viernes, 31 de marzo de 2017

El tarifazo permanente de Aranguen



El ministro de energía y minería Juan José Aranguren acaba de anunciar un tarifazo en el gas, que llegará al 40% en el mes de abril. No será, sin embargo, el único aumento del año. En lo que ya constituye un ´tarifazo permanente´, Aranguren anunció un nuevo aumento en noviembre de este año y otro en abril del 2018. Sumado todos los aumentos, el tarifazo anualizado rondará el 120%. Esta cifra, sin embargo, podría ser mayor por el efecto de la dolarización de la tarifa. Un salto en el tipo de cambio impactará directamente en la tarifa.
Aunque el gobierno defendió este tarifazo en cuotas en nombre de favorecer las inversiones en materia energética, las empresas de distribución y transporte de gas ya han hecho saber que sus planes de inversión serán postergados nuevamente. Así, al tarifazo se le suma la huelga de inversiones.
Mientras las empresas beneficiadas con el tarifazo siguen sin invertir un peso, el ministro Aranguren continúa con el negocio de importación de gas, que tiene como principal beneficiaria a la holandesa Shell, que lo supo tener como jefe máximo en el país. Del total de u$s 700 millones de importaciones de gas previstas, a la empresa Shell le corresponden unos u$s 265 millones. Ahora sabemos por qué la monarquía de Holanda le dio tan buen trato al matrimonio presidencial.
Los aumentos del gas, sumados a los ya ejecutados en las tarifas de luz y agua, contrastan con las paritarias del 19% que Macri y Vidal le quieren imponer a los docentes, o con el 20% que Armando Cavalieri firmó con las patronales de comercio. Estos tarifazos echarán más leña al fuego de la inflación, que ya ha superado largamente el pronóstico inicial del 17 o 18% anunciado por el Banco Central.
Rechazamos el tarifazo, reclamamos su anulación y planteamos la apertura de los libros de todas las empresas energéticas para conocer sus costos y sus beneficios, poniendo de manifiesto el saqueo llevado adelante durante todos estos años. Es necesario proceder a una reorganización integral de la industria energética, apartando a los vaciadores y estableciendo una nacionalización bajo control de los trabajadores.

Gabriel Solano

La candidatura de Cristina

La candidatura de Cristina no sólo es una cuestión del PJ. Caracterizarla, interesa también al desarrollo de una conciencia política de clase de los trabajadores, incluyendo las estratégicas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y más allá de ellas.
Partamos de la base: la derrota de Daniel Scioli (el candidato más probable, incluso para el Departamento de Estado) obligó a un cambio en la hoja de ruta para llegar al mismo destino: la descarga de la crisis y bancarrota que dejó el kirchnerismo sobre las espaldas de las masas. Cristina, desde su derrota en 2013 ante Sergio Massa, empezó ella misma la tarea de “devolver a Argentina” a los mercados mundiales mediante la cancelación usuraria de deuda con el Club de París, la escandalosa indemnización a Repsol, el pacto YPF-Chevron y el comienzo de paritarias a la baja y el impuesto al salario. Le preparó el terreno a Mauricio Macri y a Scioli, que ganó en primera pero perdió en segunda vuelta. Esta comprensión es decisiva para discutir entre los trabajadores el carácter y los problemas que plantea la candidatura de CFK.
Con Scioli, Cristina habría tenido un salvoconducto judicial sobre la enorme corrupción K y el pasaje más o menos indoloro del kirchnerismo al PJ. Se hubiera realizado en una transición con el peronismo en el poder. Macri, a cargo del poder y sin espaldas políticas propias para llevar adelante la tarea, apeló a la división del peronismo por medio de la caja del poder, a la coalición ley por ley con el massismo y las alas del PJ, y a sucesivas negociaciones y pactos con los gobernadores. La Vidal reprodujo de manera ampliada esa política apelando a un pacto permanente con el FR al que le cedió la presidencia de Diputados bonaerenses con Jorge Sarghini, se valió de la ruptura en tres del FpV y fue cooptando y pactando con intendentes peronistas.
El impasse del gobierno Macri, las descomunales movilizaciones obreras y populares de marzo, y -en particular- la gran huelga docente, han puesto de relieve un enorme descontento popular que ponen en crisis el armado electoral de Cambiemos (hasta ahora sin candidato a Senador), por un lado. Por otro, le han dado al “volveremos” de un FpV en desintegración, un punto de reagrupamiento y especialmente alrededor de la candidatura de CFK.

Con el PJ

Frente a este cuadro, la política kirchnerista ha sido cerrar filas y no romper con el desprestigiado y fracturado aparato peronista. Al contrario, Máximo Kirchner se ha pronunciado por la unidad del peronismo y empujó la foto de San Vicente con todas las fracciones, para dar la señal de que Cristina está dispuesta a negociar toda su situación, judicial y política, a partir del PJ. La primera conclusión para la clase obrera es que el kirchnerismo, que gobernó con la burocracia sindical, con los Insfrán y los “Barrick”Gioja; ahora vuelve, debilitado, sobre los mismos pasos.
Los distintos grupos del peronismo bonaerense, desde los alineados kirchneristas directos como Jorge Ferraresi y Patricio Mussi (intendentes de Avellaneda y Berazategui), el grupo Esmeralda de Insaurralde y otros, el tándem Magario-Espinoza o Katopodis de San Martín, todos quieren meter mano en el armado de las listas, lo que transformaría a la candidatura de Cristina, esencialmente, en mascarón de proa del PJ. Florencio Randazzo opera para enfrentar a Cristina o para condicionar su posición, lo mismo que hace Urtubey en el orden nacional del PJ. Pero para la mayoría del peronismo, el kirchnerismo es cosa del pasado, de la que hay que salir definitivamente.
Esta comprensión y la nueva etapa de crisis del gobierno Macri abierta este año han llevado a Emilio Monzó a reiterar la necesidad de reforzar la pata peronista de Cambiemos o incluso a plantearse un gobierno de coalición después de octubre. Por ahora sólo cuentan con Eduardo Duhalde y su desprestigio para una operación de este tipo. El PRO y Jaime Durán Barba también rechazan la perspectiva y apuestan fuerte a la derrota de la huelga docente para conferirle autoridad al gobierno.
Esto se aprecia en otro andarivel, tal vez el que más importa, que es el de la burguesía de carne y hueso. Las escuchas últimas expresan el resentimiento de Cristina con la UIA. Al mismo tiempo, la UIA atraviesa por estas horas una crisis interna por el tipo de cambio, la complacencia con los permisos de importación, el reclamo de más compensaciones o incluso un tipo de cambio diferenciado para las economías regionales (Aldo Pignanelli). Justamente, CFK habla de que el dólar debería estar a 20 pesos en una de las escuchas en las que despotrica contra la UIA como amante despechada.
Carlos Pagni, de La Nación, se quejó del apoyo a la movilización del 7 de marzo, que terminó con la rebelión contra el palco, por el apoyo recibido por parte de la Came y “algunos dinosaurios” de la UIA. La ex presidenta puede querer cabalgar en las disidencias de la burguesía, que pretende ajustes frente a la crisis industrial y de importaciones, sin por ello cuestionar todo el rumbo hacia el capital financiero, el ajuste fiscal y la ofensiva contra los convenios y salarios, algo que la dama de Calafate comparte también.
El hecho de que el Movimiento Evita plantée que CFK dé un paso al costado y ahora se sume Axel Kicillof a la propuesta, indica la trituradora y el tobogán irremediable en el que están los “nacionales y populares”, aunque la crisis del gobierno Macri los revitalice en las encuestas. Guillermo Moreno dispara todo el tiempo que “no empujamos a Macri, lo nuestro es mostrar el modelo alternativo para volver en 2019”. A buen entendedor, pocas palabras: acompañamos el ajuste desde una postura opositora y después pedimos el voto. Pero Massa ha retrocedido, justamente, por esa postura.
En resumen, la candidatura de CFK concurre a servir a la unificación de un PJ comprometido hasta los tuétanos con el ajuste. Si no va, es para evitar su fractura.
La izquierda tiene una enorme oportunidad si la sabe aprovechar. Se mostró el 24 de Marzo, donde pudimos convocar un campo de masas imponente de la izquierda en independencia política del kichnerismo, en nuestro caso, la mayor columna del PO en la historia de los 24. Para intervenir con una política común en torno del paro activo nacional y el plan de lucha, por la victoria de los docentes y AGR-Clarín, de frente único para poner en pie al movimiento obrero y ocupar toda fábrica que cierre y, para articular esa intervención con la alternativa política de la izquierda y los trabajadores mediante listas comunes, hemos propuesto al FIT un congreso del movimiento obrero y la izquierda.

Néstor Pitrola

Feroz represión policial en comedor de Lanús



Un operativo policial atacó salvajemente el merendero "Cartoneritos", resultando heridos niños, adolescentes y adultos entre los cuales había una mujer embarazada.

Vecinos de Villa Caraza e integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunciaron un feroz operativo en el cual efectivos policiales -que habrían sido supervisados en persona por el secretario de Seguridad local Diego Kravetz- irrumpieron arrojando gas pimienta y disparando en un comedor lleno de niños y adolescentes. Una mujer embarazada debió concurrir al hospital por presentar pérdidas luego de la represión, al igual que otras personas que resultaron heridas.
“Hubo una irrupción absolutamente incomprensible e ilegal en el comedor" expresó el dirigente del MTE y la CTEP Juan Grabois. "Secuestraron a cuatro personas, dos de ellas menores, que no nos dicen dónde están. Fue la policía local y estaba presente en el operativo Diego Kravetz, secretario de Seguridad, según los testigos. Golpearon con bastones, balas de goma, también tenemos perdigones de balas de plomo. Tiraron gas pimienta y hay varios pibes con cuadro de intoxicación”, agregó.

Corresponsal LID Lanús

Comunicado emitido por la organización que gestiona el comedor:

#URGENTE - REPRESIÓN EN UN COMEDOR DE LANÚS

Hace instantes en un merendero “Cartoneritos”, del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en Villa Caraza, Lanús, irrumpieron violentamente, sin explicación alguna, y reprimieron a mansalva a niños y adolescentes, rompieron todo el comedor, tiraron gas pimienta. Hay chicos lastimados y detenidos.
Hacemos responsables a la policía de la Provincia de Buenos Aires, al Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, que hace tiempo viene hostigando a nuestra organización, al intendente Néstor Grindetti, a la Gobernadora Eugenia Vidal y al secretario de seguridad de Provincia Cristian Ritondo, por los hechos.
Están desaparecidos Rodríguez Emilio Maximiliano y dos pibes más. En este momento los vecinos están concentrando en la comisaría.

Contacto de prensa:
Nicolás: 11 6370-4605
Diego: 11 6865-2288

Alerta por amenaza de desalojo en AGR-Clarín



Comunicado de los trabajadores

Hace instantes, a los trabajadores de AGR-Clarín, nos ha llegado información de diversas fuentes que indicarían la posibilidad de que, desde la madrugada, comience un sitio represivo sobre la planta para en las primeras horas de la mañana proceder a un desalojo.
La nueva amenaza se da a horas de un plenario que hemos convocado los obreros para convertir en activo el paro general del 6, y cuando nos aprestábamos a hacer pública nuestra convocatoria a realizar un cacerolazo nacional contra el ajuste el mismo 6/4 a las 19 hs.
Justamente en el día de hoy Pablo Viñas ratificó ante la justicia la denuncia realizada por el audio en el que se mencionaba la posibilidad de un desalojo combinado entre barras y gendarmería, y en su declaración dejó asentada la hipotesis de que incluso haya algun sector de la justicia que ya tenga un acuerdo prefabricado con la empresa para organizar un desalojo.
En el día de hoy también nos anoticiamos de una desición escandalosa de la Sala C de la Cámara Civil: que el interdicto de posesión que fuera presentado por Clarín, casualmente en la misma fecha en la que nos llego el audio que avisaba sobre el reclutamiento de barras para un desalojo, tras boyar por varios juzgados sin que ningún juez lo tomara, finalmente fue adjudicado por esta Sala de la Cámara Civil al juez titular del juzgado Nro 101, Dr Alejandro C Verdaguer, quien se había excusado de tomar la causa por ser hermano de un gerente que ocupa un "alto cargo en el Grupo Clarín". Insolitamente la Cámara fundamenta su desición en que dicho gerente no es de AGR sino del Grupo Clarín, sin reparar en que la empresa y el grupo que integra tiene exactamente los mismos accionistas, es decir, los mismos dueños.
Los trabajadores consideramos que estamos ante dos hipótesis, un desalojo en primeras horas de la mañana, o la posibilidad de que estén jugando a "Pedro y el lobo" para un desalojo otro día.
Convocamos a todos los trabajadores y organizaciones a reforzar sustancialmente la guardia con una vigilia desde esta misma noche en la planta de AGR-Clarín, en Corrales 1393 para reforzar la solidaridad de los trabajadores con la ocupación de la gráfica, que enfrenta la política flexibilizadora que el gobierno nacional y las patronales quieren imponer a toda la clase obrera en el país.
Hacemos responsable a Patricia Burlich y el gobierno de Macri de cualquier intento represivo con fuerzas de seguridad policiales o parapoliciales y sus derivaciones. Reclamamos la reincorporación de todos los trabajadores y la reapertura de la planta.

Comisión Interna de AGR-Clarín, ocupada por sus trabajadores

Pablo Viñas, secretario general: 1141777168
Marcelo Quintero, secretario adjunto: 1140998089
Sebastián Maritan: 1531538395
Gerardo González: 1551021479
Daniel Ibasca: 1562215797
Diego Miranda: 1528392784

Muerte en el piquete: la responsabilidad del gobierno y los empresarios



En el marco de la jornada de paro regional de la CGT San Lorenzo –que contó con una importante adhesión de los obreros del Cordón Industrial y la realización de varios cortes de ruta en la zona– el trabajador Jonathan Gardini perdió la vida al ser atropellado por un camión que atravesó el piquete en el que se encontraba. La cadena de responsabilidades que llevó al siniestro asciende hasta las patronales aceiteras de la zona y a los gobiernos provincial (del socialista Lifschitz) y local.
El hecho sucedió alrededor de las 4.30 de la mañana, cuando el camionero pasó el corte en el cruce de las rutas provincial 10 y nacional 11, se trasladó a la playa de la destilería, desenganchó el tanque del acoplado y volvió a alta velocidad hacia donde estaban los trabajadores, dejando un saldo de cinco heridos y un muerto. La CGT San Lorenzo ha planteado cinco días de duelo.
Aunque las patronales y los gobiernos estaban anoticiados del paro desde hacía 15 días, cuando fue resuelto en un plenario de la CGT local, no se dispuso el cese de tareas; al momento de las protestas, las banquinas del cordón estaban abarrotadas de camioneros que venían a nuestra zona a descargar. Cínicamente, la propia Cámara de la Industria Aceitera declaró a medios locales: “veníamos advirtiendo en los últimos días que esto podía suceder“.
La responsabilidad de los gobiernos se ve también en el accionar de la policía y la Gendarmería: mientras que numerosos efectivos se hicieron presentes en los piquetes para filmar y tomar fotos de los trabajadores en protesta, no fueron capaces de organizar el tránsito y evitar esta situación.
Con su accionar persecutorio, los mandatarios se suben a la oleada de hostilidades contra los que luchan en las calles. Buscan enfrentar un importante proceso de movilización obrera: la jornada de hoy contó con bloqueos en cinco puntos del Cordón Industrial, con el reclamo de $27.000 de básico y ningún despido más, y el corte de trabajadores de General Motors en el ingreso a la planta de Alvear, donde hay 350 trabajadores suspendidos, que logró frenar el ingreso a la fábrica.
Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con la familia de Jonathan Gardini y exigimos que se investiguen todas las responsabilidades frente a su muerte. No solo debe ser detenido el camionero que manejaba el vehículo, sino que se debe avanzar sobre toda la cadena de responsabilidades, comenzando por la patronal aceitera –a la cabeza de los pulpos agroexportadores del país.
El Ministro de seguridad de la provincia y el Gobierno tienen que rendir cuentas frente a las órdenes que orientaron el espionaje pero no respondieron frente al caos vehicular.
Ahora más que nunca hay que convocar a un Plenario Regional del Sur de la Provincia para que el paro del 6 de abril convocado por la CGT nacional sea un paro activo, con asambleas en cada lugar de trabajo, por el conjunto de las reivindicaciones que levantaban Jonathan y sus compañeros.

Investigación y justicia por Jonathan Gardini
Por $27.000 de básico a todos los trabajadores de la región.
Ni un solo despido más. Abajo el ajuste.

Jorgelina Signa

Conflictos y luchas aquí y allá

Panorama sindical

Al finalizar su visita oficial a Holanda, Mauricio Macri se refirió a la conflictividad social en las calles del país y aseguró que esta situación “influye” para la demorada promesa de arribo de inversiones, al ser consultado sobre “lo conflictiva que está la calle” con “los paros y protestas”.
Seguramente habrá venido a su mente “la batalla” docente como él mismo la ha denominado o el demorado paro de la CGT convocado para el próximo 6 de abril. Sin embargo, la geografía nacional se encuentra sembrada en una serie de conflictos que han tenido menos trascendencia pública.
La caída de la demanda, la acumulación de stock por falta de ventas y el aumento en los costos de producción, son los tres motivos que aduce Cerámica Cortines para detener completamente la producción por abril y suspender a la totalidad de su personal en ese lapso de tiempo.
Los empleados afectados por la decisión son 286. Desde el gremio de ceramistas confirmaron que mantendrán el salario de bolsillo de los trabajadores mientras eso suceda.
Las versiones indican que dependerá de la evolución de las ventas de las próximas semanas lo que ocurra en mayo con Cortines. En caso de que no haya un repunte es posible que continúen las suspensiones para tratar de desagotar de stock la planta.
Bajo la excusa de que ya no pueden competir el fabricante de la marca alemana Puma (Unisol) despidió de la fábrica de Sanagasta a 70 empleados, en Chilecito a 40 y en la ciudad de La Rioja echaron a 30 personas.
Previamente había cerrado una planta en San Luis. En tanto, la empresa Herzo S.A., que fabricaba accesorios para la firma, cerró su fábrica ubicada en la localidad de Concarán, en la misma provincia. Allí los despidos fueron casi 200, en una ciudad donde hay 5.100 habitantes.
El secretario de la Asociación Obrera Textil (AOT) en Catamarca, Jorge González, informó que la empresa textil Alpargatas dispuso que, a partir del 1° de mayo próximo, sus 290 empleados deberán tomarse vacaciones por el término de quince días.
“Alpargatas Textil adelantó vacaciones a todos los trabajadores y es muy posible que en Calzados Catamarca suceda lo mismo. A esto se suma que no se está vendiendo absolutamente nada, con lo cual los depósitos están abarrotados de producción”, aseveró el dirigente.
Además, afirmó que, desde el año 2015 hasta la fecha, el sector textil en Catamarca sufrió el despido de más de 700 trabajadores.
En este marco, precisó que la empresa Yersiplast, “tenía 120 obreros y, en menos de cuatro meses, quedó con 20 trabajadores y tiene a prácticamente todas sus maquinarias y locaciones a la venta”.
Este lunes un grupo de trabajadores que aún no fueron reincorporados a sus puestos dentro de la avícola Cresta Roja se acercó a los portones de la planta 2 situada en Esteban Echeverría para realizar un bloqueo exigiendo que se cumpla con el ingreso de todos los trabajadores.
La Policía Bonaerense desalojó los portones y un representante de la empresa salió a decir que no hay tareas para darles, por lo que deberían esperar al plazo fijado en el juzgado que quedó establecido en junio de este año como fecha límite. Ante esta situación, los trabajadores montaron un acampe en el ingreso que da a la autopista Ezeiza-Cañuelas, declarando que lo mantendrán hasta ser reincorporados.
Al interior de la planta, los trabajadores efectivos que ya fueron reincorporados exigieron explicaciones ante la negativa que les dieron a sus compañeros de afuera. Al mismo tiempo rumores sobre el no pago de las indemnizaciones adeudadas desencadenaron un paro de toda la producción.
Los petroleros de Chubut están en pie de guerra. Las discusiones con funcionarios de la Nación y la provincia para alcanzar un acuerdo por productividad similar al de Vaca Muerta se estancaron y los jefes gremiales ya prevén anunciar medidas de fuerza para los próximos días.
“Vamos a terminar de manera conflictiva. No le veo mucha salida porque Nación insiste en priorizar la Cuenca Neuquina sobre la del Golfo San Jorge. Ya dejamos en claro que no vamos a aceptar la flexibilización laboral, así que el jueves se terminan las negociaciones” , anunció Jorge “Loma” Ávila , secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut.
En la misma línea se expresó José Lludgar , líder de los petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral. Los dos sindicalistas mostraron su desconfianza a un acuerdo del estilo Vaca Muerta y exigen garantías mínimas: una cláusula antidespidos y la continuidad de las tareas en todas las operadoras. Ávila denuncia una abrupta caída de las inversiones privadas y el inminente despido de al menos 1.800 trabajadores como consecuencia de la transferencia de inversiones del Grupo Techint de Chubut a Vaca Muerta donde rige el convenio “flexible” firmado por Pereyra.
Como ejemplo de esa “transferencia de recursos” que denuncia, el gremio asegura que la empresa Tecpetrol acaba de enviar telegramas de despido para 213 trabajadores y en simultáneo anunció una inversión en Vaca Muerta de 2.300 millones de dólares.
La firma Atanor que despidió 80 empleados de su planta de Baradero, ahora está importando lo que se producía en esa ciudad. Varios cientos de trabajadores se agolparon el martes en las puertas del Ministerio de Trabajo para reclamar la intervención de las autoridades.
Los manifestantes apuntaron contra la inacción de la cartera que conduce Marcelo Villegas que no toma medidas ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada para resolver el conflicto, que se suma a varios otros que jaquean ese distrito bonaerense.
“Es una localidad que viene castigada por la falta de trabajo, suspensiones y planteos de recortes salariales de hasta 35%, como el caso de CArboClor”, denunció Néstor Carrizo, del sindicato de petroquímicos, presente en la marcha.
También Ingredion despediría a 74 empleados de su planta de Baradero y 112 en la de Chacabuco; en dicha ciudad el miércoles a la noche el SOERM se movilizó y copó el recinto legislativo.
“Vienen por el sindicato y por los convenios colectivos de trabajo, por la flexibilización laboral”, es la frase que reiteran una y otra vez desde el sindicato refinero porque no solo se trata de los despidos sino de modificar las condiciones de trabajo y discutir paritarias con bajos porcentajes.
El preventivo de crisis se traduce en los 186 despidos entre Baradero y Chacabuco, el pago de horas extras al 100% y no al 150% los domingos y feriados, pasar de cuatro a tres turnos, flexibilizar el trabajo para que cualquier operario realice cualquier tarea y cambiar el período de vacaciones por fuera de los tradicionales meses de enero y febrero.

Arremetida flexibilizadora

A las causas reales, se suman las maniobras que están haciendo muchas empresas para justificar la pérdida de puestos de trabajo, suspensiones, adelanto de vacaciones, etc., con el único objetivo de acentuar la flexibilización laboral. A lo denunciado por los petroleros y los refineros se suman los trabajadores de Volkswagen donde han suspendido a más de 600 trabajadores por un año y medio pero a la vez aumentaron los ritmos de producción, eliminaron el turno noche y ahora con dos turnos producen casi la misma cantidad de unidades.
Otro claro ejemplo es el cierre de la gráfica AGR Clarín, donde ante la negativa de sus 380 trabajadores a aceptar flexibilizar el Convenio colectivo, Clarín tercerizó toda esa producción en distintos talleres donde hay trabajadores precarizados de agencia o en negro para abaratar costos e incrementar sus ganancias. En ambos casos con el aval de Macri y su Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien en el caso de AGR se ha negado durante más de 70 días a dictar la conciliación obligatoria que le reclaman los trabajadores.
El martes pasado La Izquierda Diario dio cuenta de una situación similar en Mondelez-Pacheco, donde las maniobras de autoboicot para justificar la flexibilización laboral son relatadas por sus trabajadores: “Adentro de la planta se vive una sensación de mucha incertidumbre, ya que no se entiende la cantidad de líneas paradas por semanas o algunas llegan a estar paradas hasta un mes, sin ningún tipo de explicación clara. La empresa aduce que es por el ausentismo, pero a la vez llama para “arreglar” a muchos trabajadores que no faltan nunca, denuncia también que hay muchos enfermos pero no repuso a los trabajadores que se han jubilado y ese trabajo recae en trabajadores que hacen dos o tres tareas afectando claramente su salud. Aumento de los ritmos de producción en las pocas líneas que larga. Otro argumento es que sectores como chocolate le dan en rojo, es decir hay mucha pérdida, pero son ellos los que largan líneas sin una planificación previa, sin la cantidad de trabajadores necesarios y la producción termina en palets de mercadería que son amontonados en sectores que no tienen la temperatura adecuada y los terminan tirando. La materia prima como el chocolate, que es muy cara, Mondelez la tira como si nada. Aquí hay una clara maniobra de flexibilización laboral, quieren tener pruebas de las pérdidas para justificar su accionar.”
Agregaba un trabajador de mantenimiento: “Según mi punto de vista no creo que quieran solo flexibilizar, creo que la empresa intenta tener una salida "elegante", un cierre de planta sin mala prensa a nivel regional y mundial, lo ha hecho en otros lugares del mundo, y esto encierra una serie de medidas muy bien estudiadas que vienen llevando adelante, vaciamiento y/o venta lenta y segura de sectores, eliminación de personal sin reposición, inversión en líneas nuevas y modernas pero con un grosero boicot a la producción, comprando materia prima de pésima calidad, tomando decisiones y medidas, en cuanto a la producción , extrañamente ilógicas e inexplicables para una multinacional de este nivel; todo esto, utilizado por ellos a la hora del cierre para explicar en algún comunicado oficial todos los supuestos esfuerzos económicos y empresariales llevados a cabo para sacar la fábrica adelante, no resultando como ellos planeaban y culminando en un cierre de planta por ser económicamente insostenible”.

Ataques a la organización sindical

Despidos, flexibilización y cierres van acompañados de ataques a las organizaciones sindicales.
Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo, informó el martes que la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) resolvió convocar a una medida de fuerza para este jueves 30 de marzo, que consistirá en la interrupción del servicio entre las 5 y las 7 de la mañana. El dirigente también informó que la AGTSyP resolvió adherir al paro de 24 horas convocado para el 6 de abril.
Dellecarbonara afirmó que “como denunciamos hace unas semanas, los trabajadores del subte estamos enfrentando un fallo judicial que revocó nuestra personería gremial y detrás del cual están el Gobierno y la Unión Tranviaria Automotor. A pesar de que a nadie le caben dudas de que la AGTSyP es la representación legítima y aplastantemente mayoritaria de los trabajadores del subte, la Justicia amiga del Gobierno resolvió favorecer a un gremio cómplice del ajuste como es la UTA. Tampoco es casual que el fallo salga cuando está por comenzar la discusión paritaria y en momentos en los que el Gobierno intenta debilitar el paro nacional del 6 de abril, que desde el sindicalismo combativo intentaremos convertir en una jornada activa que sea el comienzo de un plan de lucha”.
A las conocidas amenazas recibidas por el titular de Suteba, Roberto Baradel, ahora se suman las que fue objeto Marcelo Guagliardo, Secretario General de Aten (docentes neuquinos). Alrededor de las 8:00 del lunes arrojaron en la puerta de su domicilio una bala de plomo sin disparar.
Asimismo, desde hace días, a través de redes sociales Marcelo Guagliardo viene recibiendo amenazas personales contra su vida, enmarcadas en la lucha docente que lxs trabajadorxs de la educación vienen llevando adelante.

Mario Hernandez

jueves, 30 de marzo de 2017

Habla la hija de Silvia Suppo, a siete años del asesinato




La hija de Suppo, asesinada luego de testificar contra los represores de la dictadura, habló con Prensa Obrera y señaló que "aún no se ha hecho justicia".

El 29 de Marzo se cumplen 7 años del asesinato en Rafaela de Silvia Suppo, ex detenida durante la dictadura militar y testigo clave en la denominada “Causa Brusa”, un juicio por delitos cometidos por genocidas que culminó con la condena del ex juez federal y otros represores. El asesinato de Silvia se produjo poco después de conocerse la sentencia, y cuando ella debía declarar en otra causa, "Hattemer-Destéfani-Suppo", por el secuestro y torturas contra ella y su esposo, Jorge Destéfani, y la desaparición de Reinaldo Hattemer.
Desde 2010 a la fecha, solo se han condenado a dos lavacoches, acusados de ser los autores materiales del crimen; poco y nada se ha hecho para investigar a los ideólogos y mucho menos perseguir a los responsables políticos del crimen. Prensa Obrera conversó con Marina Destéfani, hija de Silvia y Jorge e integrante del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.
Siete años después del crimen, ¿cómo juzgan la situación desde el Espacio?
Nosotros creemos que aún no se ha hecho justicia. A pesar de que se hizo un juicio el año pasado, el mismo se basó en una investigación viciada por las irregularidades y delitos que cometió la policía y solo condenó a dos de los posibles responsables, cuando sabemos que hay más gente implicada.
¿Como fue el proceso judicial?
Ha sido desgastante y desmoralizante, ya que la causa tardó en ser elevada al fuero federal y luego se desdobló en dos partes, apuntando al desgaste y con el objetivo de no investigar el móvil político del asesinato.
¿Qué opinión tienen sobre el accionar policial en aquel momento?
Sobre la acción policial hemos hecho denuncias, ya que han cometido delitos e irregularidades durante la investigación: torturas y allanamientos ilegales, toma de declaraciones sin orden judicial, ocultamiento de pruebas, falsificación de actas y desprotección de la escena del crimen. Todo esto se comprobó durante el juicio.
¿Qué opinan de que Juan José Mondino, el máximo responsable de la policía en nuestra ciudad al momento del asesinato, hoy revista como “asesor de seguridad”?
Para nosotros, Mondino representa la continuidad del modelo que intentó instalar la dictadura y de las prácticas del aparato represivo, ya que luego de ser denunciado por su responsabilidad en las irregularidades cometidas durante la investigación del crimen de Silvia, ha sido premiado con un cargo en el municipio.
Al mismo tiempo, esta situación simboliza qué tipo de seguridad se valora en esta ciudad, al poner a un policía a "cuidarla", y a favor de quiénes desempeña su función, porque se estigmatiza a ciertos sectores sociales y se avala la violencia y la corrupción institucional.
Es por eso que estamos llevando adelante una campaña por su destitución, porque representa la impunidad de ayer y de hoy, e invitamos a todos a sumarse, a través de pronunciamientos públicos y juntadas de firmas.
Desde el Partido Obrero de Rafaela nos sumamos a la campaña por la destitución de Mondino y denunciamos la complicidad judicial y policial en el accionar encubridor de este asesinato. El aparato represivo que se mantiene desde la dictadura es el que se encuentra entreverado con el narcotráfico, la trata de personas y todos los negociados delictivos y fraudulentos de la provincia. Planteamos que se abran los libros de las comisarías; el control de las fuerzas de seguridad por parte de las organizaciones de derechos humanos y la elección popular de jueces, fiscales y comisarios.
Cárcel común a todos los genocidas y a los culpables del asesinato de Silvia Suppo.

Nicolás Russo, Partido Obrero Rafaela

Operativo Aprender: condiciones sociales y proceso pedagógico

Las comparaciones realizadas por el Gobierno entre la escuela pública y la privada se caracterizan por su alto grado de mala fe. Aunque la abundancia de estadísticas del Operativo Aprender pareciera otorgarle un barniz de objetividad, lo cierto es que las comparaciones parten de un principio falaz. Cualquier comparación requiere un punto de partida común. Y en el caso que analizamos, sería que los alumnos de los dos sistemas educativos que comparamos tengan las mismas condiciones sociales para llevar adelante su proceso pedagógico. Solo reunido ese requisito podría atribuirse la diferencia de rendimiento a las ventajas de un sistema educativo sobre el otro.
¿Pero acaso es lo que ocurre? Todos sabemos que no. La reciente encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio cuenta de la existencia de 13 millones de pobres y 2,6 millones de indigentes. Se trata de un tercio de la población de la Argentina. En la niñez y la adolescencia, sin embargo, la situación es aún más grave, ya que la pobreza alcanza al 50 por ciento. Cualquiera sabe que la inmensa mayoría de los pibes que reviste la condición de pobre e indigente concurre a la escuela pública y no a la privada. Su condición social precaria es un condicionante para avanzar en el proceso de aprendizaje, cuando no la causa directa que lleva a forzar el abandono escolar por la necesidad de trabajar y contribuir al sostenimiento de la familia.
Mauricio Macri y Esteban Bullrich han ignorado este realidad elemental, primero, para eludir su propia responsabilidad en el crecimiento de la pobreza y de la indigencia (¡en sólo 15 meses crearon 1,5 millón de pobres y 600 mil indigentes!), y segundo, para arribar a la conclusión preestablecida de que la mayor deserción y la repitencia que se da entre los alumnos de la escuela pública se debe a los paros docentes. El carácter capcioso del razonamiento salta a la vista. Citemos sólo un ejemplo: en el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos colegios pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, los paros docentes son mayores que en las públicas de la Ciudad. Sin embargo, la deserción es marcadamente menor. ¿A qué se debe? A que la mayoría de los estudiantes de esos colegios no proviene de los hogares más humildes de la Ciudad. Quien comparase con buenas intenciones el rendimiento de una escuela del sur porteño con el Nacional Buenos Aires debería concluir que las diferencias sociales de origen condicionan todo el proceso pedagógico.
Contra lo que se dice, la escuela pública bajo el régimen actual no ha servido para igualar las diferencias sociales de origen. Para que cumpla esa función debería haber un plan de becas para los estudiantes con menos recursos, sumado a un cuerpo docente dotado de asistentes pedagógicos en número suficiente para dar cuenta de la realidad social durísima que atraviesa a las barriadas populares, edificios en condiciones, una jornada de doble turno extendida y una educación inicial que incluya jardines maternales para todos. Ocurre, sin embargo, todo lo contrario. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO gobierna desde hace 10 años, los jardines maternales y la educación inicial dejan anualmente a miles y miles de niños sin vacantes. La jornada de doble turno es muy parcial y las becas para sostener a los pibes de menores recursos prácticamente no existen. Un plan de este tipo requeriría incrementar significativamente el gasto en educación, pero ocurre lo contrario. Con Macri, primero y Horacio Rodríguez Larreta, después, la participación del gasto educativo en el presupuesto total de la Ciudad bajó desde el 2011 hasta la fecha del 27,8 al 18,5 por ciento. Y si eso ocurre en la Ciudad con más recursos del país, es claro que la situación del resto de las provincias es marcadamente peor.
A la luz de lo expuesto, es evidente que para atacar a la escuela pública Macri y Bullrich recurren a la mentira y a la falsificación. De manera pérfida buscan eludir su propia responsabilidad para transformar a los docentes de víctimas en victimarios, y estigmatizar a los alumnos de la escuela pública, achacándoles la falta de una cultura del esfuerzo. La respuesta a esta provocación debe venir de la profundización de la lucha y la movilización de los docentes, los estudiantes y los padres de la educación pública con el apoyo de todos los trabajadores.

Gabriel Solano

Vidal ataca con el “presentismo”, pero faltó al 65 % de las sesiones en la Legislatura



Nuevo ataque de la gobernadora Vidal. Quiere imponer el presentismo, castigando a los docentes que se enfermen, mientras se ausentó el 65 % de las sesiones como presidenta de la Legislatura porteña y cobraba una dieta de 63 mil pesos. En la cuarta semana de conflicto, nuevo paro de CTERA y movilización a Plaza de Mayo. Crece el apoyo popular y los Suteba de izquierda exigen asambleas y plan de lucha nacional hasta ganar.

Durante su mandato como vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Legislatura porteña, María Eugenia Vidal, se ausentó el 65 % de las sesiones. Faltó a 74 de 133 sesiones, en el período 2012, 2013 y 2014. Con una dieta, en octubre de 2014 cobraba una poco más de 63000 pesos (sin descuentos), según el informa sitio Buenos Aires Data. Hoy su dieta es exactamente diez veces el salario de una maestra de grado. Toma sus vacaciones en México, envía sus hijos a la escuela privada y vive en un barrio lujoso mientras ataca a los docentes, amenaza con descuentos y quiere descontar los días de licencias por enfermedad.
En la última reunión paritaria convocada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Vidal ofreció el 19 % en 3 cuotas más una suma fija de $ 500 para recuperar lo perdido por la inflación en 2016. Además, intenta imponer el presentismo con un plus del 5 % para los que no falten, un grave ataque a las condiciones de trabajo y al estatuto del docente. Después de un mes de conflicto, no sólo mantiene una propuesta de aumento muy por debajo de la canasta familiar, sino que ahora propone descontar el salario a quienes tengan que tomar licencias producto de las enfermedades que la mayoría de las veces provocan las condiciones de trabajo. Hasta el 80% de los docentes reconocen que han ido a trabajar enfermos y la propia Dirección de Sanidad Escolar de la Nación reconoce que el 20% de las docentes que tienen licencias prolongadas son como consecuencias de las enfermedades derivadas del propio trabajo en el aula. Todo esto con un salario inicial de 9600 pesos, lo cual obliga a la doble o triple jornada generando estos trastornos. Mientras, los diputados y funcionarios ganan 150.000 pesos y faltan cuando quieren, sin que tengan ningún "presentismo". De esa casta de privilegiados, Vidal no dice nada porque ella vive del verdadero privilegio, el de los políticos que viven como patrones o son directamente empresarios millonarios
Imponiendo el presentismo y paritaria del 19 % a los docentes, el Gobierno busca establecer un techo salarial para que ningún gremio pueda recuperar lo perdido por la inflación que se calcula entre un 6 y 8 % para los trabajadores en blanco y más del 12 % para los que están en negro. Además, con este ataque a los docentes, no hacen más que profundizar uno de los grandes problemas de la clase trabajadora a la cual los grandes empresarios castigan con altos ritmos de trabajo provocando enfermedades incurables. A eso trabajadores "rotos" luego los tratan de echar cuando ya nos les sirven, o en el caso de los docentes pretenden castigar con descuentos por las enfermedades que ellos mismos provocan. Por eso ante este nuevo ataque del Gobierno, tenemos que unir la pelea de los docentes que defienden la escuela pública y de calidad al conjunto de los trabajadores, y las familias de nuestros alumnos; porque si ganamos los docentes, ganamos todos.

Cuarta semana de conflicto. Paro de Ctera y nueva movilización a Plaza de Mayo

El conflicto docente entró en su cuarta semana y se mantiene firme. Luego de la movilización de decenas de miles de docentes en la Marcha Federal Educativa, hoy hay una nueva marcha a Plaza de Mayo. La escandalosa oferta de Vidal y la verdadera provocación que significa imponer el presentismo, hizo estallar la bronca en cada escuela. Los seis gremios provinciales rechazaron la oferta y convocaron a parar el miércoles 29, una vez más sin anticipar un plan de lucha a la altura del ataque del Gobierno.
En los Suteba combativos se realizaron movilizaciones y asambleas masivas, donde se muestra el apoyo del conjunto de la comunidad educativa. La bronca que se expresa contra los tarifazos, las suspensiones y los despidos, hace que la lucha de los docentes tenga más apoyo popular. Las recorridas en los barrios, volanteadas en fábricas y en las reuniones con los padres se entiende que si ganan los docentes, el conjunto de los trabajadores estarán en mejores condiciones para enfrentar el ajuste. Además, a propuesta de la Lista Marrón, se realizarán cortes y actividades de difusión en distintos puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar nuestra pelea en defensa de la escuela pública y mostrar al Gobierno que mientras ellos endurecen sus ataques, los docentes redoblamos la respuesta.
Desde la Lista Marrón exigimos que Suteba y el Frente de Unidad Sindical bonaerense convoquen a un congreso o plenario provincial de delegados de escuelas con mandato para discutir y votar profundizar las medidas de lucha; y que la Ctera organice un verdadero plan de lucha donde las medidas se discutan en asambleas de base y donde se realicen acciones de lucha contundentes y masivas hasta derrotar al ataque de Vidal que es acompañado por los gobernadores tanto del PRO como del FpV.

Laura Champeau
Secretaria de Cultura | Suteba Ensenada

Las dos CTA marchan a Plaza de Mayo luego de levantar el paro

La jornada comenzará desde temprano con medidas callejeras de los docentes de los Suteba combativos. A las 15 horas se concentrarán las centrales para movilizar a Plaza de Mayo.

La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y la Autónoma, dirigida por Pablo Micheli, movilizan a la principal plaza pública del país. La jornada de protesta coincide simbólicamente con el 35 aniversario de la movilización de la CGT Brasil, un hito en el fin de la dictadura militar.
La jornada de protesta comprende el paro nacional de algunos sindicatos, como el de docentes Ctera. A la movilización se sumarán algunos gremios de la CGT dirigidos por el kirchnerismo, entre ellos el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal que comanda Víctor Santamaría. También se harían presentes los hermanos Pablo y Facundo Moyano.
Desde las 15 horas habrá una concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar. Para las 17 horas se espera que la movilización arribe a la Plaza de Mayo donde se realizará un acto.
La movilización se realiza en la cuarta semana del conflicto docente. La “nueva” oferta de Vidal resultó una verdadera provocación con la propuesta de imponer el presentismo, lo cual hizo estallar la bronca en las escuelas. Los seis gremios provinciales rechazaron la oferta y convocaron a parar el miércoles 29, pero sin plantear un plan de lucha.
En los Suteba combativos se realizaron movilizaciones y asambleas masivas, donde se muestra el apoyo del conjunto de la comunidad educativa. También se expresa un fuerte apoyo popular. En la mañana de hoy, a propuesta de la Lista Marrón, se realizarán cortes y actividades de difusión en distintos puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar la pelea por la escuela pública y mostrar al Gobierno que mientras endurece sus ataques, los docentes se plantan.
Originalmente, la medida de hoy fue convocada por ambas CTA como un paro con movilización. Pero la modalidad fue modificada el último martes, dos días antes de concretarse la jornada. En conferencia de prensa, Hugo Yasky y Pablo Micheli anunciaron que el paro se postergaba para el 6 de abril para lograr unidad de acción con la convocatoria de la CGT.
Además, explicaron que la movilización a Plaza de Mayo se sostenía como una medida complementaria en camino al paro del 6 de abril. Micheli explicó que ambas acciones se deben a que "los trabajadores, los jubilados, la clase media y los movimientos sociales están castigados por el brutal ajuste que está descargando el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales".
Un comunicado de prensa de la CTA de los Trabajadores indicó que la medida a desarrollarse en el día de hoy “tiene como objetivos exigir el cese de los despidos en el sector público y privado, la inmediata convocatoria a paritarias libres, defensa de la industria nacional, trabajo argentino y en contra de las libres importaciones y respuesta concreta a las justas demandas de los compañeros y compañeras docentes.”.
Nuevamente, como ocurrió en las anteriores convocatorias, como la Marcha Federal del año pasado, la central que dirige Yasky mezcla los justos reclamos de los trabajadores con los de los patrones bajó el eufemismo de la “defensa de la industria nacional”.
La modificación de la modalidad de la medida de lucha fue criticada desde la izquierda debido a la confusión generada entre las trabajadoras y trabajadores pertenecientes a los dos principales gremios que habían decidido parar, como la CTERA que agrupa a los docentes y ATE que comprende a estatales.
Durante el día miércoles desde las juntas internas de los organismos públicos se consultaba si se mantenía el paro de ATE Capital, que finalmente fue confirmado, pero sin ninguna preparación para que la medida sea contundente.
Frente a esto desde la Agrupación Marrón Clasista de trabajadoras y trabajadores estatales plantearon impulsar con todo el paro en común con los docentes porque es una lucha testigo: “si ellos ganan, ganamos todos”, señalaron referentes de esa Agrupación.
Además, señalaron que la perspectiva de reapertura de paritarias debe encararse con un plan de lucha común de docentes y estatales. En la movilización de hoy la Agrupación Marrón promueve que los estatales se sumen a las columnas de los Suteba combativos, como el de La Matanza dirigido por la Lista Multicolor.
La Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) decidió sumarse con un paro de 5 a 7 de la mañana, incorporando entre sus demandas el rechazo al quite de personería al sindicato. El referente de la línea B, Claudio Dellecarbonara, planteó que además de lucha contra la quita de la personería, paran por la necesidad de pelear junto a los docentes.
El levantamiento del paro para la jornada de hoy generó confusión no sólo porque se realizó sin consulta a las bases, sino también porque por fuera de CTERA y ATE Capital, que aportan el grueso de los agrupados en las dos CTA, hoy dirigidos por el kirchnerismo, los gremios del ámbito privado no tenían planteado parar debido a que no había preparación de la medida para que participen los trabajadores desde las bases.
La izquierda señaló que el paro debería haberse convocado antes para luchar junto a los docentes. “El paro no sólo llegó tarde, sino que fue levantado en pos de una movilización y de confluir con el paro del 6 de abril convocado por la CGT, medidas que resultan tardías frente al brutal ataque del gobierno contra la lucha docente”, indicaron desde la Agrupación Marrón.
Frente a la ausencia de plan de lucha, no está descartado que la conducción de las CTA Yasky quiera transformar la marcha en una expresión del “vamos a volver” como ocurrió durante la masiva movilización docente en la Marcha Federal Educativa de la semana pasada.

Redacción LID

La revista Barcelona al borde del cierre por un fallo que favorece a Cecilia Pando

Un fallo de segunda instacia obliga a la revista a pagar una suma de 70.000 pesos por una sátira publicada en 2010

La Justicia falló a favor de la defensora de los genocidas de la última dictadura militar Cecilia Pando, en una demanda que inició en 2010 contra la revista Barcelona por una satirización que hicieron de la esposa del Mayor retirado Pedro Rafael Mercado. El fallo de la Sala D de la Cámara Civil es de segunda instancia y eleva de 40.000 a 70.000 pesos la indemnización que Barcelona debe pagar a Pando. Eso, según Ingrid Beck, la directora de la revista, “implica el cierre definitvo” de la publicación. O sea: es otro antecedente grave contra la libertad de prensa.
La parodia fue un fotomontaje en la contratapa de la edición de agosto de 2010, luego de que Pando se encadenara al Edificio Libertador, sede el Ministerio de Defensa, para mostrar su solidaridad con los condenados por delitos de lesa humanidad. Pando consideró que el fotomontaje "lesiona su honra” e inició acciones legales.
El fallo de la jueza Patricia Barbieri es por lo menos ambiguo. En primera instancia, la jueza civil Susana Nóvile había ordenado una indemnización de 40.000 pesos por entender que Pando era una persona privada y no pública. En este caso, esa premisa no es compartida por los camaristas, que igual ratifican la indemnización y la aumentan a una cifra que pone a la publicación al borde del cierre. Sin embargo, en el fallo también se indica que “la indemnización no debe llegar al punto de sojuzgar al medio periodístico de manera de impedirle el cumplimiento de tan excelsa tarea”. La suma de 70.000 pesos lleva al cierre de Barcelona, que apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La jueza Barbieri cita casos de jurisprudencia de Estados Unidos y de España, respectivametne, en los que se “protege el derecho a parodiar figuras públicas” y que la “caricatura (…) contituye una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla o la ironía críticas sociales o políticas”. Pese a eso, los camaristas le dan la derecha a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.
Existe un antecedente de un fallo que perjudicó al periodista Andres Cascioli por la publicación de una carta de lectores en la Revista Humor. Su viuda y su hija se encuentran aun hoy obligadas a pagar demandas judiciales arbitrarias, luego de afrontar las deudas de una quiebra que originó el Estado que nunca le otorgó pauta oficial a esas publicaciones. Como parte de ese acoso, la editorial perdió el edificio, donde hoy funciona la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Por eso, en noviembre de 2016 la Asociación de Revistas Culutrales (ARECIA) presentó en la Legislatura de la Ciudad la llamada Ley Cascioli para “proteger y fomentar la producción independiente y autogestiva”.

Tiempo Argentino

La movilización que marcó el fin de la dictadura militar



El 30 de marzo de 1982 se realizó una enorme marcha desde la 9 de Julio hacia la Plaza de Mayo al grito de “¡Se va a acabar, se va acabar, la dictadura militar!, ¡luche y se van!”.

Resistencia obrera a la dictadura

No era la primera demostración de oposición obrera a la dictadura. Sí fue la más masiva, combativa y apoyada por el conjunto de la población que había sido pasiva hasta el momento o directamente apoyaba la dictadura militar en su época de la “plata dulce”.
Ya en 1977 hubo una oleada de luchas en el último semestre. El 1 de marzo de ese año fue fundada la Comisión de los 25, formada por varios sindicatos entre el que se encontraba Cerveceros dirigido por Saúl Ubaldini y otros que se oponían a la CGT oficial, adicta a la dictadura. La conflictividad obrera volvería a aumentar particularmente a partir de 1979, cuando el proyecto económico de la dictadura comenzaba a entrar en crisis. En enero del 79 se produjo la primera toma de fábrica y el 27 de abril se produce la Jornada Nacional de Protesta. En 1980 se desarrollan varios conflictos incluso con tomas de fábrica. En noviembre “los 25” se convierten en la CGT Brasil.
Los pequeños conflictos y reivindicaciones, y sobre todo el mantener viva la llama de la organización de los trabajadores fueron las características de la época por lo que se pagó un alto costo: el 30% de los desaparecidos eran trabajadores y que el 7% fue secuestrado en su lugar de trabajo, sin contar con la cantidad de delegados, miembros de comisiones internas, activistas y militantes obreros que fueron perseguidos y encarcelados para acallar las protestas y doblegar al movimiento obrero.

La crisis económica acecha

A comienzos de los 80, la abundancia de dólares baratos se transformó en sequía, ya que la Reserva Federal de EEUU combatía la inflación con una suba de tasas de interés, atrayendo capitales de todo el mundo. La política de peso fuerte de la dictadura se derrumbó, y sobrevino una fuerte devaluación. Pero no todos sufrieron por igual. El Banco Central comandado por Cavallo otorgó “seguros de cambio” a las deudas privadas. El Estado solventó los costos de la devaluación para los empresarios, entre ellos Franco Macri. Se estatizaron u$s 8.600 millones, es decir, el 55% de la deuda privada. La deuda pública, que en 1976 era de 8 mil millones, para 1982 rondaba los u$s 45 mil millones.
Del 29 de marzo al 11 de diciembre de 81 asume el mando Roberto Viola como primer reemplazo de Videla ante la crisis económica. Viola dio una apertura parcial a los partidos patronales para que canalizaran el descontento. Su ministro de economía Sigaut, puso de moda la frase “el que apuesta al dólar, pierde”. Ese año la inflación llegaría al 131%.
Las luchas se extendieron. En junio de 1981 los metalmecánicos lucharon contra el cierre de automotrices. El 21 de julio la CGT Brasil convoca una nueva huelga general. Comienzan a quebrar los bancos y se devalúa el dólar. El 7 de noviembre la marcha por “Paz, Pan y trabajo” a San Cayetano, organizada por la CGT Brasil y apoyada por algunos partidos políticos, reunió más de 50.000 personas. En la columna que iba a ingresar a la iglesia los manifestantes comenzaron a gritar: “se va a acabar la dictadura militar”, “que aparezcan los que no están”, “asesinos”, “libertad”. Hubo enfrentamientos entre la infantería y los manifestantes.
Ante el fracaso de Viola, lo sucede en el mando Fortunato Galtieri. Al final del régimen militar, Jorge Triaca (padre) fue elegido Secretario General del sindicato de trabajadores plásticos. En 1982 formó la Comisión de Gestión y Trabajo, que agrupaba a todos los sindicatos adictos a la dictadura junto a sindicalistas de la “talla” de Armando Cavalieri, Oscar Lezcano, Luis Barrionuevo y Juan José Zanola.
Según el historiador Pablo Pozzi “a principios de 1982 (…) Jorge Triaca, se apersonó en la seccional del gremio plástico de la zona norte del Gran Buenos Aires, y de allí fue expulsado a puñetazos por los obreros entre gritos de ‘traidor’ y ‘colaboracionista’. [...] El 5 de marzo más de dos mil personas se movilizaron a la Casa de gobierno para reclamar por los desaparecidos. El 17, durante un homenaje a Carlos Andrés Perez, ex presidente de Venezuela, el público comenzó a corear ‘¡La sangre derramada no será negociada!’ en oposición a la propuesta de establecer un acuerdo entre civiles y militares”.

Se convoca la marcha

El 30 de marzo de 1982 la movilización fue brutalmente reprimida con más de mil trabajadores detenidos, enfrentamientos callejeros con la policía, barricadas y 50 mil personas movilizadas en las calles de todo el país. La convocatoria fue realizada por la CGT Brasil. Su consigna era “¡Pan, paz y trabajo!”. La columna avanzaba al grito de “¡Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”.
Hubo tres horas de violentos enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaban llegar hasta la Plaza de Mayo y centenares de policías desplegados. Los focos en la zona de Tribunales, Paseo Colón, el Centro se extendieron hasta tarde. Desde algunos balcones les tiraban cosas a la cana. Algunos se refugiaban en bares que cerraban sus puertas a los policías.
El saldo en todo el país: un sindicalista textil asesinado en Mendoza (José Benedicto Ortiz), más de 2.500 heridos y unos 4.000 detenidos. Entre ellos el Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini y cinco integrantes de la Comisión directiva; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y un grupo de Madres de Plaza de Mayo.

El manotazo del ahogado

Luego vendría la ocupación militar de las Malvinas, la guerra y la crisis definitiva del régimen. Es indudable que la derrota militar explica su desbande, pero sostener que le debemos a Margaret Thatcher y al imperialismo británico la caída del régimen militar implica desviar los ojos de las reales luchas que en las condiciones más difíciles protagonizó persistentemente la clase obrera, luchas que pese al terror fueron progresivamente socavando las bases del proyecto dictatorial. Lo contrario de lo que hicieron los dirigentes políticos burgueses, que pese a la ilegalización de sus actividades brindaron numerosos funcionarios al régimen militar.

Gabriela Liszt

miércoles, 29 de marzo de 2017

Las mentiras de Vidal



Respuesta a las declaraciones de la gobernadora bonaerense en el programa de Jorge Lanata.

En un reportaje en Radio Mitre, la emisora paraoficial del macrismo, la gobernadora Vidal atacó con una catarata innumerable de injurias a los docentes, en un esfuerzo desesperado de deslegitimar los reclamos de los maestros y profesores y su ataque a las paritarias del sector.
En un exabrupto incalificable, puso en el mismo lugar a los policías corruptos que colaboran con el narcotráfico, que vulnera en primer lugar a la niñez, y a los corruptos que lucraron con la obra pública, que hace que los chicos se embarren las únicas zapatillas que tienen por la falta de asfalto y falten al día siguiente a clase por falta de calzado, con los docentes que hoy están haciendo paro. “¿Qué les digo a esos chicos que, encima, cuándo van a la escuela no tienen clase?”, dijo la gobernadora.
El “incisivo” Jorge Lanata no encontró necesidad, ante semejante desvarío, de formular repregunta alguna.

Las mentiras de Vidal

El embuste inicial fue la “denuncia” de Vidal de que el ausentismo es del 17 por ciento, aspecto que usó el gobierno como chantaje, para aumentar algunos pesos sobre el miserable 19 por ciento en tres cuotas a cambio de un presentismo que sólo se cobraría sin faltar un solo día, aún por enfermedad, el mismo mecanismo del llamado “ítem aula” del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, de Cambiemos. Efectivamente, tal cual se vanaglorió en todos los medios públicos el gobernador, en Mendoza los docentes van a trabajar enfermos.
La enorme mayoría de las licencias que no son enfermedades son de trabajadores que hacen otras tareas por ascensos, como directores, vicedirectores, secretarios o maestros destinados a cumplir tareas en las diversas secretarías de Asuntos Docentes de los distritos o en la administración central que, en la mayoría de los casos, también, son suplentes, porque el gobierno no sustancia la titularidad de sus nuevos cargos. Esas decenas de miles de docentes son reemplazados en sus cargos de base por suplentes.
Por otra parte, aquellos docentes que están con licencias crónicas por enfermedad, en su enorme mayoría cumplen tareas administrativas, supliendo cargos que la gobernación no habilita. Lo del ´suplente del suplente del suplente´ que esboza Vidal es una injuria completa. ¡El suplente trabaja y el suplantado también!
Para más datos, en un gremio compuesto en casi el 100% por mujeres, la licencia de seis meses de amamantamiento es sin goce de haberes: ¡si amamantás, no comés!
Además, desde la época de Duhalde (y esta gente habla de ´cambio´), las licencias son controladas por “prestatarias” privadas, que cobran fortunas.
Estas prestatarias tienen la mecánica de no dar más de tres días de licencia, desoyendo las indicaciones del facultativo para su paciente, lo cual es ilegal. Ello es así porque la Dirección de Cultura y Educación no cubre las licencias de menos de cinco días, lo que deja a los chicos sin clases y le permite al Estado ahorrarse miles de miles de pesos de salarios de suplentes híper necesarios.
¿Entonces, María Eugenia, quién deja a los chicos sin maestros?
La gobernadora no pudo, a pesar de la complacencia de los periodistas, dar cuenta de los “abusos”, salvo cuando mencionó supuestas licencias excesivas de parte de los dirigentes sindicales.
El gobierno debe abrir los libros de la administración educativa y del uso del presupuesto al control de los trabajadores de la educación, para verificar las cifras que esgrime y el uso de los recursos.

Salario

El segundo embuste fue señalar que con el “aumento” que ofreció el gobierno permitiría que los docentes alcancen salarios promedio de entre 19.000 y 23.000 pesos. Al día de hoy, sin aumento alguno, el preceptor, cargo testigo para los profesores, con 24 años de antigüedad –la máxima– gana 11.672,95 pesos. Y el maestro de grado, en la misma condición, 13.136,71 pesos. Es decir, salarios por debajo de la línea de pobreza. Con un aumento del 20 por ciento en cuotas, contra una pérdida salarial del 35 por ciento (sumando lo perdido en el 2016 y lo que se proyecta como mínimo para el año en curso), Vidal ratifica profundizar los salarios de pobreza en la docencia.
Vidal acusa a los docentes de “hacer política”. La prueba, según ella, es que los dirigentes que hoy le reclaman son los mismos que firmaron paritarias a la baja en las 14 paritarias anteriores a ella. Lo único cierto de esto es que hoy los docentes paramos, precisamente, por los salarios de miseria que la dirección provincial de Suteba acordó en el pasado y que la gobernadora pretende perpetuar.
El objetivo de la gobernación de Buenos Aires es derrotar a los docentes e imponer este operativo de pauperización salarial y de ajuste presupuestario (Vidal ya redujo en casi 17.000 millones de pesos el presupuesto educativo) porque es la punta de lanza de un ataque contra el conjunto de los trabajadores. Vidal fue muy clara en el reportaje: quiere arreglos “a la baja” como los de comercio, estatales y petroleros.
Frente a este ataque, y con la enorme energía de los 60.000 docentes movilizados a la gobernación hace menos de dos semanas, planteamos la necesidad de que la dirección de Suteba convoque a un Plenario Provincial de Delegados de todas las escuelas y de todos los turnos de los 21.000 establecimientos de la provincia, para ratificar y profundizar el plan de lucha y resolver en su seno la aceptación o rechazo de cualquier nueva contrapropuesta patronal.

Daniel Sierra

Crímenes de lesa humanidad: peligrosísimo fallo de la Corte

Cuando aún no había pasado una semana de la movilización masiva del 24 de marzo que reunió en todo el país a centenares de miles de personas, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo reaccionario y peligroso, que anticipa la tentativa de revertir los escasos avances que hubo en los juicios contra los genocidas de la dictadura. La Corte revisa un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que había establecido que los pedidos de indemnización de las víctimas de la dictadura no prescriben, por tratarse de crímenes de lesa humanidad que tienen un carácter permanente. Para la Corte, en cambio, los reclamos indemnizatorios de las víctimas civiles de la dictadura sí prescriben, aun cuando sean familiares de personas desaparecidas cuyos cuerpos siguen sin aparecer.
Aunque la Corte aclara que la prescripción establecida para el derecho a reclamar la indemnización no alcanza a los crímenes de la dictadura, no cabe duda que estamos frente a una decisión de extrema gravedad que apunta a modificar los fundamentos jurídicos que habilitaron la reapertura de los juicios contra los genocidas en la década pasada. La caracterización de que existió un genocidio (“dirigido a un grupo social específico”) cometido por el propio Estado (“terrorismo de Estado”) permitió caracterizar a los asesinatos y desapariciones como crímenes de lesa humanidad, que al ser imprescriptibles por su propia naturaleza permiten que los juicios contra los genocidas continúen aún hoy, sin que los responsables puedan invocar el tiempo transcurrido para que cese su persecución. Ahora, con este fallo de la Corte sobre la prescripción de las indemnizaciones, asistimos al primer paso para revertir esta doctrina.
Este fallo reaccionario se da en momentos de una fuerte campaña del gobierno y de los medios de comunicación por volver a instalar una suerte de teoría de los dos demonios, por la cual los crímenes de la dictadura son presentados como el resultado de una guerra entre las FFAA y organizaciones como el PRT-ERP y Montoneros. Esta campaña nació desde las entrañas del gobierno, con las declaraciones de Darío Lopérfido y del carapintada titular de la Aduana Gómez Centurión. Que no se trató de hechos aislados lo prueba que Macri rechazó los pedidos de apartamiento de Gómez Centurión. Pero Macri, claro, no inventó nada. Ya Alfonsín con su ley de Punto Final quiso establecer una fecha límite para enjuiciar a los genocidas, y con la de Obediencia Debida salvar a los mandos medios y bajos de las FFAA. Los kirchneristas reivindicaron sin decirlo esta ley nefata cuando afirmaban que Milani no podía ser responsable de crímenes de lesa humanidad porque bajo la dictadura era un `oficial joven`.
Asistimos, por lo tanto, a una nueva tentativa de impunidad, que tiene como propósito principal habilitar la participación de las FFAA en la política de seguridad interior, en línea con la política del Pentágono y la DEA, e impulsar un rearme en beneficio de la industria armamentística yanqui. En estos días se acaba de conocer la noticia que Lousteau, en su carácter de embajador ante los EEUU, tramitó la compra de armamento por u$s 2.000 millones.
Denunciamos el fallo reaccionario de la Corte Suprema y llamamos a las organizaciones de derechos humanos a realizar una fuerte campaña por su anulación.

Gabriel Solano

La “causa maldita” irá a juicio

A 41 años del golpe

La “causa maldita” para la Justicia Federal de Córdoba –según la definiera Rubén Arroyo– irá a juicio. “Maldita” porque en la llamada causa de los magistrados, los mismos funcionarios judiciales, ya en democracia, debían apuntar sobre los delitos cometidos por quienes hasta poco tiempo antes habían compartido tareas en la Justicia Federal de Córdoba.
Si nada se cruza en el camino, el 27 de abril, será la primera audiencia donde se leerá la larga lista de delitos imputados a los exfuncionarios judiciales Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo Haro. En este demorado proceso ya quedó apartado el fiscal Alí Fuad Alí y a fines del año pasado el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina.
Desde los inicios de nuestra denuncia de los fusilamientos de presos políticos en la cárcel de San Martín, a poco de recuperar la libertad y restablecerse la democracia, la Justicia Federal de Córdoba se mostró remisa a incluir a sus pares que habían tenido protagonismo en 1976 y autorizaron los traslados para la muerte, sin investigar lo sucedido.
Eran detenidos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y de la Justicia Federal de Córdoba. La “sagrada familia” cubrió a sus congéneres. Avanzó correctamente sobre la responsabilidad de militares y policías, pero lamentablemente protegió a los funcionarios judiciales. Vinieron luego las leyes de impunidad que los amparó por igual a todos los criminales.
Por intervención de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se abrió en 1998 el llamado “juicio por la verdad histórica” que documentó los crímenes en la cárcel, pero con el impedimento de juzgar penalmente a sus autores.
Anuladas las leyes de obediencia debida y punto final se reabrieron las causas. Sin embargo la Justicia Federal de la democracia, en expediente aparte, separó a los funcionarios judiciales, alguno de ellos aún con altas funciones.
En el 2010 fueron condenados militares y policías en la causa de la UP1. Pero siguieron cajoneadas las actuaciones desmembradas que incriminaban a los cofrades judiciales de Córdoba.

Dilaciones

Buenos conocedores de los pasillos y la burocracia juridicista los acusados lograron dilatar los trámites con apartamientos, recusaciones y apelaciones, especulando con el olvido, cambios políticos o la propia acción erosiva del tiempo, para seguir amparados en la impunidad que lograron mantener en estos 41años.
Un rancio tufillo de anquilosamiento pareciera rondar en algunos despachos. Algunos organismos y ámbitos impulsores de los juicios por delitos de lesa humanidad han advertido el retroceso que significa la reducción de recursos, en personal y presupuesto. Esto, al compás de reiterados pronunciamientos de altas autoridades nacionales que propugnan dar vuelta la página, para que las investigaciones no los alcance cuando se profundice en la complicidad civil, ya sea mediática, empresarial o judicial.
El freno favorecerá a quienes, ya condenados en cárcel común, van logrando la prisión domiciliaria con diversos subterfugios. El ex teniente Gustavo Adolfo Alsina, condenado a perpetuidad por los crímenes de la cárcel San Martín, acaba de obtener el beneficio por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, de la Cámara de Casación Penal.
Córdoba puede celebrar este 24 de marzo el final del juicio de La Perla. Eso se expresó con regocijo esperanzado como justa memoria en la marcha por los 30.000, el pasado viernes. Pero poniendo también en la balanza que de los 300 militares y policías identificados en la represión del terrorismo de estado en Córdoba, un 20 por ciento ha sido alcanzado por la Justicia.

Impunidad biológica

Si los procesos en curso no se aceleran, (y las maniobras para impugnar jueces ha prosperado otra vez aquí en estos días) ganará la impunidad biológica, gracias al pié del acelerador que han levantado los funcionarios judiciales para acomodar el cuerpo a la nueva situación. Nos quedará la satisfacción de lo logrado, pero también el sabor amargo de injusticias que el tiempo se llevó.
El juicio a los magistrados nos incentiva a refrescar la memoria de las complicidades judiciales, así como valorar las actuaciones firmes y comprometidas a derecho que han posibilitado hacer Justicia. Si los jueces y fiscales que ahora les corresponde actuar asumen la verdad investigada desde hace 30 años seguramente cimentarán la credibilidad en un poder judicial no pocas veces sospechado de correrse el velo. La condena de quienes sabían que sin su actuación nunca podrían haber sido asesinados los 29 presos políticos debe tener también un sentido pedagógico para la salud democrática.
Fue la coautoría civil que pocos señalaron desde el principio. Entre esos pocos, el reconocimiento a la labor de los doctores Rubén Arroyo y María Elba Martínez que con los familiares de los fusilados, promovieron las primeras actuaciones.
Miembros de destacada actuación en los juicios de lesa humanidad han adelantado opinión a favor de ex funcionarios acusados. Otros especulan con la avanzada edad o el deterioro de la salud, para que no les llegue la condena. Es la impunidad biológica, que el mismo poder judicial cordobés facilitó al dilatar el proceso.
La Justicia seguirá incompleta si no prima el espíritu de la ley; y se limita a las formalidades rituales que se acomodan a las circunstancias, como abundan en las pruebas del juicio a los magistrados.
Flaco favor a la institucionalidad democrática. Sucedió con los funcionarios judiciales que ahora van a juicio: No investigaron las detenciones sin orden judicial, que en la práctica eran secuestros; ni las denuncias de torturas en la D2 declaradas en las actuaciones judiciales de 1975.
Juraron por los estatutos de la dictadura militar que sobrepusieron a la Constitución Nacional. Sabiendo cómo fusilaban a los presos políticos, siguieron autorizando su salida del penal en ocho ocasiones posteriores. Pero además nunca investigaron estas muertes de presos bajo su jurisdicción; y profesaron ciega fe a las comunicaciones mendaces del ex general Menéndez, ya condenado a prisión perpetua por estos hechos.
Nunca ordenaron hacer autopsias, ni citaron a los militares o policías que efectuaron los traslados y los supuestos enfrentamientos. Si los funcionarios judiciales hubiesen investigado en ese momento era posible identificar a los miembros de las patrullas actuantes.
Ahora deberán responder por su complicidad, encubrimiento o incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Y esta justicia de la democracia tendrá la oportunidad de diferenciarse del negacionismo que en algunos ámbitos, también políticos, se promueven lamentablemente en desmedro de la democracia.

Luis Miguel Baronetto. Querellante. Director de Tiempo Latinoamericano, exdirector de DD.HH de la municipalidad de Córdoba

martes, 28 de marzo de 2017

Docentes: Vidal amenaza con cerrar la paritaria por decreto



Que decidan los docentes. Plenario Provincial de Delegados para reforzar el plan de lucha.

La reunión de discusión paritaria de hoy en la provincia de Buenos Aires concluyó en un nuevo fracaso. Ante la provocadora oferta de la gobernadora María Eugenia Vidal, que condicionó cualquier aumento superior a lo ya ofrecido a una reducción del ausentismo (bajo el pretexto de la “falta de recursos”), los gremios anunciaron un paro de 48 horas.
Pese a la voluntad de conciliación de las direcciones de Ctera y Suteba, que se han bajado de los planes de paro y de los reclamos originales (35% de aumento y paritaria nacional), el gobierno no se ha movido casi un ápice en la reunión de hoy de su propuesta de miseria de 19% en tres tramos, el último a cobrar en el año 2018.
El supuesto cambio en la "predisposición" del gobierno con el que se habían entusiasmado los dirigentes sindicales de Suteba tras la reunión del lunes 20 se ha revelado completamente infundado.
En este contexto, ha cobrado fuerza la posibilidad de que Vidal resuelva la paritaria por decreto. La sola amenaza de un cierre por decreto debe ser rechazada como un nuevo ataque y extorsión contra la docencia, que va contra el carácter libre que deben tener las paritarias, y que prosigue a una larga lista de agresiones que incluyeron el descuento de los días de huelga, la amenaza contra la personería de los gremios, el ensayo fallido de reclutar maestros sustitutos, y un largo etcétera.

Tregua unilateral de Ctera

La reunión de hoy estuvo precedida por enormes concesiones de las direcciones sindicales.
Luego de los 400.000 docentes en Plaza de Mayo, algo histórico, Ctera levantó el plan de paros, en una tregua que entrega todas las luchas docentes del país. Suteba, por su parte, viene desalentando los paros bonaerenses que, sin embargo, se mantienen por la movilización y presión de las bases docentes. La burocracia celeste ha inventado el método de que cada distrito comunica por WhatsApp o por mail al final del día la extensión del paro ante la falta de respuesta gubernamental sin que exista una convocatoria provincial oficial, lo cual genera confusión y busca desalentar a los huelguistas.
Esta política de desgaste ocurre cuando la mayoría de las provincias sigue en conflicto porque, como informa Clarín, hasta ahora sólo “hay seis provincias con acuerdo: San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Salta, Jujuy y Tucumán” (28/3).
La dirección kirchnerista de Ctera y Suteba hace semanas que le ha anunciado al macrismo y a todos los gobernadores que está dispuesta a tirar la toalla, cambiar los “métodos de lucha” y cerrar un acuerdo ruinoso.
Sólo lo ha impedido, de un lado, la intransigencia oficial que apuesta a una rendición incondicional; y del otro, la disposición de lucha de las bases y la influencia de los sectores combativos.
Ctera y Suteba dicen simplemente que “la situación puede resolverse si nos sorprenden con una oferta superadora” (ídem). En lugar de ofertas superadoras, Vidal empieza a amenazar con la carta del decreto.
Más aún: Ctera y Suteba han abandonado la lucha por la paritaria nacional. La misma María Laura Torre “admitió ayer que la convocatoria a la paritaria federal docente es ‘un derecho’ por el que ‘la pelea va a seguir’, pero no es un condicionante para alcanzar un acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica Salarial con el gobierno bonaerense (ídem).
En este cuadro de enormes luchas en Buenos Aires y en muchas otras provincias, entre ellas San Juan, Santa Cruz, La Rioja, Santa Fe, la convocatoria a la marcha de la CTA del día 30 de marzo, jornada en la que habría un paro nacional de Ctera, podría ser el límite de la burocracia celeste para dar por cerrada toda lucha, incluyendo la heroica huelga de la provincia de Buenos Aires.

Por un plenario provincial de delegados de escuela con mandato

El 16 de marzo, 60.000 docentes de la provincia de Buenos Aires ocuparon la plaza de la gobernación en La Plata. En la provincia hay 21.000 escuelas, la enorme mayoría de ellas con delegados y subdelegados por turno, los mismos que garantizaron la enorme movilización de ese día. Son ellos, con el mandato de sus escuelas, los que deben decidir: 30.000 delegados que, reunidos en el ámbito de un estadio o de la propia plaza de la gobernación, deben deliberar y a mano alzada ratificar la continuidad y profundidad de las medidas, hasta quebrar la intransigencia del macrismo y los gobernadores.
Es el método de los Sutebas combativos y de la Lista Multicolor, que realiza sistemáticos plenarios provinciales de delegados para resolver y votar sus planes de lucha.
Esta lucha se gana si los que deciden son los docentes.

Daniel Sierra

La Plata: la amenaza de cierre del Tren Universitario

En la edición del 27 de marzo del periódico platense El Día, un motorman denuncia el traslado de 30 trabajadores del Tren Universitario al hasta ahora inexistente tren eléctrico Roca, y señala que el vaciamiento del servicio indicaría la pretensión de su cierre.
El Tren Universitario, que une la estación del Ferrocarril Roca con el Hospital San Martín, pasando por diversas facultades, viene sufriendo este desguace desde 2014, cuando sufrió meses de parálisis por el mal funcionamiento de la maquinaria. El motorman señaló otros indicios de este proceso, como el hecho de que hace un año dejó de funcionar el sistema de cobro y nunca fue reparado.

Ningún tren a La Plata

Desde hace 18 meses, y bajo la llamada "electrificación" –el caballito de campaña de Florencio Randazzo cuando pretendía ir a internas contra Daniel Scioli–, el FFCC Roca no llega a La Plata. Los centenares de miles que lo utilizaban diariamente para viajar a la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades cercanas hoy día se ven obligados a viajar primero a Berazategui y desde allí subir al tren hacia la Capital.
De la mano de este recorte en el servicio del tren, se transitó el tarifazo al transporte que elevó un 50% el colectivo directo (Plaza o Costera), alcanzando los 38 pesos –un monto inaccesible para el grueso de los trabajadores.
De cerrarse el Tren Universitario, se agrandará aun más el colapso del transporte urbano, afectando a los miles que viajan a estudiar o van al Hospital San Martín para hacerse atender. Vale señalar que una de las líneas de colectivos que realiza un recorrido similar es la Línea Este, que se encuentra en conflicto por los embates patronales –despidos, jornadas laborales de 16 horas– contra los trabajadores.

¿Hudson?

El interrogante sobre la continuidad del Tren Universitario se suma al anuncio de que el FFCC Roca no parará en varias estaciones intermedias, como por ejemplo Hudson o Pereyra, debido a que se demorarán otros 8 meses en acondicionar esas estaciones. Los vecinos de ambos lugares han respondido a este atropello con acciones directas como el corte de vías; también tomaron medidas de lucha los vecinos de Tolosa.
Deben deliberar los trabajadores y la juventud
Enfrentar el ajuste del gobierno en materia de transporte requiere la deliberación de todos los trabajadores y estudiantes afectados: los ferroviarios, los centros de estudiantes de las facultades afectadas y la FULP, los trabajadores del Hospital San Martín, los usuarios del Roca y del Tren Universitario.
La defensa del Tren Universitario debe ligarse al reclamo por el inmediato funcionamiento del FFCC Roca y de cada una de sus estaciones. Ningún recorte de personal: el servicio necesita más trabajadores por la masividad de su uso. Reacomodamiento de las vías y una mejor señalización. Ningún tarifazo en el transporte público.

Iván Knopoff

CFK, la UIA y su candidatura



Las nuevas escuchas telefónicas entre Cristina Kirchner y su secretario Oscar Parrilli revelan, en primer lugar, cuáles son las “herramientas” del gobierno “Cambiemos” para dirimir sus disputas con los partidos del régimen. Los ex empleados de Milani se han pasado al campo del nuevo espionaje oficial, bajo la batuta de los servicios macristas y la camarilla de jueces que investiga a CFK. Si estos son los métodos que valen entre gobernantes y ex gobernantes, es fácil imaginarse de qué modo actúan los ´servicios´ contra los docentes, los trabajadores en lucha y todo el movimiento popular.
Dicho esto, la “conversa” telefónica es verdaderamente aleccionadora, en relación al kirchnerismo, su historia y sus propósitos políticos. CFK le propina una sonora puteada a la cúpula de la UIA, a la que desea una quiebra en masa como resultado de la importación masiva. Los recuerda como los que “fugaron capitales”, sin decir que esa fuga se desarrolló masivamente bajo la década nacional y popular. El de Cristina fue un reclamo despechado contra los que constituyeron su principal base social hasta 2013, gracias a la devaluación de la moneda, los bajos salarios, la precarización laboral y los subsidios que se sostuvieron a costa de impuestazos y del presupuesto público. Cuando ese régimen se agotó, los “hijos de puta” (sic, Cristina) cambiaron de frente, y se pasaron al campo de Massa y Macri. La jefa del gobierno de los que la “juntaron con la pala” les reprocha ahora su abandono.

Todos unidos

Pero más interesante todavía es la referencia a los líderes del Pejota. La “conversa” muestra, por un lado, los vínculos privilegiados que CFK continúa sosteniendo, por ejemplo, con Gildo Insfrán, el jefe de los terratenientes sojeros de Formosa y sus patotas criminales. En relación a los Gioja y Pichetto, los líderes parlamentarios del pejota y el FPV, su mensaje es claro: les pregunta si quieren “un bloque de cien o dividirse en varios bloques de veinte o treinta”. CFK le atribuye los intentos divisionistas a la “bandita” (sic) de Pichetto, Gioja y Urtubey. En consecuencia, pide la unidad con quienes acompañaron, desde el parlamento o las provincias, toda la agenda del ajuste durante 2016.
El planteo es revelador a la hora de considerar las maniobras en torno de la meneada candidatura de CFK. Un comentarista de Clarín señalaba que para la ex presidenta, “la pelea ahora es por la birome”, en relación al esfuerzo por “integrar al peronismo tradicional de la provincia con los sectores kirchneristas, dentro y fuera del PJ” (28/3).
De parte del PJ, sus jefes han insistido en el carácter distrital de las elecciones, anticipando que promoverán los acuerdos más variados en las provincias. El arco de alianzas va desde los representantes locales del PRO (como se está pergeñando en Salta) hasta La Cámpora. La “birome” de la provincia de Buenos Aires no escaparía a esta consideración: mientras discuten la inclusión de sabbatellistas y camporistas, los jefes del pejota negocian la participación en las PASO de Florencio Randazzo, quien tramita para su lista el apoyo político y financiero del gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires, los socios de CFK discuten un frente electoral con los agentes del clero, el massismo y varios de sus principales burócratas sindicales, como el triunviro Héctor Daer.
Esta ‘integración’ política explica qué está en juego en el debate respecto de si CFK se postula o no como candidata. Un elemento del riñón K, el ex ministro Axel Kicillof, acaba de ‘aconsejarle’ en público que no se presente, ello, porque la elección debe ser “un plebiscito sobre Macri, no sobre Cristina”. Es la posición de quienes no quieren explicitar un programa antagónico al macrismo en el curso de la campaña, y prefieren mimetizarse entre los socios directos de la ‘coalición del ajuste’. Mientras los “hijos de puta” (la UIA) mantengan los pies dentro del plato del gobierno, el kirchnerismo carece de mandantes y financistas electorales de peso. Ni qué decir que los nac & pop rechazan hacer de la campaña un factor de agitación popular contra el ajuste, lo que ya ocurre hoy con sus dirigentes sindicales adaptados a la “tregua” de la CGT. La política pejota-kirchnerista es dejar hacer a los ajustadores, y prepararse para el 2019.
Pero estas mismas razones explican el carácter impostor que tendría una eventual candidatura de CFK: si se postula, la ex presidenta lo hará como mascarón de proa de los Espinosa, Insfrán y todo el arco de intendentes que participan cotidianamente de los acuerdos ajustadores con el gobierno de Vidal. Proyectada nacionalmente, la figura de Cristina serviría como elemento encubridor de todo el elenco de senadores y diputados que contribuirán con su voto a los pactos parlamentarios, más o menos estables, con el macrismo.

“Volveremos”

El kirchnerismo se ha empeñado en rodear con una impronta de gesta política a la eventual candidatura de su jefa, como si ella –y la década K- no hubieran sido una expresión del nacionalismo patronal en su etapa de decadencia. En la balanza de la presentación electoral, CFK continúa sopesando la conquista de los fueros parlamentarios, en medio de las causas por lavado de dinero en complicidad con los Báez y López. Mientras se debatía la candidatura de CFK, su vocero Kicillof salía a defender al genocida Milani, a quien el kirchnerismo le encomendaba las mismas tareas de espionaje que hoy practica el gobierno “Cambiemos”. En manos de los Yasky y otros, el “volveremos” es una excusa para no llevar adelante una lucha a fondo contra el ajuste, y postergarla en nombre de futuras contiendas electorales.
La izquierda debe poner de manifiesto el carácter reaccionario de estas maniobras políticas, dirigidas contra la actual irrupción de luchas y, principalmente, contra el camino que la clase obrera ha comenzado a recorrer con fuerza en pos de su independencia política. Unamos esas tendencias de lucha con el esfuerzo por desarrollar una alternativa política en un Congreso del movimiento obrero y la izquierda –este es nuestro planteo.

Marcelo Ramal

Armas antiterroristas: balbuceos de Cambiemos y ofensiva kirchnerista



El FpV pidió interpelar a los ministros Martínez y Malcorra por la posible compra multimillonaria de armas a Estados Unidos. Desde el oficialismo dicen que no pero sí.

Ayer el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ pidió la interpelación al ministro de Defensa de la Nación Julio Martínez y a la canciller Susana Malcorra, a raíz de las versiones que circularon sobre la presunta compra de armamento antiterrorista a Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, la bancada que conduce Héctor Recalde manifestó que solicitará la presencia de ambos funcionarios en el Congreso Nacional para que “ratifiquen o rectifiquen” si el Gobierno tiene pensado adquirir armamento de uso militar por U$S 2 mil millones “para combatir el terrorismo”.
El domingo a la noche un informe emitido por el canal de noticias C5N difundió el listado de armas y dispositivos que el Poder Ejecutivo planearía adquirir, para lo cual habría encomendado al embajador en Estados Unidos Martín Lousteau a enviar misivas a funcionarios de país norteamericano.
Según la agencia DyN, fuentes de la cartera de Defensa afirmaron que “no se compró nada” ya que “no hay un peso” para actualizar el equipamiento. “No hay nada formal desde el Ministerio de Defensa que insinué una compra de ese tipo”, dijeron.
Aunque en verdad no desmintieron la intención de comprar ese armamento. “Sin dudas ese equipamiento lo querríamos”, dijeron fuentes oficiales a DyN. “Las Fuerzas Armadas estaban diezmadas y posiblemente haya alguna lista del equipamiento que querría alguna fuerza. Pero de ahí a una compra hay un proceso enorme y no hay plata para eso”, insistieron.
La misma versión difundida anoche por DyN confirmaba el envío por parte de Lousteau de una carta a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. La nota firmada por Lousteau, dijeron, es “para poder eventualmente entrar” a los programas “para comprar material en desuso”, ya que “lo tiene que aprobar el Congreso norteamericano”.
Cuando los rumores circularon al cabo de toda la jornada, el peronismo del Frente para la Victoria pidió interpelar a Martínez y Malcorra sobre el “envió de una nota al influyente congresista Peter Visclosky, en la que adjunta un enorme listado de armamento militar”.
En su pedido señalaron que Lousteau habría citado como referencia en el documento “una reunión que el congresista norteamericano mantuvo con los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, quienes viajaron a EE.UU. invitados a unas jornadas organizadas por el FMI”.
Al cierre de esta edición ni Laspina ni Amadeo habían realizado declaraciones públicas.
La agencia DyN también citó a una “importante fuente legislativa” que informó que “en el congreso de Estados Unidos funciona un subcomité de Defensa que todos los años pone en marcha un programa de donaciones de equipamiento militar a distintos países y así fue que se decidió desde el oficialismo iniciar la gestión con buenos oficios”.
La misma fuente, en el pedido de donación se estableció que el equipamiento sería destinado “para razones de defensa y de seguridad interior en la lucha contra el narcotráfico”, puntualmente “para reforzar la frontera norte”.
Así las cosas, desde el Gobierno de Macri parecen estar más interesados en demostrar que no se gastará mucho dinero que en desmentir que hay un interés real del oficialismo por contar con armamento estadounidense preparado para cumplir con las prerrogativas militares y políticas del imperialismo estadounidense. Nada que sorprenda, aunque posiblemente nos encontremos ante un nuevo escándalo en puerta.

Redacción LID

Habla la abogada de Belén luego del fallo absolutorio

En diálogo con Prensa Obrera, Soledad Deza caracterizó el fallo que determinó su absolución.

¿Qué balance hacés del fallo?
Creo que es un fallo justo y doblemente importante. No sólo porque hace justicia para el caso concreto de Belén -que recordemos que estuvo 29 meses presa y condenada por un poder judicial que la criminalizó sin pruebas- sino que también es importante en un momento en el que en nuestra provincia (Tucumán) los sectores fundamentalistas protagonizan una avanzada contra los derechos de las mujeres.
El fallo es doblemente importante porque compone un mensaje que alienta a las mujeres que atraviesan un evento obstrético adverso a que acudan a un hospital a pedir ayuda (...) le da importancia al secreto profesional, a respetar el derecho de las mujeres que atraviesan un aborto como paciente, al derecho a la confidencialidad y a recibir una atención médica libre de violencia.
También habla de los derechos de las mujeres en términos de acceso a la justicia, en algunos pasajes del fallo se refiere expresamente al hecho de que la deficiencia en la defensa oficial de Belén contribuyó de forma decisiva para a que ella este presa, injustamente acusada y luego condenada.
¿Qué papel desempeñó la Mesa de Libertad para Belén en la campaña por su absolución?
La actuación de la Mesa por la Libertad de Belén fue central y tuvo un papel trascendental en esta lucha.
Mostró un movimiento de mujeres de un arco político muy amplio, unidas todas por una misma causa, más allá de las banderas y los partidos, que mostró una madurez y fortaleza que ha sido determinante para este resultado.
Creo que el hecho de habernos organizados detrás de los argumentos jurídicos y de haber podido articular y amplificar todo eso, cada una en sus espacios, muestra una madurez y una fortaleza imparable.
¿Cómo creés que repercute el fallo respecto de la penalización del aborto?
Creo que el caso de Belén en sí mismo sirvió para desarticular esa falsa aseveración de los poderes políticos, puntualmente del Congreso, que decía que no había mujeres presas por aborto en nuestro país, que el artículo 85 no se aplicaba, que no existían mujeres privadas de su libertad.
Sirvió para poner en el tapete por qué las mujeres necesitamos que el Código Penal no atraviese nuestros cuerpos y por qué necesitamos que se derogue ese artículo 85 a través del cual el Estado utiliza la herramienta más violenta, que es la amenaza de cárcel, para inducirnos a ser madre.
Creo que esta sentencia tiene que coadyuvar a otras causas de aborto, para fortalecer la idea de una atención sanitaria atravesada por los derechos humanos, que es la que se merece toda mujer que atraviesa un evento obstetricia adverso, sea aborto espontáneo o provocado.
Que sirva para disuadir esa falsa creencia instalada desde la enseñanza de grado y motorizada por los sectores conservadores acerca de la "obligación" de denunciar que pesa sobre los sectores de la salud. Espero que sirva para concientizar acerca de que toda atención de aborto, sea provocada o espontáneo, está atravesada por derechos.

Prensa Obrera

Las violaciones a los derechos humanos siguen impunes

A 35 años de la guerra de Malvinas

En su visita a las Islas Malvinas, la Comisión por la Memoria (CPM) rindió homenaje a los caídos durante la guerra, y marcó los lugares donde los soldados argentinos fueron sometidos a torturas y malos tratos por parte de sus superiores. En Monte Longdon, lugar donde tuvo lugar una de las batallas más duras del conflicto, Adolfo Pérez Esquivel dijo “las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la guerra: estaban preparadas para torturar y matar”.
Una de las acciones de la CPM durante su visita a las Islas Malvinas fue apoyar el reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra, en los que los soldados argentinos fueron víctimas de torturas y/o malos tratos por parte de sus superiores. En este sentido, la delegación de la CPM visitó diferentes lugares en las islas donde estuvieron apostadas tropas argentinas: el faro cabo San Felipe, el Monte Wirless Rige y Monte Longdon.
En estos lugares los soldados argentinos denunciaron que fueron sometidos a torturas y tratos humanos degradantes como estaqueamientos, enterramientos, haber sido sumergidos en pozos de agua helada y exposición al frío y hambre extremo que produjeron mutilaciones y, en algunos casos, la muerte.
En la visita al faro, la CPM pegó en diferentes lugares carteles con la inscripción “En este sitio las Fuerzas Armadas argentinas torturaron soldados argentinos”. El señalamiento fue acompañado además por un pañuelo blanco, emblema de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que Nora Cortiñas decidió dejar en el lugar en señal de solidaridad y de identificación de su dolor con el de las madres de los soldados.
Conmovida por la acción de señalamiento, Nora comentó: “Los militares torturaron en Argentina al pueblo y torturaron acá a los jóvenes que ellos mismos trajeron. Esto fue un espanto. Es imperdonable. Hay que seguir adelante con los juicios”.
Todavía hoy, a 35 años de la guerra, estos crímenes de lesa humanidad siguen impunes. A pesar de los múltiples testimonios presentados y documentación propia de las Fuerzas Armadas que fue desclasificada en los últimos años, la causa iniciada hace ya diez años ante el Juzgado Federal de primera instancia de Río Grande no ha tenidos avances.
Al respecto, Roberto Cipriano García, el secretario de la CPM que formó parte de la delegación, manifestó que “las torturas sufridas por los soldados en Malvinas fueron crímenes de lesa humanidad que deben ser condenados. Muchos soldados padecen hoy la revictimización que produce la impunidad: saber que el Estado no sólo los mandó a la locura de una guerra desigual, sino que allí sus superiores les dieron el peor de los tratos, violentaron su dignidad e integridad personal. Esas marcas condicionaron sus vidas, nunca recibieron atención psicológica especializada y debieron esperar décadas hasta ser destinatarios de políticas reparatorias. Más de 600 soldados se suicidaron luego del conflicto, sumergidos en el dolor y la desesperación provocada por la tortura, los malos tratos, la muerte y la negación estatal. Estos crímenes deben juzgarse ya, como forma de reparar tanto padecimiento. La sociedad argentina está en deuda con los ex combatientes de Malvinas”.
La misma acción de señalamiento se repitió en el Monte Wirless Rige y Monte Longdon, a unos pocos kilómetros de Puerto Argentino. En este último lugar, escenario de una de las batallas más crueles de la guerra, la CPM colocó junto a la cruz que permanece en lo alto una placa con la siguiente inscripción: “En reconocimiento a los soldados argentinos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Memoria, verdad, justicia y soberanía”. Luego el padre Pepe di Paola ofició un responso en el que se pidió por los soldados muertos y Ernesto Alonso, ex combatiente integrante de la CPM, leyó poemas de sus compañeros que describen los padecimientos que sus superiores les hicieron sufrir durante la guerra.
Antes de finalizar las actividades, Adolfo Pérez Esquivel comentó: “En Malvinas sucedieron muchas cosas que todavía están sin esclarecer, como los soldados argentinos torturados por sus jefes durante la guerra. Es algo insólito. La mayoría de esas torturas se debieron al hambre, a no tener qué comer, por ir a un depósito por dos paquetes de galletitas o carnear una oveja. Y eso fue suficiente para el castigo de los torturadores. Las Fuerzas Armadas argentinas no estaban preparadas para una guerra: estaban preparadas para torturar y para matar. Entonces la CPM viene a reivindicar un derecho que es que se haga justicia por estos crímenes”.

Rebelión