jueves, 14 de marzo de 2024

Presentación de archivo de casos - CORREPI

La ”libertad” se resquebraja


Qué se juega en los chantajes palaciegos del Congreso. 

 La sesión de esta tarde en el Senado arrancó después de una fractura expuesta en el centro del poder político. Muy tempranamente, el gobierno “libertario” ha repetido la forma de todas las crisis de poder de las últimas décadas –la ruptura entre el presidente y su vice. La decisión de la negacionista Villarruel de habilitar el tratamiento del DNU 70 en el Senado ha despertado ataques, algunos solapados y otros furiosos, por parte de Milei y sus operadores de redes. El sinuoso Espert acusó a la vice de ´desestabilizadora´. Pero el choque entre Milei y Villarruel supera por mucho las rivalidades personales: tiene lugar en medio de dos gigantescas crisis de Estado –la que involucra a todas las fuerzas de seguridad y al Ejército mismo, en torno de la violencia narco en Santa Fe, y la que provocó la ruptura de cualquier equilibrio financiero entre el Estado nacional y los distritos, como resultado del “golpe de Estado económico” de Milei-Caputo. 

 La cuestión militar 

Villarruel armó su campaña electoral en torno de la reivindicación del genocidio dictatorial. Representó, más o menos directamente, al lobby de militares condenados o procesados por esa razón. Hay que ver hasta que punto proyecta esa misma autoridad con quienes actualmente ´tallan´ en el alto mando, en los servicios y el aparato de seguridad. En cualquier caso, su destino inicial en el gobierno de LLA era liderar esas áreas. Pero el nombramiento de Bullrich corrió de ese lugar a Villarruel y a su grupo de influencia en el aparato militar. Bullrich-Petri-Milei han reforzado las relaciones con el sionismo y con el Departamento de Estado, al punto de cerrar un convenio con sus agentes militares en torno, nada menos, que de la Hidrovía. Pocos han advertido que la cuestión militar ha vuelto a despertar al “frente federal” de los gobernadores, quienes hace algunos días emitieron un pronunciamiento conjunto señalando que el reforzamiento de la “seguridad” contra el narco era de responsabilidad federal –o sea, debía ser bancado con fondos del tesoro nacional. La disputa de la fórmula presidencial pone de manifiesto la trascendencia que comienza a cobrar la cuestión militar y del control del aparato de seguridad, en medio de la disputa narco, de la galopante crisis social y, también, de la pelea por el lugar de América Latina en la guerra internacional que se encuentra en desarrollo.

 Gobernadores 

Villarruel, a caballo de sus propias apetencias, abrió la puerta para que talle otro flanco de la crisis política: el que enfrenta a los gobiernos provinciales con la camarilla de Milei-Caputo. Si el Senado voltea el DNU 70, el decretazo seguirá vigente, mientras no lo derogue también la Cámara de Diputados. Lo que habrían logrado los “desestabilizadores” del Senado, en ese caso, es extorsionar al gobierno libertario, de cara a las negociaciones por la ´nueva´ ley ómnibus y el pacto del 25 de mayo. Naturalmente, el chantaje podría arrancar algunos de sus propósitos en el curso de la propia sesión del Senado, y en ese caso el DNU ni siquiera sería rechazado. 
 El choque político de los gobernadores con Milei contempla una pelea de rapiña por los recursos que les son arrebatados a los trabajadores. Los ajustes de Milei han sido replicados por todos los mandatarios provinciales, sin excepción. Pero como esa confiscación no alcanza para solventar el plan oficial, el FMI ha insistido en una escalada de impuestos; sobre ese nuevo paquete fiscal, los gobernadores exigen una mayor tajada. Los bloques políticos capitalistas no cuestionan la orientación reaccionaria de Milei-Caputo. Lo que está en discusión es el régimen político que la llevará adelante: la oposición -dialoguista o no- le reclama a Milei “coparticipar” el plan reaccionario y, por esa vía, asumir la defensa de los intereses capitalistas que representan.
 Este tironeo entre ajustadores tuvo varias manifestaciones en los últimos días. El martes pasado, los “dialoguistas” intentaron votar una nueva movilidad jubilatoria en Diputados. El interbloque Pichetto Carrió llevó un proyecto previsional que apenas se diferenciaba de lo que Milei y Caputo han redactado en la nueva ley ómnibus: una indexación tardía de los haberes de acuerdo a la inflación pasada, que consolida la caída de las jubilaciones en el último lustro y sólo reconoce una parte -el 20%- de la licuación provocada por la híper de diciembre-enero-febrero. Milei, en este punto, ofrece menos: quiere que el 60% de inflación acumulada en ese trimestre apenas reciba una compensación del 10%. Aunque la sesión naufragó, abrió la perspectiva de un ´consenso´ (reaccionario) en las comisiones del Congreso. En definitiva, discuten por monedas. 

 Reforma laboral 

Milei condiciona la sanción de una nueva ley previsional a la reforma laboral que contienen el DNU y la ley ómnibus. Pero en este punto, quien ha arrimado el bochín es la alta cúpula de la CGT: Daer acaba de manifestar su disposición a “discutir” esa reforma, considerando como negociables al régimen indemnizatorio y el sistema de cargas patronales, entre otros puntos. En cambio, advirtió sobre el ´respeto a las estructuras sindicales´, es decir, que no se toque el aparato de la burocracia. Héctor Daer, Andrés Rodriguez y otros reclaman el retorno al diálogo, esto es, ser una de las patas del gobierno por decreto.Milei, por ahora, insiste en ejercer sin ataduras un régimen de poder personal. Para la camarilla libertaria, un régimen de consensos parlamentarios introduce ´ruido´ en lo que constituye el corazón de su programa –la revalorización ficticia de la deuda pública argentina a caballo de los zarpazos al salario, a las jubilaciones, a los presupuestos sociales y provinciales.
 Esta discusión sobre el carácter del régimen político se ve en estas horas en el debate del Senado, donde el pejotakirchnerismo cuestiona al DNU por su ´inconstitucionalidad´, pero jamás por su contenido antiobrero. 

 Conclusiones 

El choque del Senado tiene, en sus dos veredas, a personeros del ajuste. Pero la aguda división que estalló en estas horas demuestra que el golpe económico de Milei, además de ser intolerable para las masas, es fuente de graves divergencias entre los capitalistas y sus representantes políticos. Las contradicciones del plan económico oficial han saltado en estas horas, por caso, cuando el gobierno, que jura que no devaluará, bajó las tasas de interés para promover una mayor demanda y una suba en el precio del dólar. Teme que la caída de la divisa desate el acaparamiento de la cosecha gruesa por parte de los agroexportadores. Pero una devaluación volvería a disparar los índices inflacionarios. El choque de los de arriba, y sus inconsistencias internas, debe ser explotado para impulsar acciones de lucha de los de abajo, sin ninguna confianza en una oposición que pugna por “ser parte” del reaccionario programa oficial. La derrota del DNU no será palaciega, sino resultado del recurso de la huelga. 

 Marcelo Ramal 
 14/03/2024

Todos al Congreso a voltear el mega DNU


El Senado trata el decretazo que le roba al pueblo para beneficiar a los grandes capitalistas, y se abre una nueva crisis en el gobierno. 

 El Senado de la Nación tratará el megadecreto emitido por el gobierno el pasado 20 de diciembre, a los 10 días de asumir Javier Milei la presidencia. La cuestión abrió otro frente de crisis interna en el oficialismo, con un comunicado de la Oficina del Presidente atacando duramente a Victoria Villarruel por habilitar un tratamiento que probablemente ocasione un nuevo revés para los libertarios.
 El DNU 70/23 contiene una enorme cantidad de ataques al pueblo trabajador, motivo por el cual la misma noche en que fue anunciado se oyeron cacerolazos por todo el país. Flexibilización laboral, suba de los alquileres y las prepagas, despidos en el Estado y privatizaciones, remate de las tierras a magnates extranjeros, habilitación de los desmontes de bosques y humedales, son algunas de sus aristas. Desde las 18:00 del jueves 14 se concentrarán frente al Congreso organizaciones populares y asambleas para exigir su nulidad.
 Luego de haber sido publicado, el decreto -objeto de un fuerte rechazo popular que incluso dio origen a la formación de asambleas barriales en el Gran Buenos Aires- entró en un terreno movedizo entre numerosas presentaciones judiciales y la oposición de la mayoría de los bloques políticos. Por eso el oficialismo retrasó todo lo que pudo la conformación de la Comisión Bicameral que debía discutirlo, y recién tres meses después y habiendo comenzado el período de sesiones ordinarias permite que sea llevado al recinto de la cámara alta. Milei disparó contra la vicepresidenta por no seguir bloqueando el tratamiento, lo cual puede redundar en una doble derrota para el gobierno al dejar una factura expuesta. 
 Entre los puntos centrales del DNU que quedaron suspendidos figura todo lo referido a la reforma laboral. Es que la Justicia hizo lugar a medidas cautelares presentadas por la CGT y la CTA contra el casi medio centenar de artículos contenidos en el Título IV, dentro del cual se cuenta el abaratamiento de los cálculos de indemnización por despido y de las multas a la patronales que precarizan a sus empleados, la extensión del período de prueba y de la jornada laboral, la habilitación de convenios individuales contra los convenios colectivos de trabajo y ataques al derecho a huelga, entre otros puntos. 
 También lograron fallos favorables decenas de personas, especialmente jubilados, que realizaron presentaciones ante los aumentos impagables en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Es que el decreto habilita subas sin techo alguno, a la vez que arremete contra las obras sociales. Con razón, Claudio Bellocopit, de Swiss Medical, fue señalado oportunamente como uno de los mayores beneficiarios de las medidas. 
 Igual de premiados fueron las grandes cadenas farmacéuticas con la autorización para constituirse en sociedades anónimas y contar con un profesional para varios locales, favoreciendo la expansión de franquicias como Farmacity, que forma parte del Grupo Pegasus de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía. El único punto positivo, que era la obligación de que los medicamentos sean recetados por el nombre genérico de la droga y no por la marca, fue dado de baja por el gobierno a pedido de los grandes laboratorios. Estamos a merced de un puñado de lobbies capitalistas. 
 Veamos. La derogación de la Ley de Alquileres no benefició a los inquilinos, ya que los precios para ingresar a un inmueble siguen subiendo por encima de la inflación y se promociona la firma de contratos en dólares, después de que la devaluación de diciembre hundiera los salarios. Esto da envión a los precios de venta de propiedades y de la tierra, para gracia de Elztain y los especuladores inmobiliarios. Tampoco dio ninguna mejora la política de liberalización de precios barriendo con la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, cuando el IPC sigue licuando los ingresos de los trabajadores y el gobierno fija techos salariales a través de la no homologación de los acuerdos paritarios. 
 Otra funcionaria con intereses directos es la canciller Diana Mondino, dueña del Banco Roela, que como el resto de las entidades del rubro salieron ganando con la posibilidad de cobrar por la apertura de cuentas sueldo y la eliminación de los topes en los punitorios por demoras en el pago de tarjetas de crédito; un guiño a los Santander y Galicia mientras arriman una privatización del Banco Nación. Las fintech como Mercado Pago ganaron con la desregulación en la emisión de tarjetas de crédito con cláusulas leoninas. 
 Las mineras recibieron la zanahoria de la liquidación de todo control sobre los pasivos ambientales, cuando estamos hablando de multinacionales como Barrick Gold y Livent con gruesos antecedentes de defraudar a la nación. Tendremos mayor contaminación, a la vez que con las modificaciones a la Ley de Bosques habilitan mayores desmontes y las hechas a la Ley de Manejo del Fuego permiten el cambio en el uso de suelo, en lo que es un incentivo a las quemas para que avance la frontera agrícola y los desarrolladores inmobiliarios, en un país que ya ahora está sufriendo inundaciones en las más diversas provincias. La misma orientación se ve en la derogación de las normas que limitaban la extranjerización de tierras, para incentivar la apropiación de latifundios como los de Lewis o Benetton en la Patagonia. 
 Hay en estos puntos una enorme cantidad de reclamos populares contra el plan de Milei y el FMI, que no serán resueltos por una votación adversa al DNU en el Senado. Para que el rechazo el megadecreto abra lugar a que avancen las reivindicaciones de los laburantes tenemos que ganar las calle con un plan de lucha con paro activo nacional y asambleas de todos los sectores que están peleando, hacia una huelga general para enterrar estos ataques antiobreros. Todos al Congreso para dar un nuevo golpe al gobierno, y a preparar las batallas que se vienen. 

 Iván Hirsch

Aumento de dieta: "Milei no está cumpliendo con nada"

Siete de cada diez niñxs son pobres, según Unicef


La motosierra de Milei tala el futuro de las infancias. 

 El 2023 finalizó con 7 de cada 10 niñxs y adolescentes sumidxs en la pobreza. Se trata de 8,6 millones de pibes habitando hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, o bien, están privados de algún derecho básico, como el acceso a la vivienda digna, a la educación y a la salud. Es sin dudas la muestra más inequívoca del fracaso al cual nos han conducido los sucesivos gobiernos capitalistas. Milei, lejos de intentar remediarlo, hace todo lo posible para seguir empobreciendo a las infancias con sus políticas de ajuste. 
 El dato fue dado a conocer por Unicef en un reciente informe. El mismo arroja que la pobreza estrictamente monetaria entre lxs menores de 18 años alcanzó el 57,5% (un universo de 7 millones de jóvenes), mientras que la indigencia en ese grupo etario se ubicó en el 19,4%. Es decir, 2 de cada 10 niñxs y adolescentes vive en hogares que no pueden costear la canasta básica alimentaria. Milei los termina de sentenciar al hambre desde el momento que decidió suspender la entrega de alimentos a los comedores populares, al cual recurren miles de familias en todo el país. 
 La pobreza monetaria infantil ascendió a 67,9% en los hogares monomarentales, demostrando que, a diferencia de lo que sostiene el presidente, la brecha salarial entre varones y mujeres sí existe y perjudica directamente a las niñeces. Por su parte, en los hogares cuya jefatura recae en unx asalariadx informal, dicho índice trepó al 75%, sin embargo, el decretazo del gobierno pretendía premiar el fraude laboral infligido por la patronales eliminando la doble indemnización en esos casos. 
 Las proyecciones son desoladoras. Según Unicef, el primer trimestre 2024 finalizaría con un 70% de chicxs pobres en términos de ingreso y con una tasa de indigencia infantil del 34%. Sucede que las partidas asignadas a la niñez -que corresponden al presupuesto 2023 prorrogado- muestran una caída real del 75% respecto al año pasado. A su vez, el gobierno está empeñado en demoler los ingresos de las familias trabajadoras estableciendo topes salariales en medio de tarifazos y disparada de precios. Como vemos, la motosierra de Milei destruye el porvenir de las infancias. 
 Mientras consolida este cuadro de barbarie, Milei, de manera hipócrita, culpa a los docentes que hacen huelga del deterioro del sistema educativo, esgrime una supuesta defensa de la vida de lxs niñxs atacando el derecho al aborto legal y estigmatiza a las mujeres piqueteras que llevan a sus hijxs a las marchas. Utiliza como chivo expiatorio, para dividir a las mayorías populares, justamente a aquellos colectivos que están cotidianamente preocupados por el bienestar de esas niñeces que el gobierno hunde en miseria: por un lado, la docencia que lucha por presupuesto para que funcionen los comedores en las escuelas y haya aulas en condiciones; por otra parte, el movimiento de mujeres y diversidades que combate el abuso sexual en las infancias, se moviliza para que aparezcan las pibas secuestradas por las redes de trata y promueve que las nuevas generaciones forjen vínculos más amorosos y libres de opresión. También centra su ataque en las mujeres del movimiento piquetero, cuando estas están al frente de los comedores comunitarios garantizando el plato de comida de lxs niñxs que habitan los barrios pobres del país. 
 Por otro lado, resulta inaceptable que Milei prometa combatir el narcotráfico en Rosario cuando está llevando la pobreza infantil a niveles sin precedentes. De esta manera, deja a los jóvenes de las barriadas completamente vulnerables a ser captados por estas mafias ante la falta de perspectivas. A lo sumo, con el envío de fuerzas federales montará una pantomima encarcelando a los eslabones más débiles de la cadena -los soldaditos dedicados al narcomenudeo-, mientras los dueños del negocio de la droga continúan impunes multiplicando sus ganancias a instancias del poder político. Se vale del flagelo que están viviendo los rosarinos para justificar una escalada represiva contra la población trabajadora, mientras mantiene intacto el narcoestado. 
 En la misma línea, intentó legalizar la doctrina del gatillo fácil mediante la frustrada Ley Ómnibus. De esta manera, fomenta el fusilamiento de los “pibes chorros” por parte de la policía, sin reparar que el propio Estado los condena a la marginalidad antes de que decidan salir a robar para, parafraseando a César González, “disfrazar la pobreza” -cuando no son los mismos uniformados los que los instigan a delinquir. El gobierno deja a la deriva a lxs jóvenes de los barrios, para luego proyectar sobre ellos la imagen de un “enemigo interno” al que hay que erradicar. Otra forma de distraer al pueblo sobre quiénes son los verdaderos responsables de sus padecimientos. 
 Que en Argentina haya más pibes pobres que pibes con sus necesidades básicas cubiertas debería ser motivo suficiente para que las centrales sindicales paren el país hasta que caigan los planes antiobreros de Milei y los gobernadores. No sucede debido a la naturaleza entreguista de sus direcciones burocráticas, por eso, debemos construir la huelga general desde abajo. A ese objetivo se subordinan la jornada de piquetes del lunes 18 y la convocatoria a una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados y sectores en lucha. Solo a través de la lucha podemos cimentar un futuro deseable para nuestras infancias.

 Sofía Hart

miércoles, 13 de marzo de 2024

El "Villazo" de ayer y la lucha de hoy


En enero de 1973, la Lista Marrón, dirigida por Alberto Piccinini, conquistó el cuerpo de delegados y la comisión interna de la gran acería de Acindar en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. La burocracia de Lorenzo Miguel, sin embargo, continuaba en la dirección de la seccional. La nueva interna, a través de paros y movilizaciones, consiguió conquistas que aún perduran como derechos adquiridos, en relación a los ritmos de producción, las categorías, los accidentes de trabajo, la insalubridad y el servicio médico de planta.
 La actitud combativa de esa interna fue creando una situación de enorme tensión con la patronal y la burocracia de la UOM, que veía cómo en las demás fábricas crecía la simpatía hacia los delegados de Acindar. En el contexto de la crisis política desatada por el derrocamiento de Cámpora a manos de la derecha peronista y los grupos de tareas de la burocracia sindical, el avance del clasismo en un centro industrial fundamental desató una reacción política estratégica. A fines de febrero de 1974, la UOM nacional envió como interventores de la seccional a dos provocadores que casi son linchados en una asamblea de la planta. En esa misma fecha, una asonada minoritaria de la policía provincial derribaba al gobierno de la izquierda peronista de Córdoba.
 La burocracia expulsó del sindicato a toda la comisión interna de Acindar. En diversas asambleas, a lo largo del día, los trabajadores declararon un paro por tiempo indeterminado y la toma de la planta, con retención de directivos de la empresa. Un día después se sumaron al paro con ocupación de sus plantas los obreros de las metalúrgicas Metcon y Marathon, expulsando a su vez a la burocracia y eligiendo internas combativas en cada una de las fábricas. 
 Una larga semana de ocupaciones, con asambleas diarias de hasta 7.000 trabajadores, concluyó, finalmente, con un enorme triunfo: la reincorporación de la interna de Acindar a la UOM, el compromiso del llamado a elecciones en la seccional en el término de 120 días, la destitución de los provocadores que habían sido colocados al frente de la Intervención y la constitución de una comisión normalizadora integrada en forma mayoritaria por delegados electos en asamblea. La empresa, el Gobierno, la policía, la Justicia y el sindicato asumieron el compromiso de no tomar ninguna represalia.
 Al conocerse el resultado del conflicto, el 16 de marzo de 1974, el pueblo entero de Villa Constitución salió a las calles a celebrar el triunfo de los obreros de Acindar y demás fábricas metalúrgicas de la ciudad, en pleno gobierno de Perón. Esa movilización de 20.000 trabajadores y trabajadoras quedó registrada como “el Villazo”, y fue la mayor expresión de lucha del clasismo después del Cordobazo.
 El “Villazo" fue visto por los luchadores y los activistas de todos los sindicatos como una posibilidad de unir todos los procesos antiburocráticos,, que se desarrollaban en Córdoba y en centenares de fábricas del Gran Buenos Aires recuperadas de la burocracia sindical. 
 Bajo la dirección de Piccinini, el 20 de abril de 1974 fue convocado uno de los plenarios antiburocráticos nacionales más importantes de la historia de la clase obrera, que se reunió en el Club Riberas del Paraná. Allí participaron, entre otros, Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba y René Salamanca del Smata, junto a más de un centenar de representantes de comisiones internas de distintos lugares del país. 
 El histórico plenario, sin embargo, no culminó con un programa ni un plan de acción. La necesidad de una Coordinadora Nacional que emergiera de ese gran plenario fue planteada por Jorge Fischer, miembro de la comisión interna de la fábrica Miluz y militante de Política Obrera.
 En noviembre de ese mismo año, la Lista Marrón, encabezada por Piccinini, gana finalmente las elecciones de Comisión Directiva en la UOM de Villa y derrota ampliamente a la lista de las 62 Organizaciones peronistas. Pocos meses después, el gobierno de Isabelita y la gran patronal denuncian "un complot subversivo de todo el cordón del Paraná” -o sea, desde San Nicolás hasta San Lorenzo, Santa Fe-. En la madrugada del 20 de marzo de 1975, se produce una verdadera invasión de Villa Constitución, con cuatro mil agentes policiales de fuerzas conjuntas, que produjeron unas 150 detenciones y 15 asesinatos. Entre los detenidos estaban los activistas de la CGT regional y los integrantes de la comisión directiva de la UOM, excepto Luis Segovia, que logró escapar y fue el dirigente indiscutido de la huelga que se desató en respuesta al criminal ataque político del gobierno peronista. 
 Esa huelga, el 21 de marzo, constituyó un peldaño superior del Villazo. En reemplazo de los dirigentes detenidos se conformó un Comité de Lucha que mantuvo la huelga durante 61 días, con el apoyo de toda la clase obrera, las familias de Villa y los comités barriales. Día a día los piquetes obreros se enfrentaban con los carneros pagos de otros pueblos y, por sobre todo, con los elementos parapoliciales que ya tenían protagonismo nacional. La huelga mantuvo asambleas diarias y el comité de apoyo se extendió a centenares de fábricas del país. Fueron detenidos durante la huelga y pasados a disposición del Poder Ejecutivo decenas de activistas de distintas organizaciones de izquierda, entre ellos, varios militantes de Política Obrera que se instalaron en Villa para colaborar con la huelga, como Néstor Correa. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a diferentes cárceles del país, torturados y castigados de diferentes formas. 
 El 17 de mayo de 1975, una asamblea de 2.500 trabajadores aprobó unánimemente el levantamiento de la huelga. La derrota no borró nunca de los obreros de Villa la conciencia de esa lucha extraordinaria: por eso cobra un enorme significado histórico para la clase obrera la experiencia del “Villazo”. 

 Aniversario

 Cincuenta años después los metalúrgicos de Villa Constitución la siguen peleando. Vienen de un paro y un corte de la ruta 9 y posiblemente vayan a un nuevo paro de 48 horas por su paritaria. Enfrentan un lock out patronal que puede derivar en un gran conflicto que afecte a todo el pueblo de Villa. 
 Las circunstancias ya no son las mismas. Acindar ha sido adquirida por un pulpo internacional del acero. No existen más ni Vilber, ni Metcon, ni Marathon. La fábrica se ha transformado en el centro productivo de la ciudad. Se encuentra rodeada de talleres metalúrgicos, muchos de ellos realizando trabajos de tercerización de la propia planta.
 Hoy la directiva de la UOM de Villa no tiene como horizonte el clasismo. Aunque formalmente busca diferenciarse de la dirección de la UOM nacional, apoya la orientación política de Abel Furlan, el actual secretario general de la UOM, un kirchnerista que desplazó a Caló de la directiva nacional. Muchos delegados y una parte de la comisión interna de Acindar, que batalló por la dirección de la seccional en las recientes elecciones del gremio, reivindican la pelea de ayer y la de hoy. Este aniversario los encuentra ante el desafío de defender los intentos de la patronal de imponer su propia “reforma laboral”. 
 La forma que tomará el aniversario del Villazo será el reclamo de que se profundice el juicio a los genocidas de la Triple A, de las fuerzas represivas y de los directivos de la empresa Acindar que actuaron en la represión del Villazo. Estos serán juzgados en los tribunales de la propia ciudad, un reclamo arrancado por los familiares de las víctimas de la represión. Habrá, además, una tradicional marcha hacia la plaza central de Villa Constitución y un festival, donde participarán algunos viejos compañeros de esa época y la propia directiva de la UOM de Villa que, por un día, se vestirá de combativa. 
 Es cierto que la memoria es menos poderosa que el olvido, pero el “Villazo” puede volver a estar presente en todo ese pueblo que vive alrededor de la vida de las fábricas metalúrgicas.
 Se vienen días de lucha para los obreros de Villa y la clase obrera que, 50 años después, mantiene sus reservas y su memoria de lucha. 

 Juan Ferro 
 13/03/2024

Cómo respondemos a la ofensiva contra la Universidad


El gobierno de Javier Milei ha emprendido un feroz ataque contra la universidad pública, sus docentes, trabajadores y estudiantes. El centro de la ofensiva se encuentra en el congelamiento presupuestario que equivale, por lo menos, a una reducción del 70 %. El Gobierno apunta a un desmantelamiento y posterior privatización de las universidades, junto con el sistema científico, como lo prueba el furioso recorte y los despidos en el Conicet. Junto con la ´infraestructura´ y mantenimiento educativo peligran las dependencias de las universidades como hospitales, comedores y colegios preuniversitarios en todo el país. Las escasas becas o ayudas a estudiantes pretenden ser totalmente barridas. El Gobierno quiere pulverizar el salario de los docentes y no docentes mediante actualizaciones ínfimas en un cuadro híperinflacionario. 
El gobierno cierra, con decretos de “necesidad y urgencia”, universidades y suspende la apertura de nuevas. Dos millones y medio de estudiantes junto a trescientos mil trabajadores nos encontramos a merced de un Poder Ejecutivo que sostiene que los contenidos educativos se encuentran “impregnados de rojo” y que en las universidades se vive “un clima de sovietización”. Este Gobierno promueve, además, un discurso fascista contra los migrantes, las mujeres y cualquier expresión de oposición a su orientación. 

 Rectores 

Los rectores y autoridades universitarias se declaran ´preocupados´ y en ´alerta´ por el congelamiento presupuestario. Todos coinciden en declarar que la universidad “no llega a mayo”, mientras proceden a aplicar el ajuste en sus casas de estudio, es decir, la política de Milei. En un conjunto de universidades las declaraciones de “emergencia presupuestaria” fueron el puntapié para recortar cupos, comisiones e incluso carreras enteras. En Sociales de la UBA, la decana, que denuncia en TV al gobierno nacional por el ´ajuste´, ella misma ´ajusta´ los ´kit escolares´ a los hijos de los trabajadores no docentes. Si la universidad no llega a mayo, ¿qué objetivo tiene ese ahorro tan miserable?. La ´voucherización´, donde “las universidades compiten”, es la línea que las autoridades apoyaron todos estos años, la de convertir a las carreras en un sistema de “créditos y competencias”, recortar el ciclo de grado y proceder a una arancelización del régimen universitario. El año pasado la UBA recortó sus carreras de Medicina y las Ingenierías adaptándolas a los requisitos de la CONEAU. Esta privatización “de a tramos” generó un poderoso financiamiento de lobbys capitalistas que penetraron fuertemente, mediante convenios y pasantías/cursos de extensión, en la gestión de las universidades. A las universidades “que no llegan a mayo” les exigimos la publicidad y el control docente y estudiantil del conjunto de las condiciones de todos estos convenios. 
 Asistimos, por lo tanto, a una colaboración política con Milei por parte de los bloques políticos tradicionales: radicales, peronistas y kirchneristas. La misma que se expresa a nivel nacional mediante la aceptación, por colaboración o pasividad, de un conjunto de arbitrariedades fuera de las leyes, como el “protocolo represivo” que diseña un escenario de Estado policial totalitario. También los une el mazazo contra salarios y jubilaciones y el reclamo de una “reforma laboral” que termine de barrer con los derechos de la clase trabajadora. A esa colaboración hay que añadirle el invaluable servicio prestado al Gobierno por las burocracias sindicales, que diseñan “planes de lucha” en cuotas y dejan pasar por entero la masacre social en curso. En la universidad ese papel lo juegan las direcciones de los Centros de Estudiantes y Federaciones, las de Franja Morada-Nuevo Espacio y las del peronismo o kirchnerismo. 

 Huelga general educativa 

En todo este escenario, la defensa de la universidad pública, sus condiciones de estudio y derechos laborales corre por entero a cuenta de sus estudiantes y trabajadores. No serán los rectores y autoridades los que encabecen con éxito las ´gestiones´ con el Gobierno. Se trata de impulsar una lucha decidida que involucre, por abajo, a la mayoría de la comunidad educativa, universitaria y científica. El impulso de una huelga general educativa requiere escenarios de deliberación y de lucha de estudiantes y docentes. Política Obrera apoya y convoca en el inicio de las clases todas las medidas combativas que preparen una irrupción general: cortes de calle, clases públicas, paros y asambleas autoconvocadas. Necesitamos una “contraofensiva” que imponga todos los reclamos pendientes. 

 Federico Fernández 
 13/03/2024

Un lobo de Techint en la Secretaría de Trabajo para impulsar la reforma laboral


Finalmente, Milei designó como Secretario de Trabajo a Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA y director de relaciones laborales de Techint. Cordero reemplazará a Omar Yasin, quien fue despedido bajo la acusación de homologar los aumentos otorgados a la planta ejecutiva del gobierno. 
 Julio Cordero es el segundo funcionario de alto rango que ubica el Grupo Techint en el gobierno de Milei: en diciembre había asumido como titular de YPF Horacio Marin. Los medios destacan el peso adquirido por la corporación de Paolo Rocca -además de la de Eurnekian- en el gobierno. Techint busca quedarse con la única megaobra pública que se haría este año: el Gasoducto Norte, que tendrá una inversión del Estado nacional cercana a los 800 millones de dólares.
 Cordero se hizo tristemente conocido durante el debate por el proyecto de reducción de la jornada laboral, con la que amagaba Massa para recaudar algunos votos, y llamó la atención de los medios cuando, haciendo sonrojar a más de un esclavista, declaró: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?” Con esta lógica es que se aplican las cláusulas de flexibilidad laboral en las fábricas del Grupo Techint, especialmente en la de Siat en Avellaneda, donde los delegados denunciaron que existe una “turnicidad infernal”. 

 Interna feroz 


En verdad, el despido de Yasin no tiene nada que ver con la crisis del aumento de los salarios de Milei y compañía, sino que es parte de una crisis entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, que ya lleva varios capítulos. El más importante de ellos fue el despido del subsecretario de Yasin, Horacio Pitrau, hace pocas semanas, acusado de ser el responsable de la negociación con el Secretario General del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, en la que se había acordado la continuidad del aporte compulsivo de los no afiliados al sindicato y la adhesión de los trabajadores de comercio a un fondo de cese laboral, en reemplazo del actual régimen indemnizatorio. La estrategia de Yasin- Pitrau reeditaba la de Triaca al frente de la Secretaria de Trabajo: dividir y cooptar a un sector de los sindicatos al apoyo de la política del Gobierno. 
 El despido de Yasin y el ingreso de un hombre de Techint al frente de la Secretaria de Trabajo no puede desvincularse de la reunión del Gobierno Nacional con los gobernadores. Con asistencia perfecta de los mandatarios, allí se discutió de común acuerdo encaminar el capítulo de la reforma laboral de la Ley Ómnibus, frenado por la Justicia. Las declaraciones de diversos gobernadores a la salida del meeting dan por descontado el acompañamiento de un nuevo proyecto de ley de reforma laboral. Hace pocas horas, en la AmCham, Héctor Daer se declaró “predispuesto” a debatirlo. La connivencia de los gobernadores kirchneristas con el ajuste del Gobierno compite con el de la direcciones sindicales. 
 Cordero es indicado por todos como el autor principal de ese capítulo, que incluye la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, la modificación de los intereses por indemnización -algo que cuenta con el aval de un fallo reciente de la Corte Suprema-, la reducción de las multas a empresarios por trabajo en negro, la inclusión del bloqueo como causal de despido y la no obligatoriedad del aporte por uso de convenio que es retenida a los no afiliados a los sindicatos. 
 La reforma laboral no será el único tema sensible que quedará en manos de Cordero: la Secretaría de Trabajo tiene varios frentes abiertos, entre ellos la no homologación de los acuerdos salariales que estén por arriba del 15 % de aumento –entre ellos, el de Camioneros-. La política del Gobierno es liquidar el poder adquisitivo de los trabajadores para anclar la inflación, por lo que los salarios deben ser desenganchados del IPC. Este “disengagement” no es un invento libertario, es una versión agravada de la política del gobierno de los Fernández, que llevó el salario mínimo a los niveles actuales y los acuerdos paritarios a la baja y que, de entrada, promovió una fórmula de cálculo previsional para el desenganche de las jubilaciones respecto de la inflación. 
 punto importante será la absorción por la Secretaría de Trabajo de unos 800.000 planes, que pasarán del Potenciar Trabajo al nuevo Volver al Trabajo. Aquí tampoco el gobierno de Milei innova: desde que los planes a los desocupados existen, la burguesía reclama convertirlos en un subsidio al capital, reemplazando parte del pago de los salarios. El “Volver al Trabajo” fracasará más rápido que los “Planes empalme” anteriores, porque se injerta en medio de un proceso recesivo impulsado por el Gobierno. 
 El jefe de relaciones laborales del Grupo Techint asumirá el cargo en la Secretaría de Trabajo en medio de una huelga de 48 horas por el salario, que envuelve a todas las plantas siderúrgicas del país, que se prolongará a 72 horas la semana próxima y que en varias fábricas los trabajadores están haciendo activa. El verdadero límite a la agenda reaccionaria del gobierno, que es la intervención de la clase obrera en la escena nacional, empieza a despuntar. 

 Pablo Busch
 13/03/2024

Jubilados: un tironeo que no altera la miseria previsional


El bloque que encabeza Miguel Pichetto reunió las firmas necesarias para una sesión extraordinaria de Diputados este miércoles 12. El propósito es tratar un proyecto de ley que altera la fórmula de movilidad jubilatoria. El cálculo actual combina la evolución de los ingresos del sistema previsional con la evolución de los salarios registrados. Este índice, que ignora a la inflación, ha conducido a una monumental erosión de los haberes previsionales en los últimos años. El nuevo proyecto, presentado por la Coalición Cïvica, plantea ajustar los haberes de acuerdo al último dato informado de inflación mensual. Así, las jubilaciones del 1º de abril se actualizarían con el dato de inflación de febrero. En el último aumento -que tuvo lugar el 1º de marzo- el ´viejo´ índice de movilidad determinó un incremento del 27,2%; pero la inflación equivalente del período resultaba de casi el 60%. O sea que, sólo para ese trimestre, la pérdida de poder adquisitivo de los haberes resultó superior al 30%. Según el IARAF (Instituto Argentino de Analisis Fiscal) se considera que la caída acumulada, en 2017-2023, de un jubilado que percibe bonos sufrió un derrumbe de sus haberes del 35%; y del 57%, en caso de no cobrar un bono. A ello hay que sumarle la ya mencionada pérdida de ingresos del primer trimestre de 2024. El aumento “ad hoc” inicial del 20% que ofrece la Coalición Cívica no sólo es tardío: ni siquiera recupera el zarpazo de los haberes producido bajo el gobierno Milei. Por el contrario, lo consolida, al igual que al derrumbe producido en los últimos años. “Ajusta por inflación”, sí, pero desde los actuales haberes de miseria, que apenas llegan a los 200 dólares mensuales. 
 Los socios de Pichetto y Carrió introducen el ´ajuste por inflación´, pero después de habérsele desconocido a los jubilados el período de mayor inflación de noviembre-enero. Las estimaciones inflacionarias hablan de una caída relativa en el aumento de los precios en febrero, pero de un “rebote” posterior en marzo-abril. En ese caso, los jubilados deberían afrontar estos últimos meses con un ajuste menor – el que corresponde a la inflación de febrero. 
 Milei-Caputo, sin embargo, tienen otro proyecto para alterar la movilidad jubilatoria: comparten este tramposo “ajuste por inflación”, pero sólo quieren reconocer un 10% de compensación pasada, en vez del 20% que plantean Pichetto-Carrió. Por ese motivo, intentarán hacer naufragar la sesión de mañana. Pero la sangre, ¿llegará al río? Algunos observadores señalan que el choque entre el gobierno y la oposición dialoguista por este punto podría desembocar en una negociación: el diario Infobae (11/3) cita a una fuente del radicalismo que “saluda” la iniciativa del gobierno libertario de incluir al cambio de la movilidad en la mega ley: “Ya se reconoce que debe haber una fórmula, que esta además debe preservar el poder adquisitivo de los haberes (inflación) y hasta se reconoce que debe haber un pago compensatorio por el empalme”. Entre opositores y mileístas, sólo está en discusión a cuánto debe llegar la mentirosa compensación, que no hace más que cristalizar la presente miseria previsional. En función de esta negociación, esa misma fuente radical pone en duda a la propia sesión especial. 
 El tironeo sobre la fórmula jubilatoria forma parte de las negociaciones en curso con los gobernadores, al igual que la hipotética sesión del Senado que rechazaría al DNU 70. En estos forcejeos, ha ingresado también la Unión por Todos – la diputada Tolosa Paz saludó, en las últimas horas, al proyecto de la Coalición Cívica. Por caso: a cambio de una “conveniente” coparticipación de los impuestos en discusión, la oposición dialoguista podría aceptar la variante Milei-Caputo de la nueva movilidad jubilatoria. 
 Lo que los une a todos es la consolidación de la miseria previsional, que ha implicado en el último lustro una transferencia de 25.000 millones de dólares de los trabajadores pasivos al Estado (IARAF), y de éste a los acreedores de la deuda pública y a toda la clase capitalista.

 Rita Marchesini 
 12/03/2024

Dengue, una epidemia que se extiende


La epidemia de Dengue se ha multiplicado y extendido en todo el continente, abarcando zonas y regiones que estaban fuera del alcance de la misma en años anteriores. 
 Brasil, con 1.500.000 casos (se esperan que superen los 4 millones), es donde la situación se encuentra fuera de control, especialmente en la capital, Brasilia, o en Rio de Janeiro, que concentran la mayoría de los casos. 
 Paraguay está llegando a los 700 mil infectados. Cifras elevadas también se han producido en Perú, pero han crecidos los casos en el resto de los países del continente, superando lo ocurrido en el periodo 2022-2023. 
 Argentina no escapa a este panorama. En 18 de las 24 provincias se han producidos casos de dengue de origen autóctono. Los contagiados suman hoy 100.000 casos, cuando en todo el periodo de octubre a octubre 2022-2023, llegaron a los 130.000. En Tucumán, por ejemplo, se acercan a los 7.000 los infectados, cuando el año anterior, para la misma fecha, los casos apenas sumaban 910. En toda la región norte del país la epidemia se ha transformado en endemia. En los países más afectados, los fallecidos se contabilizan por miles. En la Argentina, por ahora, son 47 los fallecidos. 
 Todos los especialistas coinciden en que los datos siempre se refieren a los casos registrados en los centros de salud pública o privada, pero que por cada caso registrado hay que sumarle otros 10 casos, ya sea porque se puede presentar como asintomático, o en forma leve y la persona afectada decida no concurrir al centro de salud.
 Otro hecho que destacan los especialistas es que en los países con más afectados ya circulan los 4 serotipos del dengue, lo cual complica la inmunidad de quien sufrió la enfermedad y se sobrepuso. Aunque queda inmunizado para ese serotipo, puede contagiarse con los otros, con el agravante de que las segundas infecciones siempre se presentan de manera agravada. En la Argentina ya circulan tres de esos serotipos. Desde los organismos oficiales se ha puesto el acento en la responsabilidad individual, en los que se denomina el descacharreo, el uso de repelentes, mosquiteros y tules de protección. 
 Está claro que gran parte de la población hundida en la pobreza o la indigencia, no está en condiciones de asumir estos gastos e inclusive tareas. Los repelentes más comunes superan los 1.000 pesos, otros están por encima de los 1.500, y está plenamente comprobado que los repelentes o las tareas de fumigación han perdido efectividad pues los mosquitos han generado gran resistencia a todos estos insecticidas.
 Estos mismos especialistas han señalado que el acento tiene que estar en las acciones de gobierno orientadas al saneamiento ambiental, la eliminación de charcos y aguas estancadas, de basurales y microbasurales (son centenares en las todas las ciudades), y la fumigación en zonas muy especiales y realizadas por personal especializados y con uso de insumos autorizados y verificados. 
 El vaciamiento del sistema de salud ha producido entre otros factores la carencia de personal para la atención multiplicada de los casos y la vez la falta de agentes sanitarios que puedan recorrer los barrios y zonas afectadas para enseñar y verificar las tareas necesarias de las familias y las acciones de los gobiernos para contener y evitar la propagación de los contagios. 
 Otro hecho que se ha introducido este año es la llegada de la vacuna contra el dengue, que el gobierno no ha incluido dentro del calendario (sí se aplica en Brasil, incluso reclamada por los sectores bolsonaristas), con el argumento de que no está comprobado que surta efecto, cuando ha sido autorizada por la ANMAT. La vacuna importada de Japón está en el país, pero solo la aplican en vacunatorios privados en dos dosis separadas por tres meses, y cuyo valor actual de la primera dosis es de 70 mil pesos, y la segunda es actualizada de acuerdo al costo de vida. 
 El dengue es una epidemia muy seria, con poca letalidad por el momento, pero que muchos casos requieren internación, es muy dolorosa en sus síntomas, incluso se están estudiando secuelas de diversos tipos productos de haberla sufrido, con el riesgo de volverse a infectar.
Los movimientos de lucha piqueteros y sindicales deben incluir en sus plataformas de reclamos, la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue, en segundo lugar, la provisión de todos los insumos para uso cotidiano en el hogar, (repelentes, espirales, telas mosquiteras, tules, etc.); la incorporación de agentes sanitarios que en combinación con delegados electos por manzana efectúen el recorrido y se establezca la hoja de ruta de las tareas de saneamiento ambiental y acceso al agua. Finalmente, la incorporación de personal especializado para la atención y eventual internación de los casos de mayor gravedad, lo cual supone el aumento del presupuesto de salud en todas las jurisdicciones.La política de Milei y de sus socios gobernantes en las provincias va a contramano de estas acciones. Con la organización y la lucha se debe imponer estas medidas de emergencia. 

Daniel Blanco 
 12/03/2024

martes, 12 de marzo de 2024

Los lazos de funcionarios del gobierno con capos narco


El ministro Cúneo Libarona era abogado del mafioso "Mameluco" Villalba y Espert financió su campaña con dinero de un preso narco. 

 “Son ellos o nosotros”, dice Javier Milei cuando realiza su arenga antinarcotráfico. El presidente se autopercibe promotor de una batalla sin cuartel contra quienes están esparciendo el terror en la ciudad de Rosario. Pero probablemente le sea muy difícil conciliar ese discurso con su práctica política. Es que existen elementos dentro del elenco oficialista que están vinculados a narcotraficantes. 
 El primero de ellos es Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia. No solo es un defensor de los hombres que ejercen violencia machista contra las mujeres. En su currículum también figura haber sido abogado defensor de Miguel “Mameluco” Villalba, un capo mafia del narconegocio en Buenos Aires.
 Villalba, jefe de un clan familiar capaz de recaudar 22 millones de pesos por día (Infobae, 5/3), fue acusado de ser el ideólogo del asesinato de Candela Rodríguez en 2011. Asimismo, está investigado por lavado de dinero y por vender la cocaína contaminada con carfentanilo que mató a 24 personas en febrero de 2022. 
 En diciembre pasado, la jueza federal que se dedica a investigar a Villalba envió una nota a Libarona, Javier Alonso (ministro de Seguridad bonaerense), Patricia Bullrich y a Juan Martín Mena (ministro de Justicia bonaerense) para advertirles sobre los vínculos que el narco posee con policías de la Bonaerense. No se conoció acción alguna para atender el problema, todos hicieron mutis por el foro.
 Desde Buenos Aires sale el 90% de la droga que se comercializa en Rosario, según Matías Edery, fiscal de la Unidad de Criminalidad Organizada. En marzo del año pasado, se secuestraron allí unos 22 kilos de cocaína pertenecientes a un miembro de Los Monos –banda que cuenta con amparo policial.
 Libarona salió a desmarcarse de esto, señalando que “no conoce ni vio en su vida” a Villalba. Pero habida cuenta su historial en la materia, no sería incorrecto poner en tela de juicio sus dichos. Según informes de la Procuración Fiscal de la Nación, el ministro también habría intervenido en la defensa de Iván Villalba, hijo de Miguel, en un juicio por narcotráfico en Paraná. 
 también fue abogado defensor del fenecido exintendente de Paraná, Sergio Varisco (Juntos por el Cambio), quien fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por participar en la comercialización de estupefacientes y por tener vínculos con una banda de narcotraficantes.
 Y fungió como abogado de Mario Segovia, el rosarino conocido como “El Rey de la Efedrina” que fue detenido en noviembre de 2008 en el aeroparque porteño acusado de contrabando de droga a México.
 Otra persona con vínculos con personas ligadas al narcotráfico es José Luis Espert, el fascista que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Espert es cercano a Fred Machado, un mafioso que está preso por pedido de la Justicia norteamericana y acusado de estafas millonarias y de importar cocaína de Estados Unidos. 
 Machado financió la carrera política del libertario-macrista, no solo prestándole sus aviones personales y una camioneta 4×4, sino también aportando su dinero espurio. Espert es el mismo que pide “cárcel o bala” para los trabajadores que protestan contra los ataques de los capitalistas y su Estado. 
 Mal puede Milei combatir el narcotráfico avalando y protegiendo personas que mantienen o mantuvieron vínculos con narcotraficantes. Pero más allá de eso, su política más general está muy lejos de significar una lucha real contra el narcotráfico.
 Avanzar en esa perspectiva amerita terminar con la propiedad capitalista de los puertos de Santa Fe, que son verdaderos coladores de droga; desmantelar todas las fuerzas represivas, cómplices de los gángsters narco; y nacionalizar la banca para cortar el chorro del lavado de dinero. Y rescatar a los trabajadores y jóvenes de la influencia narco subiendo los salarios e invirtiendo en la construcción de centros de atención para consumos problemáticos. 
 No puede terminar con el narcotráfico un presidente que gobierna para la clase capitalista –dentro de la cual hay sectores que se favorecen del narconegocio–, que pide motosierra contra los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación y también todo tipo de prebendas económicas. La situación requiere de la intervención de los trabajadores.

 Nazareno Suozzi

Por qué el gobierno insiste con volcar a las Fuerzas Armadas a la represión interna


Milei, Bullrich y Petri buscan ampliar las atribuciones de las fuerzas armadas 

El presidente Javier Milei aseguró este martes 12 que está evaluando el envío de un proyecto al parlamento para modificar la ley de Seguridad Interior, esto con el propósito de ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en ese terreno. 
 Si bien Milei lo esgrime como una herramienta para el combate del narcotráfico en Rosario, hace tiempo que tiene en mente rehabilitar a las FF.AA. para la represión interna. Es un ataque peligrosísimo contra las libertades democráticas que va de la mano de otras iniciativas, como la modificación del decreto reglamentario de la ley de defensa nacional, de 2006, que ya anticipó el ministro de Defensa, Luis Petri. 
 La ley de Seguridad Interior data de 1991 y restringe el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interior a proporcionar en ciertos casos, y a solicitud del Ministerio de Defensa, “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” (artículo 27). Amparándose en esto es que el gobierno dispuso el apoyo logístico de las FF.AA. a las fuerzas federales que ya operan en Rosario.
 Pero Milei quiere ir más lejos. En una entrevista con Crónica TV, habló de “algunas acciones adicionales”, y de “acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo”. La vaguedad no podría ser mayor. ¿Significa que los militares podrían efectuar operativos? ¿Usar su armamento letal? El presidente dijo que los militares no dispararían, pero no dio mayores precisiones. 
 Hasta aquí, según trascendidos periodísticos, en los propios medios castrenses hay reticencia a involucrarse en la crisis rosarina y en tareas de seguridad interior, especialmente por la falta de un marco normativo claro que las preserve legalmente. Se dice que Bullrich tenía la intención de mandar militares a la ciudad santafesina, junto a otros efectivos de las fuerzas de seguridad, pero que el ejército dijo que no (La Nación, 9/3). El anuncio de Milei tal vez busque disipar esas inquietudes.
 Paralelamente, el ministro Luis Petri trabaja desde el comienzo de su gestión en una nueva reglamentación de la ley de defensa nacional. Instituida en 1988, la norma establece que el área de las fuerzas armadas se limita a las “agresiones de origen externo” (artículo 2). En 2006, un decreto reglamentario precisó que “se entenderá como ‘agresión de origen externo’ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”.
 Petri buscaría, según versiones periodísticas, eliminar la referencia a los Estados extranjeros, de modo de crear un paraguas legal para que las FF.AA. puedan intervenir ante la amenaza de “grupos terroristas”. Un viejo pretexto que se viene usando indiscriminadamente desde el 11S en Estados Unidos, en 2001, para suprimir garantías constitucionales y crear verdaderos “estados de excepción” por todo el mundo. 
El gobierno, en definitiva, quiere aprovechar el temor y la angustia generada en la población trabajadora por la crisis narco para avanzar en la rehabilitación de las fuerzas armadas para la represión interna. Esto es indisociable de la grave crisis social que generan las brutales políticas de ajuste que ya sumergieron en la pobreza al 60% de los argentinos. Es un hecho grave que debe ser denunciado y rechazado. Al narcotráfico no se lo enfrenta empoderando a los militares (consúltese, si no, las experiencias dramáticas de México y Colombia), sino desarticulando la red de complicidades dentro del aparato de seguridad y del poder político y económico.

   Gustavo Montenegro

Crisis narco en Rosario: las organizaciones obreras debemos intervenir


El asesinato de cuatro trabajadores en la última semana en Rosario ha puesto en vilo a la Ciudad. La docencia, los estatales, taxistas y estacioneros han resuelto paros y medidas de lucha. La circulación de personas se ha retraído, de todos modos, por la decisión de muchos de no salir de sus hogares.
 Mientras tanto, el gobernador Pullaro solicitó la intervención del Estado nacional, el cual, Patricia Bullrich mediante, ha lanzado una receta harto conocida: el desembarco de mayor cantidad de fuerzas de seguridad federales en territorio santafesino. Nada que no se haya hecho en el pasado, con los resultados conocidos: después de algunas semanas de estruendo mediático, el recrudecimiento del narcodelito, en las mismas barbas de la Prefectura o la Gendarmería. Bullrich y Pullaro le han añadido esta vez el apoyo “logístico” de equipos de transporte militares. Pero ha requerido también que el mismo ejército participe en las acciones de seguridad interior. Si la ley que impide esa intervención fuera modificada, lo que tendríamos por delante es la reiteración de lo que ya ocurre con las fuerzas federales de seguridad y la policía provincial: la asimilación y la connivencia con el crimen organizado. Argentina, en este punto, puede mirarse en el espejo de Colombia o de México.
 En el caso de Santa Fe, la policía provincial está profundamente penetrada por la red narco desde hace más de una década. Ya fueron desplazados jefes regionales y pasado a disponibilidad otros centenares de agentes, todos por hechos de corrupción en sus funciones. El reforzamiento del aparato represivo, entonces, no pasa de ser una puesta en escena, por parte de un Estado que no sólo es impotente para darle una salida a esta crisis: es responsable y cómplice, en todos sus estamentos, de la escalada criminal.

 Encubrimiento 

En las últimas semanas, Bullrich y Pullaro han poblado las redes de posteos y fotos vanagloriándose del escarmiento carcelario sobre los narcos. Este show, como se vio, no hizo más que agravar la violencia en las calles. Pero, además, ha servido -como siempre ha ocurrido en estos años- para encubrir a los verdaderos responsables del crimen organizado. 
 Mientras las cárceles se llenan de “soldaditos”, el tendal de capitalistas que se beneficia con los recursos del narcotráfico sigue operando desde la comodidad de sus empresas.
 Son los que operan en los puertos privados, el gran canal para el ingreso y salida de drogas y dinero; son los que lavan las inversiones multimillonarias de los narcos con la especulación inmobiliaria, que tiene como intermediarios a los bancos y a los fondos financieros.
 Mientras Rosario se ha convertido en el Puerto Madero de Santa Fe, con construcciones faraónicas en toda la costa del Paraná, la desigualdad social se ha agigantado a niveles extraordinarios, como se aprecia en los barrios donde no llegan los servicios públicos básicos y donde las familias carecen de ingresos suficientes para afrontar su vida cotidiana. Son los barrios donde el consumo de drogas se ha “naturalizado”, destruyendo a una generación entera de jóvenes sin trabajo, sin estudio y sin futuro.
 Mientras prometen “mano dura”, los Bullrich, los Pullaro, los Milei y sus partidos están empeñados en sancionar en el Congreso una nueva ley de blanqueo de dinero. Sus beneficiarios, ni más ni menos, serán los jefes, instigadores y explotadores económicos de la misma red criminal que hoy se cobra la vida de jóvenes y trabajadores en los barrios de Rosario. 
 La crisis de seguridad es la crisis de un régimen y de una organización social que, en su descomposición, criminaliza sus finanzas, funde, en un mismo y podrido cuerpo, al Estado con el crimen organizado; y convierte en asesinos a su servicio a una parte de la misma población a la que convirtió en elemento descartable. 
 En las dramáticas condiciones creadas en Rosario, es urgente que las organizaciones obreras intervengan en la crisis. Es la tendencia que ha expresado el paro arrancado por los delegados docentes, o el que han impuesto los delegados estatales. 
 En las actuales circunstancias, planteamos la constitución de un comité de organizaciones obreras y populares, que resuelva un plan de movilización en defensa de la mayoría trabajadora de la Ciudad; el programa de esa movilización plantea, entre otras reivindicaciones y medidas: la destitución y separación de los jefes policiales corrruptos; el control de los destacamentos y comisarías por comités de trabajadores y vecinos electos; la apertura de los libros y operaciones de los puertos privados y la Hidrovía; la investigación de todas las operaciones inmobiliarias de magnitud de, al menos, los últimos cinco años. 
 La crisis narco en Rosario tiene lugar en medio de un agravamiento en todos los órdenes de la miseria social – la cual es inseparable de la propia escalada criminal. Debemos incorporar a esta lucha, por lo tanto, las urgentes reivindicaciones obreras y sociales de la hora: 100% de aumento de salarios y jubilaciones; abastecimiento integral de los comedores populares en los barrios; bolsa de trabajo para los compañeros desocupados; inmediato plan de obras públicas, financiado con un impuesto al gran capital sojero, inmobiliario y del juego. 
 El miedo y la desolación popular no serán vencidos de la mano de los personeros del narco-Estado y sus “efectivos”. La calle debe ser ganada por la clase obrera, con la huelga general y la movilización.

 Agustín Fernández 
 12/03/2024

El bono no remunerativo de “las fuerzas del cielo”


La revelación de que Milei firmó un decreto para aumentar los salarios de los altos funcionarios del gobierno en un 48 % –y llevar el estipendio presidencial a los 5.000 dólares mensuales- echa leña al fuego de un país donde las dos terceras partes de los jubilados cobran 200 verdes por mes, el 60 % es pobre y los docentes, enfermeros o empleados del Estado que preside Milei recibieron treinta puntos porcentuales menos de aumento que el que se adjudicó el presidente. Para sumarle barro al río, las ironías por “X” corrieron por parte de la ex presidenta Kirchner, que acumula jubilaciones especiales por un monto de 14.000 dólares mensuales. 
 La indignación que despiertan estas desigualdades no debe tapar, sin embargo, el carácter impostor de este debate. 
 Los medios afines al gobierno han calificado de “torpeza” o “papelón”, en parte, al megaaumento presidencial; en parte, a la 'filtración' de la noticia. Milei, que salió a anular los aumentos, pareció enfurecerse en el mismo sentido. Entiende que las revelaciones sobre los salarios “políticos” constituyeron un golpe a la demagogia “anticasta”. Pero es evidente que Milei firmó a plena conciencia estos aumentos: mal que le pese, su ‘casta’ debe vivir y comer (bien) todos los días. En base a ello, decidieron autootorgarse los aumentos que le negaron a los trabajadores, después de la megadevaluación, los tarifazos y la liberación de precios. 

 “Autofinanciamiento”

 Milei retrotrajo el aumento, no en nombre de ninguna austeridad, sino de dos propósitos políticos enteramente reaccionarios. El primero, promover el autofinanciamiento de la casta con recursos cosechados directamente en los círculos capitalistas, una práctica que él ejecuta a fondo. Como diputado, sorteaba su dieta, mientras brindaba conferencias y asesoramientos a fondos financieros. Su secuaz en desgracia, Ramiro Marra, siguió brindando consejos de broker luego de asumir como legislador. Antes de mudarse a la residencia de Olivos, Milei disfrutó de una estadía de un mes en el Hotel Libertador, incluyendo a sus salones y las habitaciones de su comitiva libertaria, pagado por las fuerzas del cielo, en este caso, las del empresario Elsztain. El periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, se ha preguntado reiteradamente sobre la veracidad de la declaración jurada del actual presidente. 
 Entre los puntos del mentado “Pacto de Mayo”, Milei incluyó al “financiamiento exclusivamente privado de la política”. Ello consagraría definitivamente a los procesos electorales como coto cerrado del gran capital y sus partidos, al suprimir los ya retaceados mecanismos de fondos o espacios oficiales que existen en las campañas. Esta privatización de la “política” es inseparable del gobierno de camarilla constituido por Milei-Caputo, que le ha prestado en estos meses un servicio invalorable a los fondos especulativos. La transitoria estabilidad del dólar aseguró a fondos y bancos rendimientos del 9% mensual en dólares gracias a la bicicleta (carry trade). Esos superrendimientos han sido ‘pagados’, en última instancia, con la monumental licuación de salarios y jubilaciones. Los beneficiarios son los clientes de Caputo, a quien el actual ministro está compensando por los millones de dólares que les hizo perder bajo el derrumbe de la administración macrista. La “casta” circula entre el Estado y los capitalistas privados sin solución de continuidad –del sillón al avión, de BlackRock al Banco Central-. Los fundadores de BlackRock son actualmente los mentores de la Reserva Federal, en los Estados Unidos. La clase capitalista “nacional” se ha avenido a esta operación confiscatoria, de un lado, porque participa directamente de ella, como acreedora de la deuda pública; del otro, porque apoya la contrarrevolución laboral que promete Milei. 
 Pero la alharaca anticasta -y el planchazo a los salarios de presidentes y ministros- cumple otra función reaccionaria. Es la coartada que justifica y legitima la brutal depredación de los salarios de docentes de todos los niveles, de trabajadores de la salud y, de un modo general, de toda la clase obrera. “El sacrificio lo hacemos todos”. No hay que olvidar que la secretaría de trabajo libertaria está vetando los aumentos paritarios que juzga “excesivos” . El culebrón de la marcha atrás con los aumentos de Milei y compañía busca contribuir a esa operación contra el salario. Finalmente, el “salario” de los Milei y Caputo es una anécdota. Sus ingresos, como ya se señaló, dependen de sus múltiples lazos con el gran capital. 

 El robo verdadero

 El discurso “anticasta” encubre este ajuste, pero principalmente, busca presentar a la exacción social como una corruptela de funcionarios, ocultando el carácter expropiatorio de las relaciones sociales que los burócratas administran –es decir, la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital-. En los tres meses de administración mileista, la acción de esa casta “libertaria” transfirió del trabajo al capital el equivalente de unos 20.000 millones de dólares anuales. Por la tarea de asegurar este despojo desde el aparato estatal, la “casta” se queda con el vuelto. Esa propina -por cierto jugosa y ofensiva de cara a los ingresos obreros- es el lubricante necesario para que la burocracia estatal opere como gestora de los intereses capitalistas. 
 La lucha planteada es contra el régimen social que sostiene a esa burocracia. La conversión de ese combate en una lucha “anticasta” es un formidable encubrimiento del régimen de explotación. Esto explica que la demagogia contra la casta ha terminado siendo aprovechada exitosamente por la derecha fascistoide, después de varios años de agitación estéril por parte de la izquierda democratizante. La “casta” sólo será suprimida con un gobierno de trabajadores, el cual, al abolir las relaciones sociales de explotación, pondrá fin a los privilegios de la burocracia estatal e iniciará, por esa vía, el verdadero final del propio estado como aparato especial de opresión.

 Marcelo Ramal 
 10/03/2024

Arsat: cómo enfrentamos el ajuste y la privatización


El gobierno de Milei ha separado desde su asunción la paritaria de Arsat del resto de empresas de las telecomunicaciones – Telefónica, Telecom, y Claro. Arsat es una sociedad anónima; pero al ser propiedad del Estado, la paritaria está bajo control del gobierno, que pretende aplicar los aumentos de los estatales aunque los trabajadores estén en un convenio telefónico. En Arsat se operan satélites de fabricación nacional, la REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica), el datacenter más grande de Latinoamérica, y el servicio de Televisión Digital Abierta. 
 A los trabajadores se les debe 50,5% (con base julio 2023) por el trimestre octubre-noviembre-diciembre y la suma posterior acordada para enero-febrero. El gobierno de Milei solo otorgó el 16% firmado por UPCN. Mientras tanto, la inflación de septiembre hasta febrero ronda el 80%. El gobierno revienta los salarios de los trabajadores de Arsat como paso previo a su privatización, que Milei negocia desde antes de imponerse en el balotaje. Se barajan posibles compradores: Carlos Slim (Claro) y Elon Musk (Starlink). Este último recibió del Enacom la autorización en febrero último para que su empresa de internet satelital comience a operar en el país. Los trabajadores respondieron con asambleas masivas en la planta, una movilización a la ahora Secretaría de Trabajo, con un banderazo masivo en la puerta de Benavidez, y un quite de colaboración. 
 La política de Milei es privatizar Arsat. La conducción kirchnerista de FOETRA está embarcada en una convocatoria al Congreso, para gestionar apoyos parlamentarios. 
 Pero la política del gobierno se quiebra sólo con una intervención enérgica y decisiva de los trabajadores; lo opuesto a lo que pretende hacer la dirección de FOETRA. Hay que redoblar las asambleas y la movilización en Arsat, pero también de todo el gremio telefónico. Para enfrentar el golpe de la privatización, preparemos la ocupación del edificio de Arsat defendida por una huelga general telefónica. Así como una derrota en Arsat, fortalecería a las patronales para nuevos ataques flexibilizadores y contra la paritaria; una victoria de los trabajadores de Arsat abrirá paso a un ascenso de todos los telefónicos.

 Flavio Pereyra 
 11/03/2024

lunes, 11 de marzo de 2024

Myriam Bregman: "Hay que declarar la nulidad absoluta del DNU para que se retrotraigan sus efectos."

La semana política nacional e internacional | Columna de Jorge Altamira en Letras del Paraná 10/3/24

La mesa del ajuste, con asistencia perfecta


La reunión del Ejecutivo nacional con los gobernadores. A la salida de la reunión del gobierno central con los mandatarios de las provincias, abundaron las alabanzas de los invitados al ‘diálogo’ y la ‘voluntad de consenso’ que habrían expresado los funcionarios nacionales. Entre tantos micrófonos, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se animó a revelar dos planteos centrales que los enviados de Milei llevaron a la reunión. El primero, reinstaurar el impuesto a las ganancias para los salarios superiores a 1.500.000 pesos, lo que devolvería al pago de ese impuesto a cerca de un millón de trabajadores. La otra cuestión es el reemplazo de la “injusta” fórmula actual de movilidad jubilatoria por otra que ajustaría los haberes con la inflación. Pero con un ligero olvido: el del índice de precios de enero, que dio un 20,6%, y que la nueva ley reemplazaría de prepo por un aumento de sólo el 10%. A partir de allí, el gobierno supone una inflación descendente y, por lo tanto, ajustes inferiores que consoliden el despojo jubilatorio consumado durante el macrismo, los Fernández y -ahora- los Milei.
 Algunos gobernadores miraron de reojo a la reimplantación del impuesto a las ganancias. En especial, los de las provincias patagónicas, que temen una rebelión salarial entre los trabajadores petroleros, como ya ocurrió varias veces en el pasado reciente. En cambio, no mereció comentarios el nuevo zarpazo a las jubilaciones. Varios diputados de la oposición dialoguista, con vínculos con los gobernadores, han presentado proyectos similares en relación a la movilidad de los haberes. 
 Mientras tanto, y en nombre de las negociaciones iniciadas, el gobierno ha logrado congelar cualquier tentativa de derogación del DNU en el Congreso, si es que éstas existieron alguna vez con alguna seriedad (incluso por parte de los ‘nacionales y populares’). Las privatizaciones de medios públicos y, en general la ‘reforma del estado’ (despidos) están en el decretazo que se encuentra vigente. A cambio de las promesas de Posse y Francos, Milei-Caputo han ganado tiempo para la escalada contra los trabajadores. Pero a su manera, también lo ganaron los gobernadores: el lenguaraz Weretilneck, sin ir más lejos, enfrenta una huelga docente que arrancó con un no inicio de 48 horas.

 Gobierno por decreto

 La cuestión central que está en juego en esta ‘mesa de trabajo’ reviste un carácter enteramente político: es muy claro que la Ley Ómnibus -lo que el gobierno exige aprobar a cambio de los billetes que recibirían los gobernadores- mantiene la delegación de facultades en favor del ejecutivo. Detrás del palabrerío sobre el diálogo y el consenso, lo que se discute es la consagración definitiva de un régimen de decretazos y poder personal. Por caso, si en la nueva movilidad jubilatoria que se quiere aprobar el tiro le saliera por la culata al gobierno -por una nueva devaluación que empine la inflación hacia arriba- Milei y Caputo tendrían la atribución de suspenderla y aprobar aumentos por decreto. La delegación de poderes en materia de Defensa y Seguridad convertiría a la militarización de la provincia de Santa Fe en un mero acto administrativo. Lo mismo vale para el cierre de organismos públicos creados a través de leyes nacionales. 
 Los fondos a las provincias, en definitiva, están condicionados a una alteración del régimen político. Esta extorsión brutal ha sido pulcramente silenciada por los gobernadores opositores que, con asistencia perfecta, se sentaron a la ‘mesa del ajuste’. Kicillof se retiró ponderando la ‘predisposición’ de los funcionarios presentes. Esto es lo que el gobernador bonaerense, en su discurso de apertura de sesiones, llamó las “mesas de trabajo” a las que concurriría con el gobierno central –para diferenciarlas de los actos de naturaleza política, como el del anunciado “Pacto de Mayo”-. Pero no es así: la reunión “de trabajo” con los gobernadores discutió, en primer lugar, un arreglo ‘federal’ a cambio de una nueva confiscación a trabajadores y jubilados. Y a renglón siguiente, un régimen de decretazos para sostener esa confiscación.
 La derrota de la camarilla de Milei-Caputo-Bullrich no vendrá de la mano de ningún redentor `federal´. Depende enteramente de una acción obrera independiente –es lo que temen como a la peste todos los que se sentaron a la “mesa del ajuste”-.

 Marcelo Ramal 
 10/03/2024

domingo, 10 de marzo de 2024

Milei-Llaryora: de la traición al “pacto de mayo”


Hay que impulsar la huelga general provincial y nacional. La gran noticia del discurso del presidente en la apertura de las sesiones del Congreso se centró en la propuesta de firmar un “Pacto de Mayo”, que contiene los diez mandatos de la clase capitalista. La sorpresa fue la designación de la ciudad de Córdoba como sede para la suscripción del compromiso, planificada para el próximo 25 de mayo. Con la caída del proyecto de la Ley Ómnibus, Milei había arremetido contra el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, acusándolo de traidor; y también expulso a Osvaldo Giordano de la jefatura del Anses. La propuesta de un pacto en Córdoba fue entendida como un acercamiento al gobierno provincial.
 Llaryora respondió que estaba de acuerdo con el pacto, pero aclaró que mayo quedaba lejos, que había que proceder a un acuerdo de inmediato. Rápidamente comenzó a poner condiciones concretas a un posible acuerdo. En primer lugar, aparece la cuestión de las retenciones del 15% a las económicas regionales, que se calcula en 1.750 millones de dólares en la provincia. En Córdoba se impone el capital agrario que no solo reclama la eliminación de las retenciones, sino también una mayor devaluación de la moneda.
 Las otras cuestiones hacen al financiamiento que Nación debe enviar a la provincia. La más importante se refiere a la asistencia de Anses a la Caja de Jubilaciones local, que no fue armonizada. Los giros no se actualizan desde hace cuatro años y se encuentran estancados en los 1.070 millones de pesos mensuales que se giraron durante 2023. En 2024, desde el Ministerio de Economía nacional directamente se eliminó cualquier clase de giro a las provincias. Según el propio Giordano, esa suma debería actualizarse para 2024, en unos 10.000 millones de pesos mensuales. La diferencia resulta fenomenal y Llaryora trata de achicarla descargando un recorte jubilatorio vía el diferimiento de los aumentos a los pasivos y el aumento de aportes a los activos. Igualmente esa política resulta precaria y decantará en un mayor robo a los jubilados. 
 Asimismo, Llaryora pretende que se restituyan los subsidios a las empresas del transporte y el Fondo de Incentivo Docente, que aparecen como reclamos comunes con el resto de los gobernadores. Los subsidios, que representarían una suma actualizada de 40 mil millones anuales para la provincia, tienen una doble función, al ser fuente de negociados de los capitalistas del transporte y abaratar el precio del boleto, también incide en el precio de la fuerza de trabajo. Con el Fonid sucede algo similar, pues Llaryora ha impuesto un enorme recorte salarial a la docencia desconociendo el acuerdo del 2023 y ofreciendo un “no aumento” del 50% de la inflación del mes anterior. La eliminación del Fonid y de los subsidios al transporte exacerban la motosierra de Llaryora. 
 Las diferencias que llevaron a la ruptura del cogobierno entre el liber-facho y el peronismo cordobés se mantienen intactas, porque tampoco el gobierno nacional pretende ceder a la coparticipación del impuesto país. Incluso se podría decir que esas distancias se acrecientan. Llaryora salió cuestionar la política económica recesiva planteando que hay caída de ventas, locales cerrados, gente sin trabajo, y que había que avanzar en un “plan productivo”. En las últimas horas trascendió que Milei ofrece reponer el impuesto al salario, aduciendo que los propios gobernadores lo solicitaron; sin embargo, Llaryora negó que hubiera hecho tal petición. Así las cosas, se puede empantanar el “Pacto de Mayo”. 
 Este es un mandato común que sostienen Milei, Llaryora y el conjunto de los políticos capitalistas, pero esa generalidad debe superar profundas contradicciones que se agravan rápidamente y a dos bandas. Por un lado, aparece el choque intercapitalista, donde Milei pretende imponer una agenda al servicio del FMI y el capital financiero, en desmedro del capital sojero y de los negociados provinciales. Por otro costado, se encuentra la presión desde abajo; los contundentes paros de la docencia cordobesa se han acompañado con movilizaciones masivas que cuestionan en primer lugar al ajustazo provincial. El horno no está para bollos. 
 El pasaje del cogobierno a la traición y de la traición al pacto en tan solo tres meses expresa una profunda crisis y fragmentación en la clase capitalista. Con el Pacto de Mayo, el gobierno nacional pretende ganar tiempo mientras aplica a fondo la motosierra. Su objetivo es derrotar a la clase trabajadora y de esa forma crear bases políticas para imponer su régimen reaccionario. Llaryora no enfrenta los planes de Milei, por el contrario, se avocan a la negociación impulsando una motosierra superior a la del facho. La salida pasa por el lado de los trabajadores, hay que preparar la huelga general para derrotar a Milei y los gobernadores. 

 Jorge Navarro

“Zona de Interés”: ¿se puede cotidianizar el exterminio fascista?


Estrenada el pasado jueves 15 de febrero, el nuevo film de Jonathan Glazer, “Zona de Interés”, involucra al espectador en un escenario donde vida y muerte se entrecruzan conste y diariamente. Narrando la vida cotidiana de uno de los jerarcas nazis más aberrantes de la historia, y su familia, pegados a al campo de concentración más atroz que ha visto la humanidad. 
 De este modo, el realizador de largometrajes como La Bestia Salvaje (2000), Reencarnación (2004) y Bajo la Piel (2013) trae a pantalla grande la vida de Rudolf Hoss (personificado por Christian Friedel), y lo que es convivir a escasos metros de Auschwitz, junto a su grupo familiar, integrado por su esposa (representada por Sandra Huller) y dos hijas. 
 Basado en la homónima novela de Martin Amis, el film coproducido por Gran Bretaña, Polonia y Estados Unidos, ganadora de premios en festivales internacional como Cannes, y nominada a cinco estatuillas para los Oscar, hace referencia a la amenaza de normalizar, y tomar como algo más del cotidiano, del paisaje, el avance del fascismo, y todo lo que conlleva en la vida y la proximidad con la tortura y la muerte. El largometraje de 105 minutos pone en debate la pregunta ¿se puede vivir como si nada ante la existencia del holocausto?
 Un hermoso hogar, jardín perfectamente cuidado, pileta, mayordomos y sirvientas (presos del propio centro de concentración), auto de lujo y último modelo. Su única separación un muro con alambres de púas. Del otro lado, edificaciones grises del continuo brotar de las chimeneas que queman los vestigios de la masacre. Sin mostrar un solo cuerpo, un solo asesinato, ni una gota de sangre, la excelente labor de fotografía, jugando con el color y el negro, gris y blanco, crean un escenario que involucra a los espectadores.
 Entrevistado por diario The Guardian, el director relata que “…no es una película sobre el pasado. Intenta hablar del presente, de nosotros y de nuestra similitud con los perpetradores, no de nuestra similitud con la víctimas. Es necesario llegar a un punto de comprensión de la ideología para poder escribir, pero me interesa hacer una película que fuera más allá de eso, hasta el fondo. Creo que hay algo en nosotros que lo impulsa todo, la capacidad para la violencia que tenemos. Por esa razón era importante construir un relato que el espectador complete, involucrándose, haciéndole preguntas”.
 Rodolf Franz Ferdinand Hoss integró las SS y comandó el campo de concentración de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de tres millones de personas. Posterior a los juicios de Nuremberg (1945-1946) fue ahorcado el 16 de abril de 1947 en un patio próximo a los crematorios de dicho centro de exterminio nazi. “Los niños muy pequeños, incapaces de trabajar, fueron asesinados por principio” declaraba el jerarca nazi en su juicio.
 La nueva realización de Glazer, por el modo en que fue filmada (cámaras fijas, con amplios planos, alejados, jugando con la paleta de colores, el sepia y el negativo) llama al público a involucrarse, a meterse, a ser parte de esa escenografía “natural”. A no normalizar el genocidio, disfrazado de bienestar y confort para la familia del mandamás próximo al fhurer. 
 Obra de arte que hace llamar la atención, en tiempos de avanzada de nuevas figuras ultraderechistas en el mundo, como es por ejemplo el Partido por la Libertad (PVV) victoriosa de las elecciones legislativas de los Países Bajos, Vox en España, Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en la Argentina. Haciendo la necesaria salvedad de montar un movimiento con características fachistoides, pero con la ausencia de lo primordial, un fuerte y decidido apoyo popular, movilizado en las calles. 
 Un largometraje que, durante toda la obra provoca esa sensación de incomodidad y hasta asco, con el juego de los opuestos, de cada lado del muro y la reja. Y que al terminarlo de ver reafirma la necesidad de construir una alternativa obrera y socialista, que le haga frente a cualquier variante de ese estilo. 

 Maxi Robes

Enfrentar a Milei… ¿con qué estrategia?


El ataque de ajuste de Milei se profundiza mientras los mercados financieros festejan. En la semana del cierre de Télam, policía mediante, se conoció que el ajuste fiscal, que alcanzó el 36% en febrero, recayó un 43% en la rebaja jubilatoria producto de la inflación imparable y una fórmula diseñada para que los aumentos lleguen con enorme rezago.
 Los despidos arrecian en el Estado y los privados, como lo muestra el pedido del Ministerio de Capital Humano de echar a 1.200 trabajadores en Cultura, el anuncio de 200 inmediatos sobre un plan de más de mil en Aysa, el cierre de los CDR de Desarrollo Social (más de 600), y, en el sector privado, en la ex Alpargatas Tucumán, o Acindar, que cerró por un mes la totalidad de sus plantas, entre otros. El festejo de los buitres y la “calma de los mercados” pintan de cuerpo entero un gobierno de camarilla del capital financiero. Bajo este cuadro de guerra, se anuncian tarifazos impagables en todo el país en el transporte, la electricidad, el gas y todos los servicios. 
 Esta realidad tremenda está echando leña al fuego a la caldera social. El ataque al movimiento piquetero, retirando la contención de los barrios más humildes del país, completa el cuadro. El gobierno avanzó en el desenganche del programa Potenciar Trabajo respecto del salario mínimo, eliminando los aumentos, y anunció que lo absorberá en dos nuevos programas, cuyo funcionamiento se desconoce pero que buscarán desarticular a las organizaciones sociales. 

 10 puntos 

Este ajuste detonó una enorme crisis política. Los golpes a las provincias venían de hacer detonar el tratamiento de la Ley Ómnibus. El anuncio del gobierno de Chubut, que después reculó, de cortar los envíos de petróleo para reclamar la devolución de la coparticipación agregó más leña al fuego. Esta crisis con los gobernadores puso a Milei al borde de una nueva derrota parlamentaria si el Senado sancionara el rechazo al decretazo 70. El discurso de Milei y sus “10 puntos” apuntan a ganar tiempo y capear esta crisis política para llevar a los gobernadores a un acuerdo de cogobierno. Las huellas de Gita Gopinath y el FMI en el planteo son indisimulables: buscar apoyatura política para que el ajustazo vaya adelante y no escale una pelea por arriba que puedan aprovechar los de abajo. Por eso también un foco en algún asistencialismo por afuera de las organizaciones sociales y de lucha. 
 ¿En qué consiste la estrategia de Milei? En enarbolarse de la agenda de la burguesía contra los trabajadores, para colocarla en el centro de un programa que resulta un “bocado de cardenales” para las patronales y que, por lo tanto, lleve a las fuerzas políticas del régimen a concentrarse en esa agenda.
 Allí figuran, por ejemplo, la “defensa de la propiedad privada” que vale para el gran capital y la deuda externa pero nunca para la propiedad del salario y las jubilaciones, confiscada por el gobierno. Figura la extracción de los recursos naturales de las provincias, la agenda minera. La rebaja impositiva para el capital, mientras se envía al Congreso un proyecto para restituir el impuesto a los salarios. Y, por supuesto, la reforma laboral y jubilatoria, esta última con la introducción de la jubilación privada, que acentuaría la crisis fiscal. El gobierno presentó el proyecto de nueva fórmula indexada pero a partir de abril, para descargar todo el shock inflacionario sobre las jubilaciones puesto que la movilidad actual no sólo es a la baja por la baja de salarios y recaudación, sino que opera con un trimestre entero de atraso.
 Milei busca valerse del apoyo de las patronales a estas medidas para condicionar a la oposición, fundamentalmente al radicalismo, pero también a los gobernadores del PJ y los partidos provinciales.

 Las crisis del “acuerdo de mayo” 

Pero este apoyo no alcanza para garantizar que la estrategia de Milei prospere. Es que la crisis hace su trabajo de zapa. La idea de llevar el presupuesto estatal al 25% del PBI es un golpe de ajuste monumental, que plantea la quiebra no solamente de los jubilados sino de provincias enteras. La reactivación de la ley ómnibus y su paquete fiscal amenaza con volver a colocar una crisis con diferentes sectores patronales de las provincias. Llaryora, el gobernador de Córdoba, ya advirtió contra el aumento a las exportaciones industriales y Pullaro, el de Santa Fe, contra el aumento de retenciones. Un acuerdo con los gobernadores requiere que estos depongan sus reclamos por el incentivo docente, los fondos del transporte, la renegociación de las deudas provinciales y una extensa agenda de golpes de ajuste a las provincias, o bien que sea el gobierno el que ceda y comprometa al menos en parte el objetivo de déficit cero. Para cerrar con ellos volvió a la escena el impuesto al salario, otro mazazo contra los trabajadores… pero coparticipable. Milei no quiere tocar la vaca lechera del impuesto país que va enterito a las arcas nacionales y a la deuda, obviamente. 
 El rumbo de esta crisis estará condicionado fundamentalmente por dos factores. Por un lado, por la marcha de la crisis económica que tiene serios puntos de crisis. La paridad cambiaria fija en un cuadro de alza inflacionaria está atrasando el tipo de cambio real. El “campo” especula con que una nueva devaluación, que sería un golpazo inflacionario previo a cualquier levantamiento del cepo. La recesión se acentúa, la baja de la recaudación fiscal se empieza a sentir, empujando nuevos ajustes. Y el clima social se empieza a caldear. 
 El segundo factor que condicionará la marcha (o no) del acuerdo será la intervención del movimiento obrero y popular. Por ahora, los mercados festejan que no hay una reacción popular a la altura del ajuste en marcha, a pesar de las huelgas y movilizaciones parciales que recorren el país.

 El peronismo

 Es a la luz de estos factores que hay que mensurar el “combativo” discurso de Axel Kicillof y la estrategia del peronismo en esta etapa. Dos días después del discurso, Kicillof visitó Expoagro, buscando coincidir en agenda con los gobernadores de la “zona centro” (Llaryora y Pullaro). Mientras buscaba un acuerdo con los gobernadores radicales, sus aliados sindicales Baradel y Maldonado carnereaban el paro docente del 4 de marzo, evitando una continuidad en el plan de lucha docente y debilitado las medidas, tal como lo habían hecho una semana antes los gremios de la CGT con el paro de Ctera. 
 No es casualidad que este discurso no estuviera anunciada ninguna medida concreta para contrapesar el golpe del ajuste nacional a costa del festival del capital financiero. Es que el peronismo no es más que una variante nacionalista en decadencia de los mismos intereses que hay detrás de los “10 puntos” de Milei. Y ajusta su política a esta situación. Nadie podría estar más de acuerdo con la línea megaminera de la habilitación a la explotación de recursos naturales que los gobernadores del PJ. Cristina Fernández dijo en su carta que “resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral”, en sintonía con la “modernización” de Milei. Massa está trabajando para un fondo buitre y Scioli en el gobierno de Milei.
 Mientras tanto, la burocracia de la CGT sigue archivando el paro nacional y las paritarias cierran a la baja. En suma, el peronismo busca una estrategia en donde los paros parciales, choques y movilizaciones fortalezcan una capacidad de negociación frente a Milei de sus gobernadores y sus bloques parlamentarios, aunque desgasten a los trabajadores, sin ir a fondo en una lucha que se les iría de las manos inevitablemente, en un cuadro donde la bronca popular contra el gobierno está empardada con el recuerdo del desastre que dejó Alberto Fernández, quien se retiró de la presidencia con el 40% de pobreza. Así como Milei cuenta con el tiempo para que se produzca un rebote económico, el peronismo requiere que el paso del tiempo le permita rearmarse luego de una demoledora derrota en 2023. Por eso Cristina tituló su carta “Milei, 2023–2027”. Nada más lejos de la estrategia del helicóptero.

 Preparemos la huelga general contra Milei 

Pero para los trabajadores y el pueblo la estrategia de CFK es una línea de derrota que nos condena a terminar en un desastre. La consolidación de un gobierno como el de Milei es un golpe contra todo el pueblo. Las reformas de los 10 puntos son un mazazo de largo alcance contra la clase trabajadora y no deben pasar. Y frente a un gobierno que cuando se tropieza con un obstáculo, acelera, la única forma viable de frenarlo es con una acción de alcance histórico de la clase trabajadora: la huelga general.
 La huelga general es incompatible con el franeleo y las expectativas en sectores patronales, porque es un choque de clases de fondo y, en tanto tal, cuestiona el poder de clase de la burguesía sobre la clase trabajadora. 
 Por eso, se trata de explotar el cuadro de crisis política y las luchas que abre, para propiciar esta acción. En esta preparación, van a jugar un rol central las luchas parciales que se van imponiendo desde abajo; la enorme iniciativa del gremio docente en Neuquén y Córdoba, que van imponiendo planes de lucha masivos contra la burocracia de Ctera marca, por ejemplo, un camino a la docencia en todo el país. El movimiento piquetero marcha a una movilización masiva el próximo martes 12 contra el ajuste brutal en los barrios. En las universidades se empiezan a discutir las medidas para enfrentar el ajuste contra la educación. Rodear de solidaridad cada lucha es central para ir que avancen las tendencias combativas.
 Pero además, en un marzo de luchas y organización, el 8 y el 24 de marzo van a tener un peso central. Nuestro planteo coloca en ambas movilizaciones el planteo de plan de lucha y huelga general hasta derrotar al gobierno, en jornadas que van a desafiar abiertamente el protocolo de Bullrich. En cambio, la integración a las organizaciones del peronismo y la burocracia sindical con el argumento de la “unidad” disuelve este polo independiente y abreva en una “unidad de la oposición” con los gobernadores que negocian la entrega de todos los reclamos en el Congreso Nacional. 
 Por eso, finalmente, es clave marchar a una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas y organizaciones populares, y de la cultura, para unificar fuerzas por un plan de lucha hasta derrotar a Milei, como la que está dispuesta en la coordinación unitaria para el 13 de abril. 
 En las asambleas populares, en los sindicatos, las universidades y todos los frentes, hay que colocar esta política: frente único siempre y cuando sea para impulsar la lucha por los reclamos, pero con una estrategia y un programa de independencia de clase. Al ajuste para el pago de la deuda hay que oponerle su investigación, desconocimiento y no pago. Frente a la entrega al capital financiero hay que plantear la nacionalización de la banca y el comercio exterior. La salida frente a la larga decadencia de la Argentina bajo todos los gobiernos patronales, dictatoriales y democráticos es un gobierno de los trabajadores.

 Juan García