Democracia, ese diciembre violento

Mientras que la sociedad es sacudida por una protesta policial en más de 19 provincias, se cumplieron 30 años de democracia y el gobierno nacional lo celebró en Plaza de Mayo. Las deudas para el pueblo.

El 30° aniversario de la democracia se conmemoró en un momento que al menos habilita a hacerse unas cuantas preguntas.
Como muchas veces sucedió en la Argentina, conviven en la historia episodios bisagra que ponen en duda y suspenden toda posibilidad de coherencia histórica. Fue entonces cuando se puso en jaque cualquier reflexión que tomara como punto de partida el proceso de acumulación de los últimos diez años. Ayer, en la Plaza de Mayo el festejo que llevó adelante el gobierno nacional al conmemorarse 30 años de democracia, se cubrió de un sabor amargo.
Hace más de una semana el país convulsiona ante los reclamos de las fuerzas de seguridad que con un saldo de al menos nueve muertos, mostró su cara más oscura.

A contra pelo de cualquier lectura simplista, los planos de análisis de la situación actual muestran casi hipócritamente y en la cara de toda la sociedad lo que no es más que un reaseguro de cómo funciona la narco policía. Resultado de la profundización de décadas de este sistema corrupto residen en la práctica de “liberar la zona” con posteriores saqueos, el ejercicio de un gran poder desestabilizador que sólo tiene como objetivo reforzar el aparato en alianza con el sector político por arriba mientras que por debajo mantiene el más estrecho vínculo con el narcotráfico y el crimen. La línea que cierra este círculo, es la militarización del territorio –avalado por ministros, gobernadores, y funcionarios de todos los partidos políticos– donde las fuerzas de seguridad aparecen en su función represiva, garantes de la gobernabilidad y que en estos últimos días se expresó en su mayor grado de perversidad.

"La fiesta popular"

Es por esto que el festejo que ayer martes celebró el gobierno nacional en la Plaza de Mayo al conmemorarse 30 años de democracia, se cubrió de un gesto de rechazo, al mismo tiempo que los medios de comunicación mostraban nuevas imágenes de violencia. En referencia a los recientes hechos, la presidenta Cristina Kirchner mencionó que tomó la decisión de no suspender el acto en “honor a los que pelearon” y que no creía en las casualidades.
Más de 150 mil personas estuvieron presentes en el acto “Democracia para siempre” puertas afuera de la Casa Rosada que invitó a todos los ex presidentes desde el retorno de la democracia. Sin embargo, sólo contó con la presencia de Fernando De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, mientras que Eduardo Duhalde y Carlos Menem estuvieron ausentes. También estuvieron presentes, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Mientras la presidenta aseguró que era necesaria "hoy, más que nunca, la reivindicación de la democracia frente a los violentos" en Tucumán la policía reprimía una protesta. Así de contradictoria resulto una jornada que estuvo cargada de análisis, tirones de oreja y pases de factura para los gobernadores opositores. La mandataria estableció con determinación que los reclamos en el marco de las protestas policiales “son producto de una ejecución y planificación de precisión quirúrgica” donde los protagonistas “son instrumentados sin saberlo”.
Además agregó que así como en los últimos 30 años las fuerzas de seguridad nacionales se fueron reinsertando en la sociedad, se debía hacer lo mismo con las policías provinciales, quienes en esta última semana fueron protagonistas de las protestas. "No significa no reconocer derechos o negar realidades, pero sí significa condenar la extorsión por parte de quienes portan armas para defender la sociedad" aseguró.
Lo que es cierto es que Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Misiones, La Rioja, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut, San Luis, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego estuvieron a merced de la voluntad y definición casi mafiosa de las fuerzas de seguridad, consiguiendo en algunos casos aumentos salariales de más del 91%. Mientras que otros sectores pauperizados como los docentes, estatales y profesionales de la salud no alcanzaron en sus paritarias más del 24%.
Tras la ceremonia que se realizó en el Museo del Bicentenario, la presidenta se mostró cerca de las 21 hs en el escenario que se montó en el frente de la Casa Rosada. La jornada contó con artistas como La Renga, Leon Gieco, Arbolito y Victor Heredia entre otros, que participaron de las celebraciones por los 30 años de democracia y expresaron su repudio a las protestas de las policías en las provincias.

Extorsión y deudas para la democracia

El Día Internacional de los Derechos Humanos a 30 años del retorno de la democracia, a 12 años del 2001 y a 10 años del comienzo de la denominada “década ganada” abre un debate que implica necesariamente preguntarse por el saldo de una democracia para pocos.
Las fuerzas de seguridad que sacudieron cerca de veinte provincias, demandaron y reclamaron para sí el ingreso a la clase trabajadora, tomando las calles, liberando ciudades, acuartelándose. No hicieron piquete o una huelga, ni tampoco un corte de calle. No, se acuartelaron. Y esa carga simbólica y física donde el cuerpo dispone serias lecturas, no puede ser menor.
La misma fuerza de seguridad que se sabe represora, que fue y es brazo ejecutor de las definiciones más violentas de la política –también la de los últimos diez años-, que supo combinar una alianza estratégica junto al sector político por un lado y junto a los criminales y el narcotráfico por otro, que disparó contra el maestro Carlos Fuentealba mientras se manifestaba por una mejora salarial, que asesinó a jóvenes militantes como Mariano Ferreyra, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que desapareció a Julio López y apaleó hasta la muerte a Luciano Arruga, que en connivencia con las redes de trata desapareció a Marita Verón. Esa misma fuerza represora hoy, exige ingresar a la clase trabajadora y lo exige como es su génesis, del modo más despiadado. En tanto, la clase política se muestra impávida. Y la sociedad sufre el atropello de sus derechos, a 30 años de democracia.

Andrea Sosa Alfonzo

Lo atamos con alambre

“Si ves al futuro, decile que no venga antes de morir.”
Juan José Castelli

La crisis económica en Argentina se manifiesta a través de un proceso de estanflación (decrecimiento + alta inflación), la bancarrota de la promesa imposible de una nueva era industrial cuando se adoptan medidas en sentido contrario; la reprimarización agrosojera y extractivista; la llamada ‘fuga de capitales’; el atraso del precio del dólar oficial de acuerdo al estado de la economía real; un nuevo ciclo de endeudamiento externo avalado por endeudamiento interno; una avalancha de impuestos al pueblo trabajador para tapar agujeros; el congelamiento del empleo y abaratamiento del precio del trabajo; la jibarización de recursos para inversión social; la desnutrición del financiamiento para servicios sociales básicos (salud, educación, seguridad social); y la institucionalización del trabajo ‘en negro’ o sin contrato ni regulación alguna. Mientras gana el capital financiero y exportador de commodities, la corrupción tiene su primavera. Si bien, la corrupción es constitutiva tanto del capitalismo, como de cualquier sociedad basada en clases sociales y relaciones de poder, en Argentina ella está puesta en vidriera y prácticamente naturalizada.
Como en toda sociedad capitalista, la crisis está fundada sobre la especulación y la ganancia a cualquier costo como totalidad independiente del empeoramiento de la vida de las grandes mayorías.
Es tan grande el complejo interdependiente que explica la crisis argentina –que no sólo es económica, por cierto, sino política, cultural y axiológica-, que en tan breve artículo sólo pueden ofrecerse aguafuertes.
Las pujas al interior del Partido Justicialista (donde conviven tendencias casi antagónicas, sólo atadas por la posibilidad de administrar el Estado) dan como resultado gabinetes aparentemente contradictorios, como quien reparte una torta. Su descomposición únicamente es opacada por la peor desestructuración y ausencia de proyecto de la oposición burguesa. O porque ese proyecto –ligado al ultraliberalismo- ya está contenido en el oficialismo.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, en la 19º Conferencia Industrial Argentina, pidió a los empresarios del sector que “inviertan y no ajusten los salarios”. Si no es una solicitud ingenua, es para las cámaras. El empresariado, por su parte, reclamó ‘políticas de largo plazo’, conducta improbable para una administración capitalista caracterizada por la improvisación. Esto significa que para ciertas fracciones de la burguesía, el gobierno está dejando de ser un buen representante de sus intereses (por su ineficacia, que no por su dirección popular o nada que se le parezca), y ya estarán buscando, si es que ya no lo tienen, un recambio.
Dadas las condiciones económicas, en general, el capital (no importando cuál de sus momentos) no va a invertir ante la incertidumbre y el alto riesgo. Lo que llaman ‘fuga de capitales’, no es fuga de nada. Es simplemente el movimiento interno del capital que persigue la mayor utilidad al menor costo posible. No existe un capital ‘patriótico’, ni ‘mala voluntad’ del capital. Por su histórico y objetivo movimiento, el capital destruye pueblos, naciones, auspicia guerras, pudre el planeta. Su exclusiva moral es la utilidad. Por eso prefiere invertir en instrumentos financieros transnacionales, en industrias provisionalmente rentables como la soja; acuartelarse en la construcción inmobiliaria a precio de ricos, o no invertir en nada, esperando cambios que se ajusten a sus intereses. Para eso tiene ahorros dolarizados con que atecharse.
La inflación no sólo es un fenómeno asociado a la circulación de dinero abundante y sin respaldo inyectado en el mercado por el Banco Central. También se provoca por la escasez de insumos y productos, y en Argentina en especial, por la incontrolable especulación en el momento del intercambio de mercancías, es decir, en el ámbito del retailer (grandes minoristas) y del pequeño comercio. Al respecto, todos los intentos del gobierno por fijar el precio de algunos productos han resultado un fracaso. Si el Ejecutivo democratizara desde abajo hacia arriba una supervisión popular y barrial de la especulación, tal vez los resultados serían más efectivos. Pero el desplazamiento de poder y control a la gente común es observado como un peligro para una democracia sin pueblo. Kicillof –ex marxista- que se dice hoy ‘keynesiano’, ni siquiera se atreve a una medida que está dentro de los parámetros del capitalismo. El keynesianismo no sólo es mayor participación del Estado en la economía para impedir las crisis propias del librecambismo y el avance del ‘comunismo’. No sólo es política subsidiaria (en retirada) para evitar ‘que los negros se pongan rojos’. También puede ser acciones temporarias de vigilancia ciudadana organizada contra los especuladores y formadores de precios. Pero el terror de clase es superior a la condición antipopular y antiparticipativa del capital.
Sin embargo, si la crisis es enfrentada sin medidas contundentes, sin renacionalizaciones de nada, sin impuestos sustantivos a la renta financiera, sin soluciones energéticas, sin intervención, más allá de los subsidios en caída libre, en la distribución de los ingresos polarizados, entonces sólo se puede apelar a la fórmula del ajuste estructural, las leyes antiterroristas para tratar de amedrentar el descontento (6.500 luchadores sociales están procesados, mientras los juicios suman y siguen contra trabajadores y dirigentes políticos en resistencia).
Como especificidad argentina de la crisis, la industria del narcotráfico, la red de trata y la explotación sexual infantil coludida con un sector de las policías, ha estallado en varias provincias del país. El pueblo más empobrecido y menos politizado sirve de fuerza tercerizada para las componendas antes mencionadas.
Asimismo, y en materia poliética, la extraña y reciente amistad entre la antigua líder de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini (oficialista a ultranza) con el comandante en jefe del Ejército, César Milani, involucrado en violaciones de los derechos humanos, coronan un devenir de difícil comprensión. En este sentido, la madre y luchadora inclaudicable e insobornable, Elia Espen se refirió a este hecho: “Tengo muchas fotos con Hebe, yo la respetaba. No sé que pasó en su cabeza en todos estos últimos años. Sentí un gran shock al ver esa foto (donde aparece Hebe de Bonafini junto a Milani). Dolor. Obviamente creo que Milani debería estar siendo juzgado y no al frente del Ejército” ( http://www.agenciacta.org/spip.php?article10761 ) . Por lo mismo, docentes de la Universidad de las Madres ya presentaron su renuncia ( http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/75772-argentina-por-el-caso-del-general-milani-renuncian-docentes-a-la-universidad-madres-de-plaza-de-mayo.html ).
Amargas se avecinan las fiestas de fin de año, mientras los asalariados y el pueblo hacen chillar las tarjetas de crédito ante la caminata brava del ajuste. Luego de enero, a fines de febrero comienzan los gastos escolares. Marzo se augura con tormentas.
En tanto, el movimiento social y sus expresiones políticas todavía batallan de manera continua, pero dispersa. La única táctica posible para los oprimidos y sus organizaciones es articular la unidad popular. Es de esperar que la propia oportunidad, armada de voluntad e inteligencia, de autocrítica y destrucción de diferencias indistinguibles, produzca la herramienta política necesaria para encarar el actual período.

Andrés Figueroa Cornejo

La década kirchnerista y las violaciones de derechos humanos

Resumen

En el análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner tanto el oficialismo como quienes colaboran en la elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones, tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar central. Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como "el gobierno de los derechos humanos", promocionando con ello la idea de que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de los que disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional tienden a naturalizar este enunciado.
Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y aspectos muy importantes de la realidad.
Por un lado, la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como producto de la acción de un gobierno determinado, sino también como el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy en día existen elementos importantes que dan cuenta de la persistencia de la impunidad. La desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, es el ejemplo paradigmático de esa persistencia.
Por otro lado, desde Plataforma 2012 consideramos que, a pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de los derechos humanos en el país mediante políticas de criminalización de las luchas sociales. De este modo, se ha ido consolidando una política de judicialización de la protesta y de la pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.
Así, la década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios y campesinos.
La nómina de los asesinados con motivo de la protesta social en defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias desde 2003 es la siguiente:
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)- Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) - Esteban Armella (2004, Jujuy)- Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte (2008, Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar (2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche, Río negro)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) - Mariano Ferreyra (2010, CABA)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, Parque Indoamericano, CABA) - Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) - Diego Jáuregui (2011, Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (2012, Escobar, Pcia Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) - Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)- Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa).
Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.
Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la política de criminalización y judicialización, entre ellos:
-Judicialización de la protesta social, a través del procesamiento de militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
-La judicialización ha apelado a las siguientes figuras penales: Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal); Imputación de usurpación (contra pueblos originarios y campesinos), Imputación del delito de sedición (en estos casos se invoca el art. 230 del Código Penal); Imputación del delito de intimidación pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión; Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio, entre otros.
Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad exclusiva de la represión y criminalización a los gobiernos provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno "unitario" en su estilo de conducción política), sino también porque aquellas están ligadas a la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado. Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores económicos.
Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el aparato represivo estatal. Este es uno de los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del "Nunca más", que con el correr de los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio político de los ciudadanos.
Desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de esta representación social -el rechazo a la represión abierta y selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia entre el discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes acerca del umbral de violencia estatal que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.
En suma, pese a la defensa del derecho de protesta, la criminalización de la protesta social se ha multiplicado y consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta línea, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última dictadura militar. A esto hay que sumar el nombramiento de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el Plan de Espionaje X y la utilización del ejército para la represión en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto valor emblemático y simbólico.
La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos (servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la corrupción también mata y por lo tanto también termina violando derechos humanos. La denuncia de la precarización laboral y los reclamos salariales -en los más diversos ámbitos- han derivado, en varios casos, en el asesinato de militantes. La política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de "gatillo fácil" hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a lo cual se suman situaciones de "nuevo conflicto social", ligadas al avance del trabajo esclavo, la trata de personas y el narcotráfico. Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede obviar la importancia creciente de estas tres problemáticas, que cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores de poder (político, económico, judicial, policial).
Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta pública ni licencia social, segando el camino de territorios y cuerpos sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son -como sucedía en los `90- los desocupados la "población sobrante" (para ellos el poder político prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital.
Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos, tal como ha venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia y profundización de una política de violación de los derechos individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.
En el siguiente resumen enunciamos los temas que son desarrollados en el documento principal.

I-Un recorrido por la década (pag.2)
- La persistencia de la impunidad (pag.4)
II. El derecho a la Protesta (pag.5)
- La legislación represiva desde 2003 (pag 6.)
- Las leyes Antiterroristas (pag.6)
III. La criminalización y represión de la protesta (pag.9)
- El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos (pag.11)
- Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados (pag.13)
- Las luchas socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios. (pag.16)
- Protesta en reclamo por tierra y Vivienda (pag. 21)
IV. Criminalización de la pobreza, precariedad y crímenes sociales (pag.21)
- Precariedad, corrupción y crímenes sociales (pag.23)
A modo de síntesis (pag.24)

Documento completo
http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/105-pronunciamiento-de-plataforma-2012

Chomsky: "EE.UU. e Israel son dos Estados canallas que operan en Oriente Medio"

Noam Chomsky critica a EE.UU. e Israel por sus políticas en Oriente Medio, tachándolos de Estados "canallas" que operan en la región. EE.UU. directamente viola la Carta de las Naciones Unidas, afirma el prominente académico estadounidense.
"Hay dos Estados canallas que operan en la región y que recurren a la agresión y al terror y violan el derecho internacional a su antojo: EE.UU. y su cliente israelí", escribió Chomsky en un artículo publicado en el portal AlterNet.
Además Chomsky criticó la década de políticas agresivas del país norteamericano hacia Irán por su programa de energía nuclear. "Hace diez años Irán se ofreció a resolver sus diferencias con EE.UU. sobre el programa nuclear", dice el comentarista político, "junto con todas las demás cuestiones. La Administración de Bush rechazó la oferta con ira y reprendió al diplomático suizo que la transmitió".
También el profesor se refirió a una propuesta hecha por Turquía y Brasil en el 2010, al amparo de la cual la República Islámica enviaría su uranio enriquecido al exterior (a Turquía) para su almacenamiento. A cambio, Occidente podría proporcionar combustible para los reactores de investigación médica de Irán. Chomsky explicó cómo EE.UU. socavó aquella propuesta.
"El presidente Obama reprochó furiosamente a Brasil y Turquía por distanciarse, y rápidamente impuso sanciones más severas. Irritado, Brasil dio a conocer una carta de Obama en la que había propuesto este plan, asumiendo que Irán podría rechazarlo. Rápidamente dejó de hablarse del incidente".
El reconocido académico también declaró que el Gobierno de Obama violó el Tratado de No Proliferación Nuclear manteniendo la amenaza de la opción militar sobre la mesa. "EE.UU. es el único país que viola directamente el Tratado de No Proliferación Nuclear (y con mayor severidad, la Carta de las Naciones Unidas) manteniendo su amenaza de aplicación de fuerza contra Irán", escribió Chomsky. "EE.UU. también podría insistir en que su cliente israelí se abstenga de esta grave violación del derecho internacional, que es solo una de muchas".

El perro guardián quiere que su amo lo alimente bien

Declaración de CORREPI frente a las nuevas asonadas policiales

Por medio de un documento la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sentó posición con respecto a los autoacuartelamientos de las fuerzas policiales en diferentes zonas del país, como réplicas del triunfante motín policial cordobés. "Estas asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los pretendidos “saqueos” paralelos a los acuartelamientos (...) Los policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios no son trabajadores que se organizan y pelean por mejores condiciones laborales (...) Junto con el reclamo salarial está presente el reclamo de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos.".

Difundimos documento de CORREPI ante los acuartelamientos policiales en varias zonas del país:

El perro guardián quiere que su amo lo alimente bien

Declaración de CORREPI frente a las nuevas asonadas policiales

09 de diciembre de 2013

Ni ellos son trabajadores, ni el pueblo es su patrón

En octubre de 2012, cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la Federación de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con negarse a reprimir las frecuentes protestas de trabajadores si no se le garantizaban mejoras en su remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales, el gobierno griego cedió a la presión de quienes tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y lo hacen valer (Boletín Informativo de CORREPI nº 674).
Un mes antes, en España, el titular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), justificó la represión al movimiento de los indignados, la infiltración y el uso de policías encapuchados (Europapress, 26/09/2012). En años anteriores, el SUP defendió públicamente el tratamiento brutal a los independentistas vascos, y exigió al gobierno español que profundizara la represión contra ETA, desconociendo los términos del acuerdo de alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011).
Estos dos ejemplos internacionales muestran claramente cuál es el rol de las agrupaciones policiales o de otras fuerzas de seguridad, que sus defensores insisten en llamar “sindicatos”, como si sus integrantes fueran parte de la clase trabajadora, en lugar de desclasados que, aunque cobren un sueldo por la tarea que cumplen, son mercenarios cuya función es disciplinar al pueblo para conservar los privilegios de sus patrones.
No es diferente la cuestión en Argentina. Basta ver lo sucedido días pasados en la localidad bonaerense de Olavarría, después de que el sargento Juan Coria impidiera, con un certero disparo en el abdomen, que el trabajador de 33 años Jorge “Tito” Ortega se suicidara. El asesinato de Tito movilizó a vecinos y amigos de la familia, que se manifestaron en la plaza de la ciudad. La fuerte repercusión mediática local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en el acto de CORREPI en Plaza de Mayo el pasado 29 de noviembre, allanó el camino para que el fiscal hiciera lo que hubiera hecho el mismo día del hecho si el asesino no llevara uniforme: imputarlo por homicidio calificado y ordenar su detención.
De inmediato, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la CGT línea Moyano, suscribió un acta acuerdo con los jefes de la policía de Olavarría, que, como “medida de fuerza”, se negaron a cumplir servicios adicionales en la ciudad mientras el sargento Coria siguiera detenido. En poco más de 72 horas, el fiscal revisó su posición, y anunció que no iba a pedir la prisión preventiva del funcionario, por lo que fue liberado. En la página web de APROPOBA, otro de los “sindicatos” policiales bonaerenses, no sólo se puede leer su satisfacción por la noticia. También dejan claro que la libertad del asesino fue fruto de un acuerdo con la fuerza. Dice su comunicado: “Se confirman así todas las versiones que circularon insistentemente ayer en torno de un acuerdo para permitir que Coria llegue en libertad al juicio oral y público por el homicidio de Ortega. En ámbitos policiales se generalizaba un estado de ánimo satisfecho a medida que corría la noticia. Los familiares de la víctima seguramente la recibirán con desazón”.
El Sin.Po.Pe. es uno de los tantos “sindicatos” de fuerzas de seguridad en nuestro país, y se presenta como uno de los más “progresistas”, tanto desde su origen, de la mano del comisario Mastandrea, quien iba a ser secretario de Seguridad bonaerense si la Alianza, con Graciela Fernández Meijide de candidata, ganaba las elecciones a gobernador, como por su cuidado lenguaje, que intenta remedar el de una organización de trabajadores. A diferencia de otros de esos grupos de presión, que, por ejemplo, reivindican de forma explícita la última dictadura militar, el Sin.Po.Pe se esfuerza en parecer otra cosa, pero sus acciones concretas lo dejan al descubierto. Su secretario de Accidentes de Trabajo, por caso, tiene como tarea defender en las causas penales a los policías acusados por fusilamientos de gatillo fácil, hechos de tortura y otras “contingencias laborales” frecuentes. El Dr. Rubén Adrián Fernández defendió policías torturadores en los casos Duffau y Gorosito, y hoy es el abogado del capitán Alfredo Alberto Veysandaz, que a principios de año, en Quilmes, disparó sobre un grupo de jóvenes, que mató a David Vivas y a Javier Alarcón , e hirió a otro muchacho.
Estos pocos datos permiten ubicar con claridad desde dónde se deben analizar las asonadas policiales de los últimos días, replicadas en casi todo el país tras el triunfo del motín cordobés. En ese caso, además, no se puede soslayar la particular situación de exposición del protagonismo de esa fuerza en el narcotráfico en los últimos tiempos, cosa que, aunque no sea novedad ni mucho menos privativa de la policía cordobesa –hace horas fue arrestado un policía santafesino con la pistola 11.25 usada para disparar contra el domicilio de su jefe político, el gobernador Bonfatti- puso un plus a la jugada, ya que necesitaban relegitimar su lesionada imagen. Qué mejor para ello que poner en evidencia el “caos social” que, lejos de ser resultado de su ausencia en las calles cordobesas, fue deliberadamente causado para reforzar la extorsión, y fue aprovechado, también, como “globo de ensayo” para medir la reacción de ciertos sectores sociales con miras a la evidente profundización del conflicto social que se avizora en el horizonte próximo.
En resumen, los policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios NO son trabajadores que se organizan y pelean por mejores condiciones laborales. Junto con el reclamo salarial, generalmente en la letra chica de los petitorios, que no trasciende en los medios, está presente el reclamo de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos. En sus páginas web, blogs y sitios de Facebook nunca falta la explícita defensa a los “camaradas falsamente incriminados” por las organizaciones antirrepresivas como CORREPI. En una de esas publicaciones, por ejemplo, apodan a una de nuestras referentes, “la Dra. Odio”, que “ve en cada policía un asesino de menores y miente ante las cámaras”.
La lección para los gobiernos a partir de estas asonadas es más que transparente: a los policías hay que aumentarles el sueldo sin discusión pública, como hizo en su momento el gobernador de Chubut para no estimular el reclamo salarial de los empleados estatales. Pero hay que aumentarles, porque al perro guardián hay que tenerlo bien alimentado para que no se vuelva contra su amo. Tampoco hay que pasarles demasiadas facturas por los negocios comunes en los que los uniformados tienen a cargo la faz más operativa, como lo prueban los episodios de Córdoba y el ataque a Bonfatti en Santa Fe.
Estas asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los pretendidos “saqueos” paralelos a los acuartelamientos. La presión aplicada a los gobernadores es, a escala masiva, la misma que reciben a diario los pequeños comerciantes de los barrios, que saben que si no pagan la “cuota” a la brigada o comisaría de la zona van a ser prontamente asaltados.
La forma empleada es otra evidencia de lo alejado que están estos reclamos policiales de los métodos de los trabajadores. Por poner sólo un ejemplo, jamás un trabajador de la salud dejaría -o promovería- la muerte de los pacientes internados para mostrar la importancia de su tarea.
No menos característica es la inmediata y efectiva reacción de los gobernantes, que, en lugar de rechazar todo diálogo, como hacen habitualmente cuando el reclamo es de trabajadores, o de delegar en algún funcionario de cuarta línea un simulacro de negociación para desgastar el conflicto, se apresuran a atender personalmente a sus alterados perros guardianes y buscar soluciones, incluso si, como Scioli, deben interrumpir un viaje al exterior y suspender una reunión con un ex presidente yanqui.
Las declaraciones del jefe de gabinete Capitanich, que atribuyó el amotinamiento a una intención caricaturesca de “socavar las bases de la legitimidad democrática”, es muestra de su verdadera preocupación. La “legitimidad democrática” que Capitanich defiende, se conmueve si se pone en evidencia que su sustento es, como lo vemos a diario, la represión.

Territorialidad-gobernabilidad, paradigmas y tensión

El partido narco-policial, instalado como un actor político central y con enorme poder de desestabilización, aprendió la fórmula. Los recientes acuartelamientos son un pase de facturas y marcada de cancha para la clase política en particular y para la sociedad en general.

Bajo el pretexto de aumento salarial y de condiciones laborales, la función de garante del orden del aparato represivo quedó relegitimada.
Ese significado cobra un sentido aún más preocupante para una agenda popular cuando se lo enmarca en la cuestión de la seguridad. Entendiendo que este último es uno de los reclamos sobre el que se pone mayor enfásis, a la vez de significados más laxos, desde las cajas de resonancia de los grandes medios de comunicación.
La avanzada represiva va en aumento con la decisión del gobierno nacional de enviar gendarmes a los distintos "puntos calientes" del país. Esto es querer apagar un incendio con más fuego. En esta técnica de contrafuego, que puede dejar tierra arrasada, la lógica que prevalece es la más perversa: las disputas y negociaciones de la narcopolítica lo van a pagar los de abajo. Nuestro pueblo es quien más sufrirá la militarización de sus territorios, producto de la estigmatización que ya se padece en las barriadas populares de todo el país.
Plantear el problema de los saqueos sin señalar los nichos que desde el poder garantizan e institucionalizan la violencia y la corrupción, es abonar un discurso vacío y encubrir, ya que lo que no está en escena es la relación íntima entre crimen organizado y policía.
En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, PFA-, la situación es la misma. Las cajas del autogobierno de las fuerzas son la trata, los secuestros, el robo de automotores y el narcotráfico.
La complicidad entre los sectores judiciales, políticos y represivos es totalmente funcional: necesitan el control territorial que ofrecen las fuerzas, ya que ahí reside la verdadera garantía de gobernabilidad en la situación excepcional y no en la política partidaria.
La militancia política pone en jaque ese paradigma de poder. Esto queda demostrado en cada hecho de asesinato, persecución y ataque a las organizaciones populares que construyen y organizan desde los diferentes territorios. La militancia social y política permite el despliegue de la territorialidad del poder, a la vez que contiene y propone identidades disruptivas respecto de lo que ofrecen las fuerzas represivas pero también los estamentos narcos. Ese elemento es perseguido desde la dinámica del poder hegemónico.
La sanción en diciembre de 2011 de la Ley Antiterrorista, que abrió la puerta al disciplinamiento más directo para intervenir frente a la protesta social, fue un punto de inflexión.
También casos como el de las recientes condenas a Raúl Boli Lescano y Fernando Esteche son ejemplares. Mientras el asesino de Carlos Fuentealba camina libre, este juicio irregular terminó con la condena a más de 3 años de prisión para los militantes. O como lo sucedido con la toma del Parque Indoamericano, cuando la necesidad habitacional arrojó a miles de familias a la conquista de un derecho básico, y la respuesta fue represión y criminalización, como lo muestra el procesamiento de los militantes del Frente Popular Darío Santillán y de la Corriente Clasista y Combativa, Diosnel Pérez y el Tano Nardulli.
Luego de las extorsivas jugadas del partido narco policial, y los premios obtenidos, queda preguntarse qué respuesta habrá para otros reclamos, quizás más sentidos, por el conjunto del pueblo. Hoy se cumplen 30 años de democracia y las necesidades sociales siguen insatisfechas o en condiciones precarias: alimentación, tierra y vivienda, salud, educación y trabajo. Solo el paradigma de una militancia por el cambio puede dar resolución a estos grandes temas.

Mario Ortega

30 años de gobiernos constitucionales en la Argentina

No es un dato menor que en la Argentina se cumplan tres décadas sin golpes de Estado. Resalta el dato, ya que entre 1930 y 1976-83, la seguidilla de golpes fue la norma de una inestabilidad institucional que terminó con el genocidio y la re-estructuración reaccionaria de la sociedad capitalista argentina. Aquellos cincuenta años de alternancia entre regímenes constitucionales y golpes, constituyen el antecedente para valorar el periodo reciente entre 1983 y 2013, aunque el legado de la última dictadura se consolidara bajo un gobierno constitucional en los años 90.
En efecto, los 90 consolidaron mutaciones estructurales que definen nuestra organización económica social, con una estructura de clases y de poder que afirman la dependencia argentina del capitalismo mundial como rasgo esencial.
El capitalismo argentino se sostiene en un modelo productivo que en el campo encabeza la producción sojera, inexistente antes de los años 70, y estimulada y potenciada desde 1996 con la autorización de los transgénicos. Desde entonces se transformó en la principal producción exportada y fuente de divisas para la inserción subordinada del país en la división internacional del trabajo.
Otra novedad que viene con los 90 es la mega minería a cielo abierto, producto del cambio del código minero en 1996 y los acuerdos con Chile. Se trata de un sector atractivo para el ingreso de capitales externos. Los inversores fluyen al país como consecuencia de las múltiples facilidades para la explotación de la naturaleza, facilitados por los cambios institucionales de los 90, incluida la reforma constitucional que transfirió a las provincias el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales.
En el sector industrial se procesó un cambio sustancial sobre la dinámica de dos velocidades, uno tradicional con escasa mejora tecnológica, sustentada en bajos salarios y orientada al mercado interno, otra, minoritaria, mayoritariamente colonizada por el capital externo, moderna y organizada para la exportación, con salarios bajos en dolares para competir en el mercado mundial. El sector automotriz marcha a la cabeza, generando un gran déficit en divisas por el ingreso de partes importadas necesarias para armar el producto final.
El sector de servicios, especialmente la banca y las finanzas denuncian su carácter dependiente, afirmado en una deuda impagable. Los gobiernos constitucionales escamotearon la investigación sobre la ilegalidad e ilegitimidad de las acreencias externas. Es más, en estos años, de reducción importante en términos porcentuales, terminó de transferir el peso de la carga al conjunto de la sociedad, pues se canceló deuda externa contra acreencias en manos de la ANSES, el BCRA y otros ámbitos locales.
Pero no solo se trata de cambios en la economía, sino de la sociedad. El miedo gestado en años de plomo se proyecta de diferentes maneras durante la vigencia de gobiernos constitucionales. Son el miedo a la hiper inflación y al hiper desempleo. Del terror físico, a la tortura y la desaparición, al ejercicio de la violencia sobre los cuerpos y las mentes, al terror de la inestabilidad en la reproducción de la vida cotidiana y la pérdida del empleo. El miedo condiciona la cultura individual y de masas. Desorganiza y desarticula las capacidades de resistencia y pensamiento por una nueva sociedad.
Hemos sostenido que el logro mayor del neo-liberalismo, que inició su gesta en 1975/6 fue precisamente la des-articulación de sujetos para el cambio social. La gigantesca acumulación de fuerza popular gestada desde fines de los años 60 y mediados de los 70 necesitaba ser desarmada. ¡Ese fue el sentido histórico y mayor éxito del golpe del 76! Sus secuelas se mantienen aún, a pesar del tiempo y se manifiesta como fragmentación del movimiento popular y cultura social del individualismo y el consumismo.
Se trata de una cuestión cultural que resulta necesario contrarrestar. Ese patrón de consumo y cultural solo podrá ser mutado desde el cambio del modelo productivo y su impacto en el cambio de la matriz de consumo. No solo es economía, sino cultura social extendida.
Economía y cultura, sí, pero también, política. El 1983 fue el renacimiento de la vida política y sus principales partidos, especialmente el PJ y la UCR. Los cambios operados en el capitalismo local fueron encarados por estructuras partidarias que intentaron su renovación de cara a las nuevas demandas del orden social y el poder. El resultado es la crisis política en el marco de la estabilidad constitucional. Los principales partidos se han dividido y modificado su forma de expresión y presentación en sociedad. De ser expresiones programáticas se transformaron en instrumentos capta electores sobre la promoción de persona, hombres y mujeres que manifestaban un liderazgo personal más que partidario.
La crisis política tiene varios episodios en estos treinta años. El radicalismo no pudo terminar los dos periodos en que encabezó el gobierno y sufrió variadas deserciones hasta casi desaparecer de la escena electoral. Pese a ello sigue siendo segunda fuerza institucional por extensión de legisladores y cargos ejecutivos. El peronismo osciló con un discurso tradicional, a derecha e izquierda para disputar consenso electoral masivo. Es una identidad con fracturas y diversidad de expresiones que disputan la tradición, y en ese proceso presenta diferentes versiones, incluso contradictorias del verdadero legado. Con todo, constituyen la primera minoría y en diferentes versiones, pueden ser ampliamente mayoritarios en el ámbito institucional. Es una crisis política que se extiende a otras identidades políticas y que se manifiesta también en desarticulación, fragmentación, y división.
Es cierto también que existe búsqueda de nueva representación política. Hubo intentos en las tres décadas, a izquierda y derecha. Sigue siendo una asignatura pendiente la emergencia de una propuesta alternativa popular que otorgue sentido a un nuevo tiempo histórico de la identidad popular para transformar la sociedad, incluso más allá del capitalismo. Es el marco de los debates en Nuestramérica, signados por el cambio político en el nuevo siglo. Es cierto que la Argentina contribuyó a este clima de época con la pueblada del 2001, pero requiere ser completada en un proceso emancipatorio de liberación nacional y social. Importantes camadas de militancia popular vieron frustradas sus aspiraciones de cambio político, confiando en liderazgos que entusiasmaron a porciones importantes de la sociedad y que no prosperaron por límites de objetivos y una referencia acotada al capitalismo. El capitalismo no aporta soluciones a los pueblso, nos dijo Chávez cuando formuló su "Socialismo del Siglo XXI". Es un tema a resolver en toda la región y en el mundo. No alcanza con pensar una "alternativa posible" y se necesita ir más allá de los pensado posible. La historia demuestra que el limite de lo posible es rebasado por la acción del movimiento de la sociedad. Es el caso del 2001, que resuena como posibilidad histórica de cambio social en nuestro tiempo, no de igual manera, pero si en la esencia de la demanda por una nueva realidad.
En treinta años de estabilidad constitucional existe espacio para una alternativa anti-capitalista y anti-imperialista, incluso por el socialismo. Solo será posible, si en el país se cierra el legado vigente de la cultura sembrada en décadas de neo-liberalismo y se gestan los instrumentos de restablecimiento de una subjetividad social masiva por el cambio social, un programa de transformaciones estructurales y la gestación de nuevos instrumentos políticos que superen la tradición de subordinación al dominio del régimen del capital y la explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.

Julio C. Gambina

Saqueos & policías, a 30 años de democracia: ¿cuál es la bomba de tiempo?

¿Cómo entender lo que está ocurriendo desde abajo, desde los barrios? ¿Cómo juega lo político? ¿Y la inflación? ¿Cuál es el combustible del accionar policial? ¿Cómo pensar este momento y el futuro? Las miradas del padre Pepe, en la villa cercana al CEAMSE; Carlos Núñez de la Biblioteca Pocho Lepatti de Rosario; el Vasco René Irurzun, de los movimientos sociales de Cipolletti, Río Negro; Lalo Paret de los barrios construidos sobre la basura en José León Suárez en el conurbano. De qué manera juegan lo social, lo sistémico, y lo personal, en pleno cumpleaños democrático.

Desde abajo

La sorpresa es la reiteración. Diciembres desquiciados, angustiantes, violentos. ¿Cómo los entienden los que viven en esos territorios calientes, pobres y criminalizados? Primer pantallazo:
“A veces cuesta opinar, porque parece que uno está a favor o en contra de un partido o gobierno, cuando lo que uno intenta es entender lo que está pasando”, reflexiona José María Di Paola, el padre Pepe, desde la villa bonaerense La Carcova.
“Hay deudas democráticas. Uno ve fuertes avances en estos 30 años de democracia, pero los sectores que no tenían trabajo siguen igual, o se repiten situaciones que le impiden a la gente dignificarse”, dice Carlos Núñez, director de la Biblioteca Pocho Lepratti, de Rosario.
“Lo que se consolida es el poder de descomposición. Es un tema local y global. Pero estos saqueos y acciones policiales que estamos viendo no son una tragedia, son una comedia, una payasada que trae Papá Noel sin nada reivindicable, salvo para una política que domina a todos: lograr que la que mande sea una derecha, más allá de que el que gobierne diga que es de izquierda”, plantea René Vasco Irurzun, del Movimiento Dignidad, de Cipolletti.
“El control, el poder de movilización y acción, no lo tiene la política ni los partidos. Lo tiene la policía. La gestión sólo parece consistir en contener a la gente. Pero todos se la pasan hablando de si es bueno el que saqueó harina, malo el que saqueó el plasma. Canal 13 y Canal 7 hacen la misma. Mientras no hablemos de los temas de fondo, todo esto es puro entretenimiento”, supone Ernesto Lalo Paret, vecino de José León Suárez, motor de fábricas recuperadas, cooperativas de reciclado y proyectos comunitarios en esos barrios construidos sobre los basurales.
Observa el Vasco sobre la actualidad territorial algo que podría ser una nueva lección para los estudios políticos del presente: “Descompone y reinarás”.
De lo que percibe Lalo, se desprende otra lección: “Gobernar es contener”.

Inflación, soja y policía

El padre Pepe Di Paola es el primer cura que se instaló a vivir en la villa La Carcova, en el partido de San Martín. Colocó al Gauchito Gil junto a la Virgen de Luján. En la capilla hay fotos del papa Francisco en la puerta, y del padre Carlos Mugica adentro. “Hay una diferencia grande entre la situación actual y el 2001, pero hay huellas más profundas que los índices económicos. Hay un descenso muy grande de lo social, chicos criados en comedores, achicamiento del sector productivo, avance de la soja, expulsión de gente del campo, cantidad de cosas que impactan la vida social, y que con el agregado de la droga que impacta muchísimo en sectores juveniles”.
Más lejos, desde Cipolletti, el Vasco René Irurzun (generador de los Movimientos de Trabajadores Desocupados de la zona de Río Negro, y del actual Movimiento Dignidad) plantea el siguiente mapa: “Sobre las dificultades de la situación social, lo que estamos viviendo es a una policía que cobra autonomía con respecto al Estado y la política, y ha generado un poder autosuficiente gracias a una fuente de recursos inagotable: el narcotráfico. El Estado se muestra impotente frente a eso. Hacen negocios por su cuenta y en vez de avanzar sobre la democratización de la policía, la institución se pervierte cada vez más. Y el Poder Judicial no es ajeno a eso. Sumale la inflación sin control, y la incapacidad del modelo que crea cada vez más necesidades para gente cada vez más empobrecida, y eso genera una psicosis como la actual, que se repite en cada diciembre, donde parece que cualquier cosa es posible”.

Los sospechosos de siempre

En Rosario Carlos Núñez propone este panorama: “Hay mucha angustia, año tras año, pero se ve que está todo muy armado por una policía cuya vinculación con el narcotráfico ya no es una sospecha sino una certeza comprobada. Y justo antes del aniversario de la democracia, aparece toda esta situación extorsiva. Pero claro, te hace pensar en las deudas fuertes de la democracia. La cuestión de la seguridad comunitaria, participación de sectores sociales y no que terminen siempre favoreciendo a estas fuerzas represivas”.
Carlos reconoce un dilema. “Se dice que los policías también son trabajadores, pero nunca dejamos de pensar que es la misma policía que mató a Pocho Lepratti”. En diciembre de 2001 lo mataron cuando subió al techo del comedor barrial a gritar que no dispararan porque allí había chicos. Lo mataron de un tiro en la garganta.
“Mataron a Pocho, pero asesinaron también a cientos de chicos y esa es una deuda pendiente con toda la comunidad”, dice Carlos. “No es lo mismo que salgan los docentes. ¿Qué te van a tirar? ¿ Tizas? Pero comprendiendo eso, no podés dejar de ver que la situación de las familias excluidas del trabajo sigue siendo la misma. La situación estructural no cambió, y los avances que uno reconoce no llegaron a transformar lo que sigue presente como demanda”.

La nueva pobreza

Irurzun propone comprender que la política tiene siempre resultados en la subjetividad, en lo que llevamos como bagaje de ideas, sentimientos y miradas. “Un modelo de rapiña, de saqueo de recursos naturales, un modelo que privilegia a las corporaciones multinacionales, genera una subjetividad de rapiña, saqueo y privilegios, en la cual todo el mundo cree que puede tomar lo del otro o hacer cualquier cosa”.
Para el Vasco no se trata de pobreza económica, solamente, sino de algo más nuevo: “Hay una pauperización mental, una pauperización de los sentidos. Siempre hay que sacar una tajada. Claro: si el jefe de Drogas Peligrosas tiene autos de lujo y vive en la opulencia y es jefe del narcotráfico, ¿qué puede pensar incluso un policía? Todo lleva a la legitimidad de rapiñar”.

Medios, miedos y Pichiruchi

Los medios son parte del problema y no de la solución, sugiere Irurzun: “Porque son hacedores de esa subjetividad. Exacerban el consumo, y la violencia. Al hablar de inseguridad y violencia generan situaciones de miedo. El miedo lleva a muchas personas a encerrarse, pero a otras las empuja a no quedarse afuera de la rapiña, y a salvarse de cualquier modo. Clarín ataca a tal o cual funcionario, pero es mugre superestructural. La situación de fondo es idéntica y de descomposición”.
Mientras las pantallas destilan tales contenidos, la policía es la que tiene “una capacidad delictiva totalmente desarrollada para incentivar situaciones como las actuales: es una autonomía delictiva, no controlada por el resto del Estado”. El poder de esas fuerzas, sostiene Irurzun, proviene de su relación con fenómenos económicos como el narco “al cual el gobierno está lejísimos de controlar, o de tener un interés político de hacerlo, y menos a nivel provincial. Un gobernador es un Pichiruchi que no tiene la capacidad ni el poder de la policía”.

Ayer militares, hoy policías

Lalo Paret cree que la política como la conocemos está agotada en los territorios. “Lo único que moviliza en términos de orga es la policía, que además le dice al que gobierna: ¿Viste lo que te puede pasar si yo no controlo la situación?”
Si el siglo 20 estuvo signado por “el problema militar” en la vida política argentina, los últimos 30 años muestran la evaporación de ese “problema” para la gente, reemplazado por el “problema policial”. Es la policía la que controla, disciplina, reprime, corrompe y se enriquece a costa de la sociedad. “Y parte de la sociedad cobija todo esto. Yo creo que por eso va a haber más efectos de este tipo. Pero el problema de fondo es otro. La raíz es que después de la dictadura, y profundizado en democracia, no se modificaron cuestiones de pobreza que no tienen que ver con la Asignación Universal por Hijo. Lo que digo es que si no soy sujeto de verdad, si no tengo posibilidad real de acceder a la salud, la justicia o la escuela, soy peor que antes”.

Gestión + contener – corpiños

Paret sostiene que la situación está yendo para atrás. “No se piensa a gran escala, en qué va a pasar de aquí a 20 años. Todo es el efectismo. Cambian un colorcito, una banderita. El tema no es transformar o mejorar, sino contener. La gestión es contener, armonizar, todo pegado con moco, pero que siga para adelante. Lo ves en Santa Fe. ¿Eso es socialismo? Ahí están contando la plata de la soja delante de los pobres”.
El poder está miope y soberbio, dice Lalo, “y hay gente que te habla de Duhalde. Che, ¿Duhalde andará por La Carcova? Es no tener noción de lo que pasa en el territorio. Mientras tanto sí se comprende que la harina está a 11,60 y que la inflación desquicia todo”.
Padre Pepe: “Produce un enojo porque la gente ve que todo sale el doble. Pero no por eso piensa en saquear”.
Lalo: “Pero cuando se da la situación, la señora del 7° que no tiene problemas, se suma al saqueo y se afana un corpiño. Es como un ánimo, y no sé cómo explicarte: lo toman como una venganza justa. El ánimo social está así”.

Saqueos motorizados

Un detalle interesante observado por el Vasco Irurzun es que los saqueos no se organizan con celulares. “Porque la policía sabe que ahí deja pruebas. Se manejan en motos, los propios policías o los que trabajan para ellos, pueden cortar calles, avisar dónde y cuándo habrá un saqueo, y esa es la metodología que se ve desde hace rato”.
Otra noción: “Es una etapa de fuerte descomposición de las relaciones sociales, de la conviviencia. La Presidenta dice que la democracia es el otro, pero eso no existe. Existe el sálvese quien pueda”. ¿A quién puede atribuirse eso? “A la política del gobierno. Porque vos tenés el plan social, la bolsa de comida de la provincia, el reparto de droga, o trabajar para la policía. Y muchas veces todo eso junto. El común denominador es que la vida ha pasado a no tener valor. Cualquiera se vende, se compra, se corrompe. Hay pibes en las esquinas que establecen pactos de convivencia. ¿Sabés cuál es? No violar a las hermanas de los otros. Hasta ahí llegan”.

Remar contra la descomposición

Pero frente a eso se ven cantidad de situaciones diferentes, de construcción social, de cuidado ambiental y comunitario, de realización productiva, de defensa y ampliación de derechos: “Por supuesto. Son las luces que reman contra la corriente. Pero esta es la corriente, y en todo caso ponemos las mejores esperanzas en que esas luces sean las que nos muestren como salir de la descomposición y la decadencia”.
Cree que el problema no es sólo local sino global: “El poder está muy lejos de la Casa Rosada y de los partidos políticos. Hoy son capitales y dinámicas de poder real, que funcionan a partir de la descomposición social. Hoy no se puede gobernar en este esquema si no es descomponiendo”. En ese rubro contabiliza el Vasco la desaparición de movimientos sociales en las entrañas políticas y económicas del actual Estado. “Y las democracias no como formas de libertad, sino como formas de dominación”.
Definición: “Lo que se percibe es una descomposición globalizada de lo humano, que es la forma de sostener lo que hacen los gobiernos y corporaciones del mundo. Por eso creo que los cambios, esas luces que mencionábamos antes, nacen fuera del Estado y del mercado”.
¿Qué representan? “Lo expresaría así: representan que la vida sigue presente, sigue desenvolviéndose. Todos podemos caer en la descomposición, o seguir viviendo y respirando un aire distinto. Digno. No contaminado por estas cuestiones. Los que querramos hacer eso, seguiremos haciendo cosas. Lo otro es la pudrición, en el sentido más llano, cuando se pudren los sentimientos, los sentidos, las virtudes de lo humano y de la vida. En ese punto hay que decidir si seguís con la corriente o te largás a remar en contra de la descomposición”.

Lavaca

El pacto PRO-K, recargado

Al igual que a fines de 2012 y durante este año, el PRO y los legisladores kirchneristas llegaron a un acuerdo para la aprobación de una serie de medidas que el macrismo impulsa para la ciudad. El reparto de cargos de organismos públicos en el trasfondo de este acuerdo.

Como sucediera a fines de 2012, y durante algunas sesiones de 2013, la legislatura porteña se vio envuelta nuevamente en acusaciones acerca del pacto entre el PRO y el kirchnerismo. En este caso nos referimos al acuerdo para la aprobación de una serie de medidas que el macrismo logró sancionar, entre ellas la extensión de los parquímetros hacia zonas de la ciudad que antes no los contemplaban y la ley para la creación de la villa olímpica, y el “distrito del deporte” en la comuna 8, de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en 2018.
Era diciembre de 2012 cuando en la última sesión de la legislatura porteña el PRO logró aprobar con los votos de los legisladores del Frente para la Victoria la venta de un conjunto de tierras de la ciudad, entre las que se encontraba del ex Mercado del Plata, para de esta manera obtener fondos para la construcción de un Centro Cívico en el Sur de la ciudad. Junto a este proyecto se había votado también la rezonificación de distintos puntos de la ciudad, que terminaría favoreciendo la profundización de emprendimientos inmobiliarios, capitalizados principalmente por IRSA.
Este año en las sesiones de octubre se volvió a ver la alianza tejida entre el macrismo y los representantes kirchneristas, quienes votaron un nuevo endeudamiento de la ciudad, y la venta de inmuebles públicos.
Para fin de año los acuerdos alcanzaron el proyecto de extensión de los parquímetros hasta alcanzar casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires, y la creación de un distrito deportivo en la comuna 8. Este ultimo enfocado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en 2018.
El proyecto de parquímetros implica la extensión de esta modalidad de estacionamiento para automóviles a nuevas áreas de la ciudad que antes no eran afectadas por el mismo, y su división en zonas de acuerdo al tráfico recibido, lo que implicará valores diferenciales para estacionar en cada una de ellas. Por otro lado el macrismo debió abandonar la idea original de aplicar el cepo, y habrá estacionamiento gratuito para quienes acrediten residencia en la cuadra donde estacionan.
Por otro lado el proyecto referido al “distrito del deporte” en la comuna 8, que contiene a los barrios de Lungano, Soldati, y Villa Riachuelo, implica exenciones impositivas (ingresos brutos, sellos e inmobiliarios) para empresas que se radiquen en el distrito con el objetivo de producir artículos deportivos, e infraestructura vinculada al deporte. Este proyecto era denominado Plan Maestro, y junto con lo anteriormente descripto contemplaba también la venta de 70 hectáreas, lo que finalmente quedó fuera del proyecto votado.
En defensa del proyecto el legislador macrista Cristian Ritondo sostuvo “con este proyecto queremos lograr que en Lugano haya nuevas industrias que generen puestos de trabajo”. Organizaciones sociales cuestionaron que no fueron escuchadas al momento de la discusión del proyecto, ni tampoco se tomó en cuenta la opinión de las juntas comunales al ser no vinculante lo decidido por las mismas.
Los votos para la aprobación del proyecto vinieron por parte del interbloque kirchnerista, salvo la legisladora María José Lubertino, y Nuevo Encuentro. Finalmente con 44 votos a favor y 16 en contra, el proyecto vio luz verde.
El pacto que vienen sosteniendo en la legislatura porteña los legisladores kirchneristas con el macrismo alcanza también el convenio del juego, donde el empresario Cristóbal López tiene fuertes intereses. El proyecto que se tratará hoy en la legislatura viene de la mano del acuerdo alcanzando entre Mauricio Macri y Lotería Nacional, para que el empresario del juego pague un canon de 300 millones de pesos anuales por los juegos de azar. Desde la oposición impugnan el acuerdo al señalar que el mismo conlleva la exención del pago de Ingresos Brutos por el cual se podría haber recaudado en los últimos años 1000 millones de pesos.
En la sesión de hoy el bloque macrista buscará tratar también el proyecto de construcción de un Shopping en Caballito resistido fuertemente por organizaciones sociales. Sin embargo la nota principal en la sesión de hoy será el reparto de cargos en los diferentes organismos públicos de la Ciudad. Cinco legisladores cuyo mandato vence este año pasarán a ocupar un lugar en la Defensoría del Pueblo, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, el Ministerio Publico Local, y el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Los acuerdos alcanzados entre el PRO y el FPV llevaran a que Alejandro Amor, legislador en el bloque que conduce Juan Cabandié sea el nuevo Defensor. También se verán beneficiados quienes este año y luego de una férrea oposición al macrismo votaron sus proyectos, entre ellos Julio Raffo de Proyecto Sur.

Marcha

Qom: “Tres años de Impunidad”

Hace ya tres años, la represión de la policía de Formosa terminó con la vida de Roberto López, de la comunidad Qom La Primavera. Fue un punto bizagra de la lucha que lideró Félix Díaz, hasta llegar a Buenos Aires, para devolverle dignidad y nombre a su gente: Potae Napocna Navogoh. Sin embargo, la impunidad sigue vigente porque los qom son criminalizados y la lucha territorial continúa sin resolverse frente a un relevamiento provincial y nacional que no reconoce los derechos indígenas.

El 23 de noviembre de 2010 la Comunidad Qom de Formosa reclamaba en forma pacífica sobre la ruta nacional 86 por la usurpación de su territorio cuando fue brutalmente reprimida, incluyendo a ancianos y niños de ambos sexos. Desde el Grupo Resistencia Qom recordaron así el hecho: “Seguramente las fuerzas represoras del estado provincial pensaron que nadie se iba a enterar de lo que estaban haciendo. Y se enteró el país y el mundo”. Vale aclarar nuevamente que la entonces diputada Silvia Vázquez había anticipado la gravedad de la situación, pero el bloque del Frente para la Victoria interrumpió su tratamiento por pedido de los representantes del gobernador Gildo Insfran.
“No hay ni un solo funcionario ni un policía acusado. Por el contrario, sólo los qom somos criminalizados. Tenemos tres causas en contra. Varios desde nosotros, incluidos nuestro qarashe Félix Díaz, se encuentran procesados, otros veinte están imputados”, expresó la propia Comunidad en un comunicado publicado ayer. Algunas de las causas se armaron porque por la represión también resultó muerto un policía de Formosa. Así, desde el principio, los gobiernos provincial y nacional adhirieron a una especie de “teoría de los dos demonios”, adaptada a continuar el genocidio indígena. Luego de ello, los ataques continuaron y murieron más integrantes de la comunidad, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó garantizar la seguridad en la zona.
El hecho es de tal gravedad que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) expresó hace unos días: “La justicia procesó a Félix Díaz por una causa armada por la policía formoseña” y agrega luego “con el objetivo de criminalizar a los integrantes de la comunidad”. Allí se los acusa de “haber atacado a efectivos policiales y haberles robado armas durante la mañana del 23 de noviembre de 2010, horas antes de haber sido víctimas de una feroz represión”. Por su puesto, la causa armada es necesaria para sostener la teoría de los dos demonios, incluso porque se sospecha que el policía muerto lo fue por un arma reglamentaria de las propias fuerzas represivas. El CELS denunció desde el principio “numerosas irregularidades y falsedades” y que la “frágil versión de la policía” fue para “aportarle una excusa para reprimir”.
Con la misma argumentación, pero en un tono aún más contundente, se pronunciaron las organizaciones Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Nora Cortiña), Orgullo Qom y Fundación SERPAJ (Pérez Esquivel). Allí puede leerse: “La connivencia entre los poderes del estado provincial sigue dando sus frutos”. Y también: “No hay pruebas, sólo inventos, en el país que se respetan los derechos humanos”. La conclusión es precisa: “Los indígenas fueron procesados y los responsables de la preparación de esta trampa (…) no sólo gozan del privilegio de la libertad sino que no han sido imputados por ninguno de los hechos cometidos”. Asimismo, apoyaron la acción legal del CELS en defensa de la comunidad.
En ese mismo comunicado, como entidades parte de la Mesa de Garantes, también expresaron: “Paralelamente al procesamiento de los qom el estado nacional está por entregar a la comunidad los resultados del relevamiento territorial que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que han resultado profundamente incompletos dado que se han relevado sólo el título comunitario y dos de los más de treinta lugares de ocupación tradicional, actual y pública”. Y agregaron: “Exigimos el georreferenciamiento de todos los lugares de ocupación tradicional y actual del territorio qom para que se respete el derecho indígena y se cumpla con la ley de Emergencia Territorial en su totalidad”.
Así lo confirmó la propia Comunidad Qom en el comunicado de ayer. “Lastimosamente, la semana pasada el INAI [Instituto Nacional de Asuntos Indígenas] y el ICA [Instituto de Comunidades Aborígenes] nos han presentado una cartografía preliminar que no respeta el largo trabajo que hemos realizado junto a los técnicos. Son muchas y muy serias las irregularidades del mapa”. Entre ellas: “Por ejemplo, no figuran ni el conflicto con la familia Celia ni con la Universidad/ Provincia”. También la comunidad denuncia que no se incorporó la totalidad de puntos dentro del Parque Nacional Río Pilcomayo. Incluso no registra el lugar donde vive Félix Díaz, pues es la razón por una causa de “usurpación” que se le impulsa.
“Los resultados de la cartografía presentada por el INAI son tan disparatados que reconocen menos hectáreas a la comunidad que las que se consignan en el título de propiedad comunitario provincial”, expresan en el comunicado.
En este contexto, señalan: “Para colmo la Corte Suprema, que era nuestra última esperanza, avala -hasta el momento- todo lo que vienen haciendo ambos gobiernos”. Desde el Grupo Resistencia Qom también mencionan: “Fue una parodia el proceso de resolución del conflicto que se inició en el Ministerio del Interior en mayo del 2011 y es una parodia el relevamiento territorial que se está realizando actualmente a través del INAI-ICA. Esperemos que la actuación de la Corte Suprema de Justicia tenga un desenlace diferente”. La comunidad sigue pidiendo: “Una salida de justicia, respeto y diálogo”.

El acuerdo con Repsol y la impunidad ambiental

La negociación del gobierno argentino con Repsol, para cerrar el proceso de expropiación de YPF, enmarca en la ‘Razón Petrolera’, una lógica que privilegia los derechos adquiridos por la empresa sobre cualquier otro derecho.
A principios de 2012, en vísperas de la expropiación parcial de las acciones de YPF en poder de Repsol, la desinversión y fuga de capitales, sumado a los pasivos ambientales resultantes de la actividad de esta empresa, fueron presentados para respaldar una decisión, de por sí, soberana. Las denuncias de las comunidades directamente afectadas por la explotación de hidrocarburos en sus territorios, que desde los años ’90 habían sido desatendidas y criminalizadas, fueron utilizadas como argumento para minimizar la valoración del paquete expropiado. Guillermo Coco, ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén, proyectó en 1.500 millones de dólares el pasivo ambiental que tenía YPF-Repsol (Río Negro, 15/05/2012). En ese sentido trascendió que un inventario elaborado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz le atribuía a Repsol un pasivo ambiental valuado en 500 millones de dólares. El listado de irregularidades incluía unas 1.700 piletas mal desechos saneadas, sobre un total de 5.000 que la empresa tiene en la provincia. En tanto el ministro de Planificación, Julio De Vido, por esos días afirmaba: “Vamos a acogernos a lo que plantee la ley que fijará el valor (de la compañía). Pero el desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio” (Revista 23, 25/04/2012).
Los daños socio-ambientales, externalizados a partir de políticas públicas que durante dos décadas redujeron al plano de lo simbólico la aplicación de normas ambientales, controles, sanciones y remediación, se transformaron en letra fuerte del relato del momento. Un relato que condenaba a Repsol pero que exculpaba a quienes desde la función pública, por acción u omisión, también debían responder por esos pasivos.
Poco después de consumada la expropiación los pasivos ambientales volvieron a las sombras, en la actual negociación con Repsol brillan por su ausencia y tampoco hay en marcha un plan de remediación. El relato actual apunta a dar señales al mercado, decirle que Argentina es un país que garantiza la seguridad jurídica y se ajusta a la ley –aunque todavía no está claro si el Tribunal de Tasación va a intervenir en determinar el monto indemnizatorio o será a través de una negociación entre las partes, ni tampoco si se va a dar intervención en la negociación a las provincias que integran el directorio de YPF.
Dar señales al mercado para que las inversiones lleguen al país y así resucitar Vaca Muerta, nivelar la balanza comercial energética, lograr el autoabastecimiento y generar saldos exportables; de eso se trata nuestra soberanía. Una soberanía que no se sonroja si para alcanzar esos objetivos se articula profundamente con las trasnacionales del sector hidrocarburífero.
En un contexto donde se pretende transformar a Argentina en un país petrolero, a partir del desarrollo masivo de yacimientos no convencionales, no sólo se le dice a las corporaciones que en el país se da seguridad al capital –más allá de cualquier discurso amenazante– sino también, que se garantiza la externalización de los impactos, es decir, la impunidad ambiental.

Observatorio Petrolero Sur

Baltasar Garzón: La impunidad premiada

La impunidad es antigua como la propia existencia. Siempre hubo impunes, mentirosos, falsarios, camaleones. Ni qué decir el mal que estas actitudes le han hecho a la vida política y social de cada una de las naciones del mundo. En general, detrás de un acto de impunidad, siempre se esconde el doble discurso que finalmente consigue cómplices para justificar esa acción vil.
En los últimos meses, un ex juez español de fama bien ganada en lo que hace a ignorar los derechos humanos de quienes se rebelaron contra el sistema de opresión impuesto por los respectivos gobiernos de derecha neoliberal en la península, se ha convertido casi en un "prócer" en el atribulado imaginario argentino. Baltasar Garzón, se llama quien carga sobre su conciencia el haber visto y oído en su siniestro juzgado de la muy franquista Audiencia Nacional madrileña, los cuerpos y las denuncias de centenares de jóvenes vascos, catalanes, gallegos y hasta árabes, marcados por la tortura, violados, destrozados. Sin embargo, jamás hizo un gesto para sancionar esa violencia policial, muy por el contrario, desoyó las súplicas y enterró a sus víctimas en oscuros calabozos por varios años.
Entre los castigados por este proceder, hay numerosos periodistas, siendo los más destacados, el director del diario Egin, Javier Salutregi (aún detenido), la redactora Teresa Toda (recuperó su libertad hace una semana después de seis años de prisión por escribir e informar), Fernando Alonso (todavía preso), los periodistas Oriol Malló y Eduard López, ambos trabajadores de los semanarios catalanes El Temp y El Punt respectivamente. Casi todos ellos denunciaron torturas que Garzón no hizo a lugar.No contento con esas detenciones, el ex juez comandó el operativo policial que cerró a perpetuidad el diario vasco "Egin", la radio del mismo nombre, las revistas "Ardi Beltza" y "Kale Gorria", estas dos últimas dirigidas por el periodista Pepe Rei (el Rodolfo Walsh del País Vasco, por sus aportes al periodismo de investigación y de lucha), a quien el ex juez persiguió hasta la saciedad, encarcelándolo en varias oportunidades.
Tal fue esta obstinación, que Rei, desestabilizado por una nueva amenaza de prisión, se dio vuelta con su coche en una autopista, y ha quedado postrado en silla de ruedas de por vida. Por esas raras cosas de la impunidad y también de la desmemoria, Garzón se ha hecho "célebre" aquí en la Argentina. Lo invitan a charlas, lo homenajean, le otorgan el DNI argentino, y en el colmo del desparpajo, esta semana la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), le concedió el Premio a la Libertad de Expresión. Parece un mal chiste, realmente. Es como entregarle a Netaniahu una escultura de la paloma de la paz.
Sin embargo, esto sucede en medio de una borrachera de indiferencia, que de no existir, permitiría preguntar: ¿qué se obtiene con tanto culto a Garzón? ¿Quiénes han diagramado estos operativos político-mediáticos de blanqueo casi provocador de un personaje al que Organismos de Derechos Humanos internacionales y personalidades de esa área han puesto en sus listas como alguien que ignoró los mismos en varias oportunidades? ¿Cómo es posible que en un país en el que se ha padecido el Terrorismo de Estado en forma brutal, donde funcionarios judiciales muy parecidos al español (basta mencionar a los jueces Perriaux, Quiroga, Pons o al fiscal Romero Victorica?) enterraron en vida a miles de patriotas y revolucionarios de los 70, hoy se premie, se alabe, se le dé voz a Garzón? Allí está, para mayor bochorno un reportaje elogioso que esta misma semana le hacen al ex juez los integrantes de la revista villera La Garganta Poderosa, o las cientos de páginas que le han dedicado al ex juez sus amigos del diario Página 12. No vale la excusa de "yo no sabía nada", o aquello de que "a lo mejor están exagerando". No, cuando se trata de temas tan dolorosos como estos donde como telón de fondo hay luchadores torturados o encarcelados. En fin, Argentina es jauja para Garzón. Ha encontrado el sitio justo a la hora indicada, donde esconder su pasado y preparar su futuro (¿quizás asesorando en armar una ingeniería represiva contra la disidencia como la que ya hizo en España y en Colombia?). Todo ello, claro, en "defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión".
Feo asunto este de la impunidad, doloroso y difícil de digerir. Más allá de esta evidencia, no todo el mundo come vidrio, y la reacción ante semejante despropósito de poner en un pedestal a quien no lo merece, comienza a brotar poco a poco, para demostrar que este fenómeno de alienación deliberada, como tantos otros, no va a durar toda la vida.

Garzón en Argentina (Blog)

Córdoba ¿Fueron los negros de mierda?

Posicionamiento de la Biblioteca Popular de Bella Vista ante los hechos sucedidos en Córdoba

Grupos organizados, numerosos, violentos, asaltaron comercios de la ciudad de Córdoba durante la tarde del 3 y la madrugada del miércoles 4 de diciembre. La Policía estuvo acuartelada, ausente de las calles y a media mañana se avanza en la solución de un requerimiento salarial que se arrastró sin respuesta durante varios días.
Algunos grupos motorizados y coordinados tumbaron en dos horas el orden público que tanto defienden los gobiernos capitalistas. La situación de los saqueos -de centenares de supermercados, tiendas de ropa, locales y localcitos- dio lugar a la noticia más relevante, no sólo lo robado, las pérdidas, ni los peligrosos enfrentamientos entre pobres, sino la reacción social, progresiva y en aumento, contra el caos que reinó en la ciudad.
Esta reacción lógicamente tuvo como objeto individualizar a los saqueadores, atacarlos y defender los negocios. Miles de personas armaron barricadas, persiguieron motos y autos, linchando cada vez que pudieron a los que efectuaban saqueos. Al grito de fuera negros de mierda, los pequeños y medianos comerciantes corrían a punta de palos, escopetas y pistolas a las motos que iban y venían en todos los barrios de Córdoba.
A la par de las medidas que tomaban por su cuenta los dueños de los comercios, se instaló un reclamo común: que las fuerzas represivas vuelvan a ocupar su lugar, abandonado por un acuartelamiento que sostiene la Policía de la Provincia de Córdoba desde la mañana del martes, en el marco de un reclamo salarial.
A la luz de los hechos es posible sacar algunas conclusiones:
1) Nunca en la historia de los saqueos se dieron características como ahora, de extrema coordinación entre los grupos que accionaron. Tal fue el grado de organización que algunos sitios comerciales gozaron de una especie de extraña suerte. Hiper Libertad, Paseo del Buen Pastor, Patio Olmos, Dinosaurio Mall, no sufrieron saqueos. Otro dato: a medida que las barricadas de los comerciantes se fortalecían, los grupos se dirigían hacia otros sitios más liberados.
2) Nunca antes la gente se trasladó en camionetas, autos y motos para saquear. Habitualmente se dieron de dos modos: saqueos más organizados, en las puertas de los grandes centros comerciales; saqueos más espontáneos, en los locales más cercanos al punto de residencia de las personas que impulsaron las acciones.
3) La Policía de la Provincia sufrió hace poco tiempo una dura acusación que puso al descubierto el entramado de corrupción y la relación de las fuerzas policiales con el crimen organizado, lo que repercutió negativamente en cuanto al prestigio y el apoyo social hacia la Institución . En ese marco, las fuerzas policiales deciden acuartelarse y liberar de todo control el espacio público.
4) A partir de la intransigencia del ejecutivo provincial ante los reclamos de su principal fuerza de control social, se resiente su vinculación con los dueños del gatillo fácil, de la persecución de los pibes, las redes de trata de personas para la explotación sexual, las redes de narcotráfico, las torturas en cárceles y comisarías, la defensa de los intereses de las patronales y los monopolios nacionales y extranjeros.
5) La acuciante situación social, caracterizada por el hambre, la desocupación y la inaccesibilidad a los bienes de consumo masivos (televisores, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, ropa de marca, alimentos de alto valor económico, vehículos y motocicletas...), fue la base material para que se desarrollaran los focos de saqueo iniciados en toda la ciudad. Base que se seguirá solidificando a partir de las nuevas medidas de ajuste de Capitanich y Kicillof, a nivel nacional, y de los impuestazos en Córdoba (mantenimiento del medidor de Aguas Cordobesas: ¡500 pesos del bolsillo de los usuarios!).
6) Los focos del saqueo comenzaron todos de la misma manera, en franjas horarias simultáneas y tuvieron un modo similar: llegaba un auto con personas que rompían los vidrios y por atrás decenas de motos cargaban en el baúl del vehículo los productos, situación que duraba hasta que los grupos de personas que defendían los locales comerciales se hacían presentes en el lugar. Aparte de los focos, que superaron un centenar en toda la ciudad, se produjeron otras réplicas con características independientes.
Se puede sacar una conclusión más general: esta jornada de saqueo estuvo caracterizada por la simultaneidad y semejanza de los procedimientos, el caos y la reacción social que generó, y por el gran alcance que tuvo. Se llevó a cabo en medio de una reivindicación de las fuerzas represivas de la provincia, que exigen un aumento de sueldo y, sin lugar a dudas, legitimar su rol en la sociedad. Y se concretó corto tiempo después de hacerse pública una denuncia del Ejecutivo sobre la vinculación organizada entre la cúpula de la organización policial y las bandas narcotraficantes.
Lo que resta analizar y evaluar es la denunciada relación entre las organizaciones del narcotráfico y la institución policial y en qué medida el “desmadre” de anoche es un aviso de lo que pasa cuando el “poder” político pretende socavar las fuentes de ingresos de su propio aparato represivo. ¿Por qué vías y con qué consecuencias se restablecerá la fuente de ingresos del brazo policial del poder capitalista?.
Los pobres son de nuevo el hilo más fino por donde se corta el asunto. No van a ser las patotas que golpean a favor de Monsanto, los exponentes del crimen organizado, ni los verdaderos responsables de la grave situación social y económica que se vive en todo el país: los políticos que gobiernan para intereses sectoriales. Son una vez más los habitantes de los barrios marginalizados los que tienen que salir a explicar que no formaron parte de los saqueos, porque todos los dedos acusadores apuntan hacia el mismo lugar.
Eso sí, Monsanto, la Barrick Gold y Chevron tienen licencia para saquear. Y cuando el pueblo se levanta salen los gorditos de uniforme y las patotas a defender el saqueo legalizado por el Estado.

Susana Fiorito, Presidenta FPM y BPBV.

Las víctimas del franquismo rinden homenaje a los argentinos que lucharon en la Guerra Civil

"Esa gente fue a España a luchar por la libertad y la democracia de un pueblo lejano con el que, en muchas ocasiones, no tenía el menor lazo", afirma el el querellante español José María 'Chato' Galante

En el penúltimo día del viaje que ha traído hasta Argentina a las víctimas del franquismo, los querellantes han rendido un homenaje a los brigadistas argentinos que fueron a España para luchar a favor de la II República durante la guerra civil.
"Cuando se produjo el golpe de Estado contra la República democráticamente constituida, el mundo vio asombrado cómo las democracias occidentales miraban para otro lado mientras el fascismo apoyaba material, política y militarmente a los sublevados", explicó al público congregado el querellante español José María Chato Galante. "Hubo gente que pasó del asombro a la indignación, y de la indignación a la acción. Fue esa gente lo mejor de su generación, que fue a España a luchar por la libertad y la democracia de un pueblo lejano, y que en muchas ocasiones, no tenía el menor lazo con él", afirma.
Los miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), que están declarando estos días ante la jueza María Servini de Cubría, decidieron colocar una placa de honor en la esquina del bar Iberia, en el que cuelgan lámparas con los colores de la bandera republicana. Este lugar, ubicado en Avenida de Mayo, era el punto de reunión de los exiliados republicanos que aguardaban noticias sobre la Guerra Civil que acababa de estallar.
"¿Cómo agradecerle al pueblo argentino su apoyo, que nos ha permitido hoy dar otra pelea contra la impunidad de la dictadura franquista?", se preguntó Galante. "Pues con este homenaje al grupo argentino de las Brigadas Internacionales, que fue uno de los más numerosos y combativos". Este ex preso político del franquismo recordó también a Mika Feldman de Etchebéhère, la única mujer de ese contingente que llegó a ser capitana de una de las milicias populares. "En nuestro país no nos dejan poner una placa, y aquí es un ejercicio extraordinario de lucha por los derechos humanos y por recuperar la memoria", concluyó. "Y queremos rendir un homenaje a los brigadistas de hoy, a vosotros, que nos habéis permitido luchar. Sabemos que lo que hoy estamos haciendo no sería posible sin el apoyo de la gente en Argentina".
La plataforma argentina de respaldo a la querella, que acudió al evento, cantó el poema Coplas de Juan Panadero de Rafael Alberti. Los miembros de CeAQUA estuvieron también presentes en plaza de Mayo, donde acompañaron la ronda que Madres de Plaza de Mayo hace cada jueves en este lugar.

El exilio español

Entre tanto, proseguían por tercer día consecutivo las declaraciones de los querellantes españoles en el despacho de Servini de Cubría. La querellante Elsa Osaba expuso las deportaciones que sufrieron algunos españoles durante la dictadura. Ella misma nació en Francia, después de que su padre, su abuelo y su tía tuvieran que exiliarse. "A mis más de 60 años, he podido quitar el tapón de toda una represión de 40 años de franquismo", relató a Público tras salir del juzgado. La declarante es consciente, no obstante, de que hubo una gran colaboración entre la policía y los Gobiernos de Francia y España. "Las embajadas eran nidos de gente franquista", recuerda.
Unos 10.000 exiliados españoles fueron enviados por aquel entonces al campo de concentración de Mauthausen. Murieron allí 7.500. "Sigo viendo que las víctimas que sufrieron la deportación nunca han tenido una satisfacción desde el Gobierno español", reflexiona Osaba. "Sí hubo una plaquita por parte del rey porque hacía bonito, pero la placa es tan pequeña como su interés. Y de los Gobiernos sucesivos, sólo Zapatero quiso implantar la memoria Histórica, pero fue insuficiente".
Su querella termina con la siguiente frase: "Deseo que el Jefe de Estado responsable subsidiario de toda esta monstruosidad pida perdón". Osaba comparó al ex presidente Jacques Chirac, que solicitó perdón por la masacre que realizaron sus generales a los soldados en la I Guerra Mundial, con el rey Juan Carlos, que llegó a decir en sus primeros tiempos como jefe de Estado que no quería que se hablara mal de Franco en su presencia. Como heredero del dictador, "tiene que pedir perdón", sentencia la querellante.

Asesinatos indiscriminados

"El haber podido hablar por primera vez ante una jueza de las atrocidades del franquismo es un alivio. Me quedo con la sensación del deber cumplido", argumentó, por su parte, María Josefa Zorroza, otra de los cuatro declarantes que en esta jornada dio su testimonio ante la Justicia.
Ella se querella contra el alzamiento de los sublevados franquistas que fusilaron a su tío Teófilo Zorroza, a 40 tripulantes más, y a dos pasajeros de un buque mercante con carbón que navegaba por el Cantábrico. Los asesinaron por "traidores a la patria", en tres grupos, a razón de catorce por día. "Se nos están muriendo los familiares directos de las víctimas", urgió. "Tenemos mucha prisa por que se haga justicia".

La complicidad de la Iglesia y el Vaticano

Felipe Izaguirre Esnal ha acudido ante los tribunales de Argentina para "denunciar la complicidad de la Iglesia en el silencio de las torturas" que sufrió junto a 16 curas, los cuales también se querellan bajo su nombre. "Remarco la complicidad de la Iglesia y del Estado en la creación de una cárcel especial en Zamora para los sacerdotes, porque nosotros nos negábamos a ir a un convento tal y como ordenaba el concordato. Por allí pasaron más de 50 sacerdotes vascos", destacó Izaguirre.
A los tres años de prisión, que cumplió en 1972, se secularizó y cumplió cuatro años más de condena junto con otros presos políticos. Ahora se ha querellado contra la Iglesia, y además, contra el Vaticano, "que es el responsable de firmar el Concordato con el Estado que a nosotros nos supuso la separación de todos los demás".
Paqui Maqueda es vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, y también declaró este jueves por las desapariciones forzadas y por el robo de bebés que hubo durante la dictadura. "Tengo que agradecer a la Justicia argentina que por fin haya adquirido la categoría de víctima que mi propio país me niega: a mí, a mi familia, y a los 22.000 hombres y mujeres cuyo nombre he puesto sobre la mesa de la jueza Servini de Cubría por desapariciones forzadas", sostuvo.

Ana Delicado

Mandela, Fidel y la derrota del racismo en Sudáfrica

La muerte de Nelson Mandela ha precipitado una catarata de interpretaciones sobre su vida y su obra, todas las cuales lo presentan como un apóstol del pacifismo y una especie de Madre Teresa de Sudáfrica.
Se trata de una imagen esencial y premeditadamente equivocada, que soslaya que luego de la matanza de Sharpeville, en 1960, el Congreso Nacional Africano (CNA) y su líder, precisamente Mandela, adoptan la vía armada y el sabotaje a empresas y proyectos de importancia económica pero sin atentar contra vidas humanas.
Mandela recorrió diversos países de África en busca de ayuda económica y militar para sostener esta nueva táctica de lucha. Cayó preso en 1962 y, poco después, se le condenó a cadena perpetua, que lo mantendría relegado en una cárcel de máxima seguridad, en una celda de dos por dos metros, durante 25 años, salvo los dos últimos años en los cuales la formidable presión internacional para lograr su liberación mejoraron las condiciones de su detención.
Mandela, por lo tanto, no fue un “adorador de la legalidad burguesa” sino un extraordinario líder político cuya estrategia y tácticas de lucha fueron variando según cambiaban las condiciones bajo las cuales libraba sus batallas.
Se dice que fue el hombre que acabó con el odioso “apartheid” sudafricano, lo cual es una verdad a medias. La otra mitad del mérito le corresponde a Fidel y la Revolución Cubana, que con su intervención en la guerra civil de Angola selló la suerte de los racistas al derrotar a las tropas de Zaire (hoy, República Democrática del Congo), del ejército sudafricano y de dos ejércitos mercenarios angoleños organizados, armados y financiados por EEUU a través de la CIA.
Gracias a su heroica colaboración, en la cual una vez más se demostró el noble internacionalismo de la Revolución Cubana, se logró mantener la independencia de Angola, sentar las bases para la posterior emancipación de Namibia y disparar el tiro de gracia en contra del “apartheid” sudafricano.
Por eso, enterado del resultado de la crucial batalla de Cuito Cuanavale, el 23 de Marzo de 1988, Mandela escribió desde la cárcel que el desenlace de lo que se dio en llamar “la Stalingrado africana” fue “el punto de inflexión para la liberación de nuestro continente, y de mi pueblo, del flagelo del `apartheid`.”
La derrota de los racistas y sus mentores estadounidenses asestó un golpe mortal a la ocupación sudafricana de Namibia y precipitó el inicio de las negociaciones con el CNA que, a poco andar, terminarían por demoler al régimen racista sudafricano, obra mancomunada de aquellos dos gigantescos estadistas y revolucionarios.
Años más tarde, en la Conferencia de Solidaridad Cubana-Sudafricana de 1995 Mandela diría que “los cubanos vinieron a nuestra región como doctores, maestros, soldados, expertos agrícolas, pero nunca como colonizadores.
Compartieron las mismas trincheras en la lucha contra el colonialismo, subdesarrollo y el “apartheid”… Jamás olvidaremos este incomparable ejemplo de desinteresado internacionalismo”. Es un buen recordatorio para quienes ayer y todavía hoy hablan de la “invasión” cubana a Angola.
Cuba pagó un precio enorme por este noble acto de solidaridad internacional que, como lo recuerda Mandela, fue el punto de inflexión de la lucha contra el racismo en África. Entre 1975 y 1991 cerca de 450.000 hombres y mujeres de la isla pararon por Angola jugándose en ello su vida.
Poco más de 2600 la perdieron luchando para derrotar el régimen racista de Pretoria y sus aliados. La muerte de ese extraordinario líder que fue Nelson Mandela es una excelente ocasión para rendir homenaje a su lucha y, también, al heroísmo internacionalista de Fidel y la Revolución Cubana.

Atilio A. Borón

“Daban inyecciones y con eso mataban”

“Era el equivalente a la silla eléctrica”, dijo el sobreviviente sobre las inyecciones que los represores daban en la ESMA durante la primera etapa de la dictadura. El médico vive en Francia y su caso fue judicializado recientemente.

“Nos moríamos de frío. Me pasé un mes con las manos hacia atrás, en situaciones que realmente no eran humanas. ¿Por qué?”, preguntó Juan Carlos Chachques durante la audiencia. “Me interesaba el país, me comprometí con el gremialismo médico para que un hospital del Estado funcionara bien y fui sancionado de esa manera. Hice lo mismo en Francia. Fui profesor y fui condecorado con la Legión de Honor. Exactamente lo mismo en los dos lugares, me ocupé de la salud, pero en Argentina por eso me quisieron matar y en Francia me hicieron un reconocimiento.”
Chachques es un médico argentino que vive en Francia desde 1980. Es reconocido internacionalmente como inventor del “echarpe cardíaco”. Es biocirujano, doctor en biología, actualmente jefe de la Unidad de Bioasistencia Cardíaca y director de investigaciones cardiológicas del Hospital Pompidou de Paris, pero casi un desconocido como sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hasta hace poco, su secuestro no estaba judicializado. Sólo se sabía de la presencia de un “médico” en abril de 1976 en la ESMA. Hace muy poco se supo su nombre. Los padres hicieron gestiones durante su secuestro; hubo denuncias en la policía, pero él formalizó la presentación recién en 2004 ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Chachques declaró la semana pasada en el megajuicio por los crímenes de la Marina. Cuando salió de la ESMA no quería irse del país y no podía volver al Hospital de Clínicas, donde trabajaba cuando lo secuestraron. Consiguió un puesto en el Hospital Ferroviario y después en la Fundación Favaloro. “Mi historia no era muy conocida, me aceptaron y después de muchos años me enteré a través de amigos de que Sabato le había dicho a Favaloro: ‘Este tipo tiene buena voluntad, necesita completar su formación acá’. Así que pienso que Favaloro me consideró su alumno.”
“¡Tac!, y rompían una ampolla”
Chachques estuvo unos 28 días en el centro clandestino, desde el 10 de abril de 1976. Su testimonio iluminó parte del primer período de la ESMA en el que casi no hay sobrevivientes. Como médico, logró darse cuenta, con los ojos tapados pero a través de los sonidos, de un mecanismo que podría ser una de las primeras formas de “traslados”: escuchaba cómo rompían ampollas e inyectaban algún tipo de narcótico para matar a los secuestrados que, según su diagnóstico, habían entrado en una especie de shock.
“Yo no veía nada pero, como los ciegos, terminaba percibiendo las cosas”, dijo. “Una noche me hicieron escuchar a otra gente que torturaban y me dijeron: “Ahora el próximo sos vos”. Gritos de hombres, mujeres, terrible, terrible. Sacudones, gritos terribles. Y dijo: “Sentí que había gente que la volvían a subir después de las sesiones de electricidad, en un estado de excitación enorme, como son los electroshock repetidos. Tenían un desorden mental enorme, incontrolable, y yo sentía ‘¡tac!’, que se abrían ampollas. Que hacían inyecciones. Que las hacían dormir. Pero no solamente sentí que las hacían dormir –dijo–, sino que dejaban de respirar”.
Esto provocó conmoción en la sala. Las inyecciones aparentemente contenían anestésicos, pentotal o alguna droga, y según su teoría provocaban un paro respiratorio. “Directamente dejaban de respirar, y cuando uno deja de respirar se produce hipoxia y eso significa la muerte. Con el paro respiratorio, en pocos minutos, se para el oxígeno, se para el corazón, así que yo sentía cómo los cuerpos eran arrastrados y desaparecían por acción de los barbitúricos hechos para controlar un estado de situación que ellos consideraban de irritación, irrecuperables. Eran personas que a su criterio estaban gastadas, inutilizadas, y eran directamente sacrificadas a través de interrogatorios con los que habían querido sacarle información.”
–¿Esto lo escuchó más de una vez? –le preguntó el presidente del jurado.
–Sí –dijo–, más de una vez. Otra tortura que escuché fue la música. Violeta Parra y Julio Iglesias. Preguntaban, ¿te gusta? Y de golpe empezaban a pegar en los oídos. Lo que pareciera una cierta paz por acción de la música terminaba en un drama, gritos de ambos sexos.
Más tarde, las preguntas volvieron al tema.
–¿En qué momentos se realizaban estos traslados? –preguntó la fiscal.
–Todo pasaba a la madrugada. Yo conocí la diferencia entre el día y la noche por los pequeños reflejos de alguna ventana por la que entraba luz. Creo que dejaban que avanzara la noche. Durante el día nadie, nadie se movía; a la noche ya empezaban a llevar para interrogatorios, ésa era la mecánica, era tardío, nocturno, once, doce de la noche por lo menos.
–¿Quiénes aplicaban las inyecciones?
–Creo que era gente con experiencia en inyectables. Venían con maletín, abrían. Escuché a veces cargar más de una ampolla y quedarse un rato. Pienso que tal vez no había una persona, había un pequeño diálogo, tal vez venía un médico con algún enfermero. Pienso que era trabajo en equipo. Inyectar en esos casos era el equivalente a la silla eléctrica. Cuando uno inyecta y no se le puede ofrecer asistencia respiratoria, pienso que esa responsabilidad la tomaba un médico, no un enfermero. Era una decisión, sobre todo para la gente que estaba en medicina. En ninguna parte del mundo esto es así, los verdugos no son médicos, los médicos hacemos un juramento hipocrático, nos dedicamos a la vida, a salvar la vida y no a destruirla, eso es realmente muy condenable, merece la condena máxima.

Juan Carlos

Juan Carlos vivía hacía varios años en Buenos Aires, pero era de un pueblo de Santa Fe. Hizo medicina en Rosario y a comienzos de 1970 viajó a la Capital a hacer una residencia en el Hospital Rawson hasta que cerró y luego entró al Hospital de Clínicas apenas inaugurado. Vivió en el pabellón de médicos residentes. Trabajó como voluntario en la cátedra de Anatomía y en 1973 sus compañeros lo propusieron como presidente de la Asociación de Médicos Residentes. “Mi vida era hospital público, era la docencia, la investigación, y esa formación con los años me permitió abrir otros caminos.”
Chachques ejerció el primer mandato entre 1973-1975. Lo reeligieron ese año. Con el golpe de 1976, todo se acabó. El hospital y la universidad fueron intervenidos por la Marina. Chachques pudo haber sido secuestrado por su actividad gremial, pero también se estudia la posibilidad de que su secuestro haya comenzado con una “equivocación”. En esos días, el GT buscaba a un tal “doctor Mario”, supuesto médico de Montoneros que atendía y curaba a los heridos de la organización. A las dos semanas de ser ingresado a la ESMA, sometieron a Chachques a una rueda de reconocimiento. “Dejaron que me crezca la barba, me venían a ver. ¿Tenés barba?, me preguntaban. Y a las dos semanas yo tenía barba. El doctor Mario era alto y aparentemente tenía barba”, explicó.

Alejandra Dandan