jueves, 15 de diciembre de 2016
Temer, un gobierno a la deriva
Las recurrentes crisis políticas sacuden al cada vez más frágil gobierno de Michel Temer en el cuadro de la mayor y más prolongada crisis económica y financiera de la historia brasileña. El Parlamento tiene a votación un paquete de leyes para imponer un techo a los gastos presupuestarios con alcance de 20 años y una reforma de la previsión social que, entre otras cosas, pretende elevar la edad jubilatoria.
La crisis política
En junio se produjo la caída de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, quien había capitaneado el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff. En la noche del lunes 5 de diciembre, fue el turno del presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros -otro de los “caciques” del PMDB- desplazado por un juez del Supremo Tribunal de Justicia, bajo la acusación de peculado. Renan y los senadores oficialistas decidieron no acatar la orden del Supremo Tribunal Federal. El juez Marco Aurelio amenazó con pedir su detención por desobediencia a una orden judicial.
Renan es autor de un proyecto de “ley contra el abuso de autoridad”, para bloquear las investigaciones contra los legisladores corruptos involucrados en el desfalco a la Petrobras y en los sobornos recibidos por las grandes constructoras de la obra pública.
PT y el cogobierno con los golpistas
El sucesor de Renan sería nada menos que el “petista” Jorge Viana, vicepresidente de la cámara, que se ubicaría como tercer hombre en la sucesión presidencial. El PT pasaría así a presidir la casa que destituyó a Rousseff.
Es un secreto a voces que existe un “frente común” de todos los partidos parlamentarios comprometidos por las investigaciones judiciales. Incluso se llegó a debatir un proyecto para amnistiar a políticos condenados por anteriores casos de corrupción (Caixa 2 y Mensalão), la mayoría pertenecientes al PT, PMDB y PP. De no conseguir la continuidad de Renan, Temer ya tiene agendada una reunión con Viana para tratar el temario del ajuste y la amnistía.
“Temer está dispuesto a negociar iniciativas de interés de la oposición en caso de que Viana se comprometa a mantener la votación del paquete de ajuste” (Folha de São Paulo, 7/2). El PT pasaría de este modo a cogobernar con los golpistas. En la tarde del miércoles 7, Viana, en su primera intervención al frente del Senado, aún como vicepresidente, propuso poner a votación la ley que más interesa a Temer: “El gobierno espera finalizar la aprobación de la ley del techo de los gastos (recortes presupuestarios) para el martes”. El senador del PT, Lindbergh Farías, afirmó, en referencia a la participación de los senadores de su fuerza en la sesión donde se votará el ajuste, que “estamos en una crisis institucional y este gesto de venir acá muestra comando” (O Globo, 7/12).
Crisis palaciega
Las sucesivas crisis y escándalos de corrupción ya se llevaron puestos seis ministros en estos siete meses de gobierno golpista. Los movimientos derechistas que convocaron a las calles en favor del golpe contra Dilma han salido nuevamente a manifestarse, aunque ahora contra su propio engendro gubernamental, pidiendo la cabeza de Renan (las agrupaciones proto-fascistas “Vem para Rua” y “Movimento Brasil Livre” cuentan con funcionarios y diputados en la “base aliada” del gobierno). Con excepción de Río, las marchas tuvieron una escasísima concurrencia.
En las elecciones municipales de octubre pasado, el abstencionismo y el voto en blanco llegaron al récord histórico de 11 millones de ciudadanos -o sea, el 32,5% del padrón (O Globo, 31/10). El PT fue prácticamente pulverizado. Según encuestas recientes de Ibope, el presidente Temer cuenta con tan sólo el 13% de aceptación popular.
Las crisis estaduales
Donde los efectos de la recesión y la crisis fiscal, sumados a los cuantiosos subsidios al capital, se manifiestan con mayor rudeza es en el descalabro de las finanzas de los estados y municipios. Catorce Estados de los 27 que componen la federación brasileña están en cesación de pagos.
Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Minas Gerais decretaron el “estado de calamidad pública y financiera” que los habilita a tomar medidas excepcionales, como recortar salarios de los estatales, despedir empleados, endeudarse a tasas usurarias y pasar por arriba de la ley de responsabilidad fiscal (vale recordar que el golpe contra Dilma se fundó en el argumento de que esta había violado dicha ley). Los salarios se pagan en cuotas y el pago del aguinaldo para la administración pública está en dudas. El colapso de los servicios públicos de salud, educación, seguridad y transporte es inminente.
En Río de Janeiro ya fueron detenidos dos ex gobernadores: Antonhy Garotinho, del evangélico Partido Republicano, y el otrora poderoso Sergio Cabral (PMDB) -el mismo que planificó los jugosos emprendimientos inmobiliarios y obras públicas vinculados a la Copa del Mundo y a las Olimpíadas junto a la constructora Odebrecht, cuyo directorio completo se encuentra también en prisión.
En el Estado de Tocantins, otros dos ex gobernadores fueron presos por quedarse con 200 millones de reales de coimas: Cardoso (del Partido Solidariedade) y Siqueira Campos (del PSDB). Ambas fuerzas componen la base aliada de Temer.
La continuidad del gobernador Pimentel (del PT) en Minas Gerais pende de un hilo por la andanada de denuncias por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
La crisis económica
Todos los informes de los grandes bancos y organismos financieros coinciden en que la recesión se prolongará durante todo 2017. El PBI acumula una caída del 7,5% en los últimos tres años. Entre enero y junio de este año, 1.098 empresas ya habían recurrido a la quiebra judicial (Brasil Econômico). Muchas empresas de gran porte abrieron planes de “retiros voluntarios”: Petrobras, Infraero y siderúrgicas como Usiminas, entre otras.
Temer admitió públicamente que recibe fuertes presiones para cambiar a la conducción de la política económica. “Diferentes segmentos de la economía, insatisfechos con la situación económica, piden al gobierno medidas de estímulo” (O Globo, 5/12). El ministro de Economía, Meirelles, es objeto de críticas de sectores empresariales encabezados por la poderosa Federación Industrial del Estado de São Paulo (Fiesp), que pide a gritos por una nueva devaluación del real (que ya se depreció en un 5% luego del triunfo de Trump en Estados Unidos): “La industria está pidiendo medidas de incentivo a la producción y a las exportaciones” (ídem). La otra exigencia de la gran patronal es una nueva reducción de impuestos a la industria, algo que por el momento Meirelles descartó.
Vale recordar que el actual ministro de Economía, ex presidente del BankBoston, ya fue el presidente del Banco Central del Brasil durante los dos mandatos de Lula.
La crisis social y la rebelión popular
Las consecuencias sociales de la debacle económica son 12 millones de desempleados y 10 millones de trabajadores precarizados o con planes asistenciales que están bajo la línea de pobreza. El diario O Globo del 26/11 informó que en el país ya hay 20,5 millones de pobres y 2,7 millones en la miseria extrema. El poder adquisitivo perdió un 7,2% en los últimos once meses. Los planes sociales como el “Bolsa Familia” no se reajustan desde 2015, cuando la inflación pasó del 10%. Muchos de estos planes sociales fueron recortados del paquete de gastos antes mencionado.
Durante noviembre, los estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron la ocupación de más de 1.200 establecimientos educativos para oponerse a la política de recorte de gastos y ahogo presupuestario. El 29 de noviembre, unos 15 mil estudiantes marcharon a Brasilia para pedir el fin de la dicha ley (PEC 55).
En la ciudad de Río de Janeiro son casi diarias las refriegas callejeras entre la policía del gobernador Pezão (PMDB) y los empleados estatales, a los que les han recortado el salario en un 30% -que serán destinados a los fondos de pensión quebrados.
Metalúrgicos, petroleros, docentes, bancarios, trabajadores de la cultura y carteros protagonizaron huelgas y medidas de lucha parciales durante todo 2016 por el salario, pero las centrales sindicales están negociando con el gobierno. Cuando el Parlamento se apresta a votar una batería de leyes patronales como la reforma laboral, la reforma del sistema previsional, el paquete de ajuste de Temer, la burocracia sindical que dirige la CUT, reunida el 6 de diciembre en Florianópolis, produjo un “llamado a la esperanza” por la asunción de Viana, del PT, a la presidencia del Senado.
El gobierno de Temer está bajo fuego.
La consigna popular de “Fuera Temer” va tomando cuerpo.
Hernán Gurian
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