lunes, 31 de marzo de 2014

Argentina creció 3% en 2013

El INDEC informó sobre la evolución del nivel de actividad durante el 2013, bajo una nueva modalidad de medición de las cuentas nacionales, con precios bases del 2004.
Con la nueva medición, preliminar, la que se ajustará definitivamente en septiembre próximo, la economía de la Argentina creció el 3% durante el 2013.
Las expectativas, según informaciones oficiales previas, eran de una cifra mayor, superior al 4%, y vale recordar que si el crecimiento es superior al 3,22% existen bonos de la deuda pública atados al crecimiento del PBI que pagan intereses anuales del orden de los 3.500 millones de dólares.
El dato a destacar es que los tenedores de esos títulos esperaban cuantiosas ganancias a cobrar en el 2014, que ahora se esfuman. Al mismo tiempo, se liberan fondos para usos alternativos, los que no debieran asignarse arbitrariamente y sí, favorecer un debate sobre la utilización de esos recursos, precisamente en un momento en que se debate, entre otras, la actualización de las asignaciones de los trabajadores estatales.
Desde el INDEC se están presentando nuevos indicadores y mediciones, supervisadas y observadas en su metodología por el FMI. Se trata de la medición de los precios minoristas de carácter federal para enero (3,7%) y febrero (3,4%) de este año; y ahora los datos de actividad económica, es decir. el 3% de expansión del PBI, o sea la nueva riqueza generada en un año.
Es aún prematuro relevar la credibilidad de las nuevas informaciones, aunque parecen más asociadas a la realidad percibida desde distintos ángulos. Habrá que analizar la tendencia de la nueva serie que se habilita para medir la inflación y el PBI y en ese proceso validar o discutir el resultado estadístico de la nueva metodología.

¿Qué sectores crecen y cuáles caen?

Los datos confirman intuiciones sugeridas desde diversas fuentes, entre las que sobresale una caída del 1,6% en la explotación de minas y canteras y especialmente una baja del 0,3% en la actividad en la industria manufacturera y en contrapartida una expansión del 21% de la intermediación financiera y otros servicios financieros.
No es un tema menor ante el crecimiento de la actividad industrial desde el 2002 y su impacto en el empleo, importante por lo menos hasta el 2007 y con tendencias mucho más leves desde entonces. Una situación agudizada en el 2009, año de recesión global, y que parecía superada con fuerte intervención estatal en los años siguientes.
Ahora, debe registrarse el retroceso industrial, más allá de críticas al modelo de armaduría y escasa difusión en sectores pequeños y medianos de partes y componentes para ensamble, en el marco de una crisis mundial que ya no solo impacta en los países capitalistas desarrollados.
El agro (10,6%) y la pesca (22,8%) crecen por encima del promedio; también hotelería y restaurantes (4,3%); e incluso la actividad estatal en educación, salud y seguridad social apenas por encima del promedio. En el otro ángulo se destaca un crecimiento por debajo del promedio en electricidad, gas y agua (2,9%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,7%); la construcción (2,5%); el comercio (1,8%); y otros sectores como el servicio doméstico o los servicios inmobiliarios.
Interesa por lo tanto la coyuntura derivada de la información y la perspectiva del presente año y siguientes, por el impacto en el empleo y lo que supone en el imaginario social el aliento a la actividad financiera por sobre la productiva en el sector industrial.
No se trata de que uno sea mejor que el otro (sector productivo sobre financiero), ya que el uno necesita del otro, pero si interesa ver las orientaciones de la actividad económica que se deriva de la política económica.

Devaluación y tasas de interés

En este sentido puede argumentarse que la devaluación de enero apunta a la mayor competitividad de la inversión en producción agraria, minera e industrial, claro que a costa de la merma del poder de compra de los trabajadores y sectores sociales de ingresos fijos.
Junto a la devaluación se aumentan las tasas de intereses para estimular imposiciones en moneda local y desestimular la demanda de divisas, lo que en definitiva alienta horizontes especulativos y encarece el crédito para la inversión productiva. Acompañando el estímulo al ahorro en pesos, el Estado nacional acaba de salir a ofertar bonos de la deuda pública en pesos para captar la voluntad de inversión financiera y restringir la oferta monetaria (circulación de dinero) para intentar frenar subas de precios.
El combo en cuestión, devaluación más alza de las tasas de intereses, apunta a consolidar una desaceleración de la economía argentina, en sintonía con lo que ocurre en buena parte del mundo, incluidos aquellos de gran crecimiento en los últimos años, especialmente China y la India, que siguen creciendo más que la economía mundial, pero menos que en la última década.
Un debate interesante es que la política económica organiza beneficiarios y perjudicados y en una retrospectiva vale interrogarse por ganadores y perdedores de la convertibilidad y de la salida de la convertibilidad, y ahora conviene pensar como procede el reparto derivado de este conjunto de medidas de política económica sobre el conjunto de la sociedad. En este marco es que se anuncian los retiros a los subsidios del gas para el consumo domiciliario y se mantiene para el sector industrial, precisamente inducido por estos datos de baja en la actividad económica del sector manufacturero. Con esto se habilita el debate sobre quienes continúan siendo perceptores de subsidios y cómo se financia la superación de la desaceleración económica. Al mismo tiempo, las discusiones salariales de los docentes, a la que se suman nuevas negociaciones de actualización de salarios para el resto de los trabajadores bajo convención colectiva, definen el marco de perdedores y ganadores.
No alcanza con saber cuánto crece o no el país, el 3% del 2013 por ejemplo, sino que interesa desentrañar la ecuación entre beneficiarios y perjudicados como resultado de las respuestas gubernamentales de política económica, lo que motiva a respuestas sociales de apoyo o crítica para defender o modificar la situación. Es algo que se resuelve en el plano de la lucha política.

Julio C. Gambina

El gran negocio de Repsol



El acuerdo obtenido por Repsol y la claudicación del gobierno nacional dejaron en YPF un saldo amargo. El análisis sobre los intereses en juego, los ganadores y los perdedores.

El día 28 de febrero de este año, entró al Senado de la Nación, un Proyecto de Ley, para ratificar el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación, suscripto un día antes entre el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, y las diversas empresas que conforman el grupo Repsol: Repsol Capital, Repsol S.A. y Repsol Butano S.A. Asimismo el Proyecto contempla la ampliación de la Ley de Presupuesto General de la Administración para el ejercicio fiscal del año 2014, autorizando una emisión de Bonos del Tesoro Nacional, como así también Letras del Tesoro por un valor nominal de 150 millones de dólares a favor del Banco de la Nación Argentina, como contragarantía del aval a ser otorgado por dicho Banco. El Convenio establece una indemnización a Repsol por un monto de 5 mil millones de dólares, más intereses que pueden llegar a duplicar esa suma de conformidad con los plazos establecidos. Este Proyecto acaba de tener sanción favorable del Senado de la Nación, al rechazar el oficialismo todo argumento en contrario que le fuera planteado.
Tal como lo determina el artículo 17 de la Constitución Nacional, el valor de los bienes sujetos a expropiación debe ser fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación cuya misión es establecer valores objetivos para la adquisición, enajenación, locación o registro contable de bienes, ante el requerimiento del Poder Judicial de la Nación o de organismos municipales, provinciales, nacionales, binacionales o multinacionales de los cuales el Estado Nacional forme parte; para sí o para aquellos entes a los cuales supervisan, controlan o auditan. Ello hace suponer la imposibilidad de llegar a ningún preacuerdo o acuerdo, sino se cuenta con la estimación del Tribunal de Tasaciones, único ente encargado para este tipo de valorizaciones.
No obstante lo señalado anteriormente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, informó en el mes de noviembre, sobre la existencia del acuerdo al que se habría llegado con Repsol, el que luego de varias consultas fue aprobado por las autoridades de la empresa, porque le resultaba ampliamente favorable. En las habituales negociaciones donde impera el secretismo, no se tuvieron en cuenta los reales valores de la empresa, sino el convenir una suma que fuera conveniente para los intereses de la petrolera española.
Al respecto, cabe apuntar que en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, obra la causa penal N° 3518/06, donde se está investigando una denuncia efectuada por una organización de contadores forenses, que estiman que YPF fue perjudicada en una suma de alrededor de 1.700 millones de dólares estadounidenses (USD 1.700.000.000), debido al pago de dividendos que se efectuaron no solo sobre las ganancias de la empresa, sino sobre el capital, suma que eventualmente debería descontarse de la indemnización, sin perjuicio de las responsabilidades penales emergentes, y la clara violación de la ley de sociedades.
Aunque el Tribunal de Tasaciones efectuó su informe con fecha 17 de febrero del corriente año, resulta evidente al hacer una rigurosa lectura de todos sus rubros, que se trató de adecuar la tasación a lo acordado previamente por Kicillof, aunque el Acuerdo de Avenimiento se firmara recién el 27 de febrero. Decimos esto porque las cifras que se insinuaron en noviembre del año 2013, coinciden con la tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, estimando que las valuaciones de los distintos rubros, debían necesariamente coincidir con lo que se pensaba pagar a Repsol.

Expropiación y acuerdo: la historia reciente de YPF

Respecto a esa sospechosa tasación sorprende que en apenas 20 carillas se haya podido efectuar la valuación de una empresa de la magnitud de YPF, estableciéndose valores, que no se acredita de donde surgen. En efecto, en todo el documento emanado del Tribunal de Tasaciones, se insiste reiteradamente en que “se han tasado”: inmuebles, Plantas, Plataformas Offshore, equipos varios, Aeroplantas, Estaciones de Servicio, Planta de Lubricantes, 29.971 pozos en las áreas de producción, en su mayoría de YPF, muebles, bienes informáticos y de comunicaciones, rodados, un avión, y otros, pero en modo alguno se hace mención a una serie de elementos fundamentales, que resultan básicos en una tasación de semejante magnitud. Para dar algunos ejemplos, no se informa:

1.- Cómo se efectuó la tasación, qué valores de referencia fueron tomados en cuenta, qué montos surgen de la documentación contable de la empresa, y la amortización de los bienes.

2.- Qué criterios y normas de contabilidad han aplicado los miembros del Tribunal, cuál su indicación genérica y puntual.

3.- Qué bases, criterios y procedimientos han seguido para llegar a los valores de la tasación.

4.- Qué estados contables tomaron como base.

5.- Si tomaron en cuenta el valor de cotización de las acciones, a qué precio y a qué mercado.

6.- Cómo llegan sobre la base de la cantidad y el tipo de acciones expropiadas a las conclusiones de la tasación.

7.- Qué comprenden los 307 millones de dólares de contingencias legales y fiscales y cómo las determinaron.

8.- Cuáles fueron los cálculos que realizaron a los efectos de la tasación.

9.- Qué papel tuvieron en la los funcionarios del Ministerio de Economía en la tasación, y si hubo alguna sugerencia sobre los montos asignados a los bienes de la empresa, cuyas acciones se expropiaron.

Además de estas cuestiones básicas, en la tasación se informa que se consideraron los pasivos medioambientales, tal como fueron expuestos en los estados contables de la sociedad, pero en ningún caso se hace mención a los mismos, resultando improcedente que el Tribunal se limite a consignar lo que hizo figurar Repsol en sus documentos, sin verificación alguna sobre la exactitud de tales pasivos. Y al respecto existen acciones judiciales, que podrían afectar claramente el patrimonio de la empresa y en consecuencia el valor del capital expropiado.
También es importante puntualizar la existencia de posibles pasivos ocultos que son de plena responsabilidad de la expropiada y que no fueron tratados por el Tribunal de Tasaciones.
En las observaciones de la tasación se hace referencia a doce expedientes supuestamente relacionados con la tasación, pero no se efectúa ninguna referencia a los mismos ni a lo que contienen, y en su mayor parte son actuaciones de finales del 2013 y principios del 2014.
Según el detalle de lo consignado en el anexo 1, se tasaron 126.646 bienes, entre los que se cuentan 289 terrenos y 200 propiedades existentes en todo el territorio nacional, más la totalidad de la infraestructura de la empresa expropiada. A esto se suma la supuesta tasación efectuada sobre 10 empresas controladas, algunas de ellas en Estados Unidos, Brasil, Bolivia y España; 3 empresas asociadas, 8 empresas con participación accionaria.
Llama poderosamente la atención que se incluya como fecha de tasación el día 16 de abril de 2012, cuando la ley de expropiación del 51% de las acciones, fue sancionada el 4 de mayo del referido año, por lo cual resulta imposible que se efectuara una tasación de bienes, cuando no se había aprobado la expropiación accionaria. Y decimos esto, porque en la nota que acompaña la tasación, que tiene fecha 17 de febrero de 2014, se hace referencia al pedido de tasación efectuado por la Secretaría de Política Económica de fecha 18 de septiembre de 2012.
Conociendo el funcionamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación y el personal con el que cuenta, resulta imposible, que en poco más de un año se hayan tasado 126.646 bienes, especialmente porque los mismos no están concentrados en un lugar físico sino diseminados en todo el país, sino que además, hay un conjunto empresario existente en otros países, que supuestamente fue tasado en tan corto tiempo, lo que resulta sencillamente inverosímil. Según la información disponible, este Tribunal, tiene entre personal estable y contratado 94 personas, en la que está incluido el personal administrativo, que se ocupa de los trámites burocráticos. Además de ello, los supuestos tasadores no estuvieron dedicados exclusivamente a la expropiación de Repsol, sino a una respetable cantidad de otros trámites, tal como se consigna en la página web de la institución
Se supone que un tasador tiene que conocer debidamente las características y la situación real de los bienes a tasar; debe evaluar el estado de conservación, los aspectos funcionales, y las eventuales degradaciones físicas o estructurales, que puedan comprometer el valor de los bienes, y afectar el interés público. Nada de esto surge que se haya hecho, sino que solo se trató de dibujar una situación patrimonial, porque existía la urgencia de firmar el Convenio.
Todas las graves irregularidades señaladas nos hacen suponer que se trata de una tasación amañada, con el único propósito de arreglar con Repsol, beneficiándola indebidamente, con tal de llegar a cualquier tipo de acuerdo y terminar con las acciones litigiosas que podrían plantearse. Esto determina una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, e impediría aprobar el Convenio celebrado por el Ministerio de Economía con Repsol.
No está demás mencionar, que de conformidad con lo que surge del referido Acuerdo, la Argentina ha quedado obligada a desistir del derecho de todas las acciones y reclamos extrajudiciales y/ o arbitrales presentes o futuros contra Repsol y todas sus vinculadas, en el territorio argentino y en el extranjero originados en la actuación de Repsol y personas vinculadas como accionistas (contratantes o no), directores, síndicos y/ o empleados de YPF y/ YPF GAS y o sus controladas. Esto supone claramente, que ante la eventual comprobación de cualquier daño ambiental producido como consecuencia de las actividades petrolíferas de Repsol, el Estado Nacional se vería imposibilitado de ejercer cualquier acción resarcitoria de la naturaleza que fuere.
Finalmente y en el marco del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con España, la Argentina no puede recurrir a ninguna acción legal, en caso que la misma le asistiera debido a la interpretación del contrato, debiendo someterse a un arbitraje obligatorio, con lo cual se renuncia en forma expresa a la jurisdicción argentina. Ese arbitraje ejercido por particulares designados por las partes, pero donde los estados siempre están en minoría, resulta inapelable, ni puede ser cuestionado en ningún tribunal, ni aún puede ser materia de revisión por la Corte Suprema de Justicia, ya que así lo determinan las normas que rigen este tipo de tratados.
Nuevamente nos encontramos con acciones claramente violatorias del estado de derecho que no se pueden convalidar. No se trata solamente de acuerdos negociados secretamente, sin tasación real de los bienes, sino que se armó toda una ficción administrativa para pretender demostrar que se había cumplido con las normas legales respectivas para la expropiación. Las evidencias que hemos planteado son más que suficientes, y las que existen en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 4, vienen a corroborar la necesidad de que ese Convenio sea rechazado.
Las urgencias de su tratamiento y aprobación, parten de la necesidad que tiene el gobierno Nacional de volver a recurrir al financiamiento externo para cubrir los déficits cada vez más abultados, y obtener algún tipo de inversión para la obra pública, ya que las arcas oficiales están exhaustas. Pagar demandas en el CIADI a los fondos buitres, como se hizo; negociar con el Club de Paris y arreglar con Repsol, han sido exigencias del sistema financiero, y el gobierno una vez más ha vuelto a claudicar ante un poder, con el que siempre ha negociado en perjuicio del patrimonio público.

Alejandro Olmos Gaona.

domingo, 30 de marzo de 2014

Santucho: reportaje en Cuba.


Clericalismo y entrega para llegar a 2015



Si alguna bandera quedaba del “relato nacional y popular”, fue entregada sin vergüenza durante la reunión de CFK con el jefe del gobierno francés, François Hollande. Allí, el gobierno argentino reconoció todo lo exigido por el Club de París, sin regatear una moneda de los casi 10 mil millones de dólares adeudados a esa cueva de usureros: capital, intereses y hasta penalidades. De la reunión con Hollande surgió apenas un tibio respaldo al inicio de la negociación del pago, sin compromiso alguno y ad referéndum de las negociaciones que comenzarán en mayo.
La conducta de Hollande tiene sus razones: “Los arbitrajes en favor de las empresas Suez, Saur y Total, decididos por el Ciadi, por varios centenares de millones de dólares”, aún están pendientes (La Nación). El economista francés Frédéric Sautet añade “hoy, la Argentina propone a los países del Club de París reembolsarlos con deuda (es decir, con bonos de un pretendido mercado de deuda argentina que el gobierno K pretende reabrir) y, sobre todo, mediante un chantaje económico, que consiste en imponerles que inviertan en el país cuando su economía se ve penalizada por una gran inestabilidad fiscal y una hemorragia de sus reservas de cambio ¿Quién puede aceptar esas garantías?”

La otra garantía

CFK se reunió también con el presidente de la petrolera Total, para interesarlo en Vaca Muerta a cambio del desestimiento de los 300 millones de dólares que esa compañía le demanda a la Argentina en el Ciadi. Total exigió, por su lado, que Argentina organice servicios tecnológicos de petróleo locales, una forma de atacar la atadura de Galuccio con el pulpo Schlumberger, que monopoliza los servicios a YPF y a Chevron.
Por su lado, el Mouvement des Enterprises de France (Movimiento de Empresas de Francia, Medef), rechazó de plano cualquier acuerdo con la Argentina en el estado en que se encuentra la economía del país: “Con unas condiciones arancelarias descabelladas, una inseguridad jurídica permanente, controles de cambio y más del 30 por ciento de inflación anual ¿Quién puede sentirse tentado de invertir en la Argentina?” (ídem).
¿En qué condiciones un acuerdo con la Argentina podría ser viable? Un hombre orgánico del capital financiero y amigo de los K, Mario Blejer, señaló, en una reunión organizada por Consenso Republicano: “es necesario normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional en los términos del artículo cuarto del organismo” (La Nación, 21/3); es decir, aceptar los monitoreos del FMI. Además, indicó que se deben resolver los conflictos con el Ciadi y pagarles a los holdouts. Todos esos puntos deben resolverse: “es como un puente, no se puede construir sólo una parte porque no se construye nada” (ídem).
Como se ve, la Presidenta llevó a Roma y a París bastante más que un termo de plástico para regalarle al Papa. Todo indica que el gobierno está dispuesto a ceder todo a cambio del oxígeno financiero que necesita para llegar a 2015.

A. Guerrero

Tragedia de Once: el juicio político al kirchnerismo



La explotación ferroviaria es una operación fraudulenta, una expropiación de los subsidios del Estado.

De la lectura de la acusación que enfrentan los 29 imputados de la Masacre de Once, no caben dudas de que, en cuanto a la instrucción, ha quedado probada la tríada criminal entre empresarios, funcionarios y burócratas.
El manejo de los Cirigliano y el Grupo Plaza en las concesiones otorgadas a TBA es una clara manifestación de la usurpación de los fondos públicos (subsidios) por los K y sus capitales ‘amigos’.
Ha quedado claro, a través de la lectura del requerimiento, que las conductas ilícitas de Sergio, Claudio y Roque Ángel Cirigliano, directivos de TBA, afectaron severamente el programa de mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, e hicieron uso de los fondos públicos para el enriquecimiento personal y del grupo. La desinversión en el servicio y su deterioro por la falta de mantenimiento fue determinante para que sucediera la tragedia. Los trenes aún circulan sin compresores, y por debajo de los niveles mínimos de seguridad.
TBA SA contrató para el manejo de la concesión ferroviaria a más de 20 empresas de su mismo grupo empresario (Transportes Sur-Nor CISA, Expreso San Isidro SATCIFI, J.M. Ezeiza SRL, Cuatro de Septiembre SATCP, Servicios integrales de Gestión SA, Optimiser SRL, LCG SA, Ticketrans SA, Inversora Intervías SA, Baires Ferrovial, Leasing Bus SA, Integral Clean SA y Cruz Azul Soc. Inversión SA); pagó cifras millonarias por servicios que nada tenían que ver con la prestación ferroviaria o directamente no existieron.
Cometrans SA fue contratada para su asesoramiento integral, en el período 2010 y 2011, por casi 40 millones de pesos en concepto de honorarios. La empresa, de sólo siete empleados, contaba con un asesor, Marcelo Calderón, directivo de TBA, que luego pasó a Cometrans SA.
Los contratos nada tenían que ver con el objeto de la concesión, el mantenimiento y funcionamiento del servicio ferroviario.
Baires Líneas Aéreas suscribió contratos con TBA SA, para la realización de vuelos privados, para trasladar a sus directivos, empleados y funcionarios, por motivos “…que hacían al cumplimiento del objeto societario…”. Se realizaron viajes a Colombia, México, Italia, Francia, España, Chile y Perú, entre otros países, que no condicen con las necesidades de las concesiones del Mitre y del Sarmiento. En relación a los vuelos nacionales se reiteraba Necochea como destino, donde se encuentra una propiedad familiar de los Cirigliano.
Emprendimientos Ferroviarios SA (Emfer SA), tercerizada del mismo grupo económico, fue contratada para el mantenimiento de vías y facturó y cobró bajo ese concepto. Sin embargo, dicha empresa no realiza esas tareas sino que repara coches siniestrados.
Hay gastos suntuosos de los directivos de TBA, por medio del uso de tarjetas de crédito corporativas; figuran elevados montos en la adquisición de vinos, orquídeas, carteras y hasta muebles adquiridos en la Polinesia Francesa. Incluso se esponsoreó un auto de carrera correspondiente al hijo del directivo Víctor Astrella.
Todos estos gastos se efectuaron usando el fideicomiso de los subsidios que debían utilizarse para las inversiones y mantenimiento de la infraestructura, material rodante y entrenamiento de personal especializado de la ex línea Sarmiento. El enriquecimiento de esta casta empresaria hubiera sido imposible sin la connivencia de los funcionarios del Ministerio de Transporte.
El primer día del juicio, con la sola lectura de la acusación, ya ha quedado en evidencia lo que advertimos desde el primer día del asesinato de Mariano Ferreyra. Que la explotación ferroviaria es una operación fraudulenta de expropiación de los subsidios del Estado para el enriquecimiento de burócratas, empresarios y funcionarios.

Claudia Ferrero (Apel)

La destitución de Milani, una gran convocatoria



Crece la campaña

La semana pasada, en vísperas del 24 de Marzo, desde las bancadas parlamentarias del Frente de Izquierda organizamos diversas iniciativas a nivel nacional, que colocaron nuestra campaña por la destitución de Milani en la agenda política y obtuvimos una importante repercusión mediática. En Buenos Aires, Córdoba, Salta, La Rioja, y esta semana en Neuquén, se han impulsado conferencias de prensa, charlas abiertas y una audiencia pública en el caso del Congreso, que han reunido a numerosos organismos de derechos humanos y referentes del movimiento popular.
El proyecto del Frente de Izquierda en el Congreso, que plantea la destitución de Milani, fue acompañado por 15 diputados (*), el máximo admitido, al que adherirán muchos otros. Hicimos una intensa campaña pública y una recorrida por los despachos. Fue adoptado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Logramos el voto favorable de los concejos deliberantes de Orán y la capital salteña. En Córdoba, donde hemos lanzado la campaña parlamentaria, una numerosa concurrencia asistió a la charla en la universidad, convocada junto a Elia Espen y Claudia Ferrero. En La Rioja, donde Milani actuó como oficial de inteligencia en el Batallón 401, hubo una mesa redonda con nuestro diputado Pablo López yla madre del soldado Ledo, por cuya desaparición, en 1976, está imputado Milani.
La Audiencia Pública en el Congreso contó con una importante concurrencia: Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres Línea Fundadora; por la Asociación de Ex Detenidos-desaparecidos, Enrique “Cachito” Fukman y Carlos Lordkipaniche, entre otros; Claudia Ferrero y Liliana Alaniz de Apel; los periodistas Herman Shiller y Raquel Angel, quien junto a Alberto Guilis renunció a la Universidad de las Madres, luego de que Hebe de Bonafini respaldara la designación de Milani. Se contó con la adhesión de Nora Cortiñas, Pérez Esquivel y la CTA Micheli. Tomaron la palabra los diputados nacionales Néstor Pitrola y Pablo López, y luego Mirian Bregman (PTS) y Juan Carlos Giordano (IS), diputados rotativos del Frente de Izquierda, y los organismos presentes.
Antes de la audiencia, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora organizaron la ronda tradicional en la plaza con carteles que reclamaban “Fuera Milani”. Del otro lado de la vereda, Hebe de Bonafini las acusó de montar “una provocación”, mientras atacaba también la huelga de los docentes. Con la designación del espía Milani, las fuerzas armadas han vuelto a ocupar un lugar destacado en las operaciones de represión interna. La campaña por la destitución de Milani es parte de la lucha por la defensa de las libertades democráticas.

(*) Firmantes: Néstor Pitrola, Pablo López, Nicolás del Caño, Victoria Donda, Fabián Peralta, Alcira Argumedo, Claudio Lozano, María Virginia Linares, Omar Duclós, Mario Raúl Negri, Margarita Stolbizer, Graciela Villata, Jorge Marcelo D’Agostino, Fabián Dulio Rogel y María Gabriela Burgos.

Mariela Solesio

Conferencia de Mario Roberto Santucho en junio de 1973




Bs. As.: Conferencia de Mario Roberto Santucho donde expresa: "En esta conferencia de prensa citada por el Ejercito Revolucionario del Pueblo (E.R.P), representamos a nuestra organización los compañeros Enrique del Carmen Fernández, a mi izquierda; Mario Roberto Santucho, quien les habla, y el compañero Benito Urteaga, a mi derecha. Vamos a leer una declaración sobre la situación política actual y estamos dispuestos a contestar posteriormente preguntas de los periodistas. La declaración del Ejercito Revolucionario del Pueblo que vamos a leer dice: La actuación de nuestro pueblo y la necesidad de nuestra patria es avanzar en el proceso revolucionario iniciado en el cordobazo anti dictatorial del 29 de mayo de 1969 hacia la liberación nacional de nuestra patria y la liberación social de nuestro pueblo trabajador. En ese sentido se pronuncio la clase obrera y el pueblo argentino en años de enérgica lucha contra la dictadura militar en el cordobazo, en el rosariazo, en el vivorazo, en el mendozazo, en el tucumanazo, en centenares de huelgas y manifestaciones. En centenares de acciones guerrilleras, incluso deformadamente en las condicionadas elecciones del 11 de marzo, y mas recientemente en la histórica jornada de liberación de los combatientes frente a la cárcel de villa devoto. En las centenares de ocupaciones de fabricas y de zonas de acciones guerrilleras de la ultima semana, en la tónica de gran movilización del 20 de junio. Avanzar en el proceso revolucionario bajo el actual gobierno parlamentario hacia la liberación nacional y social es movilizar ampliamente a las masas. Continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital. Atacar las raíces de la independencia estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria; desarmando el Ejército y ofrecerle el mando al pueblo. -¡Cumple el gobierno parlamentario con el pueblo! -¡Satisface las aspiraciones de la clase obrera y todo el pueblo obrero argentino! Cada día es más evidente que no, por el contrario, el gobierno del Presidente Campora se coloca cada vez más claramente al lado de los espectadores y los represores, junto a los enemigos del pueblo y de la Nación Argentina; y que apresta a reprimir, mas aun, ya ha comenzado a organizar la represión sangrienta contra el pueblo. En el terreno de la economía, en lugar de elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras hacer pagar la crisis a los capitalistas y organizar la economía bajo el control y administración de los trabajadores. Intenta a través del pacto social maniatar a los obreros y dar vía libre a los empresarios para el enriquecimiento más rápido. El plan de la C.G.E. calurosamente aplicado por la UDE y demás organizaciones del gran capital por el imperialismo yanqui que lo considero el mejor plan de los últimos gobiernos. Por el imperialismo europeo. Es un plan abiertamente anti obrero que intenta reconstruir los bolsillos capitalistas multiplicando el esfuerzo y sufrimiento de los trabajadores. En el terreno político, desde el Ministerio de Bienestar Social convertido en cuartel general de la Central de Inteligencia Americana, el gobierno organiza bandas fachistas para reprimir a las Fuerzas Revolucionarias. En este sentido, nuestro deber revolucionario es enunciar que el sorpresivo y feroz ataque perpetrado contra los sectores revolucionarios del Peronismo el 20 de junio en el acto de Avenida Richieri con un mínimo de 25 muertos, fue perfectamente planificado, organizado y ejecutado desde el Ministerio de Bienestar Social bajo la inmediata dirección del torturador Osinde y otros notarios agentes del imperialismo yanqui. Por estas medidas económicas y políticas el gobierno del FREJULI a recibido el entusiasta respaldo de todo lo anti nacional y anti popular de la Unión Industrial Argentina, del imperialismo yanqui y europeo, de personajes tan nefastos como Alvaro Alsogaray, de los militares opresores, y ha dejado sorprendidas y preocupadas a las amplias masas que lo apoyaron con su voto. Los recientes pronunciamientos documentados, en especial el mensaje de Campora el 25 de junio y la decisión de reprimir las ocupaciones de fábricas y la tenencia de armas y explosivos. Sumado a los planes económicos y políticos del gobierno, significan una traición a la voluntad popular, al mandato recibido y colocan al nuevo gobierno a solo un mes de su instalación, a un paso de la ilegalidad revolucionaria..........................­..".

Fecha: 30/6/1973
Duración: 14 minutos 27 segundos
Código del film: D-00574

sábado, 29 de marzo de 2014

Alexandra Nariño (Tanja Nijmeijer - La Holandesa) Canta "General de Generales" - Manuel Marulanda


Hotel Bauen: la historia de nunca acabar



La noticia llegó en vísperas de una celebración especial: los trabajadores del Bauen estaban preparando los festejos por los once años de la recuperación del Hotel cuando recibieron una orden de desalojo que los obliga a abandonar el edificio en treinta días. La sentencia, a cargo de la jueza Paula Hualde, estaba firme desde el año 2007 pero había quedado suspendida en 2012, cuando los trabajadores presentaron ante la justicia una denuncia penal contra los antiguos dueños, la familia Iurcovich.

La historia

La historia del Bauen está llena de instancias legales, apelaciones y tensiones por desalojos. Trataremos de resumirla en algunos puntos:
Marcelo Iurcovich recibe un préstamo del ex Banco Nacional de Desarrollo por iniciativa del gobierno militar para construir un hotel en una zona estratégica como parte de un plan de ampliación de la infraestructura de servicios de cara al mundial que se llevaría a cabo ese mismo año.
En 1997, luego de años de decadencia, Iurcovich vende parcialmente el hotel al Grupo Solari, a cargo de una cadena hotelera chilena, que debía pagar aquella deuda con el Estado. En febrero del 2000 la firma llama a convocatoria de acreedores. Había pagado solamente 4 de los 12 millones que le debía al Estado.
El 28 de diciembre de 2001, el Hotel Bauen cierra sus puertas y deja a 70 trabajadores en la calle.
Recién en 2003, luego de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, los trabajadores, organizados en forma de cooperativa, volvieron a explotar comercialmente las instalaciones del Bauen.
En 2005 los Iurcovich anuncian la venta del Hotel a la empresa Marcoteles S.A, de la cual forma parte Hugo, uno de los hijos.
En diciembre de ese mismo año, el macrismo gana en la Legislatura –con el mínimo de votos- la aprobación de una ley que perdonaba la deuda, pero proclamaba nula la cooperativa para manejar el hotel. Gracias a la presión de los trabajadores, el entonces jefe de gobierno porteño Jorge Telerman demoró la firma de la ley. En julio de 2006 la Justicia determinó que el hotel pertenecía a la firma Mercoteles, y el 30 de ese mes la jueza comercial Paula Hualde intimó al desalojo del Bauen.
La orden se mantuvo durante años hasta que los trabajadores, luego de apelar a diferentes presentaciones legales que fueron sistemáticamente rechazadas, llevaron ante la justicia la causa penal contra los Iurcovich.
Finalmente, a fines del año pasado, el juzgado federal número 7, a cargo de Sebastían Casanello, consideró que no había motivos suficientes para acusar a los Iurcovich y la causa quedó archivada.
Así fue como la jueza Hualde reactivó la orden de desalojo.

La salida

Federico Tonarelli, expresidente de la Cooperativa que nuclea a los trabajadores, explica: “Fue un golpe duro porque estábamos preparando el festejo y la presentación del Cuarto Relevamiento de Empresas Recuperadas. Aun así, aprovechamos la fiesta para armar una comisión de apoyo que nos permita trabajar en una campaña para insistir con la idea de siempre: no se puede devolver un inmueble a deudores históricos del Estado. Tratamos de buscar mecanismos que nos den una salida que no implique el desalojo. Igualmente sabemos que no va a ocurrir: va a primar la sensatez. No se puede venir a desalojar un hotel donde hay una empresa cooperativa que funciona al 100%, con pasajeros, huéspedes y comensales”, agrega Tornarelli.
Diego Ruarte, miembro de la cooperativa, aclara: “Por más que querramos llegar a un acuerdo con Iurcovich, la deuda que tiene con el Estado ya proscribió. Por lo tanto, el verdadero dueño del hotel es el Estado Nacional”.
Tornarelli agrega: “No falta voluntad de nuestra parte, pero es imposible llegar a un acuerdo con gente que ha hecho maniobras de todo tipo para no pagar lo que le debían al Estado y desalojar a la cooperativa”.
El Bauen hoy en día, y desde hace once años, se encuentra en pleno funcionamiento y es fuente de trabajo de 130 personas. Durante el próximo mes se llevarán a cabo una serie de actividades para hacer público un caso que ya ha pasado por todas las instancias legales y que solo puede resolverse, coinciden los trabajadores, con apoyo social.

lavaca

"La devaluación, el acuerdo YPF-Chevron, los arreglos con el Club de París y Repsol es el programa de las clases dominantes"

Entrevista al economista político Julio Gambina

Mario Hernandez (MH): Damos comienzo a “Fe de erratas” del 19 de marzo con la presentación del economista político Julio Gambina. Vamos a comenzar con los botines de punta como ya es habitual en nuestras últimas entrevistas. Estuve revisando Le Monde Diplomatique en su edición del mes de marzo, en particular, la nota “La balada del dólar” del economista Claudio Scaletta quien se refiere a la restricción externa, es decir, la falta de divisas que afecta a la economía argentina y dice: “en el largo plazo, ya no disponible para la actual administración, el camino lógico es la sustitución de importaciones. En el corto plazo, en tanto, las opciones son más variadas e incluyen todo lo imaginable para desincentivar la salida de capitales e incentivar su ingreso, desde promover la demanda de pesos y la demanda de dólares vía tasas de interés, endeudamiento externo, refinanciamiento de vencimientos de deuda o la promoción de la inversión extranjera”. Mi pregunta es ¿éstas son las únicas alternativas, las únicas salidas que tenemos?
Julio Gambina (JG): Claro que no. Rápidamente te diría que se puede pensar en un proceso de nacionalización de la banca y del comercio exterior, lo que supone un proceso de nacionalización portuaria, de la red ferroviaria, porque la salida de la soja, para dar el ejemplo de uno de los principales productos de exportación, supone para el caso del principal productor de aceite que es Urquía en la provincia de Córdoba, un tren privatizado para sacar la soja y el aceite de soja del interior de la provincia y llevarlo al puerto privado de Rosario y desde allí al exterior.
Se pueden hacer muchas cosas. El problema del artículo que me leíste y de muchas cosas que están pasando en el gobierno, es el límite que impone encontrar soluciones en el marco del capitalismo contemporáneo. Si el gobierno quiere una solución en ese marco tiene que reanimar el proceso productivo, lo que supone que haya inversión de capitales para ampliar la producción y, obviamente, no alcanza con la inversión pública que es la que viene sosteniendo la inversión en los últimos tiempos en Argentina, hace falta inversión privada.
Hay un debate con la Unión Industrial Argentina (UIA) donde hemos escuchado a la Presidenta y a su Ministro de Economía insistir que los capitales privados no invierten en la Argentina y por eso están a la búsqueda de inversiones externas. La UIA salió a contestarles que el año pasado la inversión privada creció respecto de años anteriores, pero para que el capitalismo funcione tiene que haber inversores dispuestos a invertir. Si no hay inversión originaria, no hay desarrollo productivo.
Ayer el Jefe de Gabinete salió a anunciar que se están presentando en el Parlamento iniciativas legales para inducir la producción de autopartes en Argentina y terminar con la pérdida de capitales que supone su importación. La cifra oficial es que el déficit del año pasado por autopartes fue de U$S 9.000 millones. Ingresaron U$S 20.000 millones y Argentina produjo y exportó por U$S 11.000 millones. Por lo tanto, la propuesta del gobierno argentino, que parece lógica, es ir a una sustitución de importaciones de autopartes, lo cual cuenta con el agrado de la industria siderometalúrgica y es un tema que cae bien a los autopartistas en nuestro país. Tampoco creamos que esa solución sea inmediata y en el corto plazo. La intención es que esos U$S 9.000 millones bajen a un ritmo relativamente pequeño en el corto plazo y se vaya corrigiendo esa diferencia. La pregunta sería si hay tiempo para hacerlo, no es la primera vez que el gobierno intenta en los últimos años mejorar la situación productiva de las autopartes. La realidad es que el capitalismo de esta época es trasnacional, donde tiene mucho peso el capital externo y, de hecho, en la Argentina de estos años con crecimiento económico, más allá de discutir su nivel y volumen, ha tenido un peso muy importante el capital externo.
Recuerdo que en la última conversación que tuvimos sostuve que el gobierno desde octubre del año pasado ha asumido el programas de las clases dominantes, del capital más concentrado y que se expresa sobre todo en la devaluación, en el arreglo de las cuentas externas, terminar con el default y por eso sale a arreglar con el Club de París y conseguir inversores externos para dinamizar el proceso productivo. Es lo que está diciendo la nota que me leíste, por eso se muestra como modelo el acuerdo YPF-Chevron y se aceleran los pasos del acuerdo con Repsol para ir cerrando espacios conflictivos con capitales externos.
No solo Repsol continúa en YPF sino que Argentina abre sus puertas como lo hace con Chevron. Hace una expropiación y paga lo que “corresponde”, sea porque lo dice el tribunal de tasación en Argentina, porque lo acepta Repsol o haya acuerdo en la cotización de la empresa expropiada parcialmente.
La devaluación, las conversaciones que se van a iniciar a fines de mayo con el Club de París y la apertura a inversores externos son claras señales que Argentina quiere amigarse con el capitalismo mundial que es la forma de restablecer el orden capitalista en el país.
¿Se puede hacer otra cosa? Sí, pero hay que salir de la lógica capitalista. No hay que pedirle al gobierno que asuma esa posición porque desde que llegó en el 2003 viene promoviendo que su objetivo era normalizar el sistema capitalista. No está en el imaginario gubernamental ir más allá del orden capitalista.

El modelo energético empieza en los 90 con las privatizaciones y no ha sido corregido sustancialmente

MH: Hablaste del régimen de autopartes, otro es el energético y tengo entendido que este fin de semana, razón por la cual no pudimos hacer esta entrevista el viernes pasado, asististe en Mar del Plata al Congreso de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera) donde me imagino que este tema fue debatido.
JG: La Fetera es parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Es una de sus expresiones más interesantes que agrupa a trabajadores de la energía del sector privado y estatal, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica hasta Río Turbio, pasando por las estaciones de servicio o de las empresas de generación y distribución energética. Está todo el panorama que va desde la electricidad al petróleo, a la energía atómica, el carbón, etc., con lo cual el panorama fue más que interesante y se pudo analizar en profundidad la crisis energética en Argentina.
Se hizo una crítica muy profunda al modelo energético que empezó en los 90 con las privatizaciones y no ha sido corregido sustancialmente. Pensá que lo ocurrido desde 2001-3 en adelante cuando mucho fue el congelamiento de las tarifas, pero es la continuidad de un modelo energético sustentado en la presencia del capital extranjero. Ahora, con la expropiación parcial de YPF, en el tema central que es el de los hidrocarburos, está planteada la asociación con el capital externo, nada menos que con Chevron, para avanzar en la explotación de los hidrocarburos no convencionales y, entre otras cosas, se dijo que el país que más ha desarrollado la tecnología para su explotación, del shale oil y el shale gas es EE. UU. Por eso la elección de Chevron.
En EE. UU., que tiene gran desarrollo en los hidrocarburos no convencionales, se ha generado una resistencia más que importante y ya hay varios estados que no permiten avanzar en ese tipo de producción, por eso EE. UU. exacerba su interés por las fuentes petroleras. Eso explica la avanzada sobre Venezuela, por ejemplo, quisiera que no estuviera el chavismo, no hubiera Maduro ni un manejo soberano de la política petrolera y hacerse de las reservas más importantes del mundo. Al mismo tiempo, quiere trasladar su experiencia sobre no convencionales a otros países y ahí encontraron que Argentina es el tercer reservorio mundial y, por lo tanto, no tiene que sorprender que vía Chevron, una de sus empresas más paradigmáticas, una de sus grandes petroleras, pretenda llegar a Argentina y avanzar sobre América Latina.
Hay que pensar en el antecedente de Repsol, una empresa española de un país que no tiene petróleo, sin embargo, con Repsol y pisando fuerte en América Latina con la privatización y compra de YPF, se proyectó a todo el continente y se transformó en una gran petrolera mundial desde nuestro país proyectándose a América Latina y Africa. Hoy es uno de los grandes jugadores petroleros a escala mundial, entonces, no sorprende que EE. UU. pretenda desde la Argentina organizar negocios con los no convencionales e YPF, de gestión estatal, ya está haciendo convenios con otras estatales de la región como la YPF boliviana y la estatal petrolera uruguaya, intentando involucrar a ambos países en la estrategia de explotación de los no convencionales.
Esto estuvo fuertemente planteado en el debate de Fetera el fin de semana y hay declaraciones en su página de internet, una muy importante sobre la cuestión de la energía y un planteo muy fuerte sobre la cuestión que Argentina tiene que diversificar su patrón productivo energético que en un 90% está asentado en hidrocarburos y, por lo tanto, hay que ir a una fuente más diversificada. Obviamente, las petroleras en Argentina y el mundo condicionan la diversificación de la matriz productiva de la energía.
Quizás un tema interesante para comentar es que Fetera viene insistiendo en que la energía no debe ser considerada una mercancía, un bien que se intercambia en el mercado, sino que hay que pensarla como un derecho así como hablamos de la educación y la salud. Desde la Fetera se empuja el tema de que la energía es un derecho de la población a calefaccionarse en invierno, poder refrigerarse en verano, tener acceso a la electricidad o al gas para cocinar o para satisfacer los hábitos populares y, por lo tanto, supone un trabajo ideológico, propagandístico, político muy difundido para que la sociedad lo asuma como lo está la educación. Eso implicaría desmercantilizar a la energía.
Volviendo al comienzo, ¿se puede hacer algo distinto? Claro, se podría desmercantilizar la educación que supone poner todas las fichas del presupuesto público en la escuela pública, en mejorarla. Lo estoy diciendo en un momento de gran conflicto por el no inicio de las clases, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero es que está instalado en el país por los bajos salarios docentes, un país que viene subsidiando y financiando a la escuela privada que en los últimos años ha venido creciendo consolidando un patrón de educación como mercancía y no como derecho. Imaginate en el plano de la energía donde hay que hablar del gas de garrafa, el que utilizan los pobres y es el más caro.
Pensar en una concepción de derecho a la energía supone que Argentina debería modificar sustancialmente su política energética y reestructurar sus recursos públicos y fiscales. Es un tema que primero hay que instalarlo en la sociedad para que lo transforme en presión.

Se está intentando transferir el costo del ajuste a la mayoría de la población que son los trabajadores

MH: Te referís al conflicto docente y he observado que en relación a la discusión paritaria la idea que intentó instalar el gobierno de aumentos salariales por debajo del 25% se ha quebrado. El caso docente es muy claro, con porcentajes que superan el 30% en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, incluso en la provincia de Buenos Aires. También han adoptado una posición muy firme los metalúrgicos, su secretario general, Caló, planteó que no había paritaria por debajo del 30% de aumento. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación? Mucho se ha hablado de que un aumento de estas características en los salarios podría ahondar la crisis económica.
JG: El tema es quién va a pagar la crisis. El gobierno ha cambiado su agenda de prioridades asumiendo la demanda de las clases dominantes que venían pidiendo un enfriamiento de la economía argentina y es lo que está ocurriendo. Hay un proceso que avanza a la desaceleración o recesión de la economía. ¿Quién va a pagar todo esto? Los trabajadores, porque aunque se haya roto el techo del 25% y se discuta entorno al 30% la pregunta sería ¿cuánto fue la inflación anualizada de acuerdo al índice del mes pasado? En torno del 30% y todavía el gobierno no ha explicado la mentira del Indec. Ha salido directamente de menos del 1% de inflación en diciembre al 3,7% en enero sin ninguna explicación.
MH: Vos decís ¿quién paga el ajuste? El otro día leía las ganancias de las empresas, por ejemplo los bancos, pero me sorprendió el caso de Edenor. ¿Cómo puede ser que esta empresa declare en la justicia que no reciben subsidios, que trabajan a pérdida pero igual realizan las inversiones para garantizar el servicio que hemos visto en el verano en qué consiste y después leo que tuvo ganancias millonarias? Junto con los bancos fue una de las empresas que más ganancias ha tenido.
JG: Quizás sea muy sencillo decir es el capitalismo. Al principio decíamos hacen falta inversiones. ¿Por qué alguien invierte? Para ganar dinero. Cuando no hay ganancia las empresas se retiran. Cuando estudiás qué empresas se re-estatizaron en Argentina se trata de las que empezaban a dejar de ganar, la misma Repsol estaba previendo hacerlo. No es un secreto, a pesar que YPF seguía dando ganancias y habían descubierto Vaca Muerta y eso habilitaba una expectativa y antes de que sea importante en la valuación de la empresa, porque la propia tasación de Repsol indicó que la incidencia de Vaca Muerta era menor en su valorización, se produce la expropiación. Se la expropia antes. Lo mismo ha pasado con la empresa de aguas, con los ferrocarriles, todas las re-estatizaciones en general tienen que ver con la relativa voluntad de retirarse de las empresas.
La lógica es el tema de la ganancia.
Te venía diciendo que si la inflación fue del 30% en el 2013, el interrogante va a ser de cuánto será para el 2014. La proyección de enero-febrero da por encima del 40%. El gobierno dice que están haciendo esfuerzos para que no sea así en marzo y más adelante y no será del 40%. Imaginemos que sea exitoso en política anti-inflacionaria, en el mejor de los casos, va a ser de otro 30%, por lo tanto, el ajuste salarial no es solo sobre lo perdido en 2013 sino sobre lo que va a perder en el 2014.
Fijate que las organizaciones de los jubilados vienen planteando un ajuste porque el que se proyecta en marzo para los próximos 6 meses es del 11%. Con un ajuste en los alimentos en enero-febrero superior al 10%, la actualización de las jubilaciones ya se comió con lo que se movieron los precios en esos dos meses.
Es evidente que se está intentando transferir el costo a la mayoría de la población que son los trabajadores, que van a bancar esta situación o a generar procesos de resistencia y lucha como están expresando los docentes y qué capacidad tendrán para que la sociedad los acompañe.
Hay un accionar muy fuerte de parte del poder político y mediático para responsabilizar a los docentes de la falta de clases.
MH: Hoy lo estaba escuchando al periodista Nelson Castro apuntando sus baterías en ese sentido diciendo que los niños habían perdido once días de clase, que la educación en Argentina fue históricamente para igualar, que así fue como se desarrolló una poderosa clase media en los 50/60, etc.
JG: Sobre la base de la escuela pública, pero lo que ha crecido en los últimos años fue la privada.
MH: Para ir cerrando, me acuerdo de una vieja frase que decía “el que apuesta al dólar, pierde” ¿Podríamos decir lo mismo en este momento de quietud del mercado cambiario?
JG: No, el dólar es un precio más de la economía, pero no es uno cualquiera.
MH: Lo decía porque está debajo de los $ 8.
JG: Pero muy cerquita y últimamente viene subiendo y sectores del poder económico vienen diciendo que este nivel de inflación se come la devaluación de enero y ya empezó la presión nuevamente para que se piense en términos devaluatorios.
MH: Quisiera recordarte algunas cifras. Producción de soja: + 1.5 millones de toneladas. Brasil: - 3 millones. Precio x tn = U$S 535. Faltan los dólares que van a ingresar producto de esta cosecha.
JG: Supuestamente van a contener la cotización, pero te falta contar todo lo que hay que pagar de deuda. Los dólares que hacen falta para cubrir el balance exterior de Argentina, para cubrir el déficit en materia de autopartes, en turismo. Hay mucha necesidad de dólares de la Argentina. La crisis energética también demanda muchos dólares. No alcanzan todos los dólares que vengan por la soja o por las exportaciones de minerales, por eso se están buscando préstamos e inversiones externas. Si esta situación no se equilibra habrá nuevas presiones por la devaluación.

Docente luchando, también está enseñando

El miércoles pasado La Plata recibió a 50 mil maestros, en una movilización que, a muchos, recordó las históricas marchas de 1988. Ya desde la semana pasada los docentes autoconvocados de más de una decena de distritos de la provincia de Buenos Aires venían movilizándose, lo que ha sido la cualidad que distingue este conflicto del de años anteriores. Las palabras de funcionarios de los gabinetes nacional y provincial no hacen más que avivar una bronca acumulada por el abandono del salario y de las condiciones de trabajo que los docentes bonaerenses arrastran hace años.

50 mil docentes se movilizaron este miércoles por las calles del centro platense hasta la gobernación bonaerense.
Este conflicto puso sobre el tapete el corrimiento de las más importantes dirigencias sindicales (Feb, Suteba, Uda) de las necesidades docentes que van más allá de la cuestión salarial. Las autoconvocatorias de miles de docentes que salieron a la calle rompiendo el quietismo (“paro dominguero”) con que las entidades sindicales iniciaron las negociaciones paritarias a nivel provincial, los dejó descolocados.
Docentes de Mar del Plata, Almirante Brown, Malvinas Argentinas, Avellaneda, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, entre otros distritos, salieron desde la semana pasada a la calle con los guardapolvos blancos y con coloridas pancartas que denuncian las problemáticas de infraestructura escolar, condiciones de trabajo, mal funcionamiento de la obra social IOMA, falta de construcción de jardines y escuelas primarias, el rechazo a los subsidios públicos a la educación privada; problemáticas que van más allá del tema salario y que evidencian años de desentendimiento del estado de la educación pública. Las maestras y maestros denuncian techos que se llueven, baños rotos, aulas sin puertas ni ventanas, aulas superpobladas, falta de construcción de salas de jardines de cuatro años, sobrecarga horaria, prestaciones, análisis, sin cobertura, médicos y farmacias que ya no atienden por IOMA ante la falta de pagos, etc.
El tema del salario docente profundiza esta precarización laboral de una manera grosera: el sueldo básico de un trabajador de la educación bonaerense es inferior a los 1800 pesos y el salario mínimo es de 3600. Esto implica que, además de un impresionante desfasaje salarial tras la devaluación y el alza de los precios, la mitad del sueldo es una suma en negro. El trabajador de la educación es doblemente precarizado: por el bajo monto del básico y por el alto componente en negro.
Un docente que recién se inicia y trabaja un cargo tiene 120 pesos por día para vivir y por lo tanto debe tomar dos cargos, y aún así no llega al sueldo inicial de un policía de la bonaerense, que es hoy de 8500 pesos; sin contar, además, que por estudiar en una “de las 16 escuelas descentralizadas de la provincia” recibe un “aporte mensual de 3200 pesos”. Para el gobierno bonaerense es más o menos lo mismo un maestro que educa o un joven que se prepara para ser policía. Sin contar, que son los únicos alumnos que reciben un “aporte mensual y obra social” mientras estudian.
doc_cartel_lomas.jpgParalelamente, la presidenta y los funcionarios nacionales y provinciales no hacen más que utilizar cuanto micrófono tienen a mano para denostar la lucha docente. Sumado a los “medios hegemónicos” que esta vez coinciden con el proyecto nacional y popular en responsabilizar a los docentes por “dejar a los chicos sin clases”. La iniciativa la tuvo Cristina Fernández en cadena nacional en la apertura de las sesiones extraordinarias del primero de marzo, cuando por segunda vez dedicó a los docentes un párrafo, en este caso, acusándolos de faltar sin necesidad y justificando así la intención del gobierno nacional de implementar otra suma en negro, el presentismo. Para la presidenta esto no es nada nuevo, siendo su marido gobernador de la provincia de Santa Cruz instaló el presentismo como suma disciplinadora de los trabajadores, que en 2007 por la lucha de los docentes de esa provincia debieron sacarla. Continúan en esta sintonía argumentativa los funcionarios provinciales que hablan de la intransigencia docente y de que la mayoría está muy bien pago, percibiendo entre veinte y cuarenta mil pesos mensuales. La provocación oficial en medio de este conflicto no hace más que insuflar una bronca que se manifiesta en las calles, en los cientos de asambleas y volanteadas que protagonizan los maestros.
Asimismo, surgió en asambleas y manifestaciones el rechazo a los subsidios públicos a la educación privada, instituciones que iniciaron normalmente las clases. Paralelamente a la precarización educativa de la escuela pública, la matrícula de la educación privada creció apelando a la consigna de la no suspensión de las clases, no solo por medidas de fuerza docente sino también por cuestiones edilicias. Si bien la precarización del docente de escuela privada es generalmente mayor, ya que muchas veces percibe el pago de su sueldo en cuotas, recibe las presiones de los directivos, debe disponer de horas extras para la atención de padres, actividades escolares, salidas recreativas, completar una mayor cantidad de papelerío, por temor al despido no acompaña las medidas de fuerza de los docentes del sector público. A diferencia de la educación pública, la designación del docente de la privada es a dedo, es decir, por decisión de los directivos de la escuela. Tanto el ingreso como la salida.
No solo la paritaria docente es paradigma para el resto de las negociaciones salariales, sino que les cabe a los maestros bonaerenses por su ubicación geográfica y por la cantidad, un escenario de visibilidad social que no poseen los docentes del resto del país. Sostener la movilización y el paro, cuando el gobierno amenaza con los descuentos, son los grandes desafíos de esta semana.

Cecilia Rovito – Red Eco Alternativo

No me importa la educación pública

Es lo que se desprende del fracaso de la reunión paritaria de ayer miércoles entre docentes y gobierno bonaerense ante la reiteración de las autoridades de la misma oferta que ya hizo veces anteriores.
Era sabido que esta situación se desencadenaría al inicio del ciclo escolar: el presupuesto bonaerense no estipula para el presente año un solo peso más de aumento para los docentes. Es irrisorio el planteo del gobierno bonaerense del aumento desdoblado en dos cuotas que al final de ambas no alcanzará a los 300 pesos en ninguno de los cargos de la tarea docente. Hasta el dirigente sindical más alineado al gobierno nacional rechazaría esta oferta por considerarla insuficiente tras la devaluación del 30 por ciento de los últimos meses y el retraso que ya trae el sueldo de los maestros: 1800 pesos de básico y 3600 de mínimo, lo que desnuda, además, el impresionante componente en negro.
Dicho por el propio Roberto Baradel, dirigente del sindicato Suteba, el salario de los docentes lleva un retraso de al menos tres años. Tal retraso se revela, además, en los planteos que hacen los maestros de graves deficiencias en la infraestructura edilicia, baja en los cupos de los comedores escolares y el mal funcionamiento de la obra social. Todo esto llevó a que este conflicto tenga la contundencia no solo en la adhesión, sino fundamentalmente en el sostenimiento y visibilidad que cientos de miles de docentes le dieron al sacarlo a la calle a través de asambleas, radios abiertas, volanteadas, charlas con la comunidad, marchas de antorchas, y más.

No me toquen la platita

El gobierno, en tanto, hace un juego en dos sentidos: por un lado dice que no puede otorgar más aumento en nombre del “equilibrio” de las cuentas del estado bonaerense; y por otro, la “intransigencia” y la “irracionalidad” del reclamo. “No tenemos más plata para darle a los docentes”, repiten los funcionarios bonaerenses en cuanto micrófono de radio y televisión pueden. Argumento que desde el mismo bloque aliado al oficialismo desmienten: “plata hay”, dijo el diputado nacional Juan Carlos Junio por Nuevo Encuentro, aliado al kirchnerismo, para Noticias Argentinas. El legislador, además, explicó dónde está la plata: en la región de la Pampa Húmeda se está asistiendo a un "fenómeno económico, un ciclo extraordinario como consecuencia del crecimiento del precio de la soja" que "ha generado un crecimiento del nivel de riqueza de toda esa región argentina y de otras provincias que ahora también son grandes productores de soja".
Asimismo, en noviembre del año pasado el gobernador Daniel Scioli decidió tras una reunión con la Mesa de Enlace provincial, posponer la aplicación de los cambios en el revalúo a la tierra. La norma pospuesta por la negativa de los grandes dueños de las tierras bonaerenses estipulaba que los dueños de los campos pasarán de pagar 47 pesos en promedio por hectárea a pagar 76 pesos. Las modificaciones preveían un aspecto progresivo en los pagos tributarios, es decir, los que más extensiones de tierra poseen son los que más debían pagar, sumado además a la rentabilidad que daba la tierra. Tras la amenaza de los grandes ruralistas de iniciar acciones de protesta, Scioli recibió a los dirigentes del campo y pospuso por tres meses el incremento tributario.
En cuanto a los adjetivos utilizados por el gobierno bonaerense para intentar deslegitimar el reclamo docente tildando la huelga de “intransigente” e “irracional”, basta comparar unos números. Mientras un docente cobra un básico de 1800 pesos (es decir, en blanco), la policía ha logrado un incremento que ha llevado su básico a 8500 pesos y los básicos del aparato político-estatal no descienden de los 25 mil. Por su parte, el gobierno insiste en aumentar ese básico docente poco más de 200 pesos y a cobrar en septiembre de este año. Es decir, de aquí a seis meses.
Pero, además, los maestros reiteran que no es solo un reclamo salarial. La presidenta del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, María de los Ángeles Kosinovic, reconoció ante un grupo de docentes y alumnos que fueron a exigir mejoras edilicias en la escuela, que la desidia en los edificios escolares tiene, al menos, en el distrito lomense declarado en emergencia edilicia, unos 20 años. Los reclamos hechos en los Consejos Escolares de toda la provincia denuncian: baños tapados, techos con humedad, que se llueven o están descascarados, ventanas sin vidrios, aulas sin estufas, puertas sin picaportes, etc.

¿Y la década ganada?

Más allá de los números que arriesgan los funcionarios provinciales acerca del incremento de la inversión educativa en estos diez años, el sueldo básico de un maestro es menos de la cuarta parte de la canasta familiar y el mínimo salarial menos de la mitad y las escuelas evidencian un deterioro en la infraestructura consecuencia de la falta de mantenimiento. La década ganada será parte del discurso del gobierno nacional, para la escuela pública una consigna vacía.

Cecilia Rovito
Red Eco Alternativo

“Es una familia con el alma inquebrantable”



Marta Bettini dio su testimonio ante el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata.

La mujer habló sobre el secuestro y la desaparición de su padre y de su esposo y el asesinato de un hermano y su abuela materna. Las gestiones ante los militares y la Iglesia. El rechazo de Primatesta. La burla de Antonio Plaza.

“Fuiste clarísima, como buena maestra”, felicitó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a Marta Bettini. Las dos se encontraron en la puerta de la sede del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata una vez culminado el testimonio de Bettini: otra vez detalló el derrotero de la desaparición de parte de su familia durante la última dictadura cívico-militar. “No sé por qué hace 37 años mi familia fue perseguida con tanta saña, su señoría”, respondió la mujer hacia el final del testimonio que ofreció en el marco del juicio oral que debate las responsabilidades de 21 represores por las violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha y al que coroló con la frente en alto, la voz anudada en el fondo de la garganta y la exigencia de “justicia”: “Me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia que ha demostrado tener un alma inquebrantable”. No es la primera vez que Bettini cuenta cómo, en menos de un año, su familia se convirtió en un caso emblemático entre las víctimas del terrorismo de Estado. Su padre y su esposo, desaparecidos; un hermano y la abuela materna, asesinados; saqueos a sus propiedades. La parte que quedó viva logró el exilio y desde allí buscó a los suyos. Ella y su madre, con el peso del reconocido linaje familiar, golpearon todas las puertas que pudieron. Fueron muchas, entre el universo político y el eclesiástico. Soportaron negativas constantes y hasta la burla de “personajes nefastos” de la Iglesia local e internacional. Su historia fue escuchada ayer como pieza del rompecabezas que se intenta armar frente a la Justicia sobre el funcionamiento de La Cacha.

Marcelo Bettini

Estudiante de Agronomía. 21 años. Militante de la Juventud Universitaria Peronista. La mañana del 9 de noviembre de 1976 se fue de la casa familiar “y no volvió más”, informó Marta sentada frente al tribunal, de espaldas a la mitad del total de los genocidas juzgados. La otra mitad no asistió a la audiencia. A Marcelo lo encontraron su padre, el fiscal federal retirado Antonio Bettini, y el marido de Marta, el marino retirado Jorge Devoto, luego de “muchísimas gestiones para tratar de localizarlo”. Ya estaba muerto. Las fuerzas policiales inventaron un enfrentamiento. Devoto reconoció al joven “entre muchos otros restos depositados en una fosa común” en el cementerio platense. “Me contó que estaba terriblemente golpeado”, recordó Marta.

Antonio Bettini

Cuando el golpe, Bettini padre ya no era fiscal y aunque seguía siendo influyente y mantenía los contactos aceitados disfrutaba de su cátedra de Derecho V en varias universidades: La Plata, Católica, Buenos Aires, El Salvador. Devoto lo acompañó a varias comisarías de la capital provincial en busca de noticias de Alfredo Temperoni, el chofer de “Meme”, la abuela materna de Marta, quien había sido secuestrado de la cochera familiar el día anterior. Era 18 de marzo. “Mi marido se dio cuenta de que dos coches lo seguían. Uno de ellos los interceptó.” Al ex fiscal lo encapucharon y se lo llevaron. A Devoto lo amenazaron, pero lo dejaron libre. Una vez en libertad, Temperoni aseguraría haber compartido el centro clandestino con Bettini padre. Interrogado en La Cacha, sus captores le dirían al chofer: “Hable tranquilo que aquí está el doctor Bettini escuchándolo”, apuntó Marta, quien mencionó que por datos recabados a lo largo de más de 30 años de búsqueda, la familia supo que Bettini padre estuvo luego en la ESMA.

Jorge Devoto

“Jorge no sé qué pasa, ¿por qué no nos vamos del país?”, contó Marta que le sugirió a su esposo tras la desaparición de su padre. Devoto, que se había retirado de la Marina de Guerra en el ’75 “porque ya veía el armado del golpe”, confió en su fuerza, sostuvo la mujer. Acudió a Marcos Lobato, su primo, también marino, para que lo ayudara a averiguar qué había pasado con su suegro. Lobato le “concertó” una reunión con el servicio de inteligencia de la fuerza en el Edificio Libertad. Allí acudió el 21 de marzo, luego de cumplir con el pedido de su mujer de firmarle permisos para “vender las propiedades, los autos y sacar a las nenas del país”. Nunca más regresó. Varios años después, a través de la confesión del marino Adolfo Scilingo, Marta tendría más datos: “Scilingo dijo que a Jorge lo habían tirado de uno de los aviones de la muerte sin la anestesia que llamaban pentonaval, por traidor”.

La abuela Meme

Marta se llevó a sus hijas, de uno y cuatro años entonces, a Uruguay, donde tenían familia y bienes por parte de los abuelos maternos. “Alquilé un chalet bonito, con parrilla y flores, para cuando volviera papá”, sollozó durante su testimonio. No duró mucho allí. Por miedo, pasó a Brasil, en donde la Conferencia Episcopal le aconsejó abandonar el continente. Recalaron en España, donde se reencontró con el resto de su familia cercana. Allí se enterarían de dos cosas: que las Fuerzas Armadas habían estado buscándolos en Uruguay y que habían secuestrado a la abuela María Mercedes Hourquebie de Francese, en La Plata. “A la mucama, quienes se la llevaron le dijeron que se quedara tranquila, que si la señora contestaba unas preguntas volvía para almorzar”, apuntó Marta. Testimonios indican que la abuela, de entonces 77 años, habría soportado torturas en La Cacha. Era noviembre de 1977. Diez años después, el Equipo de Antropología Forense la encontró en una fosa común en Avellaneda.

Gestiones sin éxito

A pedido de las querellas, Marta detalló varias gestiones realizadas por ella y su familia en Argentina y el mundo para dar con los suyos. “Interesamos al gobierno de España, a los reyes, al de Francia y al de Italia. También al Vaticano, en donde necesitaban información aportada por el Episcopado argentino, que no decía nada”, remarcó. Y eso que intentaron. Hablaron con capellanes del Ejército y la Marina; vía el arzobispo de Bahía Blanca, Jorge Mayer, el genocida Guillermo Suárez Mason les dijo a las hermanas de Bettini padre que les diría algo “sólo si no viola secretos de guerra”. El obispo Antonio Plaza, de La Plata, se burló: “Díganme en qué lugar de Europa quieren que les llevemos a sus desaparecidos”, recordó Marta. Nunca más supieron nada. El cardenal Raúl Primatesta se negó a recibir a Marta y a su madre en Italia: “Adujo que lo comprometíamos”, sumó la mujer. Su madre fue a buscar al diplomático vaticano Pío Laghi a Puebla, junto a otros familiares de víctimas del genocidio argentino, a preguntarle por los suyos: “Le dijo que estaban todos muertos o tan torturados que no serían devueltos”.

Ailín Bullentini

viernes, 28 de marzo de 2014

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia del 24 de marzo 2014



Documento leído en la manifestación por el 38 aniversario del golpe militar genocida

24 DE MARZO - 2014

Saludamos la multitudinaria marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde una vez más, levantamos las banderas de nuestros 30000, presentes en todas las luchas de ayer y de hoy.
A continuación reproducimos el documento consensuado entre las más de 300 organizaciones de DDHH, estudiantiles, trabajadoras, sociales y partidarias y que fuera leído en el día de hoy.

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!!!

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

24 de marzo 2014

Compañeros y compañeras:

Hoy, a 38 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro pueblo.
Como todos los años esta es la cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nuestra cita es con la Memoria que no se deja domesticar, con la memoria que que no estafa, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos y a sus sueños y se compromete con las luchas obreras y populares del presente.
Este 24 de marzo nos encuentra luchando contra la impunidad de los genocidas, contra las impunidades del presente, contra la represión y la criminalización de la protesta, contra el ajuste a los trabajadores y el saqueo del país.
Por eso en este acto denunciamos que el genocida Milani, fue nombrado Jefe del Ejército por la presidenta de la Nación. No nos olvidamos de los soldados conscriptos que desaparecieron bajo su mando, ni olvidamos las torturas sufridas y denunciadas por aquellos que fueron secuestrados y después torturados por el entonces teniente Milani, que era en aquellos años tan joven como el famoso genocida Astiz. Porque el genocidio por el que exigimos castigo cubrió todo nuestro país y los crímenes cometidos en la provincia de La Rioja fueron los mismos que se cometieron en todo el país.
En este acto, reivindicando la lucha de los 30000 detenidos desaparecidos, repudiamos el discurso del 1 de marzo de la presidenta Cristina Fernández, en el que llamó a reglamentar el derecho a manifestarse, agredió a los maestros en conflicto y festejó el fallo aberrante que basado en testimonios arrancados bajo tortura condenó a cuatro trabajadores de Las Heras a cadena perpetua.
El discurso de Cristina Fernández se presenta como un serio avance sobre las libertades democráticas de nuestro pueblo y anuncia mayor criminalización de las luchas con la vista puesta en hacer pasar el ajuste. Por eso Milani, por eso Berni, por eso perpetua para los trabajadores de Las Heras, por eso la ley antiterrorista, por eso el proyecto equis y por eso luchadores populares presos y procesados.

Compañeros y compañeras:

Como cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.
Repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes , niños, para sembrar el terror y que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños, que destruyó miles de familias.
Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.
Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo.
Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡ denunciamos y exigimos justicia!!
El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.
Nuestro pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de Alfonsín y el indulto de Menem. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, golpeó al régimen político que amparaba la impunidad y posibilitó la anulación de estas leyes y la reapertura de las causas.
Hoy, a 10 años de la reapertura de las causas, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 468 represores condenados, 61 absueltos y 6 de ellos muertos antes de escuchar sentencia.
Esto quiere decir que sólo alrededor del 30% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio. Tomando como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención y Exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura, sólo 468 están condenados.
10 años de anuladas las leyes, menos de 1 represor condenado por Centro Clandestino de Detención.
Por eso afirmamos que la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.
Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 320 son los represores que en el transcurso de estos diez años murieron impunes antes de llegar a la justicia.
Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio.
Denunciamos a los jueces y fiscales cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de Concentración.
Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.
Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que hasta hoy la política oficial no abre, y que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.
Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices.
Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 110 y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.
La política oficial continúa siendo que quienes tengan dudas sobre su identidad se ocupen de buscarla, poniendo nuevamente la carga de la prueba en las víctimas.
El oficialismo intenta transferir el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) desde su histórico ámbito en el Hospital Durand, a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por lo cual perdería su autonomía. Este traslado convertirá al Banco Nacional de Datos Genéticos en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados. Este despojo fue producto de un nuevo acuerdo del gobierno nacional con el macrismo.

CARCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDA

APERTURA y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.

Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas, son símbolos de la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad y demuestran hasta donde llegan las concesiones del poder político para asegurarse la gobernabilidad sobre las fuerzas represivas.
En los juicios contra los genocidas no sólo buscamos la condena, también damos pasos en la construcción de una memoria que no olvida las luchas e intereses populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos.
Por el contrario, el gobierno pretende “resignificar” los ex Centros Clandestinos de Detención como si se tratara de cualquier galpón cultural, o usarlos como premio a los que apoyan su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados. Esto es lo que sucede con la ESMA, el Olimpo, el Atlético y el BIM 3 en La Plata. El acuerdo entre el gobierno nacional y el de Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el traspaso a la nación de los Centros Clandestinos de Detención, concreta el objetivo del kirchnerismo de hacerse dueño de los sitios de memoria y manipularlos a su favor.
La famosa re-significación que se basa en generar proyectos y actividades que dicen “poner vida donde antes hubo muerte”, no es otra cosa que un intento de clausurar el proceso de memoria iniciado hace más de 30 años por nuestro pueblo, de encerrar en una vitrina las luchas de los desaparecidos, de borrar esa memoria sublevada que apoyó la rebelión popular del 2001, de ocultar las violaciones actuales a los derechos humanos. Es una pieza más del rompecabezas que el oficialismo está armando para un nuevo proyecto de reconciliación.
El gobierno nacional, que se apropió de la ESMA y la usa para innumerables actividades proselitistas como la presentación del proyecto de YPF, la realización de congresos de agrupaciones afines, la adjudicación de una oficina al juez Garzón, hoy pretende reformar el Casino de Oficiales, el único edificio de este inmenso Centro Clandestino de Detención que no fue modificado hasta el momento.
Nos oponemos a este proyecto, porque queremos que nuestro pueblo pueda debatir HOY lo que allí sucedió y porque queremos que las futuras generaciones puedan recorrer y conocer ese sitio, saber qué fue el Casino de Oficiales y saber cuál es la verdadera cara de su enemigo cuando se muestra sin disfraces.
El acuerdo entre Macri y Cristina le permite al gobierno de la ciudad arrasar con el Atlético. Con la excusa de hacer el metrobus se perdería la posibilidad de encontrar el 70 % de las pruebas entre ellas importantes elementos de la salas de tortura y celdas.
En el mismo sentido de destrucción de las pruebas y de la memoria histórica se pretende lotear el predio de Campomar, donde los vecinos han denunciado la existencia de un Centro clandestino de Detención.
Por todo ello decimos:

BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.

NO A LA MANIPULACIÓN DELA MEMORIA

Compañeros y compañeras:

Los trabajadores y el pueblo enfrentamos hoy el ajuste que aplican el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. A la creciente inflación y la brutal devaluación, que agravaron a niveles insostenibles el aumento de los precios de la canasta familiar, se suma el aumento del transporte y el anunciado tarifazo en los servicios públicos. Como si esto fuera poco una creciente recesión está provocando suspensiones y despidos.
El intento de que los trabajadores firmen paritarias a la baja, la licuación de los ingresos de los trabajadores precarizados, de los jubilados y de los que son beneficiarios de planes sociales, completan este cuadro que está provocando un grave deterioro de las condiciones de vida del pueblo.
Las razones de este tremendo ajuste son claras: el gobierno decidió profundizar la entrega del país y que la crisis la paguen los que menos tienen. Benefician a las multinacionales y banqueros imperialistas, pagando la fraudulenta deuda externa, incorporando acuerdos con los fondos buitres y el Club de Paris, profundizando su pacto con las petroleras como Chevron y Repsol. Contaminan nuestra aguas y suelos con la megaminería a cielo abierto y los transgénicos y pesticidas de Monsanto y las multinacionales del agro negocio.
Para imponer estas medidas contra el pueblo, la presidenta Cristina Kirchner sinceró en cadena nacional su voluntad de enfrentar con medidas represivas a los que luchan contra su plan de hambre.

No hay ajuste, sin impunidad y sin represión!

La impunidad ha dado en el último año un salto gigantesco. Después de décadas en las que logramos impedir la promoción de aquellos pocos miembros de las fuerzas armadas denunciados por haber participado en el genocidio, el gobierno cerró filas y nombró al genocida Milani como Jefe del ejercito. No importaron las denuncias hechas hace ya más de 30 años frente a la CONADEP, no importaron los testimonios de sobrevivientes que lo acusan, ni los de los presos políticos interrogados por él. Milani es un ejemplo de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura.
En el año 1976 el teniente César Milani revistió como oficial de inteligencia en el batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas. Está probado que la función de los oficiales de inteligencia en los centros clandestinos de detención y Exterminio era la de obtener información y que la principal herramienta que utilizaban para obtener era la tortura. Por eso afirmamos que Milani debe ser encarcelado por genocida y no premiado con un ascenso.
La única razón que hay para designar como jefe del ejército a un oficial de inteligencia, represor y torturador de la última dictadura, miembro del Batallón 601, en un momento en que miles de trabajadores se organizan para enfrentar el ajuste, es involucrar a las fuerzas armadas en tareas de inteligencia y represión contra las organizaciones populares.
El coronel Berni, Secretario de Seguridad, fue el elegido para aplicar la llamada política de "seguridad" y de represión de la protesta y se presenta ante los medios de comunicación como vocero cotidiano de esa política tratando de ganar consenso favorable para su accionar. En el último año hemos conseguido su procesamiento por haber reprimido un corte en Panamericana y trasladado a Campo de Mayo, donde funcionó un Centro Clandestino de detención durante la dictadura, a hombres, mujeres y hasta niños.
Por eso exigimos:

DESTITUCIÓN YA Y CASTIGO DEL GENOCIDA MILANI!!

FUERA BERNI!!!

Así se corona la denominada “década ganada en derechos humanos”.
Cristina Fernández designa al genocida Milani, respalda a Berni, criminaliza la protesta y avala la sentencia a los 9 trabajadores de Las Heras. Cuatro trabajadores fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, acusados de la muerte del policía Sayago en el marco de una lucha contra el impuesto al salario y contra la tercerización, que desencadenó una pueblada en el año 2006.
Esta condena es el golpe más brutal, hasta el momento, de la criminalización de la protesta.
Durante el trascurso del juicio y en los alegatos, los abogados defensores de los trabajadores (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados) demostraron que no existían pruebas contra los trabajadores. En cambio, sí quedaron demostradas las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las amenazas que sufrieron acusados, familiares y testigos, a manos de la policía provincial durante todo este proceso. Denunciamos al Tribunal Oral de Caleta Olivia que llevó adelante el juicio y luego condenó usando los testimonios arrancados bajo torturas.
En el marco del acuerdo con CHEVRON y con REPSOL, las palabras de la presidenta aplaudidas de pie por el macrismo, respaldando esta condena, cuando la sentencia está siendo apelada, agrava la situación de los compañeros.
Casi inmediatamente después de este discurso fueron detenidos y permanecen presos seis trabajadores petroleros en la localidad de Las Heras por realizar un reclamo gremial.
Por eso:
Exigimos la Absolución de los Trabajadores de Las Heras y la libertad de los delegados y trabajadores detenidos recientemente.
Denunciamos que en esta década la existencia de presos políticos ha sido una constante. Siguen presos los cinco compañeros de Corral de Bustos detenidos después de una pueblada, los seis trabajadores petroleros de Las Heras sobre los que acaba de caer el dictamen de prisión preventiva, los dos trabajadores detenidos en Misiones después de participar en una marcha contra el ajuste, Fernando Esteche y Raúl Lescano condenados por escrachar a Sobisch en repudio al asesinato del maestro Fuentealba.

Exigimos la inmediata libertad de todos los presos políticos!!!!!!!

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia reivindicamos la lucha de los trabajadores y el pueblo contra el ajuste y el saqueo. Respaldamos la lucha por tierra y vivienda, contra la tercerización, por los derechos de los pueblos originarios, en defensa de la salud y la educación.
Saludamos la ejemplar lucha de los docentes que recorre la Argentina y marca con claridad la respuesta necesaria a la política del ajuste , enfrentando la campaña de descalificación impulsada por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y sectores de la oposición.
El mismo camino han tomado los trabajadores estatales, de la salud, de las empresas automotrices.
Nos solidarizamos con la comunidad QOM y los campesinos de Chaco que exigen agua, asistencia sanitaria y alimentos y que fueron brutalmente reprimidos como parte del genocidio planificado de los pueblos originarios.
Decimos basta! a la represión directa y parapolicial contra las comunidades originarias y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional.
Nos solidarizamos también con los docentes del Chaco y Santiago del Estero, con los docentes y trabajadores estatales de Misiones, con los trabajadores de Kronberg y los municipales de Jujuy, que en su lucha contra el ajuste fueron brutalmente reprimidos .
Denunciamos la represión de la gendarmería y otras fuerzas de seguridad a la Jornada por la Absolución de los trabajadores de Las Heras, el 27 de febrero en Panamericana y en Liniers.
Nos solidarizamos con el pueblo de Malvinas Argentinas en su lucha contra el pulpo imperialista MONSANTO.
Apoyamos la lucha por vivienda y urbanización de la Villa 20 en los terrenos de Cruz y Pola. Desde esta plaza damos todo nuestro apoyo al legítimo reclamo de tierra y vivienda. Repudiamos el dictamen de la cámara del jueves 20 y la amenaza de desalojo de Berni y Macri, a quienes hacemos responsables por la vida de cada uno de los ocupantes.
El discurso de la presidenta atacando los cortes y las movilizaciones, aplaudido de pie por la bancada del PRO, da el sostén político a estas represiones. Intentan ahora sumar, en nombre de la “convivencia” , nuevos proyectos de ley que buscan regimentar y criminalizar la protesta, o directamente atacar el derecho a huelga, como el intento del vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, avalado por Scioli de prohibir los paros docentes. Lo mismo sucede con el gobernador De la Sota en Córdoba.
La tan mentada reforma del Código Penal deja intacto el artículo 194 del código actual que define como delito los cortes de ruta, y que es utilizado cotidianamente en todo el país para procesar luchadores.
El número de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes los responsables de crímenes contra el pueblo, como el escandaloso caso de De la Rua.
De cada lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 5000.
La ley antiterrorista es el instrumento legal con el que se amenaza a todos los que se movilizan por sus derechos.
Denunciamos la infiltración y el espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y populares a través del proyecto X de la Gendarmería, del accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad.
Denunciamos la persecución a los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas a las patronales y a las patotas, que cuentan con el aval oficial. Este es el caso de la patota de la UOCRA, dirigida por el ex agente del Batallón 601 Gerardo Martínez.
Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas a los más de 5000 luchadores populares procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta!!
Exigimos la derogación de la ley antiterrorista y la anulación de toda la legislación represiva.
Basta de infiltración y espionaje a las organizaciones populares.
José Pedraza y los principales autores del crimen de Mariano Ferreyra fueron condenados en primera instancia. Esta condena fue arrancada gracias a la enorme movilización popular .
Advertimos sobre las maniobras operadas desde el poder político para atenuar las condenas y hasta absolver a Pedraza y los suyos para preservar el régimen mafioso y fraudulento que el gobierno K montó para la administración de los ferrocarriles junto a los empresarios Roggio-Romero-Cirigliano y la burocracia sindical.
Exigimos: Perpetua a Pedraza, castigo a todos los responsables políticos, empresarios y sindicales del crimen de Mariano Ferreyra!
Exigimos Castigo a todos los responsables políticos y materiales del asesinato de luchadores populares!!
A 20 años del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Como lo venimos denunciando de año en año, el gobierno de los Kirchner lleva ya 11 años promoviendo políticas que, en nombre del esclarecimiento del atentado, nos condujeron deliberadamente y terminaron en la impunidad reinante.
Hace pocos días, la presidenta Kirchner le pidió a los "opositores" políticos, los mismos que fundaron y sostuvieron tantos años de impunidad y encubrimiento, que le acercaran nuevas propuestas para renovar la misma política de impunidad y seguir acusando a una supuesta conexión internacional sin tener mayores pruebas. Así buscan sacarse de encima la responsabilidad criminal y encubridora que el propio Estado nacional ya reconoció por decreto.
Para superar la impunidad y hacer justicia:
Exigimos que se abran los archivos secretos vinculados al crimen de la AMIA y la formación de una Comisión Investigadora Independiente.
Denunciamos las reformas al Código Civil propuestas por el kirchnerismo. Eliminan la responsabilidad del Estado en las acciones realizadas por empresas privadas que tercerizan servicios, deja desprotegidos a millones de usuarios y trabajadores, consagrando la impunidad de funcionarios y ministros. Además, atacan gravemente los derechos conquistados por la lucha de las mujeres y su pelea por un aborto legal, seguro y gratuito.
La lucha de los familiares de la Masacre de Cromagnon, logró el justo castigo de algunos de los altos responsables de la tragedia. A diez años de la masacre seguimos denunciando la impunidad de la mayoría de los funcionarios y empresarios responsables de la muerte de 194 jóvenes.
Exigimos juicio y cárcel a todos los responsables y cómplices.
Justicia por los pibes de Cromagnon.
El 18 de marzo a dos años de la tragedia de Once, comenzó el juicio a los responsables. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familiares. Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo largamente anunciado, producto de la política de transporte privatista del gobierno nacional, de los grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical.
Exigimos Justicia por las 52 Víctimas de la tragedia de Once.
Denunciamos la criminalización de la pobreza y la discriminación de las barriadas y de los más humildes, que se cobra cotidianamente la vida de numerosos jóvenes. La represión, el encierro y el control por parte de diferentes fuerzas de seguridad aumenta el número de víctimas por gatillo fácil, desapariciones, trata de personas, drogas y armado de causas falsas. Desde 1983 hay más de 4000 muertes por gatillo fácil y más de 200 desapariciones. La década ganada lleva cobradas más de 2300 vidas.
Con la excusa de combatir la llamada inseguridad, se pretende bajar nuevamente la edad de imputabilidad, impulsar las policías comunales y reforzar el aparato represivo. El gobierno y sectores de la oposición discuten cuánto y cómo penalizar pero ocultan el problema de fondo. Denunciamos que la causa fundamental se encuentra en la participación y complicidad del aparato policial, judicial y político en relación al narcotráfico y el delito organizado.
El “mano dura ” Granados ha reintegrado a la bonaerense a los ocho policías que participaron en la desaparición de Luciano Arruga. El juez que lo habilitó es el mismo que, con un fallo administrativo, pretende terminar con el paro docente en la provincia de Buenos Aires. El señor juez es un ex comisario inspector retirado de la Provincia y miembro jerárquico de la división de Asuntos Jurídicos de la Policía Bonaerense de los años de la dictadura, cuando la dirigía el genocida Camps.
La impunidad de ayer y de hoy se presenta así con toda su brutalidad.
Exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga y el castigo de todos los responsables. Basta de gatillo fácil, basta de asesinar a los pobres y los jóvenes!!!

Compañeras y compañeros:

La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de nuestro pueblo por conquistar un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por el país que soñaron y soñamos, por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos Presente!!

30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presente!!!