Primer round para el gobierno, vienen dos meses calientes

En las primeras horas del lunes, el capital financiero saludaba la victoria electoral del macrismo con una suba de la Bolsa y de los títulos públicos, y una valorización del peso. Las dimensiones de estas subas se encuentran lejos de ser espectaculares, pero señalan una prórroga de la confianza de la burguesía hacia el programa de guerra de clase que se empeña en desarrollar el gobierno nacional. O sea que anuncian nuevas medidas de ataque a los trabajadores, incluso por vía de decretos.

Polos

Los límites políticos y las contradicciones de los resultados, tomados en su conjunto, son claros: el oficialismo obtiene a nivel nacional solamente la tercera parte de los votos, pero consigue resultados políticos importantes en Capital, Córdoba y Mendoza, y por supuesto en San Luis y Santa Cruz. Ese tercio está acompañado por las victorias de ‘macropejotistas’ como Urtubey en Salta; Morales en Jujuy; la de los socios del macrismo en la Mesopotamia; en La Pampa (en Neuquén fue apuntalado por el MPN); y araña un primer lugar, cierto que módico, en Santa Fe. Aunque varios comentaristas ubican los votos de Massa en el campo opositor, desde el punto de vista de la política de conjunto de estos dos últimos años la caracterización más adecuada es de filo oficialista.
La victoria, incluso con estas características, refuerza la capacidad del macrismo para imponer adhesiones ‘opositoras’ en el Congreso y ejercer un gobierno por decreto. Es lo que ha hecho en los últimos meses, sea para ampliar los gastos del Tesoro y para continuar con el endeudamiento sin determinar adónde van asignados, sea para bloquear leyes aprobadas, o la discrecionalidad con que maneja el Banco Central. Incluso para expulsar a Venezuela, sin aval parlamentario, del Mercosur.
La tendencia de las Paso, incluso a través de resultados discrepantes en varias provincias, se ponen aún más de manifiesto en las elecciones bonaerenses. El macrismo logró eludir la derrota que le asignaban numerosas encuestas, incluidas las de bancos internacionales (ni qué hablar del bufón Artemio López). Ha sido aplastado, sin embargo, en los polvorines sociales como La Matanza, Quilmes, y en general en la tercera sección electoral. Las urnas han mostrado una polarización social impresionante entre las clases medias y altas, de un lado, y los obreros y sectores empobrecidos, del otro. El voto que consiguió el macrismo entre las clases medias es, de todos modos, inestable, porque está atado a una paciencia social que fluctúa y que se agota. Los voceros del oficialismo se han cuidado de no interpretar los resultados bonaerenses como un anticipo de una victoria en octubre. Pero ya han puesto en marcha los dispositivos para desarrollar una campaña muy caliente.

Clases en lucha

Las crisis políticas de arriba, como las que atraviesa Argentina desde que comenzara el agotamiento del kirchnerismo, no eliminan la capacidad de acción de las clases dominantes – atizan, por el contrario, su instinto y capacidad de acción. Es lo que ha ocurrido en estos dos años de macrismo, que unificó a la burguesía nativa y provocó una cruzada de apoyo del capital internacional y sus gobiernos y Estados. A Menem le llevó dos años estabilizar su gobierno, incluso por un tiempo limitado – hasta el inició de la crisis del ‘tequila’, a finales de 1994.
Colocados en un contexto más amplio, es decir internacional, los comicios de ayer han puesto de manifiesto que los trabajadores han asimilado en forma defectuosa el derrumbe de los gobiernos ‘nacionales y populares’ en América Latina, desde Venezuela, como es evidente, pero también Brasil, Uruguay, Paraguay y hasta Bolivia y, con vueltas y firuletes, Ecuador. Una parte del pueblo se ha resignado a tolerar una salida financiada con deuda internacional, la otra a seguir, sin perspectiva, el viejo relato en decadencia.
El vocero kirchnerista, Luis Bruschtein, no tiene la menor incomodidad en contar, en Página 12 (14.8), que “en el entorno kirchnerista se afirma que, cuando se incorpore, Cristina Kirchner no romperá el bloque de senadores”, es decir que formará yunta con quienes votaron todas las leyes del macrismo. La polarización social en el distrito bonaerense no tiene correlato, entonces, con la expresión política a la que entregó el voto y que anuncia que intentará insertarse como auxiliar del sostenimiento del régimen político entreguista. Bruschtein no lo ve de esta manera, pero se va por las ramas, y no tanto: “lo más probable”, titubea, “es que después de la elección de octubre se produzca un proceso de renovación de autoridades para que la nueva estructura (se refiere al bloque del pejotismo) sea más coherente con la situación que afrontará el peronismo en los dos últimos años del gobierno de Macri”. En resumen, ningún programa de lucha, pura ajetreo parlamentario, afán de resucitar cadáveres insepultos.
Si el ánimo ‘cristinista’ es este, el que reina en la CGT es fácil de imaginar: se dispone a ingresar en un inmovilismo sin vergüenza, mientras procura que el macrismo le conserve los privilegios. Al movimiento obrero clasista se le plantea el desafío de organizar un plan de defensa contra la ofensiva que las patronales no dejarán de aprovechar, apoyadas desde el Estado.

Los desafíos

El FIT se volvió a convertir en la opción excluyente, con alguna excepción, de los trabajadores en el campo de la izquierda. Podría mejorar para las generales de octubre, a partir del vacío que dejan corrientes que no superaron las Paso. Es necesario insistir que enfrenta una etapa de transición, una de cuyas características es la enorme confusión de las masas acerca de los alcances del agotamiento del ‘progresismo’ y del nacionalismo pequeño burgués, y por lo tanto de las conclusiones que se imponen. El FIT ha obtenido algunos resultados excelentes, en primer lugar en Jujuy, donde seguramente ha canalizado una parte de los votos que obtuvo la agrupación de Milagro Sala en 2015, y también en Santa Cruz, donde quedó como tercera fuerza, lo cual da una expresión política propia a la insurgencia popular en la provincia. Varios observadores destacan la “resistencia” del FIT a lo que caracterizan como un ‘oleaje’ macrista.
Otros tres resultados importantes han sido Mendoza, Neuquén y Salta, en el marco de parámetros obtenidos en elecciones anteriores. En Mendoza se plantea la pelea difícil para volver a ganar una diputación nacional. En Salta, el Partido de la Victoria, un aliado crónico de Urtubey, logró ponerse adelante del FIT, con una campaña ‘cristinista’. Tenemos una gran pelea en Salta de cara a las generales. Una elección muy buena realizó el FIT en Chubut, porque hacía un debut electoral, en el marco de conflictos y luchas en Aluar y petroleros, la lucha mapuche y el enorme deterioro urbano de Comodoro Rivadavia. Los partidos del FIT harán, en los próximos días, un balance detallado y más preciso, del conjunto de la participación en las Paso, incluido factores fundamentales como el nivel de movilización militante, organización del apoyo popular y número de fiscales. La lucha electoral, además de los votos, y a veces más que los votos, importa por la movilización que se ha logrado de la vanguardia de los trabajadores.

Octubre

En cuatro distritos – Capital, provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe – queda una batalla ardua hacia las generales. Desde 2013, ha estado la expectativa de conseguir una representación al Congreso nacional en Caba y Córdoba, y aumentar la de Buenos Aires. En estos escenarios, el FIT enfrenta una pelea de fondo. En Córdoba, el FIT retrocedió medio punto respecto a las primarias de 2015; el frente Mas-Mst, a su vez, logró atravesar las Paso en el distrito. Un ‘cristinista’, Pablo Carro, salió tercero, aunque retrocediendo en el porcentual de votos.
Los dos meses a octubre se perfilan como singularmente críticos en varios sentidos – de un lado, por los altibajos de la situación económica y los ataques sociales y laborales del gobierno, del otro, por el diseño que desarrollarán las fuerzas políticas en presencia. Las Paso no han definido ninguna de las cuestiones políticas fundamentales, pero es lo que la gran burguesía y el gobierno intentarán definir de aquí en más. Se asistirá, seguramente, a una lucha política despiadada, incluida la guerra sucia, y a una reducción de las promesas retóricas. Asistiremos a una readecuación de las campañas. Tenemos por delante dos semanas de intensa elaboración política de parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Jorge Altamira

El desafío de la CABA

La denuncia de la corrupción kirchnerista y la amenaza de la “vuelta al pasado”, como recursos para disimular el ajuste, la caída del salario y la crisis social, tuvieron en la Capital su mayor expresión. Allí, la candidata oficial Lilita Carrió obtuvo casi el 50% de los votos. ¿Vendaval derechista? En verdad, Carrió cultivó a fondo su condición de “oficialista-opositora”, es decir, de denunciante supuestamente objetiva. A contrapelo de ello, la “acusadora” se cuidó muy bien de rozar al macrismo: por el contrario, defendió al espía Arribas en las revelaciones sobre sus cuentas off shore, y nunca se la escuchó hablar de los Panamá Papers. Mucho menos fue percibida su defensa del fallo de la Corte a favor del 2x1 a los genocidas, aún cuando después el macrismo -bajo la presión popular- promovió derogar en el Congreso.
La victoria de Carrió dejó pedaleando en el aire al socio vergonzante del macrismo, Martín Lousteau. Este, para encubrir su apoyo de fondo al ajuste oficial, decidió llevar adelante una campaña con críticas a la gestión municipal. Pero la versión porteña de la “avenida del medio” terminó peor aún que Massa. Por su parte, con sus tres listas, el frente entre el Pejota porteño y el kirchnerismo apenas superó el 20% y estuvo por debajo de presentaciones anteriores. La pretensión de sumar votos “por izquierda”, con la incorporación de Itaí Hagman, no movió el amperímetro, y dejó a estos “izquierdistas” afuera de la lista. Era un desenlace previsible, incluso para los propios herederos de la Mella. Pero es posible que éstos utilizaran a la interna como la excusa necesaria para apoyar sin remilgos a la lista del mentor educativo de Menem y Grosso. Con un despliegue mediático y publicitario enorme, la lista de Massa en el distrito se ubicó dos décimas arriba del FIT, en el cuarto lugar.

Nuestra votación y lo que viene

La votación del Frente de Izquierda alcanzó el 3,8%, un porcentual algo inferior al que alcanzamos para diputados en las Paso anteriores. En nuestra percepción política, tenemos claro que esta votación se concentró fuertemente en los lugares de trabajo con organización sindical combativa, en las universidades y en los colegios secundarios, donde realizamos en las semanas previas una intensa campaña contra la reforma educativa reaccionaria que pretende Rodríguez Larreta. Aunque estuvimos en una relativa paridad con la lista de Luis Zamora, es difícil encontrar votos por éste en los lugares donde se procesa una experiencia de lucha y organización. Se trata, entonces, de un voto de personas aisladas, a favor de quien ha hecho del rechazo a una construcción colectiva de los trabajadores su único principio. Desde el punto de vista territorial, nuestra votación tuvo sus puntos más altos en las barriadas del centro sur de la Ciudad, como Boedo, Almagro y Balvanera. En relación a otras elecciones, tuvimos una votación superior en Soldati y Lugano, y caímos relativamente en Palermo y toda la zona norte.
La votación que alcanzamos asegura el ingreso de Myriam Bregman a la Legislatura. Deberíamos subir un punto y medio para alcanzar el de Gabriel Solano, y unos dos puntos y medio para llegar al Congreso desde la Capital. Aunque es un salto importante, ninguno de quienes nos aventajan -con excepción de Carrió- ha quedado en condiciones políticas de realizar una campaña vigorosa. Es necesario dirigirnos a todo el electorado, y confrontar las principales cuestiones de la agenda laboral y democrática con la política de los candidatos, sin excluir a Carrió. La ciudad del “Argentinazo”, de las enormes luchas educativas, de las movilizaciones gigantescas por el Ni una Menos y el 2x1 debe ser interpelada con una campaña de planteos políticos vigorosos, que hagan ver al electorado el mérito de conquistar una banca del Frente de Izquierda para el pueblo de la Capital.

Marcelo Ramal

El desafío del Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda obtuvo 900.000 votos. Superamos las PASO en 21 de las 22 provincias donde nos presentamos, constituyendo la referencia indiscutida de la izquierda en el conjunto del país.
Durante la campaña electoral, fuimos atacados como nunca por el macrismo y todos sus cómplices.Sencillamente, por “estar donde había que estar”.
Acompañando las luchas obreras y populares contra el ajuste.
Y rechazando el despotismo político de quienes intentan montar un régimen de excepción, aunque se vistan de `republicanos o democráticos”.
Para cosechar votos, el gobierno agitó el fantasma de la corrupción kirchnerista y el “retorno al pasado”. Con ello, extorsionó a una parte del pueblo. Pero un resultado electoral apenas favorable no va a resolver la crisis económica y social de fondo que tiene como responsables tanto a macristas como a kirchneristas, y que los trabajadores pagan con despidos, carestía creciente, tarifazos y jubilaciones de miseria.
Para trasladarle esa hipoteca a los trabajadores, el gobierno prepara nuevas agresiones, como una reforma laboral flexibilizadora y el aumento de la edad jubilatoria.
Cristina Kirchner quiere polarizar… hasta octubre. Para después, anunció una alianza con los mismos pejotistas que vienen cogobernando con Macri, en el Congreso y en las provincias.
Por eso, el casi millón de votos obtenidos por el FIT tienen que ser la plataforma de una campaña vigorosa de acá a octubre.
Por una salida propia de los trabajadores, frente a la encerrona y la miseria a la que nos condenan los bloques capitalistas.
Por diputados y legisladores de izquierda, como plataforma y tribuna de una lucha para levantar a la clase obrera como alternativa de poder.

Partido Obrero

“La Ley de Bosques debe preservar la vida y no los negocios”

Geógrafos y antropólogos de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) elaboraron una serie de informes donde argumentan la gravedad que supone una posible modificación de la Ley de Bosques. Los documentos, respaldados de manera unánime por el Consejo Directivo de la unidad académica, serán presentados como una voz crítica ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), solicitando no avalar ninguna modificación que implique el uso y explotación indiscriminada del territorio, fundada en una racionalidad ecocida.
En nuestra sociedad, por lo general, los problemas ambientales son pensados en el ámbito científico y con dominio de las llamadas ciencias duras o ciencias naturales. Sin embargo, desde hace algunas décadas, las ciencias sociales han comenzado a hacer oír su voz de alerta sobre estos temas. En particular, desde la Geografía Social y desde las distintas líneas de estudios que aborda la Antropología, se realizan investigaciones fundadas acerca del desarrollo indiscriminado de la cultura y sus diferentes impactos en nuestro medioambiente.

Deshumanizando nuestro entorno

La Antropología observa que el mundo moderno viene asociando “lo humano” a la Cultura y ha convertido a “lo que no es humano” en Naturaleza. Así, despojada de toda humanidad, la Naturaleza desde hace unos pocos siglos se ha convertido en un gran campo de experimentación de nuestra propiedad y sustancialmente es concebida como un mero recurso.
Sólo, y desde hace un tiempo, se ha comenzado a tomar conciencia sobre el altísimo precio que cobra una explotación sin límites de nuestro ambiente, a partir de la polución creciente de los suelos, el aire, el agua y los seres vivos, con la desaparición acelerada de numerosas especies de plantas y animales, sumado a las consecuencias dramáticas del incremento del efecto invernadero que sufre todo el planeta.
Así, distintos equipos de investigación radicados en la Universidad trabajan sobre cuestiones que intersectan los actuales debates que atraviesa la Provincia de Córdoba, y en este caso, aquellos relacionados con la pretendida reforma de la Ley de Bosques. Estos trabajos abarcan un amplio abanico de temas que desde la antropología interpelan sobre cómo afecta puntualmente la aplicación de la Ley vigente a poblaciones que habitan el monte en el norte cordobés. Un análisis que además cruza perspectivas ecológicas y sociales acerca de los recurrentes incendios forestales en la provincia, hasta estudios paleoambientales y arqueológicos que dan cuenta de vínculos entre humanos y el monte en el pasado, por citar sólo algunos.
Por ello, los antropólogos de la FFyH consideran que una reforma a la Ley de Bosques, en los términos que actualmente se plantean, sólo terminará deshumanizando y recrudeciendo aún más los daños sin límites hacia nuestro medioambiente, favoreciendo a los poderes concentrados que sólo miden su interacción con la Naturaleza para obtener mayores beneficios económicos.
En este sentido, el Departamento de Antropología y el Museo de Antropología de la FFyH de la UNC manifiestan que:
“A meses de celebrar los cien años de la Reforma Universitaria que cambió para siempre los destinos de nuestra institución, vivimos con especial preocupación decisiones que atentan directamente contra la posibilidad de una Universidad abierta, diversa y comprometida. En este marco, llamamos a la actual gestión rectoral a actuar con la responsabilidad política que el tema implica y el compromiso que reclama. Tomar con seriedad la cuestión y armar una mesa interdisciplinaria que incluya -y se sirva- de los recursos humanos con los que cuenta la UNC”.

Desde la Geografía

De manera paralela, el Departamento de Geografía de la FFyH elaboró un riguroso informe que, además de brindar un marco de interpretación al proceso de actualización de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba, aporta elementos significativos a tener en cuenta de cara a una posible modificación de la Ley que regula la existencia y el cuidado de nuestros bosques nativos en Córdoba.
Elaboramos aquí una síntesis de los puntos más significativos del informe.

La pérdida de bosques frente al negocio de la soja

Los bosques en la provincia de Córdoba llegaron a ocupar el 70 % de su superficie y fueron eliminados progresivamente. Las áreas boscosas que hace poco más de 100 años ocupaban alrededor de 13 millones de hectáreas de las 16.500 millones que conforman el territorio cordobés, hoy no alcanzan a cubrir 1.250.000 hectáreas y, de ellas, quizás apenas el 3% corresponden a bosques nativos propiamente dicho.
El principal factor de esta reducción de los bosques es la implementación de la actividad agropecuaria en la provincia. Una actividad que comienza a desarrollarse hacia fines del siglo XIX en sur y este provincial, y cobra un nuevo impulso hacia mediados de la década del ´90 de la mano de la globalización económica y alimentaria, junto a la intensificación del dominio del capital sobre el agro.
Esto llevó a la agriculturización progresiva de la producción rural, en un proceso dominado por el monocultivo de soja con un marcado sesgo exportador. El aumento de la demanda externa y los precios internacionales favorables, generaron un aumento de la renta diferencial sobre tierras antes dedicadas a otras actividades, desplazándose a sectores menos favorables e intensificando los desmontes a medida del avance de las nuevas fronteras agrícolas.
Esto trajo aparejado un gran número de problemáticas asociadas, como pérdidas de suelo, inundaciones, contaminación por agroquímicos, concentración de la propiedad, del capital y del uso de la tierra, desplazamientos de campesinos y pequeños productores, pérdida de patrimonio cultural y otros.

Los impactos negativos del desmonte+

La propuesta legislativa de modificaciones de la Ley 9814 propone un reordenamiento territorial de los bosques nativos, eliminando áreas de categoría prioritarias de conservación (rojas y amarillas) con una nueva consideración de la categoría bosques nativos, limitándose a los árboles nativos de gran porte y facilitando la eliminación de la cobertura de pastizales, arbustales y/o fachinales en la zona noroeste de la provincia y las sierras pampeanas, donde actualmente se protege aproximadamente el 3% remanente de los bosques que existieran en la provincia de Córdoba.
Si la propuesta de modificación de la ley vigente sobre bosques nativos se consolida, generaría la posibilidad de avanzar con las prácticas de desmonte asociada principalmente a los agronegocios, y los consecuentes procesos de expansión de la agricultura y la ganadería como ha venido sucediendo desde hace tiempo.
En este sentido, las modificaciones propuestas para la ley 9814 por el Estado, operarían favoreciendo las prácticas y beneficios de los grupos asociados a un modelo de producción empresarial centrado en los agro negocios. Una modalidad productiva que se caracteriza por implementar paquetes tecnológicos dependientes de energía y capital intensivo, que se plasmó en nuestro medio a través del monocultivo de soja, principal componente de la estructura agro productiva de nuestra provincia, que impactó fuertemente el bosque nativo de los departamentos del norte cordobés.
El desmonte también ha generado problemas de salud antes casi desconocidos para nuestra zona, como las enfermedades transmitidas por los mosquitos, debido a que por un lado los bosques actúan como barreras a la expansión por migración de los mosquitos, y por otro el monocultivo y la aplicación de pesticidas afectó la biodiversidad disminuyendo la población de predadores del vector; el caso del Dengue es paradigmático.

El rol del Estado como garante del bienestar social

Finalmente, el informe emitido por el Departamento de Geografía de la FFyH, pone el acento en el rol del Estado como garante del bienestar social y ambiental de la provincia. En este sentido, alerta que al tomar posición a favor de quienes promueven las modificaciones a la ley 9814 que favorecen a los sectores agrarios empresariales y al modelo productivo imperante, condiciona el destino de los pequeños productores y campesinos, que frente a la gran expansión del negocio de la soja ven lacerados sus derechos frente a la laxitud de las leyes y políticas públicas que no los contienen. Asimismo, el cambio de categoría propuesto en las modificaciones permitirá la aparición de la especulación inmobiliaria sobre las tierras que hoy están en manos de estos actores, que se verían presionados por el cambio de uso del suelo contrario a sus formas de producción tradicional.
Es de destacar que los efectos nombrados sobre el ambiente, la economía, la salud humana, entre otros, se plasman en erogaciones que el Estado debe hacer para mantener, recuperar y mitigar estas problemáticas. Peso que cae indefectiblemente sobre toda la ciudadanía, que es en definitiva la que soporta estas erogaciones.
Por todo lo expuesto, -subrayan los especialistas- el Estado entra en una contradicción insalvable al generar condiciones que recaen negativamente en su propia esfera, produciendo daños a su propia estructura que luego tendrá que reparar, afectando a toda la comunidad que sufre el efecto de los daños y su remediación, quedando como únicos beneficiarios de esta maniobra, a unos pocos empresarios que concentrarían aún más la tierra y la renta que esta produce.

Alfilo
La Tinta

Fenomenal penetración del crimen organizado

La burguesía necesita sanear las instituciones del Estado para recuperar su control. El avance es medido, para poder encubrir los intereses del gran capital y no lastimar a su propio gobierno.

El crecimiento del narcotráfico y la drogadicción en Argentina, de manera prácticamente ininterrumpida desde la década de 1990, es hoy tan evidente como dramático. Nadie discute tampoco que en lo que va del siglo el país pasó de ser un mero lugar de tránsito a un importante centro de consumo masivo, que incluye la instalación de laboratorios y cocinas de producción de drogas.
Por tratarse de una actividad ilegal entrelazada con la creciente marginalidad social, es difícil traducir todo el fenómeno del narcotráfico en cifras. Los últimos datos oficiales certificados por la Oficina contra la Droga y el Crimen de la ONU muestran que el consumo de cocaína aumentó entre 2004 y 2011 (último año con datos disponibles) exponencialmente entre los adolescentes. El último dato oficial nacional, de junio de este año, marcó la triplicación de su consumo en menores de 12 a 17 años respecto de 2010. Es la droga que más impacta en la población, junto a la pasta base de cocaína, que afecta a los sectores más humildes en los centros urbanos del país.
Entre las distintas organizaciones no gubernamentales que presentan diagnósticos sobre el tema –todos desalentadores y preocupantes– uno de los más interesantes es el de la Universidad Católica Argentina (UCA). La institución difundió este año su tercer “Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones: Venta de Drogas y Consumos Problemáticos”, que realiza a través del Observatorio de la Deuda Social.
El relevamiento surge de una encuesta nacional hecha en 5.700 hogares sobre la percepción de la venta de droga que tienen las familias en la zona donde viven. Los resultados muestran que en el período 2010-2015 hubo un importante aumento de la venta de drogas en los barrios pobres de todo el país. El mayor crecimiento del quinquenio se produjo en la Patagonia y la región del noreste, mientras que entre las zonas urbanas el cordón bonaerense es el más afectado: en un 48% de los hogares se manifestó que había venta de drogas en el barrio, frente al 28% de 2010. En las villas y asentamientos precarios el porcentaje se eleva a 80%. No es una región más del país: el conurbano de Buenos Aires concentra un cuarto de la población nacional.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, aseguró que más allá del avance del narcotráfico, se comprobó también un avance del “narcomenudeo” en los barrios, en referencia a pequeñas organizaciones donde se insertan los jóvenes marginados para tener ingresos “que en espacios legales no hay” o simplemente para consumir y “aliviar su sufrimiento”.
Estas organizaciones “muchas veces van de la mano con fuerzas policiales”, concluye el informe en referencia a la corrupción de las fuerzas de seguridad, que es de público conocimiento y se extiende a la justicia y la política. El Episcopado ya había advertido a fines de 2013, con inusual lenguaje, que “costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias”. Dos años después, desde el Vaticano, Francisco llamaba a “evitar la mexicanización del país”.

Putrefacción institucional

Ante la exigencia de un sector del empresariado de sanear las instituciones públicas –y recuperar su control– y la demanda de amplios sectores de la población que sufren la penetración del crimen organizado, el gobierno nacional comenzó a enfrentar grandes focos mafiosos y de corrupción, como La Salada (ver aparte). Incluso algunos analistas y dirigentes oficialistas consideran esa lucha como fundamental de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre.
El problema es que el entramado de corrupción, ilegalidad y narcotráfico ya caló hondo en muchas zonas del país e involucra a jueces, policías y dirigentes vinculados a todos los partidos burgueses en un nivel impensable décadas atrás.
“Nosotros tenemos todo: tránsito, producción y consumo de drogas”, expuso el fiscal de la Procuraduría nacional especializada en narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias. El tráfico de drogas “además de generar ganancias inconmensurables y daños en la salud, tiene la capacidad de corromper todo, infecta a todos los poderes del Estado”, se lamentó. Por eso la primera tarea es sanear las propias instituciones públicas: “Nuestra función es apuntar a esos nichos de corrupción porque no podemos ir por las grandes bandas si tenemos a las fuerzas de seguridad, a los políticos, jueces o fiscales corrompidos”, explicó Iglesias.
Uno de los lugares más afectados por el crimen organizado es la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, Paraguay y Chile. “Salta está total y absolutamente atravesada por el crimen organizado”, se lamentó en junio el diario provincial La Gaceta de Salta, a la par que denunció “un crecimiento económico y de poder para delincuentes que resulta extremadamente complejo de combatir”. El entramado de corrupción montado por el narcotráfico incluye a “funcionarios, políticos, policías, gendarmes, jueces cómplices”, en un marco de alta exclusión social por falta de empleo y pobreza. Además, a la par de este delito florece desde y hacia la provincia el tráfico de personas, con fines de explotación laboral y sexual.
La lista de casos que salen progresivamente a la luz es extensa y genera noticias todas las semanas. Pero algunos son emblemáticos. En las localidades fronterizas de Orán –la segunda mayor ciudad de Salta– y Salvador Mazza hay jueces y gendarmes procesados, e incluso concejales involucrados.
Uno de los hechos más impactantes fue la detención de quien era el juez federal de Orán desde 2002, Raúl Reynoso, que renunció en 2016 por favorecer a narcotraficantes. Reynoso había sido públicamente reivindicado como un ejemplo heroico de lucha contra el crimen organizado por la ex presidente Cristina Fernández, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y varios medios de comunicación. Hoy está procesado como jefe de una asociación ilícita integrada por jueces y abogados que trabajan para los narcotraficantes por grandes sumas de dinero.
En otro municipio fronterizo, pero de la provincia de Corrientes, Itatí, el propio intendente fue detenido en el marco de investigaciones contra el narcotráfico. Acusado de formar parte de una asociación ilícita encargada de acopiar en el municipio marihuana ingresada por menores de edad desde Paraguay, el intendente trabajaba junto a policías provinciales y nacionales, gendarmes y prefectos, funcionarios políticos y judiciales, para distribuir la droga a siete provincias del país.
Ahora la investigación llega al propio gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, que está en la mira de un fiscal federal por presunta obstrucción de la justicia a favor de una banda narcotraficante durante una serie de allanamientos realizada en diciembre.
También en Salta fueron detenidos dos hermanos que poseen 25 mil hectáreas de fincas en la zona fronteriza con Bolivia, que bajo la fachada de emprendimientos agrícolas sirven de base para el tráfico de drogas a gran escala. Delfín y Raúl Castedo fueron detenidos y procesados como cabecillas de una organización narcotraficante, pero el cártel sigue funcionando porque la justicia rechazó el decomiso de esos campos, desde donde controlan no menos de 40 kilómetros de frontera, con decenas de pasos ilegales.
Las denuncias de complicidad política y policial con el narcotráfico llegan a muchas más provincias. En los últimos años, los jefes policiales de Santa Fe, Córdoba –y este año Buenos Aires– cayeron por esas acusaciones. Y a nivel nacional, nada menos que el titular de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2004 y 2011, José Ramón Granero, fue procesado por habilitar el ingreso ilegal al país de efedrina y otros precursores químicos para la fabricación de drogas.

Purga peligrosa

El gobierno de Mauricio Macri se muestra empeñado en combatir el narcotráfico y la corrupción institucional, pero lleva a cabo la tarea midiendo cada paso. Es lógico: tanto él como la coalición de gobierno (Cambiemos) que encabeza no están a salvo de las derivaciones a gran escala que provoca la limpieza encomendada.
La figura estelar elegida para este plan es la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mientras que la auditoría interna del proceso corre de facto por cuenta de Elisa Carrió, dirigente de la Coalición Cívica y articuladora central de Cambiemos. Así quedó demostrado el 9 de mayo, cuando Vidal destituyó nada menos que al jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, reiteradamente denunciado por Carrió por supuestos vínculos con el narcotráfico y señalado como hombre ligado a las agencias de seguridad estadounidenses. Esa fuerza es la mayor del país, con 90 mil policías en sus filas, y está señalada como la más corrompida y peligrosa.
Otro apuntado por Carrió es Daniel Angelici, presidente del mayor club de fútbol de Argentina y hombre de extrema confianza de Macri. “El presidente tiene que optar si vamos a profundizar el cambio en Argentina o vamos a cambiar de mafia”, disparó Carrió a fines de 2016 tras iniciar una causa contra Angelici y calificarlo de “delincuente” y “operador judicial”.
El presidente de Boca Juniors (cargo desde el que el propio Macri saltó a la arena política) está sospechado además de tener vínculos y proteger a los “barras bravas” del club, organizaciones mafiosas que desde el fútbol llegan a dominar una gran cantidad de negocios ilegales (ver recuadro).
Por si fuera poco, Carrió también apunta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, entre otras cosas por defender a jueces cómplices del narcotráfico, según denunció.
La depuración también encuentra límites en las instituciones financieras. A menos de un mes de haber asumido la presidencia, Macri dejó en claro los intereses que representa y nombró al mando de la Unidad de Información Financiera (UIF) –órgano encargado de combatir el lavado de dinero– a personas ligadas a los principales bancos acusados del delito por la propia UIF. María Eugenia Talerico era abogada defensora del banco Hsbc en causas de lavado iniciadas por el organismo que ahora conduce junto a Mariano Federici, abogado del FMI.
Esta decisión no es menor. En el mundo de la lucha contra el narcotráfico se sabe que es la pista del dinero la que lleva a las cúpulas del crimen organizado y permite desbaratar estas organizaciones, mientras que a través de la ruta de la droga sólo se llega a personas marginadas de la sociedad que son reclutadas por las mafias para el transporte de mercaderías ilegales.
El combate a las mafias tendrá estos límites y a sus protegidos, pero ya no puede ocultarse lo evidencia: Argentina es un país narco y sus tentáculos llegaron a la profundidad del Estado.

La Salada: mafias, política y necesidad

Abrió la puerta blindada, salió del búnker insultando y resistió a los tiros el inevitable arresto policial en su mansión de la localidad de Luján, a 60 kilómetros de la capital. Su nombre es Jorge Castillo y es el principal líder de una enorme feria de indumentaria y todo tipo de productos ubicada a menos de tres kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.
El predio, de 20 hectáreas, se llama La Salada. Y a Castillo lo apodan el “rey” de este mercado, que factura más de 2 mil millones de dólares anuales y es considerado la feria ilegal más grande de América Latina.
El ciudadano común suele imaginar a los líderes de organizaciones mafiosas como personajes ocultos, que evaden la justicia y actúan a escondidas, bajo un halo de misterio y clandestinidad. Pero Jorge Castillo es lo opuesto. Activo miembro de la Unión Cívica Radical (UCR, uno de los dos mayores partidos de Argentina), el jefe de La Salada ha participado de numerosos actos públicos con dirigentes de todo el arco político burgués.
Incluso en junio de 2015, cuando el dirigente radical pretendía llevar su “modelo de negocios” a Miami, fue entrevistado por el estadounidense Financial Times, desde donde presumió que alrededor de la feria se montan negocios por un total de 4.400 millones de dólares anuales. Esa cifra ni siquiera la alcanza la compañía Irsa, que posee 16 shoppings comerciales en todo el país.
Además de ser la cabeza visible de La Salada, Castillo y su familia forman parte de empresas de producción ganadera y agrícola, prestan servicios inmobiliarios y publicitarios, dan créditos financieros y operan casinos y bingos, entre otros negocios.

Rostro oculto de un país

Ubicada en el conurbano bonaerense, La Salada es el punto de confluencia de un conjunto de fenómenos subyacentes que forman el costado más duro de Argentina.
Distintas investigaciones sobre el predio concluyeron que la venta formal e informal de productos es sólo un parte del negocio millonario, que incluye venta de drogas y armas en los barrios aledaños, trata y explotación de personas, entre los delitos más aborrecibles. Todo ello gracias a la complicidad activa de fuerzas policiales, judiciales y políticas corrompidas por el dinero.
En La Salada había más de 15 mil puestos dentro y fuera del predio (estos últimos fueron derribados), alquilados a las asociaciones mafiosas. Allí se estima que viven de las ventas unos siete mil trabajadores y llegan cada día de feria más de 20 mil consumidores. A veces quien atiende un puesto es el empleado de quien lo alquila. Y su “dueño”, a su vez, compra los puestos a los dueños de los predios, que son principalmente Castillo y Enrique Antequera, en asociación con quienes los rodean desde la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La cadena de ilegalidad comienza fuera de La Salada, en los talleres clandestinos de producción textil, donde miles de trabajadores son explotados en condiciones prácticamente de esclavitud y de donde sale la indumentaria que se vende en la feria. Otros proveedores son bandas de asaltantes de camiones que distribuyen productos –llamados “piratas del asfalto”, y también llegan mercaderías desde los focos de corrupción en la Aduana. Por eso, además de ropa, en la feria se pueden encontrar todo tipo de cosas: desde artículos de supermercados, farmacias y electrónica, hasta perfumes importados. Casi todo entre un 50 y 70% más barato que en los locales de venta formales.
Afuera del predio otras organizaciones mafiosas, con menos contactos políticos y judiciales, regentean puestos callejeros de venta ilegal y se disputan a muerte los ingresos por sus alquileres, el estacionamiento de vehículos e incluso la venta de droga en la zona. La mayoría de estos grupos está vinculada a las “barras bravas” del fútbol, que en cada partido obtienen ingresos ilegales en connivencia con la policía por el estacionamiento de vehículos, la venta de indumentaria falsificada de los clubes y puestos de comida ambulantes.
Además de Castillo, otras 30 personas fueron detenidas en el operativo del 21 de junio pasado, entre ellas el subjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Bonaerense, como parte de las investigaciones por “asociación ilícita y extorsión”. “En La Salada funcionaba un Estado paralelo”, declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la intervención policial.

Campañas electorales

Apenas un mes antes de ser arrestado, Castillo manifestó en una entrevista radial su voluntad de competir en las primarias de agosto dentro del frente Cambiemos (compuesto por la UCR y el partido del presidente Mauricio Macri, PRO) en el municipio de Lomas de Zamora, donde está ubicada La Salada. Días después, el 25 de mayo, participó de un acto oficial de campaña de la UCR para impulsar la candidatura a diputado nacional de Martín Lousteau. El postulado por la Ciudad de Buenos Aires acaba de dejar su cargo como embajador en Estados Unidos –nombrado por Macri– y fue ministro de Economía de Cristina Fernández.
Durante el mandato de Fernández de Kirchner, Castillo también tuvo un lugar privilegiado dentro del oficialismo. Incluso llegó a viajar con una misión presidencial argentina a Angola, organizada por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, que tras su detención lo calificó como “su único amigo radical”. Llamativo es que Moreno comparte un espacio electoral dentro del kirchnerismo para las primarias del 12 de agosto junto con Gustavo Vera, hombre de confianza del Papa Francisco, que hace años denuncia judicialmente a Castillo y La Salada.
Durante la campaña presidencial de 2011, el jefe del predio ilegal había apoyado al radical Ernesto Sanz en la interna de la UCR, a quien acompañó en su acto oficial de lanzamiento en la Capital Federal. El dirigente radical fue cuatro años después el principal articulador del frente Cambiemos junto a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica.
Carrió, a su vez, fue fotografiada en 2009 junto a Enrique Antequera, el segundo hombre más fuerte de La Salada, también de grandes contactos políticos, policiales y judiciales. Antequera fue señalado por Carrió como un afiliado del partido GEN que encabeza Margarita Stolbizer, hoy aliada del ex candidato presidencial Sergio Massa. Ambas dirigentes –de origen radical– se erigen públicamente como las líderes de la lucha contra la corrupción del kirchnerismo.
Ese mismo año, Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de Macri y por entonces candidato a diputado por el Acuerdo Cívico y Social (donde confluían Carrió y Stolbizer) publicó una columna en el diario Clarín en defensa de Castillo y La Salada, a la que calificó como un espacio de “emprendedores”. Fue su manera de agradecer, como tantos otros dirigentes, el dinero en negro volcado en su campaña electoral, proveniente de la mayor feria ilegal de América Latina.

Informalidad y crisis

La Salada es el mayor centro de ferias ilegales, pero es apenas una de las 662 registradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El organismo estimó que el comercio ilegal mueve en el país 71.500 millones de pesos por año (más de 4 mil millones de dólares) y emplea a cerca de 87 mil vendedores informales.
En mayo, el comercio no regulado generó ingresos por 6 mil millones de pesos (350 millones de dólares), según el registro de la Came en 465 localidades argentinas. Si bien algunas de las ferias más grandes ya fueron desmanteladas, el número de vendedores ambulantes se expandió notablemente en los últimos meses de la mano del aumento del desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y la caída de la producción y el consumo formal. El relevamiento confirmó que cada vez más personas realizan compras en las ferias ilegales.
En las localidades del conurbano más empobrecidas y castigadas por la situación económica actual, incluso se ha registrado un notable crecimiento de la práctica del trueque, potenciada a través de internet. La otra cara de este fenómeno es la caída mensual sostenida de las ventas en comercios minoristas.

Ignacio Díaz
América XXI

Los bulos más difundidos sobre los mapuches

Durante los corrientes días, en el contexto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la fuerte repercusión del caso en los medios y el recrudecimiento de la represión contra el pueblo mapuche como respuesta del Estado a sus reclamos, se desató una campaña difamatoria y xenófoba contra los mapuches en la que se reavivan viejos bulos acerca de los orígenes mapuches y sus territorios, como así también las añejas teorías conspirativas entorno a la soberanía de la Patagonia.
Como si no fuera suficientemente retrospectivo los recientes sucesos de la desaparición de Santiago —que nos trae a la memoria las paginas más oscuras de la historia argentina—, viejos mitos y teorías conspirativas que reavivan nos hacen vivir una nueva campaña de marginalización contra los pueblos originarios en un contexto de represión sistemática por parte del Estado.
Desde el gobierno, los responsables de alguna manera de no seguir profundizando estos sentimientos xenófobos y repudiar el acrecentamiento del oportunismo de la extrema derecha en su campaña de odio en épocas electorales, se sostienen como hipótesis descabelladas teorías sobre el financiamiento de grupos mapuches rudimentarios. Esta postura genera que muchos populismos de extrema derecha sean tomados en serio en sus discursos de odio al tener, en cierta medida, el apoyo de los funcionarios del Gobierno.

Ministerio de desinformación como disparador

El pasado miércoles, durante un reportaje a Todo Noticias, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a cargar contra las organizaciones sociales mapuches señalando que la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) está financiada por una organización inglesa la cual, según palabras de Bullrich, podría tener intereses en la región.
"Está confirmado" sentenció. Dichas declaraciones fueron rápidamente reproducidas por los medios afines al gobierno teniendo gran trascendencia. Estas declaraciones se suman a otras dadas desde el gobierno en el que afirman –sin pruebas– que el rudimentario RAM es apoyado logísticamente por organizaciones tales como el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), las FARC-EP colombianas, la ETA vasca y el IRA irlandés.(1)
Bullrich basa sus especulaciones en la existencia del Enlace Internacional Mapuche (Mapuche International Link en inglés) una organización dedicada a la difusión de la cultura mapuche en el extranjero fundada el 11 de mayo de 1996 en la ciudad británica de Bristol luego de la disolución del Comité Exterior Mapuche operativo
desde 1978.
De acuerdo con su sitio web, la organización se encarga de difundir la situación actual del pueblo Mapuche como también los aspectos de su cultura, historia, luchas y aspiraciones.
Pese a ser un organismo con ya casi 20 años de existencia (sin contar su precesora fundada en enero de 1978) su representatividad dentro del propio territorio mapuche Walmapu es casi nula y sus delegados provenientes del Walmapu son tan solo dos; Ewa Wachala-Kelly y Reynaldo Mariqueo. Este último ejerce de Secretario General de la organización y es un activista monarquista residente en Inglaterra desde los años 70 que se adjudica el título de Conde de Lul-lul Mawidha otorgado por "la Casa de Tounens" quienes a su vez reclaman una monarquía en territorios mapuches desde 1862 cuando el fundador de la Casa Orélie Antoine de Tounens tuvo que abandonar el efímero reino que había instaurado en 1860.
Parece ser que pese a tratarse de una organización relativamente minoritaria y con poca relevancia en el marco de la lucha mapuche no es impedimento para el gobierno al momento de difundir información severamente exagerada. Sin embargo no es la primera vez que se usa a esta organización como argumento de prueba de que detrás de la lucha mapuche se encuentran las garras del colonialismo británico.

El bulo como verdad

Podría considerarse que el Enlace Internacional Mapuche es más conocido dentro del ámbito de los ultranacionalistas conspiracionistas que dentro del mismo Walmapu. Es tan así que cuando en foros de extrema derecha tales como Metapedia se tocan tópicos como el tema mapuche no falta la oportunidad de mencionar al Enlace Internacional Mapuche como una prueba de que detrás de los reclamos territoriales y culturales de los mapuches se esconde una maniobra británica para dividir la Patagonia o incluso una herramienta más para ejecutar el apocalíptico "Plan Andinia", una reconocida conspiranoia divulgada por Walter Beveraggi Allende en
1971 en el que aseguraba que los judíos planeaban apoderarse de la Patagonia e instaurar un Nuevo Israel.
Entre los aficionados a estas conspiranóias se puede encontrar ultranacionalistas, fascistas y supremacistas blancos que hacen de estas teorías un argumento propio e irrefutable por la cual asumir el peligro que según ellos mismos representa y hacerlo un Estandarte de odio, un motivo, para defender la Patria.
Alejandro Biondini, dirigente neonazi y candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del partido Bandera Vecinal, es uno de ellos. Esta semana durante un debate en América 24 salió a respaldar a la ministra Patricia Bullrich afirmando que sus declaraciones son ciertas y que el RAM constituye una amenaza nacional "directamente patrocinada por Inglaterra".
Entre los miembros de su partido es muy común ver personas que comulguen con estas teorías las cuales suelen divulgar, tanto en redes sociales como en blogs, el bulo y caer reiteradamente –adrede– en la generalización.
Los recursos para estigmatizar aún más al pueblo mapuche no se detienen allí, sino que van más allá de las teorías conspirativas y se reposicionan pero desde una postura argumentativa que intenta jactarse de verdad histórica.

Convertir al oprimido en tirano

"Los mapuches, invasores chilenos, exterminaron a nuestros indios tehuelches originarios de nuestra Patagonia" es el argumento que repiten hasta el hartazgo aquellos que se jactan de que es un hecho histórico que amerita que el pueblo mapuche en realidad no es un pueblo perseguido.
Durante estos días se hizo viral en las redes sociales un antiguo video del periodista Santiago Cúneo, actual candidato a Legislador por el Partido Renovador Federal liderado por José Sanfilippo, en el que con un fuerte tono agresivo, descalificador y explícitamente xenófobo arremete contra los mapuches y sus vindicaciones sosteniendo que la étnia mapuche es originaria de Chile y perpetró un exterminio contra la étnia tehuelche.
"Nuestros indios, autóctonos, tehuelches –afirma Cúneo en el viral, como si se tratase de un grupo de personas sujetos a nuestra posesión– sufrieron y padecieron a los mapuches". Sin citar fuentes o estudios que avalen sus dichos Cúneo prosigue dirigiendo más su odio hacia los mapuches y sus reclamos apegándose a la legalidad, la constitución, la preservación del Estado argentino y a la defensa del status quo e insultando a todo aquel que reivindique la autodeterminación del mismo.
Días después, el 9 de agosto, Cúneo en su programa de Crónica TV, vuelve a hacer mención del video viralizado y lejos de bajar los ánimos y enmendar su postura xenófoba se ratifica, reafirmando lo dicho anteriormente, esta vez acentuando aún más su postura reaccionaria, usando términos semejantes como "subversivos" –digno de épocas de terrorismo de Estado–, y sugiriendo al Estado a encrudecer aún más la represión contra las organizaciones que resisten las ocupaciones de las multinacionales y reivindican su autodeterminación.(2)

Ni chilenos, ni argentinos

En un comunicado lanzado en enero de este año por el CONICET, investigadores expertos en etnología confirman que los mapuches no son araucanos de origen chileno y que no exterminaron a los tehuelches tal como algunos afirman.
"Los mapuches no son ’indios chilenos’ sino pueblos preexistentes –afirman los expertos–. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile."
En el comunicado prosiguen diciendo que "los tehuelches no ’se extinguieron’, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización."(3)
Lejos de lo que estos personajes aseguran la realidad está muy por encima de sus subjetividades patrióticas y xenófobas. Parece ser que no basta con el anacronismo de adjudicarle nacionalidades a pueblos originarios pese a que estos son anteriores a cualquier Estado artificial establecido en la región (ya sea Chile, Argentina o, incluso, el efímero "Reino de la Araucanía y la Patagonia") sino que sienten la necesidad de inventar historias paralelas a la realidad en las que intentan por todos los medios demonizar a todo un pueblo para convertirlo en tirano.

Tiro por la culata

Los conspiracionistas dicen que detrás de los reclamos mapuches hay intereses británicos lo cual hemos argumentado que se trata de una generalización falaz. Otros, insistentemente, intentan deslegitimar esos reclamos alegando que el pueblo mapuche exterminó a los tehuelches sin embargo esto también es falso según los expertos de los estudios etnológicos.
Los mapuches, como hemos acreditado, no exterminaron a ningún pueblo originario. Por su parte el Estado argentino –el cual, con el recurso de las teorías conspirativas, defienden estas personas– sí colaboro y perpetró exterminios contra los pueblos originarios tales como los tehuelches y los selknam. "Nuestros indios tehuelches" –
como también mapuches y ranqueles– en el pasado sufrieron y padecieron al Estado y sus recurrentes campañas de limpieza étnica que le servía en tanto para garantizar los intereses de los terratenientes que encontraron en la Patagonia un nuevo lugar en el mundo para expoliar. Entre esos terratenientes se encuentran la Sociedad Rural Argentina que con el beneplácito del Estado logró afirmarse en su momento como el principal propietario de la Patagonia obteniendo tras la "Conquista del Desierto" más de 18.000.000 hectáreas.
También bajo principios patronales fue perpetrado el genocidio selknam en la Isla Grande de Tierra del Fuego durante finales de siglo XIX e inicios del XX, donde cerca de 1.000 selknam fueron masacrados a manos de mercenarios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y otras empresas de ganaderos asociadas con el aval del Estado y el Ejército argentino. Este genocidio, que sucedió como una consecuencia directa de la denominada "Conquista del Desierto" donde los estancieros, ganaderos y demás terratenientes tuvieron la ambición y vieron la oportunidad de expandirse a las regiones más australes, constituye una de las campañas de exterminio más brutales de la historia argentina que el Estado sigue sin enmendar ni reconocer.
El Ejército argentino, en una expedición al mando de Ramón Lista cuyo objetivo era el reconocimiento a la isla Grande de Tierra del Fuego, desembarcó en la Playa de San Sebastián el 25 de noviembre de 1886, mientras las tropas exploraban la región, Lista observó nómadas desde lo lejos. Y sin que estos parecieran hostiles ni
representaran una amenaza real el militar ordenó a sus hombres abrir fuego contra la familia nómada donde los 26 fueron masacrados dando así inicio al genocidio selknam.
Julius Popper, empresario, ingeniero y buscador de oro de origen rumano, fue uno de los perpetradores del genocidio selknam, participando él mismo en las matanzas junto a sus fusileros a sueldo. Él y sus mercenarios hicieron de este genocidio una aventura por la cual vanagloriarse llegando a dar conferencias en las que relataba
sus crímenes como un acto de valentía. El cinismo de Popper era tal que fotografiaba las secuencias de sus atrocidades y las coleccionaba en álbumes los cuales obsequiaba a su círculo de más alta confianza. Es así que uno de esos álbumes fue obsequiado al Presidente argentino Miguel Juárez Celman.(4)

Del genocidio a la victimización

En estos días convulsionados, la Sociedad Rural Argentina sacó un tenebroso comunicado en la que apunta a los mapuches como sus hostigadores y se refirió con tono despectivo a las organizaciones antirrepresivas como "grupos extremistas de origen indígena en el Sur".
Para la SRA hay, por parte de grupos mapuches, hostigamiento y violencia contra ellos. Pretenden así victimizarse, y pasar desde su indiferente responsabilidad, que durante siglos han tenido por las brutales masacres contra los pueblos originarios, a víctimas de un grupo de personas "violentas".
En el texto prosiguen diciendo que "es importante que se esté actuando frente a la problemática, ya que son muchas las familias de productores que sufren la amenaza constante de este grupo criminal, que por años se manejó con total impunidad." Y añaden "es hora de que la Justicia aplique la ley en tiempo y forma". A pesar de todas las pruebas que existen en contra de estos grupos criminales, hay jueces que actúan con llamativa demora", llamando así a más represión y contemplando la actual violencia ejercida por parte de la Gendarmería en el territorio mapuche.
A su vez, como era de esperarse, en dicho comunicado, la gran cúpula de terratenientes no hizo mención alguna la desaparición forzosa del joven libertario de 27 años Santiago Maldonado quien lleva desaparecido desde el 1 de agosto y hasta el momento nada se sabe de él.(5)
Es así como en tiempos en los que, dueños de casi toda la Patagonia, los terratenientes de las multinacionales europeas como Benetton expolian la región más austral del continente y obligan a sus pobladores nativos al éxodo y aún así pretenden –desde el Gobierno y sus defensores– hacernos creer que el verdadero peligro en el territorio son los pueblos originarios que reivindican y luchan por sus reclamaciones culturales históricas.

Mikel Tartalo



Fuente: ecomapuche.com
Tierras de Benetton en el sur

Notas:
1. Cita: "Tenemos información de que estos grupos mapuches violentos recibirían financiamiento y apoyo logístico de las FARC de Colombia, grupos extremistas kurdos de Turquía o la agrupación terrorista ETA", dijo un funcionario del gobierno". No especifica quién. "Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina" por Martín Dinatale, InfoBAE. Fecha: 8 de agosto de 2017.
2. "El editorial de Santiago Cúneo: ¿qué pasa con los mapuches?", redacción, CrónicaTV. Fecha: 10 de agosto de 2017.
3. "Investigadores del CONICET: «Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes»". comunicado difundido por ANRed, originalmente publicado por investigadores de CONICET en oportunidad de rechazar a su vez la represión del gobierno contra la comunidad mapuche los días 11 y 12 de enero, también, en Pu Lof en Resistencia. Fecha: 15 de enero de 2017.
4. Cita: «Popper obsequia al presidente Juárez Celman un álbum con fotografías de su campaña, encuadernado en piel de lobo de dos pelos, y un relato de permanente valor documental sobre usos y costumbres de onas y yamanes; en una de esas imágenes se lo ve posando junto con varios oficiales ante el cadáver de un ona muerto, su arco a un lado, las flechas del otro. (El álbum terminó en manos del más ameno cronista de la historia patagónica: Armando Braun Menéndez)». "Fantasmas de Ushuaia" por Edgardo Cozarinsky [historiador, escritor de Lejos de dónde], La Nación. Fecha: 19 de junio de 2010.
5. Reproducción del comunicado de la Sociedad Rural Argentina: "La Sociedad Rural contra los mapuches", redacción, La Izquierda Diario. Fecha: 8 de agosto de 2017.

Manu Chao reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado

“Santiago Maldonado está desaparecido. La última vez que lo vieron era arrestado por Gendarmería en [la] violenta represión a Lof Cushamen. Pedimos: aparición con vida ya. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”.
Con estas palabras, el reconocido artista Manu Chao se solidarizó desde su cuenta en Facebook, que tiene más de 2 millones de seguidores, con la lucha de sus familiares y las organizaciones populares.
Recordemos que miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo junto a los familiares de Santiago el pasado viernes, denunciando la responsabilidad estatal en la represión de Lof Cushamen y la posterior desaparición de Santiago. El gobierno de Macri-Bullrich ha reaccionado con notable hostilidad hacia la comunidad mapuche, lo que se explica por su papel de gendarmes de los intereses de las petroleras y terratenientes que se han apropiado de la Patagonia.

El día en que Macri convirtió la Rosada en la Casa Blanca

La reunión de Mauricio Macri con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence fue una muestra de subordinación por parte del gobierno argentino. Es que, cual si se tratara de la visita a una colonia, Pence no tuvo empacho alguno en reiterar las amenazas de intervención contra Venezuela desde la propia Casa Rosada, y ante un Macri que reiteró su apoyo a la intromisión y destacó “el liderazgo de Estados Unidos para restablecer la democracia en Venezuela”.
"El presidente Trump me envió aquí para que quede claro en la Argentina y toda América Latina que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se desmembra", dijo Pence en un claro reclamo de alineamiento, que Macri consintió.
Un antecedente inmediato de la política de subordinación del macrismo es que el gobierno argentino no repudió las recientes amenazas (incluso de uso de la fuerza militar) de Donald Trump.
Para salvar el exabrupto de Trump y hacer más digerible el planteo intervencionista, Pence planteó que “el presidente de los Estados Unidos y yo estamos confiados de que trabajando con los aliados de la región vamos a lograr una solución pacífica a la crisis que en este momento está enfrentando Venezuela", lo que fue aprovechado por Macri para saludar la intervención “pacífica”.
A esa cruzada injerencista han sumado ya al golpista Michel Temer e incluso al frenteamplista Tabaré Vázquez. Corresponde repudiar las amenazas de sanciones que han planteado Trump, Macri y otros líderes derechistas contra el pueblo venezolano, sin dar ningún apoyo al chavismo y su Constituyente amañada.

Comercio exterior y defensa

La llegada de Pence se produce a meses de la visita de Macri a los Estados Unidos, cuando le rogó a Trump que su gobierno permitiera el ingreso de limones argentinos a ese mercado. Pero las autoridades norteamericanas aún no dieron la aprobación, pese a que se trata de ventas que no superarían los 20 o 30 millones de dólares anuales, una cifra insignificante en términos de comercio exterior.
En cambio, de aquel encuentro el imperialismo se llevó el compromiso de un trabajo más estrecho en materia de seguridad (servicios de inteligencia). Para noviembre están planificados ejercicios militares en la Amazonia, en la triple frontera Brasil-Perú-Colombia, donde las tropas argentinas han sido invitadas y no se conoce todavía ningún rechazo oficial.
Hace una semana, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser viajaron a los Estados Unidos para tratar de destrabar el tema de los limones, pero también, y más significativos, el del bloqueo al ingreso de biodiesel y que se abra el mercado para la carne vacuna, vedada desde hace varios años.
La respuesta fue la decisión del gobierno norteamericano de postergar hasta octubre una definición sobre biodiesel y para la carne y los limones deberán seguir buscando lugar en el mercado local.

Ajuste

Los inversionistas extranjeros, al igual que los gobiernos imperialistas y el capital financiero, se reflejan en la frase dispensada hoy por Pence: "estoy aquí para felicitarlo a usted, presidente Macri, por sus audaces programas de cambio para transformar la economía del país y reinstalar la reputación en el mundo". No es, claro, un cheque en blanco, sino un reclamo para que siga a fondo con el ajuste y el ataque a los trabajadores y demás sectores populares, como condición para que lleguen las inversiones -a propósito de esto, la inversión extranjera directa cayó un 64% en el 2016. Atrajo 4229 millones de dólares, la cifra más baja desde 2009 (La Nación, 11/8).
Macri muestra subordinación y pretende avanzar con un ataque más profundo a las condiciones de vida de las masas. Para esto cuenta con una “oposición” complaciente que aplica el ajuste en las provincias y da su aval a leyes reaccionarias en el Parlamento. Y con la colaboración de la burocracia sindical, que discute levantar la anodina marcha del 22 de agosto.
La respuesta está en manos del activismo combativo y los trabajadores que dan batalla diariamente para enfrentar el ajuste, los despidos y el vaciamiento y el cierre de empresas.

Nelson Marinelli

Ferrocarriles: cierre de vías y ramales y negocios inmobiliarios

“Delégase en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias", dice el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. Mediante la norma, Mauricio Macri autoriza al ministro Guillermo Dietrich a desarrollar una política que apunta a profundizar la destrucción del ferrocarril -que se remonta a la dictadura militar, y que continuó en los gobiernos democráticos, en particular bajo el menemismo, pero que se extiende hasta hoy.
Esa política, que provocó picos de degradación como la Masacre de Once o los negocios sucios -en los que participaba la burocracia sindical- que culminaron con el asesinato de Mariano Ferreyra, también plantea uno de sus vértices actuales en el negociado inmobiliario en terrenos que pertenecen al ferrocarril. No por nada, Marcelo Orfila -presidente de Trenes Argentinos- proviene del campo inmobiliario: entre 2011 y 2014 fue gerente general del Grupo Monarca, una firma dedicada a este tipo de emprendimientos. Su nombramiento al frente de la entidad que decide el destino de los terrenos ferroviarios está marcado por los negocios que sobrevienen a su vaciamiento premeditado. El mismo funcionario declaró que no es prioridad de su gestión habilitar las líneas que se encuentran paralizadas, y mucho menos realizar nuevas (La Nueva Provincia, 17/7).
El uso del ferrocarril para el transporte de pasajeros se encuentra cada vez más vaciado, a la vez que la larga historia de destrucción sistemática de la infraestructura de este medio estratégico es cada vez más brutal. Según Tiempo Argentino, en su edición de septiembre de 2016, durante el gobierno de Cambiemos “104 pueblos y ciudades, más de 670 mil habitantes vieron pasar el tren por última vez”.
Se trata de una política más general que no se limita a la ciudad de Buenos Aires o la provincia del mismo nombre. El abandono del ferrocarril Urquiza en Entre Ríos; el cierre de la línea que unía General Roca con Santa Rosa, en La Pampa; el derrumbe de la estructura de Ferrobaires son la demostración de una política de la desidia gubernamental con un medio de transporte estratégico.
A esto se suma que el macrismo y el kirchnerismo sostienen una larga sociedad al servicio de los especuladores inmobiliarios a quienes entregraron terrenos de valores millonarios mediante votaciones conjuntas en la Legislatura porteña y otros ámbitos. Los emprendimientos de grandes edificios en terrenos ferroviarios de Retiro o Colegiales, por mencionar dos ejemplos recientes, reafirman una línea de negocios planificada desde el gobierno. La venta de los terrenos del ferrocarril para destinarlos al negocio inmobiliario tiene un carácter fundamental para el gobierno de Macri -y el kirchnerismo, que siempre votó en conjunto por este tipo de proyectos.
La discrecionalidad que le otorga el decreto a Dietrich es una de las características más peligrosas de la medida ya que anuncia la profundización de la política del macrismo de desmantelamiento del ferrocarril. Los trabajadores ferroviarios y los usuarios deben levantar la política de nacionalización bajo su control de los ferrocarriles y su integración a un plan estratégico al servicio del desarrollo económico planificado que apunte a beneficiar a las mayorías.

Antonia Torrebruna

Crónica de una estafa anunciada

Al anunciar la interrupción del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que el resultado era un “empate técnico” y que el desenlace recién se conocería con el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez días.
Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para “el fortalecimiento del proceso electoral”, que incluían el traspaso del escrutinio provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados del escrutinio provisorio “ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”. Todo eso continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo que ocurriría.
Esta fue la precisa respuesta judicial a la contratación por el Correo Argentino de la transnacional española Indra, sin licitación y en un concurso privado. No obstante, el gobierno dio a entender que la contratación de Indra por 25 millones de dólares respondía a las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. Su desmentida no dejó lugar a dudas: la Cámara no había previsto “la intervención de ninguna empresa privada” ni la “modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, intentó prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”.
El martes 8 de agosto el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria llenó los casilleros que Corcuera y Dalla Via dejaron en blanco: en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente del bloque, Héctor Recalde, expresó su preocupación por “la transparencia de los comicios”, dadas las “irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio provisorio”, que no fue realizada a través del Estado nacional como era costumbre, sino por el Correo Argentino SA, que funciona como una empresa privada. Su presidente, designado por el actual gobierno, es Jorge Irigoin (ex gerente de las Sociedades Macri, Socma) y el director general de Indra es Ricardo Viaggio, ex vicepresidente de Siemens Itron, una sociedad entre la alemana Siemens y las Sociedades Macrì, constituida cuando su vicepresidente ejecutivo era el actual jefe de Estado. Viaggio integró la comitiva de Macrì en su último viaje a España. El antecesor de Viaggio en Indra, Manuel Terradez, asumió sin periodo de carencia como subsecretario de Reforma Política del gobierno de María Eugenia Vidal. El control de las operaciones de Irigoin y Viaggio quedó en manos del juez Juan Manuel Culotta, compañero de estudios en el colegio Cardenal Newman del Presidente Macrì, de su secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de su asesor principal Joré Torello, y amigo de infancia del abogado personal del presidente, Alejandro Pérez Chada. Culotta es juez federal de Tres de Febrero y fue trasladado a La Plata por la apetencia de su secretaría electoral, para lo cual no tenía competencia.
Estos antecedentes son centrales para comprender cómo se llegó al “empate técnico” de ayer. A las 21, cuando el Correo difundió los primeros datos oficiales Bullrich batía por varios puntos a CFK en la provincia de Buenos Aires. El gobierno realizó un eufórico festejo en Costa Salguero, con varias apariciones de Elisa Carrió, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y finalmente el presidente Macrì, quien habló a las 22.44.
A las 23 todo había concluido y el escrutinio provisorio estiraba hasta 7 puntos la ventaja del terror de los maestros y los pibes pobres bonaerenses. Del mismo modo, Cambiemos batía en Santa Fe al justicialismo y también se imponía en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chaco, Neuquén, San Luis y Río Negro, además de sus bastiones radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes. Hasta ese momento se habían cargado datos del interior bonaerense y de la ciudad de Santa Fe, pero muy pocos del conurbano de Buenos Aires y de la ciudad de Rosario, que recién comenzaron a ingresar al cómputo general después de la medianoche. Tanto Cristina como Agustín Rossi empezaron a descontar la ventaja. Cuando el escrutinio concluyó en Santa Fe, Rossi pasó al frente. Cambiemos también fue superada en Chaco y Río Negro. En Buenos Aires la tendencia se detuvo a las 4, cuando CFK quedó a una centésima de Bullrich, quien en la hora siguiente se despegó hasta ocho centésimas, el famoso empate técnico de Adrian Pérez. Trabajadores del Correo afirman que el cómputo se detuvo por orden del ministerio del Interior, cuando Bullrich llevaba 6.000 votos de ventaja y faltaban escrutar 1537 mesas, que a razón de 345 electores cada uno, implican más de medio millón de electores. Esas mesas provienen de Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José Paz, Berazategui y Ezeiza, partidos donde Cristina obtuvo una ventaja que oscila entre el 15 y el 25 por ciento de los votos. El escrutinio definitivo mostrará la victoria de Cristina, por lo que no podrá hablarse de fraude, pero la noticia carecerá del impacto político que hubiera tenido ayer.
Mientras el país se encamina hacia la verdadera elección, que será el 22 de octubre, la del domingo permite una constatación más importante que las cifras del escrutinio: con el discurso de la transparencia, la unidad y el trabajo en equipo, repetido hasta el hartazgo, el gobierno de Maurizio Macrì, tergiversó el mensaje del pueblo. La perversa manipulación electoral no desentona con el blanqueo modificado por decreto para permitir el acceso de los familiares de sus funcionarios que la ley prohibía; con las decisiones políticas encaminadas a beneficiar al presidente, su familia, sus ministros, amigos y funcionarios; con la detención arbitraria de Milagro Sala ni con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nadie puede ignorar que dentro de la maltratada democracia argenta, Macrì no reconoce más límite que el que la sociedad sepa imponerle.

Horacio Verbitsky
Página/12

Todo por los porotos (o cómo seguir polarizando)

Unidad Ciudadana denunció maniobras del oficialismo para evitar que el domingo a la noche se declarara ganadora a CFK sobre Bullrich. Para el Gobierno no hubo truchada sino lo mismo de siempre.

Comenzó una nueva etapa de la campaña electoral. Y la búsqueda de polarización tanto desde Cambiemos como desde el kirchnerismo se recarga. Contabilizado el 95 % de las mesas de la Provincia de Buenos Aires, el inesperado empate técnico entre Unidad Ciudadana y el oficialismo se transformó en un campo de batalla espectacular para los objetivos de ambos bandos.
La manganeta del macrismo es evidente. Pero cuesta creer a esta altura que, de no haberla realizado, el kirchnerismo hubiera festejado desaforadamente el domingo a la noche. De hecho, el búnker de Unidad Ciudadana montado en el microestadio de Arsenal se vio muy vacío y se sintió muy frío durante varias de las horas posteriores al cierre de los comicios. Era evidente que las encuestas se equivocaban una vez más y el conteo de los porotos era inevitable.

Republicanismo tardío

Tras el achicamiento de la brecha entre Bullrich y Cristina, que cerró de madrugada el recuento provisorio con apenas un 0,7 % de uno sobre la otra, la expresidente reaccionó con una “carta” difundida este lunes buscando contragolpear la maniobra oficial.
“Un nivel de concentración extraordinario e inédito (…) Con una inversión publicitaria desmedida, casi obscena (…) Un Gobierno con la suma del Poder Público (…) La desproporción de fuerza fue, y es, muy desigual y abrumadora”. Esas fueron algunas de las definiciones de Cristina Kirchner, la misma que entre 2007 y 2015 detentó un nivel de concentración extraordinario, con una inversión publicitaria desmedida, casi obscena, con la suma del poder público y una desproporción de fuerza desigual y abrumadora. Todo lo que detentó, también, Carlos Menem en los 90.
Luego tomaría la palabra el radical Leopoldo Moreau, ungido como soldado para dar esta pelea. Curiosamente, desde la noche del domingo el alfonsinista tuvo más cámara que en toda la campaña electoral. Será que no hay muchos “presentables” de peso en esta nueva etapa donde hay que salir a la caza de votos no propios.
Fue él quien habló dos veces antes de Cristina en el búnker, para decir que la jefa iba a hablar “un poco más tarde”, cuando hubiera resultados “confiables”. Y fue él quien en la tarde del lunes encabezó una conferencia de prensa en el Instituto Patria para denunciar las “graves irregularidades” en la carga de los datos.
“Asistimos a un hecho inédito desde el año 83: que un acto eleccionario es utilizado para llevar adelante un golpe de efecto publicitario. Ayer la democracia fue manipulada”, sentenció Moreau. Y agregó que “este Gobierno es la primera vez que tiene la responsabilidad de supervisar un acto electoral y ha terminado con este enchastre que significa que alrededor de 1.500 mesas de la Provincia de Buenos Aires no fueron incorporadas al escrutinio provisorio”.
A su lado la abogada Graciana Peñafort graficaba la denuncia. “Para tener una idea, en los lugares donde la alianza Cambiemos hizo una buena elección, tienen un porcentaje de carga superiores al 95 %”. Y mencionó casos como San Miguel (98), San Isidro (98), Vicente López (97,5) y Bahía Blanca (97). “Y en aquellos lugares donde Unidad Ciudadana ha hecho una buena elección, que además coincide con lugares con más población, como Florencio Varela (92), Berazategui (90), Ezeiza (92) y La Matanza (94), los datos se dejaron a actualizar entre las 4 y 5 de la mañana”, completó. Así, dijo, “podrá observarse que la detención de la carga de los escrutinios tienen alteraciones que en su repetición hace que no sea una casualidad”.
Para Moreau, Macri montó “un show publicitario” donde quiso demostrar lo que no podía demostrar con los datos objetivos de la elección”. Para Peñafort, “hubo una manipulación tendiente a construir una realidad ficticia”.
Moreau se preguntó por qué el Gobierno quiso “distorsionar la información de un proceso electoral democrático simplemente para buscar un efecto publicitario de corto plazo”. Y se respondió: “creo que lo que se intentó es evitar que los medios de comunicación tanto audiovisuales como gráficos titularan que había ganado en la Provincia de Buenos Aires Unidad Ciudadana con la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner”.
Por último desde Unidad Ciudadana dijeron que recibieron “testimonios de empleados del Correo, que mantenemos en reserva, para ver cómo avanza todo esto, a quienes les dijeron que se fueran porque iban a parar la carga”. Y no descartaron presentar un pedido de interpelación parlamentaria al ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Nada que ver

El Gobierno, obviamente, niega la acusación y se va por la tangente proponiendo debatir nuevamente una “reforma política”. “Es un extremo de cinismo que aquellos que hicieron al sistema ahora lo denuncien”, señaló el jefe de Gabinete Marcos Peña. “Le diría a la expresidenta que se quede tranquila que hace 19 meses que hay independencia de justicia, y funcionan las instituciones de la República”, agregó Frigerio.
Desde el Correo Argentino, por su parte, negaron que hayan existido irregularidades en el escrutinio. “Es falso que el conteo de votos se haya interrumpido por una orden del Ministerio del Interior”, afirmaron desde la empresa estatal. E intentaron ningunear las denuncias de trabajadores que el kirchnerismo dice tener a mano.
“El ingreso de datos se realizó en tiempo y forma y a medida que fueron llegando al centro de cómputos”, respondieron desde el Correo y compararon la metodología con lo sucedido cuando el sistema electoral estaba en manos de la gestión kirchnerista. “El recuento provisorio de votos en la provincia de Buenos Aires llegó ayer al 95,68 por ciento de las mesas, por encima del 94,75 por ciento escrutado en las elecciones legislativas de 2013”.
Y agregaron: “En las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015, el recuento provisorio alcanzó al 96,67 por ciento, pero no se llegó a ese punto hasta las 9.30 de la mañana del lunes. A las 21, cuando se informaron los primeros datos oficiales, apenas había contabilizadas 1,65 por ciento de las mesas, mientras que a las 0 el recuento había alcanzado al 52,29 por ciento de las urnas”, puntualizó.

Todos ponen y todos sacan

Que el peronismo (aún camuflado de ciudadano) patalee por la existencia de maniobras con cómputos y datos por parte de quienes manejan el Estado es poco menos que un chiste. Entre 1983 y la actualidad hubo un total de dieciocho elecciones, de las cuales once fueron “administradas” por gestiones peronistas. Todas con los mismos métodos y las mismas mañas en el manejo de los escrutinios.
Que el macrismo y los radicales, fieles a sus propias mañas, sean más burdos e improvisados, no los hace peores que el menemismo, el duhaldismo y el kirchnerismo en el manejo del “poder público”. Pero cuando de fomentar la polarización se trata, evidentemente todos los gatos son pardos.
Ahora, en esta nueva etapa de la campaña electora, el kirchnerismo inauguró cliché: al menos en la Provincia de Buenos Aires dos de cada tres votantes no eligieron a Cambiemos. Pero utilizando la misma fórmula se podría decir otro tanto de Unidad Ciudadana, empatada hasta el momento en votos con la lista que encabeza Esteban Bullrich.
Nuevos argumentos y propuestas originales no serán la impronta de la campaña que arrancan hacia octubre macristas y kirchneristas. Sólo maniobras tradicionales (más o menos burdas) para intentar salir del empate técnico y profundizar la polarización entre ambas variantes burguesas.

Daniel Satur
@saturnetroc

Solo cinco de diecisiete listas bonaerenses superaron las PASO

El piso proscriptivo del 1.5 % dejó afuera a varios partidos de cara a las elecciones generales.

Como la birome, el colectivo y el dulce de leche, las PASO también son un invento argentino. Aunque en este caso el invento no tiene un efecto muy bueno para todas y todos.
Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias fueron creadas en 2009 con el “supuesto” fin de favorecer las alianzas y reducir el número de jugadores lo máximo posible. La primera parte se cumple a medias, ya que desde su inicio la mayoría de los partidos han dirimido internas en lugar de construir alianzas.
En cuando a la segunda parte, para achicar la oferta de candidatos, se estableció que sólo aquellos que superaran el 1.5 % de votos válidos, podrían acceder a las elecciones generales. Es en esta parte donde las PASO se vuelven proscriptivas, porque dejan fuera de competencia a muchas expresiones políticas y, por lo tanto, reducen la representación de los votantes en las elecciones generales. Es, fundamentalmente, una injerencia directa del Estado en la elección de los candidatos.
El domingo, en la Provincia de Buenos Aires, los partidos que superaron el piso del 1.5 % fueron Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1País, el Frente Justicialista el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Afuera quedaron un total de doce fuerzas que habían sido habilitadas para poner sus listas en el cuarto oscuro. Fuerzas de un amplio espectro ideológico y político.
Así, el sistema ideado y apoyado por los partidos mayoritarios es la herramienta de la que se valen para direccionar el eje de la elección. Así, en estas PASO se intentó polarizar la elección entre los espacios políticos referenciados en Mauricio Macri y Cristina Fernández. En lugar “ordenar” y “fomentar” las alianzas la herramienta es funcional a los partidos burgueses para obligar, antidemocráticamente, a la población a elegir las opciones mayoritarias.
Esta arbitrariedad fue y es denunciada por el FIT, tanto como el último proyecto presentado por el oficialismo para una nueva reforma electoral. Cabe recordar que la iniciativa del PRO para esta nueva modificación pudo llegar al recinto gracias al apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa. Quienes se cuelgan el cartel de “opositores” no son más que las figuritas repetidas de siempre. Pierden el pelo pero no las mañas.

Julia Lorenzo

Tierra, poder y violencia

Denuncian caso de desaparición forzada

Las comunidades indígenas les disputan las ricas tierras de la Patagonia a terratenientes extranjeros en un conflicto que se ha agudizado con el protagonismo que ha asumido el gobierno argentino en él. Un operativo irregular de la Gendarmería, en Chubut, dirigido por el Ejecutivo, terminó con la desaparición de un joven. Un caso que amenaza con retrotraer el país a los peores días de la dictadura militar.
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto, huyendo de la represión de la Gendarmería Nacional que ingresó ilegalmente en tierras de la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen, a 1.400 quilómetros de Buenos Aires, en la provincia patagónica de Chubut. “Tenemos a uno”, gritaban los gendarmes, según los testigos, mientras rodeaban unos matorrales y cargaban entre todos un bulto en la camioneta de la fuerza de seguridad.
En un operativo de desalojo que no contaba con el aval de la justicia (no hubo orden de allanamiento) pero que no obstante fue comandado en persona por el número tres del Ministerio de Seguridad del gobierno federal, Pablo Noceti, la Gendarmería Nacional irrumpió en el terreno que la comunidad Pu Lof ocupaba desde hacía un par de semanas, destruyó todo el campamento mapuche y persiguió a las personas que allí se encontraban. Maldonado, un artesano bonaerense que vivía en la ciudad patagónica El Bolsón, se encontraba circunstancialmente allí para apoyar el movimiento antiminería y la causa mapuche. Montaba guardia en uno de los puestos de vigilancia del campamento, ya que para poder reclamar una tierra legalmente –y presentar recursos ante la justicia para obtenerla– primero los pueblos originarios tienen que tomar posesión de ella. Desde ese lunes no se supo más nada de Maldonado. El Estado niega tenerlo en custodia, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de un caso de desaparición forzada.
Es la segunda desaparición presuntamente política en democracia, que esta vez parecería responder a una nueva lógica de represión, diferente a la de la última dictadura militar pero de matriz similar. La primera fue la de Julio López (en setiembre de 2006), testigo en el juicio contra el comisario Miguel Etchecolatz, acusado de cometer delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983. En total, desde la reinstauración democrática de 1983, se han registrado 220 desapariciones, según la Comisión Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una Ong dedicada al seguimiento de arbitrariedades represivas estatales.
La desaparición de Maldonado se inscribe en el marco del conflicto por las codiciadas tierras de la Patagonia argentina entre comunidades indígenas y grandes empresarios.

Terratenientes

La comunidad mapuche Pu Lof, compuesta por un centenar de ciudadanos, reclama sus tierras ancestrales, que el empresario italiano Luciano Benetton reivindica como suyas. Fue en 1991 que el magnate textil compró la Compañía Tierras del Sud SA, que cuenta con casi un millón de hectáreas en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La compañía obtuvo gratuitamente estas tierras en 1880 –tras la llamada conquista del desierto que diezmó a las tribus mapuches y tehuelches en la Patagonia– por una ley del gobierno de Nicolás Avellaneda (1874) que cedía tierras a colonos que quisieran labrarlas.
Según el historiador Ramón Minieri, en su libro Ese ajeno sur,(1) algunos ciudadanos británicos con testaferros argentinos reclamaron entonces ante la oficina estatal de Tierras y Colonización un conjunto de hectáreas que hoy comprenden la propiedad de Benetton. Durante la apertura liberal de los años de Carlos Menem (1989-1999), decenas de empresas extranjeras compraron tierras en el país. Uno de los que compró terrenos a los británicos fue Benetton, y desde entonces es el extranjero con más tierras en Argentina.

Resistencias

En las tierras de Benetton, en el departamento de Cushamen, la comunidad Pu Lof reclama desde hace siglo y medio 600 hectáreas como propias. Y a partir de ese conflicto y otros, como el de las tierras cercanas a El Bolsón, adjudicadas al magnate británico Joe Lewis (ex dueño del Hard Rock Café), surgió el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (Ram), que reivindica con acciones radicales la propiedad del suelo. Incendios, atentados con bombas molotov, inutilización de maquinarias y destrucción de alambrados, son algunas de las acciones ejecutadas en la última década por este grupo, cuyo ideario cruza el anarquismo con prácticas y simbología ancestral de los pueblos mapuche, araucano y tehuelche. El dirigente de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala es acusado por autoridades en Argentina y Chile de ser el líder de Ram, pero no hay pruebas de ello.
El pasado 27 de junio Facundo Huala fue detenido a 50 quilómetros de Bariloche por personal de Gendarmería a pedido del gobierno de Chile, que lo acusa de participar en acciones de vandalismo en 2013. El secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, había anunciado el día anterior que se comprometía a cumplir con el pedido chileno de extradición de Huala. En agosto de 2016 el líder mapuche ya había sido detenido a pedido del país trasandino, pero su extradición fue denegada por falta de pruebas por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. La respuesta del Ejecutivo a esta decisión del Poder Judicial fue sorprendente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intervino y reclamó a la Corte Suprema de Justicia que desestimara la decisión del juez. El supremo descartó su pedido el miércoles 2 de agosto, apenas un día después de la de­saparición de Santiago Maldonado.

Ensañados

Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y quien dirigió el operativo en el que habría desaparecido Maldonado, tiene una historia de apego a la represión. Abogado defensor de condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, Noceti defiende la curiosa teoría de que los juicios por esos delitos corresponden a una “legalización de la venganza estructurada y diseñada por el poder político”. En 2000 se incorporó al estudio jurídico de Alejandro Battaglia y Fernando Velazco, defensores poco exitosos de Leopoldo Galtieri y oficiales del Ejército que actuaron en La Pampa y Entre Ríos durante la dictadura: todos fueron condenados por la justicia federal. En enero de 2016, cuando Noceti fue nombrado para su cargo en el ministerio, los organismos de derechos humanos advirtieron sobre cuáles eran sus antecedentes y le reclamaron al gobierno que revisara su designación.
Noceti se jactó en dos entrevistas radiales de su decisión de llevar adelante el operativo sin orden judicial. Aseguró que “con los miembros de Ram no hay nada que hablar. Vamos a judicializarlos para que queden todos detenidos. No piden nada y sólo buscan generar caos”. Su superior, la ministra Bullrich, intenta sin éxito desde el año pasado convertir al Ram en un grupo terrorista, pese a que la Corte Suprema desestimó aplicar la ley antiterrorista a la comunidad que integra Facundo Huala. “No vamos a permitir que los mapuches intenten crear un Estado autónomo en el medio de Argentina. La toma de tierras que están haciendo no es una reivindicación sino un delito que vamos a perseguir”, afirmó Bullrich.

Riquezas de la tierra

El conflicto en Chubut tiene varias aristas, todas relacionadas con intereses económicos. La provincia ya tiene seis empresas extranjeras (de Japón, Estados Unidos, Bélgica y Canadá) interesadas en iniciar proyectos de explotación minera –para extraer plata, oro y petróleo–, todos apalabrados por el presidente, Mauricio Macri, en febrero pasado. Además, hace un año Macri firmó un decreto que modifica la ley de tierras rurales de 2014, que impedía a los extranjeros poseer superficies de más de mil hectáreas: desde el 1 de julio de 2016 la compra de tierras es irrestricta para los extranjeros.
Pero Chubut tiene un fuerte movimiento antiminero desde la cordillera hasta la costa atlántica. En 2003, por ejemplo, la ciudad de Esquel votó masivamente en un plebiscito contra la minería en la región, y es precisamente en Chubut donde ahora se reabre el conflicto por la tierra. El gobernador, Mario das Neves, es un peronista que optó, por instinto de conservación, por apoyar al movimiento local antiminero y discrepar con el gobierno de Macri. Hoy observa con preocupación el desarrollo del conflicto. Teme una maniobra política que conduzca en el mediano plazo a la intervención federal de Chubut para sacarse de encima a un movimiento que traba los planes de negocios.

Vivo lo quieren

En respuesta a un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) argentino, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Onu expresó su preocupación por el caso e instó al Ejecutivo argentino a tomar “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo”, según informó el Cels. Amnistía Internacional inició a su vez una campaña por el operativo en Cushamen y la desaparición de Maldonado.
Familiares de Maldonado y organizaciones de derechos humanos organizaron una primera marcha el lunes pasado hasta el Congreso responsabilizando al Estado nacional y a la ministra Bull­rich por la desaparición del joven. Al día siguiente volvieron a reclamar la aparición con vida de Maldonado. Exasperada por las acusaciones, Bullrich aseguró que Gendarmería no detuvo al joven, “el gobierno no sabe dónde está y ni siquiera puede confirmar su presencia en el lugar el día de los hechos, porque quienes fueron desalojados tenían sus caras tapadas”. Pablo Noceti es el único funcionario político que estuvo presente durante los hechos. Pero hasta ahora nadie lo interrogó.
La represión en Argentina vuelve a estar al servicio de los intereses económicos de los grandes grupos empresariales.

Fabián Kovacic
Brecha

Nota

1) Fondo Editorial Rionegrino, 2006.

Me duele, Santiago

Grande, demasiado grande todo este dolor que me provoca la ausencia de Santiago. Porque no, nadie puede desaparecer en la Argentina de hoy. Y menos aún, por haberse solidarizado con la histórica resistencia de la comunidad Pu Lof. Pues hace décadas ya, somos muchos apoyando los reclamos del pueblo Mapuche y no hay argumento que justifique el accionar de la Gendarmería, reprimiendo el derecho democrático de manifestarse, acompañando a nuestros hermanos.
Nunca, por nada; no hay justificación para una desaparición forzada.
Conozco muy bien esa angustia desesperante que siente la familia de Santiago, porque la sufrí en carne propia, en junio del 76, cuando secuestraron y finalmente desaparecieron a mi hermana, al niño que llevaba en su vientre y a mi cuñado. Tristemente, lo sé: no tiene comparación el padecimiento de un familiar a la espera de un desaparecido. Por eso, le pido a todos sus seres queridos que sean fuertes para exigir desde la justicia. Y nunca desde la venganza, ni la violencia.
Me duelen estas líneas, me duele escribir cada letra, porque me invade una impotencia enorme. Una situación de semejante gravedad, donde estuvieron involucrados organismos de seguridad, representa un flagrante atropello a los derechos civiles. Y habla de un gran desacierto político, de una terrible insensibilidad por parte del Estado, que debiera protegernos y actuar en consecuencia. Nada, pero nada de lo que se ha dicho, con el evidente afán de evitar responsabilidades, resulta tolerable. Las Fuerzas tienen capacidad de maniobra para contrarrestar piquetes sin lastimar, ni criminalizar a quienes reclaman su derecho. No controlarlas, ni castigar ese accionar, es poner en riesgo las libertades que nos otorga nuestra Constitución, ésas que tanto dolor nos costó conseguir.
Ayer, ante la muchedumbre que se reunió en la Plaza de Mayo, pensé en mi madre, en su incertidumbre de años, en su frustrada esperanza de amanecer y encontrar a su hija cebándose un mate en la mesa de la cocina. Llovió y, sin embargo, el pueblo estuvo allí, reivindicándose libre. Pibes, adultos, ancianos, asombrados frente a la injusticia de volver a pedir por lo que supusimos no sería necesario... Y sí, pensé en ella porque Santiago, al igual que todos los desaparecidos de esta Argentina dolida, es tan sólo un pibe que lucha, como tantos, por la libertad y la igualdad que nos han negado.
¿Cuál sería el crimen? ¿Dónde está el pecado?
Realmente, espero que nuestro pueblo entero tome conciencia del significado que tienen estas atrocidades, estos atropellos lastimosos que avasallan los derechos más elementales. Y deseo, de todo corazón, que podamos abrir los ojos, para entender el riesgo que implica dejarlos seguir avanzando de este modo. De ser así, la democracia estará en peligro. ¡Que nadie mire para otro lado! Porque dijimos Nunca Más.

¡Aparición con vida de Santiago Maldonado! Y que podamos vivir en paz.

Víctor Heredia, sobreviviente, garganta de 30 mil.