lunes, 15 de septiembre de 2014

Jorge Julio Lopez: 8 años de impunidad y encubrimiento



El 18 de septiembre se cumplirán ocho años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el albañil cuyo testimonio fue clave en la condena de Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense bajo la dictadura. Su segunda desaparición ocurrió el mismo día en que se dio a conocer la sentencia a prisión perpetua contra el represor.
En este aniversario nuevamente nos movilizaremos en Buenos Aires y en La Plata, junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, para reclamar por su aparición, denunciar a los Milani-Berni y exigir el fin de la impunidad y la represión contra las luchas obreras y populares.
Durante los ocho años que siguieron a su desaparición, el caso de Julio López fue marginado de la agenda del “gobierno de los derechos humanos”. Su nombre jamás fue ni siquiera pronunciado por la presidenta Cristina Fernández cuando el caso conmovió al país y, en particular, a la ciudad de La Plata, de la cual ella es oriunda.
El silencio oficial fue complementado por los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, quienes desviaron la ‘investigación’ hacia los abogados y organismos de derechos humanos que acompañaban a López.
En cambio, la “maldita policía bonaerense”, heredera estructural de los Echecolatz, jamás fue indagada. En sus filas permanecen activos alrededor de 9.000 agentes que revestían en la fuerza durante la dictadura militar.
A la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Gerez, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno fue esclarecido. El de López tampoco fue el primer caso de un desaparecido en territorio bonaerense bajo gobiernos constitucionales: antes ocurrieron las desapariciones de Miguel Bru y Andrés Núñez; luego, la de Luciano Arruga. Existen al menos doscientos casos de desaparecidos en democracia y alrededor de 4.000 casos de gatillo fácil denunciados. La Policía Bonaerense, la principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de sospechas. Todas las facciones políticas que gobernaron la provincia pactaron con ella impunidad para sus crímenes y negocios.
Como lo resumen las consignas principales de la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la movilización del 18 será también una demostración de fuerzas contra el giro represivo del gobierno, que ha sido acentuado por las designaciones de Sergio Berni y César Milani.
Será una manifestación de repudio a la militarización de los conflictos obreros, a la infiltración de las luchas y organizaciones populares y, en general, a toda la línea fascistizante que acompaña la “profundización del modelo”. La esperanza de un salvataje a manos del capital financiero internacional -y el ajuste contra los trabajadores que éste impone- requiere el complemento de los palos de Berni y compañía.
Impulsemos junto a los luchadores una gran jornada de movilización en todo el país.

Los límites del modelo productivo en Argentina

Los datos del crecimiento argentino desde el 2002 se explican en buena parte por la expansión de la producción sostenida en alza de los precios internacionales de los productos primarios de exportación y el efecto de la modernización derivada de las inversiones externas de años anteriores en los sectores más dinámicos del sector industrial, especialmente el extranjerizado sector automotriz. Es un rumbo que define la dependencia de la Argentina al orden capitalista en tiempos de transnacionalización.
Ahora existe la preocupación de la desaceleración productiva y la ausencia de divisas para sostener una diversidad de problemas económicos y se generan propuestas de política económica que profundizan el rumbo de la dependencia de un modelo productivo de inserción transnacionalizada que alimenta un patrón consumista para el desarrollo.
Los precios internacionales ya no presentan la tendencia ascendente de los últimos años y en el blog del FMI sobre temas económicos de América Latina se sostiene que “Luego de una década de crecimiento excepcional, los precios de los commodities tocaron techo a mediados de 2011. Aunque siguen elevados, los precios han caído algo y esto le puede quitar brillo a las perspectivas económicas de América Latina.”(1)
En el citado artículo y para la Argentina se destacan precios a futuro entre 2014 y 2019 más parecidos a los expresados entre 1970 y 2001 que a los del 2002 a 2011. En ese marco se destaca la retención de la producción en los campos y silobolsas a la espera de nuevas devaluaciones que compensen la caída de precios de venta. Es un debate sobre el carácter privado o social del producto agrario, entre los que los mantienen con fines especulativos y el Estado necesitado del ingreso de divisas. Un debate adicional es el uso estatal de las divisas, disputadas por los acreedores de deuda, los importadores y la sociedad con diversidad de demandas socio económicas.
La desaceleración golpea en el sector industrial, especialmente en la industria del automotor, con quienes el gobierno negocia liberación de divisas para importación de partes y facilitar la producción y comercialización de automotores ante la caída del consumo y la afectación del empleo. Las automotrices denuncian deudas millonarias por importaciones de unidades terminadas, insumos y partes componentes que explicitan el carácter dependiente y subordinado del sector automotriz a la dinámica transnacional impuesta por las terminales del automotor. Para la Argentina y según un artículo del diario Página 12(2) “El año pasado las terminales registraron un rojo comercial de 4 mil millones de dólares, se acumulan 33 mil millones desde 2003.” En ese contexto desde el oficialismo se impulsa el consumo individual del transporte automotor.
No solo las automotrices mantienen ese perfil subordinado de la industria local, más orientada a la armaduría con dependencia de insumos y partes que a la fabricación de los tiempos de la industrialización con sustitución de importaciones. El componente nacional de los autos armados en el país apenas alcanza el 25%, menor a lo que registra el sector automotor del Brasil. La burguesía local más que “nacional” confirma su carácter de burguesía importadora, compradora, dependiente y subordinada a la lógica de la transnacionalización de la economía, con lo cual resulta imposible asignarle ninguna posibilidad de articular un proyecto nacional y menos liderarlo con perspectiva para la emancipación. Eso impone la discusión sobre el modelo productivo en curso, la necesidad de su transformación y especialmente sobre los sujetos económicos y políticos para liderar un proceso de producción primario e industrial para la independencia y la satisfacción soberana de las necesidades populares.

Política económica en debate

En esas condiciones se transita la disputa por la orientación de la política económica y la burguesía empuja la devaluación y variadas formas de subsidios para mejorar la rentabilidad de las empresas. En ese sentido apuntan las flexibilizaciones al encaje bancario logradas por la banca para favorecer la venta con tarjetas en 12 cuotas sin intereses y sostener el alicaído consumo. Por su parte, los trabajadores desde el conflicto social intentan morigerar el impacto regresivo de las condiciones de desaceleración y recesión agravadas por una evolución de los precios que oscila entre el 30 y el 40% según sea la proyección oficial o de otras mediciones de precios. Vale considerar que no alcanza con luchas defensivas sobre reivindicaciones democráticas, especialmente el ingreso popular y se requiere constituirse como sujeto en lucha por un programa de transformaciones que alejen al país de la dependencia, y por ello, programa anti capitalista y antiimperialista.
La aprobación de un nuevo canje de deuda bajo la denominación de “pago soberano” de la nueva ley sostenida con el voto oficialista y legisladores de cercanía habilita un compás de espera en la discusión con los bonistas no ingresados a los canjes 2005 y 2010, con capítulos próximos a fines de septiembre ante un nuevo vencimiento por 200 millones de dólares; la expectativa por la decisión de la Cámara de apelaciones de Nueva York ante la restricción sobre los 539 millones de dólares depositados en junio en el Banco Mellon de Nueva York; y los avatares hasta fin de año y el vencimiento de la cláusula RUFO. La oposición sistémica delegó el costo potencial de la ley de nueva renegociación en el oficialismo, más dispuesta a facilitar el pago y la reinserción en el mercado financiero mundial, por lo que la crítica fue contenido en el seno del Parlamento y no se manifestó en movilizaciones, algo a lo que recurre el movimiento popular bajo la consigna “suspensión de pagos e investigación de la deuda”. En ese ámbito no satisface la conformación de la comisión bicameral investigadora de la deuda con 180 días de plazo para pronunciarse, pues además de las consideraciones del límite temporal para investigar, la efectividad de la medida supone la participación social más allá del parlamento y la suspensión de pagos por la totalidad de la deuda y liberar recursos para fines alternativos.
En la nueva legislación se mantiene la prórroga de jurisdicción, ahora con Francia, como si los países capitalistas desarrollados de Europa garantizaran la soberanía negada en otros tribunales extra-nacionales. En el mismo sentido, más allá de las buenas intenciones de cambios en la esfera mundial, poco se puede esperar de la ONU en materia de soberanía por la cuestión de la deuda, especialmente ante la hegemonía del capital expresado en los organismos internacionales.
No se trata de proponer inmovilidad de política exterior, sino de precisar los ámbitos de iniciativa para un cambio de la correlación de fuerzas a escala mundial y para generar nuevas relaciones internacionales, más proclives en el orden regional y con agenda precisa, especialmente en materia financiera y productiva. Ello supone avances en la conformación de un Banco del Sur para una producción alternativa en alimentos y energía, dos sectores importantes de las condiciones productivas en América Latina. No se trata de ser pesimistas sobre el accionar de la institucionalidad mundial, sino de los límites que el poder del capital impone, más proclive a impulsar mecanismos de liberalización de la economía que un orden global favorable a los más vulnerables y necesitados.
El cambio del orden mundial requiere de proyectos que apunten a la ruptura de la dominación capitalista en el ámbito local-nacional y local-regional. Por eso es que fracasa todo intento de nueva arquitectura del poder financiero o económico y convoca a iniciativas sociales y política de confrontación con el orden establecido, que en materia de deuda pública sigue remitiendo a una renovada consigna por el No Pago y claro que no alcanza con no pagar, por eso es que se necesita superar los límites del modelo productivo que impone el capital transnacional.

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Notas:
1) Bertrand Gruss. América Latina: Creciendo sin la locomotora de los commodities. En: http://blog-dialogoafondo.org/?p=3991
2) Javier Lewkowicz. Medidas diseñadas para calentar los motores. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-255248-2014-09-13.html

Cambio en las tenencias de dólares de bancos. El gobierno dice que no devaluará, pero...



El Banco Central bajó ayer el límite de los activos en dólares que los bancos pueden tener en su patrimonio. La comunicación A5647 publicada ayer en la página oficial del BCRA establece que los bancos no podrán tener una "posición global neta de moneda extranjera" superior al 20% de su responsabilidad patrimonial computable. Según cálculos privados, esto significa que los bancos deberán deshacerse de unos 1.800 millones de dólares. La medida afectará principalmente las tenencias de los bonos dolarizados de los bancos. Es a través de estos papeles que las entidades se hacen de dólares, lo que en el mercado se conoce como 'contado con liqui'.
Es la segunda modificación del límite de activos en dólares que los bancos pueden tener en su patrimonio en menos de un año. El 4 de febrero pasado, la comunicación A 5536 habiá reinstaurado ese tope, creado en 2003 y suspendido en 2005. También había limitado la tenencia de contratos de dólar a futuro en el 10%. Sobre esto último no hubo modificaciones. En ese entonces, esta medida del BCRA permitió frenar la corrida cambiaria, que continuó después de la fuerte depreciación del peso que aplicó el gobierno en enero. Pero la autoridad monetaria fue duramente criticada por haberla aplicado recién después del ajuste cambiario, permitiendo a los bancos ganancias elevadas gracias a sus tenencias en dólares.
La resolución tomada por el Banco Central respecto de las tenencias en dólares despierta interrogantes. ¿Tiene por objetivo simplemente bajar la presión sobre el mercado cambiario haciendo que los bancos vuelquen oferta de dólares para contener la cotización oficial y descomprimir el mercado paralelo? ¿O tiene un sentido preventivo? Recordemos que en febrero la autoridad monetaria aplicó una restricción a las tenencias en dólares recién después de un ajuste cambiario de 23%. Esto permitió que las instituciones financieras obtuvieran fuertes ganancias con sus tenencias en dólares. Gracias a esto en un en el primer trimestre de este año los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones.El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar. Entonces, ¿sólo descomprimir o anticiparse a los efectos que tendrá un ajuste cambiario? La incógnita no tardará mucho en despejarse.

Esteban Mercatante

La ley del pago

La Cámara de Senadores dio aprobación al proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Ahora seguirá su trámite en diputados. El gobierno apuesta a aprobarlo en trámite veloz para realizar la operación de canje antes del 30 de septiembre, cuando hay un vencimiento de 200 millones de dólares del bono Par cuyo incumplimiento ampliaría los bonos en default a causa del fallo del juez Thomas Griesa.
Este proyecto aprobado en el Senado declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana” y apunta a implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010. El proyecto reemplaza el agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos y apunta a realizar un nuevo canje que reemplace los bonos emitidos bajo jurisdicción norteamericana por otros. El texto que diseñó el Poder Ejecutivo explica que los cambios se proponen “con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción” que dispuso el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, ante el reclamo de los holdouts, “de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”.
El proyecto enviado al congreso el 19 de agosto preveía la posibilidad de habilitar a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resultase conveniente. El Frente para la Victoria incorporó el martes pasado nuevas modificaciones apuntando a ampliar el apoyo al proyecto. La reforma apunta a incluir explícitamente la posibilidad de canjear por títulos “regidos por legislación y jurisdicción” de Francia además de la Argentina. Esta modificación buscó contemplar los reclamos del Frente Renovador de habilitar otro lugar de pago además de Buenos Aires. A pesar de esto, el massismo reafirmó el rechazo al proyecto. El artículo 12 establece la creación de la Comisión Bicameral Permanente para investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda, así como el “seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen” y una “investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres”. Curiosa intención, considerando que hace ya cuatro años –cuando impulsó el Fondo del Bicentenario para usar dólares del Banco Central para pagar deuda– la Presidenta descartó cualquier investigación de la deuda planteando que el tiempo para hacerla era 1983, a la salida de la dictadura. El artículo 14 exime del pago de impuestos a los fondos que se destinen para los bonistas.
El gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto para completar el canje antes del 30 de setiembre, y evitar que se agrave el default. Después de haber quitado derechos de representación al agente pagador (el BoNY), Economía no puede depositar el dinero como hizo en junio y aducir que cumplió las obligaciones como hizo en junio. Por eso la urgencia.
Aunque avanza el trámite parlamentario, hay varios motivos por los cuáles el proyecto es recibido con escepticismo. El BoNY debería colaborar para que se concrete el canje, para identificar a los bonistas, y si lo hace podría ser declarados en desacato por parte de Griesa. Nación Fideicomisos S.A. es cuestionado además por varios agentes financieros debido a la falta de experiencia y presunta debilidad técnica.
Un segundo motivo de duda son las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York. Esto abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% al gobierno le costaría mostrarlo como un éxito. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts (que no entraron a los canjes de 2005 y 2010) y los reclamos de “nuevos” holdout que no participen de este canje.
Por fuera de estar incertidumbres, una cosa es segura: lo único de soberano en el proyecto presentado es el nombre, más aún ahora que lleva acento francés. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa reiniciar una gravosa entrega de dólares. El gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares. Pero a pesar de eso la carga no paró de crecer; hoy ronda los 250 mil millones de dólares. Esta carga sobre los recursos fiscales obligó a destinar fondos públicos que podrían haberse utilizado para gastos en salud, educación o infraestrucura. Pagar la deuda, como lo venimos sufriendo hace décadas, tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo.
En el senado no hubo una sola voz que rechazara enteramente pagar la deuda. Todas las expresiones políticas, aún la centroizquierda opositor, acompaña el precepto de que “las deudas se pagan”, acompañando o presentando alternativas. Sólo el Frente de Izquierda plantea claramente el no pago, y, como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Esteban Mercatante

Shell cumple cien años de expoliación en Argentina



En septiembre de 1914 llegaba a la Argentina desde México el primer buque de la empresa anglo holandesa Shell. Los capitales petroleros imperialistas inauguraban así sus relaciones comerciales con el país. La Primera Guerra Mundial consumía los recursos de Europa y las potencias aliadas salían del Viejo Continente a rapiñar a los países oprimidos del mundo. Los yacimientos descubiertos pocos años antes en Comodoro Rivadavia, pronto serían disputados por la legendaria Standard Oil de Rockefeller (la actual Chevron) y por la Shell. La política de los partidos tradicionales ha sido siempre presionada o directamente dependiente de la línea que le bajaran estos grandes pulpos imperialistas. A lo largo de este siglo que hoy festeja, la Shell ha pisoteado las leyes argentinas y volteado gobiernos a gusto. La historia de los éxitos de la Shell es la historia del fracaso de la soberanía energética del país, de las privatizaciones y las leyes de flexibilización laboral que esta empresa utilizó para tercerizar a las dos terceras partes de su personal y seguir amasando ganancias fabulosas como las del año pasado, cuando recaudo más de $16 mil millones.
El 30/4 hubo despidos en la refinería de Dock Sud, de compañeros que venían denunciando los atropellos de la empresa y que osaron a fines de 2012 presentar una lista opositora para las elecciones del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles, cuya conducción está en manos de Alberto Roberti del Frente Renovador. El sindicato no movió un dedo por defender a los despedidos, aunque los trabajadores de la refinería les arrancaron asambleas por turno y tenían la disposición de pelear por la reincorporación. La Justicia ya falló en dos instancias por la reincorporación de tres de los compañeros despedidos, Fernando Luna, Gustavo Michel y Analía Portillo, reconociendo que los despidos fueron persecutorios por su actividad gremial dentro de la empresa.
La Shell celebrará sus 100 años en el país con una gran fiesta en La Rural e invitaron a la clase política, a los sindicalistas y a empresarios amigos. Todos ellos, los dueños del país, brindarán por otros 100 años de expoliación. Pero la cosa está cambiando. Las elecciones que quieren armar ahora con una lista de la burocracia son repudiadas por los trabajadores, nadie quiere ir a votar. Los compañeros de la refinería siguen la lucha de Lear y de Donnelley y algunos participaron del Encuentro Obrero convocado por los despedidos de Calsa, Shell y Honda, las grandes luchas de este año en la zona sur del Gran Buenos Aires. La campaña por la reincorporación seguirá su marcha hasta que los despedidos puedan reingresar a la planta, retomamos la grandiosa historia de los petroleros de Dock Sud y de sus luchas. Ese es el verdadero siglo que los trabajadores de la refinería deben festejar.

La herencia de lucha que los petroleros queremos retomar

1960, el régimen de la Fusiladora campea en las alturas del poder. Por abajo las fábricas son un polvorín. A los petroleros de Shell les deben, entre otras cosas, media categoría. Estalla la huelga más grande hasta el momento con la planta de Dock Sud a la cabeza. La patronal despide, caen la policía y el ejército. Los obreros no aflojan. Se repliegan a la destilería y amenazan con volar todo. La patronal cede. Los obreros exigen para levantar el paro que baje a la asamblea el gerente y que pida disculpas. Él se entera y dice que no en holandés, porque entiende muy poco español. Los obreros dicen que entonces la siguen. El gerente finalmente baja y pide disculpas. Lleva anotado en un papel como se dice perdón en español. Los obreros se le cagan de risa en la cara.

Nicolás Mek

domingo, 14 de septiembre de 2014

Gobierno encanutado



La crisis automotriz ha dejado ya un tendal de 15.000 trabajadores suspendidos. Las terminales condicionan la producción a que el gobierno les libere los pagos de importaciones a sus propias casas matrices, con las cuales han acumulado deudas. Ocurre que el gobierno ‘encanuta’ los dólares porque no le alcanzan para pagar la deuda externa. Al final, el ‘modelo productivo’ es un mecanismo enorme de formación de deuda en divisas, debido a un balance comercial negativo y fuertes pagos de dividendos.

Encanutados

La crisis automotriz fue explicada por el burócrata patotero del Smata, Pignanelli. En un reportaje a Clarín (7/9), justificó a las empresas, (que) “no quieren que crezca la producción local porque la tienen que vender en moneda nacional”, mientras “cubr(en) sus operaciones financieras en dólares”. Las terminales no entregan vehículos a las concesionarias por la expectativa de una nueva devaluación; fabrican a precios actuales para vender cuando los suba la devaluación. Por los mismos motivos, los sojeros se han sentado sobre sus silobolsas, reduciendo drásticamente sus liquidaciones de divisas. En enero pasado, cuando la demanda era todavía alta, las automotrices formaron grandes inventarios con una expectativa puramente especulativa. Las grandes patronales vuelve a impulsar una megadevaluación.
La ley de abastecimiento es una medida preventiva frente al hiperaumento de precios que desataría una devaluación de proporciones. La pelea mediática que ha desatado esta ley tiene que ver, precisamente, con la inminencia de la desvalorización oficial del peso. Pero se trata de papel mojado. Es que, como en otras circunstancias, el gobierno enfrenta el boicot de las automotrices con amenazas seguidas de concesiones: así, la continuación del plan Procreauto será optativa para las terminales y tendrá como contrapartida las “actualizaciones de precios en los modelos incluidos en el plan” (Cronista, 9/3). Al final, el gobierno ha quedado ‘encanutado’ por los ‘encanutadores’.

Marcelo Ramal

Pablo López denunció la prórroga del envío de tropas a Haití

“Hoy estamos discutiendo una prórroga más de esta vergonzosa presencia de tropas argentinas en Haití, que detrás de una fachada humanitaria está ejerciendo, junto a otras tropas de otros países, una verdadera ocupación militar, que está tercerizando la ocupación norteamericana que en el momento de la llegada de las tropas tenía las suyas propias ocupadas en la invasión de países en el Medio Oriente.
“También esta ocupación es a cuenta y orden del imperialismo europeo y varios países latinoamericanos, en los que sus gobiernos, que se reclaman progresistas o ‘nacionales y populares’, a excepción de Venezuela, forman parte de esta misión de ocupación en Haití. Hay denuncias, tales como las que hoy hemos recibido, de que estas tropas ejercen una brutal represión contra cualquier manifestación popular que haya en Haití. Existen las denuncias de violaciones, de asesinatos de civiles, de operaciones que, en nombre de atrapar a los ‘bandidos’, entran a los barrios más pobres de Puerto Príncipe las tropas, entran a las casas de las personas. En esas operaciones han asesinado por la espalda a trabajadores, mujeres y niños. También se ha dicho acá el problema del cólera, casi 800.000 haitianos han sido víctimas de esto. Hay denuncias muy claras y confesiones de un soldado de Brasil que ha dicho que no hay día que las tropas de ocupación de Haití no maten a algún haitiano, esto ya lo denunciaban desde el año 2005.
“Es claro que esta ocupación tiene una finalidad política y económica con zonas francas armadas para empresas textiles norteamericanas que hacen la explotación de una mano de obra calificada haitiana que tiene una muy mala paga y son superexplotados. Se ha privatizado la energía y las comunicaciones en este país hermano, que ha sido el primer país en América Latina y el Caribe en declarar su independencia. Las tropas han garantizado el fraude electoral esto también hay que dejarlo en claro, señora Presidenta.
“El Primero de Mayo hubo una inmensa movilización en Puerto Príncipe. Reclamaba la duplicación del salario mínimo. Reclamaba por las malas condiciones en que vive el pueblo haitiano. Reclamaba para que se vaya el presidente actual, Marteli, de Haití y para que se vayan las tropas del Minustah de ése país.
“Quiero detenerme en una situación que creo y probablemente sea una de las más importantes en este debate. Las tropas argentinas en Haití están cumpliendo una función que tienen prohibida en nuestro país, la intervención en asuntos internos. La ley prohíbe en la Argentina que las fuerzas armadas intervengan en asuntos internos. Este gobierno con la insistencia de sostener a Milani, miembro de los servicios de inteligencia durante la última dictadura involucrado en casos de lesa humanidad, tiene que ver porque también le quieren dar en la Argentina, el papel a las Fuerzas Armadas de intervenir en asuntos internos y esto lo venimos denunciando y tenemos un proyecto en el sentido también de que se vaya Milani y que sea destituido como jefe de las Fuerzas Armadas. Reclamamos el retiro inmediato de las tropas argentinas y de todas las tropas de Haití. En ese sentido y en solidaridad con el pueblo haitiano vamos a votar en contra de este proyecto de ley.”

La deuda externa, de nuevo

En el segundo semestre de 1980, una revista especializada en finanzas, el Economic Survey, advertía proféticamente que si Argentina no devaluaba el peso quebraría una gran parte de la industria y que si lo hacía quebraría la otra. En febrero del año siguiente, Martínez de Hoz procuró conciliar la contradicción con una devaluación acotada, pero lo único que logró es desatar una andanada de devaluaciones, perder el cargo y dejar expuesta la primera gran crisis de deuda externa y poner fin a la dictadura militar. En esta fase agónica, el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, provocó con toda intención una estampida inflacionaria, con la finalidad de devaluar las deudas internas de los grandes capitales y enseguida estatizar sus deudas con el exterior. En la época, la deuda pública externa aún no había alcanzado los 40.000 millones de dólares. En la actualidad, la deuda pública supera los 250.000 millones de dólares, la mayor parte en divisas. En las tres décadas transcurridas, Argentina pagó, sin embargo, varias veces la deuda original; la condición de ‘pagador serial’ es bastante anterior al kirchnerismo. La deuda pública de Argentina es irrevocablemente usuraria.
Argentina se encuentra otra vez en situación de quiebra. Carece de los recursos para enfrentar los vencimientos de deuda hasta 2015; financia el déficit fiscal a una tasa de interés del 30% anual y el BCRA contrae pasivos en forma continua con los bancos locales -en la actualidad superior a los 250.000 millones de pesos. La totalidad de las fuerzas políticas tradicionales en presencia se ha puesto de acuerdo en pedir un rescate internacional para salir de esta bancarrota, bajo el eufemismo de un “retorno a los mercados internacionales”. Esgrime las ventajas que representan las tasas reducidas de interés que rigen en el mercado mundial. Este rescate, que constituye un reconocimiento formal de la quiebra, implicaría, sin embargo, un enorme sacrificio para los trabajadores, porque está condicionado a que se ejecute una fuerte devaluación del peso. La crisis con los llamados fondos buitre encubre esta quiebra de carácter estructural. La deuda externa con particulares se encuentra, en su mayor parte, en la cartera de grupos económicos locales. El rescate que se busca beneficia a la burguesía nacional y perjudica enormemente a los trabajadores. Argentina no es un compacto social sino que está atravesada por contradicciones sociales insalvables.
En definitiva, el cumplimiento con una deuda usuraria que no deja de crecer, es incompatible con las aspiraciones de las mayorías nacionales y dará lugar a crisis políticas mayores a las que hemos conocido.

Jorge Altamira

sábado, 13 de septiembre de 2014

Sin más interés… que seguir haciendo buenos negocios



Los bancos resistieron la medida oficial, y antes de que se anuncie vienen anticipando sus límites. Quieren defender los márgenes de ganancia más altos del mundo. Esteban Mercatante

Después de una primera mitad del año formidable, los bancos se encuentran desde mediados de 2014 tironeando por defender sus márgenes de rentabilidad en los niveles actuales.
El año comenzó con formidables ganancias. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir 16.104 millones de pesos. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar. De forma inexplicable, el gobierno impuso un límite a las tenencias de activos en dólares recién después de haber depreciado el peso frente al dólar en un 23%. La primer mitad del año siguió de forma igual de auspiciosa para los banqueros: en el primer semestre del año la rentabilidad del sistema bancario argentino ascendió a 66.219 millones de pesos, un aumento del 80% respecto al mismo período del año anterior.
Después de tan próspero comienzo de año, comenzaron los tironeos. El 10 de junio, el Banco Central anunció topes a las tasas que pueden cobrar los bancos por sus créditos. Al mismo tiempo el Banco Central estableció también “nuevas reglas sobre comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos”. Los bancos y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito tendrán que solicitar “autorización previa del BCRA para aplicar aumentos al costo”.
Esto fue seguido por la presión para concretar el anuncio de ayer. Podría parecer que todo esto poda la rentabilidad de los bancos. Pero no hay que engañarse: el sistema bancario argentino lidera el ranking mundial en rentabilidad sobre patrimonio neto (ROE). Chiquito pero rendidor. Lo que es más, gran parte de esa rentabilidad se logró cargando los costos de financiamiento sobre el consumidor minorista. A lo sumo, los márgenes de rentabilidad se acercarán un poco a los promedios internacionales, bajando de los altísimos niveles actuales.
Entonces, poca mella hará a la banca este plan, por muchas lágrimas de cocodrilos que vengan derramando representantes de las finanzas. Más aún porque con la liberación de hasta un 16% del encaje de estos préstamos, se abaratan los costos de transacción y permiten a los bancos ampliar su volumen de operaciones.
Sin embargo, “Ahora 12” viene con la pólvora mojada, porque yerra el diagnóstico. Las declaraciones del ministro apuntaron al “desánimo” para explicar la retracción del consumo. Y de fondo la evaluación es que las tasas más caras y la desaparición de las cuotas explican la caída de las compras, que disminuyó 9,3 por ciento en agosto respecto de igual mes de 2013 y acumula un 7,6 por ciento en lo que va del año. Seguramente no ayudaron. Pero la razón de fondo no está ahí. Está en el ajuste que el gobierno aplica al mismo tiempo que niega. Ajuste que se plasmó en el mazazo que significó la devaluación de enero, cuyos efectos en los precios hicieron que los salarios vayan a perder en promedio un 7 por ciento de su poder de compra. Y que significó un crecimiento del desempleo, que llegó al 7,5 en la última medición. Es la perspectiva de deterioro de los ingresos y de inseguridad laboral, y no la ausencia de crédito en cuotas el principal motivo por el que cae el consumo. Aunque “Ahora 12” pueda darle algún empujón a las compras financiadas, no va a lograr tapar el ajuste y sus efectos sobre el pueblo trabajador.

Esteban Mercatante
La Izquierda Diario

Incertidumbres de "fin de ciclo" ante la sucesión de 2015

La transición al 2015, tanto en lo económico como en lo político, se mueve en un mar de incertidumbres. Nada parece ser seguro o seguir un curso preestablecido, salvo que el kirchnerismo puro se retira y que la recesión amenaza prolongarse.
Un año después que la presidenta Cristina Fernández enunciara su intención de llegar tranquila al 2015, no hay indicios de que ese deseo pueda cumplirse. Por el contrario Argentina ha entrado en zona de turbulencias en lo económico, sea por el fallo del juez Thomas Griesa y los "fondos buitre", por los fuertes desequilibrios macroeconómicos o por la recesión brasileña. Mientras que en lo político proliferan los candidatos pero no aparece un liderazgo claro ni en el oficialismo ni en la oposición. Lo que reina entonces es la incertidumbre.

Problemas al por mayor

Son estas cuestiones que interrelacionan economía y política las que hegemonizan el debate cuando falta menos de un año para ese ensayo electoral general que son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), fijadas oficialmente para el 9 de agosto del año próximo.
El fallo del juez Griesa bloqueó el regreso a los mercados. Solución que se propuso el gobierno para enfrentar la restricción externa -falta de dólares para pagar deuda e importaciones- mientras que la fuerte caída en la actividad y su impacto sobre el empleo -pérdida de puestos de trabajo- más la inflación -deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos- y las presiones devaluatorias, se hacen sentir. Todo indica que esta crisis, a diferencia de la del 2009 -rápida caída y rápida recuperación- se desenvuelve más lentamente pero será más duradera. Si hace dos meses atrás los gurúes de la City discutían si la caída del PBI sería del 1,5 o del 2 por ciento, ahora se discute si será del 2 o del 3 por ciento. Si todo sigue igual, el 2015 sería más complejo todavía, hay que hacer frente a pagos de deuda por unos 15.000 millones de dólares, a lo que hay que sumarle lo necesario para importaciones ineludibles. Hoy nadie puede afirmar como se financiaran esos pagos.

Respuestas

La respuesta del gobierno ha estado en dos planos. A nivel mundial ha desplegado una intensa actividad de denuncia que ha logrado un fuerte apoyo internacional -aunque declarativo- y ha instalado la necesidad de cambios profundos en la actual arquitectura financiera internacional. En lo interno, envió al Congreso, y se aprobó, el proyecto de ley de "Pago soberano local de la deuda externa" que propone el cambio voluntario de jurisdicción y del agente de pago, complementado con un nuevo canje de bonos y la reapertura para los que no ingresaron en 2005 y 2010, que ha abierto algunas grietas en la oposición derechista.
En el plano local se ha centrado, sin resultados por ahora, en estimular el consumo interno. La contrapartida es que no puede bajar la emisión monetaria. Por lo tanto, hubo incremento de precios y nuevas presiones devaluatorias. El gobierno parece haber identificado la disputa intercapitalista por la apropiación del excedente económico -que se da a través del tipo de cambio y de los precios de productos y servicios- como una de las principales, no la única, fuentes de la inflación. Ha propuesto entonces el proyecto de ley de Defensa del Consumidor, que contempla tres iniciativas: creación de un Foro judicial para usuarios y consumidores, de un Observatorio de Precios y reformas a la actual ley de Abastecimiento.
La clave del proyecto sancionado es que otorga al Estado -a través de la Secretaría de Comercio- capacidad de intervención técnica en los procesos de formación de precios al interior de las cadenas productivas y de circulación. No obstante que leyes similares existen en numerosos países, aquí ha sido rechazado de plano por todas las asociaciones patronales que lo consideran expropiatorio y el frente empresario se ha unificado como nunca antes desde el 2003 hasta ahora.

Cambio de paradigma

El reconocimiento del fracaso de apoyarse en una fracción de capitales nacionales impulsada desde el Estado -al estilo de Corea del Sur de fines de los años '50 y principios de los '60 del siglo pasado- llevó al kirchnerismo a una variante de acción en su perspectiva neodesarrollista.
Pasó de un "Modelo de matriz diversificada con inclusión social" a un "Proyecto político que toma decisiones económicas". Esta variante no es menor, explica la ausencia de un programa definido y su reemplazo por una sucesión de medidas focalizadas, que surgen según las necesidades del momento.

La disputa por la iniciativa

Si lo que predominó en los dos primeros períodos de la administración kirchnerista, de 2003 a 2007 y de 2008 a 2011, fue su capacidad de mantener la iniciativa política, en este tercer período esa voluntad está siendo cuestionada. Así fue cuando la tragedia ferroviaria en la estación de Once o cuando el conflicto por la minería a cielo abierto en el noroeste al inicio del segundo mandato de CFK. Más recientemente con las insubordinaciones policiales, los saqueos en el sur y las huelgas generales.
Con la presentación, y aprobación, de los proyectos de ley señalados el gobierno ha retomado la iniciativa, pero no ha logrado calmar la incertidumbre. No hay certezas de que los bonistas acepten el cambio de jurisdicción y el nuevo canje propuesto. En tanto, ¿la ley de abastecimiento será solo una amenaza -como lo fueron las de 1964 y 1974- o hay decisión de aplicarla? Tampoco se ve el final del túnel cuando se busca enfrentar problemas económicos estructurales con medidas teñidas de cortoplacismo. Hay si una certeza, el hilo conductor de las medidas tiene una fuerte impronta conservadora: no diluirse como fuerza política.

Rumbo al 2015

El kirchnerismo entonces se mueve en un mar de dificultades y contradicciones, hay cierto desaliento y falta de orientaciones claras, sin embargo no hay pérdidas significativas. Cada día se suman nuevos competidores a la disputa interna por la candidatura principal, a la espera de la bendición presidencial definitiva. Todos los encuestadores -con el grado de provisoriedad que esto tiene- afirman que mantiene un piso del 25 por ciento. Claro está que esto plantea algunos interrogantes: ¿ese porcentual incluye al sciolismo? ¿Cuánto le debe esa presencia sostenida a las carencias de la oposición derechista que no logra formalizar una alternativa creíble y duradera? ¿Cómo evolucionará la legión de funcionarios y militantes preocupados por conservar puestos y porciones de poder?
Según diversos analistas el espectro político nacional hoy puede dividirse por tercios entre el sciolismo -¿incluirá al kirchnerismo duro?-, el massismo -¿qué alianzas hará?-, y el macrismo -¿su vertiginoso ascenso comprende la alianza con sectores del radicalismo? En este esquema el FA-UNEN habría quedado rezagado, sumido en las contradicciones internas propias de ese tipo de construcción heterogénea, donde parece que el libro de pases entre las distintas fuerzas que lo componen está abierto, y no es segura su continuidad futura. Pero en política, sobre todo en estos tiempos de principios muy lábiles, todo puede cambiar. Así el final está abierto.
Entre tantas indeterminaciones hay otra certeza: ninguna de las fuerzas con posibilidades de ganar las presidenciales del año próximo está interesada en superar los límites estructurales del capitalismo local. Sus razones son objetivas: limitaciones ideológicas y compromisos con el gran capital.
En el otro polo del arco ideológico la izquierda, la organizada partidariamente o en los movimientos socio-político-culturales, se ha mostrado al frente de la conflictividad social y muy activa en las huelgas generales. Si lograra superar viejos vicios sectarios, propios de sus prácticas de autoconstrucción, y forjar una política de alianzas abarcadora de la diversidad existente en sus filas, está en condiciones de capitalizar el espacio abierto tanto por la crisis como por las insuficiencias de las alternativas del régimen. Obviamente, de incrementar su caudal electoral y ofrecer una salida a la crisis.

Eduardo Lucita. Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda

En la capital de los Derechos Humanos, Sapag le garantizó la impunidad a Sobisch

En la audiencia del 5 de setiembre pasado concluyó un proceso de impunidad a favor del ex gobernador Jorge Sobisch, quien ya fue sobreseído también en la causa de la “Zona Liberada” el 30 de marzo de 2006 en Plaza Huincul.
La jueza de Garantías Ana Malvido sobreseyó a todos los imputados en la causa Fuentealba II de las responsabilidades sobre la represión en Arroyito el 4 de abril de 2007 y del asesinato de Carlos Fuentealba por la policía de la provincia de Neuquén.
Entre los imputados se encontraban el ex secretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, y el ex jefe de la policía, Carlos Zalazar. Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Aquiles Gonzalez, Cristian Vazquez Salinas, Benito Matus, Jorge De la Riva, Rubén Hernández, Julio Lincoleo, Félix Torres, Oscar Antonio Lezama, Luis Alberto Rodríguez y Pablo Odone.
La jueza, con la complicidad del gobernador Sapag, fue garante de la impunidad de Sobisch. Su decisión representa una advertencia a toda la población que lucha por sus derechos. Es la manifestación de una política de profundización de la represión y judicialización de la protesta social que está en sintonía, con las causas abiertas a más de 400 trabajadores/as en la provincia por luchar, a las represiones a los vecinos que luchan por un pedazo de tierra para vivir o a la campaña del intendente “Pechi” Quiroga de mano dura.
Es el modo de aplicar un ajuste aún mayor y un mensaje a las luchas que seguramente deberemos librar en defensa del salario, la salud, la educación, etc.
Durante más de seis años la compañera del docente Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez, sus abogados querellantes, Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, y el gremio docente Aten, intentaron demostrar que en el asesinato del maestro el 4 de abril de 2007 no sólo hubo un autor material, Darío Poblete, sino también responsables políticos e ideológicos del crimen. Se buscó establecer que hubo un plan y una orden en la que no sólo actuaron los efectivos presentes en la represión policial de Arroyito, sino también jefes policiales como Carlos Zalazar, funcionarios de gobierno como Raúl Pasquarelli y el mismo ex gobernador, Jorge Sobisch. Hoy la causa “Fuentealba II” quedó prácticamente cerrada. La jueza Ana Malvido hizo lugar al pedido de la fiscalía y las defensas y sobreseyó de toda acusación a las 15 personas imputadas en el caso. La querella anticipó que apelaría la decisión.
Si las Abuelas tardaron más de 30 años en tener los juicios, yo esperaré también para que se sepa la verdad
Sandra Rodríguez se paró nuevamente bajo una lluvia torrencial como la que el 9 de junio de 2007 cayó sobre los más de 15.000 neuquinos que clamaron justicia por el asesinato de un maestro. Si bien reconoce que "ya sabía" que iban a absolver a los imputados, Sandra remarca que "hubiera querido que la justicia de alguna forma reparara este inmenso dolor a mis dos hijas, a mi familia y a todos, porque esta es una causa de todos, no solo de mi familia". Y agregó que "si las Abuelas de Plaza de Mayo tardaron más de 30 años en tener los juicios, yo esperaré también si hace falta 30 años para que se sepa la verdad". Además, remarcó que "la jueza de manera vergonzosa defendió los derechos de los imputados pero no mencionó ni uno solo de los que tienen mis hijas. Esta justicia nos victimiza una y otra vez". Al mismo tiempo, llamaron a todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos a una conferencia de prensa el martes 9/9 a las 11hs en ATEN (Alcorta 863) para coordinar la convocatoria a una marcha contra la impunidad, porque la lucha por justicia continúa por el juicio y cárcel a todos los responsables de la represión y el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.

Entrevista a Demián Romero, Sec. Adjunto de Aten (docentes neuquinos)

La conducta de Poblete no fue azarosa, ni un estado de locura o la decisión de un descolgado
Mario Hernandez (MH): Estamos en comunicación con Demián Romero, directivo del gremio docente neuquino Aten. Hoy se realizará una audiencia vinculada a la causa Fuentealba II, es decir, la que está relacionada con los responsables intelectuales del asesinato del maestro neuquino.
Demián Romero (DR): Hoy van a dar la noticia si es la causa cae o no. Recordemos que están inculpados, como bien decías, los autores intelectuales.
A través de la lucha y la movilización hemos logrado la condena de Poblete, el autor material, pero su conducta no fue azarosa, ni un estado de locura o la decisión de un descolgado, de disparar un gas lacrimógeno a la luneta de un auto a menos de 2 metros de distancia, el cual impactó en la cabeza de Carlos, fusilándolo públicamente, sino un plan orquestado que comienza un año antes con la zona liberada en Cutral-Có, con el grupo de parapoliciales de los “cascos amarillos”, haciéndose pasar por obreros del sindicato de la construcción.
Este plan sistemático de grupos parapoliciales, de grandes represiones en el sentido de agresiones físicas y lo que significa el ensañamiento contra los trabajadores estatales y de la educación en particular, es lo que se desarrolla en Arroyito durante la retirada de la ruta ante tamaño despliegue de las fuerzas de seguridad.
Nosotros decimos y está comprobado por las tremendas salidas mediáticas y repudiables de Jorge Omar Sobisch por televisión diciendo que volvería a dar la orden, con una frialdad absoluta, de que ese plan estuvo orquestado por el gobernador como máximo responsable, el Jefe de la Policía y el Ministro de Seguridad en un operativo que se comandó desde la Casa de Gobierno misma con un seguimiento minucioso y donde el objetivo principal era escarmentarnos.
No casualmente estábamos a un año de que se intentara meter en la provincia las leyes de flexibilización laboral junto con la Ley de Financiamiento, la de Educación Nacional, es decir, la resistencia con la cual enfrentábamos esas medidas en una provincia que rechazó los planes neoliberales de las reformas educativas, salariales y jubilatorias. Recordemos que aún la Caja de Neuquén pertenece a la provincia, es decir, todo un plan que sería como una vidriera de la derecha más rancia de este país. Luego Sobisch sería candidato a presidente de la República.
MH: Es un hecho comparable a los asesinatos de Kosteki y Santillán porque son planificados desde el poder político gobernante.
DR: Es muy buena la comparación. La tremenda movilización generó esta condena al autor material, y lo que nosotros vemos cuando se trata de los autores políticos es la impunidad.
Sobisch es un asesino y el actual gobernador Sapag un encubridor, porque acá hubo un poder político que cerró el puño, se mantuvo firme, cerró filas y cada vez que se tratan de enjuiciar las zonas liberadas, las cámaras ocultas por corrupción o el caso Fuentealba, el poder se cierra y la causa tiene que caer y quedar en el aire, como la responsabilidad intelectual en este caso, aunque haya sobradas pruebas de la situación.
Hoy nos retiraremos de los lugares de trabajo a partir de las 11:30 para concurrir al juzgado. Esto fue muy rápido, recién esta semana se conoció la noticia y vamos a observar la situación y cuáles son las acciones a seguir, porque aunque la condena social hace años que está en marcha, la justicia no tiene nada de independiente, como decimos siempre, está digitada y si alguien fue el autor de esa situación, justamente fue Jorge Omar Sobisch.
MH: Llama la atención que el derecho de propiedad esté por encima del derecho a la vida. Están cumpliendo condenas de más de tres años de prisión los compañeros de Quebracho, Fernando Esteche y “Boli” Lescano, que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos que se les imputan, por haber tirado dos piedras y romper tres vidrios, de un local en la ciudad de Buenos Aires de la campaña “Sobisch Presidente” y éste, que se jactó, como está probado, en público, a través de los medios masivos de comunicación, de haber sido quien ordenó la represión que culminó con el asesinato de Carlos Fuentealba, no ha tenido ningún tipo de condena judicial, más allá de la social a la que estás haciendo referencia y al repudio a su candidatura por parte del electorado nacional, ya que no alcanzó al 2% de los votos. ¿Qué posibilidad hay que quede firme esta situación de impunidad?
DR: Lamentablemente hay muchas. Nosotros nunca acordamos con la división de las causas, fue muy discutido, porque la consecuencia iba a ser la división de las responsabilidades y, si bien entendemos que el actor material tiene que pagar como lo está haciendo Poblete a consecuencia de la movilización popular, porque recordemos que fue visto un par de veces en libertad haciendo compras, gozaba de una impunidad carcelaria que nos obligó a sacarle fotografías para demostrar esa situación, la división de la causa iba a generar lo que está pasando, porque iban a buscar un fusible que en definitiva fue este “operador” de la diagramación de un plan político nefasto cuyo último responsable fue el ex gobernador.
Hay posibilidad que cierren la causa porque la justicia, como bien remarcabas, cuando ve unos vidrios rotos o a alguien que se sube a una ruta para protestar por el salario o contra los despidos, enseguida actúa.
MH: Sin ir más lejos, ayer pasó con los trabajadores de Lear.
DR: A nosotros saliendo en mayo de una huelga que se demostró correcta no solo por el aumento salarial obtenido sino por el reconocimiento de todas nuestras demandas, en menos de 20 días estábamos con 3 compañeros citados en la Fiscalía para declarar.
Se votó el acuerdo Chevron-YPF y hubo siete horas de represión, la entrega más grande, pero hay dos baldosas rotas y ya tienen compañeros declarando.
Sin embargo, todos los responsables de un asesinato, y solo estamos hablando que la justicia los lleve a juicio para determinar las responsabilidades, demuestra que el nivel de impunidad es muy grande, no solo en Neuquén sino en todo el país.
A nosotros eso no nos limita, al contrario, nos da más bronca. Recordemos que tenemos el caso de Teresa Rodríguez, de Silvia Rochetti que murió por un alambre clavado en el ojo en medio de una obra en construcción en la escuela. Acá se fue forjando una crudeza del poder, pero este correctivo, este ejemplo que quisieron dar desde la derecha más rancia del país y la peor, no ha causado que abandonemos ni la ruta ni los métodos de lucha cuando creemos que lo que hacemos es justo.
Entonces, la libertad de los compañeros de Quebracho, el juicio y condena a Sobisch, la despenalización de la protesta y la libertad de todos los luchadores, tienen que lograrse junto con el castigo a todos los responsables de la represión.
No puede ser que mientras Domingo Cavallo da cursos y charlas en todo el país, responsable si los hay de muerte por desnutrición, los luchadores tenemos que seguir dando explicaciones. Por eso en menos de una hora nos haremos presentes en el juzgado para escuchar en vivo la sentencia. Nosotros creemos en la movilización y una vez que conozcamos la resolución, analizaremos los pasos a seguir. Siempre decimos que esta realidad está para ser transformada.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Mario Hernández

viernes, 12 de septiembre de 2014

“Seré millones”, la militancia y el compromiso en los setenta



La película que recrea cómo un grupo de militantes del ERP planeó y concretó el robo al BANADE en 1972 se estrena hoy en el cine Gaumont. Marcha dialogó con uno de sus directores, Omar Neri, sobre este film que vincula pasado con presente de sus protagonistas.

La historia es real. En enero de 1972, la dictadura del General Lanusse fue burlada por un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quienes organizaron la ocupación del Banco Nacional de Desarrollo y la expropiación de 450 millones de pesos destinados a financiar acciones de ese movimiento. Cuarenta años después, los cineastas Omar Neri, Mónica Simoncini y Fernando Krichmar decidieron llevar esa historia a la pantalla grande en “Seré millones”, largometraje producido por Mascaró Cine Americano y Grupo de Cine Insurgente y contado por sus protagonistas originales, quienes interactúan con jóvenes actores. El resultado es una mezcla entre pasado y presente que refleja a la militancia de los setenta y una afirmación que sigue intacta: “Cuando eran jóvenes robaron un banco. Hoy lo volverían a hacer”.
“Seré millones” es además el resultado de diez años de investigación, de entrevistas a integrantes del ERP y del PRT; es el resultado de algo que fue creciendo con los años y que finalmente se puso frente a cámara en 2010, cuando sus directores comenzaron el rodaje, que contó con la presencia de Oscar Serrano y Ángel Abus, hombres militantes del ERP y trabajadores del BANADE, ejecutores de la expropiación del dinero.
Omar Neri dialogó con Marcha sobre esta historia, sus protagonistas y el proceso de realización de la película que conjuga pasado con presente para dar un mensaje a las nuevas generaciones militantes.
-¿Qué detalles surgieron a partir de la investigación que hayan sido particularmente llamativos?
-Nos pasó que la investigación se extendió casi hasta el final del rodaje, lo que nos permitió contar con nuevas líneas dramáticas. Algo muy interesante fue haber encontrado la causa, que después de cuarenta años apareció en un juzgado y tuvimos el acceso a ella. Esto pasó casi al final del rodaje, entonces decidimos extenderlo un día más y aprovechar todo el material que, si bien de no estar no hubiese cambiado mucho la historia, nos pareció importante porque reflejaba cómo eran vistos el Turco y Oscar desde la perspectiva judicial y los medios de comunicación, por ejemplo. Nos encontramos con un mundo prácticamente congelado desde el 72.
-¿Y qué sensaciones le generó esto?
-Repasar esos cuatro cuerpos que conforman la causa fue como abrir una caja del tiempo. La experiencia nos abrió una nueva perspectiva que, si bien no quedó plasmada del todo en la película, para nosotros fue un cierre de todo el laburo que veníamos haciendo desde hacía años. También fue una ventaja contar con el Cine de la Base, que era el brazo cinematográfico de contra información del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Dentro de ese material hay un informe que se llamó Informe Banade, en donde hay una filmación del Turco y Oscar en la casa clandestina en la que se refugiaron al salir del banco. Nos encontramos con muchas cosas. Por un lado, teníamos este material; por otro, el contraste de lo que informaban los noticieros, que estaban cerca de la dictadura. Teníamos también la causa y la visión de los compañeros. El material era mucho y nos dio la impresión de que la película iba a ser interesante por la historia en sí y por la forma en que nos planteamos que queríamos contarla.
-Una de las particularidades está en que Oscar Serrano y Ángel Abus fueron quienes protagonizaron el robo y son quienes cuentan la historia en “Seré millones”. ¿Esto fue algo planteado desde un principio?
-Haberlos encontrado a ellos fue fundamental para arrancar. Siempre fue nuestra propuesta que participaran y ellos aceptaron de inmediato. Lo aceptaron porque creen que de tener que elegir nuevamente, lo volverían a hacer. Ellos están muy seguros de lo que hicieron.
-¿Cuál es el rol que cumplen en la película?
-Ellos dirigen la acción de la película que se supone que se está rodando, dirigen a los actores que los representan a ellos mismos. Ese es el juego: en un principio los actores no saben quiénes les están haciendo la prueba, no saben que son los mismos militantes que protagonizaron el hecho. A partir de esa acción nosotros registramos cómo se da la interacción entre esas dos generaciones: la de actores despolitizaos o sin una formación política y la de los militantes.
-Sin lugar a dudas, la película deja un mensaje a la juventud militante de la actualidad, ¿cómo funciona desde ese punto de vista?
-Nosotros esperamos que los nuevos movimientos se sientan identificados, que sientan esa cercanía con la historia. Por ese motivo decidimos que los actores reales estén dentro de la película, interactuando con jóvenes. Venimos viendo en muchas actividades que compartimos con la juventud militante que esto es algo que va creciendo y que además fue cambiando la mirada hacia ellos, hace diez años atrás nos miraban con malos ojos. Nos trataban de terroristas o asesinos, creían que nos habíamos equivocado o fracasado. Desde hace un tiempo esto se piensa de otra manera, los jóvenes retomaron todo esto que pasaba y lo llevan como una bandera porque saben que la historia no empezó ayer.
Esta historia en particular fue una mojada de oreja muy grande a la dictadura, más allá de la guita que se llevaron, estaban a cincuenta metros de la Casa Rosada, frente a la SIDE. Fue una acción muy limpia y es difícil mostrar una acción que tenga todas estas características, con dos personajes tan entrañables como ellos.
-A la película se le agregó una cuota de humor que no figura en la historia que sucedió en 1972, ¿en qué se basó la decisión de hacerlo de esa manera?
-Tiene que ver con que nosotros quisimos desacartonar la mirada del público sobre los setenta. Hay muchas películas que presentan la cuestión más dolorosa, la de las desapariciones, muchas muertes. Y nos pareció que había que resaltar otras cuestiones que no fueron inventadas por nosotros sino que eran cosas que nos transmitían los mismos militantes, el hecho de que se militaba con amor, con humor, con alegría y esperanza.
También lo pensamos así porque tanto Oscar como el Tano son muy graciosos. Ellos se conocen desde hace más de cuarenta años, empezaron a militar juntos, entonces se ve un código muy gracioso entre ellos, que tienen dos tipos de humor muy distintos, enfrentados. Empiezan discutiendo sobre cosas muy chiquitas y terminan discutiendo por cosas más importantes, sobre distintas visiones sobre este hecho en el que estuvieron juntos. Es gracioso también en ese sentido, el de verlos como dos amigos que recuerdan lo que hicieron cuarenta años atrás. Más allá del carácter político de la película, nosotros trabajamos mucho con este factor, la emoción. Tratamos que el espectador se lleve todas las impresiones.

Laura Cabrera

jueves, 11 de septiembre de 2014

En el día de la maestra y el maestro, somos Fuentealba



La concreción de la impunidad por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba es una nueva herida que le propina el poder político al magisterio argentino. En este “Día de la Maestra y el Maestro” a tan solo una semana de este acto de dolorosa injusticia analizamos los avances de las políticas de mercantilización y precarización que enfrentan las y los trabajadores de la educación defendiendo un proyecto público y popular.

El pasado 6 de septiembre la jueza Ana Malvido sobreseyó a los 15 imputados por la causa Fuentealba II en la cual eran juzgadas las responsabilidades políticas por el asesinato del maestro el 4 de Abril de 2007 en manos de la policía neuquina bajo las ordenes de represión aleccionadora de la protesta del entonces gobernador de la provincia Jorge Omar Sobisch.
Fuentealba fue asesinado en la ruta luchando junto a tantos otros contra un nuevo capítulo del plan sistemático de desarticulación, forjado a comienzos de los 90, de la fuerza y legitimidad del magisterio como a actor social pujante en la lucha por los derechos del pueblo trabajador. Este maestro asesinado es un símbolo y un ejemplo de resistencia que las y los docentes inmortalizan cada año en la defensa de la educación pública ante la continuidad del avance privatista que se ha desarrollado durante los últimos 25 años en nuestro país.
Un rasgo fundamental para el análisis de las condiciones actuales del sistema educativo es que el financiamiento de la educación se encuentra en manos de cada provincia de forma descentralizada. Es decir, el Estado nacional no es quien se hace cargo del financiamiento distribuyendo desde una óptica de justicia social sino que cada provincia lo hace a partir de sus propios presupuestos. Esto genera a su vez que las paritarias sean definidas de mismo modo, provincialmente.
Esta modificación fue instaurada por la Ley Federal de Educación del ex presidente Carlos Ménem y refrendada en la Ley Nacional de Educacion vigente. Además de sus implicancias en la desigualdad de condiciones para impartir una buena educación en las escuelas de cada provincia esta medida ha logrado desarticular el reclamo nacional docente. Un dato de peso es que la última huelga nacional extendida fue la huelga del año 88. Luego, bajo las recomendaciones del Banco Mundial, se lograron instaurar las políticas de fragmentación que han ganado amplio terreno en la Argentina.
El movimiento docente así enfrenta el difícil desafío de la solidaridad gremial a nivel nacional cuando las mesas de acuerdo son descentralizadas y se maneja a discreción el momento en el cual hacer concesiones en centros de visibilidad de los conflictos como la Ciudad de Buenos Aires. La paritaria de 2014 por ejemplo encontró a una docencia de la ciudad desmovilizada en un contexto de huelga en varios puntos del país.
Otro aspecto que pone en jaque a los trabajadores de la educación es el surgimiento de trabajos flexibilizados dentro del sistema público de educación. Estas nuevas formas de ejercer la docencia en el estado corren por fuera del sistema de concursos y en general adquieren formas precarizadas de contratación sin garantías de continuidad.
Los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, que son un parche de la gestión actual a la falta de vacantes en el nivel inicial, usualmente contratan coordinadoras que no poseen un título docente ni han pasado por ningún mecanismo democrático y participativo de selección. Lo mismo ocurre con los planes FINES II, que ante la reciente obligatoriedad de la escuela media ha cubierto, de manera absolutamente desprovista de fundamentos pedagógicos, los objetivos estadísticos de títulos secundarios emitidos por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, un tercer elemento de avance que se puede identificar de las políticas neoliberales en educación reflejadas en Latinoamérica en el modelo “chileno” es el de la evaluación y la formación de docentes. La aprobación en la Ciudad de Buenos Aires de la Unidad de Evaluación Educativa abre un nuevo capítulo en la injerencia de sectores privados dentro del sistema público de educación. Esta ley abrirá la puerta a la aplicación de evaluaciónes estandarizadas a los estudiantes en pos de juzgar el desempeño de sus docentes y escuelas. Estos desempeños comenzarán a marcar una tendencia de premios y castigos previendo como un ideal generar un clima de competencia entre escuelas y los mismos docentes para hacer al sistema mas eficiente. Es decir, en lugar del fortalecimiento fundamentos pedagógicos por los cuales realmente es necesaria una evaluación democrática y participativa, aquí lo que prima es la lógica empresarial.
Desde varios puntos, los poderes han buscado poner en el centro de los problemas del sistema educativo a los maestros y maestras. Se los ha acusado de la perdida de días de clase, de no actualizar sus conocimientos a los nuevos enfoques propuestos por los técnicos o del éxodo de niños de las escuelas públicas a las escuelas privadas. Al tiempo que se ejercen este tipo de enunciaciones, la formación docente, que continua como responsabilidad del estado, se corre del centro de discusión. Para formarse y avanzar en una la titularización los docentes se encuentran ante situaciones no soñadas tales como pagar cursos, retirarse de la escuela para formaciones distritales o realizar capacitaciones virtuales.
Es de gravedad el vaciamiento del CEPA en la ciudad de Buenos Aires, donde muchos sindicatos han pactado con el gobierno y acaparado en sus manos una formación arancelada, la cual en menor tiempo otorga mayores puntajes a los docentes. Por otro lado, a nivel nacional se ha lanzado a comienzos de este mes un plan de formación docente con postítulos virtuales. Esta oferta es positiva en este contexto pero una dinámica virtual resulta inadmisible como política acabada de formación. Aquí se pone de manifiesto la necesidad de una reestructuración de la jornada laboral docente que contemple dentro de ella la formación. De este modo podría realizarse un proyecto masivo público y centralizado que evitaría la pérdida de días de clase por formación (que son un porcentaje ampliamente mayor que el que denuncian los gobiernos por los paros) y haría primar la preocupación por la enseñanza, la mejora de las condiciones para los niños y niñas en lugar de una serie de cálculos economicistas.
Éste y otros forman parte del programa de una docencia comprometida con la construcción de una escuela pública popular, que encuentra su proyecto en la historia de Carlos Fuentealba, pero también de Isauro Arancibia, Marina Vilte o Eduardo Requena, y muchos otros docentes desaparecidos fundadores un 11 de septiembre de 1973 de la Central de Trabajadores de la Educación, un gremio de vanguardia dentro del sindicalismo de base en aquellos días, los de una generación que dio la vida por un mundo mas justo.

Lucas Gorodneff.

BAUEN “Trabajando, resistiremos este desalojo”

“El miércoles 10 de septiembre vence el plazo impuesto por el Juzgado Comercial N° 9 a cargo de la Jueza Dra. Paula Hualde, para que los trabajadores de la Cooperativa B.A.U.E.N. dejemos las instalaciones del inmueble donde trabajamos desde hace 11 años. ¿Cómo pensamos responder a ello? Trabajando como hicimos siempre”, expresó Federico Tonarelli, vicepresidente del Hotel recuperado desde 2003.
Frente a una nueva orden de desalojo, los trabajadores del BAUEN continuarán con sus actividades al igual que siempre, con las puertas abiertas a la comunidad. Desde la mañana contarán con el apoyo de organizaciones sociales, de diputados nacionales, de legisladores y todo aquel que quiera acercarse a apoyar este proceso de autogestión.
En este sentido, Tonarelli se mostró confiado y expresó que los trabajadores del Bauen esperan lograr una “salida política” a este conflicto legal que data desde 2007. “Cremos que avanzará el proyecto de Ley de expropiación que se encuentra en el Congreso de la Nación”, consideró el referente del BAUEN. “No queremos que nos regalen nada, simplemente entendimos que más allá de los puestos de trabajo estamos defendiendo patrimonio público y no queremos que se pierda, porque si esta gente (Mercolteles S.A) retoma las instalaciones probablemente termine en un negocio inmobiliario u hotelero en ciernes”, evalúo Tonarelli quien además es presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).
Desde que el BAUEN fue recuperado por sus trabajadores en 2003 funciona de manera ininterrumpida. De igual manera sucederá este miércoles con el apoyo de distintas personalidades de la política y la cultura para acompañar el pedido de “expropiación definitiva del hotel”. Desde las 10 de la mañana dos radios abrirán su transmisión en vivo desde el lugar (Radio Gráfica Cooperativa y FM Frecuencia Zero) y distintos móviles de la TV Pública, de Telefé noticias, de la Agenica de noticias Telam y, otros medios que vienen cubriendo este conflicto. Los trabajadores brindarán una conferencia de prensa al mediodía donde explicarán los detalles del conflicto.
La orden dictada por la Jueza Paula Hualde peligra el trabajo de más de 130 familias que mantienen en funcionamiento el hotel. Recordemos que en 2007 hubo un intento de desalojo pero gracias a la solidaridad de artistas destacados y de la movilización popular de 5000 personas que se acercaron hasta las inmediaciones del hotel pudieron impedirlo. En junio de este año hubo otra gran convocatoria de gente en el marco de un festival solidario para los trabajadores donde nuevamente miles de personas expresaron su apoyo a ésta causa.
El hotel BAUEN fue construido entre 1977 y 1978 con dinero público otorgado por la dictadura cívico militar a los empresarios que lo edificaron. Ese dinero nunca fue devuelto al Estado y en 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos, provocaron el cierre del hotel. Se trata de la empresa Mercolteles S.A y en la actualidad, son los mismos que reclaman por el desalojo.

Prensa FACTA

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Exigimos al Congreso de Argentina rechazar el envío de tropas a Haití



10 Años de ocupación militar e hipocresía, ¡Basta!

Conferencia de prensa el miércoles 10/9 a las 11 h. en el Salón Pasos Perdidos, Congreso de la Nación, Cámara de Diputados

Hace 10 años que Argentina tiene tropas militares en Haití como parte de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH. La Cámara de Diputados debatirá hoy en comisiones, y mañana en plenario, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y con media sanción del Senado, para renovar la autorización para esta participación.
En conferencia de prensa, con la participación de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el premio nobel de la Paz y titular de Diálogo 2000 y SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Micheli Secretario General de la CTA y el diputado Claudio Lozano, las organizaciones exigirán el retiro inmediato de los 566 efectivos argentinos que se encuentren actualmente en Haití.

¡NO EN NUESTRO NOMBRE!

En una Carta-petición entregada hoy en Diputados, un amplio conjunto de organizaciones y referentes populares del país, reclama una vez más al Congreso que rechace la autorización solicitada y que exija el retiro inmediato de los 566 efectivos argentinos que se encuentren actualmente en Haití. Instan además a que Argentina rechace la renovación de la MINUSTAH, en los debates que tendrán lugar mañana y pasado mañana en el Consejo de Seguridad y su eventual votación antes del 15 de octubre, y que apoye las demandas de justicia y reparaciones de las personas y comunidades haitianas que han sido víctimas directas de la acción criminal de la MINUSTAH en su país.
Las organizaciones piden al Congreso no convalidar la participación de Argentina en una misión que constituye una verdadera ocupación de Haití, controlada desde siempre por los grandes poderes –EE.UU., Francia, Canadá– y ahora tercerizada a países como el nuestro, mayormente de América latina.
Mientras el pueblo haitiano enfrenta una situación social, política e institucional de grave deterioro, esta ocupación garantiza el proceso de recolonización de Haití, pleno siglo XXI: condiciones de “seguridad” y “estabilidad” para los capitales transnacionales que han aumentado su control sobre los ejes estratégicos de la economía, incluyendo las privatizaciones de la energía y las comunicaciones, el avance de la mega minería, el turismo de lujo, la maquila y la agroindustria exportadora, con la expropiación de campesinos y pescadores y el control social de la MINUSTAH y la policía que entrena, que se encargan de reprimir la protesta y coadyuvar a que el salario mínimo se mantenga como el más bajo de la región.
La MINUSTAH ha sido responsable de hechos de violencia directa contra la población, incluyendo la perpetración de masacres contra la población civil, represión contra manifestaciones sociales y laborales y la violación de mujeres y jóvenes.
La MINUSTAH ha sido responsable de la epidemia de cólera, que ha significado más de 8000 muertos y la afectación de más de 800.000 haitianos, y de la impunidad de ese hecho criminal. Al respecto, el Experto Independiente de NN.UU. sobre Haití y los Derechos Humanos ha pedido formalmente a las NN.UU. que asuma su responsabilidad.
En su petición, las organizaciones argentinas destacan que el pueblo de Haití merece y necesita el apoyo solidario de nuestro país y región, pero el mismo solo puede materializarse en un marco distinto al de la MINUSTAH, que menoscabe a su soberanía, sus derechos, su autodeterminación. Reclaman al gobierno y al Congreso escuchar las opiniones y propuestas de las organizaciones populares haitianas y argentinas, y piden a la Cámara de Diputados convocar una Audiencia Pública para discutir las alternativas de políticas solidarias que Argentina podría apoyar, una vez que retire sus tropas de Haití y colabore en la región para lograr el fin de esta ocupación indignante.
Es hora que nuestro país asuma su compromiso con los derechos humanos, la soberanía y la integración regional, y ponga fin a su participación en esta ignominiosa e hipócrita ocupación.
El texto completo de la Carta-petición difundida hoy entre l@s Diputados, está disponible en:

http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2014/09/peticion-al-congreso-que-rechace-enviar.html

Más información sobre la situación de Haití y la ocupación de la MINUSTAH, y la Campaña regional por el Retiro de las Tropas de Haití: haitinominustah.info

Gaza: El partido comunista uruguayo se solidariza con... Israel



Hace unos días en Maldonado, hubo una “reunión de conciliación” entre el edil del “partido comunista uruguayo” Heber Núñez y el representante de la colectividad judía en Punta del Este, un tal Rolando Rosemblum.

En ese “encuentro conciliatorio” acordaron borrar de un muro una pintada que denunciaba al régimen terrorista de Israel por los ataques contra Palestina. Parece que la pintada molestó y ofendió a la colectividad sionista, y su jefe político y religioso actual, el empresario Rosemblum, se lo hizo saber al jefe político del “partido comunista de Maldonado”. Y la solicitud, el pedido o la exigencia fueron concedidas. Según la web del Comité Central Israelita del Uruguay, se eliminó la pintada en menos de 12 horas y el trabajo de limpieza fue realizado por el propio Partido Comunista. Aunque luego los jóvenes de la UJC desconocieron el acuerdo.
Y lo peor de todo, es quién es este fulano Rolando Rosemblum: es el hijo de Isidoro Rosemblum, también empresario que ESTAFARON hace unos años al Estado de Paraná en Brasil, con una evasión fiscal e impositiva que redondeo unos 80 millones de dólares. Ambos dos, el padre y el hijo Rosemblum “se fugaron del penal” en Brasil y “se refugiaron en Uruguay” para que no los encontraran (ni siquiera la Interpol logro dar con su paradero). Ahora ambos, son en Uruguay exitosos empresarios en Punta del Este y además, jerarcas de la colectividad judía en Maldonado
¡Quién lo diría! ¡Quién te ha visto y quién te ve! Ahora este Uruguay de las IMPUNIDADES a todo nivel (incluso las banqueras, financieras y demás delitos) pueden olvidarse y hasta convertirse en “cosas del pasado”. Ahora fulanos como los Rosemblum en Maldonado, concilian intereses con la nueva estrategia electorera y demagógica de nuevos comunoides uruguayos que negocian la solidaridad para con los Pueblos oprimidos, expoliados, explotados y hambreados del mundo.
Este parece ser el nuevo formato ideológico del partido comunista uruguayo, que integra el gobierno progresista y fraudeamplista actual. Ahora son tiempos de trepas, oportunistas, mercaderes y “mercachifles” (como los llamó José Artigas en su época de Revolución en la Banda Oriental), pequeña burguesía acomodada, casi la nueva casta comunoide que vive muy bien en este Uruguay “progresista”, que ocupa cargos y carguitos públicos con buenos sueldos y sin laburar.
Ahora con esta nueva estrategia comunoide actual, nada de solidaridad con Pueblos dominados y guerreados por el Imperialismo yanqui y sus aliados, socios o secuaces de turno. Nada de marxismo-leninismo, nada de REVOLUCIÓN, nada de izquierda verdadera y autentica. Más bien, nada de nada y mucho menos de ideología. Este es el Uruguay actual, el del progresismo, el del fraudeamplio con socios, secuaces y alianzas electoreras y demagógicas de turno. Es el Uruguay de las IMPUNIDADES varias y a varios niveles. Es el Uruguay de la “perestroika” a lo Gorbachov y de la “pereztroika” a lo Jaime Pérez y compañía en el pasado reciente.

¡VIVA PALESTINA LIBRE Y SOBERANA!

¡BASTA DE GENOCIDIO Y MASACRE EN LA FRANJA DE GAZA!

¡CONDENAMOS Y REPUDIAMOS LA MATANZA ORGANIZADA DEL GOBIERNO SIONISTA DE ISRAEL, SUS SOCIOS, ALIADOS Y SECUACES IMPERIALISTAS DE TURNO!

¡NO ES UNA GUERRA, ES UN GENOCIDIO!

Rodolfo Bisquiazzo

martes, 9 de septiembre de 2014

Un año de narcopolicías



El 7 de septiembre del 2013, se encontró adentro de un Renault Clio, a Juan Antonio Alós, muerto de un tiro en la cabeza. Una denuncia de su esposa alertó la búsqueda. La conexión de las mafias narco con las redes políticas y policiales en Córdoba.

Roxana Luna estaba embarazada de 7 meses cuando se encontró en el cuerpo de Alós en el paraje conocido como Bosque Alegre, a unos kilómetros de la localidad de Alta Gracia.
Juan Alós, era policía y pertenecía a la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. Unos días antes, en el programa ADN, emitido por Canal 10 de Córdoba, había sido nombrado por un "buchón" de la policía, Juan "El Francés" Viarnes, como parte de un negocio que efectivos de la policía provincial realizaban en conjunto con narcos. La causa quedó a cargo del fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, que llegó unas horas después al lugar de los hechos.
Esa noche, de manera insólita apagó el motor del auto, apagó las luces y viendo la escena, sentenció que se trataba de un suicidio; todo esto sin esperar a los peritos técnicos. El auto terminó en la Jefatura de Policía, y se investiga por qué y quién ordenó que lo lavaran antes de ser peritado. Al día siguiente del hallazgo, el fiscal Drazile, declaraba: "Por los relatos de sus colegas y superiores, Alós se mostraba los últimos días muy consternado a raíz de las denuncias que había hecho un medio periodístico sobre su presunta participación en la red de Drogas Peligrosas que se investiga por el uso de agentes encubiertos, las cuales negaba". Apoyado por el Juez de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos, Drazile caratula la causa como suicidio.
En el sepelio del oficial Juan Alós, el entonces Jefe de Policía, Ramón Frías, arremete contra el periodismo: "La difamación, la injuria y las mentiras le quitaron la vida." sustentando la hipótesis de un suicidio. Y concluyó: "¿Es justo poner al aire por televisión a un delincuente para que acuse falsamente a un policía, para que lo dañe tanto que lo lleve a este momento fatal?". La acusación del Jefe de Policía apuntaba al informe transmitido por el programa ADN, que mostró una investigación, que la justicia federal llevaba a cabo desde inicios de agosto de 2013. A ello le agregó las declaraciones del "buchón" Juan "El Francés" Viarnes, que involucraban a la cúpula, de la División Drogas Peligrosas.
Al día siguiente de la muerte de Alós, el fiscal Drazile argumentaba que el móvil del suicidio, era por un supuesto cuadro de depresión, expresado en una carta, que nunca se comprobó su legitimidad, y en la cual Alós supuestamente se mostraba deprimido por la muerte reciente de su padre, y que por ello se fue a suicidar al lugar donde esparcieron sus cenizas. Según Drazile era un ex policía. Con el tiempo la familia del oficial "suicidado" salió a aclarar que el padre de Alós, era colectivero, jubilado, y que nunca fue policía. Además dijo que sus cenizas fueron esparcidas en un pueblo de la provincia de Mendoza. La hipótesis de Drazile comenzaba a caerse, solo le quedaba el dermotest, para comprobar que Juan Alós se había disparado; el mismo se conoció semanas después y dio negativo. Alós nunca disparó el arma que se le encontró entre sus manos.
Hace unos días el mismo programa que fue acusado por el ex Jefe de Policía de haber causado la muerte de Alós, mostró imágenes de la causa y constatadas por el criminalista Enrique Prueger, concluyó que nunca vio un caso igual en toda su carrera, "Esto sin duda alguna es tarea de un asesino", sentenció Prueger al ver cómo ni el cabezal del asiento del auto donde encontraron a Alós, estaba manchado de sangre, ni el techo, ni la puerta cerrada del vehículo. En esta última si se podían divisar manchas de sangre cuando se abría. Lo que hace suponer que no se mató en el auto, sino que se pegó el tiro en otro lugar y después se subió al auto.
Con el pasar de los días, la Justicia Federal se interesó en la causa, el fiscal Enrique Senestrari, pidió conocer la causa y más tarde solicitó hacerse cargo de la causa, ya que no se trataba solo de un suicidio, era una causa de narcotráfico. Senestrari, por su parte siguió con la investigación sobre la División de Drogas Peligrosas, y pidió la detención de varios policías: el comisario Rafael Sosa, de la División de Drogas Peligrosas; el comisario Alfredo Saine, el oficial inspector Franco Argüello, el sargento Fabián César Peralta Dáttoli , todos de Lucha Contra el Narcotráfico; y el suboficial Mario Osorio. El 12 de septiembre imputan al ex jefe de Drogas Peligrosas, Mario Nieto, por delitos vinculados a supuestas irregularidades que se vendrían cometiendo desde 2010 en el área. Y también imputan a Daniel Moroldo y Fabián Hoyos. Menos los imputados, todos los demás están en Bouwer detenidos.
Días después de la muerte de Alós, se encuentra "suicidada" también a la oficial Damaris Roldán. Lo de Alós fue el inicio de lo que en la provincia de Córdoba se llamó el "narcoescándalo". Renunciaron el Jefe de Policía Ramón Frías y el Ministro de Seguridad Aldo Paredes. Para lavar su imagen la policía el 11 de septiembre, realizó un operativo a 18 kilómetros de Obispo Trejo, donde incautó 400 kilos de marihuana de una avioneta. Ahora se está investigando si la droga no salió del mismo entorno policial y le fue plantado a los tripulantes de la avioneta, que cayeron como unos perejiles. En el marco de la causa del "narcoescándalo", se llevaron a cabo tres allanamientos a la Jefatura de Policía. En el primero se decomisaron bolsas de cocaína, sin las actas correspondientes, y armas limadas. Las bolsas con cocaína, fueron justificadas, por el entonces Jefe de Gabinete del Gobierno de Córdoba, Oscar González, con una frase que quedó en la historia: "La droga es para el entrenamiento de los perros de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba".
La muerte de Juan Alós, fue el golpe de gracia a la credibilidad de una policía que venía siendo cuestionada de hace años. La utilización del Código de Faltas para meter pibes en cana arbitrariamente; los numerosos casos de gatillo fácil en la provincia; las distintas represiones a manifestaciones sociales; y ahora se hacía pública la relación de la policía con el narcotráfico. Se habló de que a la policía le habían tocado la "caja chica". Se sucedió el acuartelamiento en toda la provincia. Los saqueos del 4 y 5 de diciembre. La salida de una nueva ministra de Seguridad Alejandra Oliva y su Jefe de Policía, César Almada. Caimos en Julio César Suárez, como Jefe de Policía, que anda amenazando periodistas y jsutificando los casos de gatillo fácil. Y la unificación del ministerio de Seguridad con el de Gobierno, a cargo de Walter Saieg.
Ya no es la preocupación de organizaciones sociales el accionar de la policía. Ahora la sociedad cordobesa se dio cuenta de la policía que tiene. Y el hecho no es menor, al igual que Sobich, con la muerte de Fuentealba, tuvo que bajarse de una candidatura presidencial. A José Manuel de la Sota, candidato a presidente, ahora solo le queda mendigar una vicepresidencia a raíz del "narcoescándalo".

Mauricio Diaz

lunes, 8 de septiembre de 2014

Una querella para investigar al directorio de Bunge & Born

El CELS presentó una querella en la causa por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata para que se determine la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales.

“Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico”, dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la querella que presentó la semana pasada en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. El expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y destinado a investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa del grupo Bunge & Born y de su personal jerárquico en delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no sólo este caso, sino el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura. Entre otras cosas, profundiza en el rol de las comisiones internas en la puja estructural de capital y trabajo y destaca la emergencia de una figura de la víctima que ya no está sólo pensada en su dimensión de militante político, sino en su doble condición de “trabajador” y “trabajador organizado”. En ese contexto, explica que “las medidas tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder”.
“El avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y de las cúpulas empresariales para transformar el modelo económico”, señala el CELS. “Desde luego, esa transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en reducidos grupos.”
El escrito de cuarenta páginas se presentó el viernes ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CELS se presenta institucionalmente como querella en las causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos tres años.

El caso

A mediados del año pasado, tres hijos de desaparecidos de Molinos acompañados por una profesora de historia reunieron sus historias, material de archivo y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había pasado en una de las principales plantas de Molinos Río de la Plata SA, ubicada en Avellaneda. Presentaron ese material en la Justicia acompañados por el abogado Javier Garín, en una presentación en la que pidieron que se investigue a los directivos del grupo Bunge & Born por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda y de una niña. Hoy la presentación del CELS reúne 24 víctimas, entre ellas la esposa de uno de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el universo completo de las víctimas puede ser mayor. Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados, pero el operativo más importante ocurrió el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta, entre las cinco y seis de la mañana, hora de ingreso del turno mañana. Tres camiones del Ejército estacionaron sobre la calle Deán Funes y cargaron a un número aún incierto de trabajadores que, de acuerdo con los relatos, va de 20 a de 80. Tres están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos.
Desde el inicio, los primeros querellantes presentaron los secuestros y desapariciones como efecto de la disputa entre capital-trabajo. Y el CELS retoma ahora esta línea. Todos las víctimas pertenecían, o estaban cerca, a la comisión interna que ganó las elecciones en 1973. Había militantes de la JTP, Montoneros y uno de Organización Comunista Poder Obrero. Dos eran de la planta de Paseo Colón. Los trabajadores habían llevado adelante planes de lucha, tenían organizadas “brigadas de control de precios” para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Y sumaron los efectos del secuestro de los Born.
“A lo relatado se agrega un hecho altamente relevante para vincular la desaparición y persecución de los trabajadores con la empresa. Nos referimos al secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born el 19 septiembre de 1974 por la organización Montoneros”, dice el escrito. “Juan y Jorge Born eran el gerente y el director general del grupo económico Bunge & Born, propietario de la empresa Molinos Río de la Plata S.A. entre otras empresas. Entre los pedidos de la organización Montoneros para liberarlos se planteaban reivindicaciones laborales para los trabajadores de las empresas que pertenecían al grupo (Molinos, Grafa, Alba, Compañía Química y Centenera), las que eran coincidentes con los reclamos que venían realizando los delegados. Otra de las condiciones para la liberación era la entrega de mercaderías por la suma de un millón de dólares para ser repartida en barrios carenciados. Producida la liberación de los empresarios, esa mercadería se distribuyó a través de militantes de la organización y en algunos casos a través de los mismos trabajadores de la empresa, como el caso de Héctor Dadin Vasere y Santos Ojeda en la planta de Molinos. Este hecho le serviría a la inteligencia interna de la empresa para marcar y perseguir a los trabajadores acusándolos de formar parte del secuestro de los empresarios. Los hechos mencionados produjeron el recrudecimiento de la persecución a los trabajadores con mayor activismo por parte de la empresa.”

La presentación

Desde hace años el CELS sigue las causas de complicidad empresaria. En 2002, se presentó como querella en la causa Mercedes-Benz, pero no volvió a hacerlo hasta ahora. Sí –y como parte de este mismo camino–, se presentó como “amicus curiae” en la causa Ledesma, estuvo en Rosario con la historiadora y especialista en el movimiento obrero Victoria Basualdo para acompañarla institucionalmente en su declaración en el juzgado que investiga la causa Acindar y el eje de Villa Constitución. “Pero más allá de estas presentaciones queríamos hacer un acompañamiento institucional, como organismo: es esto lo que estaban pidiendo los querellantes”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Litigios del CELS.
Uno de los ejes del escrito es que el tema de la responsabilidad empresarial no es nuevo, sino que se viene señalando desde el comienzo del proceso de justicia. La intervención de empresarios en algún tramo del plan sistemático está presente en los relatos de los sobrevivientes y familiares desde el Juicio a las Juntas. En ese contexto, la presentación da cuenta de esa microhistoria política: recuerda las primeras causas como Mercedes-Benz, Ford y Papel Prensa y se detiene sobre todo a repasar las de los dos últimos años, donde los empresarios tienen algún grado de participación señalado con procesamientos o elevación a juicio como el caso Ledesma, La Veloz del Norte y Ford. También agregan aspectos internacionales de la relación entre empresas y regímenes dictatoriales.
“En las investigaciones en curso, se ha planteado que el accionar criminal de las empresas no fue aislado sino sistemático y dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto. Como titular del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz lideró las transformaciones del modelo económico que derivaron en la reducción de los derechos de los trabajadores y en la concentración de la propiedad en pocos grupos –explican–. Esas regresiones implicaban la represión de cualquier modo de resistencia, lo que demuestra una permanente conexión entre ‘el proyecto de apropiación de la riqueza y de apropiación de la vida’”, señalan.
En línea con el informe de la CNV, señalan que pueden diferenciarse dos etapas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto. La primera se caracterizó por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical. La segunda, dicen, tuvo como objetivo el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro.
Y al analizar más sistemáticamente los casos, logran trazar patrones en común: “En las resoluciones en las que se ha procesado a directivos en empresas por crímenes de lesa humanidad se ha tenido en cuenta distintos aspectos: el interés que puede tener un empresario en el secuestro y desaparición de un delegado, el vínculo cercano entre los dueños de las empresas y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la presencia de personal de esas fuerzas en las instalaciones de las fábricas, la evidencia de que las empresas entregaron listas con nombres de empleados que debían ser secuestrados”.
Pero acaso el aporte más importante de este escrito radica en la perspectiva de análisis: la posibilidad de pensar en una narración jurídica la dimensión económica del plan sistemático no sólo desde el lado del “capital”, sino de los efectos sobre el mundo del “trabajo”. Esta perspectiva mira las confrontaciones no sólo en términos políticos, como dice el escrito, sino también “desde las transformaciones económicas y sociales”: rasgos que, como explica, “quedaban ocultos o subestimados desde miradas predominantemente políticas”.
En la querella se analiza cómo las organizaciones del sindicalismo combativo constituían una herramienta fundamental en la disputa por la distribución del ingreso y estaban atravesadas por las luchas y debates sobre el grado de profundidad y el tipo de las transformaciones que se intentaban promover en la estructura económica y social argentina. “Fue justamente debido a estas razones que las patronales las consideraban una amenaza, no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales” (ver recuadro).
Hace dos 24 de marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó un informe que fue estructural en las causas para pensar la complicidad empresaria. A través de una serie de documentos, el informe mostraba desapoderamientos a empresarios en un análisis que hacía foco en los efectos que tuvo la imbricación del aparato represivo con la alianza cívico militar destinada a la implementar un modelo económico, basado en la especulación financiera que destruyó el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras. Ahora bien, el escrito del CELS puede pensarse como la contracara de aquel informe que ponía el acento en el capital; como un segundo tiempo, dado que se pone a trazar una narración en términos jurídicos de lo que fue pasando sistemáticamente con los trabajadores y el movimiento sindical.
“Para comprender lo que estaba en juego entonces en el proceso de organización de los trabajadores de la empresa Molinos es necesario comprender que el nivel de confrontación económica, política y social alcanzó, a mediados de los años ‘70, un pico inédito en términos históricos”, señala. “La clase trabajadora, que había conquistado en la década peronista una estructura sindical de gran alcance y fortaleza y una posición central en la economía y la sociedad, no tuvo un papel marginal en esta confrontación, sino que desempeñó un papel central en el ascenso de la conflictividad que, lejos de ser únicamente una pugna política, tuvo como trasfondo la confrontación creciente entre el capital y el trabajo. El poder de la clase trabajadora, que puede visualizarse, por ejemplo, en los niveles de participación de los asalariados en el ingreso que alcanzaron los 47 puntos en 1974, tenía sus raíces no sólo en las características del modelo de industrialización y en el papel que cumplían los trabajadores en la producción y el consumo de bienes, sino también en los mecanismos de representación y organización de los que disponía y en su vinculación (parcial, contradictoria, conflictiva, pero fundamental) con un arco de organizaciones políticas radicalizadas. El desarrollo y la vitalidad de los delegados y las comisiones internas durante esta etapa es un factor esencial para explicar las raíces de este poder del trabajo frente al capital, que se traducía, no sólo en el plano económico, en las luchas en el ámbito de la producción, sino también en términos de las grandes confrontaciones políticas y sociales.”
El período que se abre con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un hito de enorme importancia en esta historia, señala. “Las medidas aplicadas a partir del golpe, aunque marcadas por múltiples contradicciones y tensiones, tuvieron como claro objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder.” Uno de los aportes de esta presentación lo hizo Victoria Basualdo. El CELS hizo además un convenio con Flacso destinado a trabajar sobre la relación entre empresas y terrorismo de Estado, un proceso en el que se fueron acercando a Molinos.
“Uno está acostumbrado a ver organizaciones políticas porque las fuerzas de seguridad secuestran a integrantes de Montoneros, o al militante del ERP. Pero cuando tenés al empresario enfrente, tenés que poner de relevancia la identidad gremial”, explica en este caso Palmas Zaldúa. “¿Bunge & Born qué quería? ¿A Montoneros? Sí, probablemente haya habido una predisposición pero quería perseguir a los trabajadores que se revelan con planes de lucha y generaban problemas dentro de la planta. La idea es la de un disciplinamiento y esto es lo que se ve en todas las causas donde se ve la responsabilidad de los empresarios.”
Molinos es un capítulo de todo esto.

Alejandra Dandan