viernes, 31 de diciembre de 2021

El país está ardiendo - Apaguen el fuego ¡Ya!

Una conquista que se defiende en las calles // Un año del aborto legal

Juicio Vuelos Campo de Mayo - día 48 Jueves 30/12/21 14:30 horas

"Basta de gatillo fácil. Berni e Insaurralde deben dar explicaciones" // Guillermo Kane

Alberto Fernández, yudoca


El gobierno nacional está haciendo el mejor uso de la derrota que sufrió en Diputados, cuando la oposición unida rechazó el proyecto de Presupuesto para 2022. El revés dejó numerosos agujeros en las cuentas públicas, que no podrían ser remediados con la prórroga por decreto del Presupuesto del año que termina. En primer lugar, claro, porque no se puede obtener un acuerdo con el FMI, el acreedor principal del Estado, sin una hoja legal que determine los gastos y recursos del año fiscal. En segundo lugar, porque el rechazo deja en el camino inversiones públicas, de Nación y provincias, comprometidas con capitales y gobernadores. Específicamente, el archivo del proyecto de Presupuesto dejó a las provincias sin un financiamiento de 180 mil millones de pesos, más allá de los recursos que el estado federal co-participa con ellas. La promesa del ministro Guzmán de ofrecer un plan plurianual de una década, se convirtió en la incapacidad para obtener uno para el año próximo, si es que se puede llamar presupuesto a un plan que prevé una inflación del 33% anual. 
 El gobierno no demoró en reaccionar ante el revés. Enseguida después copó una sesión especial convocada por JxC, para hacer aprobar una modificación al impuesto a los bienes personales, que aumenta las alícuotas impositivas a partir de un mínimo muy bajo – alrededor de 30 a 50 mil dólares. El aumento de recursos apunta a financiar en el tiempo el pago de la deuda pública, sea con el FMI o los acreedores privados – el objetivo obsesivo del gobierno popular. No figuran, sin embargo, entre los activos afectados por el impuesto los más importantes de ellos, como son los bonos de la deuda pública, que es donde los ricos meten la plata. Es que están exentos de cualquier gravamen, así como las cajas de ahorro y plazo fijo de los bancos. Los afectados, entonces, podrían zafar toda vía, convirtiendo más activos en su poder en títulos de la deuda pública. Es lo que el Banco Central está discutiendo para las Leliq, las deudas que tiene con el sistema bancario. Para ello canjearía las Leliq por títulos de la deuda pública, evitando de paso la emisión monetaria. Los títulos de la deuda pública están nominados en dólares o indexados al dólar, lo cual representa un seguro de cambio gratuito para el ‘inversor’. La deuda dolarizada refuerza el rechazo del peso como moneda de valor general y constituye una forma disfrazada de devaluación. 
 Luego de convertir, como improbable yudoca, aquella gran derrota en un pequeño triunfo, el oficialismo fue por más. Alberto Fernández les dijo a los gobernadores que “hay que reconducir” las partidas tras el rechazo (La Nación, 22.12). Es así que obtuvo el acuerdo de ellos, peronistas y macristas, para alcanzar un “consenso fiscal” que compromete al estado nacional a cubrir los gastos que quedaron en la nada luego del rechazo al Presupuesto/22, y que autoriza a las provincias a aumentar Ingresos Brutos. Este impuesto grava el giro de negocios de las empresas y se traslada a los precios de modo significativo. O sea que lo paga el contribuyente. El pacto fiscal con los gobernadores de los dos lados de la grieta, implica también un ‘pacto de gobernabilidad’, que busca superar el impasse que se ha producido en el Congreso. El golpe de mano ha sembrado el desconcierto en el bloque macrista.
 Los popes de la gran patronal denuncian que este impuesto los perjudica frente a la competencia de mercancías importadas, y lo han calificado como “regresivo”, junto al IVA, en tanto impuestos al consumo. El mote sorprende, porque el IVA es de completa hechura patronal y fue impuesto por Martínez de Hoz, Cavallo y el FMI. El IVA cubre el 40% de la recaudación fiscal, en tanto que ganancias a las empresas no supera el 3% del PBI – unos 12 mil millones de dólares. El FMI desaprueba también Ingresos Brutos, pero quiere llevar a cero el déficit fiscal. Recurrir a una amputación de gastos es visto por las mismas patronales como una convocatoria a la rebelión popular. Significativamente, el gobierno se opone al impuesto progresivo a gravar los latifundios abundantes en las provincias, por una cuestión de clase; casi toda la oligarquía peronista, además, es dueño de grandes superficies agrícolas. Este impuesto progresivo sería una salida para los Tesoros provinciales y un principio de salida para la dependencia de las provincias de los impuestos nacionales. Habilitarían de inmediato, junto a otras medidas de fondo, a eliminar los impuestos al consumo, que son los más coparticipables. 
 Sin la menor deferencia por las fiestas, el oficialismo puso los cambios en quinta y fue por los monotributistas, como se llama a una mayoría de trabajadores precarizados que tienen que pagarse jubilación, salud e impuestos. En efecto, el gobierno subió en un 26% el mínimo no imponible a los monotributistas, frente a una inflación del 50 por ciento. La reforma laboral que propugnan las patronales y el FMI, que es convertir al asalariado en monotributista, viene con una gran carga impositiva adentro.
 La corrida al bolsillo del trabajador no se detiene, sin embargo. Ya ha sido convocada la audiencia pública para aumentar la tarifa de gas. La pandemia ya pasó, arguye el gobierno, volvamos a la ‘vieja normalidad’. Se calcula un tarifazo del 40%, justificado por una ‘segmentación’ de la población, que “es de difícil aplicación”, según los agoreros, pero que por eso mismo prevé subas del 300% para las clases altas, que a lo mejor no lo son tanto. El lenguaje sociológico de moda clasifica como clase media a un obrero industrial especializado, que se encuentra en algún nivel por encima del costo de la canasta familiar. Todo lo dicho sobre el gas, vale para la electricidad. 
 Todo lo expuesto hasta acá constituye, a corto o mediano plazo, una convocatoria a la rebelión popular. El gobierno lo ve de otro modo. Visualiza un crecimiento imparable de la actividad económica, en especial de las exportaciones, y una mejora cada vez mayor de la demanda de fuerza de trabajo. La inflación ‘multicausal’ retrocedería como resultado de un impacto menor de los precios internacionales del agro, y como consecuencia de un acuerdo con el FMI para alargar los plazos de pago de la deuda con el organismo. Esta hoja de ruta plagada de incertidumbres, parte de consolidar un nivel histórico bajísimo de jubilaciones y salarios, y de índices extraordinarios de pobreza. El ministerio de Industria insiste en la intención de derogar las retenciones a la agroexportación adicional a los niveles actuales, como ocurre con la industria automotriz. Los K creen contar con un espacio de tiempo económico y social lo suficientemente largo para sus propósitos, al igual que lo que creía Macri ente 2016 y 2018. En ese mismo espacio de tiempo, los observadores económicos vislumbran una fuerte perspectiva de crisis financiera internacional, basada en un nivel de endeudamiento público y privado relativo sin precedentes en la historia mundial. Al final, lo que precipitó el derrumbe del macrismo fueron los violentos giros financieros internacionales entre finales de 2017 y finales de 2018. 

 Jorge Altamira 
 28/12/2021

La imperdonable soledad de Julian Assange


Julian Assange está enterrado por la “Justicia” inglesa en una cárcel de máxima seguridad. Lo de enterrado no es una tramposa apelación a una palabra que nos estremece sino un sobria descripción de la celda en la cual -de a poco, hora tras hora- el fundador de WikiLeaks va cumpliendo la sentencia de muerte que la tienen reservada. ¿La razón? Haber filtrado a la prensa cientos de miles de documentos probatorios de la infinidad de asesinatos, torturas, bombardeos y atrocidades que Washington perpetró en Irak, Afganistán y en otros países, cosa que ocultaba con sumo cuidado. Ese fue el crimen de Assange: informar, decir la verdad. Y tal cosa constituye una afrenta imperdonable para el imperio que persiguió al periodista por años.
 La valentía del presidente Rafael Correa (ya manifestada cuando expulsó a las tropas de Estados Unidos de la base de Manta) lo puso a salvo de esa amenaza concediéndole no sólo asilo en la embajada del Ecuador en Londres sino la ciudadanía ecuatoriana. La nauseabunda discapacidad moral de su corrupto sucesor, Lenín Moreno, privó a Assange de ambas cosas y lo entregó inerme a las autoridades británicas; es decir, a manos de uno de los más despreciables lugartenientes de la Casa Blanca. Y ahí sigue, esperando lo que parece un final ineludible: su extradición a Estados Unidos. Allí el periodista será exhibido como un trofeo, torturado psicológica y físicamente hasta lo indecible y luego, con maldita astucia, condenado a una dura sentencia, aunque menor a los 175 años pedidos por el fiscal y enviado a una cárcel, en donde poco después morirá descosido a puñaladas en una bien orquestada “riña de reclusos.” En un infinito alarde de hipocresía Washington se apresurará a declarar su pesar por tan lamentable desenlace y el presidente enviará condolencias a sus deudos. Moraleja que el imperio desea grabar a fuego sobre una piedra: ”quien revele nuestros secretos lo pagará con su vida.” 
 Hablábamos de la soledad de Assange en estos días finales del aciago 2021 y la calificábamos de imperdonable. ¿Por qué? Porque el calvario que ha martirizado al australiano no ha provocado, salvo en Londres, masivas manifestaciones de solidaridad y apoyo a su causa. Sorprende y preocupa que ésta no haya sido asumida como propia por la izquierda y los movimientos populares que sí libraron grandes batallas a finales del siglo pasado y comienzos de éste en contra del Acuerdo Multilateral de Inversiones –abortado, ni bien sus leoninas cláusulas secretas fueron reveladas por hackers canadienses- o contra el neoliberalismo, el ALCA, y los tratados de libre comercio hoy no se movilizan para exigir la inmediata liberación de Assange. Creo que esta desgraciada situación obedece a varios factores: primero, el debilitamiento y/o desorganización de las fuerzas sociales que libraron aquellas grandes batallas, producto del permanente ataque sufrido a manos de los gobiernos neoliberales; segundo, por la suicida exclusividad que en la construcción de la agenda de los movimientos contestatarios tienen los temas económicos, siendo que éstos no pueden ser el único asunto que convoque a su militancia. La lucha anticapitalista y antiimperialista tiene varias facetas, y la batalla por la información y la publicidad de los actos del gobierno es una de ellas. Y en ella Assange es nuestro héroe, que resiste en soledad. A lo anterior hay que agregar un tercer factor: el nefasto papel de la “prensa libre”, es decir, la antidemocrática concentración de poderes mediáticos que jamás asumió no digamos la defensa de un periodista de verdad como Assange sino que se esmeró en ocultar la información sobre el caso. La “canalla mediática”, que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo, se alineó voluntariamente para ocultar los crímenes denunciados por Assange y justificar su encarcelamiento. Es decir, se hizo cómplice de sus verdugos.
 Ojalá que la izquierda y los movimientos populares reaccionen a tiempo y abandonen su abulia en este tema. Mucho puede aún hacerse para salvar la vida de Assange: desde un tuitazo mundial apoyando su causa hasta fomentar una masiva cibermilitancia en las redes sociales y organizar multitudinarias manifestaciones callejeras en las principales ciudades del mundo reclamando su libertad y presionando a los gobiernos para que se solidaricen con el periodista amordazado.. Todavía se está a tiempo. Las grandes organizaciones populares no pueden ni deben ser cómplices de su martirio. ¡No le suelten la mano a Assange, no lo dejen solo!

 Atilio A. Boron 
31 de diciembre de 2021 - 01:17

jueves, 30 de diciembre de 2021

"Rechazamos el acuerdo espurio que habilita la re-re elección de los intendentes" // Guillermo Kane

Intendentes Buenos Aires: una "re-re" antes de Reyes


Finalmente, en sesiones exprés y simultáneas, ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires aprobaron una sustancial modificación a la ley que, en 2016, limitó a dos periodos la posibilidad de elección de intendentes, diputados provinciales y concejales. La nueva ley toma a 2019 como punto de partida para permitir una reelección en 2023, lo que podría extender la permanencia, al menos por ahora, hasta 2027. Antes de eso una veintena de intendentes había decidido tomar ´licencia´, para poder presentarse de nuevo dentro de dos años, con derecho a reelección, lo que les habría permitido pelear el mandato 2027-31. Es lo que había permitido el decreto reglamentario de la ley votada en 2016 e impulsada por Vidal-Massa. Como consecuencia de todas estas maniobras, los promotores de la ley aprobada en las dos cámaras de la legislatura bonaerense, que permite la reelección hasta 2027, alegan que la nueva ley es anti-reeleccionista, porque la anterior, que fue votada como anti-reelección, posibilitaba llegar a 2031, gracias al decreto que la reglamentó. 
 La nueva ley fue votada por el peronismo, los radicales y el PRO, en votaciones divididas; en el kirchnerismo sólo ‘no acompañó’ Duranoña y Vedia, él mismo un ex intendente. En el oficialismo el sector de Massa se opuso e hicieron lo propio algunos legisladores de Vidal. La Coalición Cívica y un solitario diputado de Lousteau tampoco acompañaron. El ´sororo´ Lipovetzky, aunque públicamente se manifestó en contra, luego se abstuvo. Como el proyecto se trató “sobre tablas” se necesitaron y consiguieron dos tercios en ambas cámaras. 

 De yapa, el presupuesto 

Aunque todas las miradas se las llevó la extensión de mandatos a los intendentes, la legislatura trató y aprobó el presupuesto provincial, con la habilitación del quórum otorgado por la oposición macrista. El Frente de Todos va encarrilando el trámite parlamentario en su conjunto, después de la derrota sufrida en el presupuesto nacional. A lo mismo han apuntado el ‘consenso fiscal’ con los gobernadores peronio-macristas y la modificación de la ley de “bienes personales”. 
 El presupuesto, que en línea generales continua los ´parámetros´ del presupuesto nacional rechazado, habilita fundamentalmente un endeudamiento de 90 mil millones para la provincia y una ´suba´ de la recaudación por impuestos patrimoniales del 35%, aunque la inflación anual excede por bastante esa cifra. La propiedad agraria vuelve a salir indemne, aunque no tributa casi nada. El presupuesto también prevé un déficit de 180 mil millones de pesos, si se suma el primario y el financiero. Como parte del paquete las cámaras también aprobaron una modificación de la ley impositiva y una ampliación de los ministerios provinciales. 
 Este pacto de gobernabilidad provincial le otorgó, por el momento, la iniciativa al campo oficialista. A “Juntos por el cambio” las victorias electorales les quedan grandes. 

 El poder permanente 

Para un columnista de La Nación, la victoria de los intendentes muestra la vigencia de “un poder permanente”, que elude cualquier forma de renovación. El radical Gustavo Posse es intendente de San Isidro desde hace 21 años. Fue famosa la longevidad en el cargo de parte de Quindimil, en Lanús. El macrismo fracasó miserablemente en el intento de quebrar el aparato peronista en el conurbano durante su mandato. Este poder ‘vitalicio’ se proyectaría al resto del país, porque condiciona a los gobiernos bonaerenses y de aquí al aparato del Estado nacional. En las provincias, el poder municipal no es tan determinante, salvo por excepción. 
 La burguesía no está satisfecha con esta situación, porque debe pagar un elevado tributo a este ‘poder permanente’. En los municipios se beneficia una burguesía clientelar de medio pelo, que comparte ganancias con el aparato estatal. Pero todos reconocen que este ‘poder permanente’ es fundamental a la hora de controlar y reprimir las barriadas, como lo hacen, con resultados menguantes, las burocracias en los sindicatos. Este ‘poder’ está asociado al juego legal y no legal, y es por eso que el juego no paga impuestos. El video dado a conocer por la AFI, que muestra una conspiración del aparato macrista con los servicios de inteligencia y el intendente macrista de La Plata, Julio Garro, es instructivo porque demuestra la pugna por el control territorial y sindical contra un barrabrava de la burocracia sindical, como el ‘Pata’ Medina. Pero, más allá, contra el clan Moyano, que es más que una burocracia, es un grupo empresarial insertado en el aparato de salud del mismo Estado. 
 Este breve ‘paneo’ sobre el ‘poder permanente’ explica la tenacidad con que todos los partidos patronales han peleado las reelecciones, que volverán a discutirse en el futuro para volver a hacerlas indefinidas. El ímpetu del ‘retorno a la democracia’ está largamente agotado. 

 Fede Fernández 
 29/12/2021

Coronavirus en Argentina: la inmunidad de rebaño


El país se encuentra en un brote de contagios que acelera rápidamente, en 14 días se triplicaron los casos. En Córdoba el contagio es 5 veces más rápido que las “olas” anteriores. Entre el 20 y 26 de Diciembre el alza de contagios fue de un 217%. Afrontamos aproximadamente 34.000 nuevos contagiados.
 En este contexto, Carla Vizzoti, Ministra de Salud, decidió declarar a los contactos estrechos como “nuevos positivos”, para evitar el testeo. Lo que sucede es que las UFU están comenzando a colapsar, por la gran demanda por parte de la población para testearse y el poco personal de salud que hay contratado en los hospitales. Los testeos a su vez escasean, por lo que este anuncio significa sustituir el diagnóstico médico por una reclusión que nadie controla, o sea, una lavada de manos. Lo mismo hacen, por ejemplo, Estados Unidos e Italia, el primero mandando a casa al contagiado por cinco días, el segundo por tres días. Alberto Fernández sugirió también el “autotest”, en una farmacia cercana. Trata de evitar el aumento del presupuesto de Salud y cumplir con el FMI.
 Holanda y China aplicaron cuarentenas que lograron disminuir el porcentaje de infectados. China con una política “Covid cero” ha implementado en el día de hoy otro nuevo confinamiento en la ciudad de Xian con 13 millones de habitantes y 143 contagios. Con esta política, China es el primer país en lograr una ‘recuperación económica’ que al mundo capitalista de la ‘nueva normalidad’ le resulta esquiva. El gobierno chino tiene los ojos puestos también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín para 2022 y la nueva temporada del año nuevo lunar, dos eventos que atraen al turismo y por lo tanto las ganancias. China logró eliminar casi por completo el virus (en el día de hoy los confirmados positivos fueron 371, sin muertes, en el país más poblado del mundo). Es también el país con mayor desarrollo de pruebas masivas para la detección de posibles infecciones del virus. 
 EE UU y Argentina defienden a muerte la ‘nueva normalidad’, o sea, la convivencia con el Covid. Siguen la lógica de la inmunidad de rebaño. Han acortado el periodo de aislamiento para contactos estrechos, y para infectados sin síntomas es de 5 días. Sin aplicar ninguna medida preventiva. Así, han llegado al medio millón de contagios. Al mismo tiempo, tiene el récord de trabajadores que renuncian a su trabajo debido a las condiciones insostenibles de la presencialidad. Además registra un gran proceso de huelgas.
 En Argentina, tampoco se han implementado medidas preventivas en plena celebración de las fiestas, y cuando hay una suba en el turismo estacional.
 El gobierno de Buenos Aires dictaminó que “(los) profesionales médicos y no-médicos son personas habilitadas para la realización de testeos COVID-19”, una manera de no aumentar el personal de salud requerido en los hospitales. Sin embargo, los médicos en las UFU ya han comenzado a manifestarse: en Navidad algunas UFU pararon sus servicios, a su vez enfermeros se concentraron en la Casa de Gobierno el pasado 28 de Diciembre, para reclamar aumentos salariales, la reapertura de paritarias y el cobro del bono de fin de año.
 Los trabajadores de la salud reaccionan ante la política del capital, que busca el beneficio económico antes que la salud de la población, recargando al personal sanitario sin haber modificado sus condiciones laborales ni salariales. Esta situación va a extenderse a las fábricas, empresas y a los propios hospitales, generando comités de trabajadores, primero para el armado de protocolos de cuidado, que han sido suprimidos cuando se declaró ‘la pos-pandemia’, enseguida con el reclamo del cese de la ‘presencialidad’ en los lugares de trabajo. La nueva variante, Ómicron, se ha ensañado con los mismos, lo que desautoriza los ‘discursos’ de Fernán Quirós y Larreta. 

 Florencia Suárez 
 29/12/2021

miércoles, 29 de diciembre de 2021

Cómo enfrentamos los impuestazos y tarifazos


Que el acuerdo con el FMI planteará un cimbronazo inflacionario ha dejado de ser un pronóstico. La política oficial marcha en esa dirección. 
 En el caso de los alimentos se prevé que trepen en diciembre casi un 4 por ciento. En este mes, el gobierno liberó restricciones a las exportaciones de trigo y maíz, por un lado, y de carne por el otro. Los cortes “cuidados” y los alimentos con precios regulados desaparecen de las góndolas a favor de otros alimentos a valores extorsivos. 
 El gobierno, por otra parte, ya convocó a audiencia pública para que las empresas concesionarias de gas presenten sus pretensiones de aumento (y los usuarios, las protestas “no vinculantes”). El ente regulador del gas también anunció un “reempadronamiento” de los usuarios, de acuerdo a su condición social. Es una excusa para habilitar a un sensible aumento de tarifas a los que viven de un sueldo – y una “tarifa social” residual. En cualquier caso, los desocupados pagarán el tarifazo cuando deban consumir alimentos y productos industriales que serán “remarcados” de acuerdo al aumento de la energía o de los combustibles. En estos mismos días, los prestadores de servicios de salud –que trabajan para las prepagas y obras sociales, o sea, el 80% del sistema- han amenazado con un copago (plus) sobre todo tipo de atención médica. 

 Todos ponen 

El gobierno acusó a la oposición de “dejarlo sin presupuesto 2022”. Lo cierto es que el gobierno “sin presupuesto” busca salir del paso con una política que agrava la crisis social. La modificación del régimen de bienes personales –que apenas incide en un punto porcentual de los recursos del fisco- ha sido la pantalla para avanzar en un “consenso fiscal con las provincias”. Consiste en aumentar el impuesto a los ingresos brutos. Este impuesto afecta “en cascada” a toda la cadena productiva y arriba al bolsillo de los consumidores. La suba abarca también a los impuestos inmobiliarios y a los automotores. La guadaña se completa con una elevación de la facturación admitida para ser monotributista de sólo el 26%, cuando la inflación anual resultó el doble. Muchos cuentapropistas corren el riesgo de ingresar en el llamado “régimen general”, que los obliga a inscribirse en el IVA y el impuesto a las ganancias. 
 Los impuestazos, ni qué decirlo, tienen el completo aval del FMI, entre otras cosas, porque la estructura impositiva del país recae en un 80% sobre tributos que paga directa o indirectamente la clase obrera. De todos modos, tampoco es cierto que el ´equilibrio fiscal´ no implique un ajuste del gasto: el mayor de los impuestazos vendrá de la mano de la inflación, porque sube con los precios, como es el caso del IVA. La inflación viene acompañada con la “desindexación” de salarios, jubilaciones y gastos sociales. Toda la política fiscal del gobierno F F es un acomodamiento al acuerdo con el Fondo. Las patronales industriales o agrarias que levantan la voz en estas horas contra el “agobio de impuestos” sólo reclaman resarcimientos y exenciones para sí mismas. No nos equivocamos cuando, días atrás, en “Política Obrera” web, al referirnos a la votación de “bienes personales”, señalábamos que “el sistema fiscal debe ser caracterizado en su conjunto, no se lo puede cortar como ocurre con un salame. Considerar cada medida fiscal en sí misma es engañoso para las masas populares (https://politicaobrera.com/6160-bienes-personales-reconstruyen-el-proceso-legislativo-para-firmar-con-el-fondo-monetario-internacional). 

 Qué política 

Este arranque caliente del 2022 va a sacudir todavía más la vida de los trabajadores. La burocracia sindical se ha colocado como garante de hierro del acuerdo con el Fondo, con una oferta de “paz social” en un país que, hundido en la miseria social. Los voceros oficiales baten el parce de la recuperación “postpandemia”, que llega al 10% del producto bruto. Pero esa levantada no se ha el traducido en ninguna recuperación del trabajo en blanco. Los capitalistas y el Estado, también por anticipado, se han servido de la pandemia para aplicar en los hechos la reforma laboral. 
 Es muy claro, a la luz de todo este escenario, que se impone una deliberación en las fábricas, en los hospitales y reparticiones. El reclamo que debe abrirse paso es el del aumento de emergencia para salarios y jubilaciones, la indexación mensual del salario y la reapertura de paritarias con representantes mandatos y electos. El consenso de precios y salarios -la gran coartada de la burocracia para no luchar- no sólo ha fracasado hacia atrás: el gobierno la desmantela mirando hacia adelante, y hacia los acuerdos con el capital internacional. Trabajemos para que 2022 sea el año de la gran respuesta obrera, la huelga general contra la liquidación del salario y las jubilaciones.

 Marcelo Ramal 
 28/12/2021

Testeos y vacunas son la clave ante el aumento exponencial de los contagios


Los epidemiólogos calculan que “los peores meses de contagio” serán febrero y marzo. 

 El crecimiento de los contagios a números que recuerdan a la segunda ola de coronavirus despertó tensiones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia y las obras sociales y prepagas por el colapso en los testeos. Según el Ministerio de Salud porteño, la Ciudad realiza 1 de cada 3 tests del país y 1 de cada 3 personas que toman la prueba en el sistema vive en otras jurisdicciones. Ninguno quiere hacerse cargo de aumentar la capacidad de testeo, fundamentalmente porque están comprometidos con el ajuste sobre el sistema de salud. 
 Durante la jornada de ayer se dieron 20.263 contagios con una positividad de 28,72%. Siete días atrás era 10%. El crecimiento del virus es exponencial, y la incapacidad del sistema de testeos actual para encontrar a todos los positivos pone en riesgo a toda la población. Para sumar, los epidemiólogos calculan que “los peores meses de contagio” serán febrero y marzo, por lo que es probable que los números durante ellos rompan los récords de casos históricos del país. 
 El aumento de la demanda no solo llevó a las largas filas que se vieron esta última semana sino también a una sobrecarga laboral de los profesionales en las postas. Esto ocasionó episodios de violencia cuando un paciente que no conseguía turno para testearse golpeó a un médico del Hospital Santojanni. La escasez de personal es uno de los problemas centrales, especialmente después de que el gobierno de la Ciudad despidiera a miles de ellos durante los meses de descenso de casos y desmantelara las unidades de testeo móviles en los barrios -las cuales tuvo que volver a poner en pie por la avalancha de casos, pero en menor cantidad. 
 En sintonía con el gobierno porteño, el gobierno nacional anunció que no será necesario testear a quienes tengan un contacto estrecho y se encuentren con síntomas, sino que directamente se darán como positivos. La estrategia supuestamente es para “distender” el sistema de testeos, pero en realidad esconde la flexibilización de los protocolos de aislamiento de los contagiados, lo que abre la puerta a que las empresas obliguen a los trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo por ser casos estrechos asintomáticos sin confirmación con una prueba positiva. Lo cierto es que si el gobierno busca distender los testeos tiene que anunciar el aumento en la cantidad de postas y en el personal, no sin antes aumentar el salario de sus trabajadores.
 En la provincia de Buenos Aires el panorama no dista mucho. La falta de información sobre dónde testearse y la escasez en la cantidad de postas empuja a los bonaerenses a testearse en la Ciudad. Además, muchos de ellos trabajan y se atienden en CABA, por lo que tiene sentido que puedan testearse donde mantienen su vida cotidiana. 
 La denuncia también es hacia las obras sociales y prepagas. Desde el 2020 están obligados a cubrir la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de coronavirus, lo que incluye tests de diagnóstico, traslados, medidas de aislamiento e internaciones. Sin embargo, utilizaron todo tipo de maniobras para escurrirse de brindar dichos servicios mientras el gobierno miraba para otro lado y permitía el aumento de las cuotas en cuatro oportunidades durante este año. No solo eso, sino que las patronales de la medicina privada aprovecharon para recortar servicios y cerrar hospitales sin que haya ni un mínimo de inversión que permita mejorar la calidad de atención.
 Ninguno tiene como prioridad la salud de la población; el compromiso es con el ajuste. Caso contrario se dispondría de presupuesto para aumentar los testeos y disipar las largas filas, además de la contratación de más personal para evitar la sobrecarga de los trabajadores.

 Lucía Cope

martes, 28 de diciembre de 2021

En Argentina sobran dólares


Las reservas internacionales del Banco Central siguen cayendo, a pesar de que en tres años se acumula un superávit comercial de casi 43.000 millones de dólares.

 El gobierno sigue afirmando que negocia con el FMI un nuevo programa «que no limite el crecimiento», asegurando que será sobre la vía de un mayor desarrollo de la economía nacional que se saldaría el megacrédito con el organismo. Es una falacia. A pesar de la bonanza exportadora de este año y de los DEG que recibió el gobierno, la reservas del Banco Central cerrarán el 2021 por debajo de su nivel de doce meses atrás. Para que el mentado crecimiento no se fugue es necesario adoptar un rumbo opuesto. 
 Luego de pagar la semana pasada otro vencimiento de capital al Fondo por casi 1.900 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA quedaron apenas por encima de los 39.000 millones de dólares. Algo debajo de como concluyeron el 2020, cuando entre enero y noviembre la balanza comercial dejó un saldo positivo de 14.300 millones de dólares. Los pagos de deuda (casi 5.200 millones al FMI) y las operaciones financieras para contener las cotizaciones paralelas del dólar explican esta dinámica. 
 De hecho, contando desde inicios de 2019 el superávit comercial acumulado en estos tres años se aproxima a los 43.000 millones de dólares según cifras del Indec, pero las reservas internacionales en divisas registraron en período una caída en picada, desde los casi 57.000 millones de dólares con que cerraron en 2018. Esto incluso cuando la mayor parte de este tiempo rigió un cepo cambiario, se reestructuró la deuda externa con los bonistas y se postergaron vencimientos como el del Club de París; finalmente, se trata de medidas de crisis para rescatar precisamente el pago de la deuda.
 Es falso por donde se lo mire entonces que el problema de la Argentina sea una «restricción externa» o escasez de divisas. Incluso, el gobierno contó este año nada menos que con más de 10.000 millones de dólares que la cayeron como un maná del cielo, es decir por condiciones meramente externas: sumando los 4.350 millones de los DEG girados por el FMI y una mejora en los términos de intercambio que redundó en ingresos extra por 5.670 millones según Indec (porque los precios de exportación crecieron muy por encima de los de importación -mientras que en cantidades las primeras crecieron 10% contra casi 30% de las segundas). 
 El hecho de que las arcas del Central sigan en niveles críticos es el reflejo entonces de un saqueo de proporciones astronómicas, que corre paralelo a un incremento del endeudamiento a niveles récord. Desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, la deuda pública sumó unos 30.000 millones de dólares, hasta superar los 353.00 millones. Esta dinámica ascendente se agrava especialmente por la política oficial de financiarse con bonos atados a la inflación, que ya representan dos tercios de toda la deuda en moneda nacional, y por ese motivo se licúan en caso de una devaluación. La deuda en moneda extranjera también creció, unos 10.000 millones desde la asunción del Frente de Todos. 
 En conclusión, podría decirse que en estos años en que se disparó la pobreza y se ajustó sostenidamente en el gasto público fueron de una amplia bonanza comercial, lo cual refuta de plano la idea de que la cuestión es retomar un rumbo «de crecimiento» para saldar los compromisos financieros. En el Fondo Monetario lo tienen perfectamente claro, y por eso todo el programa que se negocia se centra en un fuerte recorte del gasto público y facilidades a las multinacionales exportadoras para que el país acceda nuevamente al crédito internacional, de manera de que pague sus cuentas con el FMI a base de nueva deuda con privados. Este círculo vicioso es lo que explica el declive de la economía nacional y las sucesivas crisis de deuda. Por lo demás, es decir por fuera del pago de deuda, que del «crecimiento» exportador no quede nada es el resultado de un régimen de saqueo en el cual las grandes firmas exportadoras gozan de flexibilizaciones del cepo para poder girar sus dividendos al exterior, mientras que la burguesía criolla sigue incrementando sus activos colocados en el extranjero y dólares afuera del sistema financiero local. Este régimen de fuga de capitales explica además la huelga de inversiones que impera en Argentina. La perspectiva de suba de tasas de interés internacionales agudizará la tendencia a la estampida de capitales. 
 Por último, lo que evidencian las estadísticas del Indec es que el comercio exterior argentino es netamente colonial. Los primeros cuatro rubros de exportación que concentraron dos tercios de todas las ventas son productos del reino vegetal, animal, sus derivados, y de la industria alimenticia; al tiempo que tres cuartas partes de las importaciones obedecen a los ítems de bienes de capital, intermedios, y piezas y accesorios. Los proyectos oficiales de leyes de incentivo a las cereleras, petroleras y automotrices reforzarán esta inserción subordinada en el mercado mundial. Es justamente el camino que traza el FMI y el resto de los organismos multilaterales con los que este gobierno apuesta a seguir endeudándose. 
 Solo rompiendo con el Fondo y el capital financiero internacional puede abrirse un rumbo opuesto, procediendo a la nacionalización del comercio exterior y la banca bajo control obrero para dar lugar a una recapitalización del país y financiar un plan de desarrollo nacional. Son medidas que apuntan a quebrar un régimen de saqueo que sostuvieron todos los que gobernaron en las últimas décadas.

 Iván Hirsch

Chile: Boric se pronuncia por un rumbo de conciliación de clases


Para conquistar las demandas populares son necesarias la organización y la lucha independientes. 

 Tras el triunfo del candidato centroizquierdista Gabriel Boric el pasado domingo, rápidamente comenzaron las reacciones: en la derecha, en los sectores de la burguesía y en el propio seno de “Apruebo Dignidad”. En la derecha la dura derrota sufrida por José Antonio Kast profundiza la crisis en que se encuentra sumergida tras el estallido y las divisiones entre los distintos partidos de la coalición; se han agravado tras los reproches cruzados. Es que el apoyo al candidato republicano, que rehusó a participar en las primarias del sector, tiene un costo político difícil de cuantificar a mediano y largo plazo, pero por lo pronto la tentativa de los últimos años de presentarse como una derecha “moderna y democrática” ha sido sepultada, tras la expectativa de revertir las sucesivas derrotas de la mano del ultraderechista Kast. 

 La urgencia de dar “tranquilidad al mercado” 

Si bien las estimaciones coincidían en presentar a Boric como ganador, no se esperaba que lo fuera por un amplio margen como finalmente sucedió. El mercado reaccionó al día siguiente con una violenta caída de la Bolsa de Santiago de un 7,45% y un alza del dólar que no se registraba desde el 2008 que lo llevó a 876 pesos chilenos. Mientras los medios ponderaban el récord de participación del electorado y la alta votación que obtuvo Boric, el capital hace una demostración de poder real a modo de advertencia al gobierno electo. Nada nuevo bajo el sol, pero queda en evidencia que las amplias garantías brindadas por “Apruebo Dignidad” al empresariado en cada oportunidad que tuvo, empezando por su programa de gobierno, no serán respondidas con condiciones de gobernabilidad si los poderes concentrados de la economía ven peligrar sus intereses. Es una advertencia de que pueden tratar de imitar el camino adoptado por la burguesía y la derecha en Perú ante el inesperado triunfo electoral de Pedro Castillo, teniendo en cuenta además la falta de mayoría parlamentaria propia de Boric. 
 El presidente electo se apresuró entonces declarando: “quiero dar una señal de tranquilidad de que las certezas, las certidumbres en materia económica son importantes” reafirmando su pleno compromiso con “la convergencia fiscal, con los equilibrios macroeconómicos, y la gradualidad de las grandes reformas”. La Bolsa y el dólar “se recuperaron” en los días siguientes pero ahora los ojos están puestos en las definiciones en torno al Ministerio de Hacienda. La académica Andrea Repetto, con suficientes credenciales para dar certidumbres al mercado, ya descartó estar disponible para asumir la titularidad del ministerio en cuestión y comenzó a hablarse de Roberto Zahler, Guillermo Larraín (ambos economistas ligados a la DC) y Eduardo Engel (con antecedentes en el gobierno de Bachelet). En todo caso se busca un perfil moderado para calmar los ánimos de la burguesía, que en todo este tiempo se dedicó a fugar capitales. 

 El desembarco oficial de la ex Concertación 

La alianza del FA con la ex Concertación no es nueva y como ejemplos más recientes basta con ver lo que sucede en la convención constituyente, donde funcionan como un bloque con el PS; la incorporación de cuadros políticos y técnicos del PS y la DC de cara a la segunda vuelta; así como puntos programáticos de este sector que quedó fuera de carrera en la primera vuelta. En el caso del PC cuenta con el precedente de haber integrado el segundo gobierno de Bachelet, más allá de las rivalidades que se inflan para la tribuna. 
 Sobran entonces antecedentes por lo que las conversaciones que han tenido lugar en las últimas horas con los partidos de la ex Concertación, así como las deliberaciones internas para definir el carácter de la integración y ultimar los detalles del arribo de estos partidos de la coalición gobernante, no deben sorprender a nadie. Así como rescataron al gobierno de Piñera y lo sostuvieron hasta el final, lo harán igualmente con la izquierda del orden de los 30 años repudiada por el pueblo chileno. “Los desafíos que nos estamos planteando como gobierno entrante son gigantescos, hay absoluta conciencia, de manera unánime, de que no basta solo con Apruebo Dignidad…”, ratificó Giorgio Jackson (otro líder del FA), ensayando una suerte de justificación para presentar en sociedad la alianza política que ya opera en los hechos y que seguramente se volverá a evidenciar en la integración del gabinete. 

 ¿Cómo enfrentamos el nuevo escenario político? 

Pese a la conclusión interesada de ciertos medios y sectores políticos -funcional a la política capituladora y entreguista de Apruebo Dignidad- que presenta el giro a la derecha del discurso y los planteos programáticos del ahora electo presidente como determinantes del triunfo. Lo que deja en claro la votación del domingo es que fueron los sectores populares, particularmente la juventud, los que aparecieron en escena y frenaron la llegada de la derecha pinochetista al gobierno. 
 En comunas como la Pintana, Boric pasó de 16 mil votos a casi 50 mil en segunda vuelta, en San Ramón de 10 mil a 30 mil, Cerro Navia de 15 mil a 42 mil votos. Este crecimiento se verificó también en comunas periféricas del Gran Concepción como Coronel -de 8 mil votos en primera vuelta a 26 mil votos en la segunda- o en Lota -de 3 mil a 13 mil-. En Antofagasta (23% al 60%) o Calama (15% al 54%) en el Norte, o en Copiapó (del 21% a 61%). Mientras Boric se derechizaba, organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles, del movimiento de mujeres, sindicatos, etc protagonizaron acciones concretas para enfrentar el avance de la ultraderecha. Lamentablemente, el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora -que integramos como Fuerza 18 de Octubre y que presentó candidaturas parlamentarias con banderas de independencia obrera- no fijó una posición unitaria llamando a usar como herramienta el voto a Boric para aplastar en el terreno electoral la amenaza de un triunfo del pinochetista Kast. Nuestra agrupación sí lo hizo y consideramos un error esta falta de definición, pues nos privó de la posibilidad de intervenir en este proceso como un frente único alternativo, cediendo de esta manera el terreno y la iniciativa a las fuerzas que actúan bajo la tutela directa de Boric y su coalición política. 
 El despliegue de diversos sectores populares demuestra la capacidad organizativa y las reservas de lucha del pueblo trabajador. En la comprensión que los derechos negados en todas estas décadas debemos conquistarlos a fuerza de movilización ya que los compromisos asumidos con la burguesía por parte del gobierno electo son incompatibles con la posibilidad de dar respuesta a las demandas populares. En primer lugar está la lucha por la libertad de las y los compañeros presos políticos, así como justicia y reparación para las víctimas del estado terrorista. 
 El de Boric pretende ser un gobierno frentepopulista de “conciliación de clases”, lo que significa la defensa del orden burgués, lo que incluye el respeto de gran parte de los avances reaccionarios del pinochetismo, aggiornados por los gobiernos de la concertación. Las declaraciones de Boric en materia internacional se colocan en el terreno de los Biden y de la expresidenta y actual alta comisionada de la ONU para los DD.JJ., Bachelet, contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. La llegada de Boric al gobierno no representa un ascenso de una fuerza que estuvo al frente de la extraordinaria irrupción de la rebelión popular de octubre del 2019. Por el contrario, siempre jugó un papel de morigeración de la lucha de las masas. De hecho negoció una “salida” que impidió la caída revolucionaria de Piñera y se jugó porque finalice su mandato. 
 Es fundamental que la vanguardia obrera, luchadorxs y quienes se reclaman de la izquierda revolucionaria saquen las conclusiones de la experiencia en curso. La necesidad de crear un partido obrero, independiente del gobierno, de la burguesía y de los partidos burgueses (y pequeñoburgueses), que tenga por objetivo estratégico la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y que intervenga en todas las luchas del pueblo explotado. 
 En primer lugar sería oportuno convocar a un plenario nacional de todxs lxs que luchamos por la libertad incondicional de todxs lxs presxs políticxs para arrancar este reclamo. Asimismo abrir la deliberación sobre la convocatoria de un Congreso de Trabajadorxs con delegadxs elegidxs por asambleas de fábricas, barriales, estudiantiles, etc. para discutir una agenda propia del pueblo trabajador y explotado, que levante los reclamos reales de las grandes luchas populares y que solo se podrán imponer mediante la acción directa.

 Olivia Campos

lunes, 27 de diciembre de 2021

"La inflación subvaluada es una orientación en beneficio de los acreedores y el FMI" // Del Plá

"El Plan DetectAR y las UFUs están totalmente colapsados, no hay capacidad de testeo" // Audio

Consenso Fiscal 2022: impuestazos, acuerdo con los gobernadores y crisis política


Parte de la hoja de ruta del FMI. 

 El próximo lunes, Alberto Fernández se dispone a firmar el Consenso Fiscal 2022, junto a los gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta que ya anunció que no participará de la reunión. Dicho acuerdo le permitirá a las provincias incrementar los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos y Sellos, y crear nuevos. Un horizonte de impuestazos que recaerán fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores, a los fines de complacer al FMI, que exige eliminar el rojo de las cuentas del país como garantía de repago de la deuda. 
 El nuevo Pacto Fiscal, que deberá ser ratificado el año entrante en el Congreso, sigue en la línea del consenso votado en junio pasado, con los votos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que suspendía el esquema de reducción de Ingresos Brutos establecido en 2017 bajo el mandato de Macri. En aquel entonces, todos los gobernadores habían aceptado sacrificar el impuesto provincial porque así lo demandaban sus burguesías locales. 
 Sin embargo, esta política de «alivio fiscal» hacia las patronales empezó a entrar en contradicción con las exigencias del FMI, de eliminar el déficit fiscal como requisito para arribar a un acuerdo. El objetivo del gobierno de Macri en ese momento era compensar la disminución de Ingresos Brutos -que tributan fundamentalmente las empresas- con impuestazos más directos sobre el bolsillo popular. Se quedó a mitad de camino porque una medida de este tipo hubiera significado una conflagración con la población trabajadora y no contaba con los recursos políticos para llevarla adelante, ya que en el medio se topó con la rebelión del 14 y el 18 de diciembre de 2017, donde comenzó el ocaso de su gestión.
 Por lo tanto, Alberto Fernández inició el camino de reponer estos impuestos, para lo cual cuenta con el apoyo de los gobernadores que ven con buenos ojos incrementar el nivel de recaudación de sus cajas provinciales. Ahora, autoriza directamente el aumento de los mismos y la creación de nuevos tributos. Como contrapartida, el gobierno pretende ir disminuyendo paulatinamente los fondos de la Administración Nacional destinados a las transferencias que reciben las provincias, y, de este modo, arrimar a las metas fiscales impuestas por el FMI. 
 Vale mencionar que la reunión pautada para el lunes agudizó la crisis al interior de Juntos por el Cambio. Sucede que mientras todos los gobernadores de la oposición aceptaron el convite, el Jefe de Gobierno porteño lo rechazó, argumentando que no tiene ninguna intención de «aumentar impuestos». Rodríguez Larreta se refiere particularmente a los impuestos que pagan los empresarios, ya que no le tiembla el pulso a la hora de acrecentar la carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores medios. Sin ir más lejos, viene de subir un 52% el ABL y un 60% las patentes, así como el año pasado inauguró el impuesto sobre las compras con tarjeta de crédito, que pagan todas las personas sin importar su poder adquisitivo, para compensar la reducción de recursos provenientes de Nación- en lugar de gravar a la renta financiera, por ejemplo. 
 No obstante, el desplante de Larreta no solo está motivado por las presiones patronales que ven con recelo la suba de Ingresos Brutos, considerando que, a fin de cuentas, el Pacto Fiscal no obliga a aplicar aumentos, simplemente los autoriza. Ocurre que el consenso en cuestión sí obliga a suspender cualquier litigio sobre la Coparticipación Federal. Es decir, en caso de firmar, CABA debería renunciar a su reclamo de que el gobierno nacional reponga el porcentaje de la coparticipación que le recortó. En síntesis, una expresión de la crisis política que se procesa entre los bloques patronales, e incluso al interior de cada uno de ellos, cuyo telón de fondo son los choques que se precipitan en el seno de la clase capitalista frente al «síndrome de la sábana corta», propio de un Estado en quiebra. Finalmente, la hoja de ruta trazada por el FMI encierra un ataque en regla sobre las mayorías populares, pero también implica que algún sector de la burguesía salga perjudicado inevitablemente. 
 De todas maneras, el potencial aumento de Ingresos Brutos afectará principalmente a los trabajadores, puesto que los capitalistas trasladarán estos mayores costos al eslabón siguiente de la cadena comercial, desembocando en el precio final del producto que pagan las familias al momento de hacer las compras. La única forma de que esto no ocurra es abriendo los libros de las empresas, algo que ningún gobierno capitalista está dispuesto a hacer. Lo anterior muestra a todas luces la impostura de Juntos por el Cambio, que critican la «presión fiscal», sin embargo sus gobernadores se aprestan a firmar un acuerdo que supone impuestazos porque son perfectamente conscientes de cuál es la clase social que pagará los platos rotos. 
 A su vez, el incremento de Ingresos Brutos tendrá un impacto mayor en los trabajadores cuentapropistas que también deben tributarlo, que, a diferencia de las empresas, cuentan con menos espalda para hacerle frente. Por otra parte, la posibilidad de que las provincias creen nuevos impuestos deja la puerta abierta a que estos sean de carácter regresivo y perjudiquen a los sectores más vulnerables. 
 Cabe destacar que el Consenso Fiscal 2022 mantiene intacto impuestos al consumo popular como el IVA (el que más incidencia tiene en la recaudación mensual), a la vivienda única y no cuestiona que el Impuesto a las Ganancias siga gravando el salario. Como contrapartida, continuarán vigentes las exenciones impositivas al capital (a través de las cuales se pierde el 3% del PBI) y los múltiples canales de evasión para los empresarios. Como vemos, la «presión fiscal» del país se ejerce fundamentalmente sobre la clase trabajadora.
 Es necesario contraponerle a este esquema regresivo la anulación del IVA, del impuesto al salario y a la vivienda única, la reposición de los aportes patronales y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital. A su vez, es preciso abrir los libros de las empresas para evitar que la suba prevista de Ingresos Brutos se traslade a los precios. El financiamiento del Estado debe recaer integralmente sobre la clase capitalista. 
 Lo anterior, junto al repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI, permitirá que los recursos nacionales sean destinados a resolver las necesidades sociales y a vehiculizar el desarrollo del país bajo la dirección de la clase obrera. Rechazamos este Pacto Fiscal contra el pueblo y llamamos a enfrentarlo en el terreno de la lucha. 

 Sofía Hart

Perú: el Congreso es un nido golpista y reaccionario


La Unicameral aprobó moción de censura contra el ministro educativo Gallardo.

 Los trabajadores deben salir a la lucha independiente por sus reivindicaciones. 

 El martes 21 de diciembre el parlamento peruano votó la vacancia-destitución del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Se le acusa de haber hecho trascender las soluciones a un examen de capacidad que deben rendir los docentes para ser nominados el próximo ciclo lectivo. No hay sin embargo pruebas de esta acusación. Por eso el ministro no quiso renunciar, como se le pedía. Deberá ser el presidente Pedro Castillo el que lo destituya. 
 Una de las causas más directas por las cuales se resolvió la destitución de Gallardo es porque este no se abocó con energía a poner en marcha la “reforma universitaria” que recientemente votó la Unicameral. Con ese rimbombante título estamos en realidad frente a una contrarreforma, porque lo que esta plantea es dar una nueva oportunidad a los dueños de las universidades privadas que han sido cerradas por su bajísima calidad educativa y altos aranceles. Constituía una estafa en toda la línea a la juventud estudiantil y a sus familias que deben empeñarse para costear sus estudios. 
 Se trata de un fuerte y reaccionario lobby empresario. Los mercaderes de la educación son uno de los grupos fundamentales que dieron el golpe que derribó al presidente Vizcarra y nombró sucesor a Merino (depuesto a la semana por la movilización popular) con este reclamo como una de sus banderas. Ahora ha logrado que el parlamento, dominado por la derecha, ofrezca una nueva oportunidad para la reapertura de estas universidades truchas.
 ¡Este es el doceavo ministro destituido en los primeros cinco meses del gobierno de Pedro Castillo! La mayoría derechista del parlamento viene acusando y destituyendo a cualquier funcionario que tenga roces con algún sector empresario o no siga las directivas de las cámaras patronales. Hace 15 días hizo votar la “vacancia” del propio presidente Castillo, por ahora rechazada. Y en los próximos días vienen nuevas acusaciones.
 Para el 29 de diciembre el presidente Castillo está citado por una fiscal que lo acusa de afinidad ideológica con la desaparecida guerrilla de Sendero Luminoso, de presionar y tratar de influenciar resoluciones y de corrupción. Se trata de un trabajo de demolición para obligar a un total alineamiento del presidente con los factores de poder. El ministro de Defensa se ha visto obligado a renunciar porque trató de “influir” en los ascensos militares. Las reaccionarias y represivas Fuerzas Armadas han ganado una total autonomía respecto al poder político gubernamental. 
 El presidente Castillo, se ha olvidado por completo, preocupado por sobrevivir, de su principal promesa electoral: la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 
 Ni la derecha, ni las FFFA, ni las cámaras patronales quieren, en el actual marco de inestabilidad política, convocar a una Constituyente por temor de que se dispare un debate nacional sin destino cierto. No debe olvidarse que Pedro Castillo ganó sorpresivamente las elecciones hace seis meses, sin aparato político alguno, canalizando un hastío general de masas explotadas. 
 La presidencia de Castillo es de una pusilanimidad pocas veces vista. Su preocupación principal es cómo detener y desmovilizar las medidas de lucha que van tomando los trabajadores. Es lo que le reclaman las clases dominantes: “desactiven los conflictos”. La jefa de gabinete Mirtha Vásquez está empeñada ahora en levantar los cortes de ruta de pobladores y campesinos que tienen bloqueados el ingreso y egreso de las compañías mineras. Estas no han cumplido con los contratos que indicaban las obras que tenían que ejecutar para no perjudicar la salud y la economía regional (caminos, etc.). 
 Vázquez se jacta de que ha logrado que ocho de trece comunidades indígenas que vienen cortando la ruta hace tres meses, levanten el bloqueo a la mina de Las Bambas, del grupo MMG Limited, estableciendo una tregua hasta el 30 de diciembre. En esa fecha, la jefa de gabinete se comprometió a asistir a la localidad para conformar una mesa de diálogo que tendría “máxima prioridad”. Todo parece un nuevo verso de la ministra, en inteligencia con la patronal, que hace años viene estirando una respuesta elementalmente satisfactoria a los reclamos comunitarios. La jefa de gabinete está empeñada ahora en lograr que las otras cinco comunidades se plieguen a la tregua y levanten los bloqueos.
 Perú Libre, el partido por el cual fue candidato Pedro Castillo, ha sido echado del gabinete. Pero igual sigue “luchando” para que el presidente reincorpore a alguno de los suyos al staff ministerial. Hace una semana se colocó un pedido de vacancia contra la presidenta de la Unicameral con serias acusaciones de complotar por la caída del gobierno. Pero fue rechazada con el voto inclusive de la bancada de Perú Libre. Los diarios publicaron la foto del exjefe de gabinete, Bellido -“vacado” hace unos meses por la presión de la derecha-, en un abrazo político con la presidenta derechista de la Unicameral que empujó su “vacancia”. ¿Síndrome político de Estocolmo? 
 La mayoría derechista del Congreso se blinda contra cualquier tipo de injerencia democrática. Habiendo declarado que está en contra de convocar a una Asamblea Constituyente acaba de aprobar una ley por la cual se inhibe el derecho a presentar un pronunciamiento (con más de dos millones de firmas) reclamando un referéndum para convocar a la Constituyente. Algo a todas luces incluso anticonstitucional. La Justicia analizará si esa ley vale o no. Mientras. el camino utópico de juntar dos millones de firmas corroboradas queda interdicto (sectores derechistas están impulsando otro petitorio para que no se convoque a ningún referéndum, ni Constituyente).
 La central obrera CGTP dirigida por una burocracia sindical stalinista, se ha colocado por completo en el más absoluto seguidismo del gobierno de Pedro Castillo. 
 La presidenta del parlamento, María del Carmen Alva, ha presentado un nuevo paquete de leyes de reforma laboral antiobrera. No solo mantiene en pie todos los avances reaccionarios de gobiernos anteriores, sino que agrega nuevos ataques (hacer más “flexibles” los contratos de trabajo a efectos de que el empleador pueda ponerles fin en el momento que le sea más conveniente, que el Estado asuma los denominados “costos no salariales” de los trabajadores que contrate el empresario, entre otros). 
 El gobierno ha respondido que piensa revitalizar un viejo Consejo Nacional del Trabajo (un “pacto social”) tripartito con representantes de patrones y obreros. La CGTP ha contestado que estaría de acuerdo, si de verdad actuara y produjera modificaciones favorables a los trabajadores. Es pedirle peras al olmo. Las reivindicaciones de los trabajadores serán obtenidas por la organización y lucha independiente de los propios trabajadores. Pero las burocracias sindicales están enfeudadas al Estado burgués. No ven forma de actuar que no esté relacionada con gobiernos pretendidamente “amigos” de los trabajadores. El Estado busca la regimentación de las organizaciones obreras. Pedro Castillo acaba de inaugurar una Escuela de Formación Sindical: quiere un movimiento sindical regimentado a su imagen y semejanza. 
 Es necesario romper toda subordinación política al gobierno patronal que cede sistemáticamente ante los factores de poder. Y se está cavando su propia fosa: será echado cuando ya no le sirva a las clases dominantes para mantener subordinadas a las masas. Es necesario un congreso de trabajadores, con delegados elegidos en fábricas y campos, con representantes de los estudiantes, de los sin techo, para votar un pliego nacional de reivindicaciones y salir a luchar en forma continua y consecuente por ellas con crecientes medidas de acción directa.

 Rafael Santos

domingo, 26 de diciembre de 2021

El Fondo, la fuga y los pagadores seriales


La evaluación del FMI del megacrédito a Argentina incrimina a todo un régimen de saqueo. 

 El informe del directorio del FMI sobre el resultado del megacrédito otorgado en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri fue saludado por el actual oficialismo, pero en realidad incrimina a todo el régimen de saqueo que impera en nuestro país, incluyendo al propio Fondo. Todos ellos deben ser puestos en el banquillo de los acusados. 
 La sentencia de que el programa fondomonetarista fracasó en su objetivo de que Argentina recupere la confianza de los centros del capital financiero internacional, y el reconocimiento de que el préstamo terminó financiando la fuga de capitales, fue interpretada por el gobierno del Frente de Todos como un aval a su planteo de que el organismo debería tener en cuenta esta «autocrítica» y contemplar un trato más benevolente en la negociación para llegar a un acuerdo de repago de los 45.000 millones de dólares desembolsados. Además de una quimera, es una confesión de que rescatan una deuda fraudulenta. 
 La «evaluación ex post» que publicó el FMI observa en concreto que la gestión macrista debería haber encarado una reestructuración de la deuda con los privados e instaurado un control de capitales para evitar la salida de divisas, y achaca que no hubo medidas para apaciguar la inflación más allá de fijar altas tasas de interés y ajustar el gasto público para frenar la emisión monetaria (ambas recomendadas por el organismo). 
 En declaraciones a medios radiales, Martín Guzmán se jacta de que esas fueron precisamente las iniciativas de su gobierno. No obstante, ni el canje de deuda suscrito con los bonistas resolvió la insolvencia del país, ni los sucesivos endurecimientos del cepo cambiario impidieron la fuga de capitales. Ni siquiera después de dos años de jugoso superávit comercial se recompusieron las reservas del Banco Central. Por lo demás, lo cierto es que también se intentó contener la inflación a base de ajuste fiscal y acelerado endeudamiento en pesos (para evitar emisión), sin resultado alguno en la dinámica alcista de los precios. 
 En realidad, los programas fondomonetaristas, las crisis de deuda y la fuga de capitales son indisociables. La función del FMI como «acreedor de última instancia» es precisamente otorgar créditos que actúen como garantía de pago de las hipotecas nacionales a costa de un monitoreo de políticas de ajuste y de favorecer los negocios de las multinacionales imperialistas. El default de 2001 fue el resultado de la implementación de los sucesivos «rescates» del FMI. Hoy el cronograma de repago que se intenta acordar con el organismo tiene como única premisa generar las condiciones para que el país vuelva al mercado de crédito internacional a endeudarse en dólares para devolverle lo que adeuda al Fondo Monetario; de ninguna manera apunta a que se cancele dicho monto «con crecimiento». 
 Este círculo vicioso explica que todos los gobiernos de las últimas décadas hayan ido incrementando el endeudamiento nacional a pesar de pagar religiosamente los vencimientos, hasta llegar al actual récord histórico de deuda pública luego de que desde la asunción de Alberto Fernández hayan crecido los pasivos en 40.000 millones de dólares. Los controles cambiarios fijados en el último mandato de Cristina Kirchner, repuestos por Macri hacia el final de su gestión tras la corrida que siguió a su derrota en las Paso, y reforzados hasta hoy, nunca tuvieron otro fin que pagar la deuda y por eso son contrapuestos a cualquier perspectiva de ahorro nacional en función de invertir en un desarrollo económico y social. 
 El punto es la falsedad de la premisa de la que parten todos los actores involucrados: que Argentina sufre de una escasez de divisas o una «restricción externa». Por el contrario, Argentina genera mucho más de lo que debe. Un reciente informe del Indec arroja que en el tercer trimestre de este año nuestro país registró un excedente (capacidad de financiamiento) de 3.338 millones de dólares, a la par que un egreso de capitales de 3.465 millones. Así, los activos que la burguesía criolla tiene invertidos en el extranjero o afuera del sistema financiero local superan los 413.000 millones de dólares, muy superior a todo el PBI anual del país y a los pasivos (incluyendo la deuda externa pública y privada). 
 Así las cosas, el gobierno intenta eximirse por los resultados del programa que en estos momentos negocia con el Fondo, pidiendo que las futuras evaluaciones no carguen las tintas únicamente sobre el Poder Ejecutivo sino que hagan extensivas las responsabilidades al Congreso, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil en general. En otras palabras, pretende adjudicar al pueblo trabajador las consecuencias de lo que se firme. Esto cuando el ajuste lo pagan los jubilados, la clase media ni siquiera puede comprar pasajes en cuotas para viajar al exterior, pero el gran capital no cesa de fugar sus ganancias. Incluso, parte del esquema de estímulos a la desplomada inversión extranjera (en el tercer trimestre fue negativa) incluye la flexibilización del cepo para las grandes firmas exportadoras. 
 El FMI, el imperialismo que lo conduce y la burguesía nacional son los agentes principales del saqueo de las riquezas del país, en un régimen sostenido por todos los gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas pagando serialmente las deudas para dejar a su término una hipoteca mayor. No hay salida al declive de la economía argentina sin romper con esta orientación social. 

 Iván Hirsch

Borges, el Sur y una esquina


Jorge Luis Borges con Estela Canto 

 En una intersección en los lindes entre los barrios porteños de Monserrat y San Telmo, habitaba un restaurante cerrado hace poco. En esa misma esquina, Jorge Luis Borges ambientó un momento fundamental de un celebrado cuento, que integra el volumen El Aleph. El que quizás sea el mejor entre sus brillantes libros de relatos.
 La pandemia se ha llevado al restaurante Maraxe, en Chile 899. Desde que empecé a vivir por esos barrios, en 1995, ese establecimiento estaba allí. Con marquesina y carteles fileteados y algún detalle de decoración de origen español en su interior, era un lugar agradable. 
 Quien escribe estas líneas se sentó muchas veces en alguna de sus mesas. La cercanía con mi domicilio y el gusto por los pescados y mariscos se conjugaban para que ello sucediera. 
 No hay esperanzas de retorno, un cartel de inmobiliaria cuelga en su frente. Otra ausencia forzada en Buenos Aires, que junta polvo después de una extendida trayectoria. 

 Un barrio, un cuento. 

 La de Chile y Tacuarí no es cualquier esquina. Allí comienza, en un modesto almacén, un cuento famoso, «El zahir». Borges, protagonista de la narración, recibe en ese lugar la moneda de veinte centavos que se le volverá una obsesión enloquecedora, al borde de obturar todos los mecanismos de su memoria. Ese acontecimiento es central para la trama del relato. 
 El escritor solía afirmar que Tacuarí era su calle favorita del Barrio (así, con mayúsculas) Sur . El tal barrio en realidad era la denominación que el cuentista y poeta asignaba a los que una toponimia más tradicional llama Monserrat, San Telmo, incluso Constitución. 
 Una caminata por la calle en la actualidad permite imaginarse las razones de ese favoritismo. Al paso de las décadas mantiene un ritmo tranquilo y entre sus edificios se hallan reliquias de aquella época.
 Para mencionar una, el antiguo bazar La luna, que sigue inmutable en la esquina de la calle México a esa misma altura. No es difícil conjeturar que Borges se detuvo ante sus vidrieras, ya entonces ocupadas por los más variados utensilios. 
El propio Maraxe se encontraba en la planta baja de un edificio que atestigua muchas décadas de existencia, tal vez fue asimismo objeto de su atención. En la ficción, J.L.B arriba a esa esquina y al almacén la noche del velatorio de una muchacha que fuera su amor frustrado. Teodelina Villar, la nombra. La describe como una acendrada snob, siempre atenta a las modas parisienses. 
 Con un tono de mesurada ironía que constituye una de las tantas vetas de su escritura, Borges nos hace una pintura de su amada con acentos de ingeniosa comicidad. No se detiene ni ante el lugar de la muerte. Presa de un indetenible declive tanto económico como de su vida social, “Teodelina Villar cometió el solecismo de morir en pleno Barrio Sur.” Junto a su juventud y su éxito habían quedado atrás lujosos inmuebles en el norte de la ciudad. 
 El protagonista ingresa en el almacén de su desgracia como parte de una tentativa sarcástica de aventar el dolor por la muerte de la que era su amor platónico. No encuentra nada más contrario a las ínfulas “aristocráticas” de la difunta que tomar en un boliche de barrio una bebida modesta, “caña de naranja”. Califica como “oxímoron” a la paradójica situación 
 El relato, es, quizás, una metáfora acerca de los padecimientos que puede infligir la memoria si se sale de sus carriles. Ya se había ocupado del tema en “Funes, el memorioso”. Allí era una recordación infinita la que se convertía en tortura para el personaje, hasta el punto de anularlo por completo.
 “El Zahir” trata asimismo de un arrasamiento de la personalidad por vía de los recuerdos. Pero esta vez es una reminiscencia inmanejable la que ocupa poco a poco el lugar de una memoria antes privilegiada. 
 Por fuera de ese nudo argumental, la narración se inscribe en la línea de los cuentos más eruditos de J.L.B. 
 A propósito del objeto maldito, se desata una catarata de referencias a literaturas islámicas y otras fuentes que informaron acerca de esos funestos talismanes. Hasta su pasmada admiración por la figura del tigre tiene un lugar en la narración. En un pasaje se adentra al lector en el esquema de un supuesto cuento, evocativo de la mitología nórdica, que Borges habría compuesto en el intento fallido de olvidar al Zahir. 
 El conjunto de la narración resulta admirable, con destaque para los rasgos circunstanciales, manejados con maestría. 

 ¿Por qué en esa esquina?

 Algo habrá tenido que ver con la elección del escenario inicial de Chile y Tacuarí que la mujer de la que Borges estaba enamorado, allá por la década de 1940 en la que creó el cuento, vivía a pocos metros de esa esquina. Estela Canto, traductora y escritora, tenía su domicilio en Tacuarí 704. Su inteligencia y belleza lo tuvieron fascinado durante varios años. 
 Mantuvieron una peculiar relación, colocada bajo la sombra amenazadora de doña Leonor, la madre del escritor. Parece ser que en la vivienda de Estela, J.L.B escribió (o dictó) algunos de sus cuentos más renombrados. Incluso le dejó en esa casa el manuscrito del cuento El Aleph. Pasaron las décadas y la escritora tuvo un gesto tan irreverente como lucrativo: Lo vendió en la casa Sotheby s de Estados Unidos, en 1985. 
 La que por un tiempo recibió las consideraciones de una novia tuvo algunas “salidas” que no pudieron sino perturbar al escritor. Quizás la más conocida sea su contestación a una propuesta matrimonial: “Lo haría con mucho gusto, Georgie. Pero no olvides que soy discípula de Bernard Shaw. No podemos casarnos si antes no nos acostamos.” Otra fue pedirle, parece que con marcada insistencia, que se afiliara al Partido Comunista, al que ella pertenecía en esos tiempos. 
 Unos “Recorridos borgeanos”, organizados por entusiastas afincados en la Biblioteca Nacional, supieron tener a Tacuarí 704 como punto de partida de la parte del periplo dedicada a la zona de San Telmo. Pese a todos los atropellos, los sitios de la memoria urbana suelen encontrarse con sus esforzados cultores.
 Siguen las pérdidas para nuestra ciudad. Cabe el deseo de que el cambio de destino del viejo Maraxe no arrase también con la placa recordatoria, en la que puede aún leerse: «En la esquina de Chile y Tacuarí vi un almacén abierto. En aquel almacén, para mi desdicha, tres hombres jugaban al truco.» 

 Daniel Campione | 15/12/2021

El 60% de la población promedia ingresos de $51.000

Crece la brecha entre ricos y pobres, y continúa el deterioro de los salarios e ingresos populares. Un nuevo informe del Indec volvió a dejar al descubierto la precaria situación que viven miles de familias obreras, con un 60% de la población promediando ingresos por $51.597. La “reactivación económica” del gobierno viene de la mano de mayor ajuste y desigualdad social.
 Se trata de la Evolución de la Distribución del Ingreso realizada en base a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que mide el tercer trimestre del 2021, y que además arrojó un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, ampliándose de 13,2 a 15,9 veces, teniendo como base ingresos altos por $286.389 contra ingresos bajos por $18.038. 
 Estas estadísticas miden la “salida” de la segunda la de la pandemia, con una actividad económica recompuesta. Pero dejan al desnudo que tal proceso ha ido acompañado de un deterioro en los salarios e ingresos populares y una mayor acaparación de la riqueza social por parte de los sectores más acaudalados y las patronales. 

 Los números de la desigualdad

 Entre otros datos recogidos por el organismo oficial se calcula que el 50% de los hogares no llega a cubrir la Canasta Básica Total que, para el mes de septiembre, fue de $70.532. 
 El 60% de la población ocupada recibe ingresos equivalentes al 10% de las personas con mayores ingresos, aunque es difícil de precisar el carácter social de este último estrato, que va desde los $100.000 hasta los $4.000.000. De segmentarse aún más saltaría a la luz una desigualdad de clase mucho más inequitativa. 
 Incluso entre los deciles más altos (el 9 y 10) el ingreso promedio se ubica en $124.671: apenas por arriba de la Canasta Familiar que calcula la Junta Interna de ATE Indec, como un punto de partida para satisfacer las necesidades elementales. 
 Entre la población asalariada se registraron 8.733.953 personas con ingreso promedio de $50.849, tomando en cuenta que para las personas con descuento jubilatorio (mayor nivel de regularización) los ingresos promedio fueron de $62.038, mientras que quienes no tienen descuentos jubilatorios promediaron los $27.301. Un reflejo de la precarización laboral y de las negociaciones paritarias a la baja. 
 Solo este último dato sirve para registrar los niveles de miseria de los salarios regularizados, en tiempos donde las patronales pujan por una reducción de los “costos laborales” y desenvuelven una huelga de inversiones para tal fin. La continuidad de esta política puede significar que la mayoría de la clase obrera no alcance siquiera una canasta de pobreza. 
 Cabe destacar también que mientras el ingreso promedio de los hombres fue de $60.348, el de las mujeres llegó a $43.183, lo que implica una brecha del 40% de los ingresos, por razones de género.

 El camino hacia el FMI

 Los números recabados por el Indec reflejan las consecuencias de una política ajustadora del gobierno nacional y las patronales, que se fundamenta en una “recomposición económica” con mayor explotación laboral, peores salarios y más desempleo. A esto hay que sumarle la caída del gasto social, de la mano de la política de ajuste fiscal del ministro Guzmán, todo lo que va en línea de las demandas del FMI. 
 De esta manera se explica el crecimiento de la desigualdad social y los bajos niveles de ingresos medios, tanto de asalariados como del conjunto de la sociedad, ocupada y desocupada. 
 La salida a este régimen de ajuste y ajustadores implica una ruptura con el FMI y con el capital financiero, para reorganizar la economía nacional sobre las bases de un programa de los trabajadores, que incorpore la recomposición general de los salarios, el seguro universal al desocupado y un plan de obras públicas y viviendas para generar millones de puestos de trabajo y responder a las necesidades populares insatisfechas. 

 Marcelo Mache

Presupuesto y máxima tensión


Por primera vez en 38 años de gobiernos constitucionales ha sido rechazado un proyecto de presupuesto nacional. Más allá de los resultados concretos en materia de finanzas públicas, la derrota es un mazazo más para el gobierno, que sigue aferrado a la búsqueda de un acuerdo sobre la deuda impagable. 
 Si bien en otros momentos se optó por la prórroga del presupuesto del año anterior, desde la restauración democrática de 1983 nunca había ocurrido que un proyecto de presupuesto fuera votado en contra en el parlamento. En el arco opositor el rechazo fue casi unánime, si bien el lógico protagonismo se lo llevó el peso numérico de Juntos por el Cambio.
 La oposición más numerosa jugó al deterioro del gobierno y a preservar su rol como “crítica insobornable” de la actual gestión. También a acatar el lobby de las grandes empresas, reacias a cualquier prórroga de facultades, que pudiera terminar en alguna tentativa de tributos “progresivos”. Alguna previsión en ese sentido aparecía en el proyecto y el veto empresarial brotó en seguida. Siempre se curan en salud. A veces no precisan ni siquiera amagues de apuntar a sus intereses, les basta que quede abierta esa posibilidad para correr a cerrarla de modo preventivo. 

 Máximo y la ambigüedad 

 Queda para la especulación si Máximo Kirchner quiso con su crítico discurso descarrilar el precario acuerdo al que se había arribado para que el proyecto volviera a comisión. Tal vez el presidente del bloque del Frente de Todos fue arrastrado por el impulso del kirchnerismo “puro” de respaldar la política del gobierno, si bien dejando constancia de permanentes salvedades.
 Objeciones orientadas a mantener la mirada en alto frente a su público más fiel, el que tiene expectativas progresistas y se tienta con “la verdadera deuda es con el pueblo” o consignas similares. 
 Asimismo puede haber incidido la convicción de que el debate se extendería unos días más, con un resultado invariable, ya que a la postre Juntos por el Cambio votaría de todos modos en contra. 
 El efecto financiero más directo es que el gobierno contará con más flexibilidad para asignar gastos e inversiones, por sobre la foto “congelada” de la prórroga del presupuesto 2020. Por otra senda transita el efecto político, al dar una señal de debilidad y de carencia de bases para generar un consenso “bicoalicionista” que apuntale el pacto para el pago de la deuda. 
 De cualquier modo, la legitimidad de la deuda y su importe impagable no recogen un cuestionamiento de fondo, ni desde el gobierno y menos todavía desde la oposición de derecha que contrajo ese préstamo escandaloso. 
 Ha quedado malparada la preocupación por proyectar una imagen de “consenso amplio” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desea como telón de fondo del avance en un acuerdo. La no aprobación del proyecto presupuestario desató un gesto algo patético. Pocas horas después del fracaso el presidente se sumó a una reunión con Kristalina Georgieva para renovar su profesión de fe en un acuerdo. 

 La importancia del NO 

 Alberto Fernández expresó por twitter su postura: «Hablé con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva». 
 Como puede apreciarse, la “recuperación económica inclusiva” fue el recurso retórico escogido esta vez para compatibilizar en el plano discursivo lo inconciliable en la realidad: Pago de la deuda y sometimiento a las condiciones del FMI con sostenimiento o mejora del nivel de vida de la población. 
 Hay indicios de que el escaso alivio que podía producir que el FMI no cobre sobrecargos en la tasa de interés tampoco se hará efectivo. La directora gerente del Fondo prodiga una y otra vez gestos de simpatía y hasta de optimismo acerca del “caso argentino”, sin que por eso aparezca ninguna “concesión” de importancia de parte del organismo financiero.
 Ahora queda por adelante la discusión del proyectado programa o plan “plurianual”, en el que el gobierno intentará dejar bien marcada la “buena letra” en el mediano plazo para generar mejores condiciones de pago al Fondo. Aunque sea a costa del deterioro de los ingresos populares, la pobreza y la no creación de empleos. 
 Entretanto, avanza el cronograma de pagos, sin pausa y por cifras que tienden al ascenso. El próximo miércoles, Argentina deberá pagar 1.850 millones de dólares al FMI. En enerovencen otrosUS$ 1.365 millones, en febrero US$ 594 millones, y en marzo US$ 8.800 millones, que incluyen una porción de deuda con el Club de París. Una sangría que el establishment político y económico aspira a postergar por un tiempo, pacto con el Fondo y políticas de ajuste mediante. Están dispuestos a hacerlo, ya sea con entusiasmo, con forzado optimismo o con visos de reticencia. 
 La obcecación en mantener la relación con el FMI al costo que sea ya tuvo incidencia en la ruina política de al menos dos presidentes argentinos, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Alberto Fernández debería mirarse en ese espejo. Lo mismo que quienes hacen piruetas para mantener un “relato” crítico con el organismo internacional, sin oponerse con seriedad a la claudicación frente al mismo. 
 Si la sociedad argentina queda sometida al libre albedrío de su dirigencia económica, política, comunicacional y sindical, el ajuste puede avanzar de manera inexorable. Las diversas elites pueden enfrentarse entre sí con dureza. Lo que no quita que coincidan en la común despreocupación por el destino concreto de las mayorías populares.
 El sábado 11 de diciembre la movilización dejó claro que hay sectores dispuestos a manifestarse con un NO al pago de la deuda y a los condicionamientos del FMI. Y que apuntan a la denuncia firme del agravamiento de las ya penosas condiciones que padece buena parte de la población.
 Es un camino que recién comienza y requerirá continuidad y amplitud en la convocatoria a la lucha. Se juega el porvenir de Argentina. Nada menos.

 Daniel Campione | 22/12/2021

sábado, 25 de diciembre de 2021

Silvio Rodríguez: Mi primera tarea / Documental / 2020

 

 En el año 1961, mas de 100,000 jóvenes protagonizaron la Campaña Nacional de Alfabetización, en la cual lograron, en menos de un año, declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo. Entre los miles de adolescentes que participaron en esta epopeya, estuvo Silvio Rodríguez Domínguez, con tan solo 14 años. Aquí nos regala su testimonio, contado en primera persona, sobre la experiencia que definió su vida cuando enseñó a leer y escribir a una familia en una comunidad campesina.

"Rechazamos este presupuesto de ajuste de la intendenta Mariel Fernández" // Lorera Pereira - Moreno

Programa especial sobre José Pablo Feinmann - Otra Trama

 

 Otra Trama homenajea al filósofo, escritor, guionista y uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo: José Pablo Feinmann. Con un repaso de las entrevistas realizadas por Osvaldo Quiroga en los últimos años en los programas El Refugio de la Cultura y en Otra Trama. Juntos reflexionan sobre el éxito de sus clases dictadas en un teatro, abordan al peronismo y sus distintas facetas, el kirchnerismo, el rol de los "filósofos periféricos", entre otros temas.

Charla con Jorge Altamira en Quilmes: Cuba entre la restauración capitalista y la rebelión popular

 

 Charla con Jorge Altamira en Quilmes: Cuba entre la restauración capitalista y la rebelión popular, 18/12/2021.

jueves, 23 de diciembre de 2021

El Chubutazo anticipa un escenario explosivo a nivel nacional


La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado lamentándose por el paso atrás que dio “nuestra democracia” el lunes debido a la derogación de la zonificación minera en Chubut. Estamos ante una definición sin tapujos de lo que entienden por “democracia” y, sobre todo, ante una declaración de principios: para este sector la palabra de 14 diputados respaldados por un régimen político decrépito vale un millón de veces más que la del pueblo movilizado masivamente. Del otro lado, la rebelión popular se valió del método democrático por antonomasia que conoce la historia de la humanidad: el de la resistencia en las calles, con barricadas, autodefensa y el incendio de las instituciones que materializan el estado de cosas contra el que se protesta. En otra escala, es el método de la Revolución Francesa, el que sentó las bases de la democracia burguesa a nivel mundial. También lo es el de la resistencia a las diversas dictaduras militares que se desarrollaron en nuestro país. El Chubutazo resistió a una feroz represión doblegando a una ley antipopular y dejando una señal -literalmente una advertencia- respecto de la respuesta que proseguirá a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿El segundo Chubutazo como preludio del segundo Argentinazo? La historia no es mecánica ni lineal pero da guiños cada tanto que no se pueden pasar por alto.
 El levantamiento popular dejó al desnudo, una vez más, la impotencia del régimen político provincial para afrontar la crisis que lo atraviesa desde hace 4 años. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, -hermano de Ricardo, el vicegobernador-, uno de los que encabezó el tratamiento de la zonificación minera, manifestó ayer que “la minería en Chubut es tema terminado”. Y respecto a la posibilidad de un plebiscito provincial, señaló: “No amerita más tratamiento este tema” (diario Jornada). Los Sastre tienen intenciones de llegar a la gobernación en 2023 y mantener el poder en Madryn, la derrota en una consulta popular sepultaría estas pretensiones. El plebiscito como artilugio distraccionista para intentar encausar la rebelión por los andariveles de la institucionalidad burguesa actualiza las contradicciones e internas del propio régimen. El gobierno de Arcioni-Sastre se encuentra a la deriva. Lo sostiene la “oposición” del PJ-kirchnerismo y Cambiemos, que no quiere saber nada en la actualidad con una caída producto de la movilización popular. Las burocracias de los sindicatos y movimientos sociales juegan un factor fundamental en este escenario: son las que, por el momento, han logrado contener el descontento de sus bases. Pero esto tiene un límite y quedó demostrado el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada en Rawson y Trelew en los enfrentamientos con la policía. 
 Por su parte, Julio Moreira, representante del Consejo de Bienestar Policial, en diálogo con la prensa ayer informó que se reunió con Leonardo das Neves, ministro de Seguridad, a quien le recriminó que utilicen “chicos nuevos que no tienen experiencia” para disuadir el conflicto. Informó que hay 60 policías heridos, entre ellos Daiana Vallejos, con una herida de gravedad en el ojo. Señaló que la institución policial se encuentra dividida respecto a la represión y que el ministro le reconoció que “la provincia no da con el personal adecuado porque hay muchas movilizaciones en todas las ciudades y por ahí los superan” (Azul Media). 
 El transcurrir del Chubutazo contó con la incorporación de trabajadores de la pesca. Primero lo hicieron de forma desordenada, sumándose a la resistencia de manera “espontánea” en las calles a título personal, o al menos no con el respaldo sindical. Estuvieron en la primera línea de la resistencia el miércoles y jueves junto a la juventud de las barriadas populares, es decir, a los sectores más postergados de la sociedad. Fueron actores fundamentales de la rebelión en las jornadas más picantes de la revuelta, donde se definió la vuelta atrás en la zonificación. El viernes la burocracia sindical que los conduce decide sumarse orgánica y formalmente con un discurso pacifista y denunciando la intención de aplicar una nueva ley de pesca en favor de las multinacionales y en detrimento de los capitalistas locales, que repercutirá en los puestos laborales del sector. Ese viernes también comenzó la “rosca” entre el PJ-kirchnerismo, los movimientos sociales que controla y fuerzas políticas filo K (entre ellas partidos municipales en Trelew), e incluso sectores al interior del movimiento ambientalista, para tratar de sacar las movilizaciones de los centros políticos, en especial de aquellos lugares donde se encuentran los edificios públicos. El operativo institucionalista incluyó la propuesta pública de un plebiscito antes de que la realizara el propio gobernador Arcioni. El temor a que el Chubutazo contra la megaminería diera paso inmediato a un Chubutazo consciente contra la megaminería y el ajuste llevó a que se cerrara filas con premura en esta vía: el corte de Ruta 3 en Trelew debe leerse en esta perspectiva, intentar que menos gente fuera a Rawson el lunes. La dinámica hizo que el piquete tuviera masividad pero se maniobró para que durara menos de 12 horas y no 24 como proponían algunos sectores. 
 El régimen político de conjunto, con la complicidad de algunos sectores ambientalistas, comenzó ese viernes a tratar de instalar una contraposición de estrategias: reconociendo las marchas “pacifistas” y repudiando las batallas contra la policía que se produjeron en Rawson y Trelew, que se extendieron hacia varios barrios populares de la ciudad capital. Este operativo es el preludio para una avanza generalizada contra los que resistieron la represión estatal en las calles. La criminalización de la protesta social solo se podrá imponer sobre una derrota popular histórica pero la correlación de fuerzas quedó significativamente en manos del pueblo movilizado. Todos estos elementos indican que el Chubutazo no se cerró y que es responsabilidad del activismo seguir desarrollándolo. Los trabajadores de la empresa pesquera Cabo Vírgenes comenzaron ayer un paro de actividades en el Puerto de Rawson contra una andanada de despidos masivos. En horas de este mediodía se dictó la conciliación obligatoria. En Comodoro Rivadavia y Trelew trabajadores de supermercados paran exigiendo un aumento en mercaderías para el bono de fin de año. Los estatales en la provincia se encuentran con salarios congelados hace 2 años. El conglomerado Trelew-Rawson registra los índices de desocupación y subocupación más altos de la Patagonia, según informó en estos días el INDEC. 
 “Las acciones de Pan American Silver (PAAS) titular del yacimiento Navidad, suben esta tarde más del 7% como consecuencia directa de la ley de Zonificación Minera aprobada anoche por la Legislatura de la Provincia de Chubut”, informó Red 43 el jueves 16 de diciembre, y agregó: “Con una capitalización de mercado de 4.970 millones de dólares, la ganancia de los accionistas en el día es de 347 millones de dólares”. El gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández sufrió un duro golpe en sus pretensiones de mostrarse como garante de gobernabilidad y previsibilidad ante el FMI en las negociaciones que lleva adelante. El acuerdo que se discute implicará necesariamente una profundización en el ajuste que viene llevando adelante -incluso en los peores momentos de la pandemia: devaluación, tarifazos, contrarreformas laboral y previsional. El Chubutazo en curso, más allá de los límites señalados -en especial, la ausencia de una intervención consciente de la clase obrera con un programa de independencia de clase-, marca el camino para enfrentar este escenario nacional que avizora enormes choques sociales. 

 Iván Marín 
 23/12/2021