Los capitalistas argentinos atesoran 200.000 millones de dólares

El problema no es la llamada "restricción externa", sino el parasitismo de la burguesía y la fuga de capitales. 

 El presidente del Banco Central afirmó que uno de cada cinco dólares que circulan por el mundo fuera de Estados Unidos son atesorados por residentes argentinos. En una disertación que realizó en un congreso de profesionales de ciencias económicas, Miguel Pesce aseguró que «el país genera fuertes excedentes económicos» y estimó que hay unos 200.000 millones de dólares en billetes en Argentina.

 El titular de la entidad monetaria incurrió en una contradicción manifiesta, ya que insistió en que para que el país crezca «sostenidamente» las exportaciones anuales deberían promediar los 90.000 millones de dólares (un salto del 50% respecto de 2020), y en que “Argentina requiere de inversión extranjera no sólo porque es proveedora de dólares a la balanza de pagos deficitaria sino porque aporta tecnología e inversión; pero es cierto que el país genera fuertes excedentes económicos: los residentes argentinos son dueños de activos extranjeros por unos 400.000 millones de dólares y tenemos un saldo positivo de 150.000 millones”. 

 Es decir que terminó reconociendo que no es verdad que sufrimos una escasez de divisas o una «restricción externa». De hecho, agregó: «Lo que necesitamos es un mercado de capitales que convierta ese excedente en inversión». En conclusión, el problema es la huelga de inversiones que prima entre los capitalistas, lo que explica cómo es que hay más de medio PBI guardado en billetes norteamericanos «abajo del colchón». Este parasitismo es estructural e involucra por igual los años de «modelo productivo» de los Kirchner y de la «timba financiera macrista», ya que el propio Pesce resaltó que desde 2007 se importaron 170.000 millones de dólares en billetes desde Estados Unidos. 

 Por lo tanto, mientras a las familias trabajadoras del país les venden (desde ambos lados de la grieta) que no existe más alternativa que ir hacia un acuerdo con el FMI, mientras el Presupuesto 2022 presentado por Martín Guzmán en el Congreso contempla nuevo endeudamiento por 12.000 millones de dólares con organismos internacionales de crédito, y Alberto Fernández vuelve a pedir en una cumbre de la ONU mayor financiamiento; lo cierto es que en todos estos años de inflación, cepo cambiario, crisis de deuda y crecimiento de la pobreza la burguesía nacional multiplicó su atesoramiento en divisas. 

 El planteo de que los problemas de la economía nacional pueden resolverse incrementando las exportaciones se da de patadas con esta realidad que pinta el propio presidente del BCRA. Solo apunta a justificar una política basada en una serie de beneficios a los grandes pulpos ligados a la exportación, como se plasma en el proyecto de Ley de Hidrocarburos y la promesa de una norma similar para la agroindustria, la flexibilización del cepo y la eliminación de retenciones a las exportaciones de servicios, y se programan incentivos a las mineras y automotrices; pero todo eso únicamente busca garantizar «sostenidamente» los pagos de deuda. ¿Qué haría suponer que esas ganancias no redundarían una vez más en fuga de capitales y atesoramiento?

 Finalmente, el gobierno del Frente de Todos tuvo este año la bendición de un boom extraordinario de los precios internacionales de la soja y otros productos primarios, pero las tenencias líquidas del Central apenas se ubican en 1.400 millones de dólares, según la consultora ACM, cerrando un septiembre en que se gatillaron 1.900 millones al FMI y se dilapidaron 700 millones en operaciones para contener la brecha cambiaria. 

 El balance cambiario de agosto, publicado días atrás por la propia autoridad monetaria, demuestra que el mes registró un récord histórico de exportaciones debido a los altos precios de las commodities (no a mayores cantidades), pero sin embargo hubo una diferencia de casi 1.300 millones de dólares entre el valor de las ventas al exterior declaradas en la Aduana y las divisas que efectivamente se liquidaron, mientras que los importadores adelantaron el pago de 450 millones de dólares en relación al valor de mercadería efectivamente ingresada al país. Por lo demás, el informe volvió a mostrar los misérrimos niveles de inversión extranjera directa. 

 Estos típicos movimientos especulativos, característicos de los períodos en que se avizora la posibilidad de una devaluación, revelan que sin nacionalizar el comercio exterior todo auge exportador repetiría a priori los mismos patrones que vienen hundiendo al país en un declive secular desde hace décadas. A su vez, son estos sectores, desde Toyota y la UIA hasta las petroleras y Mercado Libre, los que ponen como condición para invertir que se concrete una reforma laboral que flexibilice los convenios colectivos de trabajo. Esto alecciona acerca de que la reactivación económica en términos capitalistas no partirá nunca de una mejora del poder de compra de los trabajadores, sino por el contrario de un mayor margen de explotación de la fuerza de trabajo y una maximización de la ganancia. Por eso no se cumplen las promesas de Alberto y Cristina sobre salarios y jubilaciones creciendo por encima de la inflación. 

 La huelga de inversiones condiciona todo el rumbo oficial. Refiriéndose a la masa ociosa de más de cuatro billones de pesos que acumula entre Leliq y pases pasivos el BCRA, Pesce expresó que “es dinero que necesitamos y la forma de resolver es que se canalice al financiamiento de las familias y de las empresas a través del sistema financiero y de capitales”. Pero la política de absorción de pesos circulantes (por la cual lleva pagados casi 900.000 millones de pesos en intereses a los bancos) garantiza que los especuladores de las finanzas puedan seguir haciendo negocios en medio de una depresión extraordinaria de inversiones que respondan a sus parámetros de rentabilidad y riesgo. Por eso vemos que en los títulos del Tesoro y del Banco Central están colocados casi el 90% de los depósitos del sistema bancario, lo que además de ser un impedimento de cualquier desarrollo productivo implica una altísima exposición a la solvencia del Estado, y podría hacer de una crisis de deuda soberana el disparador de una corrida bancaria. 

 Este parasitismo confirma que no hay un rumbo alternativo mientras la orientación central siga siendo buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, a base de ajuste fiscal y de congraciarse con los reclamos de los capitalistas ligados a la exportación. Para terminar con la supuesta escasez de divisas y la bicicleta financiera, y abrir paso a un ciclo de inversión productiva y desarrollo nacional, es preciso cesar el pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta, y nacionalizar la banca y el comercio exterior para que las riquezas del país sirvan a un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores. 

 Iván Hirsch

Una polarización “izquierda-derecha” para el relato electoral

En un balance de las PASO, Fernando Rosso, el director de la Izquierda Diario, caracteriza que el comicio produjo una “polarización a los extremos” (Le Monde, 12/9). En la misma línea, Christian Castillo, le pone nombre a esta ´polarización´, pues asegura que el creciente descontento popular con el oficialismo, cuando está presente lo que fue la catástrofe macrista, daría lugar a una tendencia a la “polarización a izquierda y derecha”, nada menos que entre el FITU y los ´libertarios´ (LID, 19/9). Convertir a Milei en un polo de la crisis política (no digamos el mismo FITU) tiene un aspecto alucinante. Más interesante es la proposición de una polarización de orígen electoral, que no se manifestó social o políticamente antes de las elecciones. Los autores no dicen que se trata de una polaridad proletariado-burguesía sino “izquierda-derecha”, o sea dos categorías extraterrenales, de característica auto-proclamatorias. La caracterización es asimismo curiosa cuando las dos primeras fuerzas reunieron más del 70% de los votos, mientras que los ´polos´ en cuestión juntaron el 7% promedio nacional. La lucha que tendrían planteado los trabajadores no es contra el gobierno de los Fernández-Manzur, ni contra la oposición macrista-radical, sino contra el asesor del empresario Eurnekian. Como ocurre con toda polarización política efectiva, en Argentina habría quedado planteada una lucha por el poder, que el FITU no planteó ni de lejos en la campaña electoral. Polaridad mediante, el FITU se habría convertido en la “primera o segunda fuerza” real. Ninguno de los señalados describe la acción política del FITU que contribuyera a atraer a las masas al campo de un lucha de clases política, que es la única forma en que puede desarrollarse un polo revolucionario. No basta para eso la crisis de “los de arriba”. 

 La crisis del “extremo-centro” alude a una combinación política entre el albertismo y el larretismo, que en ningún momento, sin embargo, funcionó como gobierno ni tampoco como alianza parlamentaria o legislativa. El retroceso electoral del oficialismo se manifestó en la tasa de abstención, por un lado, y en el voto a JxC, por el otro. Lo destacado no es la memoria de lo que fue el gobierno macrista, sino la velocidad que adquirió su recomposición política, que tampoco es la misma que en 2019. Electoramente hablando, las de medio término ofrecen un espacio de crecimiento de la izquierda, pero todavía le falta pasar por una experiencia de elecciones ejecutivas. En 2017, el PTS conquistó la mayoría en Libertador General San Martín, Jujuy, que perdió en elecciones provinciales y nacionales subsiguientes. El mismo ciclo ocurrió en Mendoza y Salta, y también en Córdoba, aunque con menos notoriedad. 

 La crisis ha puesto en evidencia el agotamiento terminal del gobierno, lo cual lleva a una crisis de régimen político. Esto conlleva, en principio, a un derrumbe de los planes económicos, con un impacto extraordinario en las de condiciones de las masas. El volumen de las movilizaciones piqueteras son un anticipio de la potencialidad de ese impacto. Rosso y Castillo se han puesto de acuerdo en no mencionarlas, debido a su hostilidad histórica a los movimientos de los trabajadores sin empleo. Pero llama la atención esta omisión en la construcción que hacen de una situación pre-revolucionaria, de confrontación entre Del Caño, de un lado, y Milei, del otro. Lo que uno y otro denominan polarización no es más que el diseño de una reconfiguración del mapa electoral, efectuada con métodos arbitrarios. En esta línea electorera, el aparato del PO sostiene que una “movilización política, incluso reforzará a la izquierda como alternativa de cara a las elecciones de noviembre, por las bancadas que tenemos en juego y las que podemos conquistar” (Prensa Obrera, 16/9). La “movilización política” se refiere a convocar a un congreso del FIT-U. Un congreso encuadrado no es, por ciento, una movilización sino electoral, además de una maniobra de ese aparato para confrontar a un PTS que juzga mediático, con el Polo Obrero que responde al oficialismo. 

 Mientras la izquierda se debate en este oportunismo electoral, buscando su mejor diseño como receptora de votos de un electorado ´descontento´, el país asiste a un cimbronazo social y político. Un gobierno cada vez más desvencijado avanza hacia una ´implosión´ interna, con alcances hacia todo el régimen político. La ´implosión´ afecta ya a la Corte Suprema. La módica ´chequera´ electoral que habilitó el oficialismo sólo ofende a los trabajadores que vieron hundirse sus condiciones de vida durante la pandemia. El precario rearme oficial junto a algunos gobernadores procura rescatar del naufragio un acuerdo con el FMI. Esta crisis no encontrará salida con las elecciones de noviembre.

 Julián Asiner 

 29/09/2021

Julián Domínguez y la búsqueda de recomponer lazos con el capital agrario

El nuevo ministro de Agricultura busca dejar atrás lo choques con la Mesa de Enlace por la exportaciones de carne. 

 Julián Domínguez llegó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para reemplazar a Luis Basterra, como parte del recambio de gabinete tras la derrota electoral. El nuevo elenco, más derechista, responde a la necesidad de profundizar la orientación de avanzar incondicionalmente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se expresa en el Presupuesto 2022. En lo que respecta al campo, este cambio de nombres busca acercar posiciones con la Sociedad Rural y los grandes pooles del agronegocio. Durante la primera semana de su mandato, Domínguez -que proviene de la zona núcleo sojera del interior bonaerense- se ocupó de dejar en claro esto. 

 El martes pasado el nuevo ministro participó del seminario de la Asociación de la Cadena de Soja y declaró que llega al cargo con la «disposición a trabajar para que la Argentina pueda recuperar el nivel de sueños e iniciativas que nos planteamos hace diez años, de alcanzar 70 millones de toneladas», lo cual significa un incremento de más del 50% de la producción actual -que se encuentra en 43 millones de toneladas. Esto agravará el deterioro de los suelos por desertificación, y requiere de desmontes y atropellos sobre las comunidades para que avance la frontera sojera. Según el Inta, cada 40.000 toneladas de soja producidas el suelo pierde 8.700 toneladas de nutrientes naturales (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio), de los cuales sólo se repone el 37% con fertilizantes. 

 Según la Secretaría de Agroindustria (2020), en la Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anualmente, lo que representa el 12,5% de la producción agroalimentaria del país. Mientras casi la mitad de la población está debajo de la línea de la pobreza, estos datos demuestran el fracaso de los gobiernos para sacar de la miseria a la población durante los últimos 30 años. Sin embargo, la correlación de estos datos con la profundización del modelo sojero es taxativa: la soja transgénica y el uso de agrotóxicos, junto al monopolio de las semillas en manos de las multinacionales, produce daños graves en la salud de los trabajadores, como cáncer, malformaciones y daños neuronales en niños y hasta causa la muerte. 

 Otro de los objetivos declarados por Domínguez es poner en marcha el Plan Ganadero, para dar por finalizado el conflicto del gobierno con el campo sobre las limitaciones a las exportaciones de carne. El gobierno de Alberto Fernández busca aumentar a 85% el cupo de exportación, que hoy se encuentra en 50%, y además ofrecerá incentivos fiscales y beneficios crediticios al sector cárnico, en línea con lo planteado por el Consejo Agroindustrial Argentino. Nada de esto garantiza una mayor inversión en el sector, pero sí confiesa que no hay siquiera perspectiva de que “vuelva el asado” a la “mesa de los argentinos”. 

 Todos estos anuncios fueron aplaudidos por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quien destacó que Julián Domínguez “es un dialoguista”. Su llegada al ministerio fue saludada también por la Mesa de Enlace. Sin embargo, nada de esto anula que existen tensiones ente los beneficios oficiales a las grandes exportadoras del complejo cerealero-oleaginoso y los terratenientes y productores agropecuarios, como se expresa en que la propia Mesa de Enlace pidió que el gobierno nacional dé marcha atrás con la habilitación del trigo transgénico HB4 y las 50.000 hectáreas ya sembradas. 

 Lo que queda claro es que el gobierno de Alberto Fernández busca despejar tensiones con el campo. Como sucedió con el recule en la intervención de Vicentin o en la fijación de precios al aceite e insumos claves de la fabricación de alimentos como son el maíz y el trigo, todo el discurso de la soberanía alimentaria es abandonado cuando se choca con intereses del gran capital y se busca ofrecer garantías de repago al FMI vía incentivos a las exportaciones. 

 La capitulación constante ante el capital agrario retrata a un gobierno que se dice “nacional y popular” pero desarrolla un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario, y profundiza el sometimiento a los grandes pooles de siembra, los terratenientes y las multinacionales que tienen el monopolio del paquete tecnológico para la producción rural. Estos capitalistas son, además, quienes fugan la mayor parte de sus ganancias producidas sin dejar beneficios para el país. De hecho, todo el boom exportador de este año se debió exclusivamente a los altos precios de la soja y demás commodities, mientras que cayeron las cantidades y hasta el rendimiento por hectárea (reflejando una desinversión). 

 Para lograr un real desarrollo nacional, que venga acompañado de una reinversión de la renta agraria en función de las necesidades sociales productivas, se requiere romper con el FMI y el no pago de la deuda externa, y la nacionalización del comercio exterior. Es la dirección opuesta a la que viene a desarrollar Julián Domínguez, como parte de un gobierno que condena a millones al hambre.

 Martín Vacas Vignolo

Javier Milei confiesa que quiere integrarse a la casta política

Dijo que “no descarta” una fórmula con Patricia Bullrich de cara al 2023. 

 En una entrevista con El Diario Ar, el candidato porteño de Avanza la Libertad, el fascista Javier Milei, hizo una declaración en la que mostró la hilacha rápidamente. Dijo que de cara a las elecciones de 2023, “no descarta una fórmula con Patricia Bullrich”. Esto tira por la borda sus verborrágicos ataques contra la “casta política”, y confirma lo que señalamos previamente: que al economista no le molesta ser un factor de presión dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Y que, de igual forma, no solo es falso que esté por fuera del régimen político, sino que es su expresión más reaccionaria. 

 Milei postula que su “línea divisoria” es (lo que él llama) la socialdemocracia. Dentro de ella ubica (en un discurso delirante) desde el Frente de Izquierda – Unidad hasta al gobierno o el ala “dialoguista” de Juntos por el Cambio. Pero, señala, “a Bullrich la ve en su patio”. Esto es interesante, porque dentro de su “patio”, Milei señala que ve también al peronismo republicano, a los “halcones” de Juntos por el Cambio y a los menemistas. 

 Esta confesión de parte ratifica lo ocurrido el día de las elecciones primarias. Una vez finalizados los comicios, en su acto en el hotel Grand View, Javier Milei señaló que “el liberalismo obtuvo casi un 25% en la Ciudad”. El candidato, no obstante, había alcanzado un 14% de los votos. El casi 11% restante se debe a que incluyó dentro de su tropa a la elección realizada por López Murphy dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Son elementos que dan cuenta del fiasco de su discurso contra la “casta política”, ya que no le hace asco a darle la mano a figuras recicladas que representan lo más aberrante del régimen político. Milei no está “por fuera del sistema”; está por dentro y busca alinearse con represores consagrados como Patricia Bullrich, que estuvo con Menem, con De la Rúa, con Carrió y en el gobierno de Macri. O con ajustadores feroces como López Murphy, que en sus quince días como ministro de Economía del expresidente De la Rúa atinó un plan de reducción del déficit fiscal a base de machacar jubilaciones y salarios públicos, despedir trabajadores del Estado, recortar el presupuesto en salud y educación y continuar el sendero privatista del menemismo.

 Pero esto no es novedoso. Milei y los “liberales” reivindican abiertamente a nivel internacional a figuras como Trump o Bolsonaro, que detrás de una pose “outsider” son también parte de la casta política. Aquello que presentan como “disruptivo” frente al andamiaje de la democracia burguesa no es otra cosa que métodos fascistas, como la formación de grupos de choque, la promoción de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos o la represión brutal contra los inmigrantes. Pero vale señalar, a su vez, que estas experiencias cuantifican el fracaso del modelo que defienden Milei y sus adeptos. En Estados Unidos, la principal potencia imperialista, no hubo un repunte económico. Más bien al contrario. Durante el mandato de Trump la crisis capitalista hizo profundos estragos, que llevaron el desplome social incluso por debajo de los niveles alcanzados con el crack financiero del 2008/09. Otro tanto sucede con Bolsonaro, que abandonará la presidencia envuelto en una crisis política sin parangón y enormes movilizaciones populares en su contra. 

 Detrás del cuento de “achicar el Estado para que despegue la economía” se encubre una agenda de rescatar a los capitalistas de la contracción económica, liquidando décadas de conquistas históricas de los trabajadores para otorgar todo tipo de subsidios y estímulos al empresariado. Lo que los Milei quieren achicar son los derechos laborales, las jubilaciones, la salud y la educación; todo en pos de engrosar los paquetes fiscales para socorrer a los grupos capitalistas. Una eventual candidatura Milei – Bullrich, por tanto, no tiene absolutamente nada de novedoso. Es la expresión más acabada de la crisis capitalista: el brote de fenómenos de lo más reaccionarios y fascistas. Desde el Frente de Izquierda – Unidad tuvimos siempre la responsabilidad de señalar a estos libertruchos como tales, advirtiendo a los trabajadores cuál es su verdadero contenido político y preparándolos para enfrentar su avance.

Manuel Taba 

Salta: el colapso de la salud pública

El gobierno de Sáenz ha tomado la decisión de avanzar en su política aperturista dado el descenso de los contagios. 

 Sin embargo, los hospitales están al máximo de su capacidad, pero no con casos de covid-19 sino con pacientes con otras patologías crónicas. La nueva escalada de apertura genera las condiciones para agravar esta crisis en el sistema de salud público, aun cuando ya se encuentran en la provincia casos registrados de las variantes MU y Delta. 

 Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, denunció que los principales hospitales de la capital se encuentran abarrotados de pacientes secuelados que transitaron covid-19 y con pacientes oncológicos, diabéticos, con obesidad, entre otros. Como los pacientes con enfermedades crónicas no fueron atendidos durante todo el 2020, la situación se ha agravado y por lo mismo necesitan atención permanente e intensiva. El sostenimiento del régimen de gerenciamiento y autogestión ha acentuado la crisis en el sistema de salud pública y el gobierno provincial sigue sin colocar los recursos necesarios aun cuando propicia, con esta nueva apertura, la agudización de esta crisis.

 El gobierno provincial habilitó los boliches y bares bailables en un 50% de su capacidad, con “burbujas” de hasta 8 personas. El turismo en Salta ya no solo estará habilitado para los habitantes argentinos, se extiende a los extranjeros. Los que arriben a la provincia desde el extranjero ya no estarán obligados a un aislamiento preventivo si es que presentan esquema de vacunación completa. Los empresarios del turismo -boliches, gastronomía, casinos, servicios de viajes, hotelería- tienen su propia ley recientemente sancionada con un pack de beneficios que va desde eximiciones impositivas hasta subsidios y créditos sin intereses. El fin de semana pasado el ensayo de apertura de boliches se desmadró por falta de infraestructura de los locales bailables y descontrol de los empresarios de la noche. Los docentes están denunciando la plena apertura de la presencialidad escolar. 

 La mentada “recomposición económica” que traería aparejada la apertura indiscriminada propicia el mejor escenario para que circulen las variantes MU y Delta. Las vacunaciones con las dos dosis no superan el 30% y no hay una campaña en regla para fomentar la vacunación. El gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, informó que ya registraron 9 casos de la variante Delta -entre los contagiados hay profesionales de la salud- sin nexo epidemiológico (El Tribuno, 22/9), lo cual significa que hay circulación comunitaria, señalan los infectólogos. También se explicó que, desde el momento en que el 1% del total de los positivos es Delta pasan de cuatro a seis semanas para que esa prevalencia tenga 20% de Delta y de 10 a 12 semanas para que tenga más del 80% de prevalencia. Eso pasó, por ejemplo, en Reino Unido. El gobernador del poncho rojo y negro hace caso omiso a los informes de los especialistas. 

 La provincia se encuentra con una “economía frágil” según el ministro de Economía Roberto Dib Ashur. Aun así, están dispuesto a seguir beneficiando al capital local con tarifazos al pueblo salteño.

 La masa de recursos debe colocarse en la salud para terminar con la autogestión y gerenciamiento, y así asegurar la plena atención sistemática de pacientes con enfermedades crónicas como los oncológicas quienes denuncian la falta y retraso de medicamentos para los tratamientos. La exigencia de los testeos masivos está más vigente que nunca al igual que una campaña en regla de vacunación inmediata. Hay que asegurar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un subsidio al desocupado del 80% de esa canasta familiar. Reducir las horas de trabajo de los trabajadores de la salud sin afectar el salario y la integración de todos los profesionales y trabajadores de la salud a la planta permanente. Debemos ir por la suspensión de la presencialidad escolar mientras dure la pandemia. 

 Olga Céspedes 

 25/09/2021

Juego clandestino en Santa Fe: el régimen político en el banquillo de los acusados

El empresario Leonardo Peiti, conocido como el “Zar del juego clandestino”, aprovechó el acuerdo que le ofreció la fiscalía para reducir su condena y se plegó a la figura de "arrepentido", en la causa que lo investiga por regentear casinos ilegales en las ciudades de Rosario, Rafaela y Melincué. La rúbrica del acuerdo es un nuevo capítulo dentro de una megacausa iniciada a principios de 2020, cuando se produjo el asesinato de un gerente bancario en el casino City Center de Rosario. 

 El diario La Nación confirma que Peiti, en su declaración que se produjo el 13 de septiembre, ante la jueza Eleonora Verón y cuatro fiscales, realizó aportes claves en la causa, con datos precisos sobre cómo funcionaba esta organización ilícita y las vinculaciones que tenía a nivel político. En su declaración, Peiti reveló que pagaba sobornos a legisladores provinciales. Uno de ellos sería el senador por el departamento San Lorenzo, el senador pejotista Armando Traferri, socio político de la vicegobernadora Rodenas, ambos enfrentados con Perotti, pero también dos legisladores radicales y cuatro peronistas de la fracción del Ejecutivo. La coima alcanzaría la suma de 250.000 dólares. En paralelo a esta causa, la viuda de David Perona, considerado el “Rey del juego clandestino” de la Ciudad de Rafaela, declaró que su esposo había aportado unos 8 millones de pesos a Traferri para una de sus últimas campañas electorales. 

 El pago de coimas tenía el propósito de asegurar un escudo judicial que no complicara su anhelo de quedarse con el juego online legal. Para los fiscales, Peiti conformó una asociación ilícita como organizador junto con el ex fiscal Serjal y el senador Traferri. De la banda delictiva, también serían parte el ex fiscal Ponce Asahad, el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini, David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi. Recordemos, que en la primera declaración que hizo Peiti, fue lapidaria para los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, que terminaron detenidos, luego de que los funcionarios a cargo de la Unidad de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, corroboraran sus dichos y las reuniones y contactos que había mantenido con los imputados. A raíz de esta causa también está detenido el ex diputado provincial peronista Darío Scataglini, los fiscales lo acusaron de hacer uso de sus influencias durante una negociación que tenía como objetivo que la Lotería de Santa Fe le otorgue a la empresa Wildar Gaming SRL, cuyo titular es Leonardo Peiti, la explotación de las terminales de lotería virtual. Finalmente, la licitación terminó en manos de la firma porteña Boldt – a la que Perotti cedió también la impresión de boletas para las PASO. Esto motivó incluso una denuncia penal contra el gobierno provincial, impulsada por la oposición. 

 La vida política de las últimas décadas de la Provincia de Santa Fe tiene un eje rector: la corrupción estatal vinculadas con las mafias capitalistas del narcotráfico, el juego privado y otras actividades lícitas. La declaración de Peiti puso a la vista de todos la connivencia de todos los poderes del estado con las bandas organizadas. 

 Mauri Colón

 25/09/2021

La precarización laboral y la lucha de los trabajadores de reparto

Jubilaciones y Leliqs: los jubilados financian a los bancos

El Estado nacional se ahorró $190.403 millones en haberes con los que pagó una parte de los $814.190 de intereses de Leliqs.

 En lo que va del 2021, el Estado recortó el gasto previsional en un cuarto de lo que utilizó para pagar los intereses de las Leliqs y pases el BCRA. La noticia la difundió un informe del centro de estudios Idesa, que estimó que el ahorro en las jubilaciones y pensiones fue de $190.403 millones en comparación a los $814.190 millones que se pagó a los tenedores de los títulos de las letras.

 El hecho desdice al propio presidente Alberto Fernández, que en la campaña presidencial de 2019 prometió “dejar de pagar los intereses de las Leliq para aumentar un 20% las jubilaciones”. Sin embargo, las prioridades oficiales durante la gestión fueron contrarias, sobre todo si se tiene en cuenta que el aumento de las jubilaciones hasta agosto rondó el 36%, mientras que la inflación en el mismo periodo se ubicó en 51%. 

 También confirma que quienes iban a “combatir la timba financiera del macrismo” se convirtieron en sus facilitadores. Gracias a las altas tasas de interés -de 34% para las Leliq- y bajo la premisa de intentar mantener la pax cambiaria y evitar una corrida del dólar, el BCRA engrosó vigorosamente las letras emitidas hasta alcanzar la suma de 3,9 billones, que explica el pago de 814.190 millones en concepto de intereses en casi 10 meses, superando los gastos estatales en salarios y salud durante el mismo periodo.

 Los grandes beneficiarios de estos negocios son los bancos, que encuentran una excelente oportunidad para invertir los pesos de los ahorristas, pero que trae consecuencias para el conjunto de los trabajadores ya que culmina por encarecer los créditos del sistema bancario y aumentando la inflación debido a que el BCRA recurre a la emisión monetaria para poder cancelar los distintos pagos.

 Las jubilaciones han sido particularmente perjudicadas por el aumento de la inflación. El aumento del 35% no le ganará a la inflación, que advierten rondará el 50%. Así es como al día de hoy, más de la mitad de los jubilados cobran los haberes mínimos equivalentes a $25.922, es decir ubicados por debajo de la línea de indigencia. En cambio, el gasto dirigido al pago de intereses de Leliq y letras desde julio de 2020 a julio de este año había aumentado un 89%. 

 Ni siquiera la derrota en las Paso logró modificar el rumbo fondomonetarista del gobierno. El bono que ahora distintos sectores plantean otorgar seguirá el tono ajustador del posible IFE 4, que consta de una sola cuota de $15.000, pero será incluso menor: se espera un monto de $6.000. Mientras, el aumento de la mínima -gatillado por el aumento del salario mínimo vital y móvil- que cobran más de un millón de jubilados para los próximos dos meses será de $318. 

 El nuevo bono jubilatorio sigue la lógica del otorgado en abril y mayo de este año y busca esconder la liquidación de la movilidad jubilatoria debido a la nueva fórmula responsable de desvincular los aumentos de la inflación, ya que perpetúan el desgaste de las jubilaciones por no incorporar dichos montos a las actualizaciones. Junto a este paquete de medidas, el gobierno anticipó que permitirá acceder a una jubilación a trabajadores desocupados o bajo regímenes informales que cumplan 30 años de aportes y que no alcancen la edad jubilatoria, pero con haberes entre el 50 y el 80%. 

 Lo que parece una medida en favor de cierta recomposición en realidad implica una quita, sobre todo si se tiene en cuenta que la jubilación anticipada ya tenía dictamen en la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados con el 100% de los haberes, mientras cientos de trabajadores siguen sin poder jubilarse. Corresponde una moratoria automática y universal y garantía de acceso de quienes trabajan de manera informal a una jubilación, que sea financiado con aportes de las patronales que se beneficiaron durante los últimos años con la precarización laboral.

 El gobierno busca recomponer su imagen de ajustadores seriales repartiendo pequeños bonos y aumentos, pero que no lograrán mejorar los índices de pobreza porque son una reedición de medidas que ya fracasaron en el pasado. La política oficial de rescate de los capitalistas a través de los fondos públicos se profundizó durante la gestión de Alberto Fernández, responsable de vaciar los presupuestos de salud, educación y disminuir el gasto social para atender la pandemia en detrimento de las condiciones de vida. 

 Es necesaria una jubilación mínima de $67.000, movilidad automática indexada a la inflación y a los salarios, restitución de los aportes patronales, moratoria general para quienes no tienen aportes en blanco. 

 Lucía Cope

Alemania despide a Merkel con la peor elección histórica para su partido

Las elecciones alemanas arrojaron como dato más sobresaliente la caída de la Democracia Cristiana (CDU) y de su aliado bávaro (CSU), que realizaron la peor elección de su historia. Con el 24% de los votos, quedan ligeramente por debajo de la socialdemocracia y retroceden un 30% con respecto a las elecciones federales de 2017, además de perder 50 escaños en el parlamento.

 La socialdemocracia (SPD) obtuvo casi el 26% de los sufragios, aproximadamente cinco puntos más que en la votación federal anterior. Otro ganador fueron los verdes, que si bien no quedaron en el primer puesto, como en su momento estimaron algunas encuestas, consiguieron el tercer lugar gracias a un salto de más del 60% en su caudal que los llevó a casi el 15%. Los liberales terminaron cuartos (11,5%), con una votación semejante a la anterior. Los dos extremos del tablero político, la extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD), y Die Linke, retroceden. La formación filonazi cayó del tercer al quinto puesto, con poco más del 10% de los votos, que sigue siendo un número considerable. Y Die Linke se despeñó hasta el 5%, contra el 9% de la vez anterior (en 2009 había llegado a su pico, con el 12%).

 Hasta el momento, la democracia cristiana y la socialdemocracia venían gobernando juntos. Estos resultados plantean la posibilidad de una nueva coalición en el poder. El SPD ya anunció su deseo de lograr una mayoría en el parlamento con los verdes y los liberales. Pero la CDU-CSU intentará seducir a esos mismos partidos. Se abre ahora un intenso período de negociaciones que podría extenderse incluso hasta fin de año. 

 Un primer análisis 

Estos comicios estaban marcados por la retirada de la canciller Angela Merkel, que gobernó casi los últimos 16 años. Armin Laschet, su delfín, no tuvo éxito. Pero no es un problema de figuras. Después de todo, la mandataria saliente le expresó públicamente su apoyo a lo largo de la campaña, y en las federales de 2017, con Merkel al frente, la derecha ya había retrocedido.

 En estos comicios en particular, la CDU sufre el impacto la pandemia y la crisis económica. En 2020, el PBI cayó un 5%, y aunque ahora hay una recuperación, se pronostica que el 2021 cerrará con un aumento del producto del 2,5%, con lo cual todavía no hay una recuperación completa. 

 Por otra parte, Alemania viene experimentando un deterioro de las condiciones sociales, como fruto de las políticas de ajuste y precarización laboral. Hay un crecimiento de la pobreza entre menores de edad y jubilados. 

Un encarecimiento de los alquileres. El desempleo es relativamente bajo, pero a costa de una multiplicación de los llamados “mini-empleos”, puestos precarios originalmente pensados para estudiantes que ya abarcan a 7 millones de trabajadores sobre un total de 40 (Clarín, 17/9). 

 Pese a ser socio de las políticas de ajuste, y al hecho de que las reformas más brutales fueron aplicadas entre 1998 y 2005 por un canciller socialdemócrata (Gerard Schröeder), el SPD logró canalizar parcialmente el rechazo al gobierno, con una pequeña recomposición electoral. Algunos medios señalan que su candidato, Olaf Scholz, hizo campaña prometiendo un aumento del salario mínimo a 12 euros.

 De todos modos, si hacemos un análisis histórico, veremos que tomados de conjunto, los dos partidos tradicionales, la CDU y el SPD, que han gobernado el país las últimas décadas, han dejado de concentrar en la última década la inmensa mayoría de los votos, y han emergido nuevas fuerzas a su derecha y a su izquierda. Es una manifestación política de las últimas crisis mundiales. 

 Los verdes, como señalábamos, es el partido que más crece en esta elección de 2021. Canaliza el crecimiento del movimiento ambiental. Días antes del comicio, hubo una gigantesca movilización, como parte de la huelga internacional por el clima, encabezada por la referente sueca Greta Thunberg. Es importante señalar que los verdes alemanes son una fuerza completamente adaptada al régimen político, disponible a acuerdos con el mejor postor, sea la derecha o la socialdemocracia. 

 La extrema derecha (AfD) ha encontrado un límite en su vertiginoso crecimiento electoral, cuyas causas habrá que sondear con mayor profundidad. Ese crecimiento había comenzado en el este del país, cuyas diferencias con el oeste, tras la reunificación, son palpables aún 30 años después (mayor desempleo y menores ingresos). Además, promovió una línea xenófoba ante la oleada de refugiados de los últimos años, transformándolos en un chivo expiatorio frente a la crisis. Por el momento, la línea radicalizada y euroescéptica de la AfD no logra ser dominante en la burguesía alemana, lo que le pone un límite a su desarrollo. No obstante lo cual, sus registros electorales siguen siendo considerables.

 En cuanto a Die Linke, también merecen un análisis más detenidos sus resultados, pero es probable que la coalición se haya visto afectada por su falta de una delimitación política seria con la socialdemocracia, con la que cogobiernan, por ejemplo, en Turingia. Un dato interesante es que Die Linke conserva su caudal electoral en Berlín, donde llega al 14% de los votos. En esa ciudad, fue la única formación política que estuvo a favor del “sí” en el referéndum triunfante por la expropiación de viviendas ociosas para bajar el precio de los alquileres. 

 Lo que viene

 El nuevo canciller alemán se enfrentará a un cuadro continental complejo, en el que Merkel cumplía un papel muy relevante. Tras el paquete de rescate de 2020 y la suspensión de los límites de déficit presupuestario dentro de la Unión Europea (UE), a raíz de la pandemia, ahora está en discusión su restablecimiento. El endeudamiento se ha disparado a más del 100% para los 19 países del euro, y en el caso de naciones como Italia y Grecia ese número se eleva a 160 y 200%, respectivamente (France 24, 10/9). Pero la reinstauración de esas metas de austeridad podría tener un efecto recesivo. Se reeditarán, inevitablemente, las disputas que ya se vieron el año pasado entre el eje franco-alemán, el bloque de los llamados países «frugales», y los del sur. 

 A las tensiones dentro de la UE, se suman las que hay con Estados Unidos. Merkel ha secundado las críticas de Emmanuel Macron al pacto militar de Estados Unidos con el Reino Unido y Australia. Ambos mandatarios, también, cuestionaron al presidente Joe Biden por la retirada de Afganistán y pusieron reparos ante el intento del norteamericano de encolumnarlos en una política más agresiva hacia China. Quedan pendientes, a su vez, la resolución de disputas arancelarias en torno al acero y al aluminio. En el plano interno, tanto la socialdemocracia como la derecha han empezado a cortejar a los liberales para la formación del nuevo gobierno. Por eso, vale la pena señalar que su líder, Christian Linder, quien tiene la aspiración de ser ministro de finanzas, es partidario de un férreo control de las finanzas públicas (El País, 27/9), o sea del desarrollo de políticas de ajuste. 

 En el último período se han desarrollado algunas luchas del movimiento obrero en Alemania, como las huelgas de los conductores de trenes, pero no ha habido una irrupción generalizada. Preparar la intervención de los trabajadores es la clave frente a la etapa que se viene. 

 Gustavo Montenegro

La evolución de la estrategia revolucionaria: PRT y OCPO - Federico Cormick

 

 5to ENCUENTRO

 Entrevista a Federico Cormick: Profesor y Doctorando en Historia de la Universidad de Buenos Aires y Docente de la Universidad Nacional de Moreno

Nuestro país vivió entre fines de las década del 60 y mediados de la década del 70 el mayor auge de masas de su historia. El enfrentamiento a sucesivas dictaduras y sus planes de ajuste y represión, fueron el caldo de cultivo para el surgimiento de muchas organizaciones revolucionarias que, de distintas maneras, asumieron como propia una de las grandes enseñanzas de la Revolución Cubana: que era posible vencer por el camino de las armas e intentar una experiencia socialista en Nuestra América. Sus orígenes, sus interpretaciones de la realidad argentina, sus conclusiones sobre la experiencia cubana y del Che, y su relación con el peronismo y con Perón, dieron lugar a experiencias disimiles atravesadas por diferentes polémicas, acuerdos, desacuerdos, tácticas y estrategias. Probablemente la fuga del penal de Rawson, llevada adelante por algunas de las organizaciones más importantes del período, sea el acontecimiento que más expectativas haya generado, acerca de la tan debatida y esperada unidad de las organizaciones revolucionarias. 

En la actualidad, una nueva generación retoma esas experiencias, esos debates, simpatiza con unas y otras tendencias. Convocamos entonces a algunos y algunas de esas compañeras y compañeros, que investigan y trabajan sobre estas experiencias, que aportan miradas y elementos más que interesantes y útiles para la discusión. Aquí les proponemos entonces una hoja de ruta que esperemos nos lleve a puertos liberadores.

La “platita” que devuelven y el “platal” que nos sacaron

Un ´paquete´ que no resuelve la miseria social ni la crisis política.

 El candidato ´todista” Daniel Gollán fue escrachado por prometer “platita en el bolsillo de la gente”, la manera punteril de aludir al paquete oficial destinado a remontar la derrota electoral. En algo, sin embargo, no se equivocó: las medidas anunciadas apenas alcanzan a ser “platita”, es decir, una gota en el océano del empobrecimiento general. 

 El paquete oficial representa unos 160.000 millones de pesos. En esa cuenta se inscribe el aumento del salario mínimo, que impacta sobre los planes sociales –que pasarán de 14.500 a 16.000 pesos. Luego, para llegar al 82% del nuevo piso salarial, las jubilaciones mínimas deberán recibir la “friolera” de …318 pesos más. Es bueno recordar que la canasta familiar alcanza ya los 140.000 pesos. 

 En cuanto a jubilaciones, se anuncia un bono de 6.000 pesos para aquellos que cobren por debajo de dos haberes mínimos. En los últimos tres años y medio, la caída del poder de compra de las jubilaciones se sitúa entre el 21 y el 29%. Es un despojo mensual de entre 5.000 y 10.000 pesos, de acuerdo al monto jubilatorio que se considere. El bono oficial “devuelve”, ¡sólo durante un mes! el dinero confiscado en estos años, para seguir arrebatándolo una vez pasadas las elecciones y el paquete “social”. 

 En la “cuenta” del gobierno, se anota también el ajuste en el mínimo no imponible para el pago de ganancias sobre el salario. En realidad, esa “corrección” enmienda –tardíamente- la erosión sufrida por el mínimo anterior como consecuencia de una inflación del 3-4% mensual. Pero el estado no devuelve a los afectados ese despojo retroactivo, el cual, además, comienza a ´correr´ de nuevo hasta la próxima ´corrección´ del mínimo, que tendrá lugar en enero. 

 El gobierno anuncia también un IFE acotado de 15.000 pesos, que sólo cubriría al 30% de los que lo percibieron en 2020. Mientras tanto, ha decidido desconocer todos los compromisos contraídos con las organizaciones sociales en relación a los planes Potenciar Trabajo. 

 Como ocurre con todos los paquetes “sociales”, adentro de la bolsa hay una generosa dosis de subsidios a la patronal. Entre un 25 y 30% de los 160.000 millones adicionales corresponden a ello: por caso, la extensión de los Repro y moratorias e incentivos en favor del llamado sistema “Pyme”, el cual, por diferentes mecanismos, terminan siendo transferidos a las grandes empresas capitalistas que tienen a las pequeñas como proveedoras. 

 Ahora bien: el gobierno señala que estas medidas “corrigen” el ajuste fiscal que tuvo lugar durante todo el 2021, y que sólo sacaron a la luz después de la derrota electoral del 12 de setiembre. ¿ Es asi? El presupuesto 2021 le asignó un 21% de incremento al rubro “Prestaciones Sociales” , donde se incluyen las jubilaciones y todos los gastos del llamado ´desarrollo social´. La inflación interanual, sin embargo resultó del 52%. La ´brecha´ del 31% entre uno y otro índice determinó, entre enero y julio de este año, un ajuste fiscal de 870.000 millones de pesos, es decir, cinco veces y media lo que gastarán en el paquete electoral. En cambio, quienes sí accedieron a una indexación puntillosa son los acreedores de la deuda pública, tanto los del Tesoro como los del Banco Central: los vencimientos del segundo semestre de la deuda indexada –por inflación o por el dólar- alcanzan a 1,8 billones de pesos, más de diez veces el paquete “electoral”. Los intereses por Leliqs, que remuneran a los bancos privados por la absorción de los pesos que emite el Banco Central, representan otro billón de pesos. Gollán tiene razón: al lado de esta retribución usuraria, los jubilados y desocupados sólo recibirán “platita”. 

 Siempre el FMI 

El carácter impostor del paquete oficial demuestra que el eje rector del gobierno y del régimen político no se aparta del acuerdo con el FMI. Las medidas “por única vez” dejan en pie la arquitectura del ajuste que ya se ha perpetrado. Pero por las mismas razones, el kirchnerismo descuenta una nueva derrota electoral en noviembre, y está preparando, con insinuaciones facciosas, la próxima crisis de gabinete. En este caso, el pato de la boda será Martín Guzmán, que ya inició su riña particular con Cristina Kirchner. Según informan los diarios de este domingo, nada menos que Martín Redrado, el candidato de la “señora” al ministerio de Economía, se encuentra en Washington discutiendo los “términos y condiciones” de un acuerdo con el Fondo. En el plano económico, está la exigencia de una unificación cambiaria “al menos parcial”, lo que plantearía una devaluación en regla para el dólar oficial. Luego, la elevación de la tasa de interés, como premisa para el ingreso de fondos especulativos. Las consecuencias recesivas de estas medidas son incuestionables. En el plano político, el Fondo ha refrendado la exigencia de una ley del Congreso que avale el acuerdo, e incluso un “acuerdo político” entre el vapuleado gobierno F F y la oposición. 

 A la vuelta de las elecciones, por lo tanto, asoma una nueva crisis política y un cimbronazo social. El plan “platita” es una tentativa burda y sin futuro de encubrir esta perspectiva, que debe ser puesta de manifiesto ante el conjunto de la clase obrera, como punto de partida de una campaña de plenarios y deliberaciones en la perspectiva de un congreso obrero.

 Marcelo Ramal 

 26/09/2021

“La Sesenta”: un documental sobre una lucha obrera

El documental La Sesenta-Crónicas de una lucha obrera, realización del colectivo de cine político Silbando Bembas, retrata en lenguaje cinematográfico dos momentos de lucha fuerte, de todas las que ha realizado hasta la actualidad, uno de los planteles de personal más combativos del gremio del transporte: los trabajadores de la línea 60 de colectivos. 

 En los últimos años los trabajadores de la 60 han protagonizado luchas gremiales de diversa índole: reclamos salariales, defensa de los puestos de trabajo (la tradicional línea, de la que se supo decir que llevaba “a todos lados”, ha perdido al menos 19 ramales) y también condiciones seguras de trabajo. Este último contexto es el que ha llevado a un enfrentamiento aguerrido de los choferes y demás trabajadores de la 60 con la empresa del Grupo DOTA. A fines de 2016, David Ramallo, mecánico de la empresa, pierde la vida a causa de la desidia patronal respecto de las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo. El documental aborda también la lucha del 2015, en la que los trabajadores sostuvieron épicamente cuarenta y dos días de huelga a raíz del despido de Ariel Benítez. El enfrentamiento con la patronal y el Estado (kirchnerista) puso a prueba los nervios y la paciencia de los compañeros de trabajo, a la vez que colocó, blanco sobre negro, por ejemplo, el rol del Estado y los sindicatos en el conflicto. Justamente, uno de los aportes de mayor importancia de la película es mostrar que la complicidad de los sindicatos y del Estado con las patronales no es exclusividad del macrismo sino que tuvieron plena vigencia en el kirchnerismo. 

 En el caso de David Ramallo, el impacto por la muerte del compañero, la inmediata claridad respecto del desprecio patronal por la situación laboral material del personal, llevaron a una lucha por el reclamo de justicia para el compañero fallecido y su familia, y una exigencia de condiciones seguras para todos.

 Por otra parte, el desarrollo de estas luchas, su éxito en términos de conciencia, compromiso y participación, además del logro de una cantidad de objetivos (con altibajos, como en toda lucha: tal el despido de diez compañeros en el conflicto por David Ramallo), están directamente vinculados a la organización que el cuerpo de delegados trabajó con mucha paciencia en los años previos a ambos conflictos, haciendo escuela de intervención sindical con talante combativo. 

 El documental recoge esas gestas para relatarlas en la voz de uno de sus protagonistas, en un lenguaje claro, apoyado con profusión de imágenes relevadas por Silbando Bembas. Esta compañía audiovisual surgió a finales de 2007 en la carrera de Comunicación Social de la UBA, con la intención de intervenir de modo militante “en diversas luchas populares de carácter sindical, socioambiental, de género, de derechos humanos y contra el gatillo fácil, entre otras, desde donde construyó otros dos largometrajes”. La claridad política en la actividad del grupo estriba en su intención de contribuir con su cine a la lucha de clases, “que no tenga una orientación comercial, sino cultural, política, artística, que le permita al público de la clase trabajadora verse representado”, según palabras de Lucía Casado, una de sus integrantes de Silbando Bembas, a la agencia Télam.

 El guión del filme está basado en las crónicas de los conflictos registradas por un joven maestranza de la empresa, Santiago Menconi, volcadas en su libro Sesentazo; crónicas de un lockout. De hecho, son dos los libros que el cuerpo de delegados ha editado, en una excelente iniciativa para consolidar en la memoria la historia de lucha del conjunto de los trabajadores de la conocida línea de colectivos. Las crónicas de Menconi se imbrican con las imágenes tomadas por los realizadores durante los conflictos, complementadas por tomas espontáneas de trabajadores con sus celulares, e incluso con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la misma empresa. 

 La película relata el crimen laboral de Ramallo y la subsiguiente lucha, y da un salto a la formidable lucha del año anterior, en la que UTA estuvo groseramente ausente, cuando no franca y violentamente en contra, y la complicidad del Estado con la patronal, no sólo por las conciliaciones obligatorias sino por el desalojo de la ocupación de la sede de Barracas y la represión de Berni en Panamericana y 197. Contada en primera persona por Menconi –que extrapola con su voz las palabras que había volcado en su libro– y por los mismos compañeros en huelga –con lo cual tenemos a trabajadores contándole a otros trabajadores su propia historia–, retrata el dolor de los compañeros y la familia por la muerte del mecánico, la camaradería refractada en organización y lucha, las asambleas y los métodos desplegados: pasaje gratis, paro, festivales artísticos, ollas populares, etc. Un acampe en un puente de Barracas aporta momentos particularmente emotivos, blues de por medio, que tiene como compositor e intérprete a uno de los trabajadores en lucha. Bien dice Néstor Marcolín (delegado de la 60) que el Estado y las patronales abominan de los trabajadores con inquietud artística, y desalientan con la explotación ese desarrollo. 

 También repasa el método de la lenta y paciente construcción de una agrupación sindical combativa que ha desplazado a fuerza de conciencia y perseverancia a las burocracias en la conducción sindical de los trabajadores de la empresa. Finalmente, en lo que el filme se impone como un planteo de los trabajadores con absoluta vigencia, se pone de manifiesto el claro ataque que se viene espesando en estos días: la inminencia de una nueva reforma previsional y una feroz reforma laboral. Las palabras de Rodolfo Walsh, que funcionan como prólogo tanto al libro como al documental -ineludible para todo trabajador y para todo luchador-, colocan bien uno de los sentidos profundos del trabajo de Menconi y Silbando Bembas, al rescatar para la memoria -cuestión de fundamental importancia- la experiencia de lucha de los compañeros de la 60:

 “Nuestras clases dominantes siempre han procurado que no tengamos historia, doctrina, héroes, ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas". 

 La conciencia y la lucha constituyen el camino para rescatar, defender y preservar la memoria de la clase, que es a su vez insumo para la conciencia de clase y la lucha hacia la emancipación social.

 “La Sesenta” se puede ver actualmente en la plataforma Cine.Ar 

 Sandra Gutiérrez y Ceferino Cruz 

 23/09/2021

Juicio Vuelos Campo de Mayo -día 40 Lunes 27/9 9:30 horas

Sin barbijos ante el FMI // Gabriel Solano

Un gabinete derechista, más ajuste y la plaza llena por el salario mínimo

Panorama semanal.

 La evolución de los hechos ha sido clarificadora respecto del contenido de la crisis que se produjo al interior de la coalición oficial. En su momento caracterizamos que el intento de Cristina Kirchner de forzar un cambio de gabinete, tras el derrumbe electoral del Frente de Todos, no buscaba torcer el rumbo ajustador del gobierno que tanto desencanto había provocado en la población, sino recuperar votos hacia noviembre, y, sobre todas las cosas, desligar a su propia fracción política de toda responsabilidad sobre la catástrofe social a la que asistimos, tarea imposible considerando que sus legisladores y ella misma como vicepresidenta han acompañado una por una las políticas antipopulares de la gestión actual. A su vez, la mueve el interés de autopreservación frente al reanimamiento de las causas judiciales que la asedian. 

 Gabinete derechista

 Esta contienda, sin embargo, alumbró un recambio derechista en el gabinete, a la medida de la profundización del ajuste que traerá aparejado el acuerdo con el Fondo. Cristina terminó bendiciendo la asunción de Juan Manzur como Jefe de Gabinete, un hombre perteneciente al campo de los gobernadores del PJ, con fuertes vasos comunicantes con la burocracia sindical y el imperialismo yanqui y tristemente célebre por haber sido uno de los principales promotores de la reforma previsional macrista en 2017, que suscitó un levantamiento popular en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre por el cual continúan procesados los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz. Por todos estos elementos, desde Prensa Obrera señalamos que con Manzur se refuerza la reforma laboral tan reclamada por los capitalistas y el FMI, de la que se hace eco más abiertamente la oposición patronal, con el planteo de eliminar las indemnizaciones, a la vez que el gobierno también acepta el convite bajo el eufemismo de «aggiornar» los convenios colectivos de trabajo. 

 Un aspecto insoslayable del bagaje reaccionario del nuevo jefe de ministros son sus lazos estrechos con el Opus Dei. Es un reconocido antiderechos que en su rol como gobernador de Tucumán ha sido responsable del encarcelamiento de Belén y de condenar a la niña Lucía a un sinfín de torturas para impedirle acceder a una ILE, entre otras canalladas. Su ingreso al gabinete seguro puso contento a Tucho Fernández, el Arzobispo de La Plata, que también utilizó el género epistolar luego de conocer el resultado de las PASO para reprocharle al gobierno la aprobación del aborto legal. En cambio, su designación causó un amplio -y justificado- repudio por parte de un sector del feminismo, frente al cual las funcionarias gubernamentales ensayaron un compendio de argumentos disparatados para defender lo indefendible, demostrando lo proclives que son a bajar las banderas de la ola verde con tal de seguir ocupando puestos en el Estado, cobrando sus abultados sueldos, mientras el gobierno empodera a lo más rancio del oscurantismo clerical. 

 Dentro del nuevo elenco ministerial se encuentra el enemigo declarado del movimiento popular, Aníbal Fernández, responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán y del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra. A pesar de su renovado discurso sobre los Derechos Humanos sus primeros pasos al frente del Ministerio de Seguridad son elocuentes respecto de la orientación que pretende profundizar: ni bien asumió envió a la Policía Federal para reprimir a los trabajadores ferroviarios despedidos y así evitar que realizaran un corte de vías en Avellaneda, reclamando por su reincorporación. Quien recibió gratamente la noticia de su asunción fue Sergio Berni, el protagonista del desalojo brutal a las familias sin techo en Guernica -y tantos otros asentamientos de la provincia de Buenos Aires- y el encubridor máximo del asesinato de Facundo Castro a manos de la Bonaerense, donde pruebas recientes dan cuenta que a Facundo lo torturaron antes de matarlo. Berni y Fernández conforman un tándem profundamente represor para Seguridad, en función de hacer pasar el ajuste. 

 La nuevas incorporaciones incluyen también a Daniel Filmus en Ciencia y Técnica, paladín de las reformas antieducativas en su papel como coautor de la LES menemista y protagonista del desguace educativo por medio de la LEN bajo el kirchnerismo; a Jaime Perczyk en Educación, quien, en su paso por el Consejo Interuniversitario Nacional, estuvo a cargo del recorte de incumbencias a casi 100 carreras en función de fomentar títulos más devaluados y la proliferación de posgrados arancelados; y, por último, a Julián Domínguez en Agricultura, en aras de limar las asperezas con la Mesa de Enlace.

 Si se permite la extrapolación, así como Alberto Fernández se replegó en los gobernadores del PJ para «relanzar» su gobierno, en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hizo lo mismo a la hora de renovar su gabinete pero con los intendentes, encumbrando así al antiderechos Leonardo Nardini en Infraestructura -quien además está procesado por malversar los fondos destinados a la beca Progresar en el municipio de Malvinas Argentinas- y a Martín Insaurralde como Jefe de Gabinete bonaerense, dejando así su intendencia de Lomas de Zamora con un sinfín de necesidades populares insatisfechas. En este mismo sentido, Alberto Fernández y Axel Kicillof presenciaron en primera fila el reciente acto realizado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, donde el barón del Conurbano perpetró una serie de acusaciones contra los medios de comunicación, intentando ocultar de este modo su propia responsabilidad sobre la pobreza que acecha a los vecinos pacenses. 

 Ajuste sobre rieles 

La denuncia acerca del ajuste por parte de CFK se muestra inconsistente, no solo por haber sido partícipe necesaria de su aplicación, sino que además en su carta ratificó la permanencia de Martín Guzmán al frente de Economía, evidenciando que no hay divergencia alguna al interior del Frente de Todos sobre que la política oficial debe someterse a la voluntad del FMI, a fin de llegar a un acuerdo a costa de mayores penurias para el pueblo. Sin ir más lejos, ningún integrante del gobierno cuestionó el reciente desembolso de casi 1.900 millones de dólares para cancelar un vencimiento con dicho organismo, por el contrario, la propia Cristina autorizó que los DEG, en lugar de utilizarse en atenuar los efectos sociales de la pandemia, tuvieran como destino el pago de la deuda. Así que lejos de representar una corriente más progresiva al interior del peronismo, el kirchnerismo tributa a los mismos intereses capitalistas que el resto de las alas de la coalición gobernante; intereses que, por otra parte, han conducido a la situación de hambre y la miseria que predomina en el escenario nacional. 

 Así las cosas, el oficialismo cerró filas detrás de la presentación del Presupuesto 2022, el cual presupone un acuerdo con el FMI aceptando a rajatabla sus exigencias, nuevamente proyecta una pauta inflacionaria a la baja del 33% en pos de ajustar salarios y partidas sociales, y, a su vez, prevé tarifazos en el gas y en la luz para compensar la reducción de subsidios energéticos -que pasarán de representar el 2,2% del PBI al 1,5% del mismo. De esta manera, las petroleras y empresas de servicios públicos salen indemnes mientras se descarga sobre el bolsillo popular la disminución del gasto público que postula el Fondo. 

 CFK, haciendo uso de un cinismo desembozado, sostiene que cumpliendo con el porcentaje del déficit fiscal previsto en el Presupuesto 2021 no habrá más ajuste, y que el único error fue haberlo reducido por encima de las proyecciones. Lo que no menciona es que el presupuesto en cuestión fue redactado bajo la tutela del FMI y ya incluía el ajuste dentro sus partidas destinadas a atender las necesidades sociales; se redactó contemplando una pauta inflacionaria irrisoria del 29%, la nueva movilidad jubilatoria que confisca los haberes y la quita del IFE. 

 Por otro lado, el grueso de los gastos del 2021 fue dirigido, no al bolsillo de los trabajadores, sino a subsidiar a las patronales. En ese sentido, a agosto 2021 solo el 60% del gasto Covid había sido devengado, el monto destinado a subsidios energéticos tuvo un incremento interanual del 126,6%, mientras que la suma dirigida al pago de prestaciones sociales perdió 19,1% contra la inflación en el transcurso de un año. Guzmán, por su parte, se escudó diciendo que lo ocurrido “no fue un ajuste sino la reducción del déficit”, algo completamente falso teniendo en cuenta que mientras la recaudación durante los primeros ocho meses del año aumentó en términos reales un 19,1% interanual, la caída real de los gastos corrientes en este período fue del 10,6%. 

 Sin moverse un milímetro de su política de ajuste, el gobierno pretende reconquistar al electorado mediante anuncios económicos. Se trata de migajas para los sectores populares que de ninguna manera revierten la profundidad de la crisis social, donde, por ejemplo, el pago del alquiler insume el 50% del salario de los trabajadores y, los últimos datos del Indec arrojan una caída en la tasa de la población económicamente activa (de 0,4 pp entre el primer trimestre 2021 y el segundo), debido a que hay cada vez menos trabajadores desocupados buscando un empleo debido al «efecto desaliento».

 El aumento miserable del salario mínimo, el cual llegará a los $33.000 recién en marzo 2022 mientras la línea de indigencia se encuentra hoy en los $29.000 y el umbral de la pobreza se ubica en los $67.557; la elevación del piso de Ganancias a los $175.000, que, al no eliminar la cuarta categoría continúa gravando a más de dos millones de trabajadores; el proyecto de jubilación anticipada que supone una quita completamente injusta a quienes la reciban, y el lanzamiento de Mi Pieza, el cual no soluciona ni por asomo la crisis habitacional, y el levantamiento precipitado de las restricciones sanitarias forman parte de esta agenda de «aspirinas poselectorales» con la mira puesta en los comicios de noviembre. 

 Es que en lugar de «poner plata en el bolsillo de la gente» el gobierno elige nutrir los bolsillos de la clase capitalista, a la que le acaba de conceder una serie de beneficios: por un lado, se flexibiliza el cepo cambiario para la rama de exportación, y, por otro, se exime de Ganancias y Bienes Personales para quienes compren instrumentos financieros nominados en pesos. Ambas medidas apuntan a atesorar dólares para utilizarlos en el pago de la deuda al FMI y tienen como telón de fondo la escasez de divisas en el Banco Central, fruto del rescate sistemático de la deuda y la fuga constante de capitales a través de los sucesivos gobiernos. A pesar del cepo, la fuga se viene agravando al punto de que en los últimos 12 meses del año se sumaron 4.258 millones de dólares a la cantidad de dinero que poseen los ciudadanos argentinos por fuera del sistema bancario.

 Por una salida de los trabajadores 

Como vemos, el kirchnerismo diagnostica el ajuste inocultable pero se propone profundizarlo. Los que lo enfrentan verdaderamente han salido a las calles forma masiva esta semana para reclamar un salario mínimo de $70.000; estamos hablando de la Unidad Piquetera, que, con el método de la asamblea y la movilización independiente viene desafiando la malla de contención que supone el Triunvirato Cayetano en los barrios pobres del país. Esta disposición a la lucha del movimiento piquetero combativo se opone por el vértice a la tregua en la que está inmersa la CGT, que se reúne para organizar un nuevo congreso y hacer demagogia con el cupo femenino pero no mueve un dedo para defender a las y los trabajadores. 

 Venimos también de una gran elección del clasismo en el sindicato docente de Neuquén, donde el Frente Antiburocrático recuperó seccionales clave, como la capital y Plottier. Además, tuvo lugar una nueva edición de la Huelga Mundial por el Clima, donde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones movilizó en más de 20 ciudades del país contra la crisis climática y la depredación ambiental capitalista a la que abonan todos los partidos del régimen. 

 En la editorial del día jueves, Gabriel Solano adelantaba nuestra consigna para la etapa: “no al ajuste del gobierno y del FMI, por una salida de los trabajadores”, la cual sintetiza la necesidad de una intervención obrera en esta crisis bajo un programa propio que permita hacer frente a los ataques que el rumbo fondomonetarista propone. Por otro lado, la realización de un Congreso del FIT-U contribuirá en la tarea de darle una proyección política a las luchas en curso.

 Hasta aquí, un repaso de los principales acontecimientos de la semana. Buen domingo.

Sofía Hart   

La elección de Rosatti como presidente de la Corte, o el fraude de la democracia burguesa

Adelantándose una semana al vencimiento del mandato de Carlos Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un acuerdo de tres cortesanos: Juan Carlos Maqueda (quien fuera colocado por Duhalde), el saliente Ronsenkratz (el amigo del operador macrista Pepín Rodríguez Simón) y Horacio Rosatti, ha consagrado a este último como presidente del máximo tribunal del país por los próximos tres años. Lorezentti, el cortesano que salió herido de esta maniobra, que no asistió a la reunión de acuerdo aduciendo su presencia en un foro internacional menor, salió al cruce emparentando la designación de Rosatti que se auto-votó con la designación del menemista Julio Nazareno en el 2000 también con el procedimiento de auto-votarse. 

Lorenzetti, quien ostentó la presidencia de la Corte durante 10 años, tampoco puede exhibir gala de cortesía y buenos modos porque en abril de 2015 adelantó la elección de presidencia varios meses y se hizo votar, incluso desempolvando a Fayt, que en esos momentos se encontraba en una suerte de licencia no declarada. 

 Con estos métodos cortesanos, toda la fraseología de la clase dominante respecto a la “voluntad popular”, “la igualdad ante ley” o “gobierno del pueblo” cae en saco roto sin la posibilidad de apelación. Toda la decisión recayó en tres jueces que no fueron votados en ninguna elección con participación popular, cuyos cargos son vitalicios, sus ingresos en varios casos superan el millón de pesos por mes -sin pagar ganancias y retirándose con una jubilación de privilegio-, que se autogobiernan y autodesignan en posiciones estratégicas del Estado, puesto que el presidente de la Corte Suprema forma parte de la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía. 

 Es de esta forma como se estructura de arriba para abajo un Poder Judicial cuya misión no es la de salvaguardar los derechos conculcados a los y las trabajadores, sino la de ser la última instancia de defensa de la propiedad capitalista de los medios de producción. Nunca mejor dicho que la democracia burguesa es la dictadura del capital contra los trabajadores. 

 Naturalmente que este régimen cortesano permite la componenda, la traición y la saltimbanquiada, cuestión que así es desde 1860 hasta aquí. Sin embargo, es necesario dejar en claro a todo trabajador que aquí no hay una disputa en relación a la agenda política de ajuste que encaran la clase capitalista y sus partidos. Es que mientras a algunos de los cinco cortesanos se los ve votando por el 2×1 para genocidas, a otros se los ve formando otras combinaciones de votos para avalar el régimen de las ART de la muerte. 

 Asimismo, es dable analizar lo ocurrido en los últimos años donde reinó el golpe palaciego como método de designación, pues habla en última instancia de la crisis del régimen social capitalista y sus partidos. En 2018, varios meses antes de que venciera el mandato de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte, un acuerdo entre Rosenkrantz, Rosatti y Elena Haigthon de Nolasco lo desbancó y resolvió una presidencia de Rosenkrantz y una vice de Haigton. En esa oportunidad solo Maqueda salió a bancar Lorenzetti. 

 Luego de poco de tiempo de celebrada la maniobra golpista del macrismo, rápidamente Rosatti abandonó ese trío y junto a Lorenzetti y Maqueda formaron una “mayoría peronista”, donde incluso llegaron a emitir acordadas sin la presencia del presidente y el vicepresidente por las cuales quitaron muchas atribuciones de la presidencia de la Corte, pasando a una suerte de modelo “colegiado” -léase camarilla. 

 Para esta elección, la Casa Rosada prefería abiertamente a Lorenzetti. Si bien Rosatti proviene del peronismo, se fue en malos términos de la cartera de Justicia que detentó bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Como se pudo saber, Rosatti no llega con un acuerdo con Lorenzetti, sino enfrentado a Lorenzetti y con un bloque con Rosenkrantz y Maqueda. 

 Por su parte, si bien nominalmente el macrismo da un paso atrás porque pasa de una presidencia de la Corte a una vicepresidencia, lo cierto es que la falta de una mayoría a Ronsenkrantz le había vaciado de contenido su mandato. De esta forma, Rosenkratz sale de su asilamiento anterior, en un momento muy necesario para él, dado que se encuentra muy comprometido en la causa de la mesa judicial de Juntos por el Cambio, en la cual se encuentra prófugo el operador judicial macrista Pepín Rodríguez Simón, con quien se constató que tuvo al menos 46 llamados telefónicos. 

 Maqueda ha mantenido una táctica orientada a conservar la enorme caja que administra en la Obra Social del PJN. Va moviendo sus apoyos o quita de acompañamiento en función de sostener ese fabuloso fondo de recursos. Pero Maqueda y el interventor que colocó se encuentran en su peor momento puesto que hay investigaciones en Comodoro Py por desvíos de fondos y otros delitos, así como que se han ganado el rechazo de todo el poder judicial, desde el primer camarista hasta el último ordenanza, pues han paralizado y vaciado la atención de la obra social. 

 Como se ve, detrás de la antidemocrática elección de Rosatti no solo está el realineamiento de las distintas fracciones de la burguesía, sino también los intereses de camarilla que prevalecen en el mundo cortesano. Es indudable que cualquier verdadera democracia política es incompatible con el régimen judicial y político actual. 

 La propuesta de Eugenio Zaffaroni, de elevar el número de jueces a 15 o 17 no resuelve problema, como lo demuestran los propios casos de países latinoamericanos que invocó como modelo a emular. Además, de avanzarse por ese lado, sería por medio de las componendas y la rosca del PJ y JxC en el Senado. 

 El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean terminar con privilegios de la casta judicial y que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular reservando el derecho de revocatoria. Se trata de un planteo de transición para avanzar a un gobierno de los y las trabajadores que desmantele este podrido sistema judicial capitalista e incorpore al conjunto de la clase obrera a la administración de justicia para que sea también una palanca en la lucha por la transformación socialista del país y de América Latina. 

 Facundo Miño

Vacunas, laboratorios y la privatización de la salud

La OMS y OPS eligieron dos plantas biotecnológicas argentinas de Sigman para producir vacunas contra el Covid-19 bajo la tecnología de ARN mensajero. 

 “En una reunión que se realizó esta mañana entre autoridades científicas de la OMS y OPS se eligieron dos plantas biotecnológicas argentinas Sinergium Biotech y mAbxience para ser las primeras junto a la brasileña Fiocruz en producir vacunas contra el Covid-19 bajo la tecnología de ARN mensajero, fuera de los Estados Unidos” (Infobae, 21/9). 

 Completemos la noticia: ambas plantas pertenecen al Grupo Insud, cuyo propietario es Hugo Sigman. Ni más ni menos que el multimillonario amigo del gobierno y, particularmente del despedido Ginés González García y del recién llegado Juan Manzur, ambos fuertemente vinculados a la industria farmacéutica privada. El elenco de dirección del Ministerio de Salud, herencia de Ginés, tiene lazos con la universidad privada Isalud del exministro, con el grupo Insud de Sigman y con la Fundación Mundo Sano presidida por su esposa. Todo queda en familia. 

 La panacea que no fue

 La producción del principio de la vacuna AztraZeneca en la planta mAbxience de Sigman en Garín, fue presentada por Alberto Fernández y Kicillof como la panacea de la vacunación para la Argentina y América Latina. Un exitismo demagógico que ocultó lo que posteriormente aclaró Sigman: él solo terceriza una producción cuyo destino, forma y plazos de entrega dependen del pulpo anglo-sueco. La exportación de la producción a México y Estados Unidos para su terminación dejó en manos de esos países su destino final. Conclusión, el país pagó por anticipado el 60% de un contrato por 22,4 millones de dosis cuya entrega debía completarse en el primer semestre de 2021, pero a cuentagotas las entregas llegan a septiembre a las 16 millones, estirando indebidamente el tiempo entre las dos aplicaciones.

 Fue a consecuencia de ello que el Frente de Izquierda e importantes profesionales e intelectuales, reclamaron la incautación de toda producción nacional, mientras el sistema de salud se saturaba y aumentaba el número de fallecidos. Estados Unidos, India, Italia, bloquearon la exportación de vacunas. La producción y distribución de las mismas están regidas por la competencia capitalista por los mercados y la guerra geopolítica, apalancadas en el derecho de patentes y confidencialidad comercial.

 Los aplaudidores

 Este fiasco no impidió, sin embargo, que la Ministra de Salud Carla Vizzotti, en la reunión de presentación de las designación por la OMS, dijera: “Es un honor para nuestro país que la empresa argentina Sinergium Biotech haya sido seleccionada”, y resaltara “la larga trayectoria y altos estándares de calidad de la industria farmacéutica argentina, que cuenta con 200 plantas de producción, de las cuales 160 son de capitales nacionales y 40 del sector público”. Léase que esta estratégica industria “argentina” está en manos privadas y los funcionarios oficiales son sus agentes. A lo que hay que agregar que los laboratorios del sector estatal, como el Instituto Tomás Perón, están semidestruidos. 

 No parece casual que mientras la OMS obstaculiza la autorización de vacunas no originadas en el bloque occidental liderado por Estados Unidos, favorezca a los empresarios como Sigma, para la elaboración de vacunas con tecnología ARNm, exclusiva de las norteamericanas Pfizer y Moderna. 

 Los límites del desarrollo tecnológico nacional

 Para completar la caracterización de la subordinación de la fabricación “nacional” de medicamentos y, más en general, del sistema científico tecnológico argentino al interés capitalista privado, vale mencionar los procesos de investigación de vacunas anti Covid-19 en el país. 

 Existen siete líneas avanzadas de investigación para su producción autóctona. Entre las principales: la de la Universidad de San Martín – Conicet; la de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Plata – UBA; la de Fundación Instituto Leloir – Conicet; la del Inta Bariloche. Y hay más. Con diferentes plataformas tecnológicas, equipos de muy capaces científicas/os argentinos han logrado importantísimos avances de sus proyectos a las puertas, en algunos casos, del comienzo de la fase clínica.

 El obstáculo que surge es la necesidad de la producción a escala para los ensayos y posterior abastecimiento masivo. La ayuda estatal es misérrima: para el proyecto de la Universidad de San Martín la rimbombante Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación aportó apenas 60 millones de pesos; cuando un solo pago hace tres días al FMI fue de 190.000 millones de pesos, y hasta fin de año se pagarán 228.000 más. Se entiende por qué estos proyectos argentinos son empujados, para su realización, a asociarse con laboratorios privados. Al Laboratorio Pablo Cassará en el caso de Unsam – Conicet; a Laboratorios Bagó en el de Inta Bariloche, por ejemplo. 

 Los gobiernos que apañan el interés privado en la millonaria industria farmacéutica desfinancian, como contracara de la misma política, al sistema científico tecnológico estatal. Raquitismo presupuestario, salarios de hambre, trabajo precarizado, caracterizan un cuadro de vaciamiento agravado por el flagelo de la pandemia. Revertir ese cuadro es una tarea estratégica. En el caso de la producción farmacéutica, hace a la salud y la vida del pueblo declararla de interés nacional y colocarla bajo control de los trabajadores, suspendiendo el sistema de patentes y el secreto industrial.

 Sergio Villamil

"La crisis que atravesamos es de arrastre, pero tampoco se resuelve con maquillaje"// Del Plá en C5N

El naufragio de la Celac y su “integración latinoamericana”

 

La sexta cumbre de la Celac –el órgano que reúne a los mandatarios de los países de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá- puso en evidencia, nuevamente, la inviabilidad de cualquier tentativa de integración latinoamericana en los marcos capitalistas. También se evidenció el impasse del propio organismo. La cumbre no contó con la participación de Brasil, Colombia y Chile, y estuvo atravesada por choques de intereses entre los distintos países y por fuertes cruces políticos entre los jefes de Estado, lo que incluso impidió la designación de la nueva presidencia pro témpore del organismo. Pero por sobre todo, en la Celac se puso al desnudo la enorme injerencia del imperialismo norteamericano entre los mandatarios del continente. 

 Esto último vale especialmente para la derecha latinoamericana, que con sus acciones y discursos levantó los ejes políticos de la cruzada golpista que el imperialismo yanqui desarrolla contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es eso, justamente, lo que determinó la ausencia de Brasil y de Colombia en el organismo. Jair Bolsonaro retiró la participación del gigante latinoamericano de la Celac, a principios de 2020, por considerar que esta le daba demasiado “protagonismo a regímenes no democráticos”. Por su parte, el gobierno de Iván Duque, en la víspera del comienzo de la sexta cumbre y luego de condenar la participación de Nicolás Maduro, se sumó al boicot bolsonarista y anunció la no participación de Colombia. En la propia Celac el uruguayo Luis Lacalle Pou, el paraguayo Mario Abdo Benítez y el ecuatoriano Guillermo Lasso repitieron el mismo libreto, es decir, se dedicaron a condenar a los regímenes de Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) por “antidemocráticos”. Una vez concluida la sexta cumbre, el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, acompañó a través de su cuenta de twitter las declaraciones de Lasso y Lacalle Pou. 

 Desde otro campo político, el anfitrión y presidente pro témpore de la Celac, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, también se encargó, a su modo, de enviarle un guiño al imperialismo yanqui. Ante el cambio de signo político que se viene procesando en el subcontinente en las sucesivas elecciones y el desprestigio que envuelve a la Organización de Estados Americanos -por su colaboración con el derrotado golpe en Bolivia y su silencio ante las criminales represiones de los gobiernos derechistas contra las rebeliones populares de América Latina- AMLO coqueteó con la idea de que la Celac “sustituya a la OEA”. Pero para AMLO, la Celac debería ser un instrumento para consolidar “las relaciones entre nuestros países y alcanzar el ideal de una integración económica, con Estados Unidos y Canadá y en un marco de respeto a nuestras soberanías”. De esta manera, trató de pasar por alto que el avasallamiento de las soberanías nacionales que ejerce el imperialismo tiene como base su predominio económico. La defensa de las soberanías latinoamericanas plantea, en primer lugar, la ruptura con el imperialismo. Esta cuestión central ha estado completamente ausente en todas las intervenciones, incluidas las del ala ‘izquierda’ de la cumbre. De hecho, AMLO colocó como horizonte a la Unión Europea, que no es más que un órgano imperialista de dominación de las principales potencias europeas. El planteo de AMLO no debe sorprender, pues ha sido él, como presidente de México, quien ratificó el tratado de libre comercio (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, mediante el cual se destruyó la economía agraria del sur mexicano, se instaló el régimen de la maquila y se desmanteló el monopolio petrolero de Pemex.

 Acompañando los lineamientos generales de AMLO se anotaron el boliviano Luis Arce, el peruano Pedro Castillo y el argentino Alberto Fernández. Este último, sin embargo, suspendió su participación en la cumbre a último minuto, absorbido por la crisis política nacional. Su remplazo, el (ex) canciller Felipe Solá, tampoco pudo ser parte del convite, ya que se enteró que había sido eyectado del gobierno mientras se encontraba en viaje hacia la cumbre. El remate del papelón argentino fue el fracaso del gobierno de Fernández en hacerse de la presidencia pro témpore de la Celac. Es que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, rechazó su nominación por considerarlo “un instrumento del imperialismo norteamericano”. La acusación llegó luego de que Argentina se sumara a las denuncias realizadas por la ONU y la OEA contra el gobierno de Nicaragua. Sucede que aunque los encarcelamientos de opositores políticos por parte del gobierno de Ortega y las violaciones a los derechos humanos son completamente ciertas, las denuncias de la ONU y la OEA se realizan a pedido del gobierno norteamericano y tienen un fin intervencionista. Esos mismos organismos que se rasgan las vestiduras ante la situación en Nicaragua, Cuba y Venezuela callan ante atropellos similares e incluso muchísimos peores que realiza el imperialismo yanqui o gobiernos alineados a él. 

 Por su parte, el bloque de los presidentes integrantes del Foro de Sao Paulo (Venezuela, Cuba y Nicaragua), cuestionaron a la OEA y reivindicaron a la Celac. Maduro reivindicó el régimen bolivariano -el que mutó, desde hace ya bastante tiempo, de un gobierno plebiscitario a un gobierno de facto- y desafió a Abdo Benítez a que le ponga fecha y hora a un debate sobre democracia. Díaz-Canel reivindicó las movilizaciones que se están desarrollando en Uruguay contra el “paquetazo neoliberal”, luego de que Lacalle Pou reivindicara las movilizaciones que se desarrollaron en Cuba “contra la dictadura”. Los presidentes integrantes del Foro de Sao Paulo, sin embargo, carecen de autoridad para criticar los ajustes del resto de los gobiernos latinoamericanos. En Cuba, el bloqueo yanqui de un lado y el restauracionismo capitalista que impulsa la burocracia dirigente del otro, dieron lugar a una profunda crisis social que derivó en una importante reacción popular en julio de este año. Más atrás, en 2018, el pueblo de Nicaragua desarrolló una enorme movilización contra la reforma previsional que impulsó el gobierno de Ortega por orden del FMI, dando inicio a la saga de rebeliones que recorrieron América Latina. 

 De todos estos cruces y contradicciones surgió un documento con “44 puntos de acuerdo”. Pero se trata de un papel mojado, porque mientras el documento convoca al FMI a flexibilizar las condiciones de deuda y financiamiento, la mayoría de los gobiernos ‘neoliberales’ y ‘nacionales y populares’ del subcontinente ejecutan ajustes brutales para cumplir con los preceptos fondomonetaristas. Mientras se convoca a realizar esfuerzas mancomunados para combatir el cambio climático, esos mismos gobiernos dan vía libre al fracking, a la megaminería a cielo abierto, y a la quema indiscriminada de bosques y selvas. El documento convoca a elaborar un plan regional para la seguridad alimentaria, un año después de que se hundieran en la pobreza extrema más de 20 millones de personas en América Latina. Convoca a atender las olas migratorias, mientras AMLO coloca al aparato represivo del Estado mexicano al servicio de taponar la migración desde Centroamérica a los Estados Unidos. 

 En definitiva, la sexta cumbre de la Celac confirma la inviabilidad de una “integración latinoamericana” a través de los actuales Estados nacionales y relaciones capitalistas de producción. La unidad latinoamericana solo será posible con la instauración de gobiernos de trabajadores en todos los países del subcontinente, poniendo en pie una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

 Pablo Giachello

La Corte Suprema, un enroque contra los Fernández

Los golpes de mano se han anotado un nuevo gol con la movida que ungió ayer al santafecino Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema. De los cinco miembros del Tribunal, Rosatti fue votado por tres – con él mismo incluido. También se autovotó el actual presidente Rosenkrantz, como vice de Rosatti. Otros dos miembros, Lorenzetti y Highton de Nolasco, se ausentaron de la reunión. Rosatti y Rosenkrantz fueron designados inicialmente por decreto de Macri, para luego ser refrendados por el Senado, en 2016. 

 Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner; luego se alejó del cargo en protesta por un caso de sobreprecios en la construcción de cárceles. A despecho de ello, carga con denuncias en su contra, precisamente, por enriquecimiento ilícito, en los tribunales de Santa Fe. Recientemente, el radical Yacobitti, operador de Lousteau, presentó un proyecto para que los presidentes de la Corte roten “de acuerdo a la edad”. Era un boleto ganador en favor de Lorenzetti. Según parece, el tándem Pichetto-Bullrich-Macri decidió pinchar esa posibilidad, lo que llevó a Lorenzetti a ausentarse de la reunión que votó a Rosatti.

 ¿Qué significa esta movida? En las oficinas del tribunal reposan diecisiete recursos y causas relacionadas con Cristina Kirchner y sus hijos, y con el viejo clan K, de Julio de Vido a Lázaro Báez. Están referidos a los sobreprecios de la obra pública santacruceña, el lavado de dinero en los hoteles del sur, la ruta del dinero K y la causa de los cuadernos. En esta última, se acaba de producir una operación en la AFIP para confirmar el fallo del juez Ercolini que justifica las coimas pagadas por el pulpo Techint al gobierno, por razones de “fuerza mayor” – una forma ´elegante´ de absolver al coimero y al coimeado. La “fuerza mayor” esgrimida -la necesidad de sobornar a Hugo Chávez para que permita repatriar a los funcionarios de Techint en Venezuela-, no tiene el respaldo de ninguna prueba. Lo que sí está probado es que el gobierno de CFK medió ante el venezolano para que Techint reciba una indemnización de cuatro mil millones de dólares – dos mil millones en dinero y los otros dos por absorción de pasivos ocultos de la sociedad del grupo en Venezuela, la ex Sidor. 

 Los otros cargos contra la camarilla K dependen de las causas que se guardan en los cajones de Rosatti y compañía. Como se ve, la continuidad del gobierno K depende mucho más de Rosatti y Rosenkrantz que de los votos que reciba el FdT el próximo 14 de noviembre. Claro que si CFK pierde la mayoría que tiene en el Senado, las cosas se facilitarían sin ninguna duda. Los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores escasean, pero las maniobras golpistas abundan 

 El nuevo dúo de dirigentes de la Corte le recuerda a CFK que tiene en las manos su futuro político y personal.

 Marcelo Ramal

 24/09/2021

El “gobierno feminista” y Manzur

Entre las bestias negras con las que Alberto y Cristina Fernández han engalanado su gabinete de apuro, Juan Manzur es descollante. La designación de un energúmeno del Opus Dei, militante provida, ferozmente clerical enfureció a muchas mujeres, que desempolvaron en las redes su prontuario. 

 Sin embargo, el cristiano maronita contó con defensoras entre algunas feministas K, para quienes las críticas respondían a una mirada centralista (“hay que mirar más allá de la General Paz”) o azuzaron el espantajo de la derecha. “La derecha y Milei me asustan más que Manzur en el Gabinete peronista”, escribió Mariana Carbajal en TT, y no estuvo sola. 

 La declaración del FITU también entiende el nombramiento de Manzur como prueba de un viraje a la derecha del gobierno de los Fernández, “un empoderamiento del ala más reaccionaria y clerical del PJ para profundizar este curso en medio del revés electoral”, dice. 

 Más que empoderamiento, lo que se ve es una crisis de régimen que la derrota electoral puso en debate nacional. El rejunte al que echó a mano la dupla de F y F tiene fecha de salida si se confirma la derrota electoral en noviembre. Es el gabinete que intenta equilibrar el tembladeral de un gobierno incapaz de imponer los requisitos del FMI y de una oposición que tampoco tiene condiciones para reemplazarlo en la tarea. Consciente de que avanzar en el ajuste lo llevará a choques ineludibles con las masas, CFK apeló a expertos en represión y a los nexos con el clero en la perspectiva de tratar de amortiguar la reacción popular.

 La abogada feminista Sole Deza, prestigiosa defensora de Belén, la joven que en 2014 fue condenada a 8 años de prisión en Tucumán por un aborto espontáneo, reivindicó que “Tucumán puso 4 votos para el aborto” y que “ya se han hecho 1.836 abortos voluntarios”. “Antes de la lapidación de Manzur en nuestro nombre, pregunten. Quizás hicimos bien y entendió. No todo es tan lineal acá en el norte!”.

 Manzur se lapida solo 

Nacido en 1969, el jefe de Gabinete acumula un prontuario tan frondoso como su fortuna -fue el ministro más rico del gabinete de CFK, donde no escaseaba la competencia. Entre 2003 y 2014, mientras era funcionario provincial y nacional, su patrimonio se multiplicó por 42.

 Se formó como sanitarista con Ginés González García, uno de sus padrinos políticos. Su otro mentor es el ex gobernador y actual senador en uso de licencia José Alperovich, procesado por abusar de una sobrina. Tiene inmejorables relaciones con la burocracia sindical, con el Big Farma y con el Estado de Israel, que asesora desde la época de Alperovich a la policía de la provincia (Perfil 20-9). 

 Como ministro de Salud provincial, Manzur pasó a la historia por truchar las estadísticas de muerte infantil. En tres años de gestión, la tasa de mortalidad pasó de 24,3 casos por cada mil nacidos vivos en 2002 a 13,5 en 2006. La jefa de Epidemiología, la de Estadística y trabajadores de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes denunciaron que el Ministerio había ordenado no asistir a los bebés con menos de 600 gr. Eso permitía anotar su muerte, que ocurría a las pocas horas, como defunción fetal. Si vivían unos días no había modo de no incluirlos en las de mortalidad infantil. (Crítica, 10-6-08; https://prensaobrera.com/politicas/el-trabajo-criminal-de-alperovich/) Un ejemplo de cuánto les importa la vida a los provida. Y una advertencia sobre la verosimilitud de las estadísticas en el ajado gabinete de relanzamiento. 

 La Tucumán de Manzur todavía no adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual (ESI) ni al protocolo nacional que garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sancionada en 1921, hace un siglo. Es más, el gobernador impulsó un proyecto de ley provincial para prohibir el acceso a la ILE en caso de que fuera producto de una violación. Que se practiquen los abortos voluntarios solo dice que el fuerte movimiento de mujeres le ha doblado el brazo.

 Tucumán no solo mantuvo presa a “Belén”. Fue declarada “provincia ‘pro-vida’” en agosto de 2018 y Manzur encabezó algunas marchas contra el aborto, rezando a voz en cuello. En 2018, su policía brava asesinó a Facundo Ferreira, un niño de 12 años, con un disparo por la espalda. “El gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería”, denunció una tía de Facundo. El “jardín de la república”, la provincia donde asesinaron a Paola Tacacho, fue la última en adherir a la ley (inútil) Micaela contra la violencia de género. 

 En 2019, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de Mujeres y Género -que ahora saluda a su jefe con el puñito pandémico- denunció a Manzur ante la Justicia por forzar la maternidad de una nena de 11 años, Lucía, que pidió abortar después de que la embarazara el marido de su abuela. La médica que la asistió está aún procesada. 

 Como prueba de la deconstrucción del jefe de Gabinete, feministas K mencionan el nombramiento de Valeria Zapesochny ¡una lesbiana! como la primera Secretaria de Medios y Comunicación. Piensan que la disidencia sexual da patente de progresista. ¿Ignoran acaso que la campaña de la ultraderecha alemana tiene como divisa “que los gays puedan caminar tranquilos por Berlín”, un ataque xenófobo contra los inmigrantes turcos e islámicos? 

 El nombramiento de Manzur puede entenderse como una prueba de buena memoria. El movimiento de mujeres fue uno de los factores que le firmó la partida de defunción al gobierno de Macri, a quien alguna funcionaria feminista de Juntos por el cambio llamó “el feminista menos pensado”. 

 Es imperioso recuperar la autonomía del movimiento de mujeres, organizar encuentros regionales en el camino a un Encuentro nacional que debata un programa de defensa de nuestros derechos que van más allá de llamados “los derechos de género”.

 El derecho al aborto y a la anticoncepción, y a la maternidad.

 La organización contra la violencia, contra el abuso sexual, contra las redes de trata. Que incluya la defensa de las condiciones de vida, a la vivienda, a la salud. 

Que incluya la defensa del trabajo y del salario y las jubilaciones. 

 El movimiento de mujeres trabajadoras tiene un lugar ineludible en la lucha general de los trabajadores por construir su propia alternativa política, su propio gobierno. 

 Olga Cristóbal 

 23/09/2021