sábado, 31 de octubre de 2020
Bolivia: después del aplastamiento electoral de los golpistas
Finalmente los resultados que -después de una larga semana de escrutinio- presentó el Tribunal Electoral fueron más contundentes aún: Luis Arce (MAS) se impuso con el 55,10% de los votos contra el 28,83% de Carlos Mesa (CC), su inmediato seguidor. Las listas golpistas fueron aplastadas electoralmente.
Algunos sectores recalcitrantes de la derecha, salieron días después con acusaciones incoherentes de fraude institucional a plantear una alternativa fascistoide. Luis Fernando Camacho (candidato presidencial de Creemos que salió tercero con 15% de los votos) hizo una concentración llamando a reiniciar movilizaciones. Su compañero de fórmula, Marco Pumari, trato de imitarló convocando una concentración en la Plaza 10 de noviembre de Potosí. Pero… tuvo que retirarse aceleradamente por las monedas, tomatazos y huevazos de centenares de potosinos. Se tuvo que refugiar en una empresa y ser protegido por la policía golpista del ministro Arturo Murillo.
Unidad nacional con pacto social
En general, todas las fracciones del capital nacional e imperialista han reconocido el triunfo electoral del MAS y profundizan un operativo para ‘rodear’ a Arce y buscar consensos en favor de un ‘gobierno democrático’. En sus primeras declaraciones, el triunfante Arce afirmó su propósito de llevar adelante un gobierno de unidad nacional. El presidente de la Cámara de Industria planteó la necesidad de montar un “pacto social” con el gobierno y los sindicatos.
La Confederación de Empresarios Privados también pidió políticas de ‘consenso’. La Cámara de Comercio solicitó una política de endeudamiento internacional para paliar el déficit fiscal y subvencionar una reactivación económica. Y en caso de no obtener esos créditos: devaluar. La Cámara de Exportadores denunció –con el mismo propósito- un fuerte retroceso en las exportaciones (de 6500 millones de dólares en el 2019 a 4600 millones este año) lo que produjo por primera vez un déficit comercial de 250 millones de dólares.
La Confederación de empresarios de las Pymes (Connaype) reclamó subsidios para crear empleos (Primero e inmediato frenar los despidos y reincorporar de inmediato a centenares de trabajadores cesanteados por el avance de la crisis económica y preventivamente).
Todas las cámaras patronales piden un plan de ajuste contra el pueblo y quieren consensuarlo con el gobierno. Quieren que pacto social mediante u otra política similar, Arce lo lleve adelante, para superar la crisis que profundizó el golpe y la vuelta a ‘la democracia’. Los golpistas son ahora demócratas. Arce les inspira bastante confianza, porque es conocido como el ‘tecnócrata’ que llevó adelante, como ministro de Economía de Evo Morales, todos los acuerdos de convivencia con los monopolios en la industria hidrocarburífera y minera, en promover los grandes negocios de la agroexportación, etc. Por eso fue que lo eligió Evo Morales, como una señal extra para el capital financiero de que un gobierno del MAS no venía a patear el tablero y desarrollar una política antiimperialista. Se habla de que Arce puede seguir el camino de Lenín Moreno de Ecuador que rompió apenas asumió su cargo presidencial con su mentor, el populista Rafael Correa y lanzó una política abierta de ajuste. Todo puede ser, pero… fue Evo Morales el que lo eligió como candidato a presidente en contra de la opinión mayoritaria de amplios sectores del MAS. Y lo eligió para esto.
La derecha defiende al alto mando militar
El Senado, en su última sesión antes de que asuman los nuevos senadores electos, modificó el Estatuto de funcionamiento para permitir que ciertas medidas pudieran tener efectividad por simple mayoría de votos y no por los dos tercios que rigen ahora. Esto atañe, en lo inmediato, a que solo el parlamento puede nombrar los ascensos militares. Y la derecha quiere mantener los que hizo la golpista Jeanine Añez –al margen del Parlamento- llenando la ‘institución’ con sus adictos. La derecha se adjudica así el derecho a veto parlamentario, porque bloquearía que se alcanzaran los dos tercios. “Se vulnera la democracia”, dicen los derechistas, desconociendo el voto mayoritario, preservando su veto y preservando el cuerpo de oficiales acusado de fuertes represiones fascistoides contra el pueblo.
La caldera de la crisis
Habiendo sido aplastado el golpismo electoralmente (después de haber sido fuertemente golpeado en las calles con la huelga general) el esfuerzo en que se está empeñando la burguesía y la cúpula dirigente del MAS es en cómo contener un incremento de las demandas de las masas y las movilizaciones que generaría
La crisis económica-social en Bolivia se acelera. El pronóstico inicial del Banco Central boliviano indicaba un retroceso del 6,2%. Pero nuevos informes del Instituto Nacional de Estadísticas hablan de un 11,11%. El desempleo alcanza el 13% en términos oficiales. La pobreza toca el 40%.
La crisis sanitaria exige urgente intervención: Bolivia tiene 150 mil casos de contagio y 9000 muertos y no cuenta con estructura sanitaria para enfrentarlo.
Lo lógico para comenzar a superar esta crisis es, por ejemplo, dejar de pagar la usuraria deuda pública. Vencen próximamente 800 millones de dólares. Pero Arce ya ha declarado que va a negociar con el FMI y los bonistas la postergación de los pagos por dos años. Se copia de Alberto Fernández en la Argentina en su propósito de darle “sustentabilidad” al pago de la deuda. Las negociaciones significarán –como lo estamos viendo también en Argentina- un fuerte ajuste contra las masas trabajadoras.
Es fundamental que las organizaciones obreras, campesinas y de las masas explotadas breguen por su autonomía del gobierno del MAS. Sin eso no se podrá organizar el reclamo y la lucha por las urgentes reivindicaciones obreras y populares. Es necesario reclamar y organizar la convocatoria a congresos de bases de la COB y de todas las organizaciones de masas para declarar esta independencia política del gobierno y votar una agenda nacional de reclamos: no al pago de la deuda, impuestos progresivos a las fortunas capitalistas, eliminación de los impuestos al consumo; bono universal mensual, mientras dure la pandemia y la recesión, para todo trabajador sin fuente de ingreso; nacionalización de la industria de los hidrocarburos, mineras y del litio. Control obrero general para terminar con la corrupción capitalista. Libertad a todos los detenidos en la lucha contra el gobierno golpista y desprocesamiento de centenares de acusados. Cárcel, juicio y castigo a los represores del pueblo. Nacionalización de todo el sistema sanitario y puesta en funcionamiento con un presupuesto doblado bajo gestión de los trabajadores.
Las masas bolivianas con su golpe electoral a los golpistas le han impreso una fuerte tendencia de lucha a los pueblos de Latinoamérica, que se suma al alza de lucha en Chile. Seguramente darán nuevos pasos para imponer sus reclamos. Más que nunca tenemos que unir las luchas continentales. Llamar a una segunda Conferencia Latinoamericana de la Izquierda ayudará a crear un polo obrero y socialista en esa dirección.
Rafael Santos
viernes, 30 de octubre de 2020
Etchevehere: Un fallo político a favor de un terrateniente macrista
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, desestimó la denuncia de Dolores Etchevehere y ordenó el desalojo de la estancia Casa Nueva. Al terreno había ingresado un grupo de militantes de Juan Grabois para desarrollar el Proyecto Artigas. En su exposición la magistrada defendió el derecho a la propiedad privada, calificó la medida como un accionar “inconsulto y clandestino”, avaló el reclamo de los tres hermanos Etchevehere y de su madre, Leonor Barbero Marcial y ordenó la “restitución inmediata" vía un “desalojo pacífico”. Es claro que en este litigio no estuvo en juego el principio de la propiedad privada. El fallo es un llamado a la pelea contra los trabajadores y el socialismo. Pasadas las 15 horas ingresaron a la estancia las Fuerzas Especiales de La Paz, la Policía de Entre Ríos y el Centro de Operaciones de Emergencia para cumplir las órdenes de la justicia. Dolores Etchevehere, que se encuentra dentro del casco, se resiste a acatar el fallo: “No voy a salir, me van a tener que sacar muerta”. Mientras el operativo se sucedía en la puerta se entabló un festejo entre los hermanos y la titular del Pro Patricia Bullrich, entre gritos de ¨Viva la propiedad privada¨ y cánticos del Himno Nacional.
Por su parte Juan Grabois, a través de una carta difundida en redes sociales, declaró que van a acatar el fallo judicial al que calificó como una “derrota” para su corriente. Hizo cargo a la familia Etchevehere de “operar a todo trapo la maquinaria de ablandar jueces, políticos, incluso sacerdotes y movimientos sociales”, y dirigió un mensaje al poder político tras denunciar el desalojo de Guernica. "Al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen (!!) de ceder ante el poder fáctico. Ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente la Argentina", dijo. Aseguró que un grupo de mujeres de su organización se quedará junto a Dolores Etchevehere para garantizar su seguridad. Horas antes en un comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó que “no avala las tomas” porque “son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”. El papismo de Grabois quedó en ‘orsai’.
En el caso Etchevehere, sin embargo, la propiedad privada, siempre estuvo a resguardo; en Guernica también, solo se trataba de que los trabajadores pudieran tener una vivienda propia. Terminó como empezó, como un litigio judicial en el marco de una disputa familiar, en el que nadie sacó los pies del plato institucional. Las banderas de Reforma agraria que dice mantener en alto Grabois no son más que banderas para la tribuna, porque nunca va a imponerse una medida de este tipo por vía pacífica dentro de los márgenes del régimen burgués. La burguesía agraria, siempre de la mano del poder de turno, impone sus reglas y sus métodos violentos y patoteros para desalojar de sus tierras a los aborígenes y campesinos en todo el territorio nacional. Es así como se expandió la frontera de la soja.
Mientras la justicia ordenaba un ¨desalojo pacífico en defensa de la propiedad privada¨ en la Estancia Etchevehere, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, a través de su Ministro de Seguridad Sergio Berni y con el aval del gobierno nacional de los Fernández, emprendía un desalojo violento a balazo de goma y gases lacrimógenos contra las casi 1500 familias trabajadoras emplazadas en Guernica. Un mensaje claro de parte del Estado capitalista de conjunto (y de sus medios de comunicación) que se ubica, por un lado, en defensa ´sin grieta´ de los intereses de los emprendimientos de los pulpos inmobiliarios y de las patronales a las que se subsidio por montos millonarios durante los siete meses de cuarentena y, por el otro, en detrimento de los intereses y las necesidades de las y los trabajadores que son arrojados al virus y a una mayor pauperización por medio de una apertura sin red.
El régimen de propiedad actual tiene por condición necesaria el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad. La colonización española fue una expropiación de tierras de las poblaciones originarias en beneficio de la monarquía española, y la revolución de Mayo la expropiación del patrimonio real en beneficio de la burguesía comercial del puerto y del interior.
Ana Belinco
29/10/2020
El Partido Obrero responde el comunicado del ministro Andrés Larroque
1) La idea de que el desalojo ha sido el resultado de “la intransigencia” de los vecinos, sobre todo resultado de la actividad del Partido Obrero, es insostenible. La decisión de desalojar fue una decisión política del gobierno provincial y nacional, resguardando la propiedad en función de los negociados inmobiliarios. Las cientos de tomas de tierra en todo el país son el resultado de la crisis social. La respuesta del gobierno bonaerense ha sido la criminalización y la represión. Solo en octubre 6 tomas fueron desalojadas antes de Guernica. En la represión en Ciudad Evita una joven perdió el ojo. La quema de casillas y pertenencias ha sido una conducta sistemática de la policía. El carapintada Berni se jactó en septiembre en un video institucional de haber presidido sobre “el desalojo de 868 tomas de terrenos y (el arresto de ) 524 presos” ejecutados por la bonaerense. No hay voluntad de dialogo ni soluciones habitacionales. Ha sido la masividad y los niveles de organización de la toma de Guernica, así como el rol de las organizaciones que se movilizaron para sostener su reclamo, lo que le permitió mantenerse por meses cuando otros eran expulsados.
2) Es falso que el gobierno haya trabajado seriamente en una respuesta a los reclamos urgentes de los vecinos de Guernica. La realidad es que a) Axel Kiciloff jamás recibió a los vecinos; b) fueron los vecinos y su cuerpo de delegados y organizaciones las que hicieron dos propuestas por escrito para resolver la crisis habitacional de las 1900 familias censadas oportunamente, y las mas de 1400 constatadas en el último censo. El gobierno se negó a considerar estas propuestas. c) El gobierno no entregó un sólo lote, transitorio ni permanente, a ningún vecino. Su política consistió en presionar a las organizaciones para firmar un acuerdo en el cual se ofrecían 11 hectáreas transitorias (que no alcanzan para los 1400 vecinos censados y tampoco se sabe donde están) y luego eventualmente, en largos meses, 650 parcelas permanentes de las cuales se desconoció siempre la ubicación, siendo entonces una promesa en el aire. Requería, a cambio, que las organizaciones colaboraran con el desalojo y aceptaran la judicialización de los vecinos. Bien mirada, la propuesta del gobierno era reclamar a las organizaciones que colaboraran con el desalojo a cambio de promesas. La mesa de dialogo, en la cual sólo los vecinos presentaban propuestas viables, fue quebrada por el gobierno cuando arremetió con el desalojo. Lógicamente, el Partido Obrero respaldó y seguirá respaldando la lucha de las familias por la tierra y la vivienda.
3) La mentira de Larroque tiene un objetivo preciso: contener la crisis que el desalojo ha generado en el oficialismo. La represión deja al descubierto un gobierno que no vacila en avanzar con violencia sobre familias humildes para defender negociados inmobiliarios y dar garantías políticas al gran capital cuando comienza la negociación con el FMI. El resultado de esta política será agravar la crisis social y habitacional. La represión generó una honda conmoción social, que se expresó hoy en movilizaciones masivas y muestras de repudio. Llamamos a todas las organizaciones sociales, populares y de trabajadores a repudiar la represión y exigir la renuncia de sus responsables políticos y materiales. Decimos nuevamente: Fuera Berni, Kiciloff es responsable.
4) Las familias de Guernica anunciaron que continuarán con sus reclamos. Hay numerosas familias que no tienen hoy donde pasar la noche, luego de que sus pertenencias fueran quemadas por la policía de Kiciloff y Larroque. Llamamos a apoyar activamente la lucha por la tierra de las familias de Guernica, reclamamos tierra para vivir para todas las familias censadas y convocamos a apoyar la conferencia de prensa y movilización el día de mañana a las 12:00 hs desde el Obelisco a la Plaza de Mayo, que ha convocado una asamblea general de vecinos de Guernica.
Comité Ejecutivo Nacional Partido Obrero
Polo Obrero
jueves, 29 de octubre de 2020
Guernica deja planteada una gigantesca lucha por la vivienda
El desalojo de Guernica ha sido la respuesta del gobierno FF a la iniciativa de mayor envergadura que emprendieron los trabajadores frente al problema de la pandemia. Pero no la única. Se inscribe en el recorrido que vienen trazando la resistencia a los despidos o suspensiones con descuentos; la lucha por protocolos obreros en los lugares de trabajo; la resistencia de los docentes a la ´reapertura´ de las escuelas; la lucha por paritarias y por la recuperación del salario en numerosos gremios.
La respuesta oficial no sólo se caracterizó por los palazos, las balas de goma y los gases lacrímógenos o el incendio de las precarias casillas y las pocas pertenencias de los ocupantes, a cargo del ejército de 4000 policías comandado por Sergio Berni. La acción policial fue acompañada por otra acción represiva – una campaña macartista contra las organizaciones que apoyaron la ocupación durante todo este tiempo.El peronismo volvió a mostrar toda su hilacha represiva y regimentadora, allí donde los trabajadores emprenden una acción independiente por sus aspiraciones más elementales.
En el camino quedaron todas las ´negociaciones´ encabezadas por el Andrés “el Cuervo” Larroque con los delegados de los ocupantes. No corresponde hablar ni siquiera de promesas incumplidas. Los “ofrecimientos” de Larroque y sus funcionarios se revelaron sencillamente como un completo engaño. Ni un solo vecino recibió los supuestos $50 mil por única vez, ni mucho menos los $300 mil que los diarios de la burguesía ´denunciaron´ en sus tapas durante las últimas 48 horas. Incluso aquellos vecinos que intentaron negociar su salida, se vieron desahuciados. Nunca existieron los galpones y lotes donde supuestamente serían ubicados hasta ser relocalizados. El “censo” resultó una puesta en escena. Para completar la farsa, pocas horas antes del desalojo de la toma, Kicillof ´arremetió´ contra los countries que se multiplican en la provincia, sólo para ocultar que preparaban la irrupción feroz de la policía sobre Guernica.
La tierra y la vivienda se encuentra entre los principales reclamos de la agenda popular. La pandemia colocó con urgencia la necesidad de un techo propio entre las familias trabajadoras, las cuales se ven obligadas a convivir varias generaciones pequeños lotes y barrios precarios. Todo el alcance de la crisis humanitaria que encierra la contradicción entre el coronavirus y la organización social presente se refleja en la crisis habitacional. Esto explica la multiplicación de ocupaciones de los últimos meses. La determinación de salir a ocupar tierras vacantes -las de Guernica, por caso, se encuentran descampadas desde hace décadas- es el recurso desesperado de una clase obrera que ve hundirse sus condiciones de vida y no halla ninguna otra perspectiva de salida en el marco de la organización social vigente.
A los reproches de la derecha, los ´nac&pop´ respondieron, podríamos decir, que “para resguardo de la propiedad privada estamos nosotros”. En definitiva, el gobierno consumó hoy dos desalojos. En Guernica, encontró una resistencia encarnizada de los ocupantes, quienes por más de dos horas mantuvieron a raya a un ejército de policías. Se produjeron cortes de calles y movilizaciones en todo el país, que continuarán replicándose en las próximas horas, incluida una movilización a Plaza de Mayo. A algunos cientos de kilómetros de allí, en la provincia de Entre Ríos, se consumó otro desalojo, el de las organizaciones kirchneristas encabezadas por Juan Grabois que sustentaban el proyecto ´agroecológico´ de una hija de la oligarquía, Dolores Etchevehere. Al final, esta resultó la única detenida por resistir el embate. Grabois y compañía se retiraron apenas conocida la orden judicial. El titular de la Sociedad Rural y sus acólitos -entre ellos, Patricia Bullrich- celebraron con fuegos artificiales y faenaron un cordero. En Guernica, los desalojados se instalaron frente a la municipalidad de Presidente Perón sin que les quedara ni siquiera una frazada para resguardarse.
El trato dispensado contra los trabajadores sin techo, agobiados por el hacinamiento, los alquileres y la completa falta de perspectiva para acceder a una vivienda propia, contrasta con la conducta oficial hacia los capitalistas y banqueros, que han hecho toda clase de enjuagues financieros con los subsidios estatales y hoy conspiran para perpetrar una devaluación y lucrar con la bancarrota nacional.
La ocupación de Guernica deja planteada una deliberación y una lucha por la cuestión del techo y del suelo, que debemos llevar al conjunto de las barriadas.
La clase obrera no debe olvidar esta arremetida.
Jacyn
30/10/2020
Una lectura realista de la “autocrítica” del FMI
Los diarios y portales oficialistas han celebrado lo que presentan como una “autocrítica” del FMI en relación a su política con el gobierno macrista. Un párrafo del informe que acaba de publicar el organismo alerta sobre “los riesgos de remover rápidamente los controles de capitales”. Los amigos del gobierno, sin embargo, leen apresuradamente o, simplemente, entienden lo que quieren entender. No dicen que el informe señala, a renglón siguiente, que la apertura de capitales tuvo lugar “antes de establecer una estructura macroeconómica creíble”. El Fondo no abjura, por lo tanto, del libre movimiento de capitales: apenas señala que esa libertad debió estar precedida por un ajuste violento.
En diciembre de 2015, Macri liberó el cepo y unificó el mercado de cambios, lo que llevó el dólar único de 9 a 15 pesos. A partir de allí, abrió un ciclo de endeudamiento que terminó con el estallido financiero y monetario de abril de 2018. En el medio, tuvo lugar una rebelión popular y un agravamiento de la crisis financiera en Estados Unidos –el reflujo de capitales impuesto por ambas cuestiones dejó al régimen macrista colgado del pincel.
La derecha postmacrista critica al jefe del PRO por no haber acompañado la devaluación de diciembre del 2015 con el despido de 500.000 empleados públicos. Con seguridad, esa decisión hubiera anticipado en dos años a la rebelión popular que tuvo lugar contra el cambio en el régimen de movilidad jubilatoria. Por temor a ese desenlace, Macri se mantuvo en el “gradualismo”.
Los derechistas argentinos juegan con el diario del lunes, y el FMI también. Al autocriticarse por el auxilio financiero a Macri, el “organismo” señala que aquel financiamiento de 2018 debió haber estado acompañado de “un plan creíble”, o sea, por una reestructuración social antiobrera. Era lo que faltaba para convertir a la crisis financiera y cambiaria de abril de 2018 en una crisis revolucionaria.
¿A qué viene la autocrítica del Fondo? Por cierto, no se trata de un debate entre historiadores o académicos de economía. La perorata sobre los “errores del pasado” son una poderosa advertencia al gobierno F F y a sus pretensiones de cerrar un acuerdo con el FMI que, por un lado, recicle la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por Macri, y, por el otro, auxilie a la Argentina con dinero fresco para sus reservas (aquel préstamo tiene un tramo de 13.000 millones que aún no se desembolsó). La advertencia de los técnicos fondomonetaristas tiene un doble sentido. Por un lado, subrayan que no cederán recursos para continuar financiando una fuga de capitales. Para algunos, eso significa que el gobierno debiera hacer lo que hizo Macri en diciembre de 2015, o sea, que devalúe y unifique la cotización en un valor mucho más cercano a los actuales dólares “libres” que a su valor oficial. Pero acá viene la segunda advertencia del FMI: esa liberación debería ser acompañada, para usar sus propias palabras, de un “plan macroeconómico creíble”. Otro funcionario del organismo, Alejandro Werner, que hace una semana atrás tiró la línea del “fracaso del FMI en Argentina”, le añadió otro requisito: “Un consenso amplio de la sociedad”, o sea, un acuerdo político con la oposición macro-radical. Como se ve, donde los voceros del gobierno ven una autocrítica, debe leerse el plan económico y político del FMI para Argentina, que no es más que una suerte de macrismo recargado.
La paradoja de los devaneos económicos del gobierno F F quedan a la vista: Fernández-Guzmán tramitan el auxilio del FMI para evitar una megadevaluación y un cimbronazo económico y social de alcances imprevisibles. Pero el FMI exige ese cimbronazo –y las alteraciones políticas del caso- como condición para cualquier auxilio financiero Los propagandistas del oficialismo, que fantasean con la “humanización” del capital internacional, ven un salvavidas donde asoma la guillotina.
Marcelo Ramal
28/10/2020
Desalojo en Guernica
En un descomunal operativo, propia de una fuerza de ocupación, abriéndose paso con balas de goma y gases lacrimógenos, están desalojando a las 1.400 familias que pelean por un pedazo de tierra para vivir. Las imágenes muestran con elocuencia como el gobierno de Kicillof se ensaña contra pobres, arremetiendo contra sus escasos bienes, para recuperar tierras para la especulación inmobiliaria. Una ola de movilizaciones comienzan a producirse contra la represión del gobierno kirchnerista.
«Golpean hombres, mujeres y chicos, queman las casas que con muchísimo esfuerzo hicieron durante meses. Una policía asesina, la policía de Kicillof y de Berni y la Gendarmería del presidente Fernández», así lo describe Eduardo Belliboni desde el predio de Guernica.
Cuando pasan los minutos el operativo va cobrando cada vez más voracidad, crecen los detenidos, hay heridos y una verdadera cacería en el barrio pegado al predio.
La ferocidad del accionar de la fuerza que dirige Berni, el encubridor de los asesinos de Facundo Castro, se acrecienta mientras queman casillas y destrozan escasas pertenencias.
Prensa Obrera
Docentes: el fracaso de la ´revinculación´ en CABA
La puesta en marcha del plan de apertura de actividades presenciales en las escuelas, acordado entre el gobierno de Larreta y Nación, ha redundado en un fracaso rotundo. Así lo demuestra el relevamiento llevado adelante por Ademys, que da cuenta de una concurrencia insignificante de alumnos, muy por debajo de lo previsto por los funcionarios. Asimismo, la continuidad de las asambleas por distrito, por sector y por escuelas que se siguen organizando da muestra de la disposición de lucha que anida entre la docencia.
El fiasco para Larreta y Acuña se explica, en buena medida, por el resultado de las reuniones y asambleas que los docentes llevamos adelante con las familias, que no han mandado a sus hijos a las escuelas y han expresado su oposición a la medida mediante pronunciamientos y cartas abiertas. Por otro lado, en las medidas gremiales votadas en las sucesivas asambleas que ha convocado Ademys, el paro se ha impuesto como la única herramienta efectiva para quienes han sido convocados a las actividades presenciales. UTE-CTERA había llamado a una medida individual de retención de tareas, pero luego de que el gobierno contestara que en ese caso se les descontaría el día y el presentismo, se ha llamado a silencio.
Como respuesta a su fracaso, el gobierno porteño ha decidido doblar la apuesta: presentó protocolos de vuelta de sala de 5 de nivel inicial, 1er grado, 1er año y nivel superior. A la par, ha reforzado las presiones sobre supervisiones y directivos para garantizar escuelas piloto y desarticular reuniones con las familias, con amenazas de sumario de por medio.
Pero las comunidades educativas e niegan a ser carne de cañón en la política improvisada que ya ha tenido consecuencias en la escuela técnica 15 de Barracas, con un trabajador auxiliar infectado y el cierre provisorio de la escuela. También con el caso de la escuela 10 del Bajo Flores, donde luego del primer día de apertura, la casera fue diagnosticada positivo de covid, teniendo que aislar a la conducción de la escuela, los auxiliares y dos maestras que habían mantenido contacto estrecho con ella. Esto es un botón de muestra de que la decisión de abrir escuelas implicará el crecimiento de los contagios. En primer lugar, porque la circulación comunitaria del virus aún es muy elevada en CABA; también porque las reaperturas se despliegan sin la infraestructura escolar adecuada para el desenvolvimiento de las “burbujas” de estudiantes, en relación a la cantidad de alumnado y el distanciamiento que se debiera respetar; tampoco se ha resuelto la entrega de elementos de protección, higiene y desinfección. De las 190 escuelas que debían abrir esta semana, muchas no lo hicieron por falta de estos elementos o porque el termómetro láser no funcionaba.
Todo pronóstico que apostaba al agotamiento y la disolución de la lucha docente ha sido desmentido. Las escuelas técnicas (las primeras en abrir) se han puesto de pie, pese a la entregada de los sindicatos UDA, AMET y de la misma UTE que, con gran inserción en este sector, han intentado frenar todo ápice de combate a las aperturas. Esta semana tendrán la tercera asamblea intertécnicas, que ha coordinado medidas de al menos 26 técnicas.
Otro de los sectores que ha salido a luchar es el nivel inicial. En este nivel está enquistada buena parte de la burocracia de Camyp, UTE y otros de los ´sindicatos-kiosco´ del gobierno porteño. La semana pasada se ha viralizado un video donde las docentes de inicial le decían en la cara a los funcionarios del gobierno que de ninguna manera volvemos en pandemia, mientras estos intentaban presentar materiales educativos.
Rápidamente brotaron las asambleas por escuela y, ante el bloqueo de la organización por parte de las representantes celestes de UTE, motorizaron una asamblea autoconvocada e impulsaron el paro de Ademys y la participación en la caravana a la Jefatura de Gobierno y otras actividades distritales. La docencia porteña redobla la apuesta sin esperar que las conducciones sindicales se apresten a salir a luchar. La pandemia, como crisis humanitaria, tiene al conjunto de los trabajadores docentes y las familias a la cabeza de la lucha en defensa de la vida, la salud y la educación.
Gisela Dorado
28/10/2020
miércoles, 28 de octubre de 2020
Pandemia: el gobierno baja los brazos
En un país que superó el millón de casos detectados de Covid-19 y que ocupa los primeros puestos internacionales en materia de contagios y muertes sobre cantidad de habitantes, que el presidente concluya un discurso de evaluación de la pandemia diciendo que se debe “hacer todo con mucha prudencia” ya que “no estamos en condiciones de decir que nos podemos quedar tranquilos, porque hay un número de contagios importante”, es una manifestación de cinismo. Y su traducción política, un intento torpe de ocultar el fracaso del gobierno en el control de la pandemia.
Efectivamente, al inaugurar el 21 de octubre una nueva etapa de la campaña sanitaria, Alberto Fernández, a falta de datos alentadores, apeló al eufemismo de la “meseta”. “Estamos estabilizándonos en una meseta de 15 mil casos diarios”, dijo, ocultando los datos duros: los contagios no disminuyen, aumentan. Argentina está en el sexto puesto en el ranking mundial con 2.200 casos detectados cada 100.000 habitantes. Y en materia de fallecidos llegó a más de 28.000 muertos, que eleva la mortalidad a 630 fallecidos por millón de habitantes: el doble que hace un mes y en el puesto 11º de una lista de 150 países que tienen una población superior al millón. Superior a Italia, Francia, Suecia y Colombia (datos de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos). Las medidas de aislamiento más fuerte, hasta mediados de mayo, han permitido que los casos se produzcan a una relativa baja velocidad (curva aplanada), pero siempre en ascenso. Si no se bajan los casos, no baja tampoco la cantidad de fallecidos, esta es proporcional a la cantidad de casos y la edad de los afectados.
Otra muletilla: “en el Amba se mantiene una meseta desde hace varias semanas”. Pero su nivel es altísimo, 5.500 casos diarios, sin bajar o haciéndolo en cantidades no significativas. El famoso “pico”, que solo se puede identificar con un descenso sostenido de varias semanas, no se ha producido. En cambio la curva puede ascender si aumenta la circulación, como lo viene haciendo en las calles, en el trasporte, en espacios públicos y en los trabajos. Y con ello los contagios, las internaciones y los decesos.
Se necesitan medidas efectivas que hagan retroceder los contagios, sin embargo la conducta oficial es la contraria. Basados en el “amesetamiento”, tanto el gobierno de Larreta como el de Kicillof flexibilizan aún más. En CABA se pasa a abrir gimnasios, colegios y el interior de bares y restaurantes, vedados hasta el momento. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde además de eso se está proyectando la habilitación del turismo de verano. Una conclusión es evidente, son las cámaras empresarias las que se imponen por sobre los criterios sanitarios, con el refuerzo de la agitación de los medios “opositores” y sectores anticuarentena, que han hecho del “cansancio social” y la crisis económica las banderas para la apertura indiscriminada de comercios e industrias.
La federalización de la pandemia
Es lo que sucedió en las provincias, que mantuvieron abiertas actividades de todo tipo en las primeras etapas de la pandemia cuando tenían pocos casos y ahora viven una situación descontrolada de contagios exponenciales y saturación del sistema de salud. Hoy el interior carga con el 65% de los casos activos y entre el 70 y el 90% de ocupación de camas críticas.
Un drama que ya se ha expresado en pacientes que no consiguen una cama de terapia o que deben ser derivados en arduos trasladados de varias horas de ambulancia, desde el interior provincial a las capitales. En Jujuy, en el norte de Salta, en Neuquén, se han vivido cuadros de hospitales saturados, atendiendo en los pasillos y con alta mortalidad que poco se han reflejado los medios.
Es también la experiencia de Europa. La llamada segunda ola es el producto de la presión capitalista para la apertura de las actividades económicas y recreativas, especialmente en el reciente verano, cuando la pandemia aparecía mitigada pero para nada dominada. Lo que ha llevado ahora a renovar los confinamientos, cierres de actividades y hasta la aplicación del estado de sitio -España, Francia, el norte de Inglaterra o el norte de Italia.
“Detectar”, un talón de Aquiles
Ya se ha vuelto un lugar común el que los confinamientos localizados más la detección, rastreo de contactos y aislamiento, son las armas más eficaces para mitigar la expansión del virus y facilitar el buen tratamiento de los casos que requieren atención hospitalaria. Los infectólogos y epidemiólogos asesores de la Casa Rosada declaran, cada vez más abiertamente, que sus recomendaciones en el tema no son atendidas por el gobierno. Y, curiosamente, no se les responde ni se dan explicaciones. O peor aún: “Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito”, según el ministro González García en Radio Continental.
Argentina es uno de los países del mundo que menos test por millón de habitantes ha realizado desde el inicio de la pandemia. Se ubica en la posición 74 en una lista de 140 países. Los testeos en el país llegan apenas a 60 mil por millón de habitantes, mientras países de Europa como Dinamarca realizaron 820 mil por millón o Israel 460.000.
Otro déficit: solo se testa a los que tienen síntomas. “No se está detectando a los individuos convivientes estrechos y familiares. Si se hiciera, el número de casos sería más alto. No se detectan a los presintomáticos (que están contagiados pero aún no manifestaron los síntomas) ni los asintomáticos, según Valentina Viego, docente de la Universidad Nacional del Sur e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Si bien no se publican datos, hay señales de que los lugares de aislamiento para sospechosos y asintomáticos se han utilizado muy poco. “En algunas jurisdicciones los positivos fueron aislados fuera del hogar (hoteles), pero en la gran mayoría el aislamiento se cumplió dentro de la vivienda sin más asistencia que la llamada telefónica de un operador, propagando el contagio al resto de la familia”(ídem). Tampoco se informa sobre la existencia y distribución de reactivos, fueron aprobados varios test rápidos de desarrollo nacional que sustituirían importaciones, pero el alcance de su uso es desconocido.
Dos más dos no es cuatro
Súmese a todo esto que el sistema estadístico en el país es inadecuado y el fraccionamiento de la carga de datos -entre provincias, municipios, estatales, privados y obras sociales- ha arrojado errores abultados. La provincia de Buenos Aires corrigió la cifra de muertes de 3.500 casos subregistrados. La falta de carga de test negativos, atribuido a la falta de personal y lo engorroso del trámite, arroja cifras deformadas de positividad en la mayoría de las regiones. Datos imprescindibles al momento de tomar medidas epidemiológicas basadas en la evidencia en cada una de ellas. De todos modos el índice de positividad sobre los testeos realizados es muy alto, entre 60 y 40%, lo que indica la insuficiente cantidad de pruebas realizadas. El nuevo operativo Detectar Federal para las provincias y su inversión de 10 mil millones de pesos, no ha llegado a aplicarse por lo menos en la mitad de ellas.
El cuadro actual y un programa necesario
Con todo, el problema más preocupante reside en la aplicación de las “recomendaciones” del Poder Ejecutivo para la ampliación de la restricción de circulación en las ocho provincias más críticas. Es una incógnita. Desde principios de agosto la dinámica de contagios se federalizó a todo el país, evidenciando la pérdida de control del sistema de salud respecto de los mismos.
La aplicación de las medidas queda librada al criterio de gobernadores e intendentes. Gobiernos como el de Mendoza directamente las rechazaron. No hay federalismo que justifique la ausencia de un plan nacional centralizado que atienda el interés común del país en el combate a semejante flagelo. Ayer el Amba, hoy el interior, forman parte de un país único con gran circulación entre regiones. Con la liberación del turismo, por ejemplo, el interior llevará el virus a la costa atlántica, la CABA a las sierras de Córdoba y así de seguido.
La clave consiste en que no hay voluntad política para resistir la presión capitalista y organizar un plan sanitario único y centralizado para todo el país, con un mapa de confinamientos localizados según las regiones. Con inversión de recursos y personal suficiente en operativos masivos de rastreo, detección y aislamiento y la centralización de todos los sistemas de salud y estadísticos bajo un comando único. En Europa, espantada por los rebrotes, se están emitiendo leyes y decretos de confinamiento de cumplimiento obligatorio para las comunas o provincias.
Debe agregarse, claro, la duplicación de la inversión en salud pública, especialmente para la protección y reforzamiento del personal, con foco en jerarquización y salarios que, evitando el pluriempleo, reduzcan el agotamiento, los contagios y la cuarentena de servicios enteros, que son causa de deterioro de la ya débil estructura sanitaria argentina. Finalmente, pero no menor, el trasporte y los lugares de trabajo, fuentes importantes de contagios: los protocolos y su cumplimiento debe quedar en manos de los trabajadores, para superar el boicot patronal generalizado existente, funcional a sus intereses económicos.
Para el “cansancio social” hay un antídoto eficaz, $30.000 mensuales para todo el que no tenga ingresos (en España son 500 euros); triplicación del presupuesto para ayuda alimentaria y saneamiento de barrios carenciados; prohibición efectiva de despidos y suspensiones.
Que los recursos no alcanzan es otra manifestación del cinismo oficial, cuando millones de dólares se fugan diariamente y se pagan a mafias de usureros internacionales. El impuesto a las grandes fortunas duerme en las oficinas del Congreso. Ante la inoperancia criminal gobernante, las organizaciones populares deben atacar esos flancos.
Sergio Villamil
Kicillof reconoce que 230 barrios privados no están registrados ni pagan impuestos
Las declaraciones de Kicillof sobre la situación irregular de los barrios privados bonaerenses desataron una reacción histérica de la oposición derechista de Juntos por el Cambio y de las cámaras que agrupan a los “desarrolladores inmobiliarios privados”. La respuesta del gobernador kirchnerista a estos ataques fue la de responsabilizar a la prensa por haber sacado de contexto su frase “la mayoría de los barrios privados y countries son prácticamente ocupaciones de tierras”. Kicillof se había referido a estos emprendimientos que no están habilitados ni pagan impuestos y por lo tanto estafan al fisco bonaerense.
¿Qué dijo Kicillof?
En rigor, el mandatario bonaerense buscó compensar la embestida de la derecha -que reclama mayor celeridad en el desalojo de las ocupaciones- con el reclamo de “regularización” de los barrios privados y clubes de campo mientras responsabilizaba al gobierno de Vida por la falta de un mapa de disponibilidad de tierra pública y privada. Una respuesta defensiva mientras el gobierno provincial ratifica la ejecución de la orden judicial de desalojo de las familias de Guernica y Berni exige mayores fondos para aprontar el envío de 4000 efectivos para reprimir la recuperación de tierras y la ocupación. El propio Kicillof reconoció que hay más de 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que carecen de acceso a la vivienda o habitan en condiciones de absoluta precariedad. La negligencia atribuida a la “herencia recibida” es manipulada para postergar sin fecha ni calendario una salida a las 4000 personas censadas en Guernica por una comisión mixta de vecinos, organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos y funcionarios del gobierno bonaerense.
Kicillof se queja de la prensa y la acusa de haber mutilado interesadamente sus declaraciones a los medios pero calla sobre una cuestión fundamental: los emprendimientos inmobiliarios desconocen la ley 14.449 que los obliga a ceder el 10% de cada emprendimiento a la vivienda popular. Esto es lo que denunciaron reiteradamente los vecinos de Guernica cuando presentaron sus propuestas al gobierno. La aplicación de la 14.449 es incumplida por el gobierno provincial, los intendentes, la “justicia” , los pulpos inmobiliarios que invocan derechos de “propiedad” , y por el propio Berni que hace campaña electoral dentro del PJ con la amenaza de una represión “manu militari” a las familias que luchan por la tierra. Desde Kicillof a Larroque, todo el kichnerismo gobernante en la provincia deja correr esta violación del “Estado de derecho” mientras proclaman el respeto a la propiedad privada.
El negocio de los barrios privados ilegales.
A la par que Kicillof ponía freno y moderación a su confrontación verbal con los “desarrolladores inmobiliarios”, los “referentes” de los barrios privados- incluido un recientemente formado “partido político” llamado Barrios Unidos- ponían el grito en el cielo por la supuesta equiparación que hiciera el gobernador de los countries con las “usurpaciones de tierras”. En su descargo, el presidente de la Federación Argentina de Clubes de Campo adjudicó a la lentitud de los trámites legales la demora en el registro de tierras. Nobleza obliga, el susodicho Patricio Gutiérrez Eguía minimizó la situación pretendiendo que se trataba de un “tema viejo” y que los reticentes a pagar serían “los menos”. Toda una definición que confirma aquello de que “no aclares que oscurece” Flojos de papeles, los representantes “legales” de los barrios privados deslindan la responsabilidad del pago del impuesto inmobiliario provincial en los “desarrolladores inmobiliarios”, quienes luego deberían cobrárselo a los propietarios en las expensas. La realidad es que según datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre un total de 871 barrios cerrados, hay unos 230 que no están registrados formalmente. El costo para el fisco, de acuerdo a las estimaciones de Cristina Girard, titular de ARBA, sería por lo menos de unos 1500 millones al año porque los “desarrolladores” eligen judicializar el proceso en lugar de pagar. Como se ve estamos frente a un fraude tolerado de “vieja data” en una provincia con gravísimas carencias habitacionales y derrumbe de la recaudación tributaria.
La proliferación de countries en algunos partidos del conurbano se convirtió en un gran negociado para los intendentes y los Concejos Deliberantes que habilitaron las instalaciones y dejaron correr todo tipo de irregularidades que hacen a la posesión de la tierra. La responsabilidad de los jefes comunales, y como parte de estos de los intendentes del Frente de Todos, ameritaría una investigación judicial, en principio sobre la situación de los 230 barrios cerrados sin registro. Estamos frente a una verdadera caja negra de las intendencias amasada con las coimas cobradas a los especuladores inmobiliarios para evadir irregularidades y trabas a la habilitación de los barrios privados. Un caso distintivo, pero no único, es el de Tigre donde el massismo financió su derrotero político en base a las concesiones de todo tipo a los countries.
Tierra para vivir
La polémica abierta por Kicillof y su disputa con los representantes de los barrios privados amenazan con seguir el mismo curso que otros recules del gobierno del Frente de Todos. No obstante, han vuelto a sacar a luz los intereses de clase que se esconden detrás del llamado “Estado de derecho” que le niega a los trabajadores el acceso a la tierra y la vivienda en plena pandemia y cuando uno de cuatro bonaerenses ha caído en la pobreza y una parte cada vez mayor en la indigencia como resultado de la desocupación, los despidos, el derrumbe de los salarios y el precio prohibitivo de los alquileres. La “crisis habitacional” es inherente a un régimen social que defiende al capital, las grandes constructoras, el monopolio capitalista de la tierra y la especulación inmobiliaria. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda y el Polo Obrero actúa y lucha y defiende incondicionalmente a las familias trabajadoras sin techo, que en Guernica, en la provincia y en todo el país, levantan la bandera de “Tierra para vivir”. No a los desalojos. Por un plan tierras, viviendas y urbanización bajo control de las organizaciones de los trabajadores financiando con un impuesto especial a los capitalistas y el no pago de la usurera y fraudulenta deuda externa. ¡Qué la crisis la paguen los capitalistas!
Daniel Rapanelli
martes, 27 de octubre de 2020
Qué representa para los trabajadores el acuerdo nacional que propone Cristina Fernández
Un texto de la Vicepresidenta, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de su esposo, desató toda clase de críticas y menores apoyos. En el caso de la llamada 'corpo', los comentarios se confunden con la manipulación intencionada. Es que después de meses de atribuirle a ella el gobierno del país, en desmedro del Presidente, califican su desmentido a estas denuncias o caracterizaciones como una artera crítica a Alberto Fenández, porque lo estaría responsabilizando de la onda devaluatoria del peso, al menos desde que se llegó a los acuerdos de deuda con los fondos internacionales. Palos porque bogas, palos porque no bogas.
El kirchnerismo y CFK han apoyado sin desfallecer al gobierno. ¿Hay una prueba más contundente de esto que su adhesión al arreglo de la deuda externa, a la negociación de un nuevo pacto con el FMI, a la conformidad con la desvalorización, por parte del gobierno, de las jubilaciones y salarios – inclusive al voto a favor del informe de la ONU que condena al gobierno de Venezuela por violación a los derechos humanos? CFK dio el ok al acercamiento al gobierno de Netanyahu y a la promoción de una ley que identifica al anti-sionismo como un delito antisemita. Son definiciones tanto estratégicas como de principios. Si como entienden algunos y algunas, la ex Presidenta se ha replegado en el silencio para oficiar como guardiana última en caso de derrumbe de la gestión política en curso, esto no hace más que reafirmar un compromiso político de defender el Estado y el conjunto de sus instituciones. Después de todo, pretende ser absuelta de los cargos de corrupción que se tramitan en la Justicia, no por la Historia, como una vez proclamó Fidel Castro, sino por esas mismas instituciones. Cuando CFK subraya la centralidad política de la institución presidencial – lanza un compromiso hipotético de que no visualiza reemplazar a Alberto Fernández.
Pandemia y crisis de régimen
La peculiaridad del texto de Cristina Fernández es que reconoce la impotencia del régimen vigente para tratar dos problemas fundamentales – de un lado la pandemia, del otro lo que llamó el sistema bimonetario, o sea la carencia de un régimen monetario propio, por parte de Argentina. A la “confianza” que reclaman las grandes patronales y el macri-radicalismo, la expresidenta opone la “incertidumbre” – o, más sencillo, la sociedad capitalista ha perdido la brújula. Reconoce, por esta vía, que el poder político sería incapaz de contener la irrupción de una situación revolucionaria. Del lado opuesto a esta caracterización, se encuentra el trumpismo internacional (y el radi-macrismo vernáculo), que asegura que la pandemia no representa ningún desafío estratégico para el capital, mucho menos histórico, y que así lo probará la aparición de una o más vacunas. No menciona en este escapismo ideológico el derrumbe de los sistemas de salud en todo el mundo capitalista; la carga económica insoportable del sistema farmacéutico para la inmensa mayoría de la población; la rivalidad, rayana en la agresión, entre los estados capitalistas, para imponer la vacuna propia; el derrumbe de las finanzas públicas, y por lo tanto, en última instancia, del sistema monetario, acentuado por el rescate del Estado a las corporaciones capitalistas.
Para decirlo con una frase remanida: la culpa no es de nosotros, dice CFK, “es el capitalismo, estúpido”. La prueba es que los estados no pueden gestionar la pandemia, ni desde el punto de vista económico, ni sanitario, ni social. Los pesos que han ido a la compra de dólares los ofreció el gobierno de los Fernández, a través del financiamiento bancario de los gastos de pandemia, los subsidios a las patronales, los créditos bancarios subsidiados al capital e incluso los impuestos a las transacciones financieras en divisas – el gobierno ya ha devaluado el peso cuando llevo el llamado ‘dólar ahorro’ a 140. La expresidenta interpela a las corporaciones y a la ‘oposición’ de si tienen otra receta que esta, con todas sus limitaciones y contradicciones, y los convoca a un acuerdo. Debemos suponer que sabe que el llamado cae en saco vacío. Las crisis capitalistas acentúan los antagonismos entre los diferentes capitales – sería absurdo que ocurra lo contrario. El lucro que busca el capital no es ‘social’, es privado. CFK debe estar pensando en el Presupuesto 2021, que la ‘opo’ rechazó en comisión, pero podría votar a favor en el recinto con carácter general. El problema es que ese proyecto de Presupuesto es una ficción, por la misma razón de que el peso se devalúa a nivel internacional e interno. Para septiembre se prevé una tasa mensual del 3 por ciento.
El otro escollo insalvable que señala la Vicepresidencia es el carácter “bimonetario” del dinero en Argentina. Es el reconocimiento de que el país carece de autonomía política. La caracterización es, sin embargo, confusa. De un lado porque la mayor parte de los países tienen un régimen ‘bi-monetario’. Los ‘70 del siglo pasado fue la era del “euro-dólar” – la circulación del dólar en el sistema bancario europeo. La bancarrota de 2007/8 mostró que la creación del euro no había superado la dependencia de la Unión Europea del dólar: los bancos en Europa fueron rescatados gracias a la apertura de una línea de crédito de la Reserva Federal al Banco Central Europeo. Lo mismo volvió a ocurrir en 2010 y 2012, y, claro, en los meses recientes. En otros países las reservas internacionales en dólares sobrepasan por lejos las necesidades de caja del comercio exterior; la moneda del país circula sobre la base de un activo específico – la divisa norteamericana. Las exportaciones norteamericanas representan el 20% del comercio mundial; el uso del dólar como unidad de cuenta y medio de circulación llega a un 50%; el 75% de las reservas internacionales en su conjunto están constituidas, en cambio, por dólares. En la década del 90, China había convertido su excedente comercial en títulos públicos de Estados Unidos.
Cuando se considera a Argentina, el pergamino de la expresidenta se desluce por completo. El gobierno kirchnerista vació el Fondo de Garantías de Anses, el activo del Banco Central y parte del Nación, con su política de “desendeudamiento”. Les transfirió a ellos la deuda externa a medida de los vencimientos, a cambio de billetes norteamericanos. La deuda pública, sin embargo, siguió creciendo. Desde la crisis de deuda de 1976 hasta ahora, el régimen monetario fue llevado a la disolución por la vía de los default de deuda externa, cada diez años, más o menos, produciendo una enorme concentración de capitales a fuerza de una caída enorme de los niveles de vida. No puede haber nunca un régimen monetario autónomo, frente a una deuda pública de un monto similar al PBI, en moneda extranjera. El intento de evitar la dolarización del sistema monetario mediante la creación de moneda del Banco Central conduce simplemente a la inflación y a la bancarrota. El sistema bancario crea moneda contra garantías patrimoniales o de ganancias futuras; la simple emisión de papel no crea riqueza ni alternativa de creación de riqueza. El fenómeno argentino es mundial, como lo prueba que la deuda pública internacional es más del ciento por ciento del PBI del conjunto de los países. El ministro Guzmán aseguró, durante bastante tiempo, que superaría estos problemas mediante la creación de “un mercado de capitales doméstico” (una vieja promesa de los gobiernos K), y en estos días ha comenzado a emitir deuda pública ajustada al dólar o directamente en dólares.
La crítica neoliberal al emisionismo ‘populista’ desarrolla un cretinismo inverso. Dice que la liquidación del circulante en ‘exceso’ produciría la estabilidad monetaria, sin aclarar que ello llevaría a una parálisis completa de la economía. Descuenta que la ‘confianza’ desataría una ola de inversiones, sin importar si existe la oportunidad del lucro. El dinero circulante no son solamente los billetes sino las cuentas de ahorro y a plazo corto o mediano; la supresión de este ‘excedente’ devolvería a Argentina a una economía de trueque. Es el entramado de todas estas contradicciones lo que ha llevado a acuñar la expresión “tormenta perfecta”, no para Argentina sino para todo el sistema mundial. El señalamiento de una crisis sistémica, por parte de CFK, ha recibido una respuesta mediocre, rayana en el analfabetismo, de parte de la meritocracia criolla. Este tipo de impasse ha sido la señal, en el curso de la historia del siglo XX, de las irrupciones de fascismo, por un lado, y el bolchevismo, por el otro. La historia se repite, decía Hegel – de los trabajadores y de los socialistas depende que sea como epopeya y no como tragedia y farsa.
El ‘acuerdo nacional’ y los trabajadores
El mundo del trabajo y el activismo obrero acaban de recibir la confesión de bancarrota del régimen vigente, por boca de la líder política más significativa de este mismo régimen. La izquierda del régimen convoca a la derecha del régimen a un acuerdo, para salvar, ni más ni menos, que a ese régimen común. Para agravar el impasse, la derecha responde que no acepta el acuerdo. Más allá de unos y otros, ese acuerdo no tiene la capacidad de ofrecer una salida. Lo prueba el hecho de que CFK no colocó sobre la mesa un programa para ese objetivo.
Frente al arrasamiento de las condiciones de vida y de la vida misma, que provoca la pandemia capitalista, los trabajadores debemos producir nuestro propio acuerdo – mediante la deliberación, la organización y la lucha. El régimen se declara impotente, pero no por eso renuncia a descargar esa impotencia sobre nuestras espaldas. La necesidad de un acuerdo de la clase obrera es el contenido que tiene nuestro planteo a favor de un congreso de trabajadores.
Es claro que los sindicatos no están encabezando este llamado, porque la burocracia forma parte del otro acuerdo que tampoco va a ocurrir. Ello no representa, sin embargo, un obstáculo para desarrollar esta iniciativa, a traves de congresos parciales y pronunciamientos, y una campaña por un congreso de trabajadores y por pronunciamientos. El verdadero obstáculo es la incomprensión que haya de nuestra parte acerca del estado de impasse extrema del estado y el gobierno de la clase explotadora, no solamente en Argentina sino, incluso con más potencia, en otros países.
Jorge Altamira
27/10/2020
La derrota aplastante de Piñera y la derecha en Chile
En la naturaleza, como en la historia, hay un punto en que la cantidad se transforma en calidad. Es el caso de la victoria del Apruebo y del establecimiento de una Convención Constitucional electa por el voto popular. El ‘score’ de casi 80 por ciento a 20, contra el Rechazo y contra una Asamblea digitada por el Congreso representa una rebelión popular. Nada lo indica mejor que la circunstancia de que solamente en tres comunas ganó el Rechazo: el equivalente, en Buenos Aires, a Recoleta, Palermo Chico y Barrio Parque – y solamente por una diferencia de diez puntos. La polarización social no podría ser mayor, ni la orfandad del pinochetismo de las clases altas. Luego de la rebelión popular de octubre del año pasado, que reunió a un millón y medio de personas en Santiago, es claro que los trabajadores y pobladores de Chile han sabido defender su capacidad de iniciativa política.
La Convención Constitucional que será elegida en abril próximo, debuta sin embargo en un impasse, inmediatamente después de su fecundación. El medio año que debe transcurrir para su elección y el otro para la entrada en funciones, está dominado por una crisis monumental y por una crisis humanitaria. La gestión política sigue en manos de un gobierno que defiende la Constitución del pinochetismo y que fue repudiado por un voto popular abrumador. Antes de asumir su tarea, la Convención nonata ha dejado al desnudo una vacancia de poder. La situación guarda algún parecido con la Francia de 1789, cuando la monarquía convoca a los estados generales, una institución estamentaria, que es reemplazada casi de inmediato por una autoconvocatoria del tercer estado, que declara la Asamblea Nacional. Entre esto y la toma de la Bastilla transcurren 50 días (23 de mayo al 14 de julio). Piñera debe llevar adelante la política económica y social derrotada ayer en un escenario indomable. El reclamo para adelantar un segundo retiro del 10 por ciento de las cuentas individuales de los Fondos de Pensión, podría ser perfectamente el detonante de una crisis pre-constituyente, porque las AFP monopolizan, en Chile, la financiación de la economía. Llamativamente, el gobierno las ha autorizado a invertir un porcentaje del dinero en activos en el exterior, no se sabe si para ampliar el campo de negocios de ellas o para que los pongan a resguardo en el extranjero. Nunca hubo mayor fuga de capitales en China que cuando la burocracia gobernante temió que las manifestaciones en la Plaza Tian An Men desataran un levantamiento popular.
Otro aspecto de este impasse es que la Convención ha sido sujeta a la obligación de que los artículos constitucionales deban reunir los dos tercios de los votos, lo cual podría dar a la derecha, eventualmente, un poder de veto anticipado. La fiesta de la democracia no está privada de sinsabores. La soberanía popular ha sido violentada por un acuerdo de convocatoria entre el oficialismo y la mayoría de la oposición. Uno y otro conservan el monopolio de la representación política, dado que no ha sido modificada la legislación electoral. Como toda convulsión histórica es rica en la irrupción de nuevas fuerzas y agrupamientos, es claro que se les ha impuesto un chaleco de fuerza. Los partidos pactistas, especialmente el centroizquierda y la izquierda oficial, se han asegurado un monopolio de representación en una Convención que les fue impuesta en las calles y en las urnas por un pueblo rebelado. Es una contradicción explosiva.
Nada es igual a antes, sin embargo, como tampoco hay chalecos, incluso de fuerza, que no pierdan sus costuras. Esencialmente, las reiteradas movilizaciones de la última década por el fin de la educación privada o por el fin del sistema previsional confiscatorio, han producido un salto político. Este salto ha partido a la derecha en dos o incluso en tres, más allá de los intereses económicos de cada capilla. Un sector, encabezado por el intendente Lavin, considerado presidenciable, busca un entendimiento con la otra orilla, que el resto de la derecha rechazó en el día de ayer, conjuntamente con un ala fascista que ha empezado a organizarse y a actuar. En el centro izquierda reina también la división. El destino de estos enjuagues, que se autojustifican con la remanida consigna de gobernar para todos y todas, está condicionado por un proceso que ha escapado a su control.
Al final, el relato del ascenso de la derecha en el mundo se ha disuelto como nieve en verano, como Macri lo ha sufrido a sus costas. El relevo operado por los Arce en Bolivia y los Fernández en Argentina, o por los Biden en EEUU, se encuentra, sin embargo, visiblemente comprometido. Las crisis del capital, por un lado, y las rebeliones populares, por el otro, son más poderosas que las maniobras de comité y las conspiraciones de Comodoro Py. En un plano determinante, opera la pandemia, que desnuda el carácter destructivo del sistema capitalista sobre el ser humano y la naturaleza. Sobre esta base retrógrada el fascismo puede volver a mostrar su rostro siniestro, en la lucha entre el socialismo y la barbarie.
Jorge Altamira
27/10/2020
Más deuda dolarizada y ajuste, el plan Guzmán en medio de la deriva devaluatoria
Quienes adjudicaban el problema cambiario a los laburantes que corrían a comprar su cupo de 200 dólares mensuales, para preservar aunque sea parte de su poder adquisitivo o poder hacer alguna diferencia al venderlos en el mercado paralelo, debieron reconocer que ello no era verdad. Pero el supercepo sigue firme para los trabajadores, mientras que se ofrecen variadas alternativas de salida a los empresarios.
En los últimos días de octubre vencen unos 125.700 millones de pesos, mientras que en noviembre se deberán afrontar obligaciones por 340.000 millones. Para renovar exitosamente estos vencimientos, y deprimir la demanda de dólares, se volverá a emitir bonos atados a la evolución del tipo de cambio. Estos instrumentos permiten a los capitalistas ponerse al resguardo de la devaluación, pero quitan al gobierno la posibilidad de beneficiarse del único efecto positivo de ella: licuar la deuda en pesos.
Desde el entorno de Guzmán aseguran que estos bonos servirán para sacar billetes de circulación, pero no es cierto; gran parte de quienes ingresen a la licitación serán los bancos que desarmen sus inversiones en Leliq. Lo que en realidad busca el ministro es demostrar que cumplirá con el volantazo recientemente anunciado, acerca de que en lugar de cubrir la mayor parte del déficit fiscal del año próximo con emisión monetaria lo hará en base a endeudamiento. Buena parte sería recurriendo a los organismos internacionales, entre ellos probablemente el FMI.
La otra medida es una subasta de 750 millones de dólares hecha a medida de Pimco y Templeton, los pesos pesados de los fondos de inversión que ingresaron al jugoso carry trade en los años de Macri, aprovechando siderales tasas de interés en pesos. Es decir que para ofrecer una válvula de escape que drene la presión sobre el contado con liqui, y bajar así la brecha cambiaria, el gobierno permite que estos fondos realicen en dólares las ganancias de un negocio usurario -que terminó en la crisis de deuda del 2018 y el acuerdo con el FMI.
Esto, después de haber calificado de irresponsable al gobierno anterior por el Bono Dual, de un mecanismo similar. Las estimaciones, no obstante, dan que en la misma situación hay un universo de 7.000 millones de dólares. ¿Hasta dónde piensa endeudarse en moneda extranjera para achicar la brecha?
La letra chica del contrato de estos bonos se conocerá en los próximos días, pero en el mercado se calcula una tasa de retorno del 15%. Es un rendimiento descomunal, propio de Estados en default, que quintuplica la tasa de interés a la que se endeudan los países de la región y duplica la del gobierno macrista. Es también lo que están rindiendo los bonos recién canjeados -cuyos precios sufrieron un desplome sin precedentes tratándose de deuda recién reestructurada. En la Argentina gobernada por quienes venían a darle una lección a los fondos buitre y a defender el «capitalismo productivo», los bancos y los popes del capital financiero están embolsando ganancias más altas que en cualquier otro lugar del mundo.
A pesar de todo, las medidas no convencen a la burguesía y sus voceros. El JP Morgan acaba de calificarlas como «curitas». Lo que les preocupa no es el rumbo leonino, sino que a la ecuación le falta un factor. Es insostenible endeudarse para cubrir el déficit al nivel que se está emitiendo pesos. Además de llevar ya emitidos 1.700 millones de dólares en bonos en pesos atados a la devaluación, el Banco Central tiene vendidos contratos de futuros por 5.600 millones de dólares. Para creer en que dejará de financiarse con asistencia del Central, lo que piden a coro al gobierno la clase capitalista y el Fondo Monetario es que sincere el drástico ajuste fiscal que tiene en carpeta. Es lo que está delineando Guzmán en el prometido «plan plurianual».
Por lo pronto, lo único cierto es que Alberto Fernández está contra la espada y la pared, producto de su política de rescatar a los usureros internacionales. El hecho de que se encuentre metiendo la mano en los depósitos en dólares, por el agotamiento de las reservas, azuza la tendencia a una corrida bancaria. Si las medidas de Guzmán son exitosas, sus costos leoninos los pagará el pueblo trabajador. Pero lo más probable es que vuelva a fracasar, y asistamos a una voraz devaluación que, por supuesto, también será facturada a los trabajadores.
La única salida progresiva pasa por rechazar el pacto con el FMI, y luchar por imponer un plan económico discutido y dirigido por la clase obrera, partiendo de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y el repudio de la deuda usuraria en manos de quienes funden al país.
Iván Hirsch
A 10 años de la muerte de Néstor Kirchner: una vida al servicio de la burguesía nacional
Devaluación y rescate al capital
En su discurso de la asunción a la presidencia de la nación, pronunciado el 25 de mayo del 2003, fue el propio Néstor Kirchner quien declaró que el objetivo estratégico de su mandato sería la reconstrucción de la burguesía nacional. El concepto de “reconstrucción” aludía directamente a la crisis del 2001, porque la salida de la convertibilidad planteó la amenaza de quiebra de un sector muy amplio de las empresas de capital nacional y también internacional que habían apoyado y se habían beneficiado bajo el menemismo. Los empresarios locales abrazaron con entusiasmo el ciclo de las privatizaciones que encabezó Menem, porque vieron la posibilidad de asociarse más a fondo con el capital internacional para acaparar la infraestructura del país, explotar sus recursos naturales y avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores. Un ejemplo demostrativo fue lo ocurrido con la privatización de las jubilaciones, que fue apoyada por todos los banqueros nacionales, incluida la banca llamada «solidaria» del Credicoop, y también por la burocracia sindical, que se asoció a los bancos como socios minoritarios en las AFJPs. Se invocaba que dicha privatización serviría para crear un mercado de capitales local en moneda nacional, pero concluyó no solo con un confiscación del aporte previsional de los trabajadores sino también con una fuerte devaluación que golpeó duramente al peso y una “pesificación” que confiscó a los ahorristas. Otro ejemplo similar fue lo sucedido con el petróleo. En su carácter de gobernador de una provincia petrolera, Néstor Kirchner fue un factor importante para ejecutar la privatización de YPF y el traspaso de la propiedad del subsuelo a las provincias, incorporado como uno de los puntos centrales de la reforma constitucional que habilitó la reelección de Menem. Los famosos 600/1000 mil millones de dólares que depositó en el exterior con destino nunca esclarecido, y que en todo caso pavimentaron su proyección política, fueron la “comisión” de la entrega petrolera.
La crisis del 2001 y la salida de la convertibilidad llevaron a que el empresariado reclame la intervención del Estado para evitar una quiebra generalizada del capital. Antes que Néstor Kirchner, fue su mentor Eduardo Duhalde el que impulsó la pesificación de los pasivos de las empresas y la emisión masiva de deuda para asistir a los bancos. Quien más se benefició de esta medida fue el grupo Clarín, cuyos pasivos en dólares amenazaban con llevarlo a la bancarrota o a mal vender la empresa a capitales extranjeros. La devaluación, además, favoreció al conjunto de la clase capitalista al desvalorizar la fuerza de trabajo medido en dólares. El ciclo económico internacional, dictado por el llamado acople chino-norteamericano, permitió una reactivación de la demanda mundial que impactó en la suba de los precios de las materias primas. La capacidad ociosa que tenía el aparato industrial instalado en el país permitió, en este contexto, un crecimiento sin demandar inversiones significativas. En lo esencial a esto se redujo el supuesto milagro del kirchnerismo del 2003-2007.
Setentismo y patria contratista
En el plano ideológico y de los discursos, las modificaciones operadas fueron relevantes. Quienes habían gobernado con el menemismo, haciendo loas de las privatizaciones y del libre mercado, pasaron a promocionar las ventajas de la intervención del Estado. Este travestismo tuvo su expresión más cabal en Néstor Kirchner, quien de ser un defensor de las privatizaciones pasó a desempolvar un setentismo tardío e impostado. En cierta medida, su mayor mérito radica en esta versatilidad, que le permitió acompañar y hasta cierto punto promover el giro que necesitaba la burguesía nacional. En la política de derechos humanos el cambio de discurso fue aún más pronunciado. Néstor Kirchner pasó de apoyar activamente la reelección del indultador Carlos Menem en 1995 a definirse como hijo de las Madres de Plaza de Mayo en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, durante sus primeros años de gobierno se negó a anular las leyes de impunidad votadas bajo el gobierno de Alfonsín. Solo lo hizo cuando comenzaron a acumularse pedidos de extradición de genocidas por varios países europeos. Frente a esto los propios militares preferían ser juzgados en el país que en el extranjero.
La reconstrucción de la burguesía nacional anunciada como misión prioritaria de su gobierno planteaba una cuestión de fondo: quién pagaría o financiaría dicha reconstrucción. La respuesta no tardó en aparecer. La proliferación de una política de subsidios masivos a las empresas por parte del Estado mostró que sería financiado por la población laboriosa, sea por el pago de impuestos que van al fisco, o como fue sucediendo con mayor fuerza con el correr de los años, con emisión monetaria que acrecentaba el impuesto inflacionario que también pagaban los trabajadores. Estos subsidios al capital muchas veces estaban disfrazados como un subsidio a la población. Es lo que sucedía con el congelamiento tarifario, que tenía como contraparte subsidios masivos a las empresas de energía, del transporte u otros servicios. El congelamiento tarifario reducía el costo de la canasta familiar y con ello de los propios salarios, lo que implicaba un beneficio al conjunto de la clase capitalista instalada en el país. En materia energética estos subsidios adquirieron un volumen fenomenal, llevando a que el gobierno pase del superávit al déficit fiscal. La inviabilidad de mantener esos subsidios en el tiempo llevó a una huelga de inversiones de las empresas, obligando en determinado momento a importar energía. Ya bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la factura anual que debió pagarse por dicha importación superó los u$s 10.000 millones. Así, al déficit fiscal se le sumó el déficit de la balanza comercial. Al mismo tiempo para absorber parte de la emisión monetaria se incurrió en el déficit cuasi fiscal del Banco Central, creando un negociado a los banqueros con las Lebacs que sigue hasta nuestros días en las Leliqs, potenciado por el macrismo y ahora por Alberto Fernández.
La política de subsidios, se sabe, entrelaza a quien lo entrega con quien los recibe. Dicho de otro modo: los funcionarios tienen amplio margen para beneficiar a empresas amigas, a cambio de todo tipo de favores o retornos. Es así como aparecieron los Lázaro Báez, Ferreyra, Cristóbal López, Eskenazi y compañía, cuya «acumulación originaria» estuvo directamente relacionada con el acceso a la ayuda del Estado. El fenómeno, a su modo y a su escala, se repitió en toda América Latina y caracterizó a todos los llamados «gobiernos populares». Lula fue quien impulsó más a fondo esta orientación, mediante el apoyo directo a grupos como Odebrecht no solo en Brasil sino en todo el subcontinente. Varios de los golpes que hemos visto en América Latina en estos años tuvieron que ver con disputas por grandes esferas de negocios entre estas burguesías apalancadas desde los Estados y los monopolios imperialistas. Los cambios de gobierno en Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay tuvieron que ver con estos negocios del gigante de la construcción brasilero.
Quienes rechazan la caracterización de que Néstor Kirchner fue un cuadro de la burguesía nacional citan una serie de choques, algunos importantes, entre el ex presidente y los grupos empresariales locales. Todo eso es cierto, pero no desmiente sino que confirma esa caracterización. Sucede que el capitalismo es un sistema basado en la competencia. Cada grupo capitalista brega por sus propias demandas. Ante esto la función de los gobiernos no es traducir de modo automático las demandas y reclamos de cada grupo empresarial sino poner por delante los intereses generales de la clase capitalista. Perón llegó a declarar la disolución de la UIA y la Sociedad Rural pero siempre con el propósito de crear las condiciones de un desarrollo capitalista. Néstor Kirchner no fue tan lejos como Perón. Sus choques nunca pasaron a mayores. Cuando Chávez amenazó con expropiar la filial de Techint en Venezuela, Néstor Kirchner intervino a su favor para asegurar una indemnización millonaria.
Como todos los gobiernos que se reclaman «nacionales y populares», el de Néstor Kirchner buscó una alianza cerrada con la burocracia sindical, como un recurso para estatizar al movimiento obrero y evitar una acción política independiente. Poco antes de su fallecimiento, impulsó la creación de La Cámpora, pero les hizo una advertencia: no cometan el error de los 70 y no se metan en los sindicatos. La relación con la burocracia sindical se la reservaba exclusivamente para él. Por eso es verosímil que cuando una semana antes de su fallecimiento una patota de la Unión Ferroviaria organizada por Pedraza asesinó a Mariano Ferreyra en el barrio de Barracas, el golpe sobre su deteriorada salud haya sido muy severo. Él como nadie era el responsable político máximo del pacto entre su gobierno y la burocracia sindical, y agregamos acá, las empresas concesionarias del ferrocarril y del transporte.
Transversalidad y bonapartismo tardío
Aunque muchos quieran asimilarlo al peronismo, Néstor Kirchner se destacó por ser quien de un modo muy agudo visibilizó su tendencia al agotamiento y su alto grado de descomposición. En los primeros años de gobierno eludió una y otra vez la presidencia del Justicialismo. Cuando impulsó a su esposa como su sucesora, lo hizo en una “concertación plural” con el radicalismo que se plasmó en la fórmula de Cristina Fernández-Cobos. Su decisión de apoyarse directamente en el PJ estuvo determinada por la derrota del gobierno en el conflicto del capital agrario en el 2008 y la derrota electoral del 2009. O sea, fue un recurso último para evitar la caída del gobierno.
La muerte de Néstor Kirchner produjo cambios políticos significativos. Se frustró para siempre el plan de una alternancia dentro del propio matrimonio presidencial que permita sortear las restricciones constitucionales de reelección por más de dos mandatos. Sin embargo y a pesar de su muerte, el crecimiento transitorio que tuvo la economía mundial luego de la crisis del 2008, principalmente por el empuje de China, le permitió a Cristina Fernández de Kirchner lograr su reelección con cifras récord en el 2011. Por fin el kirchnerismo cobraba la forma de un régimen bonapartista, pero como señalamos desde el Partido Obrero, se trataba de un bonapartismo tardío. Las condiciones económicas generales rápidamente iban a mostrar que ese triunfo era en buena medida un espejismo. Las derrotas electorales del 2013 y el 2015, tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires, mostraron que la burguesía nacional a la que Kirchner había servido en vida reclamaba un nuevo giro, que sería encabezado por el macrismo. El programa de ese giro era la vuelta al mercado de capitales y abrir un nuevo ciclo de endeudamiento. Quienes gobernaron con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de modo masivo colaboraron activamente con el macrismo. Lo prueban las leyes aprobadas por el PJ a Macri, el viaje de éste con Massa a Davos y los acuerdos sellados entre Triaca y la CGT.
La vida política de Néstor Kirchner, sus momentos de ascenso y también sus derrotas, aparecen entonces íntimamente ligados a los cambios y virajes de una clase capitalista que ha fracaso en desarrollar al país, incrementar la productividad del trabajo, independizar al país de la dominación imperialista y lograr un creciente bienestar de la población. Los más 15 millones de pobres, los casi 4 millones de desocupados, la crisis habitacional, la primarización de la economía, la falta de una moneda nacional, son todos testimonios de ese fracaso histórico que envuelve a los Kirchner, a los Macri, a los Menem, a los De la Rúa-Álvarez y a los Duhalde. La superación de esa experiencia fracasada solo puede venir desde el campo de los trabajadores, con una alternativa socialista.
Gabriel Solano
lunes, 26 de octubre de 2020
De la evasión de molinetes al proceso constituyente chileno
Este domingo, casi el 80% de los votantes del plebiscito de reforma constitucional se inclinaron en Chile por el “Apruebo”, y en la misma proporción, por una convención en que la totalidad de sus miembros surjan de una elección específica (dicho comicio se llevará a cabo en abril de 2021). La participación estuvo diez puntos por encima de la última elección presidencial y las masas celebraron el resultado en las calles.
Las masas ven este proceso como una conquista de la rebelión iniciada en octubre pasado. Dicha rebelión tuvo como detonante un aumento en el boleto del subte, usado por tres millones de santiaguinos, mayormente trabajadores y estudiantes. A comienzos de ese mes, el movimiento estudiantil inició un proceso de evasión de molinetes. El gobierno desplegó efectivos de Carabineros en las estaciones, con lo que solo logró atizar la bronca popular. El viernes 18 de octubre se convirtió en la fecha icónica de la rebelión: ese día se producen barricadas, cacerolazos e incendios de estaciones del subte y de bancos, que sufren la represión estatal. El presidente Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia y saca el ejército a las calles. La respuesta al “boletazo” solo era la punta del iceberg de un cuestionamiento a todo el régimen político heredero del pinochetismo, con sus injusticias y su privatización de la salud, la educación y las jubilaciones. Esto lo sintetizó la consigna “no son 30 pesos [monto del aumento del cospel], son 30 años”.
Aunque el gobierno anuló el aumento, la rebelión ya estaba en desarrollo. El lunes 21, 100 mil personas se movilizan en Santiago y otras decenas de miles en el resto del país. Paran los portuarios y los mineros de La Escondida. Piñera declara que el país está en guerra y redobla la represión, que para el 21 ya había dejado 17 muertos -algunos de ellos durante saqueos y otros fusilados por las fuerzas de seguridad-, cientos de heridos y miles de detenidos, además de denuncias de violencia sexual contra detenidas. El nerviosismo de la clase dominante queda retratado en un audio de Cecilia Morel, esposa del primer mandatario, quien compara al levantamiento con una invasión alienígena.
El miércoles 23, se inicia un paro general de 48 horas convocado por la Unidad Social, que reúne a la CUT y organizaciones populares. Cientos de miles reclaman en las calles el fin del estado de emergencia y que se vaya Piñera. Ante la dificultad de quebrar el levantamiento por medio de la pura fuerza bruta, Piñera hace un llamado al “diálogo social”, que es rápidamente correspondido por la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical. Y anuncia un pequeño aumento salarial y de las jubilaciones. Otra vez, un audio de la primera dama resume el estado de ánimo en los círculos del poder económico, al asegurar que era el momento de compartir parte de sus privilegios para no perderlo todo. El viernes 25, más de un millón de personas salen a las calles, en una de las movilizaciones más grandes de la historia en el país trasandino. Conforme crece la movilización, se agudiza el ensañamiento de Carabineros, que se ganará el repudio universal por su siniestra metodología de disparar a los ojos para cegar a los manifestantes.
El 12 de noviembre tiene lugar el tercer paro general, con bloqueos de los mineros, marchas obreras y movilizaciones. A contramano del reclamo para que se vaya Piñera, la Unidad Social (donde tallan fuerte el PC y el Frente Amplio) plantea como orientación la apertura de una mesa de diálogo.
Apenas tres días después de este gigantesco paro, se anuncia un “acuerdo social” entre el gobierno y casi toda la oposición parlamentaria (incluyendo un sector del Frente Amplio), que estipula entre otros puntos la convocatoria al plebiscito constitucional que tuvo lugar este domingo. Es un intento por sacar a la población de las calles y resguardar la institucionalidad del régimen. La trampa del proceso constituyente es que impide la participación de las organizaciones surgidas al calor de la rebelión y reserva un poder de veto a la derecha, al establecer un quórum de dos tercios para imponer modificaciones a la carta magna de raíces pinochetistas.
Gracias a este acuerdo político, Piñera logró mantenerse en el poder, no obstante lo cual continuaron las movilizaciones y se desarrollaron asambleas populares en los barrios.
Tras un paréntesis estival, las grandes movilizaciones se retomaron en marzo de este año, teniendo como pico las dos millones de personas movilizadas el 8M, en el día internacional de la mujer trabajadora. La jornada se transformó en un gigantesco pronunciamiento contra Piñera, los femicidios y por el aborto legal.
Este era el cuadro cuando arribó la pandemia. Piñera evitó todo lo que pudo la instauración de una cuarentena en regla, en función de los intereses de los grandes empresarios que querían seguir con el funcionamiento habitual. Recién en mayo, en medio de una situación sanitaria calamitosa, el gobierno decreta una tardía cuarentena en el gran Santiago. Para entonces, se habían desarrollado ya cacerolazos en demanda de medidas sanitarias y bloqueos en el ingreso a la isla de Chiloé, en reclamo del cierre de la isla. Como resultado de la política del gobierno, Chile es uno de los países de la región más afectados por el Covid-19.
La crisis económica se agudizó con la pandemia, empezando por un desplome del 13% en el segundo trimestre. El Estado inyectó recursos masivamente para rescatar a los bancos y las empresas y adoptó un préstamo de 23 mil millones de dólares con el FMI. En cambio, los trabajadores sufrieron suspensiones masivas y despidos. Las consecuencias sociales quedarían expuestas en jornadas como la del 18 de mayo, en la que sectores empobrecidos se movilizaron contra el hambre y la carestía y chocaron con las fuerzas policiales.
Aunque la pandemia le impuso un compás de espera a las grandes jornadas que caracterizaron el comienzo de la rebelión y los primeros días de marzo, hubo cacerolazos el 2 y 3 de julio, movilizaciones del movimiento de mujeres contra los femicidios, así como manifestaciones y un paro portuario para que se autorice el retiro del 10% de los fondos de las AFP ante la crisis -una medida extremadamente limitada, pero que fue enfrentada por Piñera y sus dueños en ocasión de su debate parlamentario.
En el aniversario de la rebelión, el 18 de octubre, cientos de miles volvieron a ganar las calles en Santiago y en todo el país, retomando el hilo de aquella gesta histórica. Sigue planteada la lucha por echar a Piñera y por una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana, que pueda reorganizar el país sobre otras bases sociales.
Gustavo Montenegro
Rosario, capital del Covid
Quebremos la política criminal de las ART
Es muy común en los pueblos del interior ser identificados como la “capital” de algún producto o algún paisaje típico de la zona. Rosario y el gran Rosario han entrado en la etapa de ser catalogadas como la “capital del Covid”.
El crecimiento del virus es arrasador. Los casos se multiplican día a día, poniendo de manifiesto una inmensa crisis sanitaria, el colapso de los hospitales y una generalización de contagios en las barriadas que, proporcionalmente, supera a los que registraba el conurbano bonaerense hace un par de meses atrás.
En el movimiento obrero, la cuestión del Covid se ha agravado enormemente en los gremios aceiteros, molineros, químicos, metalúrgicos y empleados de comercio. Cuatro de las grandes aceiteras registran decenas de casos de Covid y en Acindar, entre efectivos y contratados, la cifra se estira a 100 trabajadores; los molineros y la poderosa Festram denuncian situaciones similares. En todos lados proliferan los casos.
La cuestión de la salud de los trabajadores santafesinos se ve agravada por dos factores fundamentales. Primero, el gobierno de Perotti logró aprobar la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de las ART. El proyecto había perdido estado parlamentario, pero apenas asumió la gobernación, Perotti arremetió con su aprobación a pedido de los grandes industriales.
La adhesión, como en todo el país, transforma la legislación santafecina sobre las ART en una dictadura de las comisiones médicas que son pagadas con un fondo conformado por las mismas ART. Estas son un inmenso obstáculo para los trabajadores al momento de recurrir a la justicia en caso de que no hubiese acuerdo con la prestación dineraria ofrecida por la aseguradora al afectado o en caso de que no se reconociera el carácter profesional de su enfermedad.
No se había secado la tinta de la aprobación de la ley de adhesión a este régimen cuando todas las ART que operan en la provincia decidieron de conjunto no considerar más al covid como enfermedad profesional, limitando las prestaciones solamente a los trabajadores de la salud.
Para justificar esta decisión criminal, las aseguradoras se basaron en un artículo del decreto nacional que indica que esa cobertura es obligatoria mientras dure la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La provincia de Santa Fe pasó a la etapa de distanciamiento en el mes de junio -cuando todavía no había circulación comunitaria del virus- y, por ese motivo, las ART dejaron de cubrir los tratamientos a los afiliados con covid.
Distintos sectores gremiales -municipales, molineros, aceiteros, metalúrgicos- vienen reclamando tibiamente que es necesario que se asegure esa cobertura, sobre todo ahora, cuando se dispararon los contagios y el sistema público de salud está al borde del colapso. La respuesta del gobierno provincial fue “tomar nota y elevar” esos reclamos a la Nación, señalando que es la autoridad de aplicación.
Para el ministro de Trabajo de la provincia, la decisión de las ART es una “una cuestión técnica”, pero a los trabajadores les va la vida en ello.
Algunas fábricas y comisiones internas han comenzado a discutir llevar el reclamo a sus direcciones gremiales. Es necesaria una movilización de todos los gremios para quebrar esta pollita criminal de las ART a las que el gobierno provincial viene de darles el gran espaldarazo.
El cordón industrial santafesino -sin contar el Covid- lleva acumuladas 14 muertes por accidentes de trabajo en los últimos tres años y acaba de producirse el “milagro” de que no hubiese una decena de muertes más en la explosión de los días pasados en la Terminal 6.
Es muy importante que se logre un paro y una movilización de todos los gremios santafecinos en defensa de la vida e imponerles a las ART la atención y el pago de las prestaciones dinerarias para resarcir las secuelas que deja el Covid como un primer paso porque, en definitiva, no se trata de establecer nuevas condiciones de atención de las propias ART sino de derogar la ley de ART. Así como se pudo derogar las AFJP, se pueden eliminar las ART y volver a una ley de accidentes de trabajo que funciono durante 75 años en el país y solo fue derogada para evadir la reparación del daño causado por la explotación a los trabajadores.
Juan Ferro
26/10/2020
El “proyecto Artigas” y los Etchevehere, realidad y relato
Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de agricultura de Mauricio Macri y ex titular de la Sociedad Rural Argentina, lleva adelante desde hace días una vigilia de productores frente a la entrada de Casa Nueva, un campo en disputa hereditaria con su hermana Dolores Etchevehere, ubicado en Santa Elena, Entre Ríos. Reclama el desalojo de un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que forma parte de la CTEP, liderada por Juan Grabois, y de su propia hermana, quien propone donar el 40% de sus tierras para el desarrollo del “Proyecto Artigas”, un emprendimiento agroecológico. Ambos bandos aguardan el fallo la Justicia, luego del fracaso de la audiencia de conciliación celebrada el domingo pasado.
El caso Etchevehere se cuela en la crisis política y es usado por el oligarca para azuzar la idea de que estamos en vías de ser “Argenzuela” y emprender una cruzada fascistizante en “defensa de la propiedad privada” que el gobierno y el “foquismo guevarista 2020” que encarnaría Juan Grabois estarían buscando arrasar. Por el lado del gobierno, se involucraron de manera directa Victoria Donda en representación del INADI y de la abogada Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Los ‘productores’ sitiaron el campo. El domingo desarrollaron un “banderazo federal” en la tranquera de la estancia, emplazando al poder político y judicial. Grabois argumenta que “Dolores Etchevehere es legítima heredera de este campo”, dando cuenta de que no tiene ninngún litigio con la propiedad privada, como había insinuado cuando alentaba un ‘reforma agraria’.
A lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, se multiplican las tomas de tierra en reclamo de vivienda, bajo el peso de una pobreza estructural que alcanza a más del 50% de la población. Este proceso tiene su epicentro en Guernica, donde el gobernador Kicillof mantiene la amenaza de un desalojo violento de sus ocupantes. Ninguno de los funcionarios del “ala izquierdista” del Frente de Todos salió en defensa de los ocupantes de Guernica. El caso rimbombante del ex ministro macrista les permite pegarle a la oposición de Juntos por el Cambio, sin considerar que FMI-Guzmán no ha esperado el fallo judicial para ponerse en contra del caso entrerriano, en tanto que AF se desvela por superar la grieta.
Dolores Etchevehere afirma haber tenido una revelación tras leer la encíclica papal “Laudato Si”. Dice que lleva adelante un proyecto bajo los principios de “verdad, justicia y reparación”. Por lo pronto, se ha valido de esto para movilizar a una parte de las “organizaciones sociales” oficialistas en su apoyo, en el marco de una disputa familiar. La propiedad privada se encuentra a salvo con unos y otros
Asistimos a una malversación de la lucha contra la oligarquía agraria, a la que nadie pone en cuestión en este caso.
El “Proyecto Artigas”, que debe su nombre a la contiguidad de la provincia con la Banda Oriental reaviva la crisis política en lo que tiene que ver con el relato, no es una embestida contra el capital financiero, al cual el kirchnerismo saluda por su disposición a entrar en un ‘heroico’ acuerdo por la deuda externa, que solamente sirve para aumentar la hipoteca que pesa sobre el Tesoro, o sea los contribuyentes que pagan IVA en supermercados, verdulerías y almacenes. Las tierras de los Benetton y los Lewis -verdaderos dueños de la Patagonia- no están afectadas, ni los que recibieron tierras del estado para expandir la frontera de la soja. El problema de fondo de la vivienda para el conjunto de los trabajadores sin techo, sigue a la intemperie.
Ana Belinco
26/10/2020
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