miércoles, 29 de marzo de 2017

Las mentiras de Vidal



Respuesta a las declaraciones de la gobernadora bonaerense en el programa de Jorge Lanata.

En un reportaje en Radio Mitre, la emisora paraoficial del macrismo, la gobernadora Vidal atacó con una catarata innumerable de injurias a los docentes, en un esfuerzo desesperado de deslegitimar los reclamos de los maestros y profesores y su ataque a las paritarias del sector.
En un exabrupto incalificable, puso en el mismo lugar a los policías corruptos que colaboran con el narcotráfico, que vulnera en primer lugar a la niñez, y a los corruptos que lucraron con la obra pública, que hace que los chicos se embarren las únicas zapatillas que tienen por la falta de asfalto y falten al día siguiente a clase por falta de calzado, con los docentes que hoy están haciendo paro. “¿Qué les digo a esos chicos que, encima, cuándo van a la escuela no tienen clase?”, dijo la gobernadora.
El “incisivo” Jorge Lanata no encontró necesidad, ante semejante desvarío, de formular repregunta alguna.

Las mentiras de Vidal

El embuste inicial fue la “denuncia” de Vidal de que el ausentismo es del 17 por ciento, aspecto que usó el gobierno como chantaje, para aumentar algunos pesos sobre el miserable 19 por ciento en tres cuotas a cambio de un presentismo que sólo se cobraría sin faltar un solo día, aún por enfermedad, el mismo mecanismo del llamado “ítem aula” del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, de Cambiemos. Efectivamente, tal cual se vanaglorió en todos los medios públicos el gobernador, en Mendoza los docentes van a trabajar enfermos.
La enorme mayoría de las licencias que no son enfermedades son de trabajadores que hacen otras tareas por ascensos, como directores, vicedirectores, secretarios o maestros destinados a cumplir tareas en las diversas secretarías de Asuntos Docentes de los distritos o en la administración central que, en la mayoría de los casos, también, son suplentes, porque el gobierno no sustancia la titularidad de sus nuevos cargos. Esas decenas de miles de docentes son reemplazados en sus cargos de base por suplentes.
Por otra parte, aquellos docentes que están con licencias crónicas por enfermedad, en su enorme mayoría cumplen tareas administrativas, supliendo cargos que la gobernación no habilita. Lo del ´suplente del suplente del suplente´ que esboza Vidal es una injuria completa. ¡El suplente trabaja y el suplantado también!
Para más datos, en un gremio compuesto en casi el 100% por mujeres, la licencia de seis meses de amamantamiento es sin goce de haberes: ¡si amamantás, no comés!
Además, desde la época de Duhalde (y esta gente habla de ´cambio´), las licencias son controladas por “prestatarias” privadas, que cobran fortunas.
Estas prestatarias tienen la mecánica de no dar más de tres días de licencia, desoyendo las indicaciones del facultativo para su paciente, lo cual es ilegal. Ello es así porque la Dirección de Cultura y Educación no cubre las licencias de menos de cinco días, lo que deja a los chicos sin clases y le permite al Estado ahorrarse miles de miles de pesos de salarios de suplentes híper necesarios.
¿Entonces, María Eugenia, quién deja a los chicos sin maestros?
La gobernadora no pudo, a pesar de la complacencia de los periodistas, dar cuenta de los “abusos”, salvo cuando mencionó supuestas licencias excesivas de parte de los dirigentes sindicales.
El gobierno debe abrir los libros de la administración educativa y del uso del presupuesto al control de los trabajadores de la educación, para verificar las cifras que esgrime y el uso de los recursos.

Salario

El segundo embuste fue señalar que con el “aumento” que ofreció el gobierno permitiría que los docentes alcancen salarios promedio de entre 19.000 y 23.000 pesos. Al día de hoy, sin aumento alguno, el preceptor, cargo testigo para los profesores, con 24 años de antigüedad –la máxima– gana 11.672,95 pesos. Y el maestro de grado, en la misma condición, 13.136,71 pesos. Es decir, salarios por debajo de la línea de pobreza. Con un aumento del 20 por ciento en cuotas, contra una pérdida salarial del 35 por ciento (sumando lo perdido en el 2016 y lo que se proyecta como mínimo para el año en curso), Vidal ratifica profundizar los salarios de pobreza en la docencia.
Vidal acusa a los docentes de “hacer política”. La prueba, según ella, es que los dirigentes que hoy le reclaman son los mismos que firmaron paritarias a la baja en las 14 paritarias anteriores a ella. Lo único cierto de esto es que hoy los docentes paramos, precisamente, por los salarios de miseria que la dirección provincial de Suteba acordó en el pasado y que la gobernadora pretende perpetuar.
El objetivo de la gobernación de Buenos Aires es derrotar a los docentes e imponer este operativo de pauperización salarial y de ajuste presupuestario (Vidal ya redujo en casi 17.000 millones de pesos el presupuesto educativo) porque es la punta de lanza de un ataque contra el conjunto de los trabajadores. Vidal fue muy clara en el reportaje: quiere arreglos “a la baja” como los de comercio, estatales y petroleros.
Frente a este ataque, y con la enorme energía de los 60.000 docentes movilizados a la gobernación hace menos de dos semanas, planteamos la necesidad de que la dirección de Suteba convoque a un Plenario Provincial de Delegados de todas las escuelas y de todos los turnos de los 21.000 establecimientos de la provincia, para ratificar y profundizar el plan de lucha y resolver en su seno la aceptación o rechazo de cualquier nueva contrapropuesta patronal.

Daniel Sierra

Crímenes de lesa humanidad: peligrosísimo fallo de la Corte

Cuando aún no había pasado una semana de la movilización masiva del 24 de marzo que reunió en todo el país a centenares de miles de personas, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo reaccionario y peligroso, que anticipa la tentativa de revertir los escasos avances que hubo en los juicios contra los genocidas de la dictadura. La Corte revisa un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que había establecido que los pedidos de indemnización de las víctimas de la dictadura no prescriben, por tratarse de crímenes de lesa humanidad que tienen un carácter permanente. Para la Corte, en cambio, los reclamos indemnizatorios de las víctimas civiles de la dictadura sí prescriben, aun cuando sean familiares de personas desaparecidas cuyos cuerpos siguen sin aparecer.
Aunque la Corte aclara que la prescripción establecida para el derecho a reclamar la indemnización no alcanza a los crímenes de la dictadura, no cabe duda que estamos frente a una decisión de extrema gravedad que apunta a modificar los fundamentos jurídicos que habilitaron la reapertura de los juicios contra los genocidas en la década pasada. La caracterización de que existió un genocidio (“dirigido a un grupo social específico”) cometido por el propio Estado (“terrorismo de Estado”) permitió caracterizar a los asesinatos y desapariciones como crímenes de lesa humanidad, que al ser imprescriptibles por su propia naturaleza permiten que los juicios contra los genocidas continúen aún hoy, sin que los responsables puedan invocar el tiempo transcurrido para que cese su persecución. Ahora, con este fallo de la Corte sobre la prescripción de las indemnizaciones, asistimos al primer paso para revertir esta doctrina.
Este fallo reaccionario se da en momentos de una fuerte campaña del gobierno y de los medios de comunicación por volver a instalar una suerte de teoría de los dos demonios, por la cual los crímenes de la dictadura son presentados como el resultado de una guerra entre las FFAA y organizaciones como el PRT-ERP y Montoneros. Esta campaña nació desde las entrañas del gobierno, con las declaraciones de Darío Lopérfido y del carapintada titular de la Aduana Gómez Centurión. Que no se trató de hechos aislados lo prueba que Macri rechazó los pedidos de apartamiento de Gómez Centurión. Pero Macri, claro, no inventó nada. Ya Alfonsín con su ley de Punto Final quiso establecer una fecha límite para enjuiciar a los genocidas, y con la de Obediencia Debida salvar a los mandos medios y bajos de las FFAA. Los kirchneristas reivindicaron sin decirlo esta ley nefata cuando afirmaban que Milani no podía ser responsable de crímenes de lesa humanidad porque bajo la dictadura era un `oficial joven`.
Asistimos, por lo tanto, a una nueva tentativa de impunidad, que tiene como propósito principal habilitar la participación de las FFAA en la política de seguridad interior, en línea con la política del Pentágono y la DEA, e impulsar un rearme en beneficio de la industria armamentística yanqui. En estos días se acaba de conocer la noticia que Lousteau, en su carácter de embajador ante los EEUU, tramitó la compra de armamento por u$s 2.000 millones.
Denunciamos el fallo reaccionario de la Corte Suprema y llamamos a las organizaciones de derechos humanos a realizar una fuerte campaña por su anulación.

Gabriel Solano

La “causa maldita” irá a juicio

A 41 años del golpe

La “causa maldita” para la Justicia Federal de Córdoba –según la definiera Rubén Arroyo– irá a juicio. “Maldita” porque en la llamada causa de los magistrados, los mismos funcionarios judiciales, ya en democracia, debían apuntar sobre los delitos cometidos por quienes hasta poco tiempo antes habían compartido tareas en la Justicia Federal de Córdoba.
Si nada se cruza en el camino, el 27 de abril, será la primera audiencia donde se leerá la larga lista de delitos imputados a los exfuncionarios judiciales Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo Haro. En este demorado proceso ya quedó apartado el fiscal Alí Fuad Alí y a fines del año pasado el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina.
Desde los inicios de nuestra denuncia de los fusilamientos de presos políticos en la cárcel de San Martín, a poco de recuperar la libertad y restablecerse la democracia, la Justicia Federal de Córdoba se mostró remisa a incluir a sus pares que habían tenido protagonismo en 1976 y autorizaron los traslados para la muerte, sin investigar lo sucedido.
Eran detenidos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y de la Justicia Federal de Córdoba. La “sagrada familia” cubrió a sus congéneres. Avanzó correctamente sobre la responsabilidad de militares y policías, pero lamentablemente protegió a los funcionarios judiciales. Vinieron luego las leyes de impunidad que los amparó por igual a todos los criminales.
Por intervención de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se abrió en 1998 el llamado “juicio por la verdad histórica” que documentó los crímenes en la cárcel, pero con el impedimento de juzgar penalmente a sus autores.
Anuladas las leyes de obediencia debida y punto final se reabrieron las causas. Sin embargo la Justicia Federal de la democracia, en expediente aparte, separó a los funcionarios judiciales, alguno de ellos aún con altas funciones.
En el 2010 fueron condenados militares y policías en la causa de la UP1. Pero siguieron cajoneadas las actuaciones desmembradas que incriminaban a los cofrades judiciales de Córdoba.

Dilaciones

Buenos conocedores de los pasillos y la burocracia juridicista los acusados lograron dilatar los trámites con apartamientos, recusaciones y apelaciones, especulando con el olvido, cambios políticos o la propia acción erosiva del tiempo, para seguir amparados en la impunidad que lograron mantener en estos 41años.
Un rancio tufillo de anquilosamiento pareciera rondar en algunos despachos. Algunos organismos y ámbitos impulsores de los juicios por delitos de lesa humanidad han advertido el retroceso que significa la reducción de recursos, en personal y presupuesto. Esto, al compás de reiterados pronunciamientos de altas autoridades nacionales que propugnan dar vuelta la página, para que las investigaciones no los alcance cuando se profundice en la complicidad civil, ya sea mediática, empresarial o judicial.
El freno favorecerá a quienes, ya condenados en cárcel común, van logrando la prisión domiciliaria con diversos subterfugios. El ex teniente Gustavo Adolfo Alsina, condenado a perpetuidad por los crímenes de la cárcel San Martín, acaba de obtener el beneficio por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, de la Cámara de Casación Penal.
Córdoba puede celebrar este 24 de marzo el final del juicio de La Perla. Eso se expresó con regocijo esperanzado como justa memoria en la marcha por los 30.000, el pasado viernes. Pero poniendo también en la balanza que de los 300 militares y policías identificados en la represión del terrorismo de estado en Córdoba, un 20 por ciento ha sido alcanzado por la Justicia.

Impunidad biológica

Si los procesos en curso no se aceleran, (y las maniobras para impugnar jueces ha prosperado otra vez aquí en estos días) ganará la impunidad biológica, gracias al pié del acelerador que han levantado los funcionarios judiciales para acomodar el cuerpo a la nueva situación. Nos quedará la satisfacción de lo logrado, pero también el sabor amargo de injusticias que el tiempo se llevó.
El juicio a los magistrados nos incentiva a refrescar la memoria de las complicidades judiciales, así como valorar las actuaciones firmes y comprometidas a derecho que han posibilitado hacer Justicia. Si los jueces y fiscales que ahora les corresponde actuar asumen la verdad investigada desde hace 30 años seguramente cimentarán la credibilidad en un poder judicial no pocas veces sospechado de correrse el velo. La condena de quienes sabían que sin su actuación nunca podrían haber sido asesinados los 29 presos políticos debe tener también un sentido pedagógico para la salud democrática.
Fue la coautoría civil que pocos señalaron desde el principio. Entre esos pocos, el reconocimiento a la labor de los doctores Rubén Arroyo y María Elba Martínez que con los familiares de los fusilados, promovieron las primeras actuaciones.
Miembros de destacada actuación en los juicios de lesa humanidad han adelantado opinión a favor de ex funcionarios acusados. Otros especulan con la avanzada edad o el deterioro de la salud, para que no les llegue la condena. Es la impunidad biológica, que el mismo poder judicial cordobés facilitó al dilatar el proceso.
La Justicia seguirá incompleta si no prima el espíritu de la ley; y se limita a las formalidades rituales que se acomodan a las circunstancias, como abundan en las pruebas del juicio a los magistrados.
Flaco favor a la institucionalidad democrática. Sucedió con los funcionarios judiciales que ahora van a juicio: No investigaron las detenciones sin orden judicial, que en la práctica eran secuestros; ni las denuncias de torturas en la D2 declaradas en las actuaciones judiciales de 1975.
Juraron por los estatutos de la dictadura militar que sobrepusieron a la Constitución Nacional. Sabiendo cómo fusilaban a los presos políticos, siguieron autorizando su salida del penal en ocho ocasiones posteriores. Pero además nunca investigaron estas muertes de presos bajo su jurisdicción; y profesaron ciega fe a las comunicaciones mendaces del ex general Menéndez, ya condenado a prisión perpetua por estos hechos.
Nunca ordenaron hacer autopsias, ni citaron a los militares o policías que efectuaron los traslados y los supuestos enfrentamientos. Si los funcionarios judiciales hubiesen investigado en ese momento era posible identificar a los miembros de las patrullas actuantes.
Ahora deberán responder por su complicidad, encubrimiento o incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Y esta justicia de la democracia tendrá la oportunidad de diferenciarse del negacionismo que en algunos ámbitos, también políticos, se promueven lamentablemente en desmedro de la democracia.

Luis Miguel Baronetto. Querellante. Director de Tiempo Latinoamericano, exdirector de DD.HH de la municipalidad de Córdoba

martes, 28 de marzo de 2017

Docentes: Vidal amenaza con cerrar la paritaria por decreto



Que decidan los docentes. Plenario Provincial de Delegados para reforzar el plan de lucha.

La reunión de discusión paritaria de hoy en la provincia de Buenos Aires concluyó en un nuevo fracaso. Ante la provocadora oferta de la gobernadora María Eugenia Vidal, que condicionó cualquier aumento superior a lo ya ofrecido a una reducción del ausentismo (bajo el pretexto de la “falta de recursos”), los gremios anunciaron un paro de 48 horas.
Pese a la voluntad de conciliación de las direcciones de Ctera y Suteba, que se han bajado de los planes de paro y de los reclamos originales (35% de aumento y paritaria nacional), el gobierno no se ha movido casi un ápice en la reunión de hoy de su propuesta de miseria de 19% en tres tramos, el último a cobrar en el año 2018.
El supuesto cambio en la "predisposición" del gobierno con el que se habían entusiasmado los dirigentes sindicales de Suteba tras la reunión del lunes 20 se ha revelado completamente infundado.
En este contexto, ha cobrado fuerza la posibilidad de que Vidal resuelva la paritaria por decreto. La sola amenaza de un cierre por decreto debe ser rechazada como un nuevo ataque y extorsión contra la docencia, que va contra el carácter libre que deben tener las paritarias, y que prosigue a una larga lista de agresiones que incluyeron el descuento de los días de huelga, la amenaza contra la personería de los gremios, el ensayo fallido de reclutar maestros sustitutos, y un largo etcétera.

Tregua unilateral de Ctera

La reunión de hoy estuvo precedida por enormes concesiones de las direcciones sindicales.
Luego de los 400.000 docentes en Plaza de Mayo, algo histórico, Ctera levantó el plan de paros, en una tregua que entrega todas las luchas docentes del país. Suteba, por su parte, viene desalentando los paros bonaerenses que, sin embargo, se mantienen por la movilización y presión de las bases docentes. La burocracia celeste ha inventado el método de que cada distrito comunica por WhatsApp o por mail al final del día la extensión del paro ante la falta de respuesta gubernamental sin que exista una convocatoria provincial oficial, lo cual genera confusión y busca desalentar a los huelguistas.
Esta política de desgaste ocurre cuando la mayoría de las provincias sigue en conflicto porque, como informa Clarín, hasta ahora sólo “hay seis provincias con acuerdo: San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Salta, Jujuy y Tucumán” (28/3).
La dirección kirchnerista de Ctera y Suteba hace semanas que le ha anunciado al macrismo y a todos los gobernadores que está dispuesta a tirar la toalla, cambiar los “métodos de lucha” y cerrar un acuerdo ruinoso.
Sólo lo ha impedido, de un lado, la intransigencia oficial que apuesta a una rendición incondicional; y del otro, la disposición de lucha de las bases y la influencia de los sectores combativos.
Ctera y Suteba dicen simplemente que “la situación puede resolverse si nos sorprenden con una oferta superadora” (ídem). En lugar de ofertas superadoras, Vidal empieza a amenazar con la carta del decreto.
Más aún: Ctera y Suteba han abandonado la lucha por la paritaria nacional. La misma María Laura Torre “admitió ayer que la convocatoria a la paritaria federal docente es ‘un derecho’ por el que ‘la pelea va a seguir’, pero no es un condicionante para alcanzar un acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica Salarial con el gobierno bonaerense (ídem).
En este cuadro de enormes luchas en Buenos Aires y en muchas otras provincias, entre ellas San Juan, Santa Cruz, La Rioja, Santa Fe, la convocatoria a la marcha de la CTA del día 30 de marzo, jornada en la que habría un paro nacional de Ctera, podría ser el límite de la burocracia celeste para dar por cerrada toda lucha, incluyendo la heroica huelga de la provincia de Buenos Aires.

Por un plenario provincial de delegados de escuela con mandato

El 16 de marzo, 60.000 docentes de la provincia de Buenos Aires ocuparon la plaza de la gobernación en La Plata. En la provincia hay 21.000 escuelas, la enorme mayoría de ellas con delegados y subdelegados por turno, los mismos que garantizaron la enorme movilización de ese día. Son ellos, con el mandato de sus escuelas, los que deben decidir: 30.000 delegados que, reunidos en el ámbito de un estadio o de la propia plaza de la gobernación, deben deliberar y a mano alzada ratificar la continuidad y profundidad de las medidas, hasta quebrar la intransigencia del macrismo y los gobernadores.
Es el método de los Sutebas combativos y de la Lista Multicolor, que realiza sistemáticos plenarios provinciales de delegados para resolver y votar sus planes de lucha.
Esta lucha se gana si los que deciden son los docentes.

Daniel Sierra

La Plata: la amenaza de cierre del Tren Universitario

En la edición del 27 de marzo del periódico platense El Día, un motorman denuncia el traslado de 30 trabajadores del Tren Universitario al hasta ahora inexistente tren eléctrico Roca, y señala que el vaciamiento del servicio indicaría la pretensión de su cierre.
El Tren Universitario, que une la estación del Ferrocarril Roca con el Hospital San Martín, pasando por diversas facultades, viene sufriendo este desguace desde 2014, cuando sufrió meses de parálisis por el mal funcionamiento de la maquinaria. El motorman señaló otros indicios de este proceso, como el hecho de que hace un año dejó de funcionar el sistema de cobro y nunca fue reparado.

Ningún tren a La Plata

Desde hace 18 meses, y bajo la llamada "electrificación" –el caballito de campaña de Florencio Randazzo cuando pretendía ir a internas contra Daniel Scioli–, el FFCC Roca no llega a La Plata. Los centenares de miles que lo utilizaban diariamente para viajar a la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades cercanas hoy día se ven obligados a viajar primero a Berazategui y desde allí subir al tren hacia la Capital.
De la mano de este recorte en el servicio del tren, se transitó el tarifazo al transporte que elevó un 50% el colectivo directo (Plaza o Costera), alcanzando los 38 pesos –un monto inaccesible para el grueso de los trabajadores.
De cerrarse el Tren Universitario, se agrandará aun más el colapso del transporte urbano, afectando a los miles que viajan a estudiar o van al Hospital San Martín para hacerse atender. Vale señalar que una de las líneas de colectivos que realiza un recorrido similar es la Línea Este, que se encuentra en conflicto por los embates patronales –despidos, jornadas laborales de 16 horas– contra los trabajadores.

¿Hudson?

El interrogante sobre la continuidad del Tren Universitario se suma al anuncio de que el FFCC Roca no parará en varias estaciones intermedias, como por ejemplo Hudson o Pereyra, debido a que se demorarán otros 8 meses en acondicionar esas estaciones. Los vecinos de ambos lugares han respondido a este atropello con acciones directas como el corte de vías; también tomaron medidas de lucha los vecinos de Tolosa.
Deben deliberar los trabajadores y la juventud
Enfrentar el ajuste del gobierno en materia de transporte requiere la deliberación de todos los trabajadores y estudiantes afectados: los ferroviarios, los centros de estudiantes de las facultades afectadas y la FULP, los trabajadores del Hospital San Martín, los usuarios del Roca y del Tren Universitario.
La defensa del Tren Universitario debe ligarse al reclamo por el inmediato funcionamiento del FFCC Roca y de cada una de sus estaciones. Ningún recorte de personal: el servicio necesita más trabajadores por la masividad de su uso. Reacomodamiento de las vías y una mejor señalización. Ningún tarifazo en el transporte público.

Iván Knopoff

CFK, la UIA y su candidatura



Las nuevas escuchas telefónicas entre Cristina Kirchner y su secretario Oscar Parrilli revelan, en primer lugar, cuáles son las “herramientas” del gobierno “Cambiemos” para dirimir sus disputas con los partidos del régimen. Los ex empleados de Milani se han pasado al campo del nuevo espionaje oficial, bajo la batuta de los servicios macristas y la camarilla de jueces que investiga a CFK. Si estos son los métodos que valen entre gobernantes y ex gobernantes, es fácil imaginarse de qué modo actúan los ´servicios´ contra los docentes, los trabajadores en lucha y todo el movimiento popular.
Dicho esto, la “conversa” telefónica es verdaderamente aleccionadora, en relación al kirchnerismo, su historia y sus propósitos políticos. CFK le propina una sonora puteada a la cúpula de la UIA, a la que desea una quiebra en masa como resultado de la importación masiva. Los recuerda como los que “fugaron capitales”, sin decir que esa fuga se desarrolló masivamente bajo la década nacional y popular. El de Cristina fue un reclamo despechado contra los que constituyeron su principal base social hasta 2013, gracias a la devaluación de la moneda, los bajos salarios, la precarización laboral y los subsidios que se sostuvieron a costa de impuestazos y del presupuesto público. Cuando ese régimen se agotó, los “hijos de puta” (sic, Cristina) cambiaron de frente, y se pasaron al campo de Massa y Macri. La jefa del gobierno de los que la “juntaron con la pala” les reprocha ahora su abandono.

Todos unidos

Pero más interesante todavía es la referencia a los líderes del Pejota. La “conversa” muestra, por un lado, los vínculos privilegiados que CFK continúa sosteniendo, por ejemplo, con Gildo Insfrán, el jefe de los terratenientes sojeros de Formosa y sus patotas criminales. En relación a los Gioja y Pichetto, los líderes parlamentarios del pejota y el FPV, su mensaje es claro: les pregunta si quieren “un bloque de cien o dividirse en varios bloques de veinte o treinta”. CFK le atribuye los intentos divisionistas a la “bandita” (sic) de Pichetto, Gioja y Urtubey. En consecuencia, pide la unidad con quienes acompañaron, desde el parlamento o las provincias, toda la agenda del ajuste durante 2016.
El planteo es revelador a la hora de considerar las maniobras en torno de la meneada candidatura de CFK. Un comentarista de Clarín señalaba que para la ex presidenta, “la pelea ahora es por la birome”, en relación al esfuerzo por “integrar al peronismo tradicional de la provincia con los sectores kirchneristas, dentro y fuera del PJ” (28/3).
De parte del PJ, sus jefes han insistido en el carácter distrital de las elecciones, anticipando que promoverán los acuerdos más variados en las provincias. El arco de alianzas va desde los representantes locales del PRO (como se está pergeñando en Salta) hasta La Cámpora. La “birome” de la provincia de Buenos Aires no escaparía a esta consideración: mientras discuten la inclusión de sabbatellistas y camporistas, los jefes del pejota negocian la participación en las PASO de Florencio Randazzo, quien tramita para su lista el apoyo político y financiero del gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires, los socios de CFK discuten un frente electoral con los agentes del clero, el massismo y varios de sus principales burócratas sindicales, como el triunviro Héctor Daer.
Esta ‘integración’ política explica qué está en juego en el debate respecto de si CFK se postula o no como candidata. Un elemento del riñón K, el ex ministro Axel Kicillof, acaba de ‘aconsejarle’ en público que no se presente, ello, porque la elección debe ser “un plebiscito sobre Macri, no sobre Cristina”. Es la posición de quienes no quieren explicitar un programa antagónico al macrismo en el curso de la campaña, y prefieren mimetizarse entre los socios directos de la ‘coalición del ajuste’. Mientras los “hijos de puta” (la UIA) mantengan los pies dentro del plato del gobierno, el kirchnerismo carece de mandantes y financistas electorales de peso. Ni qué decir que los nac & pop rechazan hacer de la campaña un factor de agitación popular contra el ajuste, lo que ya ocurre hoy con sus dirigentes sindicales adaptados a la “tregua” de la CGT. La política pejota-kirchnerista es dejar hacer a los ajustadores, y prepararse para el 2019.
Pero estas mismas razones explican el carácter impostor que tendría una eventual candidatura de CFK: si se postula, la ex presidenta lo hará como mascarón de proa de los Espinosa, Insfrán y todo el arco de intendentes que participan cotidianamente de los acuerdos ajustadores con el gobierno de Vidal. Proyectada nacionalmente, la figura de Cristina serviría como elemento encubridor de todo el elenco de senadores y diputados que contribuirán con su voto a los pactos parlamentarios, más o menos estables, con el macrismo.

“Volveremos”

El kirchnerismo se ha empeñado en rodear con una impronta de gesta política a la eventual candidatura de su jefa, como si ella –y la década K- no hubieran sido una expresión del nacionalismo patronal en su etapa de decadencia. En la balanza de la presentación electoral, CFK continúa sopesando la conquista de los fueros parlamentarios, en medio de las causas por lavado de dinero en complicidad con los Báez y López. Mientras se debatía la candidatura de CFK, su vocero Kicillof salía a defender al genocida Milani, a quien el kirchnerismo le encomendaba las mismas tareas de espionaje que hoy practica el gobierno “Cambiemos”. En manos de los Yasky y otros, el “volveremos” es una excusa para no llevar adelante una lucha a fondo contra el ajuste, y postergarla en nombre de futuras contiendas electorales.
La izquierda debe poner de manifiesto el carácter reaccionario de estas maniobras políticas, dirigidas contra la actual irrupción de luchas y, principalmente, contra el camino que la clase obrera ha comenzado a recorrer con fuerza en pos de su independencia política. Unamos esas tendencias de lucha con el esfuerzo por desarrollar una alternativa política en un Congreso del movimiento obrero y la izquierda –este es nuestro planteo.

Marcelo Ramal

Armas antiterroristas: balbuceos de Cambiemos y ofensiva kirchnerista



El FpV pidió interpelar a los ministros Martínez y Malcorra por la posible compra multimillonaria de armas a Estados Unidos. Desde el oficialismo dicen que no pero sí.

Ayer el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ pidió la interpelación al ministro de Defensa de la Nación Julio Martínez y a la canciller Susana Malcorra, a raíz de las versiones que circularon sobre la presunta compra de armamento antiterrorista a Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, la bancada que conduce Héctor Recalde manifestó que solicitará la presencia de ambos funcionarios en el Congreso Nacional para que “ratifiquen o rectifiquen” si el Gobierno tiene pensado adquirir armamento de uso militar por U$S 2 mil millones “para combatir el terrorismo”.
El domingo a la noche un informe emitido por el canal de noticias C5N difundió el listado de armas y dispositivos que el Poder Ejecutivo planearía adquirir, para lo cual habría encomendado al embajador en Estados Unidos Martín Lousteau a enviar misivas a funcionarios de país norteamericano.
Según la agencia DyN, fuentes de la cartera de Defensa afirmaron que “no se compró nada” ya que “no hay un peso” para actualizar el equipamiento. “No hay nada formal desde el Ministerio de Defensa que insinué una compra de ese tipo”, dijeron.
Aunque en verdad no desmintieron la intención de comprar ese armamento. “Sin dudas ese equipamiento lo querríamos”, dijeron fuentes oficiales a DyN. “Las Fuerzas Armadas estaban diezmadas y posiblemente haya alguna lista del equipamiento que querría alguna fuerza. Pero de ahí a una compra hay un proceso enorme y no hay plata para eso”, insistieron.
La misma versión difundida anoche por DyN confirmaba el envío por parte de Lousteau de una carta a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. La nota firmada por Lousteau, dijeron, es “para poder eventualmente entrar” a los programas “para comprar material en desuso”, ya que “lo tiene que aprobar el Congreso norteamericano”.
Cuando los rumores circularon al cabo de toda la jornada, el peronismo del Frente para la Victoria pidió interpelar a Martínez y Malcorra sobre el “envió de una nota al influyente congresista Peter Visclosky, en la que adjunta un enorme listado de armamento militar”.
En su pedido señalaron que Lousteau habría citado como referencia en el documento “una reunión que el congresista norteamericano mantuvo con los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, quienes viajaron a EE.UU. invitados a unas jornadas organizadas por el FMI”.
Al cierre de esta edición ni Laspina ni Amadeo habían realizado declaraciones públicas.
La agencia DyN también citó a una “importante fuente legislativa” que informó que “en el congreso de Estados Unidos funciona un subcomité de Defensa que todos los años pone en marcha un programa de donaciones de equipamiento militar a distintos países y así fue que se decidió desde el oficialismo iniciar la gestión con buenos oficios”.
La misma fuente, en el pedido de donación se estableció que el equipamiento sería destinado “para razones de defensa y de seguridad interior en la lucha contra el narcotráfico”, puntualmente “para reforzar la frontera norte”.
Así las cosas, desde el Gobierno de Macri parecen estar más interesados en demostrar que no se gastará mucho dinero que en desmentir que hay un interés real del oficialismo por contar con armamento estadounidense preparado para cumplir con las prerrogativas militares y políticas del imperialismo estadounidense. Nada que sorprenda, aunque posiblemente nos encontremos ante un nuevo escándalo en puerta.

Redacción LID

Habla la abogada de Belén luego del fallo absolutorio

En diálogo con Prensa Obrera, Soledad Deza caracterizó el fallo que determinó su absolución.

¿Qué balance hacés del fallo?
Creo que es un fallo justo y doblemente importante. No sólo porque hace justicia para el caso concreto de Belén -que recordemos que estuvo 29 meses presa y condenada por un poder judicial que la criminalizó sin pruebas- sino que también es importante en un momento en el que en nuestra provincia (Tucumán) los sectores fundamentalistas protagonizan una avanzada contra los derechos de las mujeres.
El fallo es doblemente importante porque compone un mensaje que alienta a las mujeres que atraviesan un evento obstrético adverso a que acudan a un hospital a pedir ayuda (...) le da importancia al secreto profesional, a respetar el derecho de las mujeres que atraviesan un aborto como paciente, al derecho a la confidencialidad y a recibir una atención médica libre de violencia.
También habla de los derechos de las mujeres en términos de acceso a la justicia, en algunos pasajes del fallo se refiere expresamente al hecho de que la deficiencia en la defensa oficial de Belén contribuyó de forma decisiva para a que ella este presa, injustamente acusada y luego condenada.
¿Qué papel desempeñó la Mesa de Libertad para Belén en la campaña por su absolución?
La actuación de la Mesa por la Libertad de Belén fue central y tuvo un papel trascendental en esta lucha.
Mostró un movimiento de mujeres de un arco político muy amplio, unidas todas por una misma causa, más allá de las banderas y los partidos, que mostró una madurez y fortaleza que ha sido determinante para este resultado.
Creo que el hecho de habernos organizados detrás de los argumentos jurídicos y de haber podido articular y amplificar todo eso, cada una en sus espacios, muestra una madurez y una fortaleza imparable.
¿Cómo creés que repercute el fallo respecto de la penalización del aborto?
Creo que el caso de Belén en sí mismo sirvió para desarticular esa falsa aseveración de los poderes políticos, puntualmente del Congreso, que decía que no había mujeres presas por aborto en nuestro país, que el artículo 85 no se aplicaba, que no existían mujeres privadas de su libertad.
Sirvió para poner en el tapete por qué las mujeres necesitamos que el Código Penal no atraviese nuestros cuerpos y por qué necesitamos que se derogue ese artículo 85 a través del cual el Estado utiliza la herramienta más violenta, que es la amenaza de cárcel, para inducirnos a ser madre.
Creo que esta sentencia tiene que coadyuvar a otras causas de aborto, para fortalecer la idea de una atención sanitaria atravesada por los derechos humanos, que es la que se merece toda mujer que atraviesa un evento obstetricia adverso, sea aborto espontáneo o provocado.
Que sirva para disuadir esa falsa creencia instalada desde la enseñanza de grado y motorizada por los sectores conservadores acerca de la "obligación" de denunciar que pesa sobre los sectores de la salud. Espero que sirva para concientizar acerca de que toda atención de aborto, sea provocada o espontáneo, está atravesada por derechos.

Prensa Obrera

Las violaciones a los derechos humanos siguen impunes

A 35 años de la guerra de Malvinas

En su visita a las Islas Malvinas, la Comisión por la Memoria (CPM) rindió homenaje a los caídos durante la guerra, y marcó los lugares donde los soldados argentinos fueron sometidos a torturas y malos tratos por parte de sus superiores. En Monte Longdon, lugar donde tuvo lugar una de las batallas más duras del conflicto, Adolfo Pérez Esquivel dijo “las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la guerra: estaban preparadas para torturar y matar”.
Una de las acciones de la CPM durante su visita a las Islas Malvinas fue apoyar el reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra, en los que los soldados argentinos fueron víctimas de torturas y/o malos tratos por parte de sus superiores. En este sentido, la delegación de la CPM visitó diferentes lugares en las islas donde estuvieron apostadas tropas argentinas: el faro cabo San Felipe, el Monte Wirless Rige y Monte Longdon.
En estos lugares los soldados argentinos denunciaron que fueron sometidos a torturas y tratos humanos degradantes como estaqueamientos, enterramientos, haber sido sumergidos en pozos de agua helada y exposición al frío y hambre extremo que produjeron mutilaciones y, en algunos casos, la muerte.
En la visita al faro, la CPM pegó en diferentes lugares carteles con la inscripción “En este sitio las Fuerzas Armadas argentinas torturaron soldados argentinos”. El señalamiento fue acompañado además por un pañuelo blanco, emblema de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que Nora Cortiñas decidió dejar en el lugar en señal de solidaridad y de identificación de su dolor con el de las madres de los soldados.
Conmovida por la acción de señalamiento, Nora comentó: “Los militares torturaron en Argentina al pueblo y torturaron acá a los jóvenes que ellos mismos trajeron. Esto fue un espanto. Es imperdonable. Hay que seguir adelante con los juicios”.
Todavía hoy, a 35 años de la guerra, estos crímenes de lesa humanidad siguen impunes. A pesar de los múltiples testimonios presentados y documentación propia de las Fuerzas Armadas que fue desclasificada en los últimos años, la causa iniciada hace ya diez años ante el Juzgado Federal de primera instancia de Río Grande no ha tenidos avances.
Al respecto, Roberto Cipriano García, el secretario de la CPM que formó parte de la delegación, manifestó que “las torturas sufridas por los soldados en Malvinas fueron crímenes de lesa humanidad que deben ser condenados. Muchos soldados padecen hoy la revictimización que produce la impunidad: saber que el Estado no sólo los mandó a la locura de una guerra desigual, sino que allí sus superiores les dieron el peor de los tratos, violentaron su dignidad e integridad personal. Esas marcas condicionaron sus vidas, nunca recibieron atención psicológica especializada y debieron esperar décadas hasta ser destinatarios de políticas reparatorias. Más de 600 soldados se suicidaron luego del conflicto, sumergidos en el dolor y la desesperación provocada por la tortura, los malos tratos, la muerte y la negación estatal. Estos crímenes deben juzgarse ya, como forma de reparar tanto padecimiento. La sociedad argentina está en deuda con los ex combatientes de Malvinas”.
La misma acción de señalamiento se repitió en el Monte Wirless Rige y Monte Longdon, a unos pocos kilómetros de Puerto Argentino. En este último lugar, escenario de una de las batallas más crueles de la guerra, la CPM colocó junto a la cruz que permanece en lo alto una placa con la siguiente inscripción: “En reconocimiento a los soldados argentinos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Memoria, verdad, justicia y soberanía”. Luego el padre Pepe di Paola ofició un responso en el que se pidió por los soldados muertos y Ernesto Alonso, ex combatiente integrante de la CPM, leyó poemas de sus compañeros que describen los padecimientos que sus superiores les hicieron sufrir durante la guerra.
Antes de finalizar las actividades, Adolfo Pérez Esquivel comentó: “En Malvinas sucedieron muchas cosas que todavía están sin esclarecer, como los soldados argentinos torturados por sus jefes durante la guerra. Es algo insólito. La mayoría de esas torturas se debieron al hambre, a no tener qué comer, por ir a un depósito por dos paquetes de galletitas o carnear una oveja. Y eso fue suficiente para el castigo de los torturadores. Las Fuerzas Armadas argentinas no estaban preparadas para una guerra: estaban preparadas para torturar y para matar. Entonces la CPM viene a reivindicar un derecho que es que se haga justicia por estos crímenes”.

Rebelión

lunes, 27 de marzo de 2017

El Grupo Desa, un monopolio hecho a base de tarifazos y subsidios



El grupo Desa, la mayor distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, compró a principios de marzo, por u$s250 millones, las empresas distribuidoras de electricidad Edelap, de La Plata y Edea, de Mar del Plata, que provee a centenares de miles de usuarios de la provincia de Buenos Aires.
Desa también opera dos de las áreas concesionadas en el territorio bonaerense: Eden y Edes, que abastecen, en conjunto, a unos 520 mil clientes. Además, desde el año 2012, es la accionista mayoritaria de Edesa, la distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Salta, que abastece a más de 300 mil usuarios.
La formación de este monopolio energético tuvo su origen en los enormes subsidios que le fueron otorgados por el gobierno kirchnerista y, además, en las facturas impagas a CAMMESA, la distribuidora mayorista estatal que la provee y que se fueron acumulando desde 2014 hasta hoy, por más de 15.000 millones de pesos.
Edea que, ya durante el actual gobierno de Macri, aplicó dos tarifazos del 300% cada uno en los últimos meses, provocó en Mar del Plata una crisis eléctrica por desinversión que afectó a los usuarios y a las condiciones laborales de sus trabajadores.
Entre ellas está la negativa a incorporar a trabajadores a planta permanente, el mantenimiento de empresas tercerizadas que realizan trabajos correspondientes a los trabajadores estables, la falta de mantenimiento de vehículos de la empresa y la modificación en las condiciones de ingreso de personal exigiendo requisitos no contemplados en el convenio del sindicato Luz y Fuerza.
A esto se le suman los incumplimientos del “Programa de Participación Accionaria para sus Trabajadores”, ya que la empresa se niega a incluir a un representante de los trabajadores en el directorio y también el incumplimiento en el pago de las acciones a los jubilados.
Ante esta situación el sindicato de Luz y Fuerza realizó la semana pasada un paro de 24 horas y se dispusieron cuadrillas bloqueando los portones de las empresas para evitar el vaciamiento de las maquinarias y elementos de trabajo y exigir la inversión necesaria en el mantenimiento del servicio para terminar con los cortes de luz y baja tensión.
Rogelio Pagano, presidente y socio mayoritario de Desa, fue antes director suplente de Pampa Energía y director Financiero de Edenor, perteneciente al holding de los kirchneristas hermanos Mindlin.
Sobre el tema de la desinversión y el servicio deficiente, la bancada del PO-FIT realizó el año pasado un pedido de informe en la Legislatura de la provincia.
Llamamos al conjunto de los trabajadores, asambleas vecinales, multisectoriales contra el tarifazo a apoyar enérgicamente estas medidas.
A la coalición del ajuste, le tenemos que oponer un programa de los trabajadores: nacionalización del comercio energético (mayorista y minorista) bajo control de los trabajadores, anulación del tarifazo y reorientación de los recursos energéticos en función de un plan de industrialización del país al servicio de los intereses de los trabajadores.

Lucas Di Benedetto

Denuncian que el Gobierno compró armamentos a EE.UU. por U$ 2 mil millones

Un informe emitido por un programa de C5N difundió el listado de armas y dispositivos que el Poder Ejecutivo habría adquirido. El pedido lo realizó el embajador Martín Lousteau.

Según un informe realizado este domingo por la noche en el programa Economía Política, que se emite por C5N, el Gobierno dispuso la mayor adquisición de armas de los últimos 40 años para el Estado nacional. El argumento con el que el oficialismo habría justificado la decisión es el del “combate al terrorismo”.
El monto de esta compra sería, según el informe señalado, de más de dos mil millones de dólares. Se trata de armamento de guerras.
El pedido fue realizado por el embajador argentino en ese país, Martín Lousteau al Congreso de EE.UU., a mediados del año pasado. En el listado se incluye tanques, aviones y helicópteros.
La nómina del pedido incluiría helicópteros de ataque Cobra AH1, helicópteros modelo Chinook y Black Hawk UH60. A eso se sumarían además, 26 helicópteros Bell 412.
El pedido además implica solicitar 182 tanquetas de guerra tipo StryKer, modelos M1128, M1130, M1132, M1134 y M1139. Esos aparatos tienen ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y cañones de 105 milímetros.
Por su parte, la Fuerza Aérea hizo el pedido de una veintena de aviones de caza Texan T6. Se trata de aviones de entrenamiento avanzado para pilotos.
La tercera fuerza en ser parte del pedido fue la Marina, que solicitó aviones Orion, utilizados para patrullaje marítimo.
Mientras el Gobierno nacional anuncia a viva voz que no hay fondos para otorgar un aumento salarial mayor a los docentes, se estaría gastando una suma millonaria en esta compra de armamentos.

LID

Existe un derecho constitucional a filmar el accionar de la Policía



1. El Derecho frente a los abusos y la violencia policial. En tiempos en los que se observan detenciones ilegales, arbitrariedad y un uso selectivo de las fuerzas represivas hacia la juventud, las mujeres, los pobres y otros grupos con reclamos de derechos legítimos y reconocidos por la Constitución, debemos recordar que existen garantías constitucionales que protegen a todas las personas ante la violencia institucional.
No hay obligación constitucional de llevar DNI en la vía pública (Art. 19 Segunda Parte). Tampoco hay derecho de los funcionarios policiales a demorar a las personas por falta de DNI (Art. 18 y tratados de DD. HH.). Eso es un ejercicio abusivo de la función policial, cuyo deber es respetar y proteger, no perseguir selectivamente a ciertos grupos. La Policía solamente puede detener a las personas en contextos excepcionales y de procedimientos judiciales o delitos en curso (in fraganti).
En este contexto cabe recordar que existe un derecho constitucional a filmar toda actuación policial. Filmar es un derecho a controlar ciudadanamente el desempeño de un funcionario público. Todo acto policial es un acto público de gobierno, que debe ser transparente y puede ser controlado. Sacar una fotografía y/o filmar son derechos propios de la libertad de expresión que reconocen y protegen la Constitución (Arts. 14, 32 y ss) y los tratados de derechos humanos (por ejemplo, Arts. 13 y 14 CADH).
La Policía no puede sacar, tapar y/o censurar los celulares de las personas que graban su actuar. Tampoco puede ordenar que las personas dejen de filmar. Esos funcionarios realizan un acto de censura de un derecho constitucional. La Policía tiene el deber de respetar el derecho a firmarlos sin entorpecer su accionar, sea en un espacio público y/o privado. Los actos de la Policía son públicos siempre sean en espacio público y/o privado. Un abuso policial en un espacio privado vuelve público ese acto inmediatamente por la afectación de terceros (Art. 19 CN) y por provenir de un funcionario público.

2. Las fuerzas de seguridad que censuran una filmación cometen un acto ilegal e incumplen sus funciones. Filmar el actuar policial es parte del derecho de todos los habitantes a que los funcionarios de seguridad se presenten con sus debidas identificaciones, explicando las razones por las cuales están realizando el operativo y con el debido acompañamiento de los funcionarios judiciales o del Ministerio Público que hayan ordenado el procedimiento.
Los sistemas de cámaras de seguridad públicos deben ser controlados y supervisados por fuerzas políticas, con presencia multipartidaria y de la sociedad civil. Que la Policía controle el sistema de cámaras públicas de seguridad generará conflictos de interés y reforzará su autonomía, provocando más conflictos sociales e inseguridad.
Ante los abusos policiales y la arbitrariedad de funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad, los jueces, fiscales, defensores y abogados no pueden ser indiferentes.
El accionar y la arbitrariedad policiales (en ocasiones con alarmantes niveles de autonomía del poder político) son especialmente peligrosos en un contexto de pobreza y desempleo en aumento. Por eso cabe pensar el derecho constitucional a filmar su accionar como una legítima defensa colectiva frente a su historial de represión y arbitrariedades, tan presente tanto en la violencia institucional de los Gobiernos de turno como en nuestra memoria del pasado reciente.

Lucas Arrimada, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UBA.

Cambiemos delega soberanía territorial-militar a los Estados Unidos



El Ministerio de Defensa anunció el convenio con la Guardia Nacional del Estado de Georgia que permite la instalación de bases militares en territorio argentino.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Defensa argentino, Julio Martínez, y el embajador de Estados Unidos en el país, Noah Mamet. Y fue anunciado el 13 de diciembre a puertas cerradas en la Embajada por Mahmet y Martín Lousteau (representante argentino en Washington).
Mediante el convenio se faculta al Ejército del país del norte a conducir la seguridad interior argentina, pasando incluso por encima al propio Estado Mayor Conjunto.
El convenio forma parte del State Partnership Program (Programa de Colaboración Estatal, SPP por sus siglas en inglés) que coordina el Departamento de Defensa de Estados Unidos y en el que participa directamente la Guardia Nacional estadounidense. Argentina quedó seleccionada entre 16 candidatos, en un programa que ya cuenta con 73 miembros y en el cual ingresan entre dos o tres asociados por año.
Este organismo militar prioriza las acciones fuera del suelo estadounidense, siempre y cuando sean de principal interés para el Congreso de los Estados Unidos.

¿La nueva era de “dominación de espectro completo”?

Con la Unión Soviética el enemigo era el fantasma socialista y que en otras partes del mundo se extendieran las ideas revolucionarias. Ese era el enemigo previo a la caída del muro y los procesos revolucionarios de posguerra. Se pasó de la construcción del enemigo de los entes institucionales a los inespecíficos, creando el enemigo interno y el peligro de las ideas socialistas.
Hoy, tomando como punta de lanza el proceso que intenta consumar la restauración capitalista en Cuba, Estados Unidos avanzó nuevamente en los últimos años con acuerdos y convenios cobre los territorios latinoamericanos.
Luego de la guerra fría Estados Unidos estableció la delimitación territorial del planeta en cinco regiones que en ese momento se reafirmaban bajo la supervisión de diferentes Comandos de las fuerzas armadas. Actualmente los Comandos de Combate son nueve: African Command, Central Command, European Command, Northern Command, Pacific Command, Southern Command, Special Operations Command, Strategic Command y Transportations Command.
Argentina ingresa bajo la órbita del United States Southern Command (Comando Sur de los Estados Unidos).
A través del programa, la Guardia Nacional de Estados Unidos conduce acciones y desarrolla soporte de objetivos militares, además de facilitar entrenamiento en cuanto a seguridad de fronteras, desastres ecológicos y humanitarios, logística y situaciones críticas de emergencia.

Una avanzada en la pérdida de soberanía

En mayo el presidente de Argentina Mauricio Macri acordó con Barack Obama la posibilidad de que Estados Unidos instale bases militares en territorio nacional. Washington siempre ha usado distintas excusas para instalar sus bases militares; “ayuda humanitaria y apoyo ante las catástrofes naturales” es una de ellas, los mismos argumentos esgrimidos en esta oportunidad para permitir la intervención de Estados unidos en cuestiones militares internas.
Las bases militares serán instaladas en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), para lo cuál ya hay “observadores” norteamericanos en Misiones. y en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia Tierra del Fuego. Este último punto es el más polémico porque sus límites provinciales se extienden hasta la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo.
Este nuevo acuerdo formalizado con la Guardia Nacional del Estado de Georgia habilita a que sus miembros operen en este país y tomen decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas locales, en caso de considerarlo necesario. El acuerdo se enmarca principalmente en zonas fronterizas y desastres naturales, aunque no se descarta la actuación de fuerzas militares estadounidenses ante conflictos sociales, con el objetivo de “mantener la paz”.
Vale recordar que en las últimas décadas ha sido prioridad de Estados Unidos el desarrollo de doctrinas de defensa y seguridad ancladas en “nuevas amenazas” internacionales tales como el “terrorismo”, el “narcotráfico” y el “crimen organizado”. Gran parte de la política exterior estadounidense, con incursiones militares incluidas, se basó en esas prerrogativas. Algo que tiene muchos puntos de contacto con la política de Cambiemos y Macri. De hecho la “guerra contra el narcotráfico” fue uno de loss pilares de campaña del actual Presidente.
El convenio firmado hace algunos días entre Mamet y Lousteau se contrapone directamente con las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional que rigen en Argentina, ya que por medio del mismo habilita a emplear a personal militar en la Seguridad interior, lo que estáexpresamente prohibido. Y posibilita el empleo de fuerzas militares estadounidenses en esas tareas bajo el pretexto de “Mantener la Paz”.
Los meses de gobierno de la Alianza Cambiemos han demostrado con claridad que,junto al ritmo del ajuste y el incremento tarifario, hubo un crecimiento exponencial de la política represiva que ha empezado a trazar los lineamientos de lo que podríamos denominar una nueva Doctrina de Seguridad Nacional, desplegada desde Ushuaia hasta La Quiaca con la intervención de Estados Unidos.
Resta saber si finalmente Donald Trump mantendrá intactas todas las políticas exteriores de la administración Obama, incluyendo la instalación de bases militares en Latinoamérica, o bien reordenará su diplomacia y, sin dejar de ser todo lo miolitarista que es, desechará algunos de estos convenios. Lo cierto es que quien parece estar más que decidido a entregar porciones cada vez mayores de soberanía, insluso de forma ilegal, es el propio Gobierno argentino.

Daiana Zottich
CeProDH | Derecho UBA

Rodolfo Walsh y Montoneros



El autor de Operación Masacre apuntó al final de su vida una serie de cuestionamientos al accionar de la conducción de Montoneros en diversos documentos. Un repaso por sus críticas.

Antes de caer en manos de los genocidas, Rodolfo Walsh comenzó una lucha política dentro de Montoneros señalando importantes disidencias sobre cómo enfrentar a la dictadura. Su militancia fue cimentada casi dos décadas antes, desde la investigación periodística, enfrentándose a los militares, a la burocracia sindical, y a otros elementos derechizantes del peronismo. Desde este punto de vista, se puede decir que su obra no tiene comparación y difícilmente haya sido superado en los años posteriores.
Rodolfo Walsh fue un luchador que creyó que se podía radicalizar al peronismo para combatir por la revolución socialista. En esto compartía las expectativas de John William Cooke quien había sentenciado que el peronismo era el fenómeno maldito del país burgués y bajo el impacto de la Revolución Cubana concluyó que el nacionalismo burgués había muerto. Cooke y Walsh coincidieron en que había que dotar al peronismo de una dirección revolucionaria en lugar de luchar por un partido de la clase obrera que exprese su independencia política de clase. Walsh ingresó primero en las FAP, que se consideraba seguidora de las lecciones de Cooke, y luego a Montoneros. Pero Montoneros no tenía la visión de Cooke sobre el agotamiento del nacionalismo burgués, sino que consideraba que el peronismo era un Movimiento de Liberación Nacional y ellos su brazo armado. Mientras las FAP recelaban de Perón, los Montoneros se consideraban, como el General los había denominado, sus “formaciones especiales”.
Las críticas de Walsh a la dirección montonera se centraba en la orientación de la organización después del golpe. No apuntaban a hacer un balance de su estrategia guerrillera, ni de su programa frentepopulista y de colaboración de clases.
Esto no le quita brillo ni coraje, sino que permite distinguirlo como parte de una generación política, su exponente más lúcido dice el historiador Ernesto Salas, que apostó –erróneamente– en poder usar al peronismo como herramienta para luchar por la liberación nacional y la "patria socialista".

Walsh y la discusión con Marío Firmenich

En octubre de 1975 los dirigentes montoneros dirán en un documento interno que el movimiento peronista se había agotado y deciden romper con éste para competir organizativamente a través del Partido Montonero. En los documentos críticos Walsh refutó esta formulación de la conducción nacional, señalando que Montoneros como la vanguardia generada por el movimiento peronista, “debe conducirlo hacia su transformación en la lucha por el poder y el socialismo”. Para el autor de ¿Quién mato a Rosendo?, “el punto crítico a partir del cual se decretó el agotamiento del peronismo fueron las movilizaciones contra el Rodrigazo. Allí parecía efectivamente que la clase obrera, al combatir contra un gobierno peronista, firmaba el acta de defunción del movimiento peronista”.
En los meses de junio y julio de 1975, la clase obrera protagonizó una huelga general política y su vanguardia forjó coordinadoras interfabriles que derrotaron el “Rodrigazo” y echaron a López Rega, jefe de las Tres A, del poder. La clase dominante local empezó a buscar una salida a la crisis a través del golpe militar, frente al fracaso del peronismo en contener a las grandes masas. El golpe de marzo del 76 derroca al débil gobierno de Isabel Perón, que en ese momento solo contaba con el apoyo de la burocracia sindical.
La dirección de la guerrilla peronista, que mediante la JTP tenía enorme peso dirigente en las coordinadoras interfabriles, no plantearía como objetivo de la huelga general el derrocamiento de Isabel Perón, sino que profundizaría su línea frente populista y su guerrillerismo, reemplazando mediante una competencia de aparatos, la ausencia de una política para organizar de forma independiente a los trabajadores. Como señalábamos en otro artículo al respecto de las posiciones contra las que discute Walsh: “la tesis del agotamiento del peronismo por parte de montoneros es ‘tardía’ e incompleta. Tardía, en el sentido de que su política anterior había colaborado para desviar la corriente de protesta revolucionaria de la clase obrera y la juventud después del Cordobazo. Incompleta, porque no se trató de una ruptura con el nudo estratégico de la política de Perón, sino que se intentó reemplazar la política de colaboración de clases de Perón y el peronismo oficial, por una interpretación más izquierdista de la misma estrategia. La función del Peronismo Autentico y del Partido Montonero fue buscar sellar la alianza entre la clase obrera y la burguesía nacional que es la doctrina oficial del movimiento”.
Walsh subestimaría la crisis catastrófica de la economía argentina que obligó al peronismo a lanzar un ajuste brutal sobre la población. El escritor militante sostenía que "si nosotros pensamos que la crisis del capitalismo es definitiva, no nos queda otra propuesta política que no sea el socialismo más o menos inmediato, acolchado en un período de transición, y esa propuesta contribuye a relegar el peronismo al museo". Walsh no tiene en cuenta que una lección histórica del movimiento obrero es que si la clase obrera no da una respuesta socialista y no avanza en su movilización revolucionaria, ninguna crisis del capitalismo es definitiva. Eso sucedió en 1975. Isabel Perón se aferró al poder sostenida por la burocracia sindical miguelista y la burguesía argentina se decidió por el golpe, sentenciando el agotamiento del peronismo como partido de la contención primero y del orden después.

Montoneros antes del golpe

Previo a las jornadas revolucionarias de junio y julio de 1975, Montoneros -como la fuerza de mayor influencia en el movimiento obrero y en distintos sectores de la población hasta ese momento- sostuvo diferentes posiciones políticas: considerar a Perón como un líder revolucionario (1970-1973); ser parte de la política de desvió hacia el terreno electoral del proceso de insurgencia obrera que abrió el Cordobazo en 1969; la teoría del “cerco” después de la “Masacre de Ezeiza” (junio-julio 1974) y de la caída de Hector Campora donde su entorno de derecha no permitía a Perón tener un contacto con las fuerzas revolucionarias representadas por la Tendencia. Durante el último gobierno de Perón, Montoneros oficialmente se negó a enfrentar el Pacto Social. Recién muerto el jefe del movimiento, en Julio del 74, desafiaron al Pacto Social y a Isabel Perón, pasando a la clandestinidad dos meses después. Montoneros formó parte en junio del 75 del “Grupo de los 8”, que pide un apoyo a la institucionalidad estatal a través de una declaración en medio de la convulsionada situación política del momento y fundó el Partido Autentico con las figuras caídas del peronismo para competir con Isabel. Todos estos giros fueron acompañados con un crecimiento de acciones guerrilleras que los alejó del movimiento de masa.
Luego de las jornadas revolucionarias que jaquearon al gobierno peronista, los Montoneros asaltaron el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, en octubre del 75, alejándose de las luchas obreras que se seguían desarrollando aun con los primeros meses del golpe.
Su estrategia se basaba en construir un ejército guerrillero que acompañara la formación de un Frente de Liberación Nacional que reuniera a todos los sectores sociales dispuestos a luchar contra el capital extranjero, desde los pequeños propietarios rurales de las ligas agrarias hasta los empresarios nacionales que estén en contra los monopolios, hasta los radicales, socialistas, democristianos y comunistas que efectivamente luchen por la liberación, considerada por ellos como la “contradicción principal”. La suma de estas políticas erráticas, a contrapelo de las necesidades objetivas de la movilización de las masas, explican que los Montoneros hayan llegado a la dictadura de 1976 bastante golpeados en todos los frentes políticos. Walsh no fue crítico de estas políticas, por el contrario sostenía que: "Hasta el 24 de marzo del 76 planteábamos correctamente la lucha interna por la conducción del peronismo. Después del 24 de marzo del 76, cuando las condiciones eran inmejorables para esa lucha, desistimos de ella".

Walsh dispara contra la conducción montonera

Como uno de los encargados del aparato de inteligencia de la organización, Walsh centraba su análisis en la dura represión que estaba sufriendo Montoneros y que, como él mismo define, amenazaba con exterminarlos. En los diferentes documentos escritos en el lapso que va de noviembre de 1976 a enero de 1977, buscó preservar a la militancia de la represión y desaparición cuestionando el militarismo y triunfalismo del que se jactaba la conducción.
Sobre esto propondría “resistir junto con el pueblo a la dictadura. Necesitamos mucha propaganda. Tenemos que irnos organizando en la lucha sin delirios de grandeza y pensando en plazos largos”. Separándose de la visión triunfalista de la dirección, aportó elementos de balance diciendo: “Uno de los grandes éxitos del enemigo es estar en guerra con nosotros y no con el conjunto del pueblo. Y esto en buena medida por nuestro ideologismo y nuestra falta de propuestas políticas para la gente real”. Para enfrentar este cuadro de situación sugiere replegarse hacia “el peronismo, y que la única propuesta aglutinante que podemos formular a las masas es la resistencia popular, cuya vanguardia en la clase trabajadora debe ser nuevamente la resistencia peronista, que Montoneros tiene méritos históricos para encabezar”.
Este es el nudo central de la crítica de Rodolfo Walsh. El autor de Operación Masacre proponía replegarse sobre el movimiento peronista, repitiendo la experiencia de la resistencia: “Si las armas de la guerra que hemos perdido eran el FAL y la Energa, las armas de la resistencia que debemos librar son el mimeógrafo y el caño”, según sus palabras. Retomar la experiencia de la resistencia peronista era volver a concebir al peronismo como un movimiento donde convivieran el vandorismo y el ala izquierda, significaba reconstruir la alianza con los sectores peronistas opositores a la dictadura, como el miguelismo y ciertos caudillos provinciales. Ciertamente Walsh no lo dimensiono así, pero es la consecuencia lógica de su formulación. Un error de apreciación y de balance que desarmaba políticamente a los trabajadores para enfrentar a la dictadura. Walsh retrocede de la conclusión de Cooke sobre la muerte del nacionalismo burgués y plantea su reconstrucción como fuerza de resistencia. Volver al peronismo resultaría mantenerse atrapado dentro de una estrategia policlasista. Pero además llevaba a negar todo un balance histórico reciente que mostró al último gobierno de Perón, y luego el de su viuda y López Rega, donde el peronismo no fue el instrumento para luchar por la liberación nacional sino que lidió contra la lucha de clases y la radicalización política de los trabajadores y la juventud con las bandas fascistas de las Tres A. La identidad política peronista de los trabajadores, como argumentaba Walsh, no era un elemento insuperable, sino que fue el resultado de una dirección burguesa que buscó liquidar toda expresión clasista y socialista en el seno de la clase obrera.
Los temores de Walsh con respecto al guerrillerismo de la conducción Montonera frente a la dictadura, se vieron confirmados trágicamente luego de la contraofesiva de 1979 y 1980. Pero su lucidez con respecto a las consecuencias de las políticas planteadas por Firmenich en medio del genocidio, contrasta con la falta de un balance integral que explique las raíces estratégicas y teóricas del fracaso.
Los marxistas revolucionarios reivindicamos el legado intelectual del hombre que señaló los brutales crímenes del régimen libertador contra la clase obrera argentina. Hacemos nuestra la enseñanza que dejo Walsh para desmitificar los actos de la historia: "Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas". Retomar las lecciones del último gran ensayo revolucionario de nuestra clase, discutir las estrategias y políticas de sus luchadores, es una condición para que la lucha de clases no comience de cero.

Facundo Aguirre
Ricardo Farías

El terrorismo de Estado y la captura del deseo

Apuntes sobre el Golpe. Dos

Cuando Darío Loperfido cuestiona la cifra de los treintamil desaparecidos, no solo practica un modo burdo de negacionismo del Terrorismo de Estado perpetrado entre los años 1975/1982, también explicita una visión vulgar de lo que es un genocidio. Lamentablemente, no es el único que tiene esa mirada (aún dentro de los que lo rechazan) como si el Genocidio fuera una cuestión de números en vez de ser una cuestión de identidades, de saberes y afectos, de subjetividades, de deseos perseguidos y capturados. Ya hemos dicho [1] que el golpe del 24 de marzo de 1976 se explica por tres procesos: Una Operación Continental de Contrainsurgencia, imperativo Imperial de los EE.UU. que buscaba el control total sobre una región que desde siempre considera su “patio trasero” y retaguardia para las disputas con otros bloques o potencias en medio de la Guerra Fría con el “Comunismo”; Una Contrarevolución preventiva para aniquilar todas las fuerzas revolucionarias crecidas sobre todo desde la Resistencia Peronista (1955) y el estimulo formidable de la Revolución Cubana (1959); crecidas por dentro, pero sobre todo por fuera, de las izquierdas tradicionales nacidas en 1890 con el primer Partido Socialista y 1918 el Partido Comunista; y por último, más no en menor importancia, la Fundación de un Modelo Capitalista que desprecia el consumo interno, reprimariza la economía (más peso de lo agrícola en la economía total) y potencia la financiarización de ella (más timba financiera que chimeneas), la fundación de la Argentina Capitalista del siglo XXI que todavía sufrimos. Y el deseo? El lector preguntará por qué nombramos el deseo en esta historia de horrores y terrores. El deseo es lo que está en discusión en las tres operaciones y en el centro del Genocidio.
Más allá de las consideraciones jurídicas [2] y las precisiones sociológicas, el concepto de Genocidio surgió para dar cuenta de los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un abogado polaco de origen Judío, Lemkin, descubre que no hay palabras para describir lo que él quiere denunciar que no es solo la matanza de civiles, que no es solo el esfuerzo por destruir la identidad del grupo (nacional, político, religioso, por opción sexual, etc.) sino que también es el intento, a veces exitoso a veces fallido, de suplantar la anterior identidad por la del opresor genocida. Como hicieron con nuestros hermanos originarios exterminados en masa, desaparecidas etnias y lenguas en cantidades asombrosas de los cuales molestaba su ideología y cultura como lo prueban estas palabras del ex secretario privado del General Genocida Roca, el Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra : “la casi extinción de la raza indígena en nuestro medio se debe al hecho de que los indios eran demasiado socialistas. (...) Eran comunistas, y la carencia del sentido de la propiedad indispensable para imponer al hombre la ley del trabajo, que es su ley sagrada, fue la causa de la casi extinción de la raza” [3]. Lo que molesta por encima de todo al genocida de fines del siglo XIX es la enorme dificultad para incorporar de un modo entusiasta y voluntaria a los pueblos originarios a la organización capitalista del país en marcha. Por eso la Conquista del Desierto o la menos conocida y más extensa, prolongada y cruenta del Gran Chaco. Entonces, para el Estado Genocida solo pueden existir seres sin deseo o seres con un nuevo deseo impuesto, transformados en tristes y vencidos parroquianos de Pastores o Sacerdotes, con mentalidad y acento europeo, que les inculcarán como un veneno la resignación ante el genocida.
Recuerden Uds. aquellas palabras casi grotescas del General Saint Jean: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos” o la descripción de la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) sobre los comunistas en la Argentina: “hay comunistas en el Partido Comunista; hay comunistas en el Partido Peronista; hay comunistas en la Iglesia, los sindicatos y aún hay comunistas que no saben que son comunistas” para que ahora podamos entender que para los genocidas el “enemigo comunista” no eran otros que todos los que se oponían, por acción u omisión, por resistencia activa o modo de vivir y pensar, al nuevo modelo capitalista en proceso de instalación. El deseo que les molestaba era aquel que vinculaba la mejora de la vida cotidiana con la lucha popular, con los proyectos colectivos, con las huelgas generales que conseguían mejoras en el Salario Mínimo Vital y Móvil que efectivamente mejoraba los ingresos de los asalariados en un país donde casi la totalidad de los que trabajábamos éramos asalariados y donde el trabajo en negro y la changa esporádica era la excepción y no la norma como lo es ahora. En el largo proceso de preparación del ciclo ofensivo (desde 1955 a 1969) que se desplegó entre el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 y el aplastamiento de las experiencias más avanzadas del movimiento obrero: Córdoba, en enero del 74 y Villa Constitución en marzo del 75, el sentido común popular, la subjetividad de vastos sectores obreros, estudiantiles y medios urbanos y rurales se modeló alrededor de ese paradigma del luchemos juntos que la vida mejora y el objetivo final se acerca. El deseo de esa generación no estaba capturado por el consumismo ni la ilusión de viajar a Miami o vivir en una playa tropical, tomando daiquiris tirados al sol. El deseo de esa generación se explicita en la formación de cientos, si cientos, de grupos políticos de izquierda que sueñan con la revolución socialista desde las identidades más variadas: peronistas y comunistas en primer lugar, pero luego toda una serie de identidades derivadas de aquellas otras como el guevarismo o las más diversas formas de asumirse peronista revolucionario en aquellos años. Un deseo alimentado por una larga lista de de autores, dramaturgos y artistas comprometidos con el mismo sueño y el mismo deseo (Rodolfo Walsh, Mercedes Sosa, Tejada Gómez, etc. etc.) que alimentan con canciones, obras de teatro, literatura y cine a esa generación que acaso comienza a crear una subcultura popular propia [4], antimperialista y patriótica, Un deseo teñido de los fuertes colores del Caribe, del prestigio de Fidel, Raúl, Camilo, el Che y una Revolución en castellano que bailaba y reía todo el tiempo, aún en Playa Girón cuando derrotaron al Imperio Norteamericano de un modo tan humillante que todavía quieren vengarse.
El Terrorismo de Estado primero tronchó el deseo de mejorar la vida por medio de la lucha popular; obligó a “desaprender” que se puede cambiar la vida luchando de un modo organizado y procurando conquistar un programa de cambios. Golpe a golpe, capucha a capucha marcó con fuego lo que vendría si el pueblo se rebela contra el Amo. Para que venzan Tinelli y Mirtha, Susana y Lanata primero tuvieron que desaparecer los treintamil, o lo que es lo mismo, Tinelli, Mirtha, Susana y Lanata son el otro modo de nombrar la hegemonía militar y política; nunca la cultural. Luego, bajo las brutales condiciones del horror y el terror, introduciendo el miedo en cada molécula de la vida social y en cada gramo del cuerpo de las y los militantes, buscó desviar el deseo hacia el consumo y el consumo hacia el consumismo, que parecen lo mismo pero no es igual. Comer un trozo de carne vacuna con hortalizas hervidas es consumir alimentos para conservar energías y proveer de nutrientes al organismo. Comprar una hamburguesa de carne de jabalí criado con manzanas verdes de Suecia y con una salsa de nueces africanas comidas y defecadas por un elefante ya es consumismo; es consumir algo que no necesito pero cuya necesidad ha sido impuesta desde el dominio comunicacional y la hegemonía cultural. Y por supuesto que es un simple ejemplo, y posiblemente un mal ejemplo. Pero de algún modo, desde el acto violento, brutal, de dimensiones tales que causan exterminio de las ideas y fatiga de los cuerpos, el Terrorismo de Estado instaló una nueva hegemonía cultural que fue generando un nuevo sistema de valores y deseos donde el consumismo es central y el egoísmo individualista considerado imprescindible para conquistar el nuevo deseo impuesto/construido pero asumido y naturalizado. El problema somos nosotros, que pretendemos cambiar el mundo ignorando la profundidad de la dominación cultural, no solo a nivel de ideas y doctrinas, sino en el profundo espacio de las costumbres naturalizadas, eso que Gramsci llamaba el sentido común
Decía el compañero García Linera en La Plata: “El segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de riqueza sin politización social. ¿Qué significa esto? La mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas. En el caso de Bolivia el 20% de los bolivianos ha pasado a las clases medias en menos de diez años. Hay una ampliación del sector medio, de la capacidad de consumo de los trabajadores, hay una ampliación de derechos, necesarios, sino, no seríamos un gobierno progresista y revolucionario. Pero, si esta ampliación de capacidad de consumo, si esta ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Habremos creado una nueva clase media, con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador. ¿Cómo acompañar a la redistribución de la riqueza, a la ampliación de la capacidad de consumo, a la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores, con un nuevo sentido común? ¿Y qué es el sentido común? Los preceptos íntimos, morales y lógicos con que la gente organiza su vida. ¿Cómo organizamos lo bueno y lo malo en lo más íntimo, lo deseable de lo indeseable, lo positivo de lo negativo? No se trata de un tema de discurso, se trata de un tema de nuestros fundamentos íntimos, en cómo nos ubicamos en el mundo. En este sentido, lo cultural, lo ideológico, lo espiritual, se vuelve decisivo. No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural” [5] . Un viejo dicho popular dice que de buenas intenciones está alfombrado el camino al infierno y ahora podríamos decir que el despliegue de políticas supuestamente populares y progresistas sin un meditado camino integral de transformaciones puede producir efectos distintos al que se buscaba. El solo efecto de ampliar el consumo no genera conciencia política y si de consumir más y más se trata, las derechas siempre tendrán propuestas más egoístas y atractivas para el que solo quiere consumir más y en todo ciclo de crisis económica hay un sector que se enriquece y el que ha perdido perspectiva política siempre soñará con ser él el privilegiado. La derecha también genera utopías, utopías reaccionarias pero tan atractivas como las nuestras.
Entonces, cuando decimos Memoria, Verdad y Justicia se trata de entender que también se trata, o mejor dicho que se trata en primer lugar, de recuperar el deseo de las generaciones exterminadas física o culturalmente. De volver a inventar un cielo hacia el cual caminar que sea lo suficientemente atractivo para que millones y millones decidan marchar juntos hacia su conquista. Puesto de eso se trata; ellos proponen un horizonte de celulares inteligentes, manjares exóticos y evasiones diversas de una civilización en decadencia que camina hacia su autodestrucción ambiental, ecológica o atómica; para superar la crisis de alternativa, para contar con un poderoso punto de llegada para nuestros esfuerzos de resistencia a todas las formas de impunidad y todas las formas de dominación y de explotación y de deshumanización, hay que volver a inventar un sueño. Uno que tenga en su divisa el rostro de los treintamil y de todos los colores que animaron las luchas populares. Para que nada sea olvidado, para que nada sea perdonado, para que el amor que propiciemos sea el más estricto resultado del odio al torturador, al asesino y al que nos robó el deseo.

José Ernesto Schulman

Notas:

[1] La triple condición del 24 de marzo, José Schulman, web https://cronicasdelnuevosiglo.com/2017/03/15/la-triple-condicion-del-24demarzo/
[2] Articulo dos de la Convención de Prevención y Castigo del delito de Genocidio sancionado en 1948.
[3] De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970). Lic. Diana Isabel Lenton, publicado en 2014 en /corpusarchivos.revues.org
[4] Al decir de Raymond Williams en “Marxismo y Literatura”.
[5] http://www.nodal.am/2016/05/conferencia-magistral-completa-del-vicepresidente-de-bolivia-alvaro-garcia-linera-en-la-universidad-de-buenos-aires-argentina-en-el-que-senala-en-otras-cosas-los-lineamientos-para-pensar-el-esta/

Blog del autor: http://cronicasdelnuevosiglo.com/

Una jueza ordenó frenar los descuentos y el "premio" a docentes

Mala para Vidal

La magistrada consideró que tanto las quitas salariales como el pago de mil pesos a los que no pararon "atentan" contra el derecho de huelga

Los docentes consiguieron otro fallo a favor en el conflicto que mantienen con el gobierno provincial por los salarios. La jueza en lo contencioso administrativo de La Plata, María Ventura Martínez, ordenó ayer a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que "se abstenga" de pagar el plus salarial a los docentes que no adhirieron a los paros como también de aplicar descuentos por los días no trabajados.
El fallo fue dictado a raíz de un planteo realizado por las seis organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente (SUTEBA, FEB, AMET, SADOP, UDA y Udocba). En su resolución, la magistrada ordena al gobierno que se abstenga tanto de realizar quitas como de pagar el polémico premio de mil pesos anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal por entender que esas medidas "limitan" la libertad de los trabajadores y de los gremios en plena negociación paritaria.
La jueza entendió que "las acciones de la administración aquí analizadas (en alusión a los descuentos y al premio por presentismo durante el paro) implican actos que alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual deberán en adelante de abstenerse de realizarlas". Y consideró que "al operar sobre la voluntad del trabajador no solamente afectan su libertad sino, tangencialmente, (aquellas acciones) resultan atentatorias del derecho a huelga".
En ese marco, Martínez consideró que la decisión de adherir o no a una medida de fuerza no puede ser "coaccionada" por "medidas externas". En los considerandos, remarcó la importancia de que "la elección entre adherir o no a una huelga sea un dilema a resolver por cada individuo en su fuero interno de acuerdo a lo que le dicte su propia conciencia, sus principios y su escala de valores y no, contrariamente, se vea coaccionado por influencias, acciones y medidas externas y con efecto persuasivo sobre su autonomía espiritual".
El fallo se conoce antes de la nueva reunión paritaria que el gobierno y los gremios tendrán el próximo martes, ya por fuera de la conciliación obligatoria que vence el lunes. Desde la cartera educativa aseguraron a Tiempo que aún "no fueron notificados" por la justicia y que la liquidación del premio "está en marcha".
Los docentes y el gobierno retomaron el diálogo el lunes pasado luego de diez días sin negociación a raíz del dictado de la conciliación obligatoria y la resistencia de los gremios a acatar esa medida que consideraban “ilegal”. Más allá de rescatar que se haya reanudado la mesa paritaria, el lunes no hubo una oferta. Ahora esperan que los funcionarios lleven una propuesta superadora. Mientras tanto ya avisaron que el lunes seguirán con el plan de lucha: SUTEBA definió seguir con los paros, mientras que el resto de los gremios analiza realizar otras modalidades de protesta distritales.
La última propuesta realizada por el gobierno fue del 19%, en tres cuotas y con cláusula gatillo atada a la inflación, más un plus de 500 pesos por cargo en reconocimiento del poder adquisitivo perdido en 2016. Los gremios la rechazaron porque está lejos de su reclamo del 35%: 25% por este año y 10% por el año pasado.

Jorgelina Naveiro
Tiempo Argentino

“La satisfacción moral de un acto de libertad”



El homenaje a Walsh en la ex Esma, a 40 años de su asesinato

El escritor y periodista fue recordado en “La visita de las cinco” por su amigo Horacio Verbitsky y por Martín Gras, el sobreviviente que vio su cuerpo ametrallado. Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, escucharon sus testimonios.

El 25 de marzo de 1977 la Armada Argentina asesinó y desapareció el cuerpo del escritor, periodista y militante montonero Rodolfo Jorge Walsh, que acababa de despachar su Carta Abierta a la Junta Militar. Durante la madrugada siguiente los miembros del Grupo de Tareas 3.3 allanaron su casita de San Vicente, de donde robaron archivos de prensa, documentos y cuentos inéditos, que luego fueron vistos por secuestrados en la ESMA. El sábado, al cumplirse 40 años de su muerte y en el marco de la muestra “Walsh en la ESMA”, cientos de personas, la mayoría jóvenes, escucharon sin pestañear los recuerdos de Horacio Verbitsky, amigo y compañero de militancia de Walsh, y de Martín Gras, el sobreviviente que vio su cuerpo ametrallado y los papeles que los marinos -ahora condenados y presos- nunca se dignaron a devolver. En el cierre de “La visita de las cinco”, como se denomina el recorrido del público por el Museo-Sitio de Memoria ESMA, el periodista de PáginaI12 y presidente del CELS denunció que “hay una ofensiva muy clara para tratar de detener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
“El objetivo es hacer presente a Rodolfo Walsh en toda su magnitud”, explicó Alejandra Naftal, directora del Sitio-Museo de Memoria ESMA, en referencia a la muestra que se podrá visitar hasta el 23 de abril. Entre los documentos en exposición se destaca una copia original de la Carta Abierta, que Walsh terminó de escribir horas antes de ser acribillado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, y apuntes de Lilia Ferreyra -compañera en sus últimos diez años de vida- al intentar reconstruir el cuento “Juan se iba por el río”, sobre la vida de un soldado de las luchas civiles del siglo XIX. Hay también tres piezas audiovisuales con fragmentos de testimonios brindados durante los juicios orales ante el Tribunal Oral Federal 5: sobre la caída del escritor en manos de la patota de la Armada, sobre los papeles robados en la quinta de San Vicente y sobre la reconstrucción de “Juan se iba por el río”, cuento que Gras descubrió durante su cautiverio en el armario del entonces teniente Antonio Pernías, oficial de inteligencia de la Armada.
“Compañero, amigo y maestro”, fueron las palabras de Verbitsky para definir a Walsh durante su exposición en la puerta del ex Casino de Oficiales de la ESMA, pegado a los vidrios que cubren la fachada del ex centro clandestino con los rostros de cientos de detenidos-desaparecidos. Confesó que “el 40º aniversario me pega más fuerte” no por el número redondo sino por la ausencia de Lilia, fallecida hace dos años y a quien confortó desde aquel 25 de marzo, y que “es difícil asimilar” que Walsh -quince años mayor- murió a la edad que hoy tiene uno de sus hijos.
El periodista de PáginaI12 habló primero sobre “Juan se iba por el río”, contó que Walsh “quería escribir una novela pero empezaba y se trancaba”, por eso decidió escribir cuentos con un personaje común para después enhebrarlos. Luego repasó las experiencias de ANCLA, que definió como “una simulación de agencia noticiosa”, y Cadena Informativa, una sola hoja que relataba un episodio concreto y cerraba con la invocación a “sentir la satisfacción moral de un acto de libertad” y “derrotar el terror”. “Líneas magistrales”, las definió Verbitsky, que al investigar la historia política de la Iglesia católica descubrió que estaban inspiradas en panfletos de esa institución en su campaña contra Perón en 1954, de la que participó el hermano de Walsh, luego piloto de uno de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo. También destacó al apelación a “elementos de la cultura popular” en referencia a la idea de cadena. “Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando”, leyó y recordó que era el eslogan de la publicidad de la época.
Al analizar la Carta Abierta, el periodista remarcó “la visión profunda sobre las consecuencias del golpe de Estado” que evidencia la definición de la política económica como “la explicación de sus crímenes” pero también de “una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. “Y eso que no llegó a ver las peores medidas económicas: la ley de entidades financieras se aprobó meses después”, reflexionó. La conducción de Montoneros le objetó ese párrafo pero Walsh, que firmó la carta con su nombre, no lo sacó ni lo modificó, contó Verbitsky. Cerró la primera parte de su exposición con la célebre definición de Walsh sobre cuál es “el campo del intelectual” y con una lectura de “Las cosas que quiero”, de los diarios del escritor, que arranca por “Lilia” (eliminada de una de las primeras ediciones de ese texto) y termina con “la sumersión en los otros”. “Eso logró Rodolfo”, concluyó.
“Yo estoy del otro lado del espejo”, arrancó Gras, que es abogado y docente. “Mi tarea es notoriamente más ingrata”, admitió antes de relatar su secuestro en enero de 1977. Militante montonero como Walsh y Verbitsky, contó que Pernías “estaba entre azorado y fascinado por el mundo” de esa organización, por lo que periódicamente lo citaba para entrevistarlo en su oficina del sótano de la ESMA. Fue allí que, no con capucha sino “con los anteojitos” que sólo le permitían ver algo gracias a su nariz pronunciada, fue testigo del “griterío total” de la patota que llegaba y pudo ver “el cuerpo de Rodolfo”, desnudo de la cintura para arriba, con el pecho atravesado por una ráfaga de ametralladora, sobre una camilla, rumbo a la enfermería.
Luego contó cómo se topó con los papeles robados a Walsh en el armario de Pernías y detalló lo que vio y leyó: una carpeta con recortes de noticias policiales, la colección del diario de la CGT de los Argentinos, tres documentos críticos a la conducción de Montoneros, un ejemplar de la Carta Abierta y el cuento “Juan se iba por el río”. “Fue un golpe descubrir que la crítica al militarismo había sido puesta en palabras”, contó. Confesó que los cautivos de la ESMA todavía no sabían sobre los vuelos de la muerte, que creían lo contrario: que los trasladados, en teoría a “quintas de recuperación”, eran quienes sobrevivirían, y viceversa. Luego recordó su primer encuentro con Lilia en un bar de Madrid en 1982. La compañera de Walsh, que lo había ayudado a tipear la Carta y el cuento, comenzó a recitar las primeras líneas de “Juan se iba por el río” y se asombró al ver que Gras lo recordaba. “Fue mágico: dos personas tratando de reconstruir la herencia perdida del mejor escritor de su generación”, resumió.
“Estos papeles detenidos desaparecidos son una asignatura pendiente. Me resisto a creer que quienes tuvieron ese material en sus manos lo hayan destruido”, reflexionó Verbitsky horas después, tras la intervención del escritor Marcelo Figueras, convocado como “cronista invitado” por los organizadores, y de la visita por el Museo-Sitio de Memoria. “Yo creo, y Rodolfo creía, que los papeles perduran, no se pierden, y la experiencia internacional dice que las burocracias de poder aman el archivo. Por eso tengo la esperanza de que ese material pueda recuperarse, ya que es parte significativa de la cultura de este país”, remarcó.
Al repasar los contenidos de la muestra, el presidente del CELS elogió el rigor científico que le imprimió el equipo que encabeza Naftal y celebró que “aquí no hay una visión sectaria de la historia, no se está haciendo propaganda de nada: se muestra hechos tal como ocurrieron”. Advirtió sobre “el revisionismo que se pretende instalar” y mencionó como actor central al secretario Avruj, que en los últimos días anunció la intención de revisar los planes de estudio de historia argentina sobre los 70. “Por ahora no dicen que quieren negar, dicen que quieren ‘memoria completa’, un inventó del actual papa Francisco en el año 2000”, dijo Verbitsky, y recordó que fue el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien relató los planteos sobre una “mesa de consensos” que proponía el entonces arzobispo porteño Jorge Bergoglio.
Ante la imposibilidad de frenar los procesos judiciales “lo que hacen es echar arena en los engranajes: negar presupuesto, cerrar unidades investigativas, despedir personal, no cubrir vacantes judiciales”, describió. “Es la forma de sabotear (el proceso de justicia) sin enfrentarlo abiertamente”, resumió. “Lo que han visto acá les provee de argumentos para resistir ese intento de revisionismo, esa tentativa de reprimir nuestra historia y de volver a una etapa superada por la conciencia social, por los años transcurridos, por las investigaciones y los juicios realizados, y por la participación de nuevas generaciones en el conocimiento de los hechos, la toma de conciencia y la ratificación del Nunca Más”.

Página/12

domingo, 26 de marzo de 2017

Macri: maestro de un plan contra la educación pública



En medio de la lucha docente, el Gobierno anunció los resultados del cuestionado Operativo Aprender usándolos como fundamento para proponer un proyecto de ley denominado “Plan Maestro”.

La semana pasada el presidente Mauricio Macri afirmó que los chicos "caen" en la escuela pública. Con este discurso provocador anunció un plan que busca reformar el sistema educativo con 108 metas que se proponen llevar adelante entre los próximos 5 a 10 años.
Algunos de los puntos principales del plan son: Garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3; para 2021 lograr que todos los alumnos del nivel secundario superen el Nivel 1 en lengua, matemática y ciencias en las evaluaciones Aprender; lograr en diez años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria; generar sistemas de información y evaluación educativa “integrales y confiables”; crear un nuevo sistema nacional de carrera docente para el 2021; lograr que el 100% de los directivos y supervisores en ejercicio hayan realizado una actualización de formación específica en liderazgo educativo ( esto para el 2021); universalizar el acceso a las tecnologías de la información, logrando el 100% de las escuelas estatales conectadas a Internet para 2021.

Educación inicial

El gobierno nacional no ha difundido el texto completo del proyecto de ley ni de qué manera podrá garantizar algunos de los puntos que aparecen en el plan, como poder garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3 años.
Este nivel vive constantemente postergado. Se calcula que en la Argentina hay 638 mil niños de entre 3 a 5 años que no van a la escuela. Además, según datos oficiales del 2012 (en plena época kirchnerista), la cobertura escolar para chicos de 2 años alcanza sólo al 40%, la cifra se reduce a 7% para los de 1 año y llega a 3% para los que tienen entre 45 días y un año. Esto genera, desde la primera infancia, desigualdad. Ya que el Estado deja librado al poder adquisitivo de las familias la educación inicial de los más pequeños.

Abandono escolar

Otro punto que aparece en el plan es lograr en diez años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria. Aunque ha aumentado la matrícula y la escolarización, eso no significó que se hayan mantenido en la escuela. Un informe de Idesa plantea que la tasa de abandono interanual llega al 15,8%.
A la deserción se agrega los que ni siquiera comienzan la secundaria. Según datos de IIPE-Unesco aún no acceden a la escuela más de 1 cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años. La exclusión sigue afectando a los sectores de menores ingresos: el 13,4% de los adolescentes que aún falta escolarizar son los más pobres de las zonas urbanas y los que viven en parajes rurales aislados. Según el mismo informe, la región más atrasada en nuestro país es Cuyo.
El abandono escolar se produce mayoritariamente en las familias que no cuentan con ingresos económicos para solventar los estudios y muchos adolescentes se insertan en mercado laboral para generar un ingreso extra en la familia debido a la precarización y los bajos salarios de los sostenes de hogar. Un claro ejemplo se da en las yerberas y vitivinícolas que cuentan con el trabajo infantil para seguir amasando riquezas.

Recortan el presupuesto educativo

Lo que no informó Macri es con qué presupuesto van a avanzar en los objetivos propuestos. En el distrito más importante del país, el año pasado el gobierno de Vidal, con el aval del Frente Renovador de Massa y del PJ, redujo el presupuesto para Educación en un 3,2 %. Este recorte implica, por ejemplo, la no construcción de 998 escuelas secundarias o de 1.764 jardines de infantes en toda la Provincia. El presupuesto de 2017 para Educación es el más bajo en 23 años.
Durante los ocho años de gobierno de Daniel Scioli el presupuesto educativo fue cayendo paulatinamente (en 2008 fue del 33,2 % y en 2015 llegó a bajar al 27,8%).Con el gobierno de Vidal vuelve a caer y ese ajuste repercute en las condiciones en las que los casi cuatro millones de niñas y niños estudian en las escuelas públicas bonaerenses.
En CABA también recortaron el presupuesto para educación: De representar el 27,8 % en el 2011 cayó al 22,2 % en el 2015 y al histórico 18,5 % para el 2017.
¿Cómo se podrá garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3 o reducir el abandono escolar si recortan los presupuestos educativos en las provincias; impidiendo la construcción de escuelas y jardines y destinando migajas al salario docente?

Las y los docentes: convidados de piedra

Otros de los puntos que aparecen en el plan están relacionados con la “evaluación continua de los docentes”. El antecedente de esto es el “Operativo Aprender”, en el cual el Gobierno destinó millones para una evaluación externa y estandarizada. Uno de los objetivos de las “evaluaciones” que proponen es profundizar la precarización laboral de miles de docentes, ya que abre la posibilidad del salario por mérito.
Macri, Vidal, Bullrich y Finocchiaro hablan de educación pero saben muy poco de la escuela pública. Sin embargo, para hablar de números son mandados a hacer y cobran fortunas, varios sueldos docentes, para implementar estas políticas mientras siguen destinando millones para subvencionar la escuela privada.
Son las y los docentes, junto a estudiantes y las familias, quienes conocen a fondo las necesidades y problemas de la educación pública. Por esto, cualquier debate sobre cambios en la educación y la escuela debería empezar por las y los docentes. Macri lanza este plan mientras continúa su ataque a la educación pública y a la docencia que lucha para defenderla.
Estas semanas de lucha demuestran que hay fuerzas para derrotar los ataques. Al mismo tiempo que se redobla la lucha contra los planes de Macri y Vidal, es de primer orden continuar el debate en las escuelas, con el conjunto de la comunidad educativa, sobre cuál es la escuela pública que necesitamos el conjunto de las y los trabajador@s.

Emiliano Martínez Viademonte
Delegado y miembro de la Lista Marrón de Suteba
María Díaz Reck
Dirigente de SUTEBA La Plata