jueves, 23 de febrero de 2017

7 de marzo: vamos por un paro activo nacional ya



Para el próximo 7 de marzo, la CGT convoca a una movilización de los gremios industriales, pero con acompañamiento de todo el movimiento obrero. A ella se ha plegado la CTA y, en particular, movilizarán los gremios docentes, en el marco de un paro en todo el país al inicio de las clases reclamando la paritaria nacional. Para ese entonces AGR Clarín llevará 49 días de ocupación y nuevos sectores entran en lucha contra los cierres de plantas. Es el caso de Atanor en Baradero, lo que ha motivado la movilización de la CGT local.
La situación social está marcada por miles de despidos y suspensiones, por el tope a las paritarias -incluída la persecución a los jueces que defendieron lo firmado por La Bancaria-, por los tarifazos reforzados, la ofensiva contra los convenios colectivos en la línea de Vaca Muerta, la nefasta ley de ART, el decreto de expulsión de inmigrantes y el anuncio de una nueva Reforma Laboral, sea por ley o por decreto. Todo ello, tras la perpetuación del impuesto al salario que logró el gobierno a fin de año, con expreso apoyo de la CGT. Desde luego, hay que integrar a este listado toda la escalada inflacionaria, que contrasta con la miseria jubilatoria y la deflación general de los ingresos de la población trabajadora.

Un canal para los luchadores

En este cuadro de ofensiva general contra el movimiento obrero, la movilización será un canal insoslayable para quienes están en lucha. Pero, por sus características y preparación previa, la CGT la piensa como un nuevo 29 de abril pasado, es decir como un movimiento de descompresión para salvar la tregua de fondo con la cual viene acompañando la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, los gobernadores y el conjunto de la patronal y el arco político que le responde.

Programa patronal

Por lo pronto, y al ser sin paro, algo que los gremios del transporte se han encargado de reafirmar expresamente, se presenta como una movilización de aparatos sindicales que no convoca a la masa fabril y laboral, que seguirá obligadamente en sus lugares de trabajo. Quieren evitar que un abandono de tareas se transforme en un plebiscito de centenares de miles en todo el país contra la ofensiva en curso.
Por otro lado, la CGT ha convocado a sectores empresariales de pymes y hasta a sectores de la UIA. Con el argumento de la “defensa del trabajo nacional contra las importaciones”, le confiere a una movilización obrera un programa de demandas patronales como “las compensaciones” que ha pedido Juan Carlos Sacco, el negrero de la patronal gráfica en la UIA.
Esta perspectiva confunde y subordina al movimiento obrero detrás de la patronal, obviando el aspecto central del momento: que el proteccionismo de la clase patronal –muchas veces ella misma importadora- es una coartada para promover un ataque al movimiento obrero, en nombre del “costo argentino” o la “competitividad”.
El mismo contenido tienen los planteos devaluatorios de algunos sectores empresariales. Por eso, la patronal y toda la coalición política del ajuste acompañó, incluso en medio de una severa crisis política del gobierno Macri, las leyes del ajuste. Fue el caso bochornoso de la ley de ART, donde Massa, el PJ de Bossio y el Smata y el FPV, se las ingeniaron en Diputados para que salga, cuando se conocía al mismo tiempo el fallido decreto de rebaja de la movilidad jubilatoria.

Objetivo: evitar el paro

Las reuniones del triunvirato cegetista, pidiendo apoyo del PJ de “Barrick” Gioja, Pichetto y Scioli; el de Massa y su socia gorila y apoyatura de Vidal que es Stolbizer, el de los socialistas del ajustador Bonfatti e incluso el de los radicales y PRO, tienen el mismo carácter y son indicativas de que la movilización, es usada como recurso para evitar un paro. La burocracia que se fotografió en Olivos para despedir con Macri el 2016, ahora se coloca en una postura diferente para salvar la misma política.
Tal vez todo el corolario de la supuesta “ruptura” con el gobierno sea pedir un voto opositor, a favor de los socios políticos del ajuste. Por lo pronto, le entrega a los Massa y los Pichetto un terreno de demagogia con las luchas populares.
En vez de preparar un paro nacional, la burocracia maniobra para que éste no ocurra, o, si la crisis social lo impone, para que constituya una medida aislada y sin perspectiva.

Subordinación del kirchnerismo

Un párrafo especial merece el kirchnerismo sindical que se ha subordinado a la CGT. La Federación Gráfica pasó un mes entero sin mover un dedo por AGR Clarín hasta la marcha del 22, que se concretó sin paro y cuando se siguen haciendo las revistas en distintos talleres. Sólo la tenacidad de la ocupación y las permanentes medidas de lucha que la acompañan han arrancado la marcha a Plaza de Mayo de una FGB, que sigue la política de la UOM y los gordos en torno al 7 de marzo.
Lo mismo vale para la CTA Yasky, que tiene a la enorme Ctera en el centro de la escena por la paritaria docente y el impacto que puede tener para el conjunto de las negociaciones paritarias. Baradel fue a anunciar el no inicio a la CGT, sirviéndose de la adhesión al 7 de marzo, para evitar la organización de una huelga general docente en defensa del salario.
El clasismo tiene que desenvolver una política propia frente al 7 de marzo. Separar a los trabajadores del planteo patronal proteccionista que se funda en subsidios, ataques a las conquistas obreras y un devaluacionismo que pagan los trabajadores. Llamamos a movilizarnos con un programa de defensa del salario equivalente a la canasta familiar y la ocupación de toda fábrica que cierre y despida masivamente, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, por un aumento de emergencia a los jubilados, por comisiones obreras de higiene y seguridad contra las ART de la muerte, por la anulación del decreto antiimigrante y contra toda represión a las luchas del movimiento obrero.

Paro Activo Nacional Ya

Para nosotros, no se trata de “embretar” a la burocracia sindical para que finalmente haga un paro aislado, que sería un eslabón más de la política de acompañamiento del ajuste en un nuevo contexto. Nuestra política es una acción decidida del movimiento obrero para llevar las luchas a la victoria y para que una irrupción de la clase obrera con toda su fuerza, quiebre el ajuste.
Se trata de impulsar asambleas en los lugares de trabajo, con la política del cese de tareas donde sea posible, para movilizar masivamente en una columna independiente, encabezada por los gráficos de AGR Clarín, la gran lucha obrera de la etapa. Esto, con una consigna central: Paro Activo Nacional Ya.

Néstor Pitrola

Anulación del decreto fascista y xenófobo contra los inmigrantes



1° de marzo, 10 horas, desde Callao y Corrientes hasta el Congreso.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no pudo votar el jueves 16, la vigencia o el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, que modifica en un sentido reaccionario la ley de migraciones. A pesar de la expectativa creada, que llevó a la presencia de numerosas organizaciones de inmigrantes, la sesión no se pudo pronunciar por falta de quórum. Fueron legisladores del Frente para la Victoria (FpV) los que pegaron el faltazo. Es de destacar que el FpV tiene mayoría e incluso la presidencia en esta Bicameral. Pero las ausencias no han sido casuales. Una parte de los legisladores de esta corriente apoya el DNU anti inmigrante de Macri. Para empezar, el presidente del bloque FpV en el Senado, Miguel Pichetto, reconocido por ser un xenófobo militante.
La sesión pasó a cuarto intermedio. En el ínterin, el bloque oficialista de Cambiemos sacó un comunicado atribuyéndose un triunfo para la ratificación de dicho DNU, señalando que su posición tenía 6 firmas, contra 5 de rechazo. Pero esto no es legal: se necesita tener mayoría de firmas, es decir 9. El FpV anunció que las iba a conseguir en la próxima sesión, luego del cuarto intermedio.
Pero… en la sesión de la Bicameral que se iba a realizar el miércoles 22, no hubo quórum: faltó todo el bloque oficialista.
Sigue sin definirse la Bicameral: mientras tanto sigue en vigencia el DNU… y se está aplicando, incluso con deportaciones, como fue denunciado por familiares de un peruano.
Un día antes, el martes 21, se realizó en dependencias de la Cámara de Diputados un plenario autoconvocado por organizaciones de inmigrantes con el propósito de organizar la movilización de las comunidades inmigrantes a este decreto xenófobo. “No podemos sentarnos a esperar tramitaciones parlamentarias o recursos judiciales”, planteó un compañero del PO. “Hay que ganar la calle, movilizarse, para lograr la anulación de dicho decreto” insistió.
Hubo un acuerdo unánime de los asistentes, que venían justamente a organizar esta movilización. Se resolvió que el 1° de marzo, día de inauguración de las sesiones parlamentarias del año, con la presencia del presidente Macri, se realizará una concentración frente al Congreso. Con una consigna central unitaria: “Anulación del decreto antiinmigrante”.
La concentración se realizará a las 10:30 horas en Corrientes y Callao, para desde allí marchar hasta el Congreso. Se invitan a todas las organizaciones de inmigrantes, pero también a las organizaciones sociales, políticas, sindicales a concurrir con sus banderas y pancartas en esta primera gran jornada de movilización unitaria.
No es una movilización solo de extranjeros residentes en el país, sino que debe ser apoyada por todos los trabajadores y la ciudadanía democrática. El decreto está dirigido contra todos los trabajadores: las trabas colocadas, la arbitrariedad que se impone para expulsar extranjeros, la creación de un foro judicial y una Policía especial para los inmigrantes es reaccionaria (y hasta anticonstitucional). Uno de sus principales objetivos es dividir la lucha de los trabajadores separando a los nativos de los extranjeros, azuzando la xenofobia. Esto permitirá incrementar la inseguridad de los inmigrantes para que se dejen someter más fácilmente al trabajo clandestino y superexplotación patronal. Tirando para abajo el salario y las condiciones laborales de toda la clase obrera. ¡Unidad de los trabajadores contra el decreto xenófobo!
El bloque de diputados del PO-FIT ya presentó un proyecto de anulación directa de dicho DNU. El Polo y el Partido Obrero se movilizarán el 1° de marzo al Congreso.

Rafael Santos

Primer test match: Bancarios 1 – Gobierno + patronales 0

Panorama sindical

La Asociación Bancaria le torció la mano al Gobierno nacional y a la banca internacional logrando un acuerdo paritario acorde a las expectativas del gremio. Sumando diferentes ítems el aumento será de 24,28% con una cláusula para actualizar de acuerdo a los índices inflacionarios.
Tras una extenuante jornada que el jueves pasado comenzó por la mañana y terminó cerca de las nueve de la noche, previa al paro convocado por 72 horas, finalmente se llegó a un acuerdo en donde se impusieron los términos firmados y sostenidos por los bancarios. Sumando diferentes puntos, el aumento final del salario de un trabajador bancario se verá incrementado en un 24,28% (4% ya pagado, más un 19,5 % a pagar ahora). De este modo el salario inicial quedará en $ 24.397, a lo que se suma la participación en las ganancias, con lo cual redondeará una cifra de $25.500.
Además se acordó una actualización de acuerdo a la inflación. “En el caso de que el índice de precios al consumidor (INDEC) supere el 19,5% referido el salario de cada trabajador se incrementará automáticamente en el porcentual de la diferencia en el mes correspondiente, que se abonará con el correspondiente retroactivo al 1° de enero de 2017”, informa un comunicado del sindicato.
A la salida de la reunión el titular del gremio, Sergio Palazzo, declaró: “Hemos logrado un reconocimiento. El Gobierno tenía otra expectativa a la que hemos superado. Me imagino que de aquí en más el resto de las organizaciones gremiales tendrán en cuenta este acuerdo”, disparó.
Para despedirse dejó la frase que será un mensaje político contundente: “Techos tienen las casas, los trabajadores tenemos paritarias”.

Segundo test match

El titular del Suteba, Roberto Baradel, insistió en que: “El Gobierno debe convocar a una paritaria nacional, para cumplir con la ley y establecer un piso salarial nacional”, luego de un encuentro con delegados docentes en la ciudad de Mar del Plata.
“El 23 de febrero tenemos el congreso de Ctera y vamos a sacar seguramente un plan de acción si no hay avances”, agregó el dirigente. Al tiempo que reclamó “una nueva convocatoria” a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, “para discutir la recomposición del salario, entre un 8 y un 10%, y un aumento sobre la inflación proyectada del 25%”.
Baradel reiteró “el rechazo” a la propuesta de aumento del 18% realizada por el gobierno provincial, “porque en realidad es un aumento del 4,5 por trimestre y se aplica al salario descontando previamente el incentivo docente”.
Al respecto, entre jueves y viernes se llamaría a una reunión en La Plata. La idea de los funcionarios es buscar algún mecanismo para “recuperar” algunos puntos que reclaman los sindicatos por el desfasaje con la inflación de 2016. Además, establecer mecanismos para “elevar en el bolsillo” ese 18% que el Ministerio de Educación ahora define como “piso y no como techo”.
El Secretario General de la UDA porteña, Norberto Cabanas, indicó que durante la reunión que los docentes mantuvieron este miércoles en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se les solicitó a las autoridades que se “eleve al Gobierno nacional el pedido para que Esteban Bullrich convoque a la paritaria docente federal para fijar el piso salarial de todo el país”.
En ese sentido, el dirigente advirtió que “de lo contrario, la conducción nacional de UDA ratificó que no iniciará las clases en el mes de marzo realizando un paro de 48 horas los días 6 y 7”. Respecto a la discusión paritaria de los docentes porteños, Cabanas indicó que “no se firmará ningún acuerdo jurisdiccional hasta tanto no se resuelva la situación nacional”.
Por su parte Jorge Adaro, secretario General de Ademys señaló: “No se le dio tratamiento al tema salarial. Tampoco se dio respuesta a ninguna de las urgentes problemáticas de la docencia”.
Los ministros provinciales de Educación pidieron a Esteban Bullrich que revea dos decisiones: que Nación actualice el incentivo docente que este año seguirá, como en 2016, en 1.210 pesos y que no recorte el Fondo compensador con que se asiste a las provincias para pagar sueldos educativos. Bullrich les contestó que es una decisión tomada y que no habrá marcha atrás: congela el “incentivo” y reduce un 25% el compensador. El recorte es de $ 480 millones, respecto al año pasado, y afecta a 7 provincias, mientras el “incentivo” lo reciben los docentes de todo el país y era un componente salarial.
En Misiones, la UDPM acordó un incremento salarial del 13% a pagar con los haberes de febrero. Un maestro de grado que recién se inicia pasará a cobrar $ 9.672 de bolsillo.
La UDA nacional manifestó su rechazo “porque condena a los educadores a salarios de pobreza, debido a que ni siquiera llega a cubrir el índice inflacionario”.
Por otra parte, el plenario de secretarios generales de las 25 asociaciones de base agrupadas en la Conadu (docentes universitarios) decidió un plan de acción gremial con vistas a la próxima negociación paritaria y exigió una recomposición salarial del 35%.
La organización, que lidera Carlos De Feo, denunció “la pérdida del poder adquisitivo de los docentes en 2016 como consecuencia del incumplimiento oficial de la cláusula de monitoreo de inflación, que requería una recomposición de los haberes, y de las previsiones para este año”, puntualizó un documento de prensa.
La Conadu rechazó la imposición de “techos” y “la deslegitimización de las paritarias” y decidió movilizarse con los gremios docentes el 6 de marzo próximo -día de supuesto inicio de clases- para exigir “la apertura de las negociaciones nacionales a fin de aumentar el piso salarial en todo el país y desarrollar los programas socio-educativos y de formación” de la actividad.
También participará al día siguiente en la movilización convocada por la CGT hacia el Ministerio de Producción, en el marco de “la unidad del movimiento obrero y en defensa de los puestos de trabajo y de las paritarias libres y sin topes”, y en la huelga de mujeres del día 8 junto a la CTA y varios sindicatos, para lo cual se suspenderán las actividades a partir de las 13:00 de ese día y se realizarán acciones en los lugares de empleo y marchas en todo el territorio.
Además, el gremio exigirá la designación de los dos directores del Conicet, electos por los investigadores del organismo, y participará el 1º de marzo próximo en la Feria de Ciencia y Tecnología y en la apertura de sesiones del Congreso Nacional.
“El plenario rechazó el ajuste en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que procura reducir al 50% la incorporación de investigadores, y defendió la Universidad pública; exigió la reincorporación de los 20 docentes despedidos en la Universidad de La Matanza y rechazó la persecución gremial a los integrantes del sindicato en la Universidad de Chaco Austral”.

Inflación

En medio de la fuerte polémica alrededor de la paritaria docente y la obsesión del gobierno por fijar un techo para todo el movimiento obrero del 18%, el Indec difundió los datos de inflación del mes de enero. Según el IPC, durante el primer mes del año los precios en los conglomerados urbanos de todo el país se incrementaron en un 1,3 %. La cifra, anualizada (aplicando ese incremento a cada uno de los meses del año en forma acumulativa) arroja una proyección del 16,8% de inflación pautada para 2017. La medición empalma con los pronósticos pautados en el proyecto de Presupuesto y con la pauta salarial que el gobierno busca imponer a toda costa.
De hecho, los registros del Indec para el mes de enero difieren sensiblemente de las mediciones que registraron consultoras privadas, organismos públicos y sindicatos al igual que las proyecciones que de ellos se infieren.
Como no ocurrió jamás desde la normalización del Instituto, el IPCBA, que mide la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y que ha sido utilizado como referencia por el gobierno actual cuando era oposición durante todos los años en los que la gestión que respondía a Guillermo Moreno manipuló los registros oficiales, se ubicó casi un 50% por encima de lo estimado por el organismo oficial plasmando un 1,9% para el mes de enero del que se infiere una proyección anual del 25,3% perforando los pronósticos oficiales y poniendo en cuestión el techo de aumento para las paritarias.
Pero, además, otras mediciones con las que también se referenciaba el PRO en su etapa opositora también difieren de la medición oficial. El denominado IPC Congreso, que difundía la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando oficiaba de diputada en el Parlamento, arrojó un incremento mensual del 1,6% con una proyección anual del 21% coincidiendo con la medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la CGT.
La consultora Inflación Verdadera, que se ufana de lograr reconocimiento de instituciones internacionales, dio como resultado para el mes de enero un 2,3% llevando la inflación anual hasta un 31%.
Por último, la medición de la consultora IPC on line, que asegura lograr la cobertura de un 76.36% de los datos del IPC oficial con 16.480 productos y 61.683 precios relevados, arrojó un incremento entre diciembre y enero de un 2,56%, duplicando el registro oficial para el mes y generando una proyección de 34,4% para todo el año.
Las divergencias alrededor de la medición de enero tienen un alcance político clave para el gobierno. Se trata de la referencia que va a atravesar el debate de la paritaria docente que, a su vez, será la referencia para todas las discusiones salariales posteriores.
Según las diversas proyecciones, una paritaria del 18% podría consagrar una pérdida del salario real de entre un 3 y 16% que se sumaría a la pérdida acumulada en 2016 de hasta un 10%.

Un gobierno de pillos

Ante el escándalo por la condonación de deuda al Correo y después de más de una semana de silencio, el presidente Mauricio Macri, anunció en conferencia de prensa que le ordenó al ministro de Comunicación que se consulte a expertos internacionales, al Congreso y a la Auditoría antes de firmar un nuevo acuerdo con su padre, Franco Macri. “Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo”, concluyó el Presidente en una definición de una gestión plagada de “errores” y marchas atrás. Luego de los cuestionamientos a la resolución de la Anses que rebajó de 12,96% a 12,65% el aumento semestral a jubilaciones, pensiones y asignaciones, Macri confirmó que se anuló la disposición. Dijo que se trató de “un tecnicismo matemático”, pero dejó abierta la puerta para insistir en ese cambio al plantear que “quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley”. Según una encuesta publicada el domingo por Página 12, el 60% de la gente piensa que el caso del Correo Argentino fue un acto de corrupción. Solo el 15% considera que estuvo bien. Además, 7 de cada 10 no creen que el Presidente “no estaba al tanto”. El anuncio del nuevo cálculo de las jubilaciones hizo peligrar la sanción de la Ley de ART en Diputados. A priori, Cambiemos contaba con el respaldo de sus habituales aliados y del Bloque Justicialista, de parte del Frente Renovador y del peronismo misionero.
Pero la intromisión del tema de la resolución de la Anses generó la decisión de estos tres bloques de abstenerse en la votación; en tanto que el Frente para la Victoria-PJ, que ya había anticipado su rechazo al proyecto se levantó de sus bancas y siguió la votación desde el recinto sin participar.
Así, Cambiemos se impuso en la votación por 88 afirmativos, contra 23 negativos y 44 abstenciones; en tanto que las ausencias sumaron 97.
Las dos espadas sindicales que validaron la reforma surgieron de bloques “opositores”. Por un lado el titular de la CGT, y legislador del Frente Renovador, Héctor Daer, que a diferencia de compañeros sindicalistas de su bancada como Facundo Moyano y Jorge Taboada votaron en contra. Y por otro Alberto Roberti, dirigente petrolero y miembro del Bloque Justicialista, que lidera el también gremialista del SMATA Oscar Romero y se referencia con Diego Bossio.
Al cierre del debate Daer justificó su respaldo y el apoyo de la CGT al proyecto con el fin de reducir la litigiosidad.
Más enfático y con argumentos propios de la UIA, Roberti también salió en defensa de la norma. “Es el camino adecuado para, por lo menos, atacar la catarata de juicios que se están llevando puestos a los trabajadores y a las pymes, que también padecen sus consecuencias”, dijo el también titular de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Sin embargo, jueces del trabajo, abogados laboralistas, académicos y representantes gremiales se reunieron para debatir el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri de modificación del régimen de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) así como también el Proyecto de ley que tenía media sanción en el Senado. El encuentro fue realizado en la sede de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET), organizado por el Profesor Julio Neffa, investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet y uno de los académicos vinculados al mundo del trabajo de mayor prestigio.
“Yo no soy contrario a la búsqueda de un sistema eficiente y ágil, que evite la judicialización masiva, pero tampoco se puede impedir el acceso directo a la Justicia. Bajo el nuevo sistema que se propone, los únicos perdedores son las víctimas de infortunios en el trabajo”, comenzó Luis Raffaghelli, juez nacional del Trabajo. “Más allá de la inconstitucionalidad de origen del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), su contenido merece análogo cuestionamiento. El Gobierno parte de premisas falsas y arriba a conclusiones igualmente falsas. Se ideologiza la siniestralidad y no advierte el sub registro de las enfermedades laborales. Lo más complicado del DNU es la definición de la instancia previa, la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas, que vulnera la Constitución Nacional y el derecho a la defensa. La solución no se encuentra cerrando los tribunales e imposibilitando el acceso al juez natural. El decreto además crea un farragoso sistema que eterniza los conflictos”, agregó el juez. “Para reducir la litigiosidad hay que profundizar estudios de medicina del trabajo, de derecho del trabajo, de derecho de daños, en seguridad e higiene y fortalecer la cultura de prevención. Hay que legislar para el bien común. Eso no se logrará persiguiendo a la baja los costos laborales y alejando a los más débiles del juez natural”, cerró Raffaghelli.
Jorge Andrés Kohen es director del posgrado de Medicina del Trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario e integra el Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario. “La necesidad y urgencia de la modificación legislativa es sólo de las compañías de seguros y de los bancos, que son los dueños de tres de las cinco aseguradoras de riesgo de trabajo más importantes. Es una clara ofensiva para lograr la flexibilización laboral”, señaló.
“La discusión sobre la litigiosidad encierra conceptos absolutamente falsos. Se coloca como víctima al sistema financiero y a las ART y de victimarios a los trabajadores y a los profesionales que defienden los derechos de los trabajadores, cuando uno de cada tres empleadores no cumple con las condiciones básicas de higiene y seguridad y las causas principales de los reclamos tienen que ver con los rechazos de las ART y de las comisiones médicas a los reclamos de los trabajadores afectados”, agregó Kohen. También advirtió que el alargamiento de los plazos de resolución de los conflictos (que se espera que suceda si prospera la Ley) representa una suculenta ganancia financiera para las ART. “En la discusión pública es imprescindible desplazar el eje del riesgo desde la ‘competitividad empresaria’ hacia la salud de los trabajadores”, concluyó el académico.
“El sistema de empresas privadas que manejan el sistema de riesgos del trabajo está presente sólo en la Argentina. Hay que hacer cambios de fondo. Buena parte de la judicialización tiene que ver con el no reconocimiento de las enfermedades laborales. De una vez por todas hay que determinar que los trabajadores argentinos tienen psiquis. La salud no es una mercancía a vender sino un bien a defender mediante la prevención”, analizó Carlos Rodríguez, ex Ministro de Trabajo de Santa Fe.
“El DNU constituye un viraje regresivo para tratar de reeditar la Ley de Riesgo de Trabajo, que es fruto del auge del neoliberalismo y que como ninguna otra norma evidencia el absoluto desprecio hacia el trabajador y la trabajadora. De hecho tiene el triste privilegio de ser la ley con más tachas de inconstitucionalidad. Como esa norma, el decreto establece nuevamente la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas que dependen de las ART”, planteó Luis Federico Padín, abogado de trabajadores. “El DNU y la ley que tiene media sanción obligarían a trabajadores del interior del país que se accidentaron a recorrer cientos de kilómetros para acceder a las comisiones médicas, que en muchos casos sólo están presentes en las capitales provinciales. Además, modifica un tecnicismo que constituye una perversidad: si el trabajador decide apelar la decisión de la comisión médica, ese recurso tiene efecto suspensivo. Es decir que el trabajador que apela no cobra un peso hasta tanto se resuelva en instancia superior. Esto constituye un abuso del estado de necesidad y no resiste el menor análisis constitucional”, cerró Padín.
El juez nacional del Trabajo Roberto Pompa subrayó que “desde 1994 no vi ni un sólo caso donde la comisión médica de la ART haya reconocido al trabajador accidentado un grado de incapacidad mayor al realmente existente. Y diría que el ciento por ciento de los casos judiciales reconoce una incapacidad mayor que la comisión médica. Entonces no podemos hablar de una industria del juicio sino de una industria del incumplimiento de parte de las ART”.

Movilización metalúrgica

El martes la UOM se movilizó al Ministerio de Trabajo. Lo más urgente era la situación de los trabajadores de la fábrica Banghó de PC Arts, ubicada en la localidad de Florida, que atraviesa despidos masivos y vencía la conciliación obligatoria de 15 días.
También se hizo presente una delegación de trabajadores de AGR-Clarín que se acercó a solidarizarse con los trabajadores despedidos de Banghó y el próximo 22 de febrero a las 14:30 marcharán a la Plaza de Mayo junto a la Federación Gráfica Bonaerense desde la sede del gremio en Paseo Colón 731 para “exigir a las más altas autoridades nacionales que intervengan” en el conflicto de AGR, de acuerdo a un Plenario de Delegados en donde se tomó la decisión el pasado jueves.
El único orador del acto fue Antonio Caló que anunció que luego de la lucha que dieron los 283 trabajadores de Banghó por sus puestos de trabajo tendrán que conformarse con suspensiones y una reducción del 30 % de sus salarios. Un arreglo parcial que estira la situación de incertidumbre para los trabajadores, quienes ahora deberán permanecer fuera de las instalaciones, con el antecedente de que la patronal intentó vaciar la fábrica durante el receso de verano.
Otro de los anuncios de Caló fue referido a la presentación de las paritarias el 1º de marzo donde el dirigente ya adelantó que pedirá un 18 %, muy por debajo de la inflación y a tono con el techo que quiere imponer el Gobierno. Para los dirigentes del sindicato la prioridad a resolver son los aranceles a la importación, una demanda de las patronales industriales del sector.
“Esta protesta es para demostrarle al Gobierno que no vamos a soportar más apertura a las importaciones”, vociferó Caló al iniciar su discurso en el que consideró que el acuerdo con Banghó “fue lo mejor posible”.
Y continuó: “La UOM soportó en los últimos meses nueve mil despidos y quince mil suspendidos, los cuales ahora cuando llegue marzo no sabemos si van a tener trabajo”.
Caló concluyó con un mensaje para la administración de Macri: “No sirve la rebaja de aranceles a los productos de origen extranjero. Basta de importaciones”.
Sin embargo, el lunes el Gobierno nacional oficializó la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado el año pasado, y que generó fuertes críticas entre los empresarios y sindicatos locales.
Entre los considerando del Decreto 117/2017, publicado en el Boletín Oficial, se afirma que la medida “redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”.
El Decreto abarca la importación tanto de computadoras portátiles como accesorios
informáticos y de telecomunicaciones que, desde mañana (martes 21/2), quedarán exentos del pago de derecho de importación. La medida fue anunciada el año pasado por el Gobierno con el objetivo de reducir el precio de esos productos en el mercado interno, dada la diferencia con respecto a otros países.
Según el dirigente metalúrgico y Secretario del Interior de la CGT, Francisco “Barba” Gutiérrez, son 10.000 los trabajadores metalúrgicos que están empleados en la industria informática y que perderán su puesto de trabajo.
“La apertura indiscriminada de las importaciones es una maniobra del gobierno, que procura flexibilizar mano de obra y convenios y reducir el costo laboral. Ello destruirá la producción local y el trabajo argentino. La desocupación ya superó el 10%. Ya cerraron 5.800 empresas industriales y 2.000 comercios. El mundo desarrollado pelea por el trabajo. No pueden abrirse las fronteras”, aseguró Gutiérrez.
Paralelamente, los trabajadores de la fábrica de tubos Siderca, confirmaron el despido de 8 trabajadores el día anterior a la movilización de la UOM.
La empresa propiedad de Paolo Rocca comenzó con un plan de readecuación donde en los últimos dos años redujo a la mitad la cantidad de operarios en la planta. Durante todo el año pasado, 189 trabajadores estuvieron suspendidos percibiendo el 50% de su salario real, después de haber sido reincorporados en diciembre del 2015. El reingreso de los operarios se hizo bajo una mayor flexibilización laboral en toda la planta, aumento de los ritmos de producción, polifuncionalidad y con el despido encubierto (retiros voluntarios) de cientos de operarios que no soportaron las nuevas condiciones laborales ni el salario reducido.
Este 2017 Siderca-Techint se prepara para encarar ventas de miles de toneladas de acero basados en la relativa estabilización del precio del petróleo. Antes de comenzar con la nueva modalidad flexibilizada se despachó con telegramas a los trabajadores que aún se encontraban suspendidos. Según los trabajadores “después de la negociación que se llevó a cabo en la conciliación, los trabajadores del sector pool, creado el 19 de diciembre del 2015, fueron despedidos”.
A su vez denuncian la complicidad de la conducción del sindicato metalúrgico de la zona para confirmar los despidos: “La seccional Campana encabezada por el secretario general y diputado nacional por el FpV, Abel Furlán, junto a su secretario Ángel Derosso se pusieron de acuerdo con la empresa para que 8 familias estén en la calle”. La indignación de los trabajadores también se expresó en la información que hicieron trascender a los medios “es insólito que en el día de mañana se convoque a una marcha a Capital en repudio a los despidos y a favor de la industria cuando el mismo gremio avaló el despido de estas familias”.
La última fábrica de llantas del país cerró sus puertas definitivamente. Mefro Wheels, la firma de origen alemán que mantenía una planta en la zona sur de Rosario, llegó a un acuerdo con los 170 trabajadores: recibirán una indemnización que solo alcanza el 60% de lo que marca la ley.
“Nos mataron las importaciones”, lamentó Miguel Valentino, delegado de los trabajadores. “La importación es indiscriminada. Si seguimos así vamos a volver a los 90”, alertó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario.
Producían unas 350 llantas por hora, unas dos mil por turno de las que usan los autos más grandes y unas tres mil de las que emplean los vehículos más pequeños.
Antes los galpones les quedaban chicos, las llantas listas para entregar se apilaban también afuera; hoy el depósito de unos 40 metros por 30 está casi vacío.
No sólo hay que contabilizar los empleos de Mefro, la implosión de la fábrica, alertan, perjudicará también a pequeñas empresas proveedoras de insumos como chapa, guantes y pintura.

Actividad económica

Cuándo se indaga de dónde brotará el crecimiento, los funcionarios suelen contestar “de la obra pública”. Sin embargo, la mayoría de los cálculos de los economistas señala que el peso de la obra pública es alrededor de 3%, o sea, que si la inversión en infraestructura crece 40%, el PBI se expandirá un 1,2%, que descontada la inflación (25%) se transforma en un crecimiento de 0,4 puntos. Esto sucede porque el consumo es el rey del PBI en la Argentina y explica alrededor del 70% de su crecimiento. No obstante, sí podría aumentar la demanda de empleo, sobre todo en la construcción, donde según el Ministerio de Trabajo, hoy existen 33.117 puestos de trabajo menos que hace un año atrás. Las licitaciones de obras públicas comenzaron a mostrar ritmo y en diciembre rozaron los $ 25.000 millones, pero la puesta en marcha tiene un rezago de cuatro a seis meses.
Una encuesta del Indec hecha a fines de enero entre empresas industriales señala que el 73% no espera cambios en la dotación de personal respecto del año pasado y un 17,3% que disminuirá, es decir, que el 90,6% no prevé aumentar el empleo, lo cual es previsible, dada que la caída del consumo en 2016 fue de alrededor del 4,7%.
Enero y febrero continúan con la tendencia negativa. La merma en el primer mes del año habría sido del 5% o 6% y en febrero se espera algo parecido.
Hay una mayor concentración del consumo en los sectores de mayores ingresos. Los economistas de ACM Consultores dicen que: “Estos sectores se beneficiaron de la mayor rentabilidad del sector agropecuario y de la renta financiera, de un efecto positivo por las medidas adoptadas en relación al impuesto a las Ganancias y parte del dinero del blanqueo que pudo haberse volcado hacia bienes registrables como los inmuebles y los automotores”.
En cambio, agregan, “el salario real privado registrado recibido en todo concepto promedio cayó en el orden de 5% durante 2016 según estimaciones propias y esto arrastró el consumo corriente. En suma, la mejora de determinados sectores parece no compensar en consumo a la caída de ingresos del resto de la población, donde a la caída del salario real del sector privado hay que agregarle un retroceso aún mayor de los salarios del sector informal, como así también el mayor costo impositivo que tuvieron que enfrentar aquellos monotributistas que fueron reempadronados como responsables inscriptos por la no actualización de las escalas”.
En enero, el rubro turismo tuvo salidas por U$S 1.433 millones (+ 56%) que llevaron al máximo histórico de demanda por tal concepto. También hubo un importante incremento del 23% de los pagos por importaciones. A modo de ejemplo, en 2016 se vendieron 800.000 heladeras, un 7,5% menos que en el año anterior. Al propio tiempo que aumentó el ingreso de heladeras importadas, que pasaron de 30.000 unidades a 100.000 en doce meses.
Pero la delantera se la lleva la industria automotriz con un egreso anual de U$S 1.096 millones (U$S 390 millones en 2015).
La última medida que tomó el Gobierno a fin de “transparentar” los precios con financiación, no está claro que logre repuntar el consumo.
Para Carlos Rodríguez, fundador del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA): “Es una medida que está destinada a bajar la tasa de inflación a lo que venga. Esperaban que el precio financiero siga constante y baje al contado. La gente solo se fija si puede pagar la cuota, pero el INDEC registra los precios de contado, entonces obtuvieron una pequeñísima baja de la inflación a costa de una fuerte caída de las ventas”.

Empleo y salarios

Un informe del Ministerio de Trabajo sobre la evolución del trabajo formal durante los últimos cinco años (2012-6) señala que “la evolución de los trabajadores del sector público presenta una tendencia expansiva a lo largo de todo el período, aunque en 2016 se percibe una desaceleración del crecimiento”. Entre enero de 2012 y noviembre de 2016, creció un 22%, con la incorporación de 566.000 trabajadores y una tasa anual del 4%, aunque para noviembre ya lo hacía apenas al 0,8% anual. Para 2017 se espera congelar vacantes.
También el trabajo privado muestra un crecimiento a lo largo del período analizado de un 4,7%, lo que implica la incorporación de 383.000 trabajadores, de los cuales 198.000 (52%) corresponden a trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo, 107.000 (28%) accedieron a empleos en empresas y 65.000 (17%) son de casas particulares. No obstante, el empleo privado formal ya se había plantado en 2012. Para 2017 habrá recuperación en la construcción, servicios y comercio, pero poca demanda en la industria.
De tal forma, solo uno de cada cuatro nuevos trabajadores privados están en relación de dependencia y, si sumamos el sector público, solo uno de cada diez pertenece al sector asalariado privado.
En materia salarial, a noviembre de 2016, los 6.400.000 trabajadores formales en el sector privado percibieron en promedio un sueldo bruto de $ 20.658, pero la mitad menos de $ 16.584, cercano al valor de la canasta de pobreza. El salario real promedio cayó en los últimos 3 años: -6,5% en 2014, -0,2% en 2015 y otro -3,5% en 2016.
Según datos de la AFIP, la industria tiene actualmente 38.000 trabajadores menos y la construcción 35.000 menos que a fines de 2011. El agro tiene la misma cantidad de trabajadores y hubo un incremento en los servicios.
Creció el número de monotributistas (200.000), de los cuales unos 60.000 corresponden a 2016. Así, el sector público y el monotributo concentraron el aumento del empleo formal.
Por último, según un estudio de Tiempo Argentino, publicado en su edición del pasado 15 de enero, los aumentos de servicios y tarifas significan para un consumidor promedio subas de $ 1.100 por mes. “Los números son relevantes si se tiene en cuenta que la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec estableció que la mitad de los individuos que tiene ingresos percibe menos de $ 8.000 por mes”, señala. Además, la mayoría de las paritarias comienzan a negociarse a partir de marzo, es decir, que durante el primer trimestre deberán afrontar precios más caros con el mismo salario del año pasado, a lo cual se agregan las subas propias de la época como servicios turísticos y la cuota de los colegios privados.

Tierra del Fuego

Se observa una fuerte caída del empleo en Tierra del Fuego (12,5%) y en Santa Cruz (10,3%).
La presidente de la Cooperativa Renacer. Mónica Acosta, aseguró que la crisis industrial se sigue agudizando en Tierra del Fuego. “La actividad principal es la fuente de empleo y no está garantizado lo básico, por todas las políticas que nos están inundando, desde la apertura de importaciones, que conspiró contra gran parte de nuestros productos; el carácter recesivo de la crisis; la no continuidad de contratos históricos como el fasón de Newsan luego de diez años ininterrumpidos”, informó.
“Las ventas en los productos de electrónica sigue cayendo y las políticas han acotado las perspectivas de fabricación en la isla a sólo tres productos, básicamente celulares, aire acondicionado y televisores. Nosotros de esos tenemos solamente televisores pero tampoco hemos firmado contratos para este año”, expresó.
“Nuestro punto de equilibrio sería fabricar los mismos electrodomésticos que fabricábamos el año pasado para sustentar 180 familias. Pero de esos 23.500 que fabricábamos por mes, pasamos a una producción de 8.000 productos mensuales. Es una producción muy modesta. En enero tuvimos que hacer un parate obligado”, expuso.
Por otra parte fue consultada sobre la pérdida de puestos de trabajo en la industria, que la UOM estima en seis mil, y aseguró que “son muchos más. Esa cifra es de Río Grande, donde se vive la crisis con más gravedad y ambos cónyuges han perdido el empleo en forma simultánea”.
Dio a conocer que personal de la Aduana de San Sebastián “me dio información de que, desde el 15 al 30 de diciembre se ejecutaron más de 300 mudanzas por tierra, y es gente que se fue por la pérdida del empleo industrial. En los primeros quince días de enero había otras 200 mudanzas más. En total fueron 500, en un mes. Esto sigue pasando y marzo va a ser un mes bisagra, porque se van a terminar de conocer cuáles son las licencias no automáticas de productos importados, que está vinculado al tema informática, una de las partes más críticas”, advirtió.
En Santa Cruz, la usina de carbón de Río Turbio se encuentra detenida hace casi un año y solo unos pocos operarios se ocupan del mantenimiento básico.
Los cuatro sindicatos con actuación en la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), y autoridades empresarias, comparecieron en el Ministerio de Trabajo de la Nación, por la denuncia de los Convenios colectivos de trabajo, que es intención empresaria modificar en función de la productividad, explicaron fuentes gremiales, que rechazan la medida.
“Nosotros decimos claramente que no se va a modificar nada mientras la empresa no se ponga al día con todas las deudas que tiene con los compañeros de trabajo, y la empresa tenga una producción segura”, dijeron desde la representación de la seccional Río Turbio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Las cuatro representaciones sindicales pidieron por la reincorporación de los 79 trabajadores despedidos por la empresa, que reiteró el compromiso asumido en una reunión con el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, de que elevará el informe respectivo.
La subsecretaría de Relaciones Laborales fijó una nueva audiencia para el jueves 9 de marzo a las 13:00 en la sede central de esa cartera laboral.

Cifras en la CABA

Según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en un año, aumentó del 52% al 56,3% la cantidad de ocupados porteños que se desempeñan en puestos de baja calificación. También disminuyó la población asalariada que, de abarcar al 77,7% de los ocupados en el tercer trimestre de 2015, descendió al 75,4% en igual período de 2016 (81% en 2014). En un año la desocupación porteña subió del 7,2% al 9,8%, pasando de 119.403 personas en el tercer trimestre de 2015, a 165.851 un año después. A su vez, “el 50,7% de los hogares tiene jefe asalariado y otro 18,2% trabajador independiente, lo cual implica que el 31% de los hogares tiene a su jefe inactivo o desocupado”. Al 22,1% de los jefes de hogar asalariados su empleador no le realiza descuentos jubilatorios, o sea, que se desempeña en condición de precariedad.
Por último, el personal de los hospitales metropolitanos agrupado en la filial porteña de la ATE paralizó el viernes las tareas en todos los establecimientos “en defensa de la salud pública y la convocatoria a paritarias”, entre otras demandas, y anunció una nueva huelga de 24 horas para el jueves 23.

Mario Hernandez

La fuga de dólares del Grupo Macri, en la mira por la deuda del Correo

El economista Matías Kulfas, integrante de la comisión investigadora en el Congreso en 2002, señaló la importancia de revisar esa información en este nuevo contexto y destacó el "manejo espurio" de los Macri en el Correo.

Luego de que Tiempo diera a conocer en la edición de este domingo que el Correo Argentino S.A fugó dólares al exterior mientras aducía que no podía pagarle al Estado, quienes participaron de esa investigación en el Congreso opinaron que ahora esa información toma otra relevancia en el contexto en que el Correo quiere que condonen aquella vieja deuda.
El Correo debía al Estado 450 millones de pesos dólares pero sus dueños, el Grupo Macri, fugaron en ese momento más de 58 millones dólares al exterior, según consta en el informe que elaboraron los diputados que trabajaron desde enero de 2002 a octubre de 2003. Allí figura que las cinco grandes empresas del Grupo Macri fugaron un total de 58.572.227 dólares antes de que se acabara el uno a uno. En particular, la empresa postal que fundió Franco Macri giró en el año 2001 unos 4.891.000 dólares, según consta en el informe de la vieja comisión.
Entre los diputados que investigaron se encontraba Eduardo Di Cola, quien escribió un libro que reseña todo el trabajo de aquella comisión legislativa que investigaba a los Macri -entre otros empresarios fugadores- y se titula "Fuga de divisas en la Argentina. Informe final de la comisión especial de diputados 2001". Editado por Siglo XXI Editores Argentina, fue escrito con la colaboración de los economistas Nicolás Arceo y Matías Kulfas. Di Cola, posteriormente, sería designado como interventor del Correo.
De la comisión, en su momento, también participaron la legisladora porteña Graciela Ocaña -actualmente aliada del macrismo en la ciudad-, Manuel Baladrón, María Biglieri, Noel Breard, Franco Caviglia, Guillermo Corfield, María del Carmen Falbo, Alejandro Filomeno y Lorenzo Pepe, el histórico dirigente peronista.
Kulfas, uno de los técnicos que asistió en la investigación, sostuvo que "en 2002 nadie quería colaborar mucho con (Eduardo) Di Cola en la Comisión Investigadora de Fuga de Divisas. Se trabajó con mucho entusiasmo". A su vez, el economista consideró "importante" observar la información de fuga de divisas de "un puñado de empresas" en 2002 en el actual contexto.
"En el Correo Argentino se observó una gestión deficiente y un manejo espurio. Si un privado no cumple, se quita la concesión. El Grupo Macri debe pagar la deuda por el Correo Argentino con un mecanismo de actualización. La fiscal propuso esa alternativa", sostuvo Kulfas en diálogo con el programa Ida y Vuelta en AM Cooperativa.
"Argentina tiene hoy una bicicleta financiera que, ante cualquier cimbronazo, cualquier persona podría sacar los dólares del país", analizó. "Las reservas del BCRA son frutos de endeudamiento. Si hay corrida, la apertura financiera desprotege la economía, como en los 90", sostuvo.

Gimena Fuertes
Tiempo Argentino

Macri es uno de los suyos

Desde los años treinta, cada vez que el capitalismo entra en crisis, el liberalismo se desprende de los ropajes democráticos y regresa a sus feudos. Engañan a los pueblos buscando a alguien que diga con palabras escogidas lo que los pueblos golpeados quieren escuchar. Cada ciclo histórico, como si fuera una condena, los pueblos vuelven a votar a sus verdugos. Pero no todos. Esa es la disputa en América Latina. A los poderosos, no les resulta tan sencillo regresar. Por eso, para asustar a los que no convencen, encarcelan a los que protestan. Especialmente a quienes tienen cabeza y corazón. Por ejemplo, a Milagro Sala. En esa pelea andamos a ambos lados del Atlántico. Los amigos y los adversarios cruzan océanos y se encuentran. Por eso, nosotros, aquí, en España, nos sentimos encarcelados con Milagro.
Macri visita España, y Madrid tiene que saludarle como Jefe del Estado de un país hermano. Conocemos las reglas del protocolo, pero duele. Sabemos que Macri está haciendo sufrir a nuestras hermanas y hermanos argentinos. Sabemos que Macri prometió en campaña no tocar los programas sociales, pero está sembrando la Argentina de pobres e indigentes. Sabemos que Macri vuelve a matar simbólicamente a las víctimas del terrorismo de Estado y sabemos que Macri desprecia los derechos humanos. Sabemos que Macri forma parte de esa internacional conservadora que apoya golpes de Estado parlamentarios y que defiende la esclavitud por deudas de los países de la periferia, incluida la Argentina.
Sabemos que Macri está con los jueces y no con la justicia, que está con las empresas multinacionales y no con las cooperativas, que está con los que contaminan y no con los contaminados. Sabemos que Macri está con el lenguaje del imperio y no con las lenguas indígenas, que está con los torturadores y no con los torturados, que está con Satanás aunque siempre ha tenido una cuenta en algún banco del viejo Vaticano. Sabemos que está con Juan Pablo II pero no puede estar con el papa Francisco. Sabemos que Macri está con los que desahucian y no con los desahuciados, que está con los financieros y no con los hipotecados, que está con las petroleras y no con la Madre Tierra. Sabemos que Macri es un presidente manchado con el escándalo de los paraísos fiscales y sabemos que tiene el corazón donde descansa su cartera. Sabemos que Macri alza la voz defendiendo los derechos humanos en los países que intentan gobernar para las mayorías pero mantiene encarcelada injustamente a una mujer, Milagro Sala, porque no le tiene miedo a ese mundo dorado y podrido que representan los Macri de este mundo. Sabemos que Milagro está con el vaso de leche a los niños y Macri está con los fondos buitre. Sabemos que Milagro es la vida de la solidaridad y de los pobres y Macri un recuerdo torpe del Rey Midas al que nunca le enterraron con todo su oro. En España nos topamos con Macri pero nos acordamos de Milagro.
Y aquí, en Madrid, le recordamos al Presidente de la Argentina que los mandatarios pasan pero la solidaridad de los pueblos permanece, que él quedará en la historia como un triste momento de marcha atrás, mientras Milagro Sala vive en cada pueblo que no tiene miedo a los poderosos. Macri, como Rajoy, como Trump, como Temer son el fantasma lúgubre del neoliberalismo y Milagro es la respuesta que siempre los heraldos de la muerte van a encontrar cada vez que toquen la dignidad del pueblo. Por eso estamos con Milagro. Por eso sabemos que Macri no es uno de los nuestros porque es, con toda la evidencia, uno de los de ellos. Uno de los de siempre.
Uno de los que nos ponen en marcha para evitar que nos vuelvan a robar la democracia.

Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero

Rafael Mayoral es diputado de Podemos. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política y cofundador de Podemos.

Pozo de Quilmes: Recuperarlo para recuperar la historia



La ley cede en comodato por 99 años la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria y crea un órgano de gestión. Es el resultado de la lucha de un colectivo de militantes, organizaciones y ex detenidos desaparecidos.
Durante meses, los integrantes del colectivo de organizaciones se reunieron para evaluar las diferentes opciones.

“Colectivo. Nunca la primera parte de un nombre fue más apropiada para un grupo de militantes: somos parte de un grupo abierto, plural y participativo que brega por continuar el proceso de lucha impulsado por los y las sobrevivientes, por los hijos e hijas que dejaron generaciones de militantes, trabajadores y estudiantes de los 70, por los nietos que recuperaron su identidad y los que todavía faltan. Por los jóvenes de ayer que se encarnan en los jóvenes de hoy, por esas luchas que empezaron en el pasado pero que continúan en el presente.” Con estas palabras, Mirta Taboada, periodista e integrante de la Asociación Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, da cuenta de algo que la define, como posiblemente también defina al resto de los compañeros y compañeras de ese Colectivo: una identidad que se ancla en la lucha por los derechos humanos.
La transformación del Pozo de Quilmes en un Sitio de Memoria fue una lucha generada por un Colectivo de militantes, organizaciones y ex detenidos desaparecidos que quisieron recuperar ese espacio físico que constituyó un centro clandestino de detención y tortura, uno de los eslabones en el plan sistemático de la última dictadura cívico-militar. Recuperarlo para recuperar su historia y sostener la memoria de quienes ya no están, una memoria que ayuda en la comprensión del presente.
Durante meses estuvieron codo a codo, cada semana reuniéndose en la Asociación Civil Colectivo de a Pie, a pocas cuadras de la estación de Quilmes, para pensar juntos los caminos a transitar. Esa casa –y otra vez la palabra Colectivo teje una lógica de redes– fue un lugar posible para la construcción de un proyecto de ley que hiciera realidad el objetivo soñado. La casa cobijó durante meses las reuniones, acunó deseos y despertó miradas en común. Fue ahí donde el Colectivo creció y se fortaleció en las multiplicidades y diferencias. “Que la sede de reunión haya sido el Colectivo de a Pie nos dice algo”, señala Mirta. “Nos habla de los lazos que se tejen entre las distintas organizaciones sociales y nos recuerda que frente a los avances de modelos que perjudican a una mayoría en beneficio de unos pocos, nacen –pueden nacer– experiencias colectivas como ésta”.
El derecho a la memoria de las nuevas generaciones se construye en ese acercar el pasado al presente para revelar sus huellas y consecuencias. La memoria interpela y da respuestas. Ese fue el norte, el horizonte para pensarla y entenderla como una práctica de resistencia. “La imagen del chalet en la esquina de Allison Bell y Garibaldi –sigue Mirta– forma una parte sustancial de la identidad del Colectivo. Se convirtió, por votación de sus integrantes, en su símbolo visual. La gestión del edificio desde la propia comunidad civil significa recuperar un lugar del control de una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires –la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes– que formó parte del entramado de poder represivo durante el Terrorismo de Estado cuando era la Brigada de Investigaciones. Un lugar que, como tantos todavía hoy, están vinculados a abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. Su conversión en Sitio de Memoria implica también llenarlo de sentidos y prácticas desde una perspectiva donde la memoria y los derechos humanos abren el camino hacia la defensa de otros derechos”.
Narrar esa memoria, documentar esa historia y traer testimonios de sobrevivientes y testigos es dar paso a una construcción colectiva que rompa el silencio. Porque la memoria es una trama de relatos que se tallan en la historia. Y porque “son los y las sobrevivientes, algunos de ellos integrantes de este Colectivo, los que están expuestos al recuerdo, a revivirlo a través de testimonios y a la difícil tarea –tan corpórea- de volver. Pero vuelven. Una, dos, tres, cinco veces y quienes acompañamos y suscribimos a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia queremos intervenir en y desde esas paredes. Abrirlas a la comunidad y, en especial, a los y las jóvenes. Esa forma de hacer anclada desde la experiencia pasada para intervenir en el presente se palpa en los objetivos que delineó el Colectivo en las tardes que se hacían noche entre mates y voces que argumentaban y escuchaban”.
La ley, presentada a través de la diputada bonaerense Evangelina Ramírez, fue aprobada por ambas Cámaras de la provincia de Buenos Aires el 22 de diciembre de 2016 y no sólo el resultado como tal es un hecho valioso e histórico, también lo fue el proceso de su construcción, las preguntas, las tensiones que surgieron en el camino, las redes que se tendieron con la Comisión Provincial por la Memoria y con otras organizaciones civiles que gestionan Sitios de Memoria.
Mediante su publicación en el Boletín Oficial, el ejecutivo provincial promulgó la ley. Desde ese momento hay sesenta días para que el edificio sea desafectado de sus actuales funciones.
La ley cede en comodato por 99 años la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y crea un órgano de gestión integrado por la CPM, el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio.
“Nunca va a ser suficiente decir que los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos y sociales no representan casos particulares. Nos involucra a todos y todas, nos atraviesa a distintas generaciones a través del tiempo. El ex Pozo de Quilmes representa la primera lucha de este Colectivo y es una victoria colectiva y social”, concluye esta integrante del Colectivo.

Laura Rosso

miércoles, 22 de febrero de 2017

"El actual endeudamiento está basado en el régimen financiero montado hace 40 años por la dictadura"

Entrevista a Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp)

M.H.: Se cumplen 40 años de la sanción de la Ley de entidades financieras firmada por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz que en lo sustancial hoy sigue vigente. Recordando la fecha leí que Martínez de Hoz por aquellos años manifestó que para él era la ley más importante que había sancionado el gobierno de la época. Me gustaría compartir los contenidos de esa ley y por qué el ex Ministro de Economía de la dictadura militar la consideraba la más importante.
J.G.: No solo la más importante, porque cuando él sale del Ministerio de Economía en 1981, dice que se trata del instrumento más revolucionario que hicieron. Es la Ley de entidades financieras 21.526 que transformaba el régimen financiero y es una de las medidas estructurales de la dictadura militar y como bien señalás sigue vigente aunque ha habido mayorías parlamentarias lo suficientemente amplias como para modificarla. Se ha modificado la Carta Orgánica del Banco Central, pero no se ha modificado estructuralmente.
Martínez de Hoz llegó con su plan donde planteó una reestructuración económica muy profunda, se dijo hasta el cansancio que la dictadura militar era el régimen necesario para cambiar el orden económico en la Argentina, para modificar las formas de funcionamiento del capitalismo local. La Argentina venía de años de orientación de una política económica que ponía el acento en el desarrollo del mercado interno y la política de la dictadura militar suponía una reinserción en el mercado internacional, ya no tanto mirando hacia adentro del país, sino potenciando la inserción subordinada de la economía argentina en el sistema mundial.
Lo que hoy muchos llaman “financiarización” de la economía o hegemonía del capital financiero por sobre el capital industrial y productivo se desarrolla con mucha fuerza a inicios de los ´70, si uno mira a escala global en 1971 James Tobin plantea un impuesto para obstaculizar el reciente desarrollo del capital financiero a escala mundial. Lo que Tobin planteaba era cobrar un impuesto a los intercambios de monedas para empastar los circuitos de circulación financiera. Desde ese momento hasta acá no se ha desarrollado la iniciativa del que luego fuera Premio Nobel de Economía, sino que se ha impuesto la ley de la especulación financiera.
La Ley de entidades financieras de Martínez de Hoz trata de adaptar el régimen financiero argentino al sistema mundial, en aquel momento había más de 800 entidades financieras en Argentina, eran muchas porque en ese entonces existían las Cajas de crédito cooperativas a nivel de barriadas de grandes ciudades, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras, y en cada pueblo del país había una Caja de crédito financiera que en algunos lugares era la única entidad financiera que había, que se asumían como complementarias de la actividad de la banca oficial.
Martínez de Hoz vino a plantear que con 50 bancos en la Argentina alcanzaba y sobraba. La realidad actual le da la razón, porque la cantidad de bancos se ha reducido abismalmente. Si en 1977, cuando se establece esta Ley, lo principal de la banca era la banca oficial y la banca nacional, con la reforma financiera y la evolución de la banca financiera lo que tuvimos es un proceso creciente de extranjerización de la banca que se constituyó en el mecanismo por excelencia que permitió uno de los procesos que ha contribuido a hipotecar la economía argentina y que es el endeudamiento.
El sistema financiero se vinculó de manera dependiente con la banca transnacional, hay que pensar que en esta historia la banca estadounidense entró en crisis y lo que hubo fue un proceso de apertura, desregulación y favorecimiento de la banca de inversión en EE. UU. y en el sistema mundial.
El sistema financiero que emerge de la ley 21.526 que formula Martínez de Hoz y la dictadura genocida en 1977, hace 40 años, es lo que permite que la Argentina se inserte en ese mecanismo de liberalización y hegemonía del capital especulativo a nivel mundial. Eso va a permitir no sólo el endeudamiento público sobre todo por la estatización de la deuda externa durante la dictadura militar, sino que va a ser el mecanismo para que en los ´90, bajo el gobierno de Menem, y con Cavallo como Ministro de Economía, que había sido presidente del Banco Central en tiempos de la dictadura, también haya un fuertísimo endeudamiento público.
Me animo a decir que desde la Ley de entidades financieras la Argentina ha tenido tres grandes períodos de endeudamiento, uno el de la dictadura, otro el de la época menemista y el tercero el actual, el que se vive desde el año pasado y en el presente, bajo el gobierno de Macri y este mecanismo de endeudamiento está basado sobre un régimen financiero montado hace 40 años para producir la extranjerización de un sector clave de la economía como es el sector financiero.
Piensen que en la historia del régimen financiero uno puede remontarse a la creación del Banco Central en la década del ´30, pero entre esos años y 1977, cuando se cambia la ley, teníamos una oscilación de regímenes de nacionalización y de procesos de desnacionalización de los depósitos bancarios.
Lo que ocurre en 1977 es que se implementa un régimen financiero donde se intenta hacer desaparecer al cooperativismo financiero de carácter popular, cajas de créditos cooperativas que estaban insertas para la promoción de sectores pequeños y medianos de la economía, hacer desaparecer la banca pública, se privatizan. No pueden privatizar el Banco Provincia del Provincia de Buenos Aires ni el Banco Nación, que son dos de las entidades del sistema financiero argentino, pero se logra que esas entidades estén en la lógica que impuso la Ley de entidades financieras en 1977.
Lo que es lamentable es que a cuatro décadas, no se haya modificado el régimen financiero, esto tiene que ver con cambios en la legislación, con que hay cambios estructurales que hizo la dictadura militar y que en Argentina no se modificaron. Curiosamente no solo la dictadura trajo esta ley sino un nuevo régimen legal de inversiones externas, un tema clave para el gobierno Macri porque el régimen de inversiones externas y el régimen financiero fueron modificados en la dictadura militar y se mantuvieron a posteriori, con cambios estructurales que han condicionado el rumbo de la política económica en Argentina.
En estos 40 años nunca se pensó en redefinir las funciones del sistema financiero para que estén a disposición de lo que quiere la gente, el desarrollo de economías regionales, de la industria local. Al mismo tiempo que tuvimos un proceso de extranjerización del sistema financiero, hemos tenido de manera creciente un proceso de extranjerización de la economía; no hay un solo sector de la economía argentina que no esté hegemonizado y dominado por corporaciones transnacionales. El propio INDEC en la Encuesta de grandes empresas muestra cómo el grueso de los sectores de la economía, excluyendo al sector financiero y agrario, los 2/3 de esas empresas son extranjeras, empresas que dominan la economía argentina.
Ese es el balance que podemos hacer a 40 años y por eso cuando se piensa en perspectivas alternativas, no es solo una consigna el decir que hay que modificar la ley y la política financiera, sino que hay que pensar un régimen financiero acorde a la perspectiva de una economía alternativa.
En muchos debates cuando me preguntan qué programa habría que levantar yo respondo el programa de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética y de la soberanía financiera. Son tres temas claves para América Latina y para el mundo. La soberanía alimentaria para discutir qué es lo que hay que producir, no lo que mandan las transnacionales o la biotecnología, sino lo que hace a satisfacer las necesidades de alimentación de la sociedad, atendiendo la agricultura familiar, comunitaria, el desarrollo del mercado interno, la economía popular vinculada al campo con distribución de las tierras, la reforma agraria integral.
En cuanto a la soberanía energética, no hay dudas de que la energía mueve el desarrollo productivo mundial en un tiempo en el que lo energético esta manejado por ese insumo estratégico que es el petróleo, y hoy se suma el gas no convencional, el caso de Vaca Muerta, que impulsa al cambio de los contratos de los trabajadores a través de un acuerdo entre el gobierno provincial y nacional, las transnacionales del petróleo y el sindicato patagónico de los petroleros en desmedro de los trabajadores y las convenciones colectivas. Por eso hay que discutir qué tipo de energía, para qué y de quién es ese tipo de energía, sino es imposible pensar en términos de soberanía financiera.
En el 2007 se planteó un Banco del Sur con 7 presidentes de la región, lamentablemente muchos de esos regímenes cambiaron, solo con pensar el cambio de gobierno en Argentina con Macri en 2015, el golpe de Estado en Brasil con Temer a la cabeza en 2016, se perdió una oportunidad histórica de pensar una estrategia financiera de la región que imponía que en Argentina se modificara la Ley de 1977.
Pero lo mismo que decimos de la energía, la política de integración energética en la región no podía hacerse porque Argentina sigue con la Ley de provincialización de los derechos soberanos sobre el subsuelo, lo que dificulta una política de nacionalización real de la política petrolera en nuestro país. Recordemos que la re-estatización de YPF fue parcial, sin modificar el carácter de Sociedad Anónima y, por lo tanto, sin modificar la presencia de corporaciones transnacionales y una YPF que terminó entrando en negociaciones con Chevron para facilitar el proceso de ingreso del fracking.
Por eso lo financiero no es solo bancos, orientación del crédito, quién administra los depósitos de la Argentina, porque no hay nada más social que la actividad bancaria. La gran parte de la sociedad argentina, así como del mundo, canalizan su actividad económica a través de los bancos; las empresas pagan los salarios a través de los bancos, los jubilados perciben sus ingresos a través de una tarjeta, hay una tendencia a la bancarización, y este en un sistema que se ha bancarizado, que está en manos de corporaciones transnacionales al servicio de la lógica especulativa del sistema mundial, que pone en evidencia para qué ha servido la Ley de entidades financieras en 1977 que lamentablemente no ha sido modificada, pese a haber transcurrido desde 1983 hasta acá con gobiernos democráticos.
M.H.: Este tema ha pasado casi de manera intrascendente, porque se han conocido pocos comentarios al respecto.
J.G.: Lamentablemente no solo ahora, en los años que han transcurrido también y es un tema trascendente. Muchas veces hablamos del Fondo Monetario y hay que pensar que cuando está en Argentina funciona en el Banco Central que es la unidad madre del sistema financiero argentino; el Banco Central sigue estimulando hoy la especulación financiera, con las altas tasas de interés con las que tienta a los bancos en primer lugar para comprar letras del Banco Central (Lebac), con tasas que están muy por encima de la hipótesis inflacionaria que plantea el presupuesto.
Aunque no le creamos al presupuesto 2017, los parlamentarios han definido que la inflación prevista para este año es del 17% y las tasas de interés que ofrece el Banco Central están muy por encima, y su rol es la defensa de la moneda argentina, que es el instrumento que todos utilizamos para la vida cotidiana, por lo tanto, es importante que esa moneda esté en los bolsillos de los que tienen que resolver sus necesidades en el mercado.
Todos nosotros, en una sociedad mercantil como es la nuestra, saciamos nuestras necesidades comprando leche, pan, lo que necesitamos para reproducir nuestra cotidianeidad en el mercado y si no hay acceso al recurso no hay posibilidad de resolver eso porque no está generalizada una economía de la subsistencia individual, particular, familiar, comunitaria, sino que hay que resolverlo en el mercado y eso depende de la cantidad de moneda, del dinero que tengamos en nuestros bolsillos.
El régimen económico y financiero en Argentina hace que esos recursos estén altamente concentrados en muy pocos sectores de alta capacidad económica y el Banco Central tiene una política para defender los intereses y necesidades de ese sector y estimula estas elevadísimas tasas de interés como una manera de control de la inflación. Es curioso, la inflación perjudica a los sectores de menores ingresos y el Banco Central por su política de restricción monetaria y altas tasas de interés favorece a los grandes especuladores de la sociedad argentina, en primer lugar a los bancos que son los que institucionalmente están en condiciones de especular, con el dinero que aporta el conjunto de la sociedad al sistema bancario.

Hay una reorientación del tipo de consumidor, de usuario y beneficiario del consumo

M.H.: En los últimos meses hemos visto un aumento del consumo de autos, de departamentos y del turismo. ¿Cómo analizás esto? ¿Hay una reactivación?
J.G.: No. No hay reactivación. Primero que la economía nunca está siempre en baja, tiene un movimiento oscilante de retrocesos, recuperación, ascenso, los datos macroeconómicos dicen que 2016 fue un año de recesión de la economía argentina, cayó la producción, cayó el consumo, la inversión, no hay un solo dato positivo. Hasta podemos decir que eso fue deliberado, a lo mejor no querían que fuera tanto, tal vez por eso primero plantearon una recuperación en el segundo semestre y luego para el 2017. Puede que haya algún rebote. Pero los sectores que manifestaste, autos, construcción y turismo, representan a un porcentaje de la población que no es parte del beneficio de la compra de autos 0 km, ni está vinculado a la reducción del déficit habitacional en la Argentina, ni ha sido favorecido por el proceso de vacaciones del periodo de verano.
Lo que hay es una fuertísima caída de esos sectores, principalmente del sector automotor y de la construcción, ciertas condiciones favorables con grandes descuentos de las empresas, por la lógica del mercado automotor. Hay que recordar que el principal comprador de autos de la Argentina es Brasil, que está en una profunda recesión, cayó la venta de autos argentinos en Brasil, por lo tanto, hubo que reubicar esos autos en el mercado local a través de descuentos para sectores con capacidad de consumo.
El auto más vendido históricamente de los últimos 10 años era el Volkswagen Gol, el año pasado sin embargo el más vendido fueron las pickups, esto tiene que ver con el sector concentrado del agro, con la quita de retenciones, con la devaluación, la combinación de éstas significó una masa de ingresos gigantesca para una parte de la población que está vinculada a los grandes propietarios, productores y exportadores de soja, maíz y trigo.
Por eso aparecen los utilitarios a la cabeza de las ventas, hay un cambio en las características de los compradores, ya no son los autos pequeños de menor valor sino que son camionetas de más elevado precio de mercado, entonces hay una reorientación del tipo de consumidor, de usuario y beneficiario del consumo.
En cuanto al turismo, lo que ha crecido es el turismo hacia el exterior, muchos lo traducen como asociado al “atraso” de la divisa, que es la forma de pedir devaluaciones, que favorecen a grandes productores y exportadores y perjudican a la gran masa de empobrecidos; pero en base a ese “atraso” que se enuncia, es que muchos sectores prefieren vacacionar en el exterior en vez de hacerlo en la Argentina. Los datos del mes de enero de los destinos turísticos de la Argentina no han sido buenos, agregale que en febrero no ha habido más que lluvias y tenés un impacto en el turismo en la Argentina que no se ve favorecido.
Entonces, lo que hay es una continuidad esencial de los problemas económicos de 2016, no aparecen elementos para la recuperación económica, hay algunos que se recuperan, porque siempre que llovió paró, siempre hay rebotes, como en el sector automotriz que tiene más que ver con compras de automotores caros, en materia de turismo crece mucho más el turismo al exterior que el local y en materia de construcción tiene que ver con que se mueven cierto tipo de viviendas y no aquéllas que uno aspiraría para resolver el déficit habitacional que supone millones de viviendas. Incluso es escaso el tema del crédito hipotecario en Argentina y la necesidad que habría de ampliar planes sociales para que los sectores necesitados accedieran a la vivienda sería muy importante. Mucho del crecimiento inmobiliario de los últimos años tienen que ver con la especulación, hay muchísimas viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, etc. En las grandes ciudades hay una gran expansión inmobiliaria que no necesariamente es para resolver las necesidades habitacionales sino para atender necesidades de salida especulativa a capitales ociosos de sectores que tienen excedente y capacidad de inversión y no necesariamente se vuelca a una inversión productiva que resuelva necesidades de empleo o habitación de la población.

Mario Hernandez

Los derechos humanos, el gobierno actual y los anteriores

El ex comandante en jefe del Ejército está preso en La Rioja por crímenes de lesa humanidad

El ex comandante en jefe del Ejército César Milani está preso por orden judicial desde hace unos días, acusado del secuestro y desaparición de un soldado conscripto, cuando él era teniente del ejército. Su arresto se ha hecho efectivo en el lugar del crimen, La Rioja, capital provincial alejada de Buenos Aires.
Cada funcionario del gobierno anterior que vaya a prisión constituye un rédito político para el actual. La apertura de causas judiciales es una herramienta importante a la hora de labrar el desprestigio de sus rivales en las próximas elecciones parlamentarias. Máxime porque una situación socioeconómica en la que la mayoría de la población está perdiendo ingresos y calidad de vida, no es un buen prospecto de campaña comicial.
Si el motivo de la prisión es por crímenes de lesa humanidad, esto se potencia. Los derechos humanos fueron una bandera de los gobiernos K. El procesamiento y la cárcel de genocidas, con sus más y con sus menos, le valió muchas adhesiones, o consolidó las que ya tenía. Que la detención se produzca casi al mismo tiempo que el gobierno se ve sacudido por la condonación de la deuda del Correo y el atropello por las jubilaciones, es un buen "negocio" político para el oficialismo. En el ritmo vertiginoso de los grandes medios, una noticia tapa a la otra. Las perjudiciales para un bando de la puja política son así reemplazadas, siquiera por unos días, por otra que lo favorece.
¿Disminuye eso la responsabilidad de haber nombrado al frente del ejército y mantenido un par de años en el cargo a alguien incurso en crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar?
La respuesta no puede ser otra que un rotundo no. Tampoco eso alivia el daño moral provocado al instigar activamente que Hebe de Bonafini manchara su trayectoria, con fotos en las que se la veía sonriente, al lado del que pudo ser el asesino de sus propios hijos.
Si relacionamos el tema con ciertas cegueras políticas, cabe recordar que el Centro de Estudios Legales y Sociales se situó en contra de la permanencia en el cargo de Milani en su momento. Es un organismo de DDHH de vasta trayectoria, que acompañó en general las políticas en ese campo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La amplísima residencia del ex jefe en un barrio carísimo agrega el posible componente de corrupción durante su gestión. Las "pancherías" (comercios dedicados a la venta de sándwiches de salchicha) cuya propiedad el militar comparte con Guillermo Moreno, detestado funcionario del gobierno anterior, proporciona la cuota de picaresca que brinda un costado cuasi-cómico a lo que sólo debería ser tragedia. El elemento grotesco de esto último podría quedar desvirtuado, si es cierto que ese rubro comercial es muy apto para operaciones de lavado de dinero, por su operatoria exclusivamente en dinero efectivo.
No se puede sino celebrar este acto de justicia, un avance más en el empeño por lograr juicio y castigo para los culpables de secuestros, torturas y desapariciones, sin acepción de sus simpatías políticas, en este caso de dudosa vocación “nacional y popular”.

Daniel Campione

Macri sueña inversiones en las habitaciones del rey y el dictador Franco



Hoy arranca su gira en España. Tras viajar en la empresa que fundió Aerolíneas, se alojó en el palacio más lujoso de Europa. Será recibido por la Guardia Real con cañonazos y un banquete real.

Este martes a las 15 hora española, llegó Macri al Aeropuerto de Madrid. Como primer gesto, voló por la aerolínea Iberia, la misma que vació y saqueó Aerolíneas Argentinas con el concurso del Grupo Marsans y el Estado Español. Lo hizo junto a 200 empresarios, con los que irá en busca de inversiones y “para estrechar las relaciones comerciales entre España y el Mercosur”.
La visita ha causado sensación en el Estado Español, por lo menos en sus círculos políticos, empresariales y de la “alta sociedad”. Es que luego de 600 días sin visitas de mandatarios, será el momento de estrenar el nuevo ceremonial de la monarquía española, encabezada hoy por “Don Felipe y Doña Letizia”. Como cuenta el realista diario ABC, “a partir de ahora, los recibimientos oficiales se celebrarán en el Patio de la Armería del Palacio Real y será más solemne y brillante que el que tenía lugar en los jardines del Palacio de El Pardo. El cambio obedece a una decisión personal del Rey, que ha querido dotar a esta ceremonia de una mayor solemnidad, dignidad y brillantez, con el fin de transmitir la grandeza y el orgullo de lo que significa ser un gran país con una larga y sólida historia”.
El diario Clarín, emocionado, cuenta que “la mole imponente del Palacio Real presentará una de sus más bellas perspectivas. El jefe de Estado argentino será recibido por los Reyes, se ejecutarán los himnos nacionales, y habrá coloridos desfiles de tropas y de la Guardia Real”. El ceremonial de los reyes prepara una serie de eventos y lujosos banquete para la recepción de este miércoles.
También emocionados parecen algunos medios españoles. La frívola revista Hola publicó un informe sobre Juliana Awada, “Desde su pasión por la revista ¡HOLA! hasta su maleta para venir a España”. El País notó que “la imagen de familia feliz forma parte esencial de la estrategia de comunicación de la era macrista”.
Semejantes pompas y opulencias chocan con la situación de millones de españoles que vienen sufriendo la crisis social y económica, con millones de parados (desempleados), 13 millones de pobres y 450 mil niños con pobreza severa. Quizá el símbolo más grande es que esa población más pobre dedica un 28,2 % de sus ingresos a pagar impuestos para mantener esa realeza. Como si su suerte fuera distinta a la de aquellos siervos que sostuvieron con sus diezmos y sus cuerpos la construcción del Palacio El Pardo.

Negocios en la sala de Franco y el Rey

Durante los 5 días de su estadía, Mauricio, Juliana y su comitiva se alojarán en el Palacio de El Pardo. Ciertamente, otro emblema de la realeza española. Su construcción comenzó hace 550 años, en el reinado de Carlos I, para transformarse en el palacio más grande de Europa occidental. Tiene nada menos que 3.418 habitaciones y el doble de superficie que el Palacio de Versalles.
Pero el palacio real guarda un símbolo casi tan crudo como el de los banquetes de la monarquía. Allí se mudó el dictador Francisco Franco después de la Guerra Civil, eligiéndolo como residencia personal y sede de su Gobierno.
Fue tal la asociación de El Pardo con la sangrienta dictadura franquista, que desde la restauración monárquica no solo los presidentes sino los propios reyes debieron tomar distancia del palacio.
Sin embargo, como anuncia el diario La Nación, “Macri tendrá a disposición para encuentros con empresarios el Comedor Real, la sala donde Franco celebró entre 1939 y su muerte las reuniones del Consejo de Ministros”.
Seguramente el presidente estará contento con los honores, salones y sus anfitriones. Con ellos intentará “hacer negocios”, que como anticipan nuestros 500 años de historia se ha tratado siempre de la entrega del país a la “madre patria”. Pero no nos ensañemos con Mauricio. Ya antes se alojaron en El Pardo de Franco y los reyes todos sus antecesores de la era democrática: Alfonsín en 1984, Menem en 1990, Néstor Kirchner en 2006 y Cristina en el 2009.

Lucho Aguilar

martes, 21 de febrero de 2017

Otro ´error´ de Macri, ahora con la venta de su empresa de aviones Macair



Uno de los dueños de Avianca, la compradora, es el buitre Paul Singer

Mauricio Macri acaba de recibir una nueva denuncia penal, esta vez por la entrega de las rutas aéreas a la compañía a Avianca en perjuicio de Aerolíneas Argentinas. La compañía colombiana ya logró una primera autorización oficial para realizar vuelos de cabotaje en recorridos que, en su totalidad, se superponen con los de Aerolíneas Argentinas. Estos servicios serían del tipo low cost (bajo costo), que se basan en una intensa flexibilidad de los trabajadores aeronáuticos.
Sin embargo la cuestión no acaba aquí. Sucede que de acuerdo a la legislación vigente, Avianca no podía prestar servicios de cabotaje, ya que esa posibilidad está reservada a empresas radicadas en el país y con mayoría de capital nacional. Para sortear ese obstáculo legal decidieron comprarle a la familia Macri su empresa de aviones Macair.
Así hicieron negocios ambos: por un lado Avianca que, al igual que LATAM (la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM) sin perder su carácter de grupo de capitales extranjeros adquiere chapa ´nacional´ y podrá prestar vuelos internos y, por el otro, el grupo Macri que recibió por su empresa un valor muy superior a los activos que poseía, ya que le vendió a Avianca la posibilidad de tener una “empresa nacional” y poder, así, realizar vuelos de cabotaje.
El entrelazamiento entre Avianca y el grupo Macri tiene más tela para cortar. Es que para continuar recibiendo los favores oficiales el grupo colombiano nombró como presidente de su filial local a Carlos Colunga, un ex (¿?) gerente del grupo Macri, que sucedió al propio Mauricio Macri en la dirección de la empresa Macair. La designación de Colunga frente a la filial argentina de Avianca abre sobradas sospechas que la familia Macri sigue siendo parte activa de la empresa.
Pero como si el tema no fuera lo suficientemente turbio, ha surgido ahora una nueva revelación: el titular del fondo buitre Paul Singer, que recibió u$s 2.400millones del gobierno por la deuda en default, es uno de los principales accionistas de la empresa Avianca. Tenemos así la siguiente situación: el presidente de la Nación ha realizado negocios con un acreedor buitre del país, le pone a uno de los cuadros gerenciales de su grupo económico a la nueva empresa y ahora la autoriza a volar en los recorridos de Aerolíneas Argentinas.
Si se suma el negociado de Avianca-Macair-Paul Singer a los del Correo Argentino o a los que alcanzan a Arribas-Odebretch surge un patrón común: el saqueo del Estado y del país por parte de los grupos empresarios entre los que se destaca el del propio Presidente de la Nación.

Gabriel Solano

La Bonaerense “borra archivos”

La policía de la provincia y una crisis política

Las adolescentes masacradas en Florencio Varela se han convertido en un testimonio atroz: el crimen develó la presencia de una trama ominosa de narcotraficantes y policías que reclutan menores de edad para introducir y vender drogas en boliches nocturnos. Los traficantes “captan a chicas en situación de vulnerabilidad en fiestas que hacen en quintas o en las previas en casas, para ser usadas como ‘mulas’ para llevar la droga a locales nocturnos” (La Nación, 19/2).
Esa revelación golpea sobre una policía bonaerense en completa crisis, hundida en una corrupción terminal y quebrada por sus internas. Por ejemplo, el comisario mayor Marcelo Di Pasqua, ex jefe departamental de Mar del Plata, denunció al titular de la fuerza, Pablo Bressi, por sus vínculos con el narcotráfico. De inmediato convocó a la prensa y declaró: “Yo no quiero aparecer suicidado en un calabozo (…) esta mafia es capaz de cualquier cosa” (Perfil, 13/2).
Aunque no lo nombra, la referencia de Di Pasqua al comisario Federico Jurado es directa. Jurado, uno de los nueve policías detenidos por recibir coimas, apareció muerto el 18 de enero en su celda de la Unidad 9, en La Plata. Como se recordará, las luchas de camarillas en la Bonaerense hicieron que, delaciones mediante, Jurado y otros ocho oficiales fueran descubiertos con sobres de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata. El Servicio Penitenciario Bonaerense, aun antes de que se hiciera la autopsia, informó que el hombre había muerto por un “paro cardiorrespiratorio no traumático”. La autopsia preliminar, hecha por forenses de Gendarmería, deja demasiadas dudas y habrá que esperar la definitiva.
El abogado del comisario muerto, Daniel Mazzocchini, dijo de su defendido que “tenía 45 años y ningún problema cardiaco. Siempre que suceden estas cosas dicen que es muerte natural”. Mazzocchini recordó que poco antes la jueza Marcela Garmendia había rechazado un pedido de habeas corpus por su cliente, solicitado porque “temíamos por su seguridad” (La Nación, 19/1). Por eso las prevenciones del denunciante Di Pasqua: él sabe con qué celeridad se “borran archivos” en las internas policiales, y con qué facilidad los “carpetazos” se vuelven plomo caliente. Es una organización mafiosa.

Continuidad

Di Pasqua había denunciado a Bressi en 2013 por proteger a una banda de narcotraficantes que operaba en Lomas de Zamora, cuando el actual jefe estaba a cargo de la Dirección de Investigaciones de Esteban Echeverría y era, según testimonios de un comisario retirado (Perfil, ídem) “el recaudador de (Hugo) Matzkin, que por su efectividad en la recaudación lo premió y le consiguió el ascenso a jefe de la Bonaerense”.
Estamos hablando, como se ve, de una continuidad delictiva directa entre la organización policial de Daniel Scioli y la actual. Matzkin, jefe de policía del ex gobernador y actual compinche en Ezeiza (precisamente donde operaba Bressi) del ex ministro de seguridad kirchnerista, el matón Alejandro “38 especial” Granados, tenía en Bressi a su principal colaborador.
En cuanto a Di Pasqua, nadie piense que es trigo limpio. El mismo comisario citado antes dice: “Di Pasqua acusa a Bressi por sus vínculos políticos, pero él siempre usó el mismo mecanismo (…) ahora están en una disputa de poder” (Perfil, ídem). Di Pasqua lo admite. Cuando el periodista le recuerda que está denunciado por enriquecimiento ilícito y que su patrimonio no guarda correspondencia con los ingresos de un comisario, dice simplemente: “Yo no meo agua bendita. Cada cual se las rebusca como puede. Algunos hacen adicionales, otros manejan un taxi. A mí por suerte el bocho me dio para un poco más”. Son reos confesos.
Prensa Obrera, en una nota de la semana pasada por el comienzo del juicio oral en el caso de la niña asesinada Candela Rodríguez, dijo que ese crimen se vinculaba con las disputas entre policías por el territorio del narcotráfico y con luchas feroces de camarillas por la jefatura de la fuerza. Esa pelea se multiplica constantemente, se alimenta a sí misma y señala la descomposición terminal de una fuerza corrompida hasta los huesos.
La Bonaerense muestra síntomas de disolución desde hace mucho. La proliferación de policías locales es demostración de eso. Por cierto, ha sido el remedio tan malo como la enfermedad: esos “pitufos” se han transformado en fuerzas de choque de los intendentes, en protectores del delito en cada zona y, además, ya acumulan denuncias abundantes por casos de maltrato y gatillo fácil.
La atrocidad de Florencio Varela vuelve a mostrar el absurdo de vincular la seguridad ciudadana con mayor presencia policial. La Bonaerense tiene 90 mil efectivos, es la institución armada más grande del país y también la banda más peligrosa, organizadora del delito. Las policías locales nacieron con todos esos síntomas de putrefacción avanzada. El pueblo trabajador necesita tomar en sus manos la cuestión de la seguridad, consciente de que la policía es parte sustancial del problema junto con la corrupción de jueces y políticos patronales.

Alejandro Guerrero

Crisis entre la Iglesia y los Scouts por “la ideología de género"

El clero quiere una total subordinación de los jóvenes

Hace unos días trascendió una carta de Mario Poli, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Argentina, donde manifiesta su malestar con la Asociación Scout debido a un cambio en el plan educativo aprobado en su última Asamblea Nacional, donde se modifica el concepto de familia como “formado por un varón y una mujer” por el de “formado por personas”.
Afirma que esto constituye un punto de no retorno y ataca el “avance (de) la ideología de género” en la asociación juvenil. A su vez, confiesa la intención de apuntar a un mayor grado de regimentación conformando una Federación de scouts cristianos, luego de la separación de los Scouts de Argentina. (Infobae, 11/2).
En diciembre pasado, Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, había retirado el financiamiento a la regional de los Grupos Scouts de La Plata en el marco de la misma modificación del concepto de familia que, según él, allanaría el camino para la aceptación del “divorcio, las parejas ensambladas y el cambio de sexo” (Clarín, 19/12/16).
La crisis abierta entre la Iglesia y su principal asociación juvenil (nuclea a más de 75.000 niños, niñas y jóvenes) pondría en juego una fuente muy importante de reclutamiento para la curia. Los grupos Scout son una de las patas mediadoras en el control educativo e ideológico de la juventud por parte del clero, a la vez que constituyen una valiosa herramienta de contención social, en el marco del ajuste en curso, en los barrios más pobres del país donde realizan actividades asistenciales.
En respuesta, la cúpula de la Asociación Scout llama desesperadamente a un diálogo con el Obispado, en una demostración del carácter oscurantista y conservador de los principios rectores de esta organización.
El rol reaccionario de la Iglesia en la educación de los jóvenes se despliega cotidianamente, privándolos de educación sexual, obstaculizando la interrupción de un embarazo no deseado y persiguiendo las sexualidades divergentes.
A su vez, asistimos a esta crisis en un país sacudido por enormes escándalos originados en el abuso de menores por parte de curas, con la complicidad del Vaticano y el Estado.
La Iglesia, en tanto institución retrógrada y reaccionaria, batalla contra el “avance de la ideología de género” en sus organizaciones juveniles en el marco de un ascenso del movimiento de mujeres a escala mundial en la lucha por sus derechos.
Queda clara la enorme impostura de quienes hoy en día justifican su transformación en el brazo piquetero de la Iglesia a partir de expectativas en el supuesto discurso “progresista” del Papa.
Los Estados han tercerizado buena parte de la cultura, el deporte y el esparcimiento de la juventud en el clero y sus organizaciones satélites. A esta orientación reaccionaria le oponemos la libre organización de la juventud, forjada en la lucha por ganar los recursos para su desarrollo material y espiritual.
Hoy más que nunca los jóvenes debemos organizarnos en forma independiente exigiendo la separación de la Iglesia y del Estado. Y, de este modo, terminar con el financiamiento a la educación clerical y confesional y conquistando una verdadera educación sexual laica, científica y no heteronormativa.

Luna y Emilia (Plenario de Trabajadoras - UBA)

No es la rave, es un régimen social



A propósito del regreso de las fiestas de música electrónica: el escenario de la descomposición capitalista, bajo tutela estatal y sanitaria.

La crónica de los diarios sobre la vuelta de las fiestas electrónicas en Costanera Norte, a un año del desastre de Time Warp, es por demás reveladora. En el boliche “Mandarine Park”, se reunieron el sábado pasado 5200 jóvenes. La fiesta, según constata una periodista de La Nación, contó con un enorme despliegue de fuerzas de seguridad, personal sanitario y seguridad privada. El dispositivo incluyó a la Cruz Roja, la cual, además de sus puestos de atención, entregaba volantes “con información sobre el consumo de drogas”. El dispositivo se corresponde con las exigencias de la ley de eventos masivos que sancionó la Legislatura este año, como supuesta salida a la grave crisis política planteada por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp.
En cualquier caso, y según relata la cronista, las drogas de diseño “circulaban cómodamente por un predio que, salvo el VIP, se organizó al aire libre”. Dealers “ofrecían pastillas de éxtasis a 200 pesos”. Como saldo, “24 personas debieron ser atendidas por la Cruz Roja”, y una “tuvo que ser derivada al hospital Fernández con un cuadro de intoxicación”. La información da cuenta también de la provisión gratuita de agua en bidones para hidratar a los consumidores de pastillas, lo cual no evitaba el negocio de las botellas de agua a 50 pesos. El conjunto del ´evento´ transcurría bajo la vista de 26 inspectores de la Agencia de Control Comunal, también, en este caso, de acuerdo a lo que marca la ley.
Así las cosas, el escenario de Time Warp volvió a instalarse en la Costanera Norte, en esta ocasión, bajo el manto de las regulaciones estatales. Con seguridad, la línea entre la vida y la muerte para los jóvenes atendidos por la Cruz Roja o en el Fernández, fue muy delgada. Recientemente, en Santa Fe, y bajo diversos recaudos y controles, murieron dos jóvenes intoxicados en las mismas circunstancias.
Probablemente, los derechistas que lean la crónica de esta fiesta apuntarán a la inefectividad de los efectivos de seguridad o a su presencia insuficiente, para reforzar los dispositivos represivos sobre las fiestas. La crónica que citamos, sin embargo, da cuenta de una fuerte presencia de la Prefectura. La conclusión es otra: la renovada intoxicación masiva de jóvenes, en presencia de todos los estamentos –policías, inspectores, agentes de salud– del Estado, sólo demuestra que el gigantesco negocio del narcotráfico transcurre como una rama más de la organización social capitalista, y bajo la venia del Estado que protege sus intereses. La “zona liberada” de prefectos, empresarios y funcionarios que permitió Time Warp fue ahora ampliada, abarcando a la Legislatura porteña y a todas las instituciones del Estado.
La producción de drogas de diseño, su distribución e ingreso a los megaeventos no podría tener lugar sin ese amparo estatal. A su turno, los beneficios gigantescos de este negocio construido a costa de la vida y la salud de los jóvenes alimentan las arcas del capital financiero, muchos de cuyos bancos han sorteado la bancarrota a costa de recibir los fondos de los narcos. La megaintoxicación de jóvenes, por lo tanto, está unida a la decadencia y descomposición capitalista. Los derechistas que miran este escenario de espanto apuntan rápidamente a “la música” o “el megaevento”. Pero como dijo un conocido locutor de radio, “no es la música”. Es el régimen social que se escuda en la fiesta masiva para dar lugar a una de sus manifestaciones más aberrantes. Es muy abundante el material científico que da cuenta de las consecuencias letales –en lo físico y psíquico– de las llamadas “drogas de diseño”. La respuesta a esta crisis ha tenido dos vertientes principales. Por un lado, la de quienes reclaman prohibiciones y reforzamientos represivos, aumentando la capacidad de extorsión del mismo Estado y fuerzas de seguridad que son cómplices de este filón de negocios y de su desarrollo. Por el otro, la miseria política de los progresistas –e incluso izquierdistas– que asumen al consumo de drogas como “dato”, del mismo modo que lo hacen con la miseria social y otras lacras del régimen actual. Y a partir de allí, han consagrado al “control de daños” como la estación terminal de su política frente a la droga. La fiesta de este sábado es la consumación de esta línea: o sea, el escenario de la descomposición y la muerte en ciernes, bajo la mirada atenta de la Cruz Roja. Los apologistas del `consumo responsable` se escudan en la libertad humana, como si esa libertad existiera para una juventud sometida, alternativamente, al desempleo o a la superexplotación; a la angustia y a la inseguridad de la existencia y, por lo tanto, al acoso de los dealers. El infierno de “pastillas” tiene, para el capitalismo, dos cometidos: por un lado, desarrollar un gran filón de negocios. Por el otro, destruir las energías físicas y morales de la juventud, para que éstas no se vuelquen contra el orden social existente. Por eso mismo, la lucha contra la droga, y contra su consumo, por medios políticos, es una convocatoria a la juventud a sumarse a la lucha por una transformación social, o sea, por abatir al capitalismo y al Estado que han elevado este negocio infame a una escala industrial jamás conocida. Esto fue lo que dijimos en la Legislatura, frente a la hipocresía del “control de eventos”. Esto es lo que volvemos a decir ahora.

Marcelo Ramal