miércoles, 31 de marzo de 2010

¿La deuda pública condiciona la política económica?


La economía argentina volvió al crecimiento según los datos del INDEC de enero del 2010. El crecimiento de enero contra el mismo mes del año pasado es de 4,9%, aunque el acumulado de los últimos 12 meses respecto al acumulado de igual periodo anterior es de 1,1%; y enero del 2010 respecto de diciembre del 2009 es de 0,4%.
Es aún prematuro definir por donde avanzará la economía el presente año, pero es probable que los datos del crecimiento económico estén por encima de la pauta establecida en el Presupuesto del 2010, fijada en 2,5% en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Claro que fue una pauta pensada en pleno proceso de desaceleración de la economía a mediados del 2009 y que incluso se pensaba exagerada.
Parece necesario reevaluar el Presupuesto del 2010, discutiendo las asignaciones presupuestarias, de ingresos y egresos en función de objetivos de redistribución progresiva. Los valores presupuestarios indican la mayor importancia del destino de los mismos a la cancelación de la deuda pública en lugar de destinarlos a educación, salud o ciencia. Lo que pone en evidencia nuestra hipótesis del gran condicionante de la deuda sobre la política económica.
Una reevaluación presupuestaria podría generar una discusión en la sociedad y generar un movimiento popular favorable a una distribución progresiva del ingreso vía asignación de las cuentas públicas. Entre otras cuestiones, una suspensión de los pagos de deuda hasta tanto se sustancie una “auditoria” del conjunto de la misma.
Recordemos que la Argentina creció de manera importante entre 2003 y 2007 (a tasas entre 8,5% y 9%) y que, en 2008 comenzó una desaceleración agudizada en 2009 (apenas con crecimiento según el INDEC) al punto de revertirse el año pasado la tendencia decreciente de los datos sociales, pobreza, indigencia, desempleo, trabajo no regularizado, entre otros. Son 145.000 los puestos de trabajo perdidos el pasado año, principalmente en la industria, dice el ente oficial.
Por eso tanta expectativa en los nuevos registros de crecimiento, que se confirmarían para el primer trimestre del 2010, y la discusión por favorecer un nuevo ciclo inversor para mantener y acrecentar la recuperación económica.
La política económica busca atraer inversores y para eso se propone “regularizar su situación externa, volviendo a los mercados internacionales”. Con ese objetivo, se reabre el canje, se busca renegociar con el Club de París y se espera el momento adecuado para cumplir con las suspendidas auditorías del FMI desde el 2006. Es preciso enfatizar, en que estas son las razones por las que afirmamos que la deuda es un condicionante importante, más allá de la disminución comparativa con datos macroeconómicos, tal como ensaya Alfredo Zaiat en su artículo de Página12 del sábado 27 de marzo pasado.

Inflación y poder para fijar precios

Con el crecimiento de la economía (PBI) pueden ocurrir cambios en el consumo, en la inversión y en el saldo de la balanza de pagos. En la coyuntura lo que existe es una tendencia al crecimiento del consumo, una propensión baja a las inversiones y escasos indicadores de variaciones en las relaciones con el exterior. El problema es que se expande el consumo y con él los precios, lo que nos lleva al problema de la inflación. Es un debate en por lo menos dos terrenos, el del consumo y el de los precios.
Sobre el consumo, una de las explicaciones en boga relata el impacto positivo en los sectores de menores ingresos por la “asignación por hijos” que se viene pagando desde diciembre pasado. Un consumo, mayoritariamente, orientado a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos. Pero también crece el consumo de bienes de uso durables, es el caso de los automotores o electrodomésticos, como así, también, cierta reactivación en el sector inmobiliario y la construcción, producto del cambio de activos como forma de protección ante posibles modificaciones de política cambiaria.
El consumo crece y eso genera posibilidades por el lado de la ampliación de la producción, siendo un problema el establecimiento de los precios, que esteriliza mecanismos de asignación de recursos para sectores desfavorecidos. En el mismo sentido se argumentan los rechazos patronales a los ajustes de sueldos pues invariablemente las patronales lo derivan a los precios.
Lo que se detecta es que los precios aumentan, precisamente en los bienes de primera necesidad, los alimentos, siendo la carne el ejemplo evidente en estos días. La política oficial se concentra en el control de precios de una canasta de bienes para el consumo de sectores de bajos ingresos. Así encontramos precios establecidos entre empresas y gobierno para evitar el encarecimiento. Pan y carne por ejemplo, aunque sea difícil encontrarlos en góndola, existen, y eso es lo que refleja la medición del INDEC. Lo que tenemos es una política de asignación de recursos a sectores menos favorecidos y una pauta controlada de algunos precios para evitar impacto inflacionario en esos sectores.
El problema de fondo sin embargo es el patrón de producción y comercialización concentrado en grandes empresas, que son las que fijan los precios del conjunto de la economía, más allá de las mediciones del INDEC. Si no se ataca la cadena de producción y comercialización monopolista será muy difícil controlar el encarecimiento, que resulta un mecanismo de distribución del ingreso a favor de quienes pueden fijar precios.
Esto queda claro en la puja salarial de estas horas. Mientras la inflación se presume de un dígito en la pauta oficial, los reclamos salariales promedian entre el 25 y 30%, porque aun existiendo precios controlados, la pauta de consumo de la población se extiende al conjunto de bienes y servicios (no contemplada en la metodología del INDEC), donde los precios se establecen bajo la pauta mercantil de la oferta y la demanda, siendo las grandes empresas productoras y comercializadoras las que definen el precio de venta.
Sin atacar el poder de monopolio de productores de bienes y servicios y grandes comercializadoras no podrá contenerse la inflación y aleja la posibilidad de una equitativa distribución del ingreso. Ese monopolio es ejercido por corporaciones transnacionales y grupos económicos de origen local que hegemonizan la producción y circulación en el capitalismo realmente existente en la Argentina, como base material de su dominación social.

El peso de la deuda

Los grupos y empresas mencionadas son clase dominante por su poder en la economía y demandan la “normalización” de la inserción en el capitalismo global.
Por eso, es que cierran filas con las iniciativas de vuelta a los mercados financieros mundiales, de donde nuestro país se alejó luego de la cesación parcial de pagos de la deuda pública de fines del 2001. Como así, también, celebran la autorización otorgada en EEUU a la reapertura del canje de deuda en el país. Se descuentan decisiones similares de otras regiones del capitalismo desarrollado, especialmente de Europa y Japón. El resultado será la inminente reapertura del canje cerrado en el 2005.
El reconocimiento de deuda a canjear incrementará el endeudamiento en unos 10.000 millones de dólares. Se supone que solo una parte de acreedores que reclaman 20.000 millones de dólares más sus intereses, estimados en otros 10.000 millones, se presentará al canje. De ese total de acreedores que ingresen a la propuesta oficial se operará una quita y el resultante se incorporará como capital a cancelar, junto a los correspondientes intereses.
Es cierto lo que algunos argumentan por estas horas, con relación a que la deuda disminuyó su incidencia en la economía, pero se equivocan al inferir la perdida de “condicionalidad” frente de la política económica. Es un argumento esgrimido por algunos seguidores del oficialismo, los que suscriben el Plan Fénix y algunos periodistas afines al gobierno, intentando legitimar el pago de deuda pública con reservas.
Solo alcanzaría con observar algunas cifras del Presupuesto 2010. Para un total de gasto público por 273.129 millones de pesos, el monto establecido para Salud alcanza los 10.160 millones de pesos, un 3,72% del total mencionado. El gasto en Educación y Cultura asciende a 19.431 millones de pesos, un 7,11% del gasto. Para Ciencia y Técnica es de 5.175 millones de pesos, representando un 1,89% del presupuesto. Por su parte, la Deuda pública reconoce una asignación presupuestaria de 26.676 millones de pesos, es decir, un 9,76%. Queda claro que el Parlamento consideró y aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que asigna esas contribuciones diferenciales, definiendo la importancia de unos y otros conceptos.
En esos valores no se cuenta la inminente reapertura del canje. En ese sentido puede incluirse la negociación que pueda habilitarse en el presente año con el Club de París por unos 7.000 millones de dólares. Son anuncios hechos público desde el año pasado y que pueden incluir compromisos de desembolso en el corriente año. Son datos que contradicen el argumento de que “la deuda se ha vuelto manejable”, ya sea por la disminución de la incidencia del stock de deuda reconocido por las autoridades respecto del PBI, por una mayor nominación en pesos y un alargamiento de los plazos de vencimiento y un menor porcentual con relación a las reservas internacionales. Estas son todas variables a modificar si se operan nuevos endeudamientos, como los que resultan de la reapertura del canje en ciernes, o la búsqueda de nuevos empréstitos del sistema financiero mundial que busca la normalización en danza.
No se considera que la deuda fue varias veces cancelada y que una de las explicaciones del gran crecimiento entre el 2003 y 2007 se funda en la exclusión parcial de pagos entre 2002 y 2005 producto del default y en la devaluación de la moneda.
Las clases dominantes están por el pago y solo debaten la mejor forma de hacerlo. Ese es el debate al que nos convocan las mayorías parlamentarias, a favor o en contra de decretos y leyes para utilización de reservas internacionales.

Definir otro camino

Sin embargo, existe una presión social y política por auditar la deuda pública, en simultáneo a la suspensión del pago y a la convocatoria a una consulta popular sobre el endeudamiento. Esta es una medida que debe ir acompañada con la aceleración de la inserción de la Argentina en las iniciativas regionales por una Nueva Arquitectura Financiera sostenida entre los países del ALBA. Es el camino de una nueva Banca de desarrollo donde se ubica el Banco del ALBA y el Banco del Sur; o la perspectiva de nueva moneda, en el camino que sugiere el SUCRE.
Parte de estas consideraciones estarán a las puertas del Congreso el próximo 30 de marzo, en conmemoración de la movilización de los trabajadores de 1982, días antes de la maniobra de la dictadura en Malvinas.
En aquella ocasión el movimiento de trabajadores levantaba la consigna del No pago de la deuda contra la dictadura.
Ahora, bajo regímenes constitucionales, se hace necesario discutir a la deuda como gran condicionante de la política económica.
Apuntamos a habilitar el pensamiento emancipador, que alienta el desarrollo soberano de un nuevo modelo de producción para un consumo que satisfaga insatisfechas necesidades de la mayoría empobrecida.

Julio C. Gambina

Asesinan ex detenida


Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.
Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.
La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.
Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.

Sonia Tessa
Desde Rosario

http://www.represoresrosario.blogspot.com

martes, 30 de marzo de 2010

"La literatura de la pelota"


Con este título Roberto Santoro, poeta y militante, nacido en Quilmes y secuestrado desaparecido por las Fuerzas Armadas el 1º de junio de 1977, cuándo dictaba clases en una Escuela de Once, reunió mucho de lo que a través de décadas se había escrito sobre futbol en la Argentina, derribando la idea de que pelotas y versos no podían integrar un mismo planeta.
En este libro aparecen los grandes escritores jugando-como lo gustaba decir el “pelado”, con los cantos de las tribunas. Borges, Scalabrini Ortiz, Gelman y Bernardo Verbitski, entre otros, aparecen en sus páginas, que describen el lenguaje del fútbol, el imaginario de las hinchadas y el ingenio callejero de sus frases.
Lo conocí a Roberto en 1973 cuándo me visitó en la Dirección del diario “El Mundo”, proponiéndome que editáramos en fascículos su atrapante descripción futbolera. Me impresionó su vivacidad, inteligencia y simpatía.
En uno de esos encuentros estaban Haroldo Conti y Humberto Constantini, que integraban junto con él, una célula del PRT. ERP y me hicieron una pregunta para la que no tuve respuesta “cuál es el rol de un escritor o de un poeta en un proceso revolucionario ¿sólo servimos para repartir volantes?
Esa incapacidad de las organizaciones revolucionarias para contener la actividad de los escritores, poetas e intelectuales no hizo, sin embargo, que disminuyera la actitud y el compromiso del “pelado”.
Hoy, y en este año, la pelota de los versos de Roberto tiene un escenario diferente, el de Sudáfrica donde se juega el Mundial 2010.
Esta nación de casi un millón trescientos mil kilómetros cuadrados. y con más de 46 millones de habitantes. Situada en el extremo sur del Continente Africano es la primera potencia económica de África, que realiza grandes esfuerzos por superar el apartheid, y las desigualdades, herencia de la etapa colonial.
Los primeros colonos holandeses llegaron a la Ciudad del Cabo en 1652 mas de un siglo después de que el navegante portugués Vasco da Gama cruzara el Cabo de Buena Esperanza. Los habitantes de este territorio –el pueblo khoikhol – resistieron la ocupación colonial holandesa, pese al carácter sangriento de la campaña militar llevadas a cabo por los boers -agricultor en holandés-.
A mediados del Siglo XVIII los descendientes de los primeros colonos holandeses empezaron a llamarse “afrikaners”, diferenciándose de los ingleses, que se instalan en Ciudad del Cabo en 1806, ante el debilitamiento del imperio colonial holandés.
Los conflictos entre los boers y los ingleses se agudizaron y determinaron que en 1834 cerca de 14.000 afrikaners emigraran en masa hacia el interior del Continente en dirección al Norte proclamando la independencia de Transvaal en 1852 y de Orange en 1854, que fueron reconocidas por los ocupantes ingleses, ya que a Londres le convenía que fueran los boers los que aplastaran la resistencia de las tribus negras.
A fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX se fue consolidando el régimen de discriminación racial denominado “apartheid”, mediante el cuál se destinó el 7% del territorio nacional para los negros y el 93% restante, las mejores, a los blancos que representaban sólo el 10 % de la población. Posteriormente, mediante disposiciones “legales” se limitó, drásticamente, la posibilidad de que los negros se instalaran en ciudades consideradas como reductos blancos.
En 1912 se había constituido como partido el Congreso Nacional Africano que inició un proceso de resistencia pacífica, oponiéndose al régimen de discriminación racial, sufriendo todo tipo de persecuciones.
En este contexto represivo y ante la imposibilidad de lograr avances por el camino elegido, el líder del Congreso Nacional Africano, Rolihlahla Dalibhunga Mandela, bautizado por su maestra del primario como Nelson, planteó la formación de una organización armada que se denominó Umkhonto we sizwe -“Lanza de la Nación”, que comenzó a operar en 1961.Años mas tarde esta concertó acuerdos con otros Movimientos de liberación de la región, como el MPLA de Angola y el FRELIMO de Mozambique.
En esos años Nelson Mandela fue detenido y condenado a reclusión perpetua, permaneciendo encarcelado mas de 27 años, en una prisión de máxima seguridad ubicada en una Isla que está a 13 kilómetros de la Ciudad del Cabo..hoy declarado monumento nacional e invadida por conejos.
El régimen blanco, condenado internacionalmente y cada vez mas aislado, decidió, durante la presidencia de Pieter Botha, negociar una salida con el Congreso Nacional Africano, que culminó con la sanción de la Constitución mas progresista de todo el Continente Africano en febrero de 1997, bajo la primera presidencia negra que encabezaba Mandela..
Hoy el país, que será la sede del Mundial registra la mayor cantidad de enfermos de Sida del planeta, y cerca del 37 % de su población activa desocupada, una violencia criminal preocupante y algunas asignaturas pendientes que deberá resolver el nuevo gobierno del Congreso Nacional Africano que desde el 22 de abril de 2009 preside Jacob Zuma, un combatiente histórico de la” Lanza de la Nación”.
Roberto Santoro hubiera estado en las tribunas alentando el equipo de Maradona, si la patota militar no hubiera sesgado su vida a los 38 años de edad.
Todavía sentimos sus versos resonar en nuestros oídos.”Si se escapa esta rabia que llamamos esperanza/si un día se va/yo crucifico el amor/ y después de enterrar a mis hermanos/me voy con el tranvía de la muerte/a clausurar mi corazón en una plaza “
Hoy la plaza de su barrio en Forest y Teodoro García, lleva su nombre.

Manuel Justo Gaggero, abogado, ex director del diario “El Mundo” y de la revista “Nuevo hombre”.

Pobreza como variable


Antes ser pobre era otra cosa

El concepto de pobreza, ha cambiado tanto en los últimos años, que hoy, ser pobre es un pobre concepto de lo que fue en algún momento.
Antes de la topadora neoliberal que arrasó con todo vestigio de posibilidad de autorrealización humana, ser pobre estaba identificado con ser hombre de trabajo o de pocos recursos monetarios. En la escala superior, estaban los ricos, que se diferenciaban en que no necesitaban de su propio trabajo para poder vivir.
Por supuesto que había estratos intermedios, como la pequeña burguesía comerciante, o fabricante pequeño, o profesionales, etc.
Hoy se habla que los pobres, son aquellos que no superan un determinado nivel de ingresos familiares. Este nivel, fijado por el gobierno de turno, es totalmente arbitrario y tiende a ser lo más bajo posible. Es decir que mientras más bajo, habrá estadísticamente menos pobres. Ja! ¡Es lo que ocurre actualmente!
Pero para que los pobres no se sientan tan mal, se metió la categoría de Indigente. Esta gente es menos que un pobre. No pueden siquiera alimentarse dignamente.
Psicológicamente, quienes no son ni indigentes ni pobres, ¡son Clase Media!
Es decir gente en tránsito a la riqueza, en camino a su liberación personal…
Todo esto es pura basura ideológica, manejada desde los centros de poder políticos, económicos y sociales. Todos se prenden de esos Índices mágicos para pagar menos o mostrar que no se está tan mal. Gobernadores, empresarios del campo y de la ciudad, comerciantes, sindicalistas, economistas, medios de comunicación, etc. todos interesados en que la masa empobrecida, no se despierte y “haga tronar el escarmiento” como decía Juan Perón, que no era precisamente marxista.

Hoy el pobre es una estadística

Como una epidemia o una plaga, la pobreza se extendido en todo el mundo, pero con características muy diferentes a los viejos conceptos de pobreza, al menos en Argentina.
El pobre moderno, no solo tiene el problema del dinero que no le alcanza. Las carencias invaden todo su entorno actual y futuro.
Es decir, el pobre de hoy no tiene prácticamente ninguna posibilidad de salir de esa situación, que lo tiene condenado de por vida.
El nacido en la pobreza, vivirá cada vez más hacinado, pues no tiene la posibilidad de tener una vivienda. Estará en un barrio casi sin luz, sin gas, sin teléfono, sin transporte público de pasajeros, sin agua de red, sin seguridad, etc.
Tendrá una alimentación insuficiente, que no le permitirá desarrollar plenamente su intelecto y su organismo. Por una parte se deberá a sus magros ingresos y también por la educación para una vida saludable insuficiente. La publicidad cómplice.
Tendrá una educación muy limitada, por sí mismo, por el ambiente y por el sistema. Casi un millón de niños y jóvenes no asisten a la escuela. Tampoco trabajan.
Tendrá un sistema de salud que le hará una atención insuficiente y tendrá casi acceso nulo a atención y medicación mediana y compleja. Su esperanza de vida será mucho menor. El 40 % de la población no tiene cobertura de salud.
Además si tienen la posibilidad de tener un trabajo, este será de muchas horas, poco sueldo y en condiciones indignas. Los trabajadores producen $ 1.100.000 millones por año y reciben en concepto de sueldos, comisiones, pagos, etc. solo $ 250.000 millones.
En definitiva, el hombre pobre, deambulará por la tierra como un sujeto sin futuro posible. Millones de pobres y no tanto, ya perciben que no hay futuro, y son considerados peligrosos por el Estado que los engendró.
Y no es solo un problema de este gobierno, fundamentalmente es un problema del sistema capitalista. El capitalismo produce pobreza, es decir lo contrario de lo que afirman siempre.
Moraleja: para hacer un rico nuevo o más rico a uno viejo, hacen falta más pobres.

El pobre como sujeto político transformador

Después de lo que se ha podido visualizar en los “medios” de comunicación, el problema más importante sigue siendo el pago de la deuda nacional por decreto o no.
Los llamados “indigentes” dirigidos por pequeños burgueses o gobierno, reclaman inclusión en los planes “Trabajo para Todos” (o algo así) y ni bola a los DNU.
Los pobres “trabajadores” se tienen que bancar los negociados de sus “dirigentes”, que juran que con un 22% en el año nos cubrimos de la inflación.
La pequeña burguesía, que no tiene un anclaje social cierto, defiende en forma fanática al gobierno de “izquierda” del Kirchnerismo. Aquí la diferencia puede estar en la capacidad o incapacidad intelectual, de este segmento social, que tiene la alternativa cierta de recostarse cómodamente en el discurso izquierdozo, acaramelado, franelero, mimoso, sin compromiso real, circense, etc. del oficialismo gobernante.
También puede comprometerse un poco más, con los trabajadores y los indigentes, en concreto con los pobres, para luchar junto a ellos por la destrucción del capitalismo, y la construcción de un sistema más justo.
Solo el Socialismo produce hombres libres, sanos, educados, felices, solidarios… en su esencia hay un hombre nuevo, como decía el Che.

http://elojoizquierdo.com.ar

La salud en los tiempos del glifosato


“Si no se puede usar el glifosato, no se puede sembrar soja, hay que plantar otra cosa”, manifestó al medio APF Digital de Paraná el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo quién agregó: -“El Senasa, cuando habilita un producto o una nueva fórmula, la hace pasar por una serie de controles. Habría que ver si esto se está cumpliendo y si se siguen los protocolos”
Siguiendo casi la misma lógica el propietario de Servicios Agropecuarios “La Elena” en un programa radial de Ceres Santa Fe dijo -“El glifosato que se vende en la Argentina es de faja color verde. No hace daños ni a las abejas, no hace daño al agua que toman los humanos, y no tiene poder residual. Eso se fogueó y se impulsó mucho más cuando este gobierno decidió pelearse con el campo".
Nada nuevo en las continuas manifestaciones de los defensores del herbicida. El foco es captar a la audiencia neófita y desconocedora del tema, pero además juegan con los tecnicismos. Pulverizar que para el lego es fumigar parece la principal preocupación cuando lo que realmente importa es que cada uno cumpla la función que le compete.
El deber de “Programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos, recursos biológicos, recursos biotecnológicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso agrícola y forestal, por su posible perjuicio a la integridad y conservación del suelo y el ambiente”, entre otras cosas, como dispone la Resolución 1002/2003 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología”. Un derecho y un deber que desconoce mucha gente.
Para los defensores del herbicida las investigaciones realizadas desde la década del 90 por los doctores Horacio Lucero (Chaco), Hugo Gomez Dimaio (Misiones) y Rodolfo Paramo (Santa Fe), fueron solo un hobbie dados a conocer en la era K. La cuestión es que muchos de esos niños ya fallecieron o sufren de alguna discapacidad a causa del glifosato. Irremediablemente nos preguntamos si es ético investigar el daño cuando ya está hecho y es irreversible. Sin embargo las víctimas parecen ser los nuevos rentistas, en la escena de la frontera agropecuaria que arrasa con todo lo que esté en el camino. Y eso incluye también a las personas.
-“La agricultura moderna se ha triplicado en los últimos 50 años, pero es altamente dependiente de insumos externos y pesticidas. Los límites económicos y ecológicos de ésa agricultura, ya han sido alcanzados, y ahora están decreciendo o estabilizándose .La guerra contra las plagas es fútil. Las pérdidas son de un 30 % iguales a las de hace 50 años a pesar del avance del manejo de plagas y a la aplicación de mayores cantidades de pesticidas”, afirmaba hace seis años atrás el profesor de agroecología de la Universidad de California- Berkeley, el ingeniero agrónomo Miguel Altieri.
En días pasados el presidente honorario de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa AAPRESID, en un correo electrónico enviado a los medios, expresó que -“Los productos químicos, antes de ser autorizados para el uso en el control de plagas en agricultura, pasan por rigurosas pruebas de toxicidad y en el caso de tener alguna molécula tóxica o que posea estos grupos químicos, son rechazadas”. Desconoce que el principio de equivalencia sustancial, es un concepto vago que no ayuda a cumplir con el exámen riguroso y el etiquetado preciso de miles de productos, que es un derecho de los consumidores y una exigencia científica y ética que no se evidencia en la realidad.
El representante de AApresid dice también que: "Hay intencionalidad en la información, como si los productos se aplicaran en cualquier lugar”. Lo que hace suponer que nunca vió un “mosquito” dentro del ejido urbano o fumigando a altas horas de la noche a metros de las viviendas. Dice además que las denuncias “marketineras” no pueden “comprobar” causa-efecto. Desconoce que el principio precautorio es operativo aunque la causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. El nexo causal de una posible contaminación o afección a la salud puede presumirse, por ello muchos profesionales del derecho son tildados de “progresistas”.Llamarlos así deja en evidencia la oposición a la "libertad, igualdad y fraternidad” que propugna ésa doctrina, como si el sojero fuera la clase privilegiada actual, todo lo demás es de izquierda y lo ataca. Victimizando al pseudo-campo, cuando el verdadero campo, no forma parte de la extorsión incesante de la que hacen uso y abuso. Y en eso los muchachos incluyen ambiente, economía y una forma de pensar el país digno de las épocas más infames.
Los productores alegan el “perjuicio que se causa a la economía del país”. Mi respuesta es que los bolsillos de unos pocos me tienen sin cuidado, y sí es preocupante los perjuicios que ello provoca a la salud del país. Entre combatir el dengue y combatir las plagas de oleaginosas hay un abismo de diferencias. El primero lo realiza el Estado como prevención, lo segundo los particulares, lo que hace inadmisible la comparación que alegan. La discusión de fondo: un país para ellos.
La exageración de los "sojifóbicos", como nos llaman, “es producto de la ignorancia o de fundamentalistas”. En el caso de las plagas del arroz seríamos algo así como “arrofóbicos” siguiendo con animus iocandi el criticandi de los epítetos usados para identificarnos.
Días pasados también un cooperador de la comuna de La Criolla Santa Fe, tuvo la brillante idea de seleccionar soja en la vereda de una familia con graves problemas de salud, lo cual ya fue cuestionado en la campaña anterior por depositar semillas en un galpón pegado a la vivienda de la calle 20 de junio Nº 129 de esa localidad.
La familia de apellido Franco, compuesta por María, operada del corazón, medicada por hipertensión e hipoglucemia, tiene a su esposo Mario con alergia crónica e hipercolesterolemia, con trastornos de angustia y ataques de pánico. Síntomas parasimpáticos por acción de agrotóxicos, que bien describe el Dr Marcelo Dignani a cargo de los grupos terapéuticos del Hospital Paroissien del partido La Matanza, donde miles de niños de cinco escuelas son afectados por la fumigación de las vías del ferrocarril Línea Belgrano Sur, en Rafael Castillo para evitar el segado manual, según reconoció TBA ante el reclamo de otras localidades bonaerenses.
La hija del matrimonio, Lorena, también padece de alergia. La vivienda además se encuentra frente a la planta de silos de la Cooperativa de Gobernador Crespo, sucursal La Criolla.
-“Mi preocupación se extiende a los cientos de chicos que habitan el barrio, ya que no escuchan nuestros reclamos por los olores y el polvillo que despiden los silos, comenta Mario. A metros de allí funciona una Capilla donde madres voluntarias sirven la taza de leche a los pequeños.
Zunilda Genero, otra vecina entrevistada recuerda las veces que le dijeron que iban a fumigar “que no salga fuera de la casa”. -“Pensamos que ya era cosa del pasado, pero la ordenanza no se respeta”. Su certificado médico de fecha 19/02/10 diagnostica “Intoxicación por fumigación” con recurrentes problemas respiratorios y hepáticos. La Criolla cuenta desde hace un año con la ordenanza N°584/2009 lograda en respuesta al petitorio que redacté personalmente con fecha 25/02/09 , entregado a la Comuna por Oscar Brasca representante de “ Vecinos Autoconvocados”.
Dicha ordenanza: -Prohíbe la circulación y/o permanencia dentro del área urbana de mosquitos"fumigadores o de índole conexa y/o relacionadas.(…) Prohíbe la aplicación aérea y/o terrestre de cualquier producto fitosanitario en terrenos ubicados a distancias menores de 1500 metros del límite del área urbana. Pero para algunas personas parecería haber excepciones. Llámese negligencia, ineficacia, desidia o complicidad.
Las conclusiones sobre el "Marco legal aplicable al manejo de pesticidas en la Argentina" de la Fundacion Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresa que "Uno de los mecanismos más utilizados por las autoridades provinciales es la receta agronómica (para poder comprar un pesticida el productor agrícola/industrial debe contar con una receta expedida por un asesor técnico/profesional habilitado) y en menor medida la fiscalización in situ. Sin embargo, éste método se presenta como una débil herramienta de control debido a su falta de inmediatez sobre el uso real del producto".
Esa es la realidad, maquillarla con buenas prácticas ya no da resultados.

Graciela Gómez
medioymedio.com

lunes, 29 de marzo de 2010

La Comuna de París


La burguesía sintió que el mundo se detenía, todos habían posado sus ojos en ese lugar donde se estaba cuestionando el poder, se dio cuenta que ése era realmente su enemigo, quizás su único enemigo real, esos, los ‘usurpadores’, habían demostrado que un mundo sin explotados ni explotadores era posible.
En aquél mes de marzo de 1871, la clase obrera se animó a intentarlo y el mundo capitalista tembló al ver que todos sus argumentos se desvanecían, de nada vale el argumento que hay un capitalismo mas ‘humano’. O se es capitalista y se asume su lógica perversa o se es socialista y se construye un mundo nuevo.
A fines de 1870 Francia estaba bajo el poder de Napoleón III, sobrino de Bonaparte, y éste había llevado a Francia a una aventura bélica contra Prusia, tal como hacen los dictadores ya que, si ganan se llenan de gloria y si pierden, la sangre que se derrame en la contienda siempre será la de la clase obrera, nunca la propia. Esta aventura termina con una aplastante derrota de los ejércitos franceses y los ejércitos prusianos sitiando París, ya que era la ciudad que aún no habían podido tomar. En la batalla de Sedán prácticamente todo el ejército francés cae prisionero y los vencedores imponen duras condiciones para firmar la paz. La alta burguesía parisina, ante el vacío de poder nombra a Louis Thiers para negociar con los prusianos ese pacto de ‘caballeros’, seguros de hacer pagar al pueblo la indemnización de guerra y que todo siguiera como estaba. El tratado de paz, conocido como tratado de Frankfurt, contenía durísimas condiciones que incluían que el ejército vencedor desfilara por la capital francesa, además de sumas exorbitantes de dinero como ‘reparación’. El repudio de los parisinos al ver lo escandaloso de la capitulación no se haría esperar. El gobierno de Thiers se dispuso a aumentar los impuestos al pueblo para pagar a Bismark el precio de la derrota, sin importarle que el pueblo ya estaba pasando una hambruna producto de la contienda.
Una de las pocas fuerzas que habían quedado en París, eran las Milicias Urbanas, pertenecientes a la Guardia Nacional, que estaba fogueada en la lucha por haber defendido la capital ante el ataque prusiano y que tenía un bien ganado prestigio popular que lo había visto detener el avance del enemigo y que además era famosa por tener un funcionamiento muy democrático. El gobierno se da cuenta que sumando el malestar popular, más milicias bien armadas y mejor entrenadas y fogueadas en combate, significaban un peligro para su proyecto y se puso a la tarea de desarmarla, sabiendo que, desarmar las milicias era desarmar al pueblo. Pero el pueblo no lo permitió, ya que parte del parque de artillería se había comprado mediante colectas públicas y el mantenimiento durante la guerra estuvo a cargo de la población.
Como es fácil suponer, en una París amenazada por el enemigo, con un ejército rodeándola, con un pueblo ofendido y hambriento y las milicias armadas que estaban apoyadas por el pueblo, la burguesía siente que su poder se debilita y ordena a Thiers que mande a desarmar totalmente a las milicias, éstas se niegan y piden al pueblo que se opongan a la medida, ese fue el grito de dignidad e independencia de todo París.
Debemos hacer notar que muchos batallones de la milicia elegían sus propios oficiales y los milicianos confraternizaban con la población en los cuarteles barriales, que se usaban también para reuniones populares.
Ante la impotencia, el 18 de marzo, el gobierno ordenó al ejército que tomara los cañones de las milicias por la fuerza, ese hecho desencadenó la revolución. A medianoche, las tropas del régimen se desplazan silenciosamente hacia las afueras de Montmartre, una colina desde donde se domina París y donde la milicias tenían emplazadas sus baterías. Cuando las milicias se dan cuenta, comienza la contienda, los parisinos salen a la calle y se enfrentan con el ejército y esto provoca el efecto mas temido del gobierno burgués, centenares de soldados confraternizan con el pueblo y la Guardia Nacional, al punto que el general oficialista Leconte ordena a su tropa disparar a la muchedumbre que avanzaba, pero sus propios soldados lo arrestan y lo fusilan, junto a Thomas, otro General que había sido represor en la revuelta de 1848.
Una tras otra, unidades del ejército se pasan a las filas del pueblo, el gobernador Thiers, ordena a lo que le queda de tropa abandonar París y toda la burguesía huye a Versalles de modo tan desordenado (como siempre actúa un burgués asustado), que dejan abandonados varios regimientos y muchos de sus oficiales son tomados prisioneros y unos 1.500 soldados se pasan, junto con sus armas, a las filas de la revuelta. Otra de las cosas que abandonan en la estampida son las reservas del banco de Francia, que queda a merced de los revolucionarios.
Así las cosas, el Comité Central de la Guardia Nacional, se da cuenta que es la única autoridad en París, y ese 18 de Marzo, se inscribiría en la historia.
Como primera medida llamó a elecciones libres y democráticas para elegir autoridades y solo una semana después, el 26 de Marzo, 230.000 parisinos acudieron a las urnas a elegir sus autoridades, a nadie le importó que no hubiera partidos políticos formados, que no hubieran líderes ya conocidos para suplantar en el gobierno, supieron desde el primer momento de la lucha que los verdaderos representantes surgen de las asambleas, de las barricadas.
El Consejo Comunal que resultó electo constaba de 92 miembros, la mayoría obreros y artesanos, con una tendencia de izquierda, aunque no muy definida ideológicamente. Un dato para tener en cuenta es que el promedio de edad de los consejeros era de 38 años y el jefe de policía solo tenía 25 años de edad.
Louis Blanqui, un socialista revolucionario es elegido presidente honorario de la Comuna, éste se encontraba preso en una cárcel secreta del régimen anterior y el pueblo lo libera. Así el 28 de marzo de 1871, los cañones de la Guardia Nacional saludan con sus salvas la proclamación de la Comuna de París.
Las cosas no serían fáciles para la Comuna, cuatro días después, el 2 de abril, las tropas de Thiers comienzan las hostilidades para recuperar la ciudad, pero igualmente los comuneros se dan a la tarea de legislar para organizar la nueva vida de la ciudad.
La primer medida fue disolver la institución ‘ejército regular’ y reemplazarlo por la Milicia Urbana’ es decir ‘el pueblo en armas’. Se perdonan los alquileres adeudados por los trabajadores, se toman los edificios y palacios abandonados por la burguesía. Se devolvió al pueblo las herramientas de trabajo que se hallaban empeñadas y se estimuló la formación de cooperativas de trabajo. Una de las medidas que se deben resaltar es la que establecía que toda fábrica o taller abandonado por los propietarios fuera puesto a funcionar por los trabajadores y se abolió el trabajo infantil. También se creó un plan sanitario para el pueblo y la milicia, se abrió el correo y todos los funcionarios de la comuna se asignaron un sueldo igual al sueldo promedio de los trabajadores. Se quitó a las Iglesia el privilegio de controlar más de la mitad de los colegios y se consagró la separación de la Iglesia y el Estado. Los templos fueron autorizados a seguir con sus ritos y ceremonias, pero debían servir además como centro de reuniones y asambleas populares. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Fueron quemados en la plaza pública la guillotina y otros instrumentos de tortura.
Para los comuneros, que estaban disfrutando de su IGUALDAD, LIBERTAD Y FRATERNIDAD, todos debían ser libres, todos tenían todos los derechos, hasta la burguesía, y esta equivocada actitud fue aprovechada por los enemigos del pueblo, que a través de los hombres de negocios que se habían quedado en París y que los comuneros, en nombre de la libertad no molestaban, empezaron a sacar el tesoro del Banco de París y lo enviaron a Versalles para equipar al ejército que preparaba el gobierno depuesto. Y este fue un error fatal (este tema fue analizado por Lenin 50 años mas tarde). En las asambleas, los comunistas mocionaban para marchar sobre Versalles y destruir el ejército que se estaba formando, pero la mayoría posponía el ataque ya que el tiempo lo ocupaban tratando de organizar la nueva sociedad.
Finalmente, el sábado 20 de mayo, los ejércitos de Thiers invaden París por cinco partes diferentes, avanzan por los barrios caros sin contratiempos y llegan a ocupar el centro de la ciudad, mas de 200.000 hombres avanzaban, lo formaban los restos del ejército original del régimen, mas las tropas del Bismark que se había asociado a su supuesto enemigo, sin importarles que no habían pasado aún 4 meses desde la última batalla que los había enfrentado dejando claro que los únicos verdaderos enemigos son los enemigos de clase, la clase obrera, y que las guerras son, antes que otra cosa, negocios entre la misma clase burguesa para consolidar su poder. También habían reclutado gente de las cárceles y todos los mercenarios disponibles, y con furia inaudita asesinan y fusilan a todo parisino capturado. Allí se olvidan de los códigos de guerra y las reglas de ‘caballerosidad’, no se detenía al vencido, se lo mataba sin miramientos. El odio de clase es mayor que el odio al invasor. El 22 de mayo la tercera parte de la ciudad estaba en manos de los invasores. Los comuneros construyen barricadas en los barrios, niños y prostitutas fueron encargados de llenar bolsas y llevarlas al frente, se construyen más de 600 barricadas. Mientras el ejército burgués fusilaba sin juicio previo, los comuneros se negaban a ese trato con los prisioneros, solo se fusiló a seis oficiales capturados y a un obispo que lo sorprendieron colaborando con el enemigo.
El domingo 28 de mayo, la Comuna había sido derrotada, pero los fusilamientos y la represión siguieron durante meses. En 90 días dejaron 19.000 muertos y 60.000 encarcelados y deportados.
Apenas 9 años después, los trabajadores, en una elección, logran que un obrero zapatero ex consejero de la Comuna, sea electo diputado, unos días antes, 25.000 parisinos se habían congregado ante el muro de Pierre Lachaise para conmemorar el lugar de la última batalla.
A pesar de la derrota, la lección que dejó la comuna es irrepetible, demostraron que a pesar que en ningún momento tuvieron una dirección ni organización dirigiendo la lucha, cuando el pueblo se alza en armas contra un régimen corrupto o despótico, hace temblar el andamiaje de un sistema despiadado e injusto. No cabe duda que el camino debió se la destrucción de todo vestigio del poder burgués, de todo aparato estatal capitalista y recién después dedicarse a la tarea de la creación de una nueva sociedad socialista.
Al cumplirse 139 años de aquellos hechos, rendimos desde estas páginas nuestro homenaje a todos aquellos que se atrevieron a soñar con un mundo justo, con un mundo sin opresores ni oprimidos, y cada vez que alguien recuerde la Internacional, sabremos que esos hombres y mujeres que dejaron su vida para legarnos su mensaje, no han sido olvidados.

Ramiro Ross

domingo, 28 de marzo de 2010

Deuda pública, una asignatura pendiente en el debate


Se termina el verano y queda la discusión, impensada hace poco tiempo, de un tema estructural en el debate económico: la deuda externa pública.
Es importante porque es un tema estructural de las últimas 4 décadas y que tiñe la coyuntura. Decimos esto a pocos días de otro aniversario del Golpe del 76 (24 de marzo), donde la deuda fue el mecanismo económico privilegiado de una restructuración regresiva de la economía, la política y la sociedad. Precisamente, el 23 de marzo estaremos presentando en el edificio recuperado para la “memoria” donde funcionó la ESMA, un libro que escribimos en conjunto con Osvaldo Bayer y Atilio Boron sobre los fundamentos del terrorismo de Estado, donde destacamos el papel del endeudamiento para reorganizar las relaciones económicas en este tiempo, con privatizaciones, desregulaciones, liberalización económica y múltiples formas de disciplinamiento para asegurar ganancia y dominación de capitales concentrados insertos en la transnacionalización.
La deuda y su análisis es una asignatura pendiente, por eso importa el debate, aunque ahora en la agenda de los medios todo parece reducido a pagar con reservas o con fondos que surjan del presupuesto nacional. La voluntad legislativa mayoritaria es por el pago de la deuda. Así se verificó con el voto conjunto del oficialismo y la oposición (por derecha) para la reapertura del canje de deuda operado en el 2005. Que aún no se haya materializado no elude la voluntad conjunta y mayoritaria para favorecer cancelaciones de deuda. A ello debiera sumarse el pago al Club de París, puesto de manifiesto en diversas declaraciones públicas de autoridades nacionales. Son caminos para normalizar la inserción internacional en un sistema financiero en crisis, bajo las orientaciones de un restaurado FMI y en el marco de las disposiciones del G20.
Si se retoma un debate profundo se recuperará una riquísima historia de cuestionamiento al mecanismo de la deuda en la conformación del capitalismo contemporáneo, local o global. La afirmación es válida, incluso más atrás en el tiempo. Para ello hay que remontarse al papel del crédito de la Baring Brothers durante los 80 primeros años de intento por construir un país independiente (válido para pensar en tiempos de Bicentenario). La deuda pública argentina, inaugurada con el empréstito de la Baring generó las condiciones de la dependencia con el capitalismo global hegemonizado por Inglaterra. En las ocho décadas de vigencia del crédito, tres de ellas el país estuvo en default, sin embargo en todo el periodo la deuda fue parte sustancial del condicionamiento de política económica.
La deuda condicionó en el Siglo XIX el desarrollo nacional autónomo y volvió a reincidir en sus efectos en los años 70´ del Siglo XX. La Argentina otorgó, con el endeudamiento público, funcionalidad a un capitalismo necesitado de hacer fluir fondos excedentes del capitalismo central que no encontraban rentabilidad ante la recesión en el capitalismo desarrollado de fines de los 60´ y comienzos de los 70´. Una funcionalidad similar ofrecieron los países dependientes en aquellos años de crisis de rentabilidad del capital. Puede verificarse en América Latina y otras regiones del sur del mundo. El papel del endeudamiento deliberado del sur en los 70´ fue una forma de contrarrestar los problemas estructurales del capital más concentrado en escala mundial. No es novedad lo que afirmamos, pues el papel de la deuda pública es consustancial con el origen del régimen del capital. Los Estados se hicieron fuertes en base a empréstitos de la sociedad para emprender sus proyectos, de guerra expansiva o defensiva, de expansión económica y evolución, de promoción de los mercados internos y externos, claro que esos recursos luego debían devolverse. Así surgió la necesidad del régimen tributario (con más extensión pueden leerse estos argumentos en los estudios sobre la acumulación originaria de Carlos Marx).
Si los Estados se endeudan, estos deben buscar los recursos para cancelar sus obligaciones. La deuda genera los recursos tributarios en una cadena viciosa, donde la recaudación tiene destino en la interminable (¿imposible?) cancelación de deuda, y la deuda refuerza ingresos insuficientes que exigen nuevos y mayores tributos o renovación y ampliación de préstamos. Pensemos en la regresividad del sistema tributario construido en la Argentina de los años de la dictadura para acá, para entender quién financia al Estado, o dicho de otra manera, quien ha pagado hasta ahora la deuda. Lo señalado va más allá de los negociados que existen detrás de una deuda largamente pagada por un pueblo que bien podría asumirse como acreedor, más que deudor. El problema debería ser más de quienes se consideran acreedores de una deuda ilegitima e ilegal en su origen y que, producto de complicidades múltiples, se ha transformado en una “deuda de honor”, al decir de quienes expresan hoy una voluntad de pago.
El capitalismo instaló ese sentido común de “honrar las deudas”, generando las culpas de deudores imposibilitados de pagos por el mismo funcionamiento del sistema. ¿Cuántos créditos prendarios o hipotecarios no pudieron cancelarse por modificaciones de funcionamiento del sistema económico? (Ídem con préstamos a pequeños y medianos empresarios o productores) ¿O por condiciones lesivas de políticas monetarias o financieras? Propias de devaluaciones o restricciones crediticias asociadas a objetivos de política económica de desprecio de intereses no hegemónicos en el régimen del capital.

Justicia demorada

La vida cotidiana, producto de una memoria sostenida desde el movimiento popular, devuelve la imagen de militares que acuden al banquillo de los acusados. ¿Qué pasa con los Martínez de Hoz, los Machinea o Cavallo? Todos ellos mencionados en el dictamen del juez Ballesteros de hace apenas una década (Junio, 2000). O de otro modo, ¿qué pasa con toda la complicidad bancaria empresarial del endeudamiento generalizado por 4 décadas y usufructuarios de comisiones, intereses y beneficios económicos de un mecanismo que condenó a millones de personas a la indigencia o la pobreza estructural, a la miserabilización de la vida en la Argentina, o en otras latitudes de América latina o el mundo?
Debatir la deuda pública argentina es discutir la ley de entidades financieras del 77, la ley de inversiones externas, ambas de la dictadura, pero también el pacto minero entre Chile y Argentina en los 90 para la explotación de la cordillera, o el permiso para el desarrollo de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura. No se puede ignorar que la cosecha récord de este año, con tendencia al monocultivo a partir de confirmar que más de la mitad de la cosecha será de soja, para alimentar animales de otras parte del mundo, mientras se afecta la soberanía alimentaria local. ¿Cuándo serán convocados a la Justicia los responsables de este reaccionario cambio estructural de la Argentina? ¿Alcanza con demandas y sentencias sobre militares? ¿Quedará exento el poder económico y sus cómplices en el régimen político?
Podríamos ser considerados ingenuos si esperamos respuestas sistémicas que enjuicien su propia lógica. Es evidentemente una cuestión política, de poder. Lo que nos lleva a la cuestión de la crisis política vigente en la Argentina. De nuevo, bajo otras circunstancias el dilema del 2001, que en rigor, se arrastra desde la disputa por el poder en los 60´ y 70´. La balanza de la disputa se inclinó para transnacionalización del capitalismo en la Argentina, terrorismo de Estado mediante.
La disciplina del terror funcionó, con desapariciones, torturas, asesinatos, exilios y variadas formas de represión (algunas continúan); replicándose luego bajo mecanismos económicos sociales, la inflación y la hiperinflación, el desempleo, subempleo y la precarización continua (presente en nuestro tiempo). Esto es consecuencia de la dictadura, del endeudamiento, del poder económico. Las ganancias del presente tienen antecedentes en el pasado reciente, en los años de plomo y en un tiempo de desestructuración de la organización popular.
Resulta imprescindible el enjuiciamiento de los responsables. ¿Es utópico? ¿Es posible? Como sostuvimos, es una cuestión de poder popular, y por ello debe cambiarse la lógica del análisis y la acción política del colectivo social mayoritario afectado por el funcionamiento de las reglas hegemónicas de la economía. Cuando sosteníamos la anulación de las leyes de la impunidad nos decían que era imposible. Nos empeñamos en ese accionar y con la acumulación política popular del 2002 fue realidad la anulación. Pero sin ley previamente presentada ello no hubiera sido posible. La lógica del capital reclama honrar las deudas profundizando el estado de desigualdad creciente y superexplotación de la mayoría trabajadora del pueblo.
Cambiar la lógica del poder es el desafío de la época para construir una política alternativa. Un poder alternativo. Algunos amigos me señalan la imposibilidad de avanzar por ese camino en la realidad de nuestros días. Es un argumento que nos condena a políticas defensivas contra el avance de mayores males expresados por quienes imaginan el retorno de las políticas explícitas de los 90´.
Es la crisis del capitalismo la que nos anima a impugnar el régimen del capital e intentar constituirnos en animadores de un proyecto emancipador, de liberación, que contacte con procesos similares de la región latinoamericana y caribeña. Es cierto que un gran paso viene constituido por el rechazo al discurso hegemónico en la década pasada.
Ahora se requiere transitar el camino del cambio estructural revirtiendo las causas generadoras de los efectos regresivos ampliamente conocidos, entre las que se encuentra el endeudamiento. Insistamos una vez más: la deuda es funcional al capitalismo. Las crisis de la deuda han llevado a negociaciones y renovaciones, aún con quitas de capital, para terminar debiendo más y comprometiendo recursos públicos crecientes para restañar los problemas de rentabilidad del régimen del capital en crisis.

Participación popular para decidir

Es tiempo de consultar a la población. En el 2003, en pleno default parcial de la deuda (2001-2005) se convocó una consulta popular sobre tres cuestiones. Los resultados fueron elocuentes para 2.100.000 personas participes de la encuesta. El 98% se pronunció contra la militarización. El 96% rechazó el ALCA. Finalmente el 88% manifestó su adhesión al No Pago de la Deuda. Una cifra menor que los otros asuntos, muestra que se trata de un tema complejo, pero ese porcentual supone un activo de 1.900.000 personas manifestando su voluntad contraria al pago de la deuda. Fue una manifestación soberana. ¿No es tiempo de convocar a una nueva consulta popular sobre el endeudamiento, su pago o no?
Que el pueblo decida, con toda la información y el tiempo para pensar la coyuntura desde la estructura conformada históricamente. Es una cuestión del presente y del futuro. Es cierto que una medida de no pago supone confrontaciones políticas con el poder económico local y mundial. Ante ello muchos sostienen que resulta imposible, que ni Venezuela decidió no pagar la deuda. Es cierto, sostengo, aunque debe reconocerse el esfuerzo en el ALBA por la nueva arquitectura financiera en la región, la salida del CIADI de Bolivia y la Auditoría de la Deuda en Ecuador. En general comparto los argumentos que me contraponen, pero creo que alguien tiene que colocar un discurso alternativo, sino, “solo se puede hacer lo que se puede”, y una buena discusión es que es lo que se puede, pues el camino “posible” abonó el camino que llevó a Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007. Más que aciertos en la propuesta del empresario, lo que ocurrió fue un voto castigo a la centroizquierda y sus límites en la administración de Buenos Aires.
Hay quienes creen que al plantear propuestas alternativas a las sostenidas por el Gobierno se identifica a la actual administración con las propuestas llevadas adelante en los 90´. Lo que intento es colocar el debate de la deuda desde su origen, no señalar que no hay matices en los gobiernos constitucionales. Solo desde allí es que se puede pensar en mecanismos "políticos" de construcción alternativa. Soy más preciso, no sirve hoy comparar Venezuela con Argentina, porque desde Caracas, junto a Bolivia, Ecuador y Cuba se inició un proceso complejo de objetivo articulado por otra sociedad. No es el camino de Brasil, Argentina o Uruguay. En aquellos países se ha constituido un sujeto colectivo, o se intenta construir para avanzar en un rumbo alternativo, socialista, del Siglo XXI, comunitario, o como se lo quiera llamar.
¿Qué sujeto se construye en Argentina, Brasil, o Uruguay? En este último existe una base política en el Frente Amplio, y social en el PIT-CNT, en el cooperativismo de vivienda, en el movimiento estudiantil, todos con trayectoria combativa por décadas y quizá, la estrategia nacional actual puede concebirse como una etapa de transición. Para pensar y a responder principalmente por el movimiento popular uruguayo. La situación en Brasil es más compleja por historia de la sociedad y del movimiento popular. El PT decidió una alianza más amplia para gobernar sin precisar nuevos desafíos de radicalización del proceso político. Insistamos también que es un debate brasileño, aunque afecta, por cierto, a todo el continente. ¿En Argentina, qué? La base gubernamental de sustentación política central está en el PJ y la CGT y quizá en alguna de las centrales empresariales. No es la constitución de un sujeto por las transformaciones, aunque existen sectores que apoyan al oficialismo con tradición y pertenencia al campo del cambio político e incluso por la revolución. Uno de los elementos en que sustento mi posición parte de que el oficialismo no termina de reconocer a la CTA, su personería y papel en la construcción de nueva subjetividad por el cambio, o la aceptación de nuevos sindicatos que proliferan en una lucha despareja contra la impunidad de las patronales.
No se trata solo de consignas, o de ser simplista, como algunos indican. Son argumentos para la polémica en la perspectiva de construir sujetos para el cambio político en el país, en la perspectiva de avanzar en el proyecto emancipador que recorre una parte de la región Latinoamericana y Caribeña.

Julio Gambina, Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Integrante de ATTAC-Argentina.

sábado, 27 de marzo de 2010

Infiltrados y servicios, en democracia y en dictadura


El 18 de febrero pasado, la revista 23 publicaba la nómina de los 4300 agentes de inteligencia, entre civiles y militares, que reportaron durante la dictadura, pero también en democracia al Batallón 601 del Ejército. La publicidad de este listado permitió en muchas partes del país desenmascarar a ciudadanos comunes y corrientes, periodistas, docentes y hasta militantes de indudable trayectoria, como parte del aparato de inteligencia y represión que nunca terminó de ser desmantelado. La gravedad es aún mayor si se considera que muchos de estos civiles continuaron realizando en democracia informes de inteligencia para las fuerzas armadas.
El listado de 4300 civiles colaboradores del Servicio de Inteligencia del Ejército, fue entregado por el propio Ejército al Archivo de la Memoria, mediante un decreto presidencial que ordenó desclasificar esa información. Este organismo a su vez se lo remitió al juez federal Ariel Lijo, quien investiga los secuestro ilegales de esa unidad del Ejército en el año ’80, durante la contraofensiva Montonera y que ya en el año 2007 había condenado al jefe de la Central de Reuniones del 601, Jorge Arias Duval y siete de sus subalternos, entre ellos un PCI, personal civil de inteligencia según la jerga militar.
El Batallón 601 dependía del II Cuerpo de Ejército y contaba con destacamentos operativos prácticamente en todo el país. Desde su edificio principal en la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de la calle Viamonte y la avenida Callao, se ordenaba la información arrancada bajo torturas a los militantes populares o recopilada por la vasta red de colaboradores civiles, quienes hoy están en el ojo de la tormenta. A este batallón se le adjudica la operación de infiltración a ERP, previo asalto al cuartel Luis Priedrabuena de Monte Chingolo, las operaciones para desmantelar la contraofensiva montonera de los años ’79 y ’80 y la exportación de táctica y estrategia contrainsurgente a diferentes países de América Latina.
Una vez hecha pública la nómina de los civiles colaboradores, se comenzaron a reconocer en todo el país que quienes se creía que eran compañeros de militancia, de trabajo, periodistas e incluso jueces, no eran más que infiltrados que reportaban a la inteligencia militar.
Uno de los casos más publicitados fue el de Raúl Alejandro Tarifeño, reconocido dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el sur del país. Tarifeño, comenzó sus servicios como agente de reunión de información del Destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén hasta el año 1982, un eufemismo para llamar a quienes recopilaban datos sobre la vida política de la comunidad para que posteriormente fuera analizada y sistematizada por el SIE. Ya en democracia se “sumó” al Partido Comunista de Cutral Co, donde se destacó en la lucha por la vivienda. Posteriormente se infiltró en las filas de Movimiento al Socialismo, por aquel entonces la fuerza política de izquierda más masiva. Luego hizo lo suyo en el MST, expresión en la que incluso fue como candidato a concejal.
También desde el sur del país, la CTA Neuquén emitió un comunicado señalando los nombres que se fueron reconociendo de lista del 601. Así señalaron que el trabajador de la salud Ricardo José Grisoto, cumplía secretamente tareas de “agente de reunión” a la par que desarrollaba su trabajo en el Hospital Castro Rendón. También el periodista de LU 19 en Cipolletti y en LU 5 en Neuquén, Pedro Eraldo Brodi, figura como en las listas publicadas recientemente. Hombres del sindicalismo y también “agentes de reunión”, Juan Alfredo Hanson, infiltrado en la UOCRA y Jorge Daniel Rosales, infiltrado también en ese gremio pero en la localidad de San Martín de los Andes, hoy cumple tareas en la EPET 8 de Neuquén y en Radio y Televisión de Neuquén.
La central neuquina denunció que también Rolando Teolino Funes, actual juez de paz en la ciudad de Cipolleti, formó parte de la tropa del Batallón 601.
Desde la provincia de Tucumán, la agrupación HIJOS mediante un comunicado denunció que dos reconocidos periodistas figuran en la lista de la vergüenza: Osvaldo “Cacho” García y Félix Roberto Álvarez. Según los datos manejados por los organismos de Derechos Humanos, García, hoy jefe del informativo del canal 10 que depende de la Universidad de esa provincia, habría trabajado para el Destacamento 142 de Inteligencia (correspondiente a Tucumán) entre Octubre de 1981 y Noviembre de 1983. Álvarez lo habría hecho desde Diciembre de 1978 hasta Noviembre de 1981, hoy trabaja en el programa “Noticias del Congreso Nacional”.
Prensa de Frente

"Se hace de cuenta que se juzga"


En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner abrió las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Desde ese momento Néstor y Cristina se ubicaron como los máximos defensores de los derechos humanos, reivindicándose luchadores de los '70 y apropiándose de esa lucha. En vísperas del 34º aniversario del 24 de marzo, y a casi siete años de la apertura de las causas, entrevistamos a Adriana Calvo, quien realiza un balance sobre la situación actual de los juicios y las falsas posiciones del gobierno al respecto. Por Julieta Pacheco, de Razón y Revolución.

Por ANRED - C

JP: Contanos cuál es la participación de la Asociación en el desarrollo de las diferentes causas
AC: Nosotros somos querellantes en las causas en Buenos Aires, La Plata y San Martín, lo que se conoce como zona cuatro, dependiente de Campo de Mayo. En la Plata es lo que se conoce como circuito Camps, que son todos los campos de concentración que dependían de la policía; en Buenos Aires, las dos grandes causas, por un lado Primer Cuerpo del Ejército que abarca todos los casos de Capital Federal menos la ESMA, y la causa ESMA por otro lado. Esta causa se fue subdividiendo, lo mismo pasó con la causa Primer Cuerpo, que tiene un sólo número en el juzgado de instrucción, pero se fue separando según el campo de concentración que se investiga.
JP: ¿A qué se debe la separación de las causas?
AC: Depende. Esta división que te digo es casi natural y en Capital dejar una causa aparte para la ESMA es razonable. Pero, después, de acuerdo a cada zona se fue deformando y comenzó a notarse un proceso de lo que nosotros llamamos "desguace de las causas", que es muy perjudicial para el objetivo que perseguimos todos, que es que la mayor cantidad de genocidas vayan a parar a la cárcel. El desguace tiene distintos aspectos, pero el más importante es que se separa la investigación: una vez procesado un número de represores dados, tres, cinco, quince, o por un número de víctimas dado, que en general es mucho menor de lo que corresponde ese pedazo de la causa, se eleva a juicio oral. Esto podría parecer razonable si uno está pensando en causas enormes en donde terminar la investigación a fondo de todo lo que ocurrió en un campo de concentración puede llevar años. Sin embargo, no tiene que ver con eso. Nosotros pensamos que tiene que ver con una política, a la que el gobierno no es ajeno. Porque el gobierno tiene, por lo menos, dos formas de oponerse a esa política judicial. Una es a través de los fiscales que, en definitiva, dependen del procurador y el procurador, aunque el gobierno dice que no, depende del gobierno. La otra es a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se ha presentado como querellante en todas estas causas que yo mencioné. Este último es un actor directo, dependiente de presidencia para oponerse a este tipo de política. Sin embargo, nunca se opone.
JP: ¿Por qué pensás que no se oponen?
AC: Yo pienso que el gobierno es parte de esta política. Es impulsor, no digo que el único, porque el poder judicial tiene lo suyo.
JP: ¿Cómo ven ustedes la situación de que, por un lado, se abran las causas en 2003 y, por el otro, que se pongan frenos al avance de estas causas?
AC: Hace casi siete años que se abrieron las causas y creo que es más que suficiente para ver una política, tenemos experiencia suficiente para observar que acá hay una política diseñada para que esto se demore. La contradicción existe. Pero, como siempre, las cosas no son lineales. Sin duda, cuando el gobierno de Kirchner asumió sintió que este era un tema en el cual le convenía actuar y tener una presencia muy fuerte porque, entiendo yo, se dio cuenta de que era un herida abierta en la sociedad, que junto con el desempleo, en ese momento, eran los dos pilares del descontento que llevó al 2001. En este ámbito, en la impunidad de los genocidas decidió jugar muy fuerte. Jugó impulsando la anulación de las leyes de impunidad. De eso no hay ninguna duda. Pero que haya tenido que elegir ese rumbo, es producto de nuestra lucha, de muchos años contra la impunidad; fue lo que provocó que el gobierno tuviera que elegir este aspecto de la vida social y no otro. Estos actos, sumado a actos simbólicos como echar a los marinos de la ESMA, descolgar los cuadros, etc., sirvió para apropiarse de la bandera de los derechos humanos y sostener hasta hoy el discurso de que es el gobierno defensor de los derechos humanos. A su vez, ayudado por una derecha recalcitrante que sostiene que los Kirchner son los montoneros en el poder.
JP: Ellos también se presentan como militantes de los '70…
AC: Por supuesto, ellos han hecho uso y abuso de esa herramienta. Se autopresentaron como militantes de los '70, perseguidos, representantes de esa generación. Yo creo que uno de los objetivos que perseguían era ganar una base social, porque Kirchner era un total desconocido. Por otro lado, apuntó a quebrar la unidad de los organismos de derechos humanos. Lo que consiguió Kirchner era impensable unos pocos años antes, que fue que un movimiento como Madres de Plaza de Mayo se hiciera oficialista y lo dijera públicamente y aceptara dejar de hacer la Marcha de la Resistencia, pagar la deuda externa, pagarle al FMI, entre tantas otras cosas.
JP: Y en el medio sucede la desaparición de Julio López…
AC: Claro, que te muestra la cruda realidad. Nadie piensa que a Julio López lo secuestró el gobierno, pero sí es cierto que en algún momento decidió que no podía investigar y que le iba a costar más saber quiénes eran los responsables del secuestro y mandarlos a la cárcel que no hacer nada. Es decir, concilió con los grupos residuales de la dictadura, porque nunca estuvo dispuesto ir a fondo. El gobierno usó esto, hizo lo suficiente como para rodearse de un halo de defensor de los derechos humanos y de nuestros ideales, de nuestros compañeros desaparecidos, pero nunca pensó en ir hasta el fondo y eso se junta con la política con la que llevan las causas.
JP: ¿A quiénes hacés referencia cuándo decís "personal residual de la dictadura"?
AC: Gente en todas las fuerzas armadas y de seguridad. Todas las policías provinciales, incluida la bonaerense, la federal, la gendarmería, la prefectura, los servicios de informaciones. En todos lados.
JP: También con los civiles que participaron de la dictadura, como los jueces y como en el caso de Jaime Smart…
AC: Si no se puede avanzar con los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que están directamente relacionados con los hechos, avanzar con los civiles es mucho mas complicado. Acá, centralmente los jueces, con el apoyo del gobierno, lo que hacen es juzgar como delitos aislados. Entonces se apunta quienes fueron las cabezas de las cadenas de mando de aquella época, jefes de campo, por ejemplo o, en el caso de la policía, jefe, subjefe y directores, llegando hasta el jefe de campo.
Por supuesto que la inmensa mayoría de estas personas están muertas o tienen una edad que son prácticamente inimputables. Es ahí a donde apuntan los jueces, unos pocos. Además de que son muy pocos y que los hechos se dividen hasta el infinito, hay que reiterar testimonios, los mismos testigos son citados veinte veces. Además de eso, en esa franja están los jefes de cadena de mando de los que eran jefes de zona subzona, jefes de campo y por el otro lado, salvo la excepción de la ESMA, unos pocos casos de los represores que actuaban dentro del campo de concentración.
Esto se debe a que los jueces exigen que en todas las causas alguien los haya reconocido. Que un sobreviviente los haya reconocido. Entonces, si pensamos que esto fue un plan sistemático destinado a mantenerse en la clandestinidad, que todos los secuestrados estábamos con los ojos vendados y que los represores no te decían el nombre, que te pidan que los reconozcas es como decir que queden todos sueltos. Esta es la madre del problema de las causas, porque aún desmembradas, podríamos decir, esperemos un tiempo y al final van a estar todos presos.
Sin embargo, no sólo están desmembradas, sino que están dirigidas a estas dos franjas. Si bien en el caso de la ESMA no es tan grave, porque muchos compañeros estuvieron destabicados y se conoce el nombre de casi todos los represores, en Campo de Mayo o en el Circuito Camps, donde los prisioneros estaban todos vendados, esto y decir que queden todos libres es lo mismo. Es algo absurdo: en el caso de la comisaría quinta, en La Plata, a pesar de estar comprobado que funcionaba un centro de detención, a los policías que trabajaban ahí no los procesan. Los dejaron fuera de la causa y nunca los llamaron a indagatoria. Solamente están procesados hasta el comisario y tres represores de rango más bajo porque fueron reconocidos por algún sobreviviente, pero es una situación absolutamente excepcional.
JP: Con respecto a la causa de Campo de Mayo ¿cuáles son los problemas con los que se están encontrando?
AD: El mayor problema es el desmembramiento. Campo de Mayo es el ejemplo más claro de esto. Ahí funcionaban tres campos de concentración, al menos. Solamente se está limitando a uno, que es lo que se conoce como "El campito". Aún dentro de eso, van haciendo causas separadas por víctimas. La primera causa que se elevó a juicio oral fue por dos víctimas: Floreal Avellaneda y su mamá. Es decir, el juez va elevando a juicio de a poco y cuando llegan a tribunal oral las vuelven a juntar. Juntaron un tramo que era de más o menos cincuenta víctimas y cinco imputados. Ese es el mayor problema de Campo de Mayo. También, por ejemplo, llega a juicio oral la causa por un compañero que secuestraron de la fábrica Mercedes Benz y estuvo detenido en Campo de Mayo, pero no se juzga por todos los demás que fueron secuestrados de la fábrica de Mercedes Benz el mismo día, en el mismo operativo. Acá sólo se juzgó por uno y el resto tiene que esperar. Este compañero va a tener que volver a declarar.
JP: Cuando se abren las causas en el 2003, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿Creían que se iba a resolver en el corto plazo?
AC: La verdad es que era difícil ver esta situación. Parecía casi un sueño que las causas se reabrieran, fue sorpresivo. El desarrollo de este tema desde el 1997-1998, en esos cinco años, fue muy acelerado. De la impunidad total de la que veníamos con Punto final y Obediencia debida, son casi once años de lucha constante, pero a partir de 1998 cuando se abre el juicio en España empieza a tener mucha transcendencia. Cuando aparecen declaraciones de Astiz acá diciendo que era el mejor tirador. Fue una sucesión de hechos que hicieron que se desarrollara muy rápidamente todo, acompañando el desarrollo de la lucha en nuestro país. El estallido del 2001 de ninguna manera esta desvinculado a nuestra lucha. Ya en 1998 habíamos conseguido la derogación de las leyes. Era un primer paso que dábamos en este sentido.
De todas formas era difícil prever que Kirchner iba a abrir las causas. Siempre por supuesto, como producto de nuestra lucha. Cuando conseguimos este triunfo no teníamos un panorama claro de lo que se venía. Nosotros habíamos estado durante muchos años trabajando en la recolección de pruebas, desde 1984 cuando se forma la Asociación. Nuestra línea fuerte no era sólo dar testimonios, sino recopilar pruebas para cuando anularan las leyes, así que dentro de todo nos encontró preparados. Reaccionamos rapidísimo. Vos fijate que el 3 de septiembre se abrió la causa ESMA y Primer Cuerpo y creo que el 8 de septiembre nosotros nos presentamos como querellantes. Inmediatamente conformamos el colectivo ¡Justicia Ya!, colectivo de organismos de derechos humanos, tanto los vinculados directamente con las causas, como de organismos actuales e integrado por partidos políticos y gremios.
¡Justicia Ya! es un colectivo muy amplio y heterodoxo. Hay más organismos de los nuevos que de los históricos. Lo conformamos en octubre del 2003, a un mes de abierta la causa. Ahí ya comprendimos que necesitábamos el colectivo, que estas causas no iban a prosperar si no las impulsábamos desde lo colectivo. Si quedaba sólo en una cuestión de los familiares, sobrevivientes o de los organismos de derechos humanos tradicionales, no prosperarían.
Nosotros decíamos que estas causas tenían que ser del pueblo. Sabíamos que después de la derogación de las leyes nos íbamos a encontrar con innumerables piedras para poder avanzar. Por ejemplo, la enorme cantidad de jueces de la dictadura. Era imposible pensar que esos mismos jueces que habían rechazado habeas corpus, que habían sido cómplices de los genocidas, ahora fueran a impulsar nuestras causas. Y una cantidad similar de jueces cómplices de la dictadura, que no habían participado en esa época, pero que eran parientes, amigos y socios.
JP: Que además representan los mismos intereses sociales…
AC: Claro, era imposible que avanzara aún sin contar al gobierno. Porque en ese momento, 2003, no estaba claro cuál iba a ser el papel que jugaría el gobierno. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que con este poder judicial no íbamos a poder avanzar, los fiscales también eran de la dictadura. La primera causa en la que hubo condena fue la causa contra el Turco Julián, el fiscal de la causa es Raúl Perotti, que está acusado por la causa Primer Cuerpo, por haber presenciado torturas. Con ese poder judicial era imposible pensar que esto iba a avanzar. Nosotros sabíamos que sólo iban a avanzar con la lucha y la participación activa de organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles, que aportaran pruebas, que persiguieran a los jueces. Y no nos equivocamos, las causas avanzan a fuerza de lucha. Lo poco que avanzan es a fuerza de lucha y a casi siete años de iniciado el proceso ya sabemos cuáles son los mecanismos que usan para trabarlas.
JP: Siempre se dijo de la dilatación de la causa de Campo de Mayo tenía que ver con un acuerdo político de no entregar al ejército…
AC: Sí, es así. Siempre se dilató mucho y hora está terriblemente fragmentada, por lo cual pensamos que puede haber una fuerte presión. A pesar que hay juzgados sólo son rangos superiores, porque con esta forma de juzgar nunca se va a llegar a los que en ese momento tenían rangos inferiores. Muchos de ellos están en actividad. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de a quién se acusa por los crímenes de Campo de Mayo. Si sólo acusás a aquellos que eran directores, por ejemplo de las escuelas de infantería de Campo de Mayo, esos hombres tienen hoy alrededor de ochenta años. Se van a quedar ahí, siempre son los mismos los acusados. Nunca van a ir para abajo, salvo algún caso puntual que fue reconocido. En general son policías de muy bajo rango. Esta no es la forma de juzgar los crímenes. Se hace de cuenta que se juzga.
JP: Parece una continuación de la obediencia debida, en términos de sólo juzgar hasta un determinado rango…
AC: Sí, desde el punto de vista del poder judicial, sí. Se juzga a los altos rangos, algún caso de mano propia reconocido, los de la ESMA que son paradigmáticos, alguno que otro más y listo. No avanzan más porque sería apuntar al corazón mismo de las fuerzas represivas y evidentemente el gobierno de Kirchner necesita a esas fuerzas represivas para poder acallar y aplacar las luchas de hoy, por salario, por puestos de trabajo. Si no, ¿quién reprime? El freno en la investigación de Julio López tiene que ver con eso. Esto no fue sólo por miedo o impotencia, sino porque los necesita para reprimir. Al mismo tiempo que sucedió lo de López, la misma policía estaba reprimiendo a los obreros de Mafisa, por darte un solo ejemplo.
JP: Ustedes ven una continuidad entre las luchas de los '70 y las luchas de hoy…
AC: Por supuesto. Desde ya que como sobrevivientes tenemos una motivación particular para exigir los juicios, pero no ése el motivo principal. Si estuvimos secuestrados fue porque éramos militantes, por algo fue. Nuestra consigna es que nos desaparecieron porque luchamos y porque aparecimos, seguimos luchando. Seguimos manteniendo las banderas por las que luchábamos en ese momento. Y tenemos perfectamente claro que esas banderas no van a ser alcanzadas mientras los represores sigan impunes. Y esta impunidad tiene un objetivo político.
Es una cuestión concreta: necesitan las fuerzas represivas para aplicar una política económica que tiene la misma esencia. Por eso estamos en esta lucha, no es por darnos la satisfacción personal de que nuestro torturador personal vaya a parar a la cárcel. La verdad que ya estos represores son viejos, no tiene ninguna incidencia. Lo que importa de estas causas es generar conciencia de qué fue lo que ocurrió en nuestro país. Por suerte, ahora hay profesionales e intelectuales que se han dedicado desde las ciencias sociales a analizar lo sucedido. Se puede ver que las detenciones tenían un objetivo muy concreto no se secuestraba a cualquiera, el grupo a ser aniquilado no era cualquiera. Tenemos que entender que la lucha la de los '70 es la misma que la actual. Por eso es tan importante que en ¡Justicia Ya! haya abogados que defiendan los derechos de los presos políticos actuales.
JP: En el último tiempo apareció en los diarios que se hacía público el listado de nombres de todos los miembros que integraban el Batallón 601 ¿qué piensan al respecto?
AC: Lo primero que decimos es que este hecho demuestra claramente que nuestros reclamos, de que se abran los archivos, son absolutamente justos. Entonces, la primera pregunta es, si este es el gobierno de los derechos humanos, ¿por qué tardó siete años en abrir los archivos? La segunda pregunta es ¿por qué sólo el Batallón 601? Y la tercera es ¿qué más va a hacer el gobierno, además de dar los nombres? ¿Por qué no impulsa que los fiscales los enjuicien? Además nos preguntamos, ¿por qué sólo los nombres? Necesitamos las carpetas de cada uno, los legajos. Es como siempre, parcial.

Razón y Revolución (www.razonyrevolucion.org/ryr)

A tres semanas de su detención habla Pascual Pichún Collonao


La decisión de regresar a su comunidad fue gatillada según nos explica Pascual Pichún: "Había un sentimiento latente que no podía pasar por alto, un tema de conciencia, la necesidad de aportar en algún sentido a esta lucha desde el lugar que me corresponde y no desde la distancia". A tres semanas de su detención conversamos con Pascual en una visita a la cárcel de Traiguén, donde tratamos de averiguar el motivo de su retorno y posterior detención, le hablamos de las muestras de apoyo y las posibles estrategias para cobrar su libertad, entre otros temas. Por Mapuexpress

Por ANRed - Sur

El por qué decidir volver. Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy y que pocos logran y quieren entender por más explicación que se les pueda dar. Tanto así que nadie asimila como alguien resuelve regresar después de permanecer siete años fuera del país, tiempo que muchos considerarían más que suficiente para haberse adaptado a la sociedad argentina y reinventado una nueva vida .
Pascual Pichún Collonao, es un joven mapuche de 27 años, reconocido militante y comunicador del movimiento mapuche. Tiene un rol activo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, 2010, debía cursar cuarto año de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, donde se destacaba por su buen rendimiento y férreo compromiso con la labor que exige la profesión en esta sociedad hoy en día. Además, forma parte del equipo de redactores del periódico mapuche Azkintuwe, medio en cual firma sus artículos con el nombre de Manuel Lonkopan e integra el equipo del programa radial La Flecha de la ciudad de La Plata que trasmite Radio Estación Sur. A ello se suma su reciente incorporación como encargado de la página web informativa "Encuentro de Comunicadores Indígenas de Argentina".
La situación de Pascual no ha sido color de rosa como algunos quieren pensar, el hecho de haber logrado salir del país sin que agentes de seguridad del Estado chileno pudieran detectar su salida del territorio, no implicaba seguridad emocional para soportar estos largos años de destierro. Vivir el autoexilio obligado, para nadie resulta fácil ni mucho menos asumirlo como tal, más aún sí se piensa que al momento de determinar su salida él sólo tenía 20 años y jamás pensó en alejarse tan violentamente de su lugar de origen.
El irse teniendo que evadir una condena injusta que involucró intereses forestales, significó un duro golpe en su vida. Tanto Pascual como Rafael Pichún, su hermano, constituyen uno de los casos emblemáticos de persecución judicial y política por parte del Estado chileno en el mal llamado "conflicto mapuche". Ambos fueron acusados el 2002 de incendiar un camión forestal en las cercanías de su comunidad, Antonio Ñirripil, de Temulemu, en la comuna de Traiguén. Pese a que negaron tajantemente su participación en los hechos que se les imputaban y al no existir pruebas concretas que acreditaran la intervención de los hermanos, fueron de igual modo condenados por la justicia a cinco años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. Y como es costumbre en causas que involucra a comuneros mapuche, que se oponen al avance de las empresas forestales en sus territorios, el proceso estuvo plagado de irregularidades. Siendo esta última jugada la coronación del proceso judicial para calificarlos como autores del delito de incendio en el que resultó destruido un camión forestal que prestaba servicios al Fundo Nancahue, de propiedad del abogado, latifundista y ex ministro de estado de Patricio Aylwin, Juan Agustín Figueroa Yávar.
Es así que a fines del año 2003, Pascual y Rafael fueron declarados "prófugos" por la justicia chilena y se dictó órdenes de búsqueda y captura inmediata. Disposición que obligó a Rafael a cumplir condena en prisión, mientras que Pascual optó por cruzar la frontera para solicitar refugio político en Argentina.
Pero no sólo los hermanos Pichún han sido víctimas de una severa persecución judicial y política sino también otros miembros de su familia, entre ellos su padre un reconocido lonko de la comunidad, Pascual Pichún Paillalao, se han visto envueltos en esta casería comandada por ese entonces Presidente Ricardo Lagos. No por nada este ex mandatario se ganó el apodo de ser "el padre de la criminalización mapuche"
La experiencia de privación de libertad de su padre y hermano sumado a su repentina lejanía para no ser víctima de la misma persecución política, no significó una de las mejores pruebas que este joven comunicador mapuche debió afrontar estos últimos años en un país que no era el suyo. Al referirse a este tema Pascual no duda en señalar lo complicado del proceso que debió afrontar, el hecho de tener que vivir el autoexilio no es fácil, alejarse de la familia, de la comunidad y del país no es algo que se lo hubiera planteado. Este último año lo calificó como el más complejo de todos, pasó por una fuerte crisis existencial que ya no le encontraba sentido el permanecer en Argentina pese a estar estudiando una carrera profesional, el estar desarrollándose como comunicador y futuro periodista y tener varios proyectos a futuro. Nada de ello era suficiente para él, sentía la necesidad de saber y vivir lo que estaba sucediendo acá, de experimentar en carne propia los procesos que se venían sucediendo en su comunidad.
"Había un sentimiento latente que no podía pasar por alto, un tema de conciencia, la necesidad de aportar en algún sentido a esta lucha desde el lugar que me corresponde y no desde la distancia". Sí bien en Argentina existe instancias de reivindicación, son otros los procesos que se viven allá argumentando: "Con esto no quiere decir que no me identifico con la lucha que se da en Puelmapu (Argentina), el tema es que no me sentía tan comprometido como pudiera sentirme con la situación de demanda que vive el pueblo mapuche en Chile".
Aunque la meta inicial para volver al país era terminar sus estudios de Periodismo, que inició en la Universidad Nacional de La Plata, con el correr del tiempo la situación se volvía cada año más dificultosa, señalando: "Fueron siete años muy duros en términos afectivos, emocionales y sobre todo en el plano familiar. Esto último acabó por convencerme que debía regresar, y con ello dar por cerrado un ciclo y a la vez sentía que debía darle un giro a mi vida".

El día de la detención

Llevaba una semana en el país, antes de su detención, tiempo que estuvo refugiado en su comunidad en Temulemu de la comuna de Traiguén, según nos relata Pascual fueron días tranquilos que aprovechó para compartir con el círculo más cercano de la familia. Sin embargo, lograron percatarse de movimientos y la presencia de personas extrañas en las cercanías del lugar, pese a ello no significó mayor riesgo su estadía en el sector. Por lo que decidieron días posteriores bajar a Temuco con su hermano Rafael, con la idea de adquirir una manta (makuñ) para Pascual. Se venía la celebración del gijatun en la comunidad y como no contaba con su makuñ optaron ir por uno al mercado de Temuco.
Fue en ese momento, al salir del mercado en pleno centro de Temuco que dos carabineros se acercaron directo a detenerlo. No fue un control de identidad rutinario como quisieron hacer ver, con esto se descarta automáticamente la hipótesis de que su detención se realizó mientras Pascual participaba de una manifestación en las afueras de la Subdirección Nacional Sur de CONADI en dicha ciudad. Según nos relata: "Personal de la policía llegó directo a mí". No obstante, era una situación para la cual estaba preparado, porque sabía que algo así podía suceder en cualquier momento, por la misma razón guardaba consigo la cédula de identidad de su hermano Rafael. En el caso de necesitar identificarme ante carabineros, tenía claro que es lo que debía hacer.
El escenario vivido por los hermanos Pichún ese viernes 26 de febrero según nos precisa Pascual fue el siguiente; "se acercaron directo a mí dos carabineros de servicio cuando salía del mercado, y la primera reacción de ellos fue llamarme Pascual, seguido solicitaron mi identificación y les facilité el carnet que portaba. Ellos lo miraban y me miraban a mí y no se convencían de que yo era Rafael. Tanto así, que en reiteradas ocasiones mientras me interrogaban se referían a mi llamándome Pascual con la idea de que reconociera de que era Pascual y no Rafael como les quise hacer entender. Con ese diálogo estuvimos por horas en la 2ª Comisaría de Temuco, hasta que llegó personal de criminalística quien realizó la verificación de huellas dactilares y determinó finalmente que yo sí era Pascual".
A esas alturas ya no había nada que hacer, sólo reconocer quien era. Pese a la compleja situación en la que se encontraba, siempre se mantuvo tranquilo y muy firme en sus declaraciones, según nos relata el comunicador.
En un escenario tan complejo para un denominado "prófugo" de la justicia chilena, era de esperarse que algo así pudiera ocurrir. Tanto así que al tomar la decisión de volver, Pascual lo hace asumiendo todos los riesgos que ello significaba, como el ser detenido una vez que cruzara la frontera o en cualquier momento o lugar. Dejando en claro que su intención jamás fue mantenerse oculto, sí decidió retornar era con la idea de poder transitar tranquilo, por lo mismo jamás asumió el hecho de ser tildado como un prófugo de la justicia.

La solidaridad anula fronteras

Una vez que la detención de Pascual Pichún fue noticia en los medios alternativos y circuló por todas la redes mapuche, despertó de inmediato las muestra de solidaridad en ambos lados de la cordillera. Los numerosos gestos de apoyo desde Argentina no se hicieron esperar surgiendo iniciativas en plataformas virtuales como facebook, en donde se creo el grupo "Pascual Pichún estamos con vos", para solicitar adhesiones las que ya suman cerca de mil 500. A ello se integra la creación del http://pascuallibre.blogspot.com/ el que hasta la fecha cuenta con alrededor de 4 mil visitas.
Al comentarle a Pascual los gestos de solidaridad que generó su situación se muestra sorprendido, guardando unos minutos de silencio, (…) Pascual contra pregunta ¿es mucho el apoyo? Sin poder dimensionar las demostraciones de cariño que despertó su detención en Chile, lo sorprende porque no se esperaba que después de tantos años fuera, su regreso y posterior prisión generara tal revuelo. Pese a sentirse agradecido por el apoyo que está recibiendo, hace hincapié que más que un respaldo hacía él, lo que espera es que exista una real toma de conciencia de la situación que enfrenta el pueblo mapuche hoy en día. Más allá de su caso en particular él espera que exista un compromiso efectivo, no tan sólo desde la sociedad civil sino también desde el mismo movimiento mapuche con el pueblo en su conjunto.
Lo que sí reconoce y que no le sorprendió saber, fue el respaldo generado desde Argentina porque de alguna forma se lo esperaba, los lazos de amistad y compañerismo que logró establecer durante su estadía en el vecino país eran su carta más segura. Lo que jamás pasó por su cabeza es que se estableciera una especie de coordinación desde ambos lados de la cordillera para lograr su libertad.
Hoy Pascual Pichún se encuentra recluido en la cárcel de Traiguén, cumpliendo condena, de cinco años, por un caso ya juzgado. Según el abogado del Observatorio Ciudadano, Ernando Silva, mientras no se pueda acceder al expediente no pueden tomarse medidas en términos de su condena y las posibles salidas administrativas a las que pudiera acogerse, ya que no existe claridad de la situación actual de Pichún. No obstante, no se descarta la posibilidad de solicitar por medio del abogado que lleve el caso la prescripción parcial de la pena para lograr su libertad.
En el caso se ser acogida la petición de prescripción parcial, este joven comunicador no desecha la intención de volver a Argentina. Aunque en estos momentos le resulte difícil pensar en esta posibilidad, argumentando que aunque no lo descarta tampoco podría asegurarlo. "Soy una persona que necesita estar en movimiento, sí volviera no sé sí lo haría para quedarme". Fueron siete años de exilio, un tiempo no menor y que sirvió para establecer lazos de amistad, afecto y comprometerse con causas comunes, como es la lucha del movimiento indígenas en Argentina.
Sí bien no existen puntos de comparación entre la persecución que puedan sufrir algunos integrantes del pueblo mapuche por parte de los Estados tanto en Chile como en Argentina. Es posible apreciar que el clima de hostigamiento en Argentina en términos de lucha, no llega al grado de tensión generado en Chile, desde el punto de vista de la criminalización y judicialización que debe enfrentar el movimiento mapuche por la exigencia de sus derechos y reivindicación de sus territorios ante el gobierno. Según la percepción de Pascual en el país vecino existe más apertura desde el Estado para tratar los temas relacionados con los pueblos indígenas que habitan la región, además de contar con un ambiente de solidaridad desde los más variados sectores de la sociedad argentina que no dudan en ir en apoyo con los movimientos indígenas del país.
En cambio en Chile el escenario es muy distinto; "acá no existe un real compromiso social, pareciera que la sociedad chilena quedó moldeada al sistema dictatorial y les cuesta desmarcarse de esa parte de la historia. Sin embargo, no se puede ignorar que día a día son más los mapuche que adquieren un grado de conciencia, de convicción y buscan comprometerse con esta lucha. "El que sean jóvenes los que asuman y toman conciencia de lo que significa ser parte del pueblo mapuche más allá de llevar un apellido no deja de ser gratificante", enfatiza Pichún.
Pese a asumir las consecuencias que acarreó su reingreso al país este joven comunicador mapuche, no deja de sentir desconfianza por seguir siendo perseguido en un futuro por ser quien es. Más que miedo es preocupación la que él siente. "Mal que mal la cárcel es difícil, no es una escuela como se dice responsablemente por ahí. Mi aprensión parte por no poder realizarme como persona en el ámbito profesional, laboral y familiar". El no tener pareja, en estos momento, es de gran ayuda porque no hay familia de por medio, sí la hubiera señala que habría pensando mejor la posibilidad de volver. Sin embargo, es de los que piensan que se deben tomar todos los caminos que se presentan en la vida, tanto así que las decisiones que elige la hace por lo que siente, piensa y cree. Siempre con la idea de ser un aporte, pensando en un futuro para no lamentarse ni mucho menos avergonzarse de no haberse comprometido cuando tuvo la oportunidad