mientras se impulsaba la reforma a la ley de Convenios Colectivos de Trabajo a convenio por empresa. El repudio y el rechazo a la ofensiva no tardó en hacerse escuchar: una gran movilización de obreros y familiares, encabezada por Saúl Ubaldini, el entonteces secretario de la CGT, y la UOM local de la mano de Naldo Brunelli. Los cimientos de la ciudad vibraban en un acontecimiento sin precedentes y marcaban una sola premisa: No a la privatización. El primer intento del gobierno radical había fracasado y por ese entonces se imprimían miles de ejemplares con los "mensajes de la inmaculada" y todo el arco político apoyaba aceleradamente el proyecto faraónico de la construcción del templo
Ni bien asume Menem al frente del gobierno no tardó en descubrirse que el intento privatizador radical había sido solo un primer paso. Nuevamente el rumor comenzaba circular: SOMISA tiene excedente de personal y el estado ya no puede hacerse cargo del déficit. El mismísimo Menem, el riojano peronista, el de patillas grandes y poncho en el hombro que hablaba con tonada del interior en su campaña había visitado la planta de la mano de Brunelli diciendo que de ninguna manera se podía privatizar y que iban a sacar acero hasta del horno de las panaderías.
Neustadt era el periodista estrella y ya reclamaba la entrega de "las joyas de la abuela". Las intervenciones se sucedían en las asambleas de 10.000 trabajadores, la angustia ya se comenzaba a notar en los que podían quedar sin su fuente de trabajo y lo que podía pasar en San Nicolás, con el impacto económico que representaba.
El gobierno peronista, el que “defiende los intereses de los trabajadores”, traza un plan en común con la UCD: María Julia Alzogaray pedía desprenderse de 8.000 trabajadores y la privatización. En una asamblea obrera se plantea la disyuntiva de tomar la fábrica o viajar a Buenos Aires; Brunelli jugaba todas sus fichas para que la decisión fuera la segunda. ¿Quién encabezaría la movilización obrera? Así es; la mismísima virgen del rosario, la de "el Campito", que hacía su aparición en un conflicto obrero. Cientos de micros con miles de obreros partían a Buenos Aires, mientras a su vez la fábrica era ocupada... por gendarmería. Hicimos una gran movilización al congreso y al regresar encontramos la fábrica militarizada. El acampe era la única salida, las carpas y un santuario enclavado en la mismísima Portería; el rezo y el rosario eran diarios, los obreros ya estábamos en manos de dios.
La intervención de Jorge Triaca anuncia que se detiene la producción de uno de los Altos Hornos y desde el palco algunos obreros piden entrar y enfrentarse a los milicos. Brunelli con lágrimas en los ojos, pidió que no se nos ocurra, que estos tipos tiran a matar: "Menem no vale una gota de sangre de todos ustedes"; "entraré yo con seis o siete delegados y por favor no me crucen el portón”. Y no pudo faltar un pedido: dirigiendo su mirada a la virgen que se encontraba a un costado del palco, nos dice “recen por nosotros”.
Se abría paso una nueva negociación con participación accionaria, los retiros voluntarios ya eran en un hecho. 8.000 trabajadores quedan literalmente en la calle, destrucción de sectores productivos. A muchos no les queda otra salida que recibir el retiro y ponerse un quiosco, un remís, una pollería o -como no podía faltar- un puestito en el campito.
Ciudad del Acero hasta ese momento, San Nicolás pasaría automáticamente a llamarse Ciudad de la Virgen. La desazón, la pérdida de familias y el hundimiento económico son las primeras secuelas de la privatización. Barrios obreros arrasados por la miseria, quiebras y suicidios eran las noticias a diario. La venta de lo poco queda y el exilio marcaban el pulso de una ciudad que recibía "la bendición". Vender rosarios y estampitas podía ser una salvación y los miles de fieles colmaban e intentaban fríamente suplantar lo que había sido una de las ciudades más pujantes y de crecimiento poblacional más importante de la provincia. Los miles de obreros que habían encontrado una salida a las derruidas economías y miserias en las provincias y ciudades lejanas trabajando en SOMISA, ahora debían emprender el regreso a su lugar de origen, mientras los hijos de los obreros comenzaban a conocer el hambre y la desesperación.
Hoy esas secuelas estructurales que produjeron la privatización de SOMISA y los que aún nos dirigen y gobiernan, lejos están de haber sido revertidas.
Esta nota no trata de herir la susceptibilidad de los creyentes; sólo reflejar los dos más importantes acontecimientos que marcaron a fuego la cultura y dinámica de una ciudad y cuánto tuvieron en común, lo que indudablemente fueron dos fenómenos que marcaron una historia negra y que aún se sufren sus consecuencias. Ni la virgen pudo, la privatización ya había sido bendecida.

Hugo Sivori
Trabajador Siderar

Voto Femenino: nadie nos regaló nada



El 23 de septiembre de 1946 fue aprobada la ley 13.010 que establecía la obligatoriedad del voto a las mujeres mayores de 18 años. Un reclamo que las socialistas y feministas llevaron a las calles desde principios del siglo XX.

Un día como hoy, hace 70 años, Juan Domingo Perón firmaba el decreto presidencial N° 29.465 que le daba valor institucional a la ley 13.010, sancionada por la Cámara de Diputados días atrás. Ésta establecía la obligatoriedad del sufragio para todas las mujeres mayores de 18 años y ratificaba su derecho a candidatearse para la función pública. La Confederación General del Trabajo convocaba a una masiva movilización frente a la Casa Rosada y, desde el balcón, Evita brindaba un encendido discurso.
El peronismo anunció esta ley como el fruto exclusivo de su voluntad política. Sin embargo, entre 1919 y 1942 se presentaron más de veinte proyectos sobre el tema; y el diálogo entre socialistas y sufragistas supo delinear la primera oleada del feminismo en el país apenas iniciado el XX.

Los pasos fundacionales

A mediados de 1880’, irrumpía en Argentina una indómita clase obrera, gestora de huelgas y conflictos. Las mujeres fueron protagonistas de estos procesos aun cuando no disponían la potestad legal ni para realizar trámites. En este marco, profesionales e intelectuales confluyeron con trabajadoras y militantes en el reclamo por sus derechos. Entre ellos, el sufragio.
Una portavoz de esta lucha conjunta fue, sin duda, Julieta Lanteri, inmigrante italiana que se convertiría en una de las primeras médicas del país.
En 1907, acompañada por Alicia Moreau, Sara Justo y Elvira Rawson de Dellepiane, inauguró el Comité Por-Sufragio Femenino, alentando la participación de la mujer en la vida política. Y en 1910, junto a sufragistas como María Abella de Ramírez, feministas universitarias y militantes socialistas, participaría del Congreso Femenino Internacional (del cual sería Secretaria General) que se celebró en Buenos Aires con ocasión del Centenario de 1910.
Lejos de bregar únicamente por el derecho al voto, la pelea de Lanteri incluía la denuncia a las condiciones inhumanas de las trabajadoras, la defensa del divorcio y una crítica a la Iglesia Católica. En este camino, logró convertirse en la primera mujer votante en Sudamérica (luego de batallar para que la incorporen al padrón electoral), y se postuló como diputada nacional en 1919 por el Partido Feminista Nacional que ella misma fundó.
Su nombre –así como el de Fenia Cherkoff o Alicia Moreau de Justo- pasó a la historia por haber tomado en sus manos la pelea por el voto, en un contexto de efervescencia social donde las obreras hacían temblar a los patrones, y las militantes anarquistas y socialistas encontraban un terreno fértil para la acción.

Radicales y socialistas: los primeros proyectos

El sufragio femenino tanto como el status jurídico de las mujeres estuvieron en el centro del debate internacional en las postrimerías de la I Guerra Mundial. El mismo había sido aprobado en Estados Unidos e Inglaterra (donde paradójicamente constituyó un elemento que coadyuvó al desarmamiento del movimiento feminista, ya debilitado por las presiones nacionalistas). A su vez, se discutía en España, Italia, Francia, al igual que en México y Uruguay. La élite argentina, imbuida en pretensiones de modernidad, no podía quedar afuera.
En el país, el primer proyecto por el sufragio femenino (para mayores de 22 años) fue introducido en 1919 por el diputado de la Unión Cívica Radical, Roberto Araya, quien alegaba que esto traería “beneficios en los órdenes políticos social y moral”. De hecho, entre 1916 y 1930, los radicales se pronunciaron a favor de este derecho en diversas ocasiones. Pero la ambivalencia y discusiones internas que tenían, mostraban las contradicciones inherentes al partido de Yrigoyen.
Como indica la historiadora Silvina Palermo, Araya así como otros correligionarios entendían que la incorporación política de la mujer podía ejercer “un efecto moderador sobre las divisiones de clase” –que habían estallado en sucesos como la Semana Trágica o las huelgas patagónicas-. Si bien los radicales compartían la idea de que la vía electoral podía servir para canalizar el descontento social, no todos estaban de acuerdo sobre llevar adelante los cambios.
El diputado Leopoldo Bard introdujo en 1926 un proyecto que propulsaba el voto para “las mujeres mayores de veinte años y diplomadas en universidades, liceos, escuelas normales, secundarias y especiales”. Replicando la propuesta que elevó Juan Frugoni, en 1922, cuestionaba el concepto de “universalidad” de la llamada Ley Sáenz Peña –que instituyó el voto masculino-. En 1929, Belisario Albarracín, de la misma fuerza política, presentó otra iniciativa que excluía a las mujeres que no supieran leer ni escribir. Los legisladores radicales establecían así una jerarquía donde el sector más oprimido, las mujeres trabajadoras, quedaban afuera. En esto, no se diferenciaban de las propuestas de los conservadores como José Bustillo.
Distinto fue el tratamiento que le dieron al tema los diputados del Partido Socialista. A diferencia del resto del arco político, que reproducía una serie de prejuicios propios de la época sobre las mujeres –hablando de su “banalidad”, “inmadurez” y “fragilidad física”- los socialistas retomaban la tradición europea y sostenían la igualdad de capacidades intelectuales entre los sexos (aunque no escapaban a los argumentos natalistas y en torno a la familia). Entre sus filas, no sólo actuaban intelectuales y sufragistas a las que hemos hecho alusión sino que militaron combativas dirigentes obreras como Carolina Muzzili.
Los diputados y senadores socialistas llevaron al Congreso el reclamo por el voto en repetidas ocasiones. Alfredo Palacios lo hizo en 1911, aún antes de que se concretara el sufragio secreto y obligatorio para los hombres. En 1929, Mario Bravo volvió a presentar el texto, que llegó al Parlamento junto con 95 mil boletas electorales firmadas mujeres de todo el país.
“Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora; la cocinera, socialista, y la mucama, socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar”, alarmaba el diputado Uriburu del Partido Conservador. Contra su voluntad, el proyecto de Bravo fue aprobado por la Cámara Baja. Sin embargo, como nunca fue tratado por la de Senadores, caducó en 1935.

1947: el sufragio femenino se convierte en ley

En 1944, las mujeres representaban casi el 30% de la fuerza de trabajo existente constituyendo una base social de importancia. Juan Domingo Perón tomó nota y, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, creó la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer. A su vez, se acercó a referentes feministas y sufragistas, creando incluso la Comisión Pro Sufragio Femenino, presidida por la escritora riojana Rosa Bazán de Cámara.
Una vez en la presidencia, Perón levantó la consigna del voto femenino en la inauguración de las sesiones legislativas de 1946 así como en la presentación del Primer Plan Quinquenal. Nuevamente, la situación mundial abonaba. Después de 1945, este derecho se había extendido por muchos países, incluida Hispanoamérica. Para ese entonces, en Argentina, el movimiento sufragista se encontraba en franco retroceso. Los límites del Partido Socialista contribuyeron a ello.
El peronismo se valió de argumentos que diferían de aquéllos expuestos durante la etapa anterior. Invirtiendo lo que afirmaban los conservadores sobre la nocividad de la discusión política en el seno de hogar, se exaltaba el rol de la mujer en la formación del trabajador (y, sobre todo, del trabajador-peronista). Curiosamente, los legisladores justicialistas se apoyaban, para los debates, en el papel de la mujer presente en la doctrina cristiana, resaltando la igualdad espiritual, la centralidad de la familia y la maternidad.
La ley fue aprobada en septiembre de 1947 sin oposición abierta más que por la Alianza Libertadora Nacionalista. Días después, cuando se firmó el Decreto del Poder Ejecutivo que la avalaba, Eva –quien se sumó a la defensa del sufragio femenino recién en 1947- planteaba: “Tenemos para conquistar y merecer lo nuestro tres bases insobornables, inconmovibles: ilimitada confianza en Dios y en su infinita justicia: una patria incomparable a la cual amar con pasión y un Líder al que el destino modeló para enfrentar victoriosamente los problemas de la época: el General Perón”. Afirmaba, además, que las mujeres son “la columna básica del hogar”.
Finalmente el 11 de septiembre de 1951, cuatro años más tarde, las mujeres acudieron a las urnas. Se habían incorporado casi cuatro millones de electoras al padrón, de las cuales votaría más del 90%. El 64% de estas boletas fueron para la fórmula presentada por el oficialismo.

Un derecho conquistado con años de lucha

Todavía en 1947 la mujer casada era considerada legalmente como “incapaz de hecho relativa”, relegándola a un papel completamente subordinado frente al hombre. Así permanecería hasta mediados de los 80’, cuando recién se alcanzaría la igualdad ante la ley de los cónyuges.
El sufragio femenino no partió de la sensibilidad de una fuerza política sino que respondió a la necesidad del gobierno de fortalecer su base social y fue parte de una estrategia pasivización de los trabajadores y trabajadoras a través de concesiones desde el Estado.
“Nadie nos regalará nada”, alertaba Lanteri a comienzos del siglo XX mientras llevaba a las calles este reclamo. Actualmente quedan muchos derechos pendientes. La afirmación permanece incolúme: el camino sigue siendo la lucha.

Jazmín Bazán

“Brotes verdes”, con tarjeta y en seis pagos



En las últimas semanas, los voceros económicos del macrismo se han empeñado en presentar evidencias de los llamados “brotes verdes”. O sea, señales de que la economía estaría saliendo de la recesión e iniciando una curva ascendente. Los propagadores de esta especie se fijan en algunos datos estadísticos y sus variaciones porcentuales, pero no se detienen en los mecanismos y, sobre todo, las bases sociales de un eventual repunte. Por lo pronto, y a despecho de los que buscan los “brotes”, la producción industrial acumula en los primeros ocho meses del año una caída del 4,5%, en un cuadro donde industrias estratégicas –como la automotriz o el acero- superan los diez puntos porcentuales de retroceso. En un cuadro signado por una caída del salario real del 10 al 15% y el aumento de la desocupación abierta, el consumo doméstico ha caído sin que ello tuviera como contrapartida un aumento de la inversión fija, que también declinó. La consecuencia necesaria de lo anterior es la fuga de recursos al extranjero, como lo demuestra la salida neta de divisas del país (unos 9.000 millones de dólares en ocho meses, de acuerdo al balance cambiario del Banco Central). Ni la devaluación, ni la batería de incentivos al gran capital –eliminación de retenciones, elevación de subsidios- han servido para remontar una crisis capitalista que se remonta a hace casi un lustro. El único “resultado” de esta montaña de beneficios ha sido el aumento del déficit fiscal.

Endeudamiento privado

¿Dónde están, entonces, los “brotes verdes”? Lo que los diarios han hecho sonar con bombos y platillos en estos días es el crecimiento del crédito privado, el cual, por primera vez en el año, estaría superando a la tasa de inflación. Rápidamente, esa recuperación ha sido exhibida como consecuencia de un supuesto aumento del poder adquisitivo, el cual contaría ahora con aliento para sostener un mayor nivel de endeudamiento. Esta pretensión, sin embargo, choca con los datos de ingresos y de pobreza, que revelan que cerca de dos tercios de las familias trabajadoras (incluso con sueldos en blanco) no llegan a la canasta familiar. Por eso mismo, la información sobre la deuda privada aporta otro dato revelador: el rubro que lideró su aumento es el de las tarjetas de crédito, la forma más cara de endeudamiento de las familias. La estadística bancaria no informa sobre la naturaleza de estos gastos con tarjeta. Pero es sabido que una parte de ellos se dirige al financiamiento de compras de consumo inmediato (supermercados). Los entusiastas de los “brotes verdes” deberían informar qué parte de este estallido del crédito responde a la realidad de familias que no llegan a fin de mes y financian sus gastos corrientes, con consecuencias naturalmente explosivas a mediano (y no tan mediano) plazo.
En la misma información, y en relación a otras formas de crédito, se atribuye la expansión a “las campañas agresivas que lanzaron los bancos para aprovechar el último tiempo de tasas altas” (Ambito, 22/9). Los bancos están actuando compulsivamente para colocar préstamos. Cuando éstos tienen lugar a tasa fija (y alta), la apuesta a una baja de la inflación les augura márgenes enormes a la hora de su repago. Desde luego, la contrapartida la vivirán los deudores, atados a interés gravosos con una inflación (y ajustes salariales) en baja. Estos “brotes verdes”, fundados en el endeudamiento de consumo, podrían conducir, más temprano que tarde, a un estallido agravado de la crisis económica.

Endeudamiento general

Pero lo que ocurre en el ámbito de los créditos privados es un botón de muestra del conjunto del programa económico oficial, a saber, la tentativa de reciclar la bancarrota que dejó el kirchnerismo a través de una gran operación de endeudamiento. Siempre en relación al aumento de la deuda privada, los observadores señalan una fuerte tendencia de los exportadores a tomar deuda en el exterior colocando como garantía a sus ventas futuras –o sea que los ingresos de la balanza comercial comienzan a tener como contrapartida una acreencia sobre el país (los dólares a privados deben ser provistos, en última instancia, por el Banco Central). Más aún: los bancos están ofreciendo líneas de crédito en dólares para financiar ¡los pagos del blanqueo!, o sea que la gran fuente de recursos que prevé el gobierno para enjugar sus déficits será también una fuente de endeudamiento. Argentina se encamina a una deuda externa (pública y privada) cercana al 40-45% del PBI, ello, con una balanza comercial tambaleante y, en perspectiva, deficitaria (¡más aún si se confirmaran los “brotes verdes”, o sea, una reactivación, que conduciría a un aumento de las importaciones de insumos!). El macrismo procura patear para adelante los monumentales desequilibrios económicos que dejó el kirchnerismo, como resultado de una década de rescate sistemático a los mismos intereses sociales que hoy celebran el regreso a los mercados de deuda. El capital internacional, resignado a obtener tasas de interés negativas por sus recursos sobrantes en los grandes mercados del mundo, celebra este hipotecamiento argentino que deberá, conducir, más temprano que tarde, a una crisis de pagos. El ingreso de dólares para endeudamiento refuerza las tendencias a la inflación en moneda dura y, por lo tanto, a la agudización de la competencia internacional. Sin embargo, una devaluación, como consecuencia de esos desequilibrios, mandaría a la quiebra a los “nuevos” endeudados.
Los límites y contradicciones de los dudosos “brotes verdes” de la economía macrista son inocultables. Los trabajadores y la izquierda debemos oponer un programa de salida a la crisis fundado en otras bases sociales, a partir del salario, del derecho al trabajo y de una reorganización económica a costa del capital.

Marcelo Ramal

"Un presupuesto de ahogo financiero y ataque al salario" // Néstor Pitrola

Presupuesto: sobreendeudamiento y superpoderes



Un ajuste contra la clase obrera en favor del capital financiero.

Prat Gay presentó la “ley de leyes” 2017 como “el presupuesto de la verdad”. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Para desmentirlo, dos días después, en la exposición de la Comisión de Presupuesto, el vice de Hacienda Pedro Lacoste dijo que, macroeconómicamente, es un presupuesto de “expansión” y de inmediato el de Finanzas, Luis Caputo, dijo que se trata de un plan de “ajuste gradual”. ¿En qué quedamos?
Efectivamente, como primera medida surge que a fines de 2017 habría 10 mil empleados estatales nacionales menos, lo que debe ser motivo de debate inmediato en ATE y todos los gremios estatales. En segundo lugar, fija una pauta salarial del 17% que -asociada a la negativa rotunda a la reapertura de paritarias 2016-, consagra una caída histórica del salario real, aun cuando fuera cierta la inflación prevista del mismo porcentaje, que por muchos motivos resulta inverosímil. Otro tanto ocurre con la jubilación, sobre la cual no se prevé ninguna otra mejora que no sea la movilidad automática, que este año 2016 perdió 13 puntos hasta el presente.
Aranguren, en el final de la audiencia pública del gas, ha convalidado nuestra denuncia. En 2017, las tarifas del gas (y, obvio, todas las demás) aumentarán como mínimo un 72%, lo que resulta del aumento en dólares de las tarifas y de la devaluación prevista del peso. ¿Cómo compatibilizar una inflación del 17% con semejante nivel de incremento tarifario? No hubo respuesta.
La emisión total de deuda prevista en las planillas entregadas es de u$s 55.000 millones, de la cual u$s 26.000 millones, son nueva deuda. La cifra tirada por Caputo de u$s 18.500 millones como “necesidad de endeudamiento” es engañosa porque se trata del financiamiento privado externo previsto. Buena parte de los intereses de los fuertes vencimientos de deuda 2017 (Club de París, etc.) serán refinanciados incorporando intereses a capital y en sus propias palabras “para los bonos en manos de organismos estatales –léase Anses y otros- la renovación será automática”. El colosal empapelamiento kirchnerista del Anses se seguirá ampliando y con ello, el carácter de “pagadios” de los papeles en manos de organismos públicos.
El stock de deuda nacional (provincias aparte) de u$s 247.000 millones, según reconocieron los funcionarios, se ampliará considerablemente. Pero, preguntados por esta bancada, cómo saldrán de la bomba de tiempo del déficit cuasi fiscal que generan las Lebac que suman más de 600 mil millones de pesos a altas tasas y de vencimientos trisemanales, lisa y llanamente no contestaron. Esto tiene una importancia capital, porque de allí se sale licuando con emisión monetaria y la inflación jamás sería un 17% -y el peso del negociado terminaría cayendo en la población mediante el impuesto inflacionario- o se emiten bonos de deuda del tesoro que ampliarían enormemente la deuda informada, violentando en ambos casos el presupuesto presentado.
Cuando Lacoste habló de “expansión” se refirió a la ampliación del déficit inicialmente previsto al 4,2% del PBI. Desde el vamos el FMI no le cree y pronostica más del 5%. Pero de ese déficit, $247.000 millones van a intereses de la deuda, el resto en “gastos tributarios” -en su mayoría, exenciones impositivas al capital, subsidios a las automotrices, a las Pymes y las conocidas caídas de retenciones al capital agrario y las mineras. Cero expansión, cero gasto social expansivo, cero gasto productivo. El déficit fiscal y la emisión monetaria espúrea alimentan el gasto financiero parasitario que ahoga la economía entera. De hecho, en estos días, se modificó el presupuesto de este año 2016 y se reasignaron partidas por más de $95.000 millones para pagar "intereses y comisiones" de la deuda pública, al tiempo que (se) amplió la emisión de Letras por US$ 700 millones (La Nación, 21/9).
Surge la pregunta: ¿cómo hicieron para semejante reasignación? Aplicaron los superpoderes del kirchnerismo. ¿Y para el 2017? Siguen los superpoderes, con un techo insignificante.
La presencia de la misión del FMI, al mismo tiempo que se trata el presupuesto es una operación de relojería. Vienen a ofrecerse de garantes de un curso sideral de endeudamiento que nos conducirá a un nuevo default y en el que ellos se presentan como rescatistas de última instancia, película conocida por los argentinos y por el mundo todo.
Los funcionarios tampoco contestaron de dónde se financiará la caída de la recaudación del Anses por la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias. Simplemente irá contra los jubilados y su movilidad.
El otro punto que no contestaron es cuántos trabajadores, jubilados y monotributistas están pagando ganancias hoy. Tampoco qué parte del 5,57% del PBI que reportará ganancias, según el presupuesto, corresponde a la cuarta categoría de ganancias.
No contestan porque está prevista una actualización del mínimo no imponible del 17% que deja intocado el famoso impuesto al salario y porque la modificación de la escala que presentarán no sólo es mínima sino que se “autofinancia”, o sea que se redistribuye su incidencia pero con un resultado fiscal neutro. Sigue la confiscación del salario por la vía del impuesto a las ganancias.
El presupuesto presentado es expresión de una crisis fiscal porque financia gastos corrientes con deuda, implica ajuste contra los trabajadores y jubilados, disimula la bancarrota del Banco Central, prolonga los superpoderes para gobernar por decreto, gasta lo que no hay en subsidios al capital, ajusta contra los trabajadores estatales, es decir contra la educación, la salud pública, es absolutamente modesto en inversión en viviendas y desvaloriza salarios y jubilaciones. El financiamiento de la ley de los jubilados depende de un blanqueo que por ahora no funciona, para lo cual ya están vendiendo las acciones del Ansés, y, por sobre todas las cosas es un presupuesto a la medida del negocio del capital financiero internacional.
El movimiento obrero debe movilizarse en su contra.

Néstor Pitrola

Las graves violaciones de los derechos humanos como estrategia de rentabilidad empresarial

El título es provocador y se puede aclarar: nos referimos a la responsabilidad de empresas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Un reciente informe investigó 25 casos y evidenció cómo un grupo de empresarios dispuso una estrategia de rentabilidad que se consubstanció con la represión estatal ilegal para reprimir a los trabajadores.1 La discusión se inserta en el más amplio y actual debate sobre empresas y derechos humanos, que alcanza a las Naciones Unidas.2 Qué empresarios, cómo y por qué, se involucraron en estos delitos contra la humanidad. Ford, Fiat, Mercedes Benz y otras multinacionales, incluidas.
En marzo de este año, en el marco de las conmemoraciones por los 40 años de iniciada la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), se conoció el fallo judicial que dictaminaba por primera vez en la historia de este país la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad contra trabajadores. Marcos Levín, ex dueño de la importante compañía de transporte La Veloz del Norte, oriunda de la provincia de Salta, fue condenado a doce años de prisión por participar del secuestro y los tormentos que sufrió un trabajador y delegado gremial de su empresa.
La oportunidad del fallo no pudo ser mayor: por la fecha que se conmemoraba y por los cambios políticos que advertían el final de una etapa, sobre todo en materia de derechos humanos. Otros juicios e investigaciones judiciales esperan su turno: Ford, Mercedes Benz, Techint, Fiat, son algunas de las empresas cuya responsabilidad en delitos de lesa humanidad está suficientemente informada, aunque su transitar por el campo de la justicia se hace demasiado pedregoso.
La presentación ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal argentino del informe que analiza en conjunto y comparativamente 25 casos de participación empresarial en la represión durante el terrorismo de Estado procura contribuir a que el proceso de justicia por graves violaciones a los derechos humanos en el país asimile la noción ya ampliamente aceptada en el campo de la memoria y la verdad sobre la co-responsabilidad de grupos de poder del campo civil junto a las fuerzas represivas del Estado en los hechos de aquella época.

El informe sobre los crímenes empresariales

El trabajo mencionado se terminó y presentó en diciembre de 2015, tras casi dos años de arduo trabajo conjunto de cuatro instituciones argentinas, dos civiles y dos estatales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, juntaron una veintena de investigadores (historiadores, antropólogos, sociólogos, abogados) para cubrir una cuenta pendiente en la historia del terrorismo de Estado: analizar la participación empresarial en la represión contra los trabajadores.
Es una meta diferente a la de indagar el rol de ciertos empresarios en el manejo de áreas claves del Estado en relación con la economía, el delito económico o la propia represión contra algunos empresarios.1 En este sentido, resulta necesario aclarar de entrada: no decimos “todos los empresarios” participaron de la represión. Si bien el sector al que pertenecen los casos investigados fue beneficiado por la represión en términos generales, hablar de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y de estrategia se refiere a las personas o empresas específicamente investigadas. En este sentido, hay que pensar la disputa al interior de los empresarios, ya que el modelo económico implantado fundió a numerosos pequeños capitales, mientras que más de un centenar de empresarios fueron secuestrados y torturados para robarles sus empresas y la dictadura en muchos casos se refirió a los “empresarios subversivos”.
En esta oportunidad, nos preguntamos quiénes, cómo y por qué, diferentes empresarios se involucraron en la represión del Terrorismo de Estado. La preocupación no era nueva. La responsabilidad empresarial había sido señalada en numerosos testimonios apenas iniciada la transición democrática, a partir de 1984, ante las comisiones investigadoras (como la Conadep) y tribunales judiciales (algunos bajo jurisdicción militar), incluyendo el Juicio a las Juntas de 1985. Asimismo, algunas investigaciones académicas y periodísticas habían contribuido al tema. Distintas instancias judiciales nuevamente en los ’90 pusieron de relieve este asunto, destacándose el informe que en 1998 presentó ante el juez Baltasar Garzón en España la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La reapertura de los juicios de lesa humanidad en la primera década del siglo XXI (tras anularse las Leyes de Impunidad de los años noventa), permitió comenzar a sistematizar, según el caso que se investigaba, esta información existente, y a recolectar nueva información.
Partiendo de estas bases, seleccionamos 25 empresas de entre más de doscientas con alguna mención sobre trabajadores víctimas, y comenzamos la tarea de búsqueda de documentos en distintos archivos al tiempo que trabajamos con entrevistas a ex trabajadores, víctimas y familiares. Las empresas seleccionadas fueron nacionales y extranjeras, de distinta localización y actividad (industria automotriz, naval, siderúrgica, de cerámicos, azucarera, yerbatera, gráfica, cementera, textil y de calzado, frigorífica, y servicios de transporte, entre otros), todas significativas por su importancia económica y/o política. Una de ellas, Astilleros Río Santiago, era estatal, bajo dominio de la Armada. Otras fueron: Ford Motor Argentina, Mercedes Benz, FIAT, ingenios Ledesma, Fronterita y Concepción, Dálmine-Siderca y Propulsora Siderúrgica, Swift, Acindar, Grafa, Grafanor y Molinos Río de la Plata, Astilleros Mestrina y Astarsa, Cerámicas Cattáneo y Lozadur, Petroquímica Sudamericana, Minera Aguilar, La Veloz del Norte, Loma Negra, Las Marías, Alpartagas y el multimedio La Nueva Provincia.
El estudio, editado en dos tomos de más de mil páginas (disponible en empresasydelitosdelesa.blogspot.com.ar) enseña que la supremacía militar en el campo represivo se combinó en estos casos con la activa y decisiva participación de distintos funcionarios de las empresas. La existencia de un patrón de lo que denominamos prácticas empresariales represivas permite concluir sobre la puesta en práctica de una estrategia de rentabilidad anclada en el terrorismo de Estado para disciplinar y movilizar militarmente la fuerza de trabajo. Se contaron 869 víctimas para estas 25 empresas: 354 desaparecidas, 65 asesinadas y más de 450 sobrevivientes
El patrón común detectado enseña prácticas que iban desde variadas formas de militarización de los espacios laborales hasta la provisión de insumos esenciales que habilitaron, facilitaron y exacerbaron la represión. Encontramos a los empresarios, mandos altos, medios y bajos, desde accionistas y dueños hasta capataces, pasando por gerentes de áreas de Personal y Vigilancia, en posición de franca iniciativa represiva. Secuestros en fábrica, vinculación entre secuestros y despidos, supervisión militar de la producción, aporte de legajos laborales y fotos, militares en cargos claves en las empresas, infiltración de agentes, entre otras. La práctica más violenta fue la instalación de centros clandestinos de represión dentro de los predios fabriles, como sucedió en La Fronterita, Acindar o Ford, entre otros. La mayoría de las víctimas tenían una activa militancia gremial o política, no necesariamente revolucionaria ni adherente a la lucha armada. En muchos casos, fueron secuestrados trabajadores sin antecedentes de militancia. El aleccionamiento fue mayor porque –aunque existieron niveles de intensidad- no hubo discriminación.
Algunos ejemplos sirven para ilustrar el asunto. Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, empleaba en su empresa a un subcomisario con quien organizó una causa de estafa contra choferes y azafatas, mediante la cual se permitió detenerlos y llevarlos a la comisaría. Allí, fueron torturados y obligados a firmar confesiones, estando Levin en el propio centro clandestino de detención. Este empresario llegó incluso a utilizar micros de su empresa para trasladar detenidos. En otro caso, José María Menéndez, coronel de Caballería retirado, fue nombrado gerente general del directorio de Grafa y de Grafanor del grupo Bunge & Born en septiembre de 1976. A los pocos días, fueron secuestrados 8 trabajadores de esta empresa. De estas víctimas, la única que fue secuestrada en la puerta de la planta no había entregado meses antes una planilla que la compañía exigía completar, con el itinerario que seguía cada trabajador de su casa al trabajo. Todas las demás fueron secuestradas en sus casas o saliendo de ellas. En Astilleros Río Santiago, el día del Golpe, se instaló un retén militar en el acceso a la planta industrial: durante semanas, los trabajadores formaban fila para ser identificados al ingresar. Las demoras del ingreso podían alcanzar varias horas. Trabajadores identificados en un listado eran separados y detenidos.
Una veintena de diferentes prácticas hemos detectado en cada empresa analizada, repitiéndose en numerosas ocasiones las mismas. Los ejemplos que podríamos dar y que se desarrollan en la investigación son interminables. Conviene señalar una de las más frecuentes y utilizadas y que enseña el interés más mundano de la empresa: la vinculación entre el secuestro y el despido. Ford fue una de las compañías que más abiertamente colaboró con la represión: tenía un destacamento militar en su interior y el quincho recreativo de los trabajadores fue utilizado tipo vivac militar para secuestrar y torturar a delegados gremiales. Los directivos amenazaban a los trabajadores con el uso del Ejército y enseñaban a toda hora tener un conocimiento preciso de la situación de los secuestrados. Oficiales del Ejército admitieron ante los familiares que la empresa señalaba a quien detener. A poco de producirse el Golpe, directivos de la empresa explicaron a oficiales de inteligencia policial que tenían la “urgente necesidad de medidas” para “prescindir del personal que (…) resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas”. El agente traducía: “un voto de confianza para que la patronal efectúe los despidos que crea necesario”. En menos de diez días, una decena de delegados fue secuestrada. Los trabajadores recibieron telegrama de despidos y cuando sus familiares respondieron que los trabajadores se encontraban secuestrados, volvieron a recibir telegramas intimidatorios de la empresa para que se presenten en sus lugares de trabajo.

La trama de la responsabilidad empresarial: una lectura histórica

Argentina tiene una larga historia de represiones obreras, legales e ilegales, bajo gobiernos democráticos y dictatoriales, que incluyen –incluso en democracia- barbáricas masacres obreras como las de los años 1919-1921 en La Patagonia o en La Forestal. En todos estos casos, grupos empresarios tuvieron notoria responsabilidad. En los procesos represivos más intensos, la conflictividad laboral estaba atravesada por enfrentamientos sociales más amplios, que a nivel económico enseñaban profundas transformaciones de los procesos de trabajo y modelos de acumulación, y a nivel político e ideológico procesos de intensa lucha entre fuerzas sociales. Los obreros reprimidos entre 1919-1921 fueron acusados por los empresarios de instalar “soviets” en las fábricas o campos. Los obreros reprimidos en la década de 1970 fueron acusados de “subversivos”, “guerrilleros” o “terroristas”. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, los conflictos a nivel fabril estaban atravesados por los procesos globales de descolonización y de luchas revolucionarias que seguían, entre otros, el ejemplo cubano.
En 1969, los estallidos sociales en las ciudades de Córdoba y Rosario, expusieron la peligrosidad que representaba para las empresas el ascenso de la militancia y organización sindical en los establecimientos laborales, vinculada o no a organizaciones revolucionarias y armadas. Los términos “ausentismo”, “insubordinación”, “improductividad”, organizaron el discurso de los sectores empresariales, que se potenciaba con el temor a las huelgas, tomas de fábrica e incluso experiencias de autogestión y control obrero de la producción. El costo del trabajo y la pérdida de autoridad y disciplina empresarial advirtieron la crisis del sistema. La represión más despiadada no se hizo esperar.
Numerosas leyes represivas se dictaron desde 1974 en adelante, antes de iniciado el Golpe. Cuando éste sobrevino, la capacidad política y militar de las organizaciones revolucionarias estaba seriamente dañada. Pero las movilizaciones obreras de junio y julio de 1975 y febrero y marzo de 1976, enseñaban que la “guerrilla fabril” –como la llamaron los sectores dominantes- todavía constituía un serio obstáculo a la acumulación del capital. El Golpe del 24 de marzo de 1976 selló una etapa histórica.
Desde entonces y hasta 1979, se desarrolló una represión sin precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase obrera y el movimiento sindical: miles de trabajadores, dirigentes y activistas fueron asesinados, presos, desaparecidos, exiliados, al tiempo que se desarrollaron distintas formas de violencia en los lugares de trabajo, se prohibieron asambleas y reuniones y se profundizaron las estructuras de seguimiento, vigilancia y control, con los consecuentes efectos sobre los derechos obreros y los ritmos de producción. La modificación de la legislación laboral, una batería de leyes represivas sobre la organización y la acción sindical y las transformaciones económicas que alteraron las bases estructurales de poder obrero conformaron el monumental dispositivo represivo.
Esta transformación no implicaba la eliminación de todo formato sindical, sino, en principio, de lo que el gobierno dictatorial consideró “excesos” del poder. Los objetivos generales eran “asegurar el libre desenvolvimiento de las actividades industriales y laboral” y “lograr un eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”. Para los empresarios se trataba de eliminar el poder obrero en las fábricas, recuperar la autoridad sobre los procesos productivos y reducir costos. Pese a sus diferencias, la combinación del accionar militar y empresarial fue letal: las “fuerzas amigas” (como denominaban los documentos del Ejército a los “empresarios consubstanciados” con la dictadura –también se refirieron de esta forma a algunos dirigentes sindicales) cumplieron con sus objetivos inmediatos. Es en este punto que retomo el concepto de “estrategia de rentabilidad” que ofrecen Robert Boyer y Michel Freyssenet en Modelos productivos, como camino que toma una empresa para combinar distintas fuentes de ganancia. Más enfocadas como estrategias de negocio, la última de las seis estrategias que identifican es “la reducción permanente de los costes para mantener un margen suficiente en cualquier circunstancia”. La flexibilización conceptual puede ser oportuna.
Hablar de estrategia empresarial y de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, pone el problema en otra perspectiva. Por un lado, el foco no está puesto exclusivamente en la lucha de las organizaciones revolucionarias y el Ejército, sino en la formación de fuerzas sociales ordenadas en buena medida por esa disputa fundamental entre capital y trabajo. En referencia estricta al rol de los empresarios en la represión contra los trabajadores, se quita a aquellos de un rol secundario o subsidiario (que implicaría una noción de complicidad): su involucramiento fue decisivo. Responder por qué participaron de estas masacres puede resultar muy complejo. En un nivel, se pueden explicar sus motivaciones más mundanas, ya señaladas. En otro, hay que subrayar el hecho de que su involucramiento hizo posible que la represión llegara tan lejos, hasta la médula del poder obrero: cuerpos de delegados, comisiones internas y activistas de los establecimientos laborales. A poco de producido el Golpe, lejos de horrorizarse por la bestial represión que se realizaba en las fábricas, este grupo de empresarios se dirigía al general Horacio Liendo, al mando del Ministerio de Trabajo, para felicitarlo por su designación, desearle éxitos y ofrecerle su “franca colaboración”. Se sentían “honrados” de “establecer un vínculo permanente fundado en una común causa patriótica”.

Alejandro Jasinski, historiador y periodista

Notas:1. Esta nota presenta algunos resultados del informe señalado. El autor participó como co-coordinador e investigador, por parte del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, aquí los conceptos vertidos más allá de los estrictos resultados de la investigación son pura responsabilidad del autor y no representan a las instituciones participantes del informe.
2. Y se expresa en los informes y el Marco elaborado por John Ruggie y el seguimiento que se hace desde “Business & Human Rights Resource Centre”, entre otros.
3. Estas temáticas fueron investigadas y analizadas incluso judicialmente: ver “Causa Olmos”, una denuncia del periodista Alejandro Olmos por los manejos delictivos del endeudamiento externo y la estatización de deudas privadas; y numerosas investigaciones académicas, entre las cuales destacamos dos producciones colectivas recientes: La dictadura del capital financiero y El Banco Nación de la Argentina y la Dictadura. También, 1976. El Golpe Civil.

Fuente: Investig’Action

sábado, 24 de septiembre de 2016

El giro “kirchnerista” de Macri



La realidad impone a Cambiemos avanzar hacia menos de lo mismo. El 2017 como la nueva madre de todas las incógnitas.

"El Presupuesto del año que viene no tiene grandes cambios respecto a la política populista de Cristina Kirchner", afirmó recientemente el economista Guillermo Nielsen en declaraciones a radio El Mundo.
Según varios analistas que reconocen granos de verdad en la sentencia del exsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna, esta continuidad en el cambio se produce porque el Gobierno optó por subordinar la política económica a la contienda electoral de 2017. De ahí que el Presupuesto proponga más gasto en obra pública y un déficit fiscal similar al actual.
La realidad es que medido con su propia vara, el oficialismo está fracasando en todos los terrenos del plan original: no logró bajar el déficit fiscal, la inflación ahora moderada a golpes de enfriamiento terminará en un porcentaje alto cuando cierre el año y licuó parcialmente las supuestas ventajas “competitivas” de la devaluación, el salario real perderá alrededor de 10 puntos porcentuales promedio, pero la pauta fijada por el macrismo a principios de su gestión (25 %) fue superada. La principal medida de disciplinamiento fue el temor a los despidos, a partir de la campaña contra los estatales de principios de año y ataques varios en empresas privadas.
La propuesta más estratégica de un supuesto cambio de paradigma: del consumidor al inversor, fue un ostentoso relato que se desvanece con la realidad de los números crudos.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó semanas atrás que desde la salida del default hubo anuncios de inversiones por más de 25 mil millones de dólares a desembolsarse en los próximos años.
El periodista del sitio Chequeado.com, Matías Di Santi, revisó ese dato en fuentes oficiales y constató que del ranking de los diez principales anuncios (que suman 17 mil millones de dólares), el 50 % se hizo antes del balotaje, el 23 % entre el balotaje y la salida del default y sólo el 27 % se produjo pos acuerdo con los buitres.
Para el consultor Dante Sica, cercano al macrismo, en Argentina "de 2008 a 2016, las inversiones promediaron 82.690 millones de dólares anuales, lo que representa el 16,4 % del PBI". Según Sica, el país necesita 131 mil millones de dólares para alcanzar un crecimiento más o menos equilibrado. Conclusión: faltan unos 50 mil millones anuales de inversiones nuevas. Lo anunciado es escaso para el “crecimiento equilibrado”. Último dato no menos importante: todavía son anuncios y todo el mundo conoce la distancia que puede separar a las palabras y las cosas en el universo del capital.
Cuando se apagaron las luces del esplendoroso Mini-Davos, se enciende el frío de la realidad argentina y cuando las promesas se pasan a valores se conoce la verdad que subyace al marketing.
Este contexto impulsó a Macri hacia un giro que configura un proyecto peculiar: la narrativa ortodoxa combinada con el reimpulso a una política económica “kirchnerista”, con la impronta de Cambiemos. Anclar el tipo de cambio, estimular el consumo y la obra pública como ariete para algún tipo de reactivación de una economía en recesión que acaba de ser confirmada por el propio INDEC (3,4 de caída del PBI en el segundo trimestre).
Esto da como resultado un déficit casi igual al de la administración anterior, con inflación más alta. La diferencia específica es que reemplaza la emisión monetaria por un violento endeudamiento. Toda semejanza con el plan de Daniel Scioli no es pura coincidencia (y ahí están sus asesores, Miguel Bein y Mario Blejer festejando los “éxitos” del plan de Cambiemos).
Hay cálculos que estiman que tras los canjes de deuda y luego de las sucesivas devaluaciones, en los últimos cuatro años la deuda pública total aumentó en 50.000 millones de dólares y subió de 38,7 % al 55,5 % del PBI. Nación, provincias y empresas iniciaron un nuevo festival de endeudamiento que hipoteca al país.
Para esto, Cambiemos usufructúa la “herencia recibida” de los pagadores seriales que entregaron cerca de 200 mil millones de dólares en una década y bautizaron el tremendo desembolso como un… “desendeudamiento soberano”. No se puede negar que fueron audaces en las licencias poéticas para hablar de economía.
Hay que tener en cuenta que este camino “al mundo” lo abrió el kirchnerismo a billetazo limpio con los acuerdos con el Ciadi, el pago indemnizatorio a Repsol y el acuerdo con Club de París. La “sintonía fina” (quita de subsidios para nuevos tarifazos) fue un intento frustrado de Cristina Fernández en 2012 y debió frenarlo por imposición de las circunstancias. En 2014, Axel Kicillof devaluó y produjo un alza inflacionaria y una pérdida del poder adquisitivo del salario (también despidos). Su ensayo de “lluvia de inversiones” se produciría en Vaca Muerta, para lo cual firmaron acuerdos secretos con Chevron.
El macrismo tomó el bastón de mariscal de las frágiles manos kirchneristas y aseguró al establishment que ellos sabían cómo hacer las cosas. Intentó una “sintonía gruesa” y la realidad le impuso una sintonía media (fallos judiciales mediante, que olfatearon el peligro del malestar social), pagó con generosidad a los buitres residuales, devaluó -como Kicillof en 2014- y congeló la economía con tasas por las nubes para controlar la inflación, que de todos modos superará el 40 % anual.
Otra diferencia específica es que abrió impetuosamente las puertas a las importaciones en los primeros meses y empujó a la crisis a una parte de la industria golpeada también por los tarifazos, la recesión, el bajón del consumo y el encarecimiento del crédito.
Incluso, el Estado “neoliberal” mantiene nichos de dirigismo estatal: un precio sostén para el petróleo (por arriba del precio internacional) y aprobó un aumento en el gas, mediante el método de una contabilidad creativa que dolariza la tarifa y triplica el valor real de extracción, producción y distribución. El Estado ausente está más presente que nunca a los pies de las petroleras.

El impasse y el 2017

Desde el punto de vista político, el macrismo aplica un clásico de los años kirchneristas: el bonapartismo de caja.
El republicanismo de Cambiemos utiliza el método de premios y castigos a los gobernadores e intendentes -además de la burocracia sindical-, quienes garantizan la gobernabilidad con la aprobación de leyes en el Senado y el control regimentado del conflicto social, que puede incluir o no un paro dominguero. La democracia del toma y daca, otra continuidad sin cambios.
Las causas de fondo que explican esta situación radican en que el kirchnerismo gobernó determinado por la impronta de la crisis y el contexto que dejaron las jornadas del 2001. Su intento de configurar un proyecto político que permitiese avanzar con el ajuste, cuando se agotaron las condiciones especiales que habilitaron su esquema, nunca pudo concretarse. Daniel Scioli fue el nombre de la última esperanza blanca que terminó en derrota.
Pero el macrismo tampoco pudo congregar las condiciones políticas para el ajuste que necesitan y exigen los dueños del país y el capital internacional. Cambiamos, pero no tanto.
Por eso, en la cumbre “económica” del Mini-Davos, la principal preocupación fue política: el mayor interrogante que invadía a los CEO que colmaron el Centro Cultural Kirchner, fue sobre la gobernabilidad y las eventuales alianzas para las elecciones del año que viene. El pliego de demandas patronales fue claro: ponerle el cascabel al gato del movimiento obrero y producir una baja significativa de las conquistas que garanticen una recomposición de la tasa de ganancia. El macrismo tiene proyectos para este objetivo, pero también debe ir con pie de plomo.
Para garantizar la continuidad de su proyecto político el año que viene y luego de varios traspiés, Cambiemos da un giro hacia menos de lo mismo.
La cuestión de fondo que expresa el debate sobre la gobernabilidad y las elecciones de medio término es que ni el kirchnerismo ni el macrismo, con las diferencias específicas por las fracciones empresariales que intentan representar, lograron cambiar cualitativamente la relación de fuerzas.
Por eso colocan al 2017 como la nueva madre de todas las batallas: unos (Cambiemos) para asentarse y apretar el acelerador del ajuste y los otros (los muchos peronismos) para “volver” con la promesa de terminar la tarea inconclusa.
El autor de la denuncia que encabeza esta nota (Nielsen) revista en las filas del Frente Renovador de Sergio Massa, de quien Cristina Fernández acaba de asegurar que “no es el enemigo” y mandó a borrar millones de tuits a todo el planeta K. Con su propuesta de amplia “nueva mayoría”, los nacionales y populares conducidos por la jefa llegan bancar hasta a los que corren por derecha a Macri.
Es claro que ninguna de estas dos opciones, de estos dos “partidos” expresados en diferentes coaliciones en construcción, será favorable a las mayorías obreras y populares que deben conquistar una alternativa, un “tercer partido” de la clase trabajadora, para evitar pagar los platos rotos de una crisis aún sin resolución.

Fernando Rosso @RossoFer

Megaminería y contaminación - Barrick Gold



A pocos días de cumplirse un año del mayor desastre ambiental de la minería en Argentina, se hizo público un nuevo derrame con sustancias tóxicas en Veladero, la mina explotada por la Barrick Gold, La Izquierda Diario TV presenta un informe especial.

Presupuesto 2017: sigue el endeudamiento

Tal como viene sucediendo en los últimos años, agravado aún más por el marco de recesión que impacta directamente sobre la recaudación para las arcas del Estado, el presupuesto financia su déficit de casi 500.000 millones de pesos con nueva deuda.
De tránsito por las comisiones parlamentarias, el proyecto de ley de presupuesto 2017 se prepara para entrar a las cámaras para su debate. En el mismo se prevé para el año próximo un crecimiento económico del 3,5 por ciento, una inflación del 17 por ciento y un dólar cercano a los 18 pesos.
Además, según se detalla en el texto, los recursos que se prevén recaudar no alcanzarán para cubrir los gastos presupuestados generando un déficit fiscal de 480.801 millones de pesos (cercano al 4,2 por ciento del PBI) que será cubierto con endeudamiento, de la misma forma que se hacía durante la gestión anterior.
El artículo 4 detalla las fuentes de financiamiento para cubrir este déficit vía endeudamiento. Para ello se contraerá deuda por 1.727.200 millones de pesos (96.400 millones de dólares, tomado a 18 pesos). Con este endeudamiento se cubrirían vencimientos 2017 por 1.042.501 pesos (58.200 millones de dólares) y el resto se usará para tapar el agujero fiscal.
Es importante resaltar que el nuevo endeudamiento permitido por el proyecto está compuesto en su mayoría por deuda intra estado como fuente de financiamiento del déficit fiscal. Se contemplan obtener solo 100.000 millones de pesos (5.600 millones de dólares) como préstamos con organismos financieros internacionales (BM, BID, CAF, etc.). En este sentido, el Licenciado Héctor Giuliano opina que “existe un proceso de licuación de este tipo de deuda pública (la intra estado) para sostener la transición hacia la nueva ola de endeudamiento con terceros que está en curso”.
El proyecto prevé un crecimiento en cuanto al pago de intereses de deuda producto de los acuerdos con los holdouts y del recambio de deudas pendientes de pago que se refinancian por otras nuevas que acumulan los intereses de la renovación.
El proyecto del presupuesto calcula que los intereses –servicios de deuda – ascenderán a casi 248.000 millones de pesos, equivalentes a 13.800 millones de dólares. Lo que destina a Educación (130. 950 millones de pesos) y Salud (46.268 millones) juntas significa un 72% de lo que se prevé erogar para cancelar intereses de deuda. O sea, que mientras 100 pesos se usan para pagar intereses, 72 son destinados a educación y salud. Para Desarrollo Social (131.178 millones) se ocuparán poco más de la mitad que para el pago de intereses de deuda. Repasando todos los gastos presupuestados, los únicos que superan el pago de intereses de la deuda son los asignados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (1.015.356 millones).
El monto de los intereses se incrementará entre el 2016 y el 2017, de 9.800 millones de dólares a 13.800 millones.
Representan dentro de la estructura de gastos presupuestados un 10,5% del gasto público total un 20,5% del Gasto de la Administración Central. “Esto significa que uno de cada cinco pesos que gasta el Estado Central se destina a pagar intereses de Deuda pública”, explica Giuliano.
Una sangría en intereses de 1150 millones de dólares por mes, 38 millones diarios, 1,60 millones por hora, 300.000 dólares por cada minuto.
Pero además es el capital de la deuda que sigue creciendo y creciendo ininterrumpidamente, acumulando intereses por deuda impaga y refinanciada. El último dato oficial sobre el stock de deuda pública es el brindado por el Ministerio de Hacienda Pública al 30 de junio pasado: 258.900 millones de dólares.
No surge con claridad del proyecto de presupuesto cuál es el total de endeudamiento público autorizado. Se podría calcular, partiendo de este último dato oficial y agregando lo que permiten varios de sus artículos (Letras del Tesoro, avales del Tesoro por operaciones de crédito, fondos para el programa Procrear, bonos para pago de deudas previsionales, contratación de obras y compra de bienes) que la deuda sería a fines de 2017 cercana a los 430.000 millones de dólares.
Giuliano marca algunos agravantes adicionales en esta nueva etapa de endeudamiento: los intereses crecen a un ritmo superior al aumento de la deuda con un peso creciente sobre el gasto público corriente y, consecuentemente, sobre el déficit fiscal (que se cubre con más deuda); el perfil de vencimientos de la deuda empeora porque el gobierno coloca una alta proporción de Letras del Tesoro que son obligaciones a corto plazo; paralelamente al endeudamiento con terceros se mantiene gran parte de la deuda intra estado con el Banco Central y la ANSES.
La trampa de la deuda perpetua sigue en marcha.

Fabiana Arencibia
Red Eco Alternativo

Un colectivo convertido en estudio fotográfico



“Recorriendo Pilar en la línea 520”, era el mensaje de Twitter que acompañó la imagen de Macri del acto del jueves, recién vuelto de Nueva York. Pero ayer, a través de fotos y videos, quedó en evidencia que lo que simulaba ser algo espontáneo era en un colectivo parado y con vecinos seleccionados.

El colectivo de la línea 520 estaba detenido sobre una calle de tierra, muy próximo al campito donde aterrizó el helicóptero presidencial. Mauricio Macri y su comitiva subieron al interno que conduce Walter, el chofer que cubre el trayecto Pilar-Derqui. “A las tres de la mañana ya lo sabía” dijo el conductor sobre el itinerario que iba a hacer casi sobre el mediodía. Una mujer rubia que compartió el recorrido de 10 minutos con el Presidente tomado del pasamanos, señaló en una entrevista del canal local: “me avisó un vecino esta mañana” (por el jueves). La puesta en escena se tornó viral en las redes sociales. Podría titularse como la definió Tito de Hurlingham en un tuit: “Macri en un colectivo, dirigida por Enrique Carreras y libro de Abel Santa Cruz”. La mayoría de los medios había informado ayer sobre un viaje que parecía espontáneo en el marco del lanzamiento de un plan de mejoras para corredores viales bonaerenses. Los vecinos y el conductor del transporte público dejaron en evidencia que no era así. Fue todo un montaje. Sólo faltó que el inusual pasajero recién llegado de Estados Unidos mostrara su tarjeta Sube.
Los funcionarios que idearon esta ficción mediática eligieron un paraje del barrio Santa Ana, en el partido de Pilar. Jugaban de local. Es el distrito que gobierna Nicolás Ducoté, intendente de Cambiemos. Pilar Noticias tomó las imágenes que los dejaron en offside. Se veía a Macri bajando del helicóptero presidencial junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y caminar unos metros para subirse al colectivo, parado en medio de una calle de tierra y rodeado de custodios.
El canal entrevistó a la señora rubia que departió con Macri en el 520, al chofer del colectivo y también a un joven que la mujer presentó –tomándolo del brazo para que apareciera ante la cámara de TV– como “el cabecilla del barrio para que viniera el presidente”. En esos tres testimonios quedó demolida la presunta frescura de la escena de un presidente que toma el colectivo en un confín olvidado del Gran Buenos Aires. Si no funcionaba el verosímil de ver a Macri en su viaje iniciático, mucho menos después de que los vecinos dieran su versión de los hechos. La construcción de sentido hizo agua. Lo que sobrevino después fue un festín para las redes sociales.
La línea elegida que pertenece a la compañía La Central de Escobar SA había sido denunciada por otros usuarios del servicio público de transporte por suprimir recorridos. El medio local www.diarioresumen.com.ar citó el 24 de junio pasado el testimonio de Alicia, una vecina de Villa Luján, quien decía: “estamos haciendo un reclamo más que justo porque de un día para el otro nos dejaron sin el recorrido”. Básicamente se quejaban de la decisión empresaria ciudadanos de Derqui, una localidad que pertenece al partido de Pilar.
La línea de colectivos levantada en ese momento, según aquella página “une la Estación Toro con la de Pilar, la que se dirige al barrio de la comunidad qom”. El problema llegó a la intendencia mediante una nota donde los vecinos ratificaban la denuncia de Alicia: “el trayecto del recorrido fue recortado por la empresa sin la notificación previa a los usuarios”.
Diego Schejtman es periodista del medio Pilar a diario, que publicó una nota sobre el city tour de Macri titulada: “Una vuelta manzana de 10 minutos en colectivo”. En diálogo con Página/12 describió que en la zona donde el presidente se subió al bondi “la mayoría de las calles son de tierra, hay algún mejorado, pero en general todas son un desastre. Cuando llueve se inundan y los recorridos deben suspenderse. La gente de Santa Ana es muy humilde y muy cerca de ahí está el barrio de la comunidad Toba, también hay un basural que genera grandes problemas ambientales”. Esa parte del partido de Pilar limita con los de Moreno y José C. Paz. Hay quienes la llaman la triple frontera.
Parecería que se buscó el mayor contraste entre la obra pública proyectada por el gobierno nacional con esa zona. Ahí donde las verdaderas condiciones en que viajan los vecinos son lamentables. Los mismos que le exigieron a Ducoté “el mejorado de las calles del recorrido 291-228F- 520 Ramal Pilar Derqui…” El joven intendente que desde su página web sostiene: “Propongo, arriesgo, me la estoy jugando por hacer política de una manera distinta, y quiero que, juntos, revolucionemos la forma en que vivimos en Pilar”.
Tiene un modelo para imitar. Macri difundió en twitter su acto de gobierno en el colectivo: “Recorriendo Pilar en la línea 520 para contarles a los vecinos el plan de renovación de los corredores de colectivos en el conurbano”. Su tuit está acompañado por la foto en que se lo observa tomado del pasamanos junto a la mujer rubia. A la vecina, el movilero de Pilar Noticias le preguntó en el lugar: “¿Qué fue lo que te dijo textualmente a vos (por Macri), que eras una…?”. “Cotorra, jaja, que hablo mucho, es mi forma de ser y mi marido le dijo ‘llevátela como vocero’”.
El joven que se ve en los videos como organizador de los vecinos que participaron de la escena suburbana, dijo que “veníamos a un acto con el intendente y esto fue una sorpresa”. El plan arrancó con un montaje hilarante sobre el 520 que frecuenta calles poceadas, a menudo inundables: el presidente Macri departía con los vecinos del barrio Santa Ana como si fuera uno más. Las imágenes que se difundieron después indicaron otra cosa. Que era un viaje a ninguna parte, con un colectivo de escenario, puro marketing y actores de reparto que conocían el libreto de antemano.
Con todo, no es algo nuevo en la estrategia comunicacional que tiene el sello del ecuatoriano Jaime Durán Barba. Sin ir más lejos, durante el reciente viaje de Macri a Nueva York, desde la oficina de prensa de la Casa Rosada difundieron como “casuales” imágenes del Presidente besándose con su esposa en pleno recinto de las Naciones Unidas y andando juntos en bicicleta por el Central Park.Ya de vuelta en el país, Macri buscó mostrarse conversando con vecinos, pero quedó en evidencia que esa “naturalidad” sólo puede conseguirla con un público rigurosamente seleccionado.

Gustavo Veiga

“Una historia de lucha y luchadores”

En diálogo con Página/12, Graciela Lois desgranó el derrotero del origen y el recorrido de la asociación. Destacó la desazón que provoca que después de cuarenta años estén pidiendo por otra presa política, Milagro Sala.

Graciela Lois integra Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas “desde sus primeros meses”, así que el cuadragésimo aniversario del organismo es casi el suyo. Acomoda sillas en una de las salas del espacio que, dentro de la ex Esma, les sirve como sede. Evalúa junto a Claudio Morresi, otro integrante del colectivo, qué gigantografías con fotos que cuentan el camino recorrido formarán parte del ámbito de la celebración, que sucederá esta tarde. Entre las muchas que visten los pasillos del edificio hay una que la eternizó a ella y a su compañero, Ricardo Lois –estudiante de Arquitectura, militante de la Juventud Universitaria Peronista y desaparecido desde 1976–. Ultima detalles e intenta resumir en un puñado de palabras la pila de años: “La nuestra es la historia de una gran familia que encontró la homogeneidad entre múltiples heterogeneidades; una historia de lucha y de luchadores”.
–Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas nació con la estrategia clara y diferenciada del resto de los organismos de trabajar para los presos políticos. Hoy, uno de sus principales reclamos es por la libertad de Milagro Sala.
–Parece mentira, pero cuarenta años después volvemos a hablar de detenidos por cuestiones políticas. Lo de Milagro Sala y los otros diez integrantes de la organización que están detenidos es inconcebible. Es clara la intencionalidad política de sus detenciones, la arbitrariedad manifiesta en su caso.
–A cuarenta años del nacimiento del organismo, ¿cómo evalúa su presente?
–Pienso que el desafío que tenemos es el de retomar el camino que construimos desde el comienzo: el de sostener la lucha en el nuevo marco que da el cambio de políticas que se produjo. Porque hubo un cambio, eso está claro, pero que todavía está por verse cuánto nos afectará, aunque hay señales claras que se están viendo. La mejor manera de afrontarlos es seguir sosteniendo esta marca ética y moral que siempre nos distinguió: seguir siendo organismos de derechos humanos que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia, lo que nos permitió dejar un aprendizaje en la democracia argentina. Debemos mantener viva esa llama. Vamos a tener que empezar a ver cuáles son la estrategias que nos tendremos que dar en estos tiempos, pero sin duda lo que más duele es que a cuarenta años tengamos que volver a rediscutir algunas cosas que se suponían estaban claritas. Son momentos en los que necesitamos la ayuda y el acompañamiento de la sociedad. Sobrevivimos todas las etapas de esta país desde el último golpe. Con mayores o menores altibajos ¿Por qué no vamos a pasar éste?
–Plantea las diferentes etapas de la democracia argentina como algo a lo que “sobrevivieron”. ¿Cómo analizan los gobiernos kirchneristas?
–A nosotros nos costó siempre muchísimo todo. Hubo etapas en las que logramos victorias, pero después de mucho esfuerzo, como la ley 24.321 de desaparición forzada de personas, que salió durante el menemismo y que fue la primera ley en el país y en Latinoamérica de reconocimiento del desaparecido como figura legal. Pero la historia era así, de avances y retrocesos, hasta que llegó el kirchnerismo que propuso a la reparación y a los derechos humanos como políticas de Estado. Fue una meseta: el camino en subida se enderezó y costó menos, pero nunca dejamos de avanzar. Ahora es cuestión de seguir: cargamos baterías y seguimos.
–En su historia está clara la coordinación institucional con el resto de los organismos, pero ¿qué diferencia a Familiares del resto?
–Siempre hicimos acciones conjuntas, siempre coordinamos institucionalmente porque teníamos el mismo objetivo al que perseguíamos por difertentes caminos. Cada organismo cumplía un rol, nadie sobraba. Pero Familiares tiene el raro privilegio de haber nacido con la dictadura y algunas marcas que lo diferencian. El primer grupo que se reunió como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas fue un grupo de personas que tenían algo en común: eran militantes políticos. En general, eran muy pocos los que se acercaron a Familiares porque salían a buscar a sus hijos, hermanos, padres, yernos, nueras por dónde pudieran. La mayoría sabía qué había pasado con sus seres queridos. Lília y Lucas Orfano, Mauricio y Rosita Eisenchlas, Hilda Velazco, Catalina Guagnini, Lidia Vázquez, Lita Boitano y a medida que iban llegando se sumaban. Teresa Careaga, Ana Ponce de Bianco, madres que iban a la Plaza y después venían a Familiares porque era más política la cosa. También es cierto que asumimos la defensa de los presos, cosa que salvo la Liga, aunque con ciertas diferencias, no hicieron el resto de los organismos. Había familiares de presos que ya estaban en contacto con sus seres queridos; personas que habían sido encarceladas en el 75 y cuya situación el golpe vuelve muy muy difícil. Se complican las visitas, no podían recibir más cosas. La situación carcelaria durante el golpe fue espantosa.
–¿La conformación humana de Familiares define su estrategia? ¿Cuál era?
–Sí. Nos llamamos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (y hace hincapié en esas dos últimas palabras) para definir desde un primer momento que nosotros sabíamos que los motivos por los que se desaparece y se detiene son políticos. Nuestra intención siempre fue registrar las denuncias, difundir lo que pasaba a la mayor cantidad de personas posibles y atender la situación de las familias de los presos políticos.

Ailín Bullentini

viernes, 23 de septiembre de 2016

CGT: sin fecha no hay paro



Minutos antes de que comenzara la reunión del Comité Central Confederal de la CGT, el miembro de Dragado y Balizamiento Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de su conducción, confirmó que los popes de la burocracia sindical resolverían un paro sin fecha para el mes de octubre.

Además, la medida estaría condicionada a la apertura de negociaciones con el gobierno. "El Ejecutivo tiene q poner un ofrecimiento para instaurar una negociación que tenga resultados concretos a los problemas que plantea la CGT", tuiteó Schmid antes de comenzar la reunión. El jueves de la próxima semana, la conducción cegetista sería recibida por el ministro Prat Gay, por lo cual el paro sin fecha podría quedar postergado indefinidamente. La intención del gobierno es que el amague no pase de eso, de un amague.
A principios de septiembre, cuando el triunvirato recibió a la CCC, el Movimiento Evita y Libres del Sur en Azopardo, uno de sus jefes les anticipó, en relación a la reunión del Confederal y la posible concreción de alguna medida, que “definición va a haber, no fecha”. Un operador central en la contención de un plan de lucha es la Iglesia, al cual tributan los “movimientos sociales”.
La tregua de la burocracia con el gobierno está llegando a límites insuperables para los trabajadores.
Pocas horas antes de que Schmid se despachara con el “no anuncio” de una medida de fuerza nacional, los trabajadores de Bimbo eran reprimidos en la entrada del Parque Industrial de Pilar, tras dos días de paro, cuando pretendían instalar un piquete para parar un centenar de despidos. Finalmente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y la reincorporación de los despedidos mientras dure. Un aliciente en una dura lucha.
Casi simultáneamente, los choferes de la ex Ecotrans se anotaban un triunfazo con la reincorporación de 100 despedidos, en la víspera de lanzarse a la huelga por tiempo indeterminado.
Estas luchas, junto a los paros de los pilotos y la enorme movilización de los trabajadores bancarios, de los tercerizados telefónicos, ocurridas en las últimas horas, expresan grandes reservas de lucha que recorren al movimiento obrero y que la CGT pone todo su empeño en contener.
En el transcurso de los primeros ocho meses de gobierno “neoliberal”, los trabajadores cargaron con más de 200 mil despidos, un retroceso salarial superior al 10%, el tarifazo en los servicios de luz y agua y la dolarización de la factura del gas. Los docentes universitarios, los Sutebas combativos, los trabajadores del Ingenio Tabacal, del gremio de la televisión, los municipales del interior de la provincia de Buenos Aires, entre otros, fueron protagonistas de intensas luchas, aisladas por la CGT. Huelgas como la de los petroleros de San Antonio Internacional en el norte de Santa Cruz –una lucha tenaz, en un gremio que sufrió casi cinco mil despidos en los últimos meses– fueron saboteadas por la burocracia.
La CGT se borró de todo, incluidos el veto a la ley “antidespidos”, el tarifazo y la continuidad del impuesto al salario. Por su parte, la CTA, que convocó a una multitudinaria Marcha Federal, condicionó su continuidad a un acuerdo con el bloque cegetista. Hasta aquí, los resultados.
Los trabajadores necesitamos un plan de lucha por la reapertura de paritarias, el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, el aumento de emergencia a los jubilados y la abolición del impuesto al salario.

Jacyn

Represión y detenidos en piquete de trabajadores de Bimbo

Los trabajadores de la alimenticia Bimbo del parque industrial de pilar se encuentran en conflicto a raíz de 107 despidos. La planta está de paro por la reinstalación de los trabajadores.
Esta madrugada, ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo, los trabajadores resolvieron llevar a cabo una serie de cortes de ruta, bloqueando las entradas al parque industrial de Pilar. La acción se resolvió ayer, en tres asambleas de la planta, que además ratificaron el paro por la reinstalación.
A las 5 de la mañana de hoy realizaron en el bloqueo al parque y la policía montada avanzó con sus caballos desalojando el piquete. Hay tres trabajadores detenidos en la comisaria primera de Pilar.
El operativo policial estaba apostado en el lugar desde temprano, compuesto por la infantería, la policía montada y la gendarmería.
Esta mañana los trabajadores tendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de Pilar.
Desde la Coordinadora Sindical Clasista- Partido Obrero exigimos la inmediata liberación de los 3 trabajadores detenidos y la reinstalación de los 107 trabajadores despedidos.

Prensa Obrera

Por qué se paralizó el tren Roca

Hoy entre las 7 y las 10 horas estuvo interrumpido el servicio de Trenes eléctricos entre Temperley y Plaza Constitución debido a la rotura del cable sostén de la línea de catenaria (el cableado que transmite la energía eléctrica que permite mover las formaciones). A su vez, explotó un transformador en Banfield.
En ese horario pico, decenas de miles de usuarios utilizan el tren para concurrir a sus trabajos. El transporte automotor colapsó. Se pierden miles de horas en la industria y los premios por asistencia y puntualidad que afectan el salario obrero, así como el jornal de quienes viven de changas y trabajo informal.
Estas graves consecuencias deberían justificar una revisión general periódica de toda la infraestructura que Sofse (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) no lleva adelante, como tampoco lo hacían, Argentren, Ugofe y Metropolitano, es decir todas las formas societarias que administraron el ferrocarril con control privado o estatal en las últimas décadas.
Las cuadrillas de mantenimiento son muy pocas y se interviene sobre la falla. No hay mantenimiento preventivo. Falta personal técnico capacitado y una política de capacitación técnica ferroviaria.
La política de retiros voluntarios, en la forma de jubilación anticipada, que implementan Macri y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich podría suprimir personal de mayor experiencia sin un recambio de personal capacitado en áreas de responsabilidad técnica.
Las inversiones de renovación tecnológica por 14 mil millones de dólares prometidas por Macri no tendrían –de este modo- quién las mantuviera si no hay un masivo ingreso de personal con formación técnica y cursos de capacitación internos, algo que el macrismo no prevé.
En nombre de dicha renovación técnica, a su vez, el macrismo justificaría un nuevo tarifazo en el transporte que descargue el peso de las inversiones sobre los usuarios y garantice rentabilidad para una posterior privatización. Como el kirchnerismo, Macri no piensa hacerles pagar a los responsables del vaciamiento ferroviario (Cirigliano, Taselli, Roggio, Romero o su propio padre Franco Macri).
Luchar por un servicio eficiente implica enfrentar el ajuste actual en los ferrocarriles que reduce puestos de trabajo, cierra ramales y deja pueblos incomunicados en todo el país.
Luchamos contra la complicidad de la dirección burocrática de los sindicatos ferroviarios con este ajuste y luchamos por un ferrocarril estatal al servicio del pueblo, bajo control de los trabajadores.

Jorge Hospital

Macri: papelón internacional y crisis política por Malvinas



La imagen de Mauricio Macri paseando en bicicleta con la primera dama Juliana Awada no alcanzó como recurso para tapar el papelón del mandatario en torno al tema Malvinas.

Lo que debía ser una promocionada primera presentación del mandatario argentino en la ONU, término en un papelón diplomático y una crisis política. Los dichos de Mauricio Macri sobre la apertura del diálogo por Malvinas con Theresa May fueron desmentidos dos veces, una por el implacable Foreign Office y otra por su propia Canciller, Susana Malcorra.
Ante las críticas internas, que incluían a sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, fue el propio Macri quien salió a decir que "en el almuerzo nos cruzamos con la primera ministra británica, le dije que estoy listo para comenzar un diálogo abierto, que incluya por supuesto el tema soberanía sobre las islas".
La cueva de piratas del Foreign Office no tardó en ponerlo en su lugar y aclarar que "nunca se habló del tema de la soberanía de las islas en la breve reunión informal que mantuvieron Mauricio Macri y la premier Theresa May en Nueva York por lo que nunca pudo haber un pronunciamiento de Gran Bretaña en ese sentido". Malcorra, por su parte, desautorizó al presidente: “Soy absolutamente franca, no creo que la primera ministra en ese contexto haya dicho ‘sí, suscribo, agendemos esto’, y que la soberanía sea el primer tema, porque no es pensable que así sea”.
El estilo descontracturado que ejercen los funcionarios de Cambiemos, con el mandatario a la cabeza, se chocó con la realpolitik de las relaciones exteriores que, visto los resultados, parecen ser un secreto guardado bajo siete llaves para la pobre comprensión intelectual del jefe de Estado.
La soberbia de patrón de estancia encontró su correctivo en la fría reacción de la aristocrática y curtida diplomacia imperialista de los británicos que, acostumbrados a saquear el mundo sin perder la flema, no le dejaron pasar la idea de que Inglaterra podría discutir la soberanía argentina sobre Malvinas. Peor aún, en un hecho inadmisible en cualquier gobierno que se respete a sí mismo, una subordinada del presidente, la titular del Palacio San Martín mandó a callar a su jefe, el presidente de la Nación.
Malcorra parece más preocupada por el futuro de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, que por los daños que podría infligirle a la imagen presidencial. Para colmo de males, hasta los colonialistas kelpers se burlaron de Macri por Twitter.

Crisis política

Pero la crisis no solo hay que endilgarla a la superficialidad del marketing macrista sino a la vergonzosa capitulación de la política exterior argentina frente Gran Bretaña por la soberanía argentina en Malvinas, cuestión que quedó en evidencia con la firma del acuerdo entre Susana Malcorra y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan, hace pocos días.
Durante toda su historia colonial sobre las islas, y más aún después de la Guerra de Malvinas, los sucesivos gobiernos de su majestad han dejado claro el nulo valor que para ellos tiene el reclamo de la soberanía argentina. Mucho menos cuando la existencia de potenciales yacimientos promete engrosar las arcas de la British Petroleum.
Como ya se señaló, el papelón diplomático se combina con una crisis política interna dado el nivel de cipayismo del acuerdo alcanzado por Malcorra, que hace concesiones que legitiman la expoliación del territorio nacional y abandona todo reclamo soberano frente al colonialismo británico.
Si el kirchnerismo retomó la táctica alfonsinista de la retórica soberana en los foros internacionales, a la par que se sometían a los mandatos del imperialismo, la política de Cambiemos es un retorno a la estrategia menemista de la seducción de los ositos Winnie Pooh que pretendiera llevar adelante el fallecido ex canciller y teórico de las "relaciones carnales" con el imperialismo, Guido Di Tella.
El acuerdo diplomático bilateral firmado por Malcorra empujó a una inédita alianza entre todos los bloques patronales que actúan en la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional, exigiendo las explicaciones del caso a la canciller y recordando que es facultad del Parlamento el aprobar el acuerdo diplomático. Evidentemente Carrió y la UCR, que no es la primera vez que tienen este tipo de roces con Malcorra, encontraron en la reivindicación del reclamo territorial argentino una bandera de diferenciación dentro de la coalición Cambiemos.
Es una mínima medida de defensa nacional la anulación inmediata del acuerdo pro colonialista Malcorra-Duncan, así como la exigencia de la expulsión del imperialismo británico de las Islas Malvinas, así como del imperialismo yanqui del territorio de América Latina.
El balance de la diplomacia argentina desde la guerra de Malvinas en adelante muestra el fracaso de la aventura militar genocida, de la retórica vacía en los foros internacionales del alfonsinismo o el kirchnerismo, y de la política de la seducción del menemismo que quiere retomar Cambiemos. Es que la lucha por la recuperación de las islas no puede estar desligada de una estrategia que haga su eje en la lucha contra el imperialismo mediante la unidad de los pueblos oprimidos y la clase obrera internacional.
La defensa de los intereses territoriales de la nación oprimida no puede encomendada al Estado burgués y los políticos capitalistas, para ejercerla es necesario imponer el gobierno de los trabajadores.

Facundo Aguirre

"Las jubilaciones quedaron 15 puntos por debajo de la inflación estimada"

Entrevista a Mario Diamonte de Jubilados Clasistas en torno al 20 de setiembre: Día del Jubilado.

-M.H.: Mario Diamonte, como parte de Jubilados Clasistas, denunciando la estafa de la “Reparación histórica”. Realizaron un acto frente a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en 9 de Julio y Córdoba por un aumento de emergencia de 6.000 pesos y 11.000 de haber mínimo.
También escribiste un artículo en Prensa Obrera, donde hacés referencia a la “Estafa de la reparación histórica”. Te has reciclado, porque solía entrevistarte por las inundaciones en los barrios de Saavedra y Villa Mitre.
-M.D.: Sí, lo que sucedió fue que al jubilarme me he encontrado con un mundo insospechado y al mismo tiempo grato. La situación de los jubilados es de una enorme dificultad, y un gran desamparo. Los que deberían ocuparse de esto, que son los sindicatos y los dirigentes sindicales no lo hacen. Por eso decidí intervenir.
-M.H.: Mario es un viejo luchador, alguna vez tuvimos oportunidad de conversar en estudios y me comentaste que fuiste delegado general en una importante empresa de la zona norte en los años ´70. En los distintos momentos de tu vida te ha tocado enfrentar distintas situaciones, pero siempre te has ubicado de un lado, el de los trabajadores. A eso me refiero con que te has reciclado.
¿Cómo fue el acto que hicieron frente al Anses?
-M.D.: Fue muy interesante lo que sucedió. Llegamos con una hipótesis de lo que podía suceder, llevamos petitorios con una gran cantidad de firmas por los 6.000 pesos de aumento para todas las escalas de jubilados y pensionados y por los 11.000 pesos de haber mínimo, pero no podíamos saber qué respuesta íbamos a encontrar del otro lado.
Ni bien llegamos estaba la policía, nos vinieron a preguntar qué íbamos a hacer, estaba la seguridad de Anses y bajaron las cortinas del edificio. Les preguntamos por qué bajaban las cortinas si no estábamos haciendo ninguna acción agresiva; al ratito, para nuestra sorpresa, las volvieron a abrir, siguieron atendiendo a la gente y nosotros no obstaculizamos el trabajo, lo que sí hicimos fue informar por qué estábamos ahí. Al poco tiempo logramos que nos entrevistaran las autoridades de la Anses.
Entramos con una comitiva, nos entrevistamos con la jefa de la Unidad de Atención Integral (UDAI). Nos enteramos ahí que allí ahora no funciona la dirección de la Anses sino que es la UDAI. Tuvimos una charla muy franca y respetuosa de ambos lados. Eramos 3 compañeros y compañeras y pudimos exponer todos nuestros reclamos que se centran ahora en el tema del aumento que es una cuestión imperiosa, de una inmediata necesidad y el aumento del haber mínimo. Hicimos entrega del petitorio, nos foliaron las hojas, las sellaron, se hizo un acta de la reunión con la firma de esta funcionaria y dos secretarias que había ahí y con la firma de dos compañeros nuestros. Todo fue muy formal y ahora se ha entablado una negociación, quedando un poco holgado el término, pero algo de eso hay. Contra la nada que había antes ahora tenemos esto.
Luego ingresó el coordinador de las UDAI de la Ciudad de Buenos Aires, un funcionario de rango más alto. Este acta con los petitorios va a ser elevada directamente a la dirección de la Anses por intermedio de esta gente. Luego conversamos un poco más sobre la Ley de reparación histórica.
Con nosotros estaba una compañera en representación de gente de rentas vitalicias, un tema muy complejo. Estas personas son residuales de las ex AFJP, gente que está en un limbo legal, porque no están ni en las AFJP que ya no existen, ni están integradas al régimen nacional.
-M.H.: Con este aumento que se ha dado oficialmente a las jubilaciones, de un 14.16%, los ingresos de los jubilados pierden casi 15 puntos ante la inflación. ¿Qué respuesta tienen frente a esto las autoridades?
-M.D.: Ellos se excusaban ante esta situación, decían que entendían lo que reclamábamos. El tema de este aumento está establecido por la propia Ley de movilidad. La fórmula que establece el cargo del haber es un mix entre la evolución de los salarios en el semestre y los ingresos fiscales, que van a parar a la Anses. De ese mix, mediante una fórmula que conocen ellos, surge el monto del ajuste semestral. Con la caída de los salarios y la caída de los ingresos fiscales, se redujo el monto de lo que hay para establecer el cálculo del haber. Es matemático el asunto.
Nosotros estamos a favor de otra fórmula que surja a partir del 82% móvil, del salario del trabajador en actividad y una movilidad que tendríamos que discutir. Efectivamente lo que ha sucedido es que con los dos ajustes semestrales, el de marzo y el de septiembre, que suman el 30% quedamos 15 puntos por debajo de la inflación estimada. Y hay que tener en cuenta que el próximo ajuste recién va a ser en marzo de 2017. Con lo que la situación no solo no va a mejorar sino que va a empeorar.
-M.H.: Por eso han pedido este aumento de emergencia de 6.000 pesos.
-M.D.: Claro, el aumento de emergencia no tiene nada que ver con ningún cálculo del haber, sino con el brutal deterioro del haber mínimo, que percibe la inmensa mayoría de los jubilados. El Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires calcula la canasta básica para los jubilados en $ 13.240. El Defensor de la Tercera Edad toma como válido este cálculo y él mismo plantea un aumento de emergencia.

La estafa de la “reparación histórica”

-M.H.: Me gustaría que explicaras de qué se trata lo que llamás la estafa de la reparación histórica.
-M.D.: La Corte Suprema establece en los fallos a favor de la actualización de los haberes, un coeficiente que no es el que utiliza la Anses. La Corte utiliza un coeficiente que se llama Isbic y el Anses utiliza otro que se llama Ripte. La diferencia entre uno y otro significa un 40% de merma en los haberes en contra de los jubilados. Esto se traslada también a los retroactivos. Esto constituye una quita enorme en el haber de los jubilados.
En el caso de los jubilados que tienen sentencia firme, se paga el retroactivo 50% en efectivo y 50% en cuotas trimestrales durante 3 años. El fallo de la Corte establece el pago íntegro y cash en un plazo de 120 días. En el caso de los que tenemos sentencia favorable en primera instancia, nos reconocen la necesidad de reajuste del haber, con las mismas características del anterior; pero en el caso del retroactivo solo nos reconocen hasta 4 años de retroactividad.
En algunos casos estos juicios ya llevan cerca de diez años, lo que significa que de un plumazo te pelan una cantidad de años en la retroactividad que es tuya y no del Estado. El propio gobierno y la Anses estiman que la cantidad de jubilados que están en esta cuestión son aproximadamente 2.400.000, de los cuales 400.000 hicieron juicio y 2 millones no. A estos 2 millones únicamente les reconocen el re cálculo del haber, con las condiciones anteriores, es decir con una quita, pero ninguna retroactividad. Lo que no tiene razón de ser porque si corresponde el reajuste del haber también corresponde el ajuste de la retroactividad.
La Anses acaba de notificar que reajustó el haber por su cuenta a 264.000 jubilados con las siguientes características: mayores de 80 años, que no superen dos haberes mínimos y que no hayan iniciado juicio contra el Anses. A estos 264.000 jubilados, el promedio de re cálculo del haber es de $ 695 que significa un promedio del 10,5% de aumento.
Este sería el re cálculo del haber, con lo cual se derrumba todo lo que estuvieron diciendo, que el jubilado que acepte lo que propone la Anses va a tener un aumento del 45% de su haber. La cosa parece ser incluso peor de lo que en un principio parecía. Esto que estamos señalando, de los 264.000 casos a los que se les reajustó el haber es estrictamente así, es información pública; 10.5% de aumento, siendo un promedio de $ 695, que es nada para las necesidades de este sector.
Por eso decimos que es una estafa absoluta esta Ley de reparación histórica. Ahora anuncian que la misma actualización se la harían a otro grupo de 200.000 jubilados, en las mismas condiciones que al grupo anterior. Probablemente este sea el nivel de re cálculo del haber, no más de un 12%. Esto lo tenemos que confirmar y estamos siguiendo el tema.
Lo que estamos diciendo respecto del tema de la reparación histórica, no significa que estemos diciendo al jubilado qué es lo que tienen que hacer, cada uno sabrá qué tiene que hacer y en muchos casos depende de una situación de extremada urgencia que tiene mucha gente. No nos corresponde aconsejar qué hacer, simplemente explicamos cuál es la situación y cada uno tomará la decisión que considere mejor.
-M.H.: Yo considero que vos, Mario Diamonte, sos una persona idónea y calificada para hacerlo. Reivindico mucho tu actuación en el tema de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires y creo que en esto vas a cumplir un papel importante también.
-M.D.: Te agradezco mucho. Hay una situación de inmensa necesidad y de absoluta desorganización de los jubilados. Y de enorme desmoralización. De cómo se ha llegado a esta situación, deberán dar explicaciones quiénes debieron llevar adelante las banderas en su momento y no fueron capaces. No se pueden dejar caer estos reclamos. La situación es desesperante y no solo tiene que ver con los haberes, se suma el problema de la atención en el Pami, la quita de cobertura del 100% de los medicamentos, los servicios que se caen. Es una catástrofe.

Mario Hernandez