Se fue Quino, reconstructor en viñetas de un mundo roto

A mi viejo. 

 A sus 88 años, y a solo un día de que su creación más icónica, Mafalda, cumpliese 56, falleció el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado. 

 Digamos “Quino”, que así se lo conoció, estampado ese pseudónimo en una firma que más de uno podría reconstruir de memoria. 

 Tirando del ovillo de esa tira de la niña Mafalda, que salió por primera vez en la revista Primera Plana en 1964 y continuó hasta 1973, de sus memorables intercambios con su pandilla de icónicos amigos y su familia, podría seguirse el hilo de unos años de conmoción en la Argentina y el mundo. Son los tiempos de la beatlemanía, de la que mamarían las figuras del naciente rock nacional; del Cordobazo que en el ’69 signaría un alza del movimiento obrero y del retorno de Perón al gobierno que vendría a querer cerrar ese proceso; del Mayo Francés y las rebeliones contra la burocracia soviética. 

 Son, también, las horas de una nueva mirada sobre la infancia y la juventud, latentes en la vagancia escolar y el espíritu lúdico de Felipe, en las preguntas sobre la situación internacional con que Mafalda dejaba en orsai a sus padres. También en las que interrogaba a su mamá, Raquel, sobre “el movimiento por la liberación de la mujer”, solo para encontrársela fregando el piso, en una sucesión que en solo cuatro cuadros trazaba los desafíos planteados –aún hoy, y cuánto- a la mujer trabajadora. Son más preguntas que respuestas, a tono con la filiación progresista de Quino, que parecía buscar su lugar en un mundo que se radicalizaba. 

 Aunque habría, claro, más de una sentencia en las viñetas, que le granjearían no pocos problemas. ¿Quién que haya sufrido la represión del Estado olvidará, tras conocerlo, aquel cuadro en que Mafalda tomaba un bastón policial para asestar esa definición perenne: “¿Ven? Este es el palito de abollar ideologías”?. En una entrevista de 2004, Quino recordaría que en 1975, esas horas en que el accionar de la Triple A y el Operativo Independencia se establecían como antecedente de la dictadura, “uno de los servicios de inteligencia del Estado empapeló la ciudad con otro afiche en el que Manolito estaba junto al policía y replicaba: ‘Ves, Mafalda. Gracias a este palito podés ir tranquila al colegio’”. Ello tras señalar que la censura fue “algo con lo que conviví desde el mismo momento de comenzar a trabajar. En las primeras redacciones que recorrí me advirtieron prontamente que había temas, como el sexo, los militares y la represión, que no se podían tocar. Así uno aprende a autocensurarse y encuentra maneras de evitar el control: por ejemplo, la sopa —en el caso de Mafalda— era para mí una metáfora del autoritarismo militar”. 

 En 1976, con el golpe de Estado, el artista se exiliaría en Europa. Y años después, ante el fallido golpe a Alfonsín en 1987, realizaría un cuadro clamando “sí a la democracia”, la que sin embargo terminaría concediendo a los golpistas carapintadas –entre cuyas filas se encontraba Sergio Berni- la Ley de Obediencia Debida. En sus últimos años, sus declaraciones públicas oscilarían entre expresiones de simpatía por la monarquía española y otras por la Revolución Cubana, así como definiciones de sí mismo como “anticlerical”. En 2017, volvería a instalarse definitivamente en Argentina. 

 En todos estos años posteriores a Mafalda, el artista daría paso a una espectacular obra en viñetas, más ácida pero igual de humana, en que los dramas y las comedias de la incomprensión entre pares, del enredamiento del lenguaje, coexistían con representaciones de la opresión únicas, que lo revelaban como un brillante artífice del género, audaz constructor de imágenes. Son esos grandes espacios, de escalas inhumanas, en que jefes muy bien alimentados colocan exigencias absurdas a sus empleados. Es esa sucesión de cuadros, sin palabras, en que un político convence a su auditorio de una trama, solo para volver a su casa y pensar en otra. O aquella otra, también silente, en que una oveja camina junto a sus pares por una calle comercial, una sardina se apelotona con otras en un colectivo, un caballo corre el subte, una bestia intenta conseguir asiento, un chancho viaja triste en el tren, una vaca cansada camina por un paisaje suburbano y, finalmente, un niño sonriente le dice “hola papá” a un trabajador que llega exhausto a su hogar por la noche.

 Desde nuestras madres y padres, que crecieron junto a su obra, hasta la infancia que hoy sigue leyendo las páginas del Toda Mafalda, ya gastadas por nosotros en los ’90, lo despedimos con ese sueño de Felipe: “¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos?”. El día que eso suceda, de seguro estará Quino en sus estantes.

 Tomás Eps

Alberto Fernández, entre la soja y el Fondo

El gobierno reduciría las retenciones al capital agrario, para incentivar las exportaciones. 

 La política económica del gobierno de Alberto Fernández se ha encerrado en su propio laberinto. No está de más en insistir que se mostró rotundamente falsa su premisa de que un acuerdo de reestructuración de la deuda externa resolvería en gran medida las tensiones de la economía nacional. Martín Guzmán había prometido que una vez sellado el canje se aliviaría la tensión cambiaria, y que sentaría a su vez las bases para que las empresas y las provincias renegociaran exitosamente sus obligaciones. Nada de eso sucedió. La cotización de los bonos y de las acciones desde el acuerdo con los bonistas cayeron un 20%. Las concesiones al capital agrario para estimular las exportaciones entraña una nueva encerrona. 

 El agravamiento de la crisis, tras el prematuro fracaso del supercepo cambiario, agravó los choques al interior del gobierno. En una reunión de emergencia realizada el fin de semana en la Quinta de Olivos, con la presencia de lo enfrentados Cristina Kirchner y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, se buscaron acuerdos. El gobierno nacional habría resuelto allí avanzar en medidas para incrementar la liquidación de las exportaciones, que cayeron en picada porque los pulpos retienen la cosecha a la expectativa de una devaluación, agudizada por una brecha cambiaria en torno al 90%.

 De fondo existe una desesperación ante la incapacidad de frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central, que continuó durante las dos semanas de feriado cambiario tras el anuncio de las nuevas restricciones, y en el primer día de actividad bajaron casi 100 millones de dólares. Lo que se implementaría ahora es una baja en forma temporaria de las retenciones a la soja y el maíz, para que los acopiadores liquiden la cosecha retenida, equivalente a unos 11.000 millones de dólares. El 40% de la cosecha de soja y el 30% de la de maíz sigue sin comercializarse, esperando la suba del dólar. En el año, las liquidaciones se ubican un 31% por debajo de las del año pasado. 

 Pero lejos de ser una solución, abre nuevos problemas. En primer lugar, el FMI no avalaría una reducción sostenida de las retenciones, porque ello agravaría el déficit fiscal y pondría en cuestión la única vía para recaudar las divisas necesarias para el repago de la deuda. La idea de que una baja temporaria permitiría salir del paso es una ilusión, porque sentaría un precedente imborrable que en el futuro volverá a dominar todas las apuestas de los pulpos de los agronegocios. El primer indicio de la extorsión ya está en marcha, ya que la siembra de la campaña 2020/2021 arroja que la cosecha será un 6% menor a la de este año.

 Las otras variables son igualmente precarias. La opción de recurrir a subsidios o exenciones, en el marco del tratamiento del Presupuesto y cuando otros sectores reclaman auxilio de los fondos públicos deficitarios, no aparece como una vía. Lo que estaría definido es que para las empresas del agro, al igual que para las de minería y energía, quedarán exentas de las restricciones del supercepo para cancelar sus obligaciones. Se configura así un nuevo «pacto Chevron» de alcance general para todas las ramas exportadoras. 

 La reprimarización de la economía nacional que deriva de ello es un dato incontrastable. El maíz y la soja representaron el 50% del valor del total de las exportaciones del país, según Bolsa de Cereales de Rosario. Esto, cuando las exportaciones industriales fueron apenas un 22%, un mínimo histórico que se ubica un tercio por debajo del promedio de los últimos 15 años (Perfil, 26/9). Sostener el planchazo de la industria, con sus miles de despidos, es parte de las condiciones para mantener el precario superavit comercial. Esto cuando la desocupación dio un salto del 30% en el país. La suba de las tasas de interés en pesos, para desincentivar el ahorro en dólares, anularía el margen para una reactivación productiva -y agrandaría la ganancia de los bancos privados que hacen su agosto con la tasa del 38% de las Leliq.

 Estas contradicciones conducen a un único lugar: la devaluación, que el gobierno pretende evitar. El supercepo cierra la ventanilla a cuatro quintos de los compradores de dólares -entre ellos a los trabajadores cuyas patronales solicitaron el ATP-, pero en agosto las divisas que se fueron por esa vía fueron exactamente equivalentes a las que se fugaron por el pago de intereses al FMI. El cuadro es crítico porque las reservas internacionales están cada vez más cerca de 0. La opción de ejecutar el swap chino genera resquemores en Washington.

 De esta manera nos acercamos al peor escenario, que es el de la maxidevaluación una vez que la caja del Central se encuentre en terreno negativo. Esto por supuesto que no afectaría a todos por igual. Por fuera de los beneficios extraordinarios que brindaría a los sojeros, las mineras y las petroleras, los inversores ya se preservan de los efectos de una depreciación del peso recurriendo a los contratos de dólares a futuro, que quintuplicaron su demanda la semana pasada. Para las familias trabajadoras será una confiscación en gran escala por vía inflacionaria -la cámara de las alimenticias acusas que al día de hoy los precios acumulan un atraso –por aumento de costos- del alimentación es del 20%. Es la punta del iceberg de cómo se preparan los capitalistas para descargar sobre los consumidores el encarecimiento del tipo de cambio.

 Las contradicciones mortales de la política del gobierno de Alberto Fernández la pagan los trabajadores. La misión del FMI que arribará al país en octubre será la ocasión para contraponer un programa antagónico, basado en el repudio de la deuda externa usuraria y la nacionalización de la banca y el comercia exterior bajo control obrero.

 Iván Hirsch

Mendoza: histórica caravana en defensa de la educación pública

Con una caravana que reunió nada menos que cinco mil autos, los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza ganaron las calles en rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobernador Suárez. 

 A mediados de septiembre, Suárez presentó en la Legislatura provincial un proyecto que, centralmente, presenta a la educación como un servicio (no como un derecho), abriendo paso a una privatización del sistema sin precedentes. Se plantea el retiro progresivo de la responsabilidad del Estado como garante, tanto en materia salarial como presupuestaria, para avanzar hacia su municipalización. A su vez, precariza los salarios por productividad y atenta contra la estabilidad laboral. Plantea la evaluación de la “calidad” educativa, profundizando la política del “Operativo Aprender2, elaborando un ranking de escuelas. En Mendoza recordemos, ya existe el llamado “ítem aula”, que es el cobro de un presentismo para aquellos docentes no falten a clases más de tres veces al mes (el 10% del salario), que rige desde el 2016. La reforma flexibiliza la jornada laboral de los docentes, ya que se consagra la “bimodalidad” (virtualidad-presencialidad), para lo cual se pretende reformar el Estatuto del Docente (art. 142). En definitiva, una ley privatista y anti educativa. No es casual que esta reforma haya sido presentada de manera unilateral e inconsulta con toda la comunidad educativa. 

 Mientras tanto, las paritarias están cerradas desde comienzos del 2020 y con la educación “virtual” sostenida únicamente con la conectividad e insumos tecnológicos garantizados por docentes y las familias.

 La docencia dice NO 

A las pocas horas de conocido el proyecto, se extendió un rechazo generalizado entre la docencia y los estudiantes. Se reproducen asambleas de escuelas, grupos de WhatsApp, autoconvocatorias y campañas de fotos y videos en las redes sociales con un mensaje muy claro: #NoALaLeydeEducación. 

 El pasado lunes 28 se realizó un Plenario Provincial de delegados del SUTE, sindicato docente combativo. Casi 1.000 escuelas estuvieron representadas a través de sus delegados/as en los plenarios departamentales que fueron construyendo el plenario provincial. Entre los mandatos quedó reflejada la necesidad de realizar un paro provincial si el gobierno no retrocede. Por unanimidad se votó el rechazo a la ley de educación, la convocatoria inmediata a la paritaria y la realización de dos caravanas (29 y 30 de septiembre) para respetar la salida a la calle según el DNI. 

 La jornada del martes 29 congregó a miles de docentes que se sumaron en sus autos, partiendo desde Lavalle y el este provincial para movilizarse hasta la Ciudad de Mendoza, donde la convocatoria central partió desde el Parque Central. La caravana fue tan grande que, cuando la cabecera llegaba a Casa de Gobierno, aún había autos saliendo del punto de inicio. Los caravanazos se replicaron en el Valle de Uco, San Rafael, Malargüe y General Alvear, donde también fueron masivos, expresando el repudio en toda la provincia. 

 El rechazo a la ley privatista se está convirtiendo en una causa popular. Las familias y los estudiantes comprenden que es un ataque a la Educación Pública y se están sumando a los reclamos de los maestros. Varios medios locales coinciden en que este movimiento de lucha podría adquirir las dimensiones del “Mendozazo” que frenaron la modificación de la Ley 7.722, a principios de año. “El agua no se negocia, la educación tampoco” es una de las consignas que se empieza a popularizar. 

 El gobierno provincial ha sentido el golpe de las protestas. Durante el transcurso de la caravana, el gobernador Suárez anunció que retrasará el “Congreso Pedagógico” (una fachada para hacer pasar la ley como “democrática”) para fines de noviembre para “lograr los consensos necesarios”.

 Se están reuniendo las condiciones para que la docencia construya una huelga general provincial, que imponga el retiro inmediato del proyecto de ley, junto a la convocatoria a paritarias y un aumento salarial de emergencia del 40% de los salarios.

 Mariano Hermida 

 30/09/2020

Chubut: un centenar de los trabajadores de salud con Covid-19

Los trabajadores del sector están a la vanguardia de la lucha en toda la provincia, con movilizaciones y cortes de rutas nacionales.

 La alarmante cifra con la que titulamos este artículo no es oficial, pues el Gobierno provincial se niega a brindar información certera al respecto. Sin embargo, desde Política Obrera pudimos averiguar que en Puerto Madryn trabajan alrededor de 900 personas en salud a nivel estatal, de los cuales 50 se contagiaron desde que comenzó la pandemia, y hay alrededor de 30 que cursan la enfermedad en la actualidad. Los primeros contagiados fueron a fines de agosto. En la zona de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly hoy falleció el enfermero Egon Robinson Vargas y habría más de 70 trabajadores aislados, la mayoría de ellos con alta probabilidad de estar contagiados. Estamos hablando tan solo de dos puntos del territorio provincial. En el último mes y medio el número de contagiados con Covid-19 pegó un salto, en especial en el sector de la pesca como así también en comercios o la industria petrolera. Los hospitales de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn colapsaron en una provincia en la que el desmantelamiento de los servicios del Estado se viene produciendo hace años y en la que a todos los trabajadores se les debe el medio aguinaldo, el sueldo de agosto, a algunos el de julio y muy próximamente se sumará septiembre. El llamado del personal de salud para volver a fase 1 en Comodoro Rivadavia es desoído por el gobierno, que responde obviamente a las exigencias de las petroleras y no a las necesidades de pueblo.

 Los trabajadores de la sanidad denuncian que las políticas de ajuste de los últimos años llevaron a un vaciamiento del sistema que se expresa no solo en la falta de insumos para afrontar la pandemia, sino también en la escasez de recurso humano frente al incremento de pacientes y de personal contagiado o en aislamiento preventivo por pertenecer al sector en riesgo. La precariedad laboral es acuciante: los trabajadores llegaron a compartir el equipo de protección, es decir después de usarlo, lo higienizaban y lo volvía a utilizar el compañero que lo reemplazaba en el sector. Las jornadas laborales suelen llegar a las 12 horas, aumentando las posibilidades de contraer el virus en cuestión u otras enfermedades. No cabe duda, estamos en presencia de un crimen social contra el personal de la sanidad. Mientras todo esto sucede, el gobernador Mariano Arcioni, su vice Ricardo Sastre y el pleno de la Legislatura del Chubut, acordaron iniciar negociaciones para reestructurar la deuda con los acreedores internacionales, es decir profundizar la dependencia y el régimen colonial en que se encuentra la provincia. Recordemos que todos los meses se devenga automáticamente el importe de la deuda de las regalías petroleras.

 En las últimas semanas el descontento con estas políticas volvió a ganar las calles y rutas de la provincia. En Puerto Madryn hace más de 90 días que los trabajadores de la salud acampan en reclamo por el cobro de sus salarios y mejores condiciones salariales. Allí se han acercado docentes, trabajadores viales, judiciales y de otros ámbitos estatales y vienen desarrollando un interesante y embrionario proceso de coordinación que se expresó al comienzo en movilizaciones por las calles de la ciudad y luego en varios cortes en Ruta Nacional N 3. 

 En el resto de la provincia, los trabajadores de la salud también están a la vanguardia de las movilizaciones. Para la semana próxima el Sindicato de la Salud Pública (SISAP) ya anunció 120 horas de paro sin presencia en los lugares de trabajo.

 En Trelew, Rawson y alrededores las tareas inmediatas pasan por coordinar esos reclamos urgentes con el resto de los sectores estatales y con la experiencia madrynense. Las impotentes negociaciones en la Legislatura provincial solo llevan al desgaste y a ponerle un corset a las movilizaciones, impidiendo que se sumen más compañeros ante el evidente fracaso de los resultados obtenidos. Ese es el camino emprendido por la Mesa de Unidad Sindical y propiciado por sectores internos de la mayoría de los partidos políticos patronales. Por ello hay que avanzar en la coordinación de las bases de todos los sectores para deliberar democráticamente planes de lucha hasta triunfar. 

 Iván Marín 

 30/09/2020

Corte Suprema: una ´usurpación´ institucional

Mientras en Guernica los trabajadores sin techo libran una lucha desesperada y firme por el derecho a la vivienda, la Argentina oficial discute y disputa por un fallo de la Corte Suprema por el destino laboral de tres jueces. Para las dos mil trescientas familias apiñadas en sus casillas no existe la menor inquietud de parte del ´Alto Tribunal´; peor, hay un juez que ha ordenado el desalojo desde la comodidad de un despacho o el arropamiento de una vivienda de, digamos, doscientos metros cuadrados. Dejamos fuera del contexto algo más prosaico – más de cuarenta millones de habitantes lidiando contra una pandemia, sin salarios ni jubilaciones mínimamente decentes, sin poder pagar luz, gas o alquiler, y probablemente sin poder renovar el barbijo de mala tela con que creen que aseguran un llamado distanciamiento social.

 La Corte ha decidido atender el reclamo de dos de esos jueces, que protestan por una decisión del Senado de trasladarlos de despacho, al cual llegaron por otra decisión, en ese caso de Macri, o sea del Poder Ejecutivo, cuando atendían en un lugar diferente. El Senado, como mayoría del FdT, obró como lo hizo porque se trata de jueces macristas que estaban encargados de juzgar a CFK y algunos compinches de ella, por acusaciones de corrupción, y para proteger a Macri y sus amigos de las operaciones financieras en paraísos fiscales, del negociado del Correo y, como se sabe ahora, de un espionaje interno contra todo el mundo – incluida su propia familia. La Corte ha decidido dirimir en esta disputa entre el clan de Los Abrojos, por un lado, y el clan de Calafate, por el otro. 

 La suspensión de esos traslados, por parte de la Corte, importa un principio de victoria para Los Abrojos, que ahora espera que esos jueces sean confirmados en el lugar que los puso Macri. El resultado lo fogoneó el presidente del Tribunal, Rosenkrantz, un defensor legal del grupo Clarín por un largo tiempo. Los cinco miembros de la Corte coincidieron en justificar este fallo excepcional, en que enfrentaban un tema de “gravedad institucional’ – lo cual quiere decir un peligro de usurpación del poder. Al desconocer, sin embargo, una decisión del Senado, que es una de las ramas electas por la ciudadanía del Poder Legislativo, la Corte comete la usurpación que asegura defender. La Corte es el único poder del Estado que no fue electo por la ciudadanía ni lo será nunca, porque es inamovible. 

 Los litigantes invocan, unos ´la defensa de la República´, los otros ´el estado de derecho o la soberanía del Legislativo´. El FdT denuncia una ´judicialización de la política´; JxC la ´intromisión política en el Poder Judicial´. Pavadas. Cuando hubo que reconocer la deuda externa que unos y otros contrajeron contra los mejores intereses nacionales, levantaron la mano por unanimidad. Cada uno con su método han atacado en forma feroz el sistema previsional. 

 La Corte, con independencia de la conciencia que tengan los integrantes de ello, quiere arbitrar un conflicto que la supera, porque detrás de la pelea de clanes hay un derrumbe de las relaciones sociales y económicas, por una parte, y otro derrumbe, incluso mayor, del régimen político para superarlas. Hay una lucha encarnizada de sectores económicos capitalistas entre sí. Hay un temor, en grado diferente, en la clase capitalista, a una rebelión popular. La Corte quiere arbitrar una crisis que la involucra, como lo demuestran los procesos judiciales que no acaban y terminan en absoluciones de hecho, la injerencia de los servicios en los tribunales, el dictado de prisiones previos a la condena por la presión de uno de los varios clanes en pugna. Cuando hasta el recuento de los fallecidos por el corona está mal hecho, cuando la tasa de contagios es incorrecta porque no hay testeos, cuando el personal de salud tiene que salir a protestar en medio de una pandemia; es obvio que el resorte que impulsa a la injerencia de la Corte es el desplome del mismo Estado. 

 La ´gravedad institucional´ en que se blinda la Corte para impugnar decisiones del Senado, constituye un principio de golpe de estado contra la soberanía de las instituciones electas, incluso cuando está integrada por camaleones que hoy son kirchneristas, pero hasta 2019 votaron 116 proyectos de leyes de Macri, o por Juan Ameri – denunciado por acosos y abusos. El Senado puede perfectamente desairar la resolución cortesana, defendiendo sus prerrogativas, o entrar en una parálisis intermitente e indefinida, bajo el acoso de recursos judiciales. Las grietas, que se agrietan de más en más, es la del conjunto del sistema político, que opera como la administración ejecutiva de la explotación de los trabajadores por el capital. En medio de caídas feroces del producto nacional y subas aún más feroces de la desocupación y la miseria social (que es mucho más que pobreza), los de arriba ya no pueden gobernar (y no de hoy) como lo venían haciendo.

 El fallo de la Corte como pre-golpista. 

 Los jueces y fiscales deben ser electos y revocados (como también el Congreso) por el pueblo. 

 La verdadera justicia se juega en Guernica. 

 Por un gobierno de trabajadores.

 Jorge Altamira 

 29/09/2020

Trump-Biden: el espectro de una “especie de guerra civil”

Las “revelaciones explosivas” de que el magnate Trump pagó menos impuestos en EE.UU. que cualquier trabajador tienen su contrapartida en las que insinúan que si Biden gana se revelará un halcón imperialista (en consonancia con su pasado en la materia). Una caracterización de conjunto de la campaña presidencial norteamericana debe partir del señalamiento de que ambas veredas de la ´grieta´ ante las presidenciales están de espaldas al proceso político central de las masas yankis. El levantamiento nacional que desató el asesinato policial de George Floyd y empalmó con el descontento popular frente a la crisis económica, la desocupación masiva y la desaprensión del capital frente al derrumbe de los servicios de salud ante la pandemia no tendrá salida ni con uno ni otro.

 Biden no ha explotado una sola de las banderas guerreras de Trump para atacarlas. Al contrario, se adapta. En la guerra comercial contra China Biden va incluso más lejos; en relación a la ´apretada´ de Trump contra Venezuela y Cuba, Biden ni siquiera amenazó con destituir al gusano que impuso el otro en el BID, contra la Unión Europea y sobre todo para alinear a América Latina detrás de EE.UU. contra los acuerdos comerciales con China. 

 En un reciente discurso de Biden en Michigan, en un estado lindante con Wisconsin, donde el justiciero blanco Kyle Rittenhouse mató a dos manifestantes de Black Lives Matter acaba de “emitir un anuncio de ley y orden al estilo de Richard Nixon atacando la ´ilegalidad´ y acusando a Trump de sembrar discordia” (The Guardian, 25/9).

 Biden y el partido demócrata no han salido a atacar los desfiles de las bandas armadas pro Trump que siembran el país de zozobra frente a los comicios del 3/11 y enfrentan las movilizaciones populares con métodos fascistas. Esto ha llevado a varios analistas de fuste del gran capital a la conclusión de que EE.UU. va camino a “una especie de guerra civil” (Tom Friedman de The New York Times a Hugo Alconada Mon de La Nación —27/9) como no conoció desde la guerra de Secesión. Otros analistas, contra la ilusión de que Biden podría abrir un curso de reactivación económica del tipo del New Deal han salido a recordar que, incluso esa salida considerada altamente improbable a la brevedad, no fue indolora entonces y menos lo será ahora: las bandas pro Trump del presente tienen su antecedente precisamente en tiempos del demócrata Roosevelt cuando la “gran depresión” de los años 30 —la versión idílica del New Deal que tantos ´izquierdistas´ hicieron suya es falsa hasta la médula (véase sin ir más lejos la serie “Damnation” en Netflix). “La voluntad de Trump de abrazar abiertamente el racismo, el chovinismo nacional, el antisemitismo y la misoginia prevalecientes en círculos de la clase dominante no solo es única en los tiempos modernos”. Trump —agrega Bryan D. Palmer (The Bullet, 28/9) actúa como un “emperador del lumpen proletariado”. 

 Aunque las encuentas siguen dándolo bien por detrás de Biden la apuesta de Trump es azuzar a su base derechista a favor de un virtual coup d´etat, torciendo la voluntad popular en los estados más disputados —recurriendo, como ya ocurrió otras veces en EE.UU., a que las legislaturas encargadas de sancionar los delegados al Colegio electoral violen el veredicto de las urnas (en particular birlando el voto por correo que este año será mayor que en otros comicios y suele retrasarse). 

 Este golpe de fuerza ya se está ejecutando ahora con motivo de la vacante que se acaba de producir en la Corte Suprema por el deceso de Ruth Ginsburg, una jurista liberal y pro-derechos, favorable al movimiento de la mujer. Trump pretende reemplazarla en un trámite expres antes del 3/11. Trump tiene decidido hacer lo que Trump le negó a Obama cuatro años atrás cuando ante otra vacante, igual que ahora Trump impuso que se designara tras los comicios. Entonces Trump hizo su primera designación ultra reaccionaria a la Corte. Ahora se apresta a la tercera, llevando su promesa electoral de 2016 de barrer definitivamente con el derecho al aborto y otros. 

 Trump pretende imponer ya una mayoría conservadora de 6 miembros contra 3 en la Corte, haciendo posible una reforma anti derechos que haría retroceder la legislación norteamericana a una situación como la que no existe hace más de 50 años, cuando la reacción nixoniana fue fuertemente golpeada. “Una mayoría de derecha de 6-3 potencialmente frenaría los derechos al aborto, anularía las leyes de control de armas y mantendría nuevas restricciones a los derechos de voto” (The Guardian, 27/9). Amy Coney Barrett, la candidata que acaba de designar Trump proviene, según diversas fuentes, de “una controvertida comunidad cristiana llamada People of Praise (Gente de Alabanza)” y construyó una carrera judicial a favor de toda desregulación ambiental al servicio de mineras y petroleras. 

 Todo esto garantizaría incluso un contra peso conservador y reaccionario muy fuerte en el caso que, a pesar de la cobardía de Biden, los comicios le dieran una victoria rotunda, lo que el propio Biden no quiere que ocurra. De ahí que la campaña de Biden y los demócratas contra esta ofensiva final de Trump brille por su ausencia. A la inversa, una Corte con una mayoría absoluta trumpeana podría terciar ante un comicio presidencial disputado, como ocurrió en la contienda del 2000, Bush-Al Gore. De modo que como afirma David Litt “el uso de los tribunales como arma por parte de Trump será su legado duradero” (íd., 23/9).

 Días atrás dos columnas de opinión en el mismo diario mostraron hasta qué punto el giro a la derecha de Trump y el partido republicano fue acompañado por los demócratas. “Toda la estrategia de campaña de Biden se basa en la suposición que Hillary Clinton perdió en el Colegio electoral en 2016 por no haber trabajado más a fondo sobre el tradicional electorado blanco demócrata (Hillary sacó casi 3 millones de votos más en el cómputo general -N.Mj.). Hay dos problemas con eso —dice Malaika Jabali—. Por un lado, ignora casi por completo a la clase trabajadora negra. Por otro, puede que ni siquiera sea cierto” (25/9). El verdadero retroceso, dice Jabali, consistió en la apatía de los negros: “la participación de votantes negros disminuyó en una tasa aún mayor, a un nivel sin precedentes en la historia registrada de Wisconsin (uno de los distritos más disputados -N.Mj.). Mientras que el 79% de los votantes negros participaron en las elecciones de 2012, solo el 47% votó en 2016, menos de la mitad …. la participación en Wisconsin revela que el 42% de los no votantes en los dos condados más poblados del estado se quedaron en casa principalmente porque no les agradaban los candidatos o no estaban interesados en ellos”.

 Biden “en lugar de tratar de ganarse a las casi 200.000 personas que se quedaron en casa en Wisconsin en 2016 (o cuyos votos fueron suprimidos), ha optado por centrar su campaña en unas 700 personas, algunas de las cuales quizás nunca hayan votado por un demócrata por presidente … En lugar de centrarse en esto Biden está promocionando el respaldo de Snyder (un ex gobernador republicano enfrentado a Trump —N.Mj.), cuya negligencia amenazó el bienestar de miles de residentes de(l condado de) Flint”. “El Partido Demócrata —sostiene Jabali— ha acogido este mensaje en un grado extraño y preocupante, a menudo desafiando a los republicanos que apenas son populares entre sus propios electores. La convención nacional demócrata, por ejemplo, presentó un cameo del ex gobernador (republicano) de Ohio, John Kasich. Sin embargo, Kasich obtuvo un apoyo promedio del 18% de los votantes republicanos en la carrera de 2016 … Biden confía en un número desconocido de republicanos descontentos …, en lugar de cientos de miles de demócratas descontentos” (ídem). 

 Que la clase obrera blanca dejó de votar por los demócratas es un prejuicio que desconoce la composición actual de la clase trabajadora: “ignora que más de la mitad de los hombres negros trabajaban en el sector manufacturero de Milwaukee, más del doble de trabajadores blancos, en el apogeo de la industria pesada de la ciudad. Ignora que la desindustrialización los lastimó más que a nadie. Ignora que los hogares negros y asiáticos de todo el país fueron los más afectados por la Gran Recesión (2008/9). Ignora que un cambio a trabajos de almacén temporal con salarios más bajos y el desempleo bajo el Covid-19 afectan de manera desproporcionada a los negros y latinos” (íd.). El partido demócrata no hace nada por ganar este voto. 

 Es lo que dice también Jaime Regalado, profesor de la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, el 23/9: “Los latinos han sufrido el coronavirus, la pérdida de su trabajo y su hogar, y más de cuatro años de ser atacados como grupo por Trump. Y como empleados en forma desproporcionada en industrias en las primeras líneas de Covid, han pagado un precio particularmente duro … muchos latinos podrían estar entusiasmados ante la perspectiva de un cambio de Trump”, pero Biden “ha ignorado principalmente a los votantes latinos … El Partido Republicano lo sabe. Donald Trump está cortejando activamente a los votantes latinos en Florida, Nevada e incluso en Minnesota, durante mucho tiempo un bastión de la política progresista, pero ahora en juego”. “Desde el comienzo de su campaña, Biden ha ignorado principalmente a los votantes latinos … El resultado es lo que los expertos han llamado el ´problema latino´ de Biden. Este tipo de brecha de entusiasmo puede ser extremadamente peligroso para un candidato …las campanas de alarma deberían sonar en la sede demócrata. Los estrategas demócratas han dicho que esperan mantener el voto latino pro-Trump por debajo del 30 por ciento. La campaña de Trump, sin embargo, apunta a obtener más del 40 por ciento” (íd).

 Norberto Malaj

 28/09/2020

La lucha contra la tercerización de los ferroviarios // A 10 años del crimen de Mariano Ferreyra

Cinco millones de nuevos pobres, el resultado de la política “inclusiva” del gobierno nacional y popular

La cifra estará implícita en el anuncio que hará el Indec: los pobres en la Argentina ya superan los 20 millones. La orden de desalojo de la toma de tierras en Guernica está dictada con fecha del jueves a la hora de la salida del sol. Las miles de familias que se han visto obligadas a ocupar ese espacio son el reflejo de la miseria que avanza sobre las masas más empobrecidas del conurbano bonaerense. Los testimonios en el lugar dan cuenta de familias enteras que se han quedado sin trabajo a partir de la irrupción de la pandemia y de los términos e intereses de clase con los que el gobierno dispuso la cuarentena. 

 Horas antes, el miércoles por la tarde, el Indec dará a conocer los datos oficiales de pobreza que harán políticamente más compleja la decisión del gobierno provincial de Axel Kicillof de avanzar con un desalojo. Es que los pronósticos indican que el anuncio rondará el 40%.

 Se trata de una suba de 4,5 puntos con relación al 35,5% que se conoció en marzo y que daba cuenta de los datos del segundo semestre de 2019. Sin embargo, la cifra del 40%, que revela un crecimiento del número de pobres de algo más de dos millones, no pone de relieve la realidad. Es que su agregación semestral (se trata de un promedio) no solo no permitirá discriminar el impacto de los tres meses en los que la cuarentena golpeó de lleno sino que, por ese motivo, resulta una foto del pasado. 

 Estudios realizados por distintos especialistas dan cuenta de que, el promedio del segundo trimestre que va de abril a junio podrían llevar la pobreza hasta un 46%. Los análisis surgen de proyecciones realizadas sobre la base de los datos de inflación y distribución del ingreso realizados por el IPyPP conducido por el ahora oficialista Claudio Lozano y del economista Martín Rozada de la “ortodoxa” Universidad Torcuato Di Tella que cree que la cifra para ese trimestre podría ubicarse en un 43% pero con un margen de error de hasta el 45,1%. 

 Así las cosas, durante esos tres meses, la pobreza habría escalado del 34,6% (es el número en el que coinciden ambos estudios para el primer trimestre) hasta, digamos, un 45%. Esos 9,4 puntos equivalen a casi 5 millones de nuevos pobres que, a la luz de los datos económicos, podrían atribuirse a “la crisis generada por la pandemia”. Sin embargo, el derrumbe de la economía (acumula en el año un 12,6% de retroceso) fue claramente pagado por los trabajadores. El informe de distribución del ingreso del segundo trimestre de 2020 publicado días atrás da cuenta de que, durante la pandemia, se produjo un salto brutal en la regresividad del ingreso en la medida en que el diez por ciento más rico de la población se apropió de 25 veces de lo que percibió el 10 por ciento más pobre cuando, un año atrás, la relación era de “apenas” 20 veces. 

 Esa variable, claro, es resultado de la política económica adoptada. No se trata de una fatalidad ajena a las decisiones que hubiera adoptado el gobierno que se ufana de ser progresista y que debiera poder mostrar cifras diferentes. Es que, incluso, una caída de los ingresos de la población trabajadora en términos absolutos como resultado de una reducción general del producto podría traer como desenlace una mejora en la distribución del ingreso si la decisión fuera que el peso de la crisis caiga sobre la espalda de los capitalistas. Pero el gobierno, lo dicen los números, hizo precisamente lo contrario. 

 Más allá del congelamiento de las paritarias durante varios meses y el cierre de contados acuerdos por debajo de la inflación, la política de asistencia social del gobierno también resultó marcadamente limitada. 

 El IFE, de apenas $10 mil, fue otorgado tres veces durante los seis que lleva la cuarentena. Se trata de $5 mil mensuales por familia que apenas superan un cuarto de los $18.792 que necesita una familia para no caer en la indigencia. 

 A pesar del decreto antidespidos, se perdieron, sin que mediara reacción alguna por parte del ejecutivo, 300 mil empleos registrados y 1,4 millones de puestos de trabajo no registrados. El DNU hubiera sido una oportunidad para inducir a que esos trabajadores denunciaran ante las autoridades su situación laboral y de esa manera avanzar en una registración que, además, hubiera impactado en la recaudación de la Anses. Por otro lado, alrededor de un millón de cuentapropistas (algunos monotributistas con relación de dependencia encubierta) también quedaron sin empleo.

 Cuatro millones de personas se retiraron directamente del mercado laboral. Ese es el motivo por el cual el desempleo no llegó formalmente hasta el 29% y haya quedado fijado en un 13,1%.

 Un dato que sirve para ilustrar el alcance de la política del gobierno y dar cuenta de su responsabilidad en los ya 20,5 millones de argentinos que viven en hogares en situación de pobreza lo demuestra el alcance del proyecto oficialista de impuesto a la riqueza: los $16 mil millones que podrían recaudarse equivalen a exactamente la mitad de la transferencia de recursos que se produjo durante cada uno de los meses de la cuarentena entre el decil más rico y el más pobre de la población. Además, de ese total, la mitad se destinará a subsidiar a las patronales petroleras entre otras. 

 En el primer semestre de 2003, el porcentaje había llegado hasta el 54% para reducirse al 47% en el segundo semestre. En el pico, 19,4 millones de personas se encontraban en esa situación. El 45% de la actualidad equivale a 20, 25 millones. La cifra más alta en la historia del país. Así las cosas, el gobierno “nacional y popular de la inclusión social” ya ostenta el récord histórico en cantidad de personas pobres en la Argentina. 

 No es el resultado de la pandemia ni de la cuarentena sino de su orientación política y social capitalista.

 Alfonso V.

Docentes CABA: por un aumento salarial de emergencia y la reapertura de paritarias

La concesión de un aumento salarial a la policía bonaerense, luego del motín, reabrió el debate sobre la necesidad de un aumento de emergencia en el conjunto de los trabajadores. La docencia porteña no es la excepción. Más si se tiene en cuenta que las últimas paritarias fueron a la baja, la última de ella incluso es incumplida. A esto debe agregarse que en la paritaria nacional, la oferta aceptada por los sindicatos nacionales fue del 0 (cero) %.

 En el mes de julio, la inflación interanual ya había superado el 40% y continúa en aumento. Una devaluación será un mazazo a la economía de los trabajadores. En el transcurso de este mes, asistiremos a una nueva ronda de aumentos de precios y tarifas. La situación es apremiante. Según un reciente informe de la Junta Interna de ATE INDEC, la canasta de consumos mínimos para una familia con dos hijos se encontraba, en julio, por encima de los $70.000. “En junio, una familia porteña necesitó $100.303,95 para afrontar todos sus gastos, el 77% fue para contratar los servicios básicos del hogar mientras que el restante 23% se destinó a la compra de productos de consumo masivo” (Clarín, 10/07).

 En este contexto, Ademys ha sido el único sindicato docente de la ciudad que ha lanzado una campaña por aumento salarial de emergencia del 40%. El martes 29 se desarrollará una asamblea de afiliados y no afiliados, convocada por este sindicato, donde la cuestión salarial será uno de los puntos.

 Nuestro planteo 

Es necesario desarrollar un movimiento de lucha por el salario y todas nuestras reivindicaciones. 

 La lucha por el pago de la adeudado (según lo establecido en la paritaria de febrero) y un aumento de emergencia del 40%, abren el camino a un planteo necesario: la reapertura de la paritaria por un salario igual al costo de la canasta familiar, para un/a docente de jornada simple. Esta reivindicación, constituye al mismo tiempo la reducción de la jornada laboral para miles de trabajadores que ya no verán la necesidad de trabajar dos o hasta tres turnos para llegar a fin de mes. La reducción del tiempo invertido para garantizar nuestras condiciones materiales constituye, también, una lucha por el descanso y del tiempo libre para formarnos o compartir. 

 Desde estos planteos llamamos, a participar masivamente de la asamblea convocada este martes por Ademys, con mandatos de escuela. Es necesario impulsar diferentes instancias de deliberación y organización en torno a nuestras reivindicaciones: asambleas por escuela, distritos y la formación de cuerpos de delegados.

Darío Molinari 

 29/09/2020

Azul: Bertellys-Vieyra nos culpan del colapso

El cuadro de situación que está atravesando en estos momentos el interior de la provincia pone en vilo a la ciudadanía. En un par de semanas la curva de contagios ha crecido en forma estrepitosa, el virus se expande, los contagios y el agotamiento del personal de salud son manifiestos. La escasez de camas y respiradores encienden las alarmas, algunos médicos presentan hipótesis atemorizantes, mientras que los que se encuentran en las trincheras vociferan sus vivencias a modo de denuncia. 

 En Azul ha estallado la polémica semanal. El pasado miércoles 23, un grupo de jóvenes que se encuentra atravesando el último año de la secundaria se reunió en el parque. Un acto temerario, ciertamente, en una ciudad con 1.500 afectados por el COVID , que posiblemente tenga consecuencias sanitarias. La policía se hizo presente. Los estudiantes les reprocharon haber expuesto al prójimo a mayores peligros con su asonada. 

 El gobierno municipal ha utilizado a este grupo de pibes, protagonistas de una acción desafortunada, como chivo expiatorio. Con modestas vallas y un plan logístico los festejos de primavera hubieran sido persuadidos sin mayores inconvenientes ni esfuerzos.

 La gestión Bertellys-Vieyra ha montado un discurso acuciante inculpando a la sociedad de los efectos del COVID, sobre todo a los trabajadores y la juventud. De esta manera el estado, hace caso omiso a los contagios en los lugares de trabajo y establecimientos públicos, exonerando de culpas al estado y al capital, que no han dejado de vulnerar normas y protocolos de seguridad e higiene. Incluso en ocasiones obligando a los trabajadores a presentarse a trabajar con síntomas, amenaza de despido de por medio. El ejecutivo oculta la proveniencia de los contagios solapando su responsabilidad en los mismos. En estos seis meses, ha reinado el ocultamiento informativo.

 El episodio del miércoles pasado no deja de ser un capítulo. La rentabilidad empresarial no puede estar sobre la salud y la vida. Es necesaria la organización de los trabajadores por el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. Es indispensable que el estado ponga a disposición todos los recursos sanitarios de la ciudad incluso los privados, no se puede permitir ni una nueva muerte domiciliaria. Urgente incorporación de personal de salud, insumos y respiradores. 

 Recomposición salarial y aumento extraordinario a los trabajadores que se encuentran batallando contra el COVID, pase a planta de los precarizados, distribución de las horas de trabajo con la apertura de nuevos turnos. Los precarizados y desocupados no pueden transitar la enfermedad sin el sustento material, el estado debe hacerse responsable.

 Bertelllys-Vieyra, el colapso es suyo. 

 Nahuel Mirande 

 29/09/2020

Las alucinaciones de Vargas Llosa

Piñera condecora a Vargas Llosa.

 Según Vargas Llosa, los países pobres lo son porque eligieron serlo. En cambio otros pueblos, más lúcidos y trabajadores, optaron por la prosperidad y la consiguieron.

 En su artículo de este domingo 20 de septiembre de 2020 en El País de Madrid Mario Vargas Llosa vuelve a dar rienda suelta a una de sus frecuentes alucinaciones, y probablemente la más estrafalaria de todas. Según ella los países pobres lo son porque eligieron serlo. En cambio otros pueblos, más lúcidos y trabajadores, optaron por la prosperidad y la consiguieron. De ser cierta esta ocurrencia del narrador peruano produciría una revolución copernicana en la historia y las ciencias sociales, sumergiendo en una crisis terminal al pensamiento social de Occidente desde Platón hasta nuestros días. Pero aún el alumno más indolente de los primeros años de cualquier carrera de Sociología, Historia y Economía sabe que las cosas no son (ni fueron) así y que si la gran mayoría de los países del mundo están inmersos en la pobreza debe haber causas que expliquen lo que en el pensamiento del autor de Conversación en la Catedral no puede ser otra cosa que una imperdonable estupidez. La hipótesis de que miles de millones de personas de la población mundial prefieren vivir en la miseria, la desnutrición, la ignorancia y la enfermedad es absurda porque supone que todos ellos son víctimas de un incurable masoquismo que los impulsa a optar por el sufrimiento en vez del goce y el disfrute que vienen de la mano de la prosperidad.

 Los ejemplos a los que apela Vargas Llosa desnudan la intencionalidad política de su exabrupto: Venezuela eligió ser pobre y Alemania, en cambio, prefirió ser rica. Mientras aquella eligió el camino del socialismo los alemanes prefirieron al capitalismo. La descripción que hace del país sudamericano no sólo es incorrecta sino también inmoral. Venezuela, ni siquiera durante los años del boom petrolero, “progresaba a pasos de gigante” como fabula el novelista. En aquella dorada época las compañías norteamericanas saqueaban a voluntad el petróleo venezolano, destinando algunas migajas para corromper a la clase dirigente y a los operadores del Pacto de Punto Fijo, engatusar a las capas medias más acomodadas con las luces cegadoras del consumismo mientras dejaban al pueblo en total indefensión. Millones de personas no vieron a un médico en su vida hasta que Chávez llegó a Miraflores; millones de mujeres parieron tres y cuatro hijos en los rancheríos de Caracas y otras ciudades sin jamás haber visto a una ginecóloga o siquiera una enfermera. Cuatro millones de personas (sobre un total de 24) eran zombies civiles y políticos privados de todo derecho: carecían de documentos de identidad, vivían en calles sin nombres y casuchas sin número y la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Todo esto ocurría en las épocas en las cuales según las afiebradas fantasías del escritor Venezuela prosperaba “a pasos de gigante.” Llegó Chávez y puso fin a tanta injusticia. 

 El “Caracazo” de 1989 es la prueba más elocuente -de las muchas que hay- para descalificar su aseveración. Y si en ese país hoy escasean los alimentos, medicamentos e insumos de todo tipo (para la industria, el transporte, etcétera) es a causa de las sanciones y la hostilidad permanente que Estados Unidos desató en contra de la Venezuela Bolivariana desde su nacimiento. Obviar ese dato no sólo invalida su descripción sino que constituye una inmoralidad de marca mayor. Vargas Llosa no puede ignorar que el bloqueo y las sanciones económicas concebidas para producir privaciones y sufrimientos –como lo propone un exasesor de Barack Obama en The Art of Sanctions– con el ánimo de provocar un levantamiento popular que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro son crímenes de lesa humanidad, políticas de exterminio, de aniquilación de una población. Son, en una palabra, genocidio.[i] Escamotear este dato convierte al tan galardonado escritor en un cómplice de esos crímenes, al igual que Luis Almagro y Michelle Bachelet, Mike Pompeo y Donald Trump, entre tantos otros. 

 Alemania, en cambio, optó por “la prosperidad, es decir, estimuló la empresa privada, la competencia y el ahorro, e integró su economía en los mercados mundiales.” El resultado: un formidable crecimiento económico. Sin embargo, los violentos incidentes que tuvieron lugar el 23 de Junio en Stuttgart desmienten la versión idílica, novelesca, del peruano. Según el diario Frankfurter Rundschau la tensión social que conmueve el subsuelo de la sociedad alemana tiene su génesis en el pasado, cuando millones de “Gastarbeiter“ (“trabajadores invitados”) llegaron a Alemania para laborar en sus fábricas. Pero, tal como lo indica su nombre, se suponía que los “invitados” en algún momento regresarían a sus lugares de origen, cosa que no ocurrió. Su radicación en el país que los había invitado con una intención claramente oportunística puso en cuestión la integración social de una sociedad que en poco más de una generación se convirtió en pluriétnica y multicultural y, encima de eso, más desigual. Esto se comprueba al observar que el índice Gini que mide la desigualdad económica alcanzó recientemente un valor de .295, el nivel más elevado desde 1989, cuando se produjo la reunificación de Alemania.[ii] Por otra parte, ¿cómo ignorar que las políticas del Banco Central Europeo y la Comisión Europea favorecieron descaradamente a Alemania, a costa de sumir en la crisis a otros países europeos, Grecia siendo apenas el caso más conocido? ¿O que el proyecto de la Unión Europea fue la astuta concreción del Deutschland uber alles (Alemania por encima de todo) como lo demuestra no sólo el Brexit sino el resentimiento de tantos países de la eurozona que se empobrecieron mientras Alemania se enriquecía?

 El remate del razonamiento de Vargas Llosa es que las dificultades para emular al modelo alemán radican en la corrupción que, “en el caso de América Latina … está tan profundamente arraigada en sus gobiernos, roban tanto sus ministros y funcionarios y el robar es una práctica tan extendida en casi todos los Estados, que es del todo imposible establecer una economía de mercado que funcione de verdad.” Otra generalización absurda que coloca en el mismo saco a todos los gobiernos de la región, incluyendo, en buena hora, al de sus amigos como Sebastián Piñera, Mauricio Macri e Iván Duque. Pero las cosas no son tan simples porque la corrupción es un cáncer ampliamente extendido en las economías capitalistas avanzadas, claro que bajo formas mucho más sutiles que las que imperan en algunos de nuestros países. Pero en ambos casos se trata de lo mismo. ¿O acaso la extensa red de “paraísos fiscales” –mejor sería llamarlas “guaridas fiscales”- en los países del capitalismo avanzado o sus ex posesiones coloniales no son sino la expresión más refinada de la corrupción inherente al capitalismo? Según la Tax Justice Network algunos de los “paraísos” favoritos de los grandes capitales son las Islas Vírgenes, Bermuda, Islas Caymán y Bahamas en el Caribe; Singapur y Hong-Kong en el Sudeste asiático y Holanda, Suiza y Luxemburgo en Europa. Allí se evaden impuestos, se lava dinero del narcotráfico, venta ilegal de armas y tráfico de órganos y personas y se montan toda clase de operaciones comerciales y financieras al margen de la ley. Al lado de esa corrupción en gran escala y que cuenta con el inequívoco apoyo de los gobiernos del mundo desarrollado la que hay en Latinoamérica y el Caribe, por imperdonable que sea, es un juego de niños.

 La pobreza y el atraso que abruman a Latinoamérica y el Caribe tienen, según Vargas Llosa, como su causa fundamental el visceral rechazo que la palabra “capitalismo” encuentra en estas latitudes. Aquí el novelista tropieza, una vez más, con “las duras réplicas de la historia”, como gustaba decir a Norberto Bobbio. ¿Cómo olvidar que bajo el yugo de las coronas de España y Portugal Nuestra América desempeñó un papel decisivo en el desarrollo del capitalismo global desde sus mismos orígenes. El oro y la plata de nuestros países, y más tarde minerales y diversos productos agrarios, nutrieron durante siglos la acumulación capitalista de los imperios coloniales y sus aliados europeos. Después de apostar durante quinientos años al capitalismo los resultados están a la vista. ¿Qué pretende Vargas Llosa: que sigamos trajinando durante otros cinco siglos por la misma ruta? No hay futuro para nuestros países dentro del capitalismo, que nos condena al subdesarrollo, la desigualdad, el racismo, el patriarcado y a una catástrofe ambiental, para colmo en una región del mundo en donde la presión sofocante del imperialismo norteamericano se ejerce con simpar intensidad. 

 Hay muy buenas razones por las cuales el capitalismo en buena parte del mundo, y no sólo en Latinoamérica, se ha convertido en una mala palabra. Ha creado un sistema que produjo monstruosas consecuencias: que el 1 % más opulento de la población mundial retenga tanta riqueza como el 99 % restante; o que los “2153 milmillonarios que hay en el mundo posean más riqueza que 4600 millones de personas (un 60% de la población mundial).”[iii] Si la palabrita que tanto le fascina, “capitalismo”, tiene mala prensa no es por un capricho de la izquierda y de quienes queremos un mundo mejor sino porque lo que el novelista califica como “una sensación de injusticia y desigualdad, de bribonería y egoísmo” es un dato duro, lacerante, de la realidad. No es ninguna “sensación”: el capitalismo es esencialmente injusto y la bribonería y el egoísmo están inscriptos, de modo inamovible, en su ADN. De paso, ya que estuvo en Alemania le cuento que su tan admirada Angela Merkel tiene que esmerarse un poco más para luchar contra el coronavirus, pese a que usted displicentemente afirma “que parece allí perfectamente controlado.” Le cuento: mirando las estadísticas al día de hoy, lunes 21 de septiembre, que en aquel país hay 124 muertos por COVID-19 por millón de habitantes, mientras que en las bloqueadas y salvajemente agredidas Cuba y Venezuela la cifra es de 10 y 19 respectivamente. Tan horrible no debe ser el socialismo para exhibir estos notables resultados, y tan bueno no debe ser el capitalismo para que las cifras del Chile de su amigo Piñera sea de 642 por millón de habitantes, las de Bolivia 651, Brasil 643 y su país de origen, Perú, un catastrófico 948, una masacre. ¡Ah!, me olvidaba. Dígale al primer ministro conservador Boris Johnson, heredero de las glorias de su tan ensalzada Margaret Thatcher, que le convendría pedirle algún consejo a Díaz Canel o Maduro para que le digan como hicieron para combatir al COVID-19 en sus países porque la tasa de mortalidad por millón de habitantes del Reino Unido (615) es un escándalo, al igual que la Donald Trump (616), todos sin tener que neutralizar los embates de bloqueos, sanciones económicas, invasiones y sabotajes. Las conclusiones son obvias. Y al hablar de corrupción no se olvide de su querido amigo, el rey emérito Juan Carlos I; sí, ese que le adjudicó un marquesado y años después huyó de España como un vulgar ladronzuelo. Yo que usted antes de hablar otra vez de la corrupción en Latinoamérica lo pensaría no una sino diez veces. 

 Atilio A. Boron | 22/09/2020 |

 Notas:

 [i] Cf. Richard Nephew, The Art of Sanctions. A view from the field (New York: Columbia University Press, 2018) 

[ii] https://www.iamexpat.de/expat-info/german-expat-news/income-inequality-germany-reaches-record-high

 [iii] https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas

La admisión de 3.500 nuevas muertes por Covid en Buenos Aires revela la fragilidad del sistema

Es necesaria la centralización del sistema de salud para enfrentar la pandemia. 

 El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el pasado viernes un “reajuste” en la cifra total de datos por fallecidos por Covid-19, reconociendo unas 3.523 nuevas víctimas fatales y llevando a la provincia a unas 12.668, al día de hoy. 

 La anunciada “recategorización de datos” es el resultado de integrar tres registros paralelos de información: el Sistema Integrado de Información Sanitaria (Sisa), el Sistema de Gestión de Camas (Sigec) y el Registro de las Personas (RPP). Hasta ahora, la Provincia solo tenía en cuenta las cifras reunidas por el Sisa. 

 El desfasaje de los números es atribuido a varias razones, todas las que contribuyen a pensar que la cuestión subyacente es la falta de un verdadero sistema centralizado de salud que establezca un seguimiento riguroso de los datos. Lo que tenemos hasta ahora sería una especie de puzzle sanitario, donde se mezcla el falseo de la información de origen con una sobreexplotación del personal sanitario. 

 Resulta que el 60% de los datos que ahora se han actualizado proviene del sector privado, mientras que el 40% restante es del sector público con primacía en los desfinanciados hospitales municipales (59% del público). 

 Uno de los problemas más frecuentes es que las clínicas privadas no actualizan “a tiempo” la información de los casos que fueron confirmados por Covid post mortem. La actualización de los datos depende de los prestadores médicos (clínicas, consultorios, hospitales), según los parámetros que establece el Estado a través de su regulación, pero con escaso control.

 Si bien las clínicas y los centros de salud tienen la obligación de cargar los datos en las 12 horas de conocido el descenso, esto nunca ocurre. Una de las razones es que la tarea recae en los mismos profesionales médicos que se encuentran saturados por la emergencia sanitaria. La “falla” estadística sería, en el mejor de los casos, resultado de la precarización laboral de los trabajadores de la salud. 

 No aclaren que oscurecen 

El dato importante es que el reconocimiento de la provincia de Buenos Aires ha servido para echar luz sobre el desbarajuste del sistema sanitario nacional. Es que si el resto de las provincias intentaran imitar el cruzamiento de datos realizado en Buenos Aires esto resultaría en una vana tarea, ya que carecen de los registros necesarios para tal fin. 

 Los funcionarios reconocen entonces que la cifra de muertes en todo el país podría ser ostensiblemente superior pero que nunca lo sabremos. El interrogante entonces es ¿cómo piensa actuar un gobierno que procede a ciegas? 

 La actualización de datos de la provincia ha hecho saltar los números de fallecidos por Covid por arriba de los 18.000 casos, llevando a la Argentina al puesto n° 13 en la cantidad de muertes, superado a Sudáfrica y pisándole los talones a Rusia. En cantidad de contagios el país se ubica en el puesto n° 9. Estos números dan por tierras las alentadoras “filminas” del presidente Alberto Fernández y son quizás la razón de que en los últimos anuncios haya evitado el formato de conferencia de prensa.

 Estas estadísticas también han sido utilizadas por los medios patronales para atacar la “cuarentena”, calificandola de un paliativo sin resultados. Sin embargo, ocultan que la cuarentena “dura” fue saboteada por las patronales y el gobierno desde el día uno, convirtiendo a los lugares de trabajo en centros de circulación y distribución del virus en todo el país. 

 La actualización disruptiva de los datos es solo una manifestación de que el sistema sanitario no se encuentra preparado para enfrentar esta pandemia: por un lado pesa la precarización laboral y el lucro detrás del sector privado y por el otro la desfinanciación y el vaciamiento del sector público. La situación requiere de una centralización del conjunto del sistema sanitario (público, privado, obras sociales y universidades), por parte del Estado y bajo el control de especialistas y trabajadores, para poner todos los recursos sanitarios y la información detrás del combate contra la pandemia.

 Marcelo Mache

Alarmante radiografía de la pobreza y desocupación

A pesar del decreto en el inicio de la cuarentena (329/29) de Alberto Fernández prohibiendo el despido en concordancia con las cúpulas sindicales, el desempleo aumentó en el segundo trimestre, arribando a la tasa de desocupación más alta desde el 2004. Perdieron el empleo más de 3,6 millones de trabajadores cuentapropistas, trabajadores en relación de dependencia, en su gran mayoría informales y pequeños productores y comerciantes (Clarín, 19/9). En este contexto la desocupación pasó del 10,4% al 13,1%. La actividad económica disminuyó un 19%.

 La población activa (ocupados y desocupados que buscan trabajo), cayó de casi 20 millones a poco más de 16 millones, lo que agudiza el sub-registro de desempleo. Esto es así porque casi 4 millones de personas que en el primer trimestre estaban ocupados o buscando trabajo, no buscaron o no pudieron buscar en el trimestre siguiente (Clarín, 23/9). Por lo tanto, la tasa de actividad bajó del 47,1% al 38,4%. Esto explica que el número de desocupados haya crecido apenas en 60.000 personas, hasta llegar a 2,1 millón de personas (Clarín, 23/9). Los trabajadores que más sufrieron la desocupación por el impacto de la pandemia fueron los de construcción, restaurantes, hoteles, y personal doméstico (Clarín, 24/9). 

 Según el gremio de trabajadoras de casas particulares (UTDA), que engloba a 1,5 millones de empleadas de casas particulares, “el 18,5% unas 277.000 fueron cesanteadas a través de renuncias concertadas a cambio de una contraprestación económica, muchas veces equivalente –e incluso inferior- a la deuda salarial acumulada durante la cuarentena” (Clarín, 19/9). 

 Las empresas privadas despidieron y suspendieron con baja del salario a trabajadores a lo largo y ancho de todo el país. Las suspensiones se concretaron bajo el esquema acordado entre la CGT y la UIA que permite a las empresas suspender a sus trabajadores con el aval de sus sindicatos con una rebaja de hasta el 25% de la remuneración aplicando el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (Clarín, 04/7). El Ministerio de Trabajo registró en abril 228.400 trabajadores menos que en marzo y 364.000 menos que en igual mes del de 2019. También reveló hace algunas semanas que sólo el 19% de los trabajadores cerró un acuerdo salarial en lo que va del 2020. Las cifras oficiales convalidaron que los aumentos de sueldo ofrecen su peor registro en años (BAE, 20/9).

 En el Conurbano bonaerense el número de ocupados pasó de 5.046.000, a 3.787.000 en el 2° trimestre.

 En CABA de 1.561.000 ocupados bajó a 1.246.000. Todos estos datos nos llevan a comprender el aumento en la pobreza sumando nuevos pobres e indigentes en los que va del año especialmente durante la Pandemia. La pobreza en el 1° trimestre de este año fue del 34,6%. Según INDEC, en el 2° trimestre la pobreza saltó al 46%: son casi 21millones de personas en todo el país (Clarín, 24/9). Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, estimó que en el 2° semestre superará el 47%. 

 El salario promedio de los que trabajaban cayó un 16% en términos reales en la comparación anual, el 10% más pobre vio descender sus ingresos un 28,7% y el 10% más rico de la población mucho menos, una caída de 11,9% (Clarín, 24/9). Aumentó -también según el INDEC- la brecha de ingresos entre pobres y ricos.

 El IFE (de 8.857.063 personas), que representan 18,5% de la población, abarca el 44% de los 20,1 millones de población económicamente activa (PEA). Estos míseros ingresos no alcanzaron a compensar la caída de los ingresos por la pérdida del empleo, y aumentó en 2,5 millones la población que no tuvo ingresos, ni laborables ni ayudas del Estado. La desigualdad creció y el coeficiente de Gini subió del 0,434 al 0,451 entre los 2 segundos trimestres de 2019 y 2020 (Clarín, 24/9). Refiriendo la pobreza a la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 porteños es pobre según datos oficiales de la Ciudad. En el 2° trimestre la pobreza aumentó a 33,6% y creció la cantidad de hogares sin ningún ingreso, aumentando en un año 11.5% (Clarín, 16/9). La indigencia tuvo un salto mayor: del 6,2% un año atrás al 15,7% en el 2° trimestre del 2020. Son 480.000 personas que no cubren la canasta básica de alimentos. 

 El Informe Oficial dice: “en la comparación interanual caen en la pobreza 119.000 hogares y 353.000 personas. En particular pasan a la indigencia unos 93.000 hogares y 292.000 personas”. Cabe destacar que los hogares encabezados por las mujeres la incidencia de pobreza es de 37, 8% mientras en aquéllos en que son los varones representan el 29,9%, los que tienen niños menores de 14 años (43,7%), y los que tienen a su jefe desocupado se triplica la incidencia total (Clarín, 16/9). 

 En la población infantil, afectada en un 50% por la falta de recursos básicos en sus hogares (vivienda, alimentación, acceso a la salud, escolaridad), se observa la carencia de vacunas y controles de salud, seguridad alimentaria, periodicidad en la conectividad en los niños escolarizados (UCA, “Las Infancias en tiempo de cuarentena, informe en el área metropolitana de Bs.As.”, mayo del 2020).

 En mayo se postergaron las vacunas del 22,2% de los niños, y el 44% de los controles de salud. Dentro de estos grupos los niños más pobres no recibieron estos cuidados en mayor medida, pero también los niños de clases medias no fueron asistidos ni controlados. La inseguridad alimentaria severa, que afecta especialmente a los niños, se incrementó. La continuidad educativa sin los recursos necesarios para desarrollarla, con carencia de recursos de conectividad, profundiza las desigualdades preexistentes. 

 La crisis capitalista se lleva puesto este gobierno cuyo programa de inicio fue rescatar la deuda y empresarios. La Pandemia agudiza la crisis, las masas trabajadoras resisten, con paros, tomas de tierras, protestas en las calles de todo el país. 

 Silvia Carranza 

 28/09/2020

Así está la cosa: la moneda argentina casi no tiene valor en Uruguay

Es noticia en Uruguay la pérdida casi total del valor de la moneda argentina. Mientras el Banco República fijó su cotización a 0,10 para la compra, algunas casas cambiarias incluso la ubicaron en 0. Durante la jornada de ayer miércoles el Banco República (BROU) fijó la cotización del peso argentino para la compra a 0,10 del peso uruguayo. La noticia no tardó en viralizarse, incluso se llegó a fijar en una casa de cambios el precio a 0. 

 Según especialistas la fijación de precios a ese nivel refleja que “no hay operativa”, lo que significa que no hay voluntad de comprar dicha moneda en el mercado local. Para llegar a este punto la reciente devaluación del peso argentino o la casi nula circulación de dicha moneda en Uruguay (la mayoría de los argentinos que llegan al país utilizan el dólar o tarjetas bancarias de pago), son factores que explican la situación. 

 El desplome de la moneda argentina con respecto a la uruguaya viene de un proceso de declive que lleva años, a pesar de que en otros tiempos la tendencia ha sido la opuesta, teniendo como culminación lo reflejado en el mercado de cambios ahora. 

 El peso argentino testimonio de un drama más profundo

 Si bien el deterioro de la situación económica es un fenómeno internacional a partir de la crisis que se desató con el COVID 19, para el caso argentino es algo que se viene agravando desde hace más tiempo.

 Además de la continuada caída del Producto Interno Bruto PIB, la depreciación de la moneda provocada por la fuga de capitales, son algunos de los elementos presentes en la crisis argentina. Más allá de los cuales encontramos una situación social acuciante para los sectores populares, con altos porcentajes de pobreza y desempleo, crisis habitacional por incapacidad de seguir pagando el alquiler para miles, entre otros.

 La más reciente depreciación se disparó a partir de medidas de cepo cambiario implementadas por el gobierno argentino, que “buscó” frenar con eso las pérdidas de reservas de dólares del Banco Central y tuvo como respuesta de los mercados una fuerte presión devaluatoria, la misma que usa como insumo ahora esta comparación entre las monedas de ambas márgenes del Plata. 

 El carácter atrasado de la estructura económica argentina que necesita de divisas (dólares) para mantenerse en funcionamiento y la carencia de las mismas es lo que alimenta la crisis. A su vez, la fuga de divisas lo que provoca dicha carencia y responde a un comportamiento estructural del empresariado nacional y extranjero instalado en el país. 

 Los distintos gobiernos de turno no han hecho más que garantizar la continuidad de este mecanismo perverso, mientras más crisis más endeudamiento y con más endeudamiento más especulación financiera que enriquece a unos pocos y empuja a la miseria a millones. 

 El gobierno macrista ha sido la última gran fiesta de los especuladores que se benefician de la fuga de capitales, culminada con una nueva ronda de endeudamiento masivo que profundizó la misma. Pero en lo que lleva de gobierno el ahora presidente Alberto Fernández, a pesar de su discurso más “distributivo” no ha hecho más que sostener todo el andamiaje del sistema que provoca la crisis y la miseria de las mayorías populares argentinas.

 Bajo el gobierno de Alberto la fuga continuó, en forma de pago de la deuda externa y en la no intervención en los factores donde se origina el problema como el comercio exterior y en particular la exportación de granos (una de las pocas fuentes de ingreso de divisas para la economía argentina), en donde incluso su amague de “intervenir” con el caso Vicentín terminó siendo para garantizar la continuidad de la “patria empresaria”, que quedó en la total intranscendencia.  

Uruguay no es el paraíso 

 La posición de algunos “actores” económicos que se congratulan con la “estabilidad” uruguaya, especulan con la debilidad de la moneda argentina, así como sus contrapartes argentinos buscan presionar al gobierno para una mayor devaluación. La reciente política de incentivos para la inmigración de capitales del gobierno de Lacalle Pou, con algunos capitales argentinos ya instalados y otros por venir, buscando “ventajas” a su favor que no encuentran en el país vecino, también está presente y puede que esté haciendo su parte de repercusión sobre la situación. 

 Pero, a pesar de la supuesta “fortaleza” de la economía uruguaya que algunos intentan agitar, la realidad dista mucho de eso. 

El atraso y la fuga de capitales es también característica en Uruguay, más allá de los grados y los momentos. 

 El ajuste fiscal que prepara el gobierno de Lacalle Pou va en dirección de garantizar el “grado inversor” que le permitiría continuar con el ciclo de endeudamiento en proceso, a costa del sufrimiento de las mayorías populares. 

 El paraíso de los ricos con todos sus dólares en el bolsillo, dista de serlo para las grandes mayorías sumidas en el desempleo, la precariedad o el costo de la vida al cual la “fortaleza” del peso uruguayo no le hace mella dado el nivel de salarios promedio existentes. 

 Sebastián Artigas 

 Jueves 24 de septiembre | 15:25 0

“Bases AMBA”: otro episodio de espionaje estatal

El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ha ratificado el procesamiento de Pablo Gonzalo Pinamonti, encargado del área de Asesores de la Agencia Federal de Inteligencia (exSIDE) durante la gestión macrista, y ratificado la prisión preventiva del ex comisario Ricardo Oscar Bogoliuk, involucrado en las causas donde se investiga al ´freelancer´ de varias agencias de servicios, Marcelo D´Alessio, también a cargo de Padilla.

 El fallo establece el procesamiento en el marco de la investigación de las “bases AMBA” abiertas durante el 2017, a cargo de Pinamonti, en seis distritos del conurbano bonaerense -Haedo, Quilmes, Pilar, San Martín, La Matanza y Ezeiza- que vinieron a sumarse a “históricas” bases de la SIDE, instaladas en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. 

 Bajo la fachada de investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos, la AFI desplegó esta red de centros de espionaje, dirigidos principalmente a investigar a organizaciones y referentes de distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas, principalmente ligadas al kirchnerismo y a la izquierda -incluido el Partido Obrero-, pero también se hallaron imágenes de locales y militantes de Cambiemos. El espionaje abarcó a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en Mar del Plata, el submarino perdido durante la gestión Macri.

 Red 

 Esta red de espionaje desplegada en la provincia de Buenos Aires tuvo una corta vida. Funcionó principalmente durante los meses previos a las elecciones y de las movilizaciones multitudinarias por Santiago Maldonado, encontrándose datos que revelan un espionaje sistemático de julio a diciembre de 2017. Siendo el foco de atención los actos electorales y las movilizaciones por Maldonado, aunque puede encontrarse el seguimiento de otras actividades gremiales, principalmente vinculadas a los militantes espiados. Existió también la infiltración en distintas organizaciones sociales, detallándose en el informe el caso de Barrios de Pie. 

 La causa abierta por estas “bases del AMBA” responde a la investigación sobre el falso abogado D`Alessio, vinculándose como en el caso del ex comisario Bogoliuk, a efectivos en más de una causa por presunto espionaje, dando cuenta de un funcionamiento aceitado y de un “régimen de espías”. 

 El propio juez detalla que “lo que se pretende con estas acciones de inteligencia es conocer la extensión del reclamo en relación a la afectación de la imagen del gobierno nacional” (Página/12, 25/09).

 La estructura de espionaje vinculada a la AFI, que comienza por Pinamonti, rápidamente ha sido extendida primero con los responsables de cada base del conurbano, Pedro Oscar García, Alicia Nocquet, Andrés Maisano, Gustavo Emilio Carreiras y José Luis Fiorentino, a la cual debe incluirse Bogoliuk responsable de la base de Ezeiza. Así como “a dos ex Bonaerense Vicente Melito y Daniel Salcedo – ex perito de las hijas de Alberto Nisman – para hacerse cargo del Proyecto” (ídem). 

 Este entramado ha salpicado nuevamente a los ya cuestionados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cabezas de los servicios de inteligencia bajo el macrismo, ya implicados en la causa de los “Super Mario Bros”. 

 Ramos Padilla ha convocado a declarar a todos los implicados en esta red, aplicando la incautación del pasaporte y embargos por 10 millones pesos, a excepción de Arribas y Majdalani que deberán “aportar” 20 millones. 

 Un hecho innegable es la extensión de una amplia red de espionaje bajo el macrismo, que mediante diversos operativos y fallos pretendió ejercer un detallado control no solo sobre otras organizaciones sino incluso al interior de su propio gobierno, con acusaciones en tiempo real de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo sobre los operativos de las “bases AMBA”, también presentes en el expediente de Ramos Padilla. 

 El futuro de la camarilla macrista advierte un desfile aún mayor por los juzgados, ya sea de Dolores o Lomas de Zamora, cualquier avance en las causas puede generar una profundización de la crisis política. La guerra de carpetazos y espionaje describe el desmoronamiento de un régimen social, apoyado en la utilización de los servicios de inteligencia como principal medio de intervención, en un tránsito de los ´sótanos de la democracia´ a la ´democracia de los sótanos´. 

 Joaquín Antúnez 

 26/09/2020

Entre el «teta-gate», la «sarasa» de Guzmán, el supercepo y los índices de desocupación

Seguramente lo que quede en el recuerdo sobre esta semana sea el episodio del renunciante diputado Ameri, lo cierto es que este hecho oculta más de lo que muestra. Aunque debemos reconocer que puso en evidencia lo que los «escandalizados» diputados habían ocultado: que el sancionado tenía denuncias de abuso y así y todo lo recibieron con los brazos abiertos en las listas y luego en la Cámara. Lo que no se ha prestado atención suficiente es que en ese momento se discutía una nuevoataque al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, o sea, los fondos de los trabajadores y jubilados, que solo el bloque del Frente de Izquierda rechazó. 

 El Congreso también fue noticia porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, se ofreció para «sarasear» en la presentación del presupuesto 2021. El «sarasa-gate» sirvió para que el centro no se colocara en que el ministro presentó un dibujo (como lo son todos los presupuestos) en el cual lo que se destaca es que el gobierno va a un ajuste en regla. Lo que no es menor cuando en unos pocos días viene el FMI a supervisar y el «supercepo» decretado para impedir una quiebra formal del Banco Central, además de ser una confirmación del fracaso de la política oficial, ha acelerado la devaluación mientras sigue perdiendo dólares. En el editorial de esta semana, escrito por el compañero Néstor Pitrola, damos cuenta de las derivaciones políticas de los problemas que tiene el gobierno de AF en su pretensión de arbitrar en la crisis. 

 También el Congreso volvió a ocupar, mediáticamente, la atención porque se está debatiendo el llamado impuesto a la riqueza, el cual a medida (y las reuniones) que pasan los días se va deshilachando, como lo señala Pablo Heller en su artículo, todavía no está la versión final que pinta cada vez como más «inocua» desde el punto de vista tributario, quedando al desnudo que el propósito real no es recaudatorio sino político: aparecer como un equilibrista entre los que «más tienen» y los que menos. Difícil propósito para quien les garantizó prácticamente el 100% de la deuda a los fondos buitre, les paga intereses usurarios y se apresta a actuar con igual orientación en la negociaciones con el FMI; para quien les quitó la movilidad a los jubilados; para quien dejó pasar decenas de miles de despidos a pesar de que un decreto propio los prohibía. El gran dato de la semana fue sin dudas que las cifras del Indec, bien analizadas, establecen la desocupación en el país en cercana al 30%. 

 La orientación general del gobierno la ha sintetizado Sergio Berni, el intocable ministro de Seguridad bonaerense, en un homenaje a José Rucci a 47 años de su asesinato. Berni reivindicó, para el momento actual, la esencia del gobierno de Perón: el pacto social, y obviamente el papel de la burocracia, en un gobierno que parió nada menos que a la Triple A con sus crímenes, lo cual ha sido motivo de un artículo de nuestro compañero Nelson Marinelli. Y en esa orientación está el conjunto de la burocracia sindical que negocia con el gobierno poniendo como eje los fondos de las obras sociales, mientras entrega las paritarias como lo revelamos en crónicas de diversos gremios. 

 La semana pasada informamos sobre la conquista del Sutna, al calor de la lucha, esta semana debemos destacar las luchas en diversos gremios. Hubo paro de les trabajadores de la Anses, judiciales, así como preparativos de los Sutebas multicolores, en la UTA, etc. 

 Pero la disposición a la lucha empuja en todos los terrenos. Los jubilados autoconvocados han hecho una gran jornada nacional este miércoles 23. Las ocupaciones de tierra, ante el agravamiento de los cuestión de la vivienda (recomiendo leer el artículo de Cintia Frencia), continúan y los vecinos del predio ocupado en Guernica con su movilización (el lunes 21 marcharon hasta Plaza de Mayo) obligaron a postergar el desalojo. El gobierno de Kicillof está tratando de ganar tiempo para dividir a los ocupantes, que le están haciendo frente a esas maniobras fortaleciendo la ocupación. 

 Un punto aparte merecen los trabajadores de la salud que, a medida que la pandemia se agrava, con su lucha y reclamos salen a defender sus vidas y la del conjunto de la población. El lunes en el día de la sanidad hubo una jornada nacional de lucha, que en Buenos Aires Larreta no se privó de reprimir.

 Al momento de cerrar estas líneas está finalizando el Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo, que tuvo este viernes 25 su sesión inaugural. Es un hecho auspicioso de la juventud que lucha y lo hace con un programa y una organización políticamente independiente del nacionalismo-burgués y de la oposición patronal. Es la juventud que está en la lucha contra la precarización laboral, por el trabajo, la educación, el derecho a la vivienda, a la ESI, al aborto legal seguro y gratuito (que este 28 tendrá una jornada internacional). Son los que están a la cabeza de la lucha por justicia para Facundo Castro y les víctimes del gatillo fácil, que reclaman el ¡Fuera Berni!

 Buen domingo.

 Eduardo Salas

 Editor de Prensa Obrera

Mundo Obrero - El origen de los Sindicatos

La pandemia, al principio y al final del camino

Los que escriben en Argentina y el mundo sobre los “dilemas de la postpandemia” deberían tomar nota que el Covid 19 se hizo carne de la organización social y política vigente –llegó para quedarse. Si la pandemia se originó bajo las condiciones de la decadencia capitalista, el 'tratamiento' que recibe por parte de Estados y gobiernos está decisivamente condicionado por esa decadencia. En Argentina, la “grieta” entre oficialistas y macristas parece borrarse cuando fantasean sobre “la Argentina que se viene”, sin que puedan salir un paso de la catástrofe presente.

 La extensión del virus al interior del país, en regiones sin la más elemental infraestructura sanitaria, instaló la escena de hospitales colapsados e incluso fosas cavadas por los propios familiares, como ocurre en Jujuy. Pero en las últimas horas, se derrumbó también la versión de un “Área Metropolitana estable”, al revelarse que Buenos Aires había dejado de contabilizar a 3500 muertos. Este es el inexorable telón de fondo de la crisis vertebral que recorre al régimen político en la Argentina. 

 Colapso social y económico 

La semana dejó también el cómputo de la catástrofe social, con una desocupación real que alcanza al 30% y que es todavía superior en la juventud de los distritos más plebeyos, como el segundo y tercer cordón del conurbano. La pobreza, que el Indec informará en los próximos días, orillará al 50% de la población. En ese caso, la pobreza infantil llegaría a los dos tercios – una lápida colocada prematuramente sobre las generaciones que vienen. Todo esto ocurre cuando el Estado se declara “agotado” (y fundido) detrás del supuesto propósito de 'asistir a la población' en estos meses. Dos de cada tres pesos de esa “asistencia” fueron subsidios o rescates a la clase capitalista, incluyendo al pago de la plantilla de sueldos a empresas que –como el propio gobierno admite ahora- aprovecharon esa circunstancia para comprar dólares y 'reducir pasivos'. La desocupación, además, es un mentís contundente a la supuesta prohibición de despidos, que avanzaron con la anuencia de la burocracia sindical y del propio gobierno. En medio del festival de créditos subsidiados, exención de aportes patronales y “ATPs”, las patronales explotaron la pandemia para desprenderse de trabajadores. Mientras tanto, la inmensa población precarizada debió sostenerse con el IFE de 10.000 pesos por mes. La administración de los Fernández fue incapaz de preservar a la clase social creadora de la riqueza social, y agravó el parasitismo de los explotadores.

 Sin aliento

 El escenario político planteado ahora recoge este tendal, pero se combina con dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el capital internacional no tiene interés ni condiciones para volver a financiar al Estado argentino, el cual agotó sus reservas internacionales efectivas a pesar de transitar un superávit récord de su balanza comercial. Este colapso en el financiamiento quedó demostrado en la suspensión obligada de una nueva emisión de 1.500 millones de deuda en dólares, destinada a reciclar las acreencias del fondo internacional Pimco. La razón del fracaso hay que buscarla en la caída a pique del valor de los “flamantes” bonos del canje de deuda, la cual elevó el rendimiento de esos títulos -y el de cualquier nueva emisión- a la tasa exorbitante del 13 o 14% anual. El gobierno, bajo estas condiciones, ha acelerado las tratativas con el FMI, con la expectativa de tramitar luego un socorro financiero internacional. Ese arreglo, que sólo tendría lugar en marzo o abril del año que viene, es un horizonte muy lejano para los ritmos de la crisis. Pero para el Fondo, sería un plazo suficiente para que F y F consumen el desmantelamiento de la “economía de la pandemia”, poniendo fin a los subsidios de distinto tipo, habilitando a un ajuste de precios y tarifas y, finalmente, terminando con la política cambiaria “del aguante”. Los pulpos cerealeros le acaban de rechazar al gobierno cualquier plan de liquidación de divisas que no pase por una devaluación. El gobierno reclama el sostén del capital financiero para sostener su actual política. Pero el capital financiero reclama el fin de esa política como condición de cualquier rescate.

  Pandemia, otra vez 

En este punto, la pandemia vuelve a meter la cola. Es casi una vulgaridad calificar al presupuesto 2021 como un “dibujo”, sin que se diga cuál es la mayor ficción de todas: ocurre que la intención de bajar el déficit primario “de 8,3% a 4,5% en 2021 está supeditada a la incierta hipótesis del fin antes de enero de la pandemia” (La Nación, 26/9), cuando todo indica que el año que viene deberían, no reducirse, sino incrementarse las previsiones sanitarias y sociales. La misma fuente estima que, si hubiera que atender esa emergencia, el déficit fiscal no sería inferior al 8%. Curándose en salud, el gran capital reclama el desmantelamiento definitivo de los arbitrajes pandémicos, incluyendo la libertad completa para despedir trabajadores, elevar tarifas, desalojar inquilinos y ocupantes de tierras. Este escenario preanuncia una crisis por arriba, de un lado, y la necesaria reacción de los explotados ante una situación insoportable, del otro. 

 La crisis política toma forma bajo los choques crecientes en el gabinete, pero principalmente, en torno del destino de Cristina Kirchner, que será arbitrado por la Corte. Días pasados, Marcos Buscaglia, ex funcionario de Merryl Lynch y propagandista del “ajuste inminente”, le señaló a Lanata que esperaba que “los gobernadores le tocaran la puerta a Fernández (Alberto) para cambiar la política y el gabinete” antes de las próximas elecciones. Los amigos de los fondos internacionales exigen -y anticipan- una fractura política de la coalición gobernante, aún cuando Cristina aconseja a Guzmán que “cierre los números” y ajuste. 

 Menos estruendosa, pero sólo por ahora, la agenda del movimiento obrero viene cargada. Esta semana, un inédito plenario de 600 delegados de ATE le exigió medidas de lucha a su secretario general, que apoya al gobierno. Provincias como Chubut, Misiones o Santa Fe están siendo sacudidas por huelgas y cortes de ruta – Chaco, con su deuda en default, sigue ese camino. 

 Argentina no quedará exenta del escenario de situaciones prerrevolucionarias que augura la persistencia de la pandemia y la crisis capitalista. Es necesario discutir esta perspectiva con toda la vanguardia obrera y de luchadores. 

 Marcelo Ramal

 26/09/2020

“Sicarios del monte”

Durante el mes de agosto se produjeron, como ocurre cada año, varios incendios que afectaron a la región del Valle de Punilla. El saldo fue la pérdida 45.000 hectáreas de monte nativo. Conversamos con Liliana, asambleísta del Norte de Punilla, sobre las causas de estos incendios; el desempeño del Estado en la prevención y el combate del fuego; y la forma en que se organizan los vecinos frente a esta catástrofe ambiental. 

 “Igual que en el resto del mundo, en el Amazonas y muchas otras provincias argentinas, los incendios son una forma de depredación que utiliza el sistema extractivista (las mineras, los agronegocios, los lobbies inmobiliarios) para abrirse camino eliminando el monte nativo y la selva. Su objetivo es continuar con negocios especulativos que destruyen nuestro ecosistema. En Punilla, concretamente, lejos de vincularse con la ´mala suerte del clima seco´, que fue lo que declaró el gobernador de Córdoba, el 99% de los incendios son intencionales. Ahora estamos haciendo estudios sobre los incendios de años anteriores, y vemos que se quema una zona y, simultáneamente, se han ido aprobando proyectos para construir barrios privados, sobre todo en el Sur de Punilla. De esta forma, la destrucción del monte justifica la autorización y la habilitación por parte de los intendentes para nuevos emprendimientos inmobiliarios y megaobras viales como la Autovía de Montaña. La mayoría de los incendios se provocan sobre zonas rojas y amarillas, las cuáles por ley deben mantenerse en la misma calificación de suelo, es decir, aunque el bosque nativo este quemado, sigue siendo bosque, y tiene que seguir permaneciendo en zona roja o amarilla*. Hace unos años, el pueblo de Punilla, en lo que se llamó el ´Punillazo´, impedimos que se ´tajeara´ la montaña para hacer una autovía. Sin embargo, muchísimos de los incendios coinciden con los recorridos de la obra. En el norte de Córdoba, en donde el fuego fue devastador, destruyendo más de 35.000 hectáreas, hace muchos años que los vecinos defendemos la Ley de Bosques, contra la propuesta que tenía el agro, de traer la ganadería, que, a su vez, va siendo ´corrida´ por el cultivo de soja. Por esto, nos hemos negado a cualquier modificación en la Ley de Bosques, y por eso también se da esta ´liberación de espacio´ en la zona norte, que es terriblemente sospechosa y se vincula con el nuevo proyecto chino de establecer megagranjas de producción de cerdos.”

 “Tanto los vecinos como los bomberos, coincidimos en que el 99% de los incendios son provocados intencionalmente. En más que probable que no se trate de negligencia, ni de un cigarrillo que se arrojó, ni de algo accidental. Por el contario, son provocados por alguien, que va y enciende, en un período de sequía. Y creemos que esa persona que lo enciende no es el autor intelectual, sino que responde a otras personas que le pagan para generar un incendio, siendo los autores materiales una especie de ´sicarios del monte´”.

 “Creemos que Juan Schiaretti, al igual que los gobernadores de otras provincias, tienen una connivencia con los intereses privados orientados a desmontar. Por ejemplo, las dotaciones de bomberos, que, por supuesto, son grandes héroes que ponen el cuerpo y trabajan incansablemente, reciben la orden de preservar sólo las viviendas. Hay muy pocos bomberos forestales. Son los brigadistas, vecinos que no pertenecen al cuerpo de bomberos, los que se meten al monte para intentar parar el fuego. Los incendios suelen producirse simultáneamente en distintos puntos de la provincia. Aquí en el norte, durante 8 días ardió el monte nativo, y solo los vecinos y los bomberos quedamos luchando contra el fuego. Fue notable la ausencia de ayuda del Estado. Incluso, el día más peligroso, fue cuando el fuego llegó a la localidad de Copacabana. Allí los vecinos han denunciado al Estado por el abandono total que sufrieron, y la consecuente destrucción de todos sus bienes y sus viviendas. O sea, ahí se nota la existencia de un plan macabro para que miles de hectáreas de monte se quemen.” “El pueblo de Punilla, igual que el de Sierras Chicas, tiene una tradición de lucha. De lucha en contra del desmonte, por la aplicación de la ley de bosques, por un ordenamiento territorial con participación ciudadana. Nosotros, en gran medida, vivimos del turismo. El agua ya es escasa para los vecinos. Vivimos denunciando que no es posible ampliar la población de forma no planificada y sin los servicios adecuados. Vemos que se siguen aprobando más construcciones, esto afectaría el volumen de agua de las napas. Queremos que se respete nuestro ecosistema y para ello es fundamental la defensa del Monte Nativo porque de esto depende nuestra salud y nuestra vida.” 

Ángel Caruso

 26/09/2020

 *La Ley de Bosques N°9814, del año 2010, que aún no fue reglamentada. La norma clasifica las zonas de bosques en tres clases, verde, amarilla y roja, siendo las dos últimas restrictivas para los emprendimientos productivos agroganaderos.