jueves, 30 de abril de 2020

El Congreso Nacional, de una cuarentena a otra

Entre barbijos y alcohol en gel, luego de chicanas de un lado y del otro, se realizó la reunión de labor parlamentaria en donde el oficialismo y los jefes de bloques de la oposición avanzaron en un acuerdo para que el Congreso vuelva a funcionar, a partir de la semana que viene. La metodología acordada sería mixta: los jefes de bloque estarán presentes en el recinto y el resto de los diputados lo hará de forma virtual.
Queda por definirse la elaboración de un protocolo que establezca en qué condiciones se van a desarrollar las sesiones. Si bien oficialistas y opositores consensuaron que necesitarían aprobar por dos tercios la modificación del reglamento de la Cámara para implementar esta forma de funcionamiento, la oposición quiere ponerle un límite de tiempo a la posibilidad de sesionar de este modo. Sergio Massa señalo que la resolución debería renovarse cada 30 días para evitar “que la situación extraordinaria no se transforme en un hábito”.
El acuerdo, sin embargo, ha dejado heridos en JpC. Previo a la reunión, alrededor de unos 80 legisladores del bloque macrista llegaban desde sus provincias, en lo que denominaron “la travesía por la democracia”, para insistir en hacer una reunión con la presencia de los 257 diputados. Pero otro grupo de 15 diputados, que responden a Emilio Monzó y los radicales del bloque porteño de Evolución, salió a diferenciarse públicamente del ala “dura”, y acompañaron con su firma el pedido de una sesión remota para el jueves 30 de abril. El diario La Nación (28/4) ventiló la reacción del sector de Negri: “Que nos corran con la unidad y jueguen para el enemigo según les convenga no es aceptable. O adentro o afuera, no vamos a llorar por diez diputados ". Esta interna en la oposición ha llevado a que queden suspendidas, por el momento, las reuniones de la mesa chica del espacio macrista.
Los que en nombre del republicanismo reclaman que “funcionen las instituciones” y han caracterizado que en el gobierno se “enamoran del estado de excepción” (Negri en Perfil 23-4), pretenden llevar al Congreso una agenda anti obrera, como es el levantamiento de la cuarentena para los negocios, con la precaución de encerrar a los mayores y a quienes tienen problemas serios de salud. Han adelantado que se opondrán al impuesto, envuelto en prolongado misterio, ‘a los ricos’, pero darán conformidad a los DNU que han eximido a las patronales de los aportes jubilatorios. Es lo que viabilizaría la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargado de legalizar los DNU. La Convención Constituyente de 1994, harto elogiada por el ‘progresismo’, ha colocado al parlamento en el asiento de atrás del gobierno por decreto de necesidad, un poder del Ejecutivo. El ‘estado de excepción’ se viene practicando desde más de un cuarto de siglo.
Mientras tanto, repetimos, sigue sin aparecer el famoso proyecto de ley para “gravar a los ricos”, impulsado por los K y según Infobae (28/4) “No se sabe aún si estará incluido” en la agenda parlamentaria cuando se reactiven las sesiones. Este impuesto ‘in pectore’ se ha convertido en pieza de litigio en la negociación de la deuda externa, por una razón tan evidente como oculta – los ‘ricos’ tiene su ‘riqueza’ en títulos de la deuda pública.
La pelea por el funcionamiento del Congreso no tiene nada que ver con los principios democráticos, porque el parlamento se ha convertido estructuralmente en una escribanía – se pronuncia cuando los hechos han sido consumados. Es lo que ocurre cuando vota el Presupuesto, donde figuran los intereses de la deuda en cuya contratación o renegociación no interviene, o en los acuerdos con el FMI, y nunca discute ni vota nada que tenga que ver con el Banco Central. Es el escenario que sirve para esconder lo que se decide en trastienda. Los parlamentos surgieron para arrebata el poder al Ejecutivo o inclusive ejercer el gobierno en forma directa, lo que ocurre ahora es lo contario – se prestan a funcionar como fachada de un poder que no tienen intención y medios de controlar.
El gobierno actual es ejercido por una cooperativa de ejecutivos, que va desde el binomio presidencial a los intendentes pasando por los gobernadores, tanto oficialistas como opositores. La fracción que quiere romper esta cooperativa, una minoría del macrismo y la mayoría de la UCR y el grupo de Carrió, quiere un Congreso presencial para dar mayor resonancia a sus críticas. En el medio juegan los Lousteau, Graciela Caamaño y el ex peronista y ex macrista Monzó. El parlamentarismo ‘a full’ es reclamado por los lobbistas de los fondos internacionales de deuda y de la gran industria y comercio. El oficialismo prefiere que lo haga a medio motor, como ocurre, por otra parte, en otros países donde la división política patronal es acentuada – Francia, España, Italia.
Una expresión de estos conflictos, muy publicitada, pero por poco esclarecida, tuvo lugar cuando AF ofreció un tiempo y un espacio de salida en el marco de la cuarentena. Días antes Rodríguez Larreta meneaba lo contrario: reanudar actividades económicas y encerrar a los viejos con cuatro cadenas para que no murieran con la disolución de la cuarentena. Los viejos eran la bola del juego para zanjar la disputa acerca de ‘reabrir’ la economía. Tanto el intendente de la Ciudad como el Presidente tuvieron que recular sin disimulo, porque la expansión de la pandemia no daban lugar ni a una ni a otra alternativa. Continuar la cuarentena en las condiciones establecidas ha llegado a un punto de choque que también la convierte en inviable. El impasse político no podría ser más claro – los macaneos sobre el funcionamiento del Congreso son una pantalla de aquellas contradicciones y conflictos. La cuestión de la crisis política se va a resolver en otro terreno y con la participación de todas las clases sociales en una lucha abierta.
En definitiva, la reanudación de las sesiones del Congreso de manera presencial, mixta o como fuera, no sacará de este impasse político a la clase gobernante. Mostrará sin atenuantes la incapacidad del parlamento y de todas las instituciones capitalistas para ofrecer una salida a los problemas acuciantes de los trabajadores. Nosotros, el Partido Obrero (T) estamos sin atenuantes por un funcionamiento presencial, pero advirtiendo los intereses capitalistas y golpistas que se escudan detrás de un reclamo parecido. Como demócratas, pero especialmente como revolucionarios y socialistas, ‘preferimos’ los choques abiertos entre las clases, a los sigilosos, atenuados o manipulados. Pero se trata, de conjunto, de una cuestión secundaria – lo fundamental es que la clase obrera profundice la lucha que está librando, para plantarse como fuerza política independiente de todas las bandas patronales. El Congreso no va a parir nada bueno, ni cabe esperar nada de una acción legislativa – podría convertirse en foro golpista, como ha ocurrido en Brasil, Honduras, Paraguay. Esto con una bancarrota económica generalizada y una negociación de deuda para la que los Fernández piden el apoyo del FMI, Merkel, Macron y Sánchez, y el Club de Paris. Todos estos abren la canilla de los subsidios para rescatar capitales, no trabajadores.
Las asambleas y reclamos que proliferan entre los trabajadores de la salud, la ocupación obrera en Bed Time, el paro de los trabajadores de la carne, de los repartidores y el rechazo de las bases de los gremios a aceptar suspensiones con rebajas salariales, marcan como la clase obrera va abriendo un camino propio. Vamos con todo.

Mariano Hermida
29/04/2020

Macri, las fundaciones y la CIA

En el marco de la pandemia desatada por el COVID-19, reflorecen los lazos del expresidente Mauricio Macri, su partido y sus fundaciones con las ONG vinculadas a la USAID, la NED y los organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Las firmas del ex presidente argentino Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, aparecen en el documento impulsado por la Fundación Liberta, que preside el escritor peruano neoliberal Vargas Llosa. En el documento se atacan las políticas preventivas (de distanciamiento social y cuarentena) llevadas adelante por el gobierno del presidente Alberto Fernández para combatir la pandemia provocada por el COVID-19.
El texto del tanque de pensamiento ultraneoliberal señala que «en España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente». Y se remarca el estupor por el creciente «estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado».
«En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión», señalan los firmantes del documento que no casualmente eligen no hacer ningún tipo de mención sobre la brutal represión desatada por la dictadura golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, la violación constante a los derechos humanos impuesta por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile o el incesante asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el gobierno de Iván Duque, en Colombia.
En el documento se destacan las firmas de referentes del neoliberalismo, como Mario Vargas Llosa (Perú), Mauricio Macri (Argentina), José María Aznar (España), Ernesto Zedillo (México) y Álvaro Uribe Vélez (Colombia). También aparecen, entre otras, las de los argentinos Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual titular de PRO, Darío Lopérfido, ex secretario de Cultura, y Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa.

El injerencismo velado

Es larga y repetida la utilización que los partidos de ultraderecha y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos hacen de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones. Con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación que las presentan como entidades sin intereses políticos ni partidarios ni viciadas con la burocracia de Estado, muchas de estas organizaciones son usadas como punta de lanza para atacar los procesos populares, canalizar fondos para los movimientos de derecha o los sectores golpistas y construir agendas públicas contrarias a los intereses de las mayorías.
La red de fundaciones y ONG que se esparce por todo el mundo para actuar como un elemento más de la política exterior norteamericana inició su accionar a mediados del siglo XX. En 1961, el presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy creó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida mundialmente como USAID por sus siglas en inglés (United States Agency for International Development). Veintidós años después, en 1983, el presidente republicano Ronald Reagan dio origen a la Fundación Nacional para la Democracia, conocida como NED (National Endowment for Democracy). Junto con la NED se crearon el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Demócrata Nacional (NDI), el Centro de Estudios para la Solidaridad Laboral Internacional (ACILS) y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE).
Represores de las últimas dictaduras, partidos de derecha, paramilitares, medios de comunicación, la CIA y los fondos buitre fueron incorporándose detrás de nombres que reivindican los mejores valores de la humanidad, la democracia y la libertad.
En su libro Evo en la mira, CIA y DEA en Bolivia, la periodista argentina Stella Calloni analizó en profundidad el vínculo de la NED con la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. En base a una investigación del periodista Thierry Meyssan, Calloni aseguró: «La mayoría de las figuras históricas de las acciones clandestinas de la CIA han sido en algún momento miembros del Consejo de Administración de la NED, entre ellos Otto Reich, John Negroponte, Henry Cisneros o Elliot Abrams».
Sería casi interminable señalar la cantidad de denuncias, investigaciones y pruebas que muestran cómo la NED, la USAID, el IRI y el NDI (y las entidades que de ellos se derivan) funcionaron (y funcionan) como brazos de la CIA para canalizar dinero ilegal hacia sectores golpistas o desestabilizadores. Solo para marcar algunos casos, se puede señalar que estuvieron detrás de los intentos de golpe de Estado contra Hugo Chávez, en Venezuela (2002), Evo Morales, en Bolivia (2008), Rafael Correa, en Ecuador (2010), el golpe de Estado contra Fernando Lugo, en Paraguay (2012) y el intento desestabilizador en Cuba a través del caso conocido como «Zunzuneo».

Macri y las ONG de la CIA

En Argentina es de larga data el vínculo de estas entidades de la CIA con diversas organizaciones como la Fundación Libertad, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Vital Voice, la Fundación Pensar, la Fundación Creer y Crecer y varios de los referentes de la política local, como Mauricio Macri, Laura Alonso y Patricia Burllich.
Seguramente de todas estas organizaciones la de mayor relevancia es la Fundación Libertad. Esta entidad ha logrado convocar en sus encuentros a figuras de la derecha internacional. En sus cenas anuales participan el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, el ex presidente español José María Aznar, el funcionario norteamericano Roger Noriega (vinculado a la ley de bloqueo contra Cuba y al financiamiento de los Contra en Nicaragua), y en algún momento se anunció la presencia de la bloguera Yoani Sánchez, quien se dedica a atacar constantemente al gobierno cubano, el filósofo español Fernando Savater, el ex presidente argentino Mauricio Macri y, por supuesto, el presidente de la entidad, el escritor peruano Vargas Llosa.
Desde la Fundación Libertad se atacó constantemente al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Durante el intento desestabilizador de 2008, esta entidad tuvo un rol clave. Desde su sede de Rosario, provincia de Santa Fe, fomentó el paro patronal de los productores rurales.
Según se señala en la propia página de la NED, durante 2019 se canalizaron, a través de IRI y CIPE, casi 350.000 dólares para promocionar actividades de entidades afines, entre las que se encontraba la Fundación Libertad.
El vínculo del ex presidente argentino con el Instituto Republicano Internacional (IRI) no es solo a través de la Fundación Libertad. Según señaló el periodista Santiago O’Donell en su libro Argenleaks, en 2007 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, mantuvo una reunión con miembros de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. En aquel encuentro, además de señalar que el PRO era «el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de 80 años de historia argentina», que estaba listo para asumir el poder, Macri –según se detalla en el cable enviado por el cónsul político estadounidense, Mike Matera– aseguró que su fundación, Creer y Crecer, trabajaba «con el Instituto Republicano de Estados Unidos (y también con la fundación Konrad Adenauer de Alemania) en la formación de nuevos liderazgos».
Cabe recordar que Creer y Crecer fue creada por Mauricio Macri en 2001, que allí se sentaron las bases para fundar el partido Compromiso para el Cambio, que en 2005 se fusionó con el partido Recrear Argentina, liderado por Ricardo López Murphy (también ligado a la Fundación Libertad), fusión con la que se dio surgimiento al partido Propuesta Republicana (PRO).
Otras ONG vinculadas a dos miembros del PRO han mostrado tener vínculos estrechos con la NED o con fondos buitre. Los casos de las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich son ejemplos claros.
Varios medios han denunciado que la fundación Vital Voices, vinculada a Laura Alonso, recibía fondos de Paul Singer. En un artículo titulado «Fondo buitre financió el premio Nisman coraje», el diario Tiempo Argentino señala que «a comienzos de 2013 se conoció que Paul Singer era uno de los financistas que colaboraban con la fundación estadounidense Vital Voices, cuya filial argentina fue fundada por la diputada del PRO Laura Alonso».
Por su lado, el partido Unión por Todos, de la diputada Patricia Bullrich, tiene estrechos vínculos con la fundación UnoAmérica, organización que recibe fondos de la NED y que se ha dedicado a atacar a todos los procesos populares de la región.
Otro dato no menor es que Julio Cirino fue uno de los referentes de la Fundación Pensar, autodenominada la «Usina de ideas de PRO». Cirino fue procesado por la Sala II de la Cámara Federal acusado de haber sido integrante del Batallón 601 (inteligencia militar), bajo el alias de «Jorge Contreras», y en esa función haber estado involucrado en la desaparición de militantes del grupo Montoneros durante la dictadura militar.
Según asegura un artículo titulado «Del think tank del PRO a la prisión», publicado el 22 de febrero de 2013 en el matutino Página/12:
Notas focalizadas en el quehacer político de la Argentina.
«La Secretaría de Derechos Humanos informó en la causa que Jorge Contreras era en realidad ‘el Gordo’ Cirino, quien dirigió durante la dictadura el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del 601». Página/12 informó en 2008 que Cirino había sido uno de los referentes de la Fundación Pensar, ligada al macrismo. «Según los anuarios de Pensar, Cirino recibió en su nombre al embajador de Colombia y participó de un seminario sobre ‘delincuencia, minoridad y violencia’ en Mar del Plata y de un panel sobre ‘seguridad’ junto al ex jefe de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco y el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg». En el artículo también se señala que, según un cable desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cirino tenía estrechos vínculos con la Embajada norteamericana y fue designado secretario en la Embajada argentina en Washington.
Otro de los casos de vínculos con la NED es el de exdirector de la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fernando Straface. En su reporte anual de gastos de 2015, la NED informó que le otorgó 139.959 dólares al CIPPEC. Según figura en la propia página de la NED, esta entidad entregó a CIPPEC la suma de 99.959 dólares, para la realización de «Argentina Debate», y 40.000 dólares más para una «campaña de conciencia pública sobre las reformas prioritarias para el fortalecimiento institucional y la mejora de las políticas públicas». Cabe recordar que esta ONG fue una de las principales organizadoras del debate presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri de cara al balotaje.
No parece un dato menor que, poco tiempo después de que Mauricio Macri se hubiese asegurado el triunfo, el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), anunció que el secretario general de su gobierno sería, justamente, Fernando Straface.

CFK lo advirtió

Ya en 2015, durante la Cumbre de las Américas llevada adelante en Panamá, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a la histórica política intervencionista que a través de estas ONG y fundaciones ha desarrollado Estados Unidos en la región.
En respuesta a algunas de las declaraciones que había hecho el presidente Barack Obama durante su alocución, la entonces presidenta argentina aseguró: «Es cierto que las interferencias que recordamos y a las que hizo mención, por ejemplo, el presidente Castro, derrocamientos de gobiernos democráticos, tal vez los más emblemáticos los de Salvador Allende y Jacobo Árbenz, forman parte de la historia, de invasiones o de la tercerización de los golpes a través de las Fuerzas Armadas locales de cada país. Pero también es cierto que han surgido nuevas formas más sutiles de intervención e influencia en nuestros gobiernos a través de lo que se conoce como ‘los golpes suaves’. Golpes suaves donde se utilizan medios masivos de comunicación multinacionales, denuncias falsas, asociaciones caprichosas de Estados con otros Estados para hacer no sé qué cosas y conspiraciones. Son más sutiles, son más sofisticadas, pero no por ello dejan de ser intervenciones y siempre encuentran su origen en nuevas organizaciones bajo el nombre de ONG […] ONG que siempre ‘luchan’ o por la ‘libertad’ o por los ‘derechos humanos’ o por todas las cosas loables que todos compartimos, que nunca se sabe de dónde se financian, que siempre están dispuestas a hacer las denuncias más esotéricas, que nunca pueden comprobarlas, pero que apuntan claramente a la desestabilización de los gobiernos de la región y, fundamentalmente, de aquellos gobiernos, curiosamente, que más han hecho por la equidad, por la educación y por la inclusión social».
Luego de su discurso y en conferencia de prensa, la mandataria volvió a remarcar: «Hay otras formas de intervención más sutiles y sofisticadas, bajo la forma de ONG que nadie sabe de dónde vienen ni quienes la financian, pero luego se descubre que tienen reuniones secretas en algunas embajadas».

Héctor Bernardo
29/04/2020

A 43 años de la primera ronda de las Madres

El 30 de abril se cumplen 43 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Ocurrió en 1977, cuando en Argentina reinaba el terrorismo de Estado, y miles de trabajadores y estudiantes eran secuestrados por los grupos de tareas de la dictadura de Jorge Rafael Videla para ser asesinados en los campos de concentración.
Las madres y familiares de los desaparecidos buscaban a sus hijos en las comisarías, bases militares, juzgados, iglesias. Todos les cerraron las puertas, cómplices o protagonistas directas del genocidio. Pero eso llevó a que las madres de los secuestrados se empezaran a encontrar en los pasillos de las instituciones como tribunales. Todas vivían situaciones iguales y así llegaron a la conclusión de que las desapariciones eran obra de la dictadura. Decidieron juntarse en Plaza de Mayo. A la primera ronda fueron 12 mujeres, con el paso del tiempo se fueron sumando más y más.
Muchas madres eran de la clase trabajadora, amas de casas sin militancia política. La lucha por la aparición con vida de sus hijos y nietos las terminó convirtiendo en un ariete implacable contra la dictadura, con la bandera de los 30 Mil. La dictadura y la Iglesia Católica atacó a las madres y las abuelas -al principio una sola organización- calificándolas como locas y parte de la “campaña antiargentina”.
En diciembre de 1977, mientras preparaban una solicitada para que fuera publicada por el diario La Nación, fueron secuestradas 12 personas: tres madres de Plaza de Mayo incluida su presidenta, Azucena Villaflor, dos monjas francesas y militantes de derechos humanos. El grupo había sido infiltrado por el genocida Alfredo Astiz, que se fingió familiar de desaparecidos.
El mismo día de su secuestro, la solicitada apareció a toda página en el diario La Nación, con unas 2.500 firmas, en su enorme mayoría de mujeres que usaron sus apellidos de casadas para identificar a sus hijos. Entre ellas, nuestra compañera Catalina Guagnini, Marta Vázquez, Graciela Fernández Meijide, Carmen Lapacó, María Adela de Antokolotez, Chela Mignone, Chicha de Mariani y Hebe de Bonafini.
Política Obrera (actual Partido Obrero Tendencia), apoyó desde sus inicios las movilizaciones de las madres y familiares de desaparecidos. Editaba el boletín Libertades Democráticas, donde difundía las persecuciones y desapariciones, y también la resistencia a las violaciones de derechos humanos. Varias militantes de Política Obrera estaban integradas a Madres -como Tona Luna en Lomas de Zamora- y a Familiares de Desaparecidos -la legendaria Cata Guagnini fue una de las fundadoras-. A pesar de la cooptación del kirchnerismo a buena parte de madres y familiares, están las madres que nunca bajaron los pañuelos y denuncia el rol represivo del estado, como la impunidad de ayer y hoy, y rechazan la “vuelta de página” que propone Alberto Fernández, solo otro nombre para la amnistía de los genocidas.
Reivindicamos a las madres que se destacaron por su militancia independiente del estado y leal a los intereses de los explotados: Mirta Baravalle, Elia Espen, Nora Cortiñas, Graciela Ledo, y en ellas a todas las que nunca bajaron las banderas de los 30 mil detenidos-desaparecidos.
A 43 años de la primera ronda de madres, 30 mil compañerxs desaparecidxs ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE! Juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices eclesiásticos y civiles.

Lautaro Brodsky
28/04/2020

miércoles, 29 de abril de 2020

Kicillof en manos de los bonistas



La propuesta del gobierno de Axel Kicillof para la reestructuración de la deuda externa bonaerense fue rechazada por el comité de bonistas que tiene en su poder más del 40% de los 7.148 millones de dólares que buscan renegociarse.

La oferta, según destacan desde el propio entorno de Kicillof, toma los “criterios y proyecciones de Nación, que están convalidados por el Fondo Monetario Internacional”, es decir que se cobija dentro del acuerdo fondomonetarista para el repago de la deuda. La propuesta incluye un período de gracia sin pagar vencimientos por tres años, un recorte del 55% sobre los cupones de intereses (que están en un nivel usurario histórico) y una quita de capital del orden del 7% que legitima el grueso del megaendeudamiento fraudulento que dejaron Vidal y Scioli, y que asciende a unos 12.000 millones de dólares, nominado en más de un 80% en moneda extranjera.
A pesar del rechazo de esos grandes fondos, varios observan que la oferta es más tentadora que la presentada por Martín Guzmán para la deuda externa nacional. Aprietan para arrancar mayores concesiones a una provincia que se encuentra quebrada, pero que promete un esquema para pagar lo que hoy son “bonos incobrables” –y cuya cotización está por suelo. El valor de mercado de los bonos reestructurados que ofrece Kicillof está cerca de lo que reclaman los lobos de Wall Street, pero estos ajustan las clavijas para exprimir la “verdadera capacidad de pago de la provincia” e imponer menores plazos o capitalización de intereses durante el período de gracia. Esta presión cuenta con el antecedente a su favor del recule del gobierno ante el apriete de Fidelity, que terminó con el pago en febrero de 277 millones de dólares en efectivo.
No es un dato menor que el Gobernador promocione su propuesta a los bonistas en plena crisis de los hospitales y la salud en general, principalmente por el crecimiento de los contagios entre el personal sanitario a causa del vaciamiento y la carencia de insumos y elementos de protección. Por otra parte, Kicillof tuvo que volver a apelar al gobierno de Alberto Fernández para intentar satisfacer los reclamos de los intendentes del PJ y de Cambiemos, que amenazan con no pagar los sueldos de los municipales si no les giran nuevos fondos. La frazada corta de la que tironean los gobiernos nacional, provincial y municipales es el resultado de que todos se comprometen a rescatar a los capitalistas a fuerza de subsidios y exenciones impositivas; mientras, crece la miseria y la desocupación.
La única garantía del repago de la deuda es el ajuste sobre las condiciones de vida de los trabajadores bonaerenses, que hoy son víctimas del juego de extorsiones por el reparto de los fondos para hacer frente al quebranto de las arcas públicas.
El apriete de los bonistas le marca la cancha a Kicillof, que además ató su suerte a la de Martín Guzmán. Algunos medios se han hecho eco de que grandes fondos como BlackRock ya se está alistando para recurrir a los tribunales de Nueva York si la negociación no prospera. La provincia podría terminar sirviendo de tubo de ensayo de default, ya que quedó como el pato de la boda del intento de rescate de la deuda nacional. Esto, cuando las cajas provinciales no recaudan dólares sino que deben comprarlos al Banco Central, y por ende la devaluación agiganta el peso de la deuda.
El vencimiento de 110 millones de dólares de principios de mayo pondrá a contar el reloj para evitar una cesación de pagos, lo que actúa como un factor de presión sobre el gobierno del delfín de Cristina Kirchner. Una quiebra declarada abriría una enorme crisis con las patronales, en momentos en que estas arremeten contra la cuarentena y contra los salarios y puestos de trabajo, para reclamar una mayor asistencia estatal. Sería además un factor de agravamiento de la crisis política, en medio de las tensiones con los intendentes peronistas, que buscan aceitar su línea directa con el Presidente puenteando a Kicillof.
Tanto un acuerdo cediendo ante los bonistas como un default justificarán nuevas ofensivas contra los trabajadores. Se recrudecerán los ataques al salario de los docentes y los estatales, y el saqueo de la caja del Instituto de Previsional Social que llevará a nuevos intentos de barrer con la movilidad de los jubilados bonaerenses. Por eso es tan vergonzoso el “autoaislamiento” al que se han confinado todas las burocracias de los sindicatos de los trabajadores del Estado bonaerense. Pero eso no evita que la provincia se convierta en un polvorín ante el crecimiento de la pobreza y la desocupación, como evidencia la tendencia creciente a la deliberación e intervención de los trabajadores que se expresa en el acampe y movilización del frigorífico Penta de Quilmes, la ocupación de BedTime en Tigre o las acciones de las obreras marplatenses de Textilana.
La única salida para los trabajadores es partir del desconocimiento de la deuda usurera y la ruptura con el FMI. La catástrofe sanitaria y social reclama la intervención de la clase obrera para enfrentar la ofensiva capitalista y para reorganizar a la provincia con un programa económico debatido y ejecutado por los trabajadores. La tarea de la hora es poner en pie de lucha a los sindicatos, rompiendo la parálisis de la burocracia.

Daniel Rapanelli

¿Se rompe el Mercosur?



Detrás del portazo virtual que pegó el gobierno argentino al apartarse de la agenda de negociaciones de los acuerdos de libre comercio del Mercosur, asoma un dislocamiento de bloque regional.
Cuando la Cancillería argentina comunicó el viernes 24 que se abría de las tratativas para la firma de acuerdos comerciales con Corea del Sur, Canadá, India, Singapur y el Líbano -que vendrían avanzando impulsadas por Brasil, Uruguay y Paraguay-, el Mercosur entró en un impasse, porque los países socios deben negociar este tipo de tratados obligatoriamente en forma conjunta.
Desde el gobierno argentino aseguran que de todas maneras no obstaculizarían las gestiones, sino que proponen un funcionamiento a “dos velocidades” para no romper el bloque. El resto de los gobiernos afirma que la agenda prevista para alcanzar los acuerdos de libre comercio seguirá su curso. Además, Argentina no dejaría las negociaciones para avanzar en la implementación de los tratados con la Unión Europea y el EFTA (compuesto por Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia). Pero el asunto es complicado, y es el bloque mismo el que peligra.
Desde la Casa Rosada fundamentaron la decisión en los reclamos de las patronales industriales, tanto argentinas como brasileñas, ya que el día anterior fue publicada una solicitada conjunta de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil que expresa "gran preocupación” por el impacto de un eventual acuerdo con Corea del Sur.
De esta manera, Alberto Fernández presenta su política como una defensa de la industria nacional, contra la orientación liberal de los otros gobiernos que favorece una apertura que reforzaría la primarización de la economía ¿es así?
En realidad no. El centro de gravedad de la decisión oficial es preservarse de cualquier acuerdo que limite la potestad de fijar retenciones a las exportaciones, que es una de las posibilidades que se barajan en las negociaciones bilaterales. No es una política de desarrollo nacional, porque las divisas que se recaudan finalmente se fugan en el pago de la deuda.
Pero el apartamiento de la cocina de los tratados del bloque regional puede traer serias complicaciones, y ya todos los sectores clave de la burguesía criolla pusieron el grito en el cielo.
Es que si efectivamente se firmaran tratados de libre comercio con países como Corea del Sur, Canadá o India sin la participación argentina, el cuadro sería aún peor. Finalmente, sin ningún beneficio, ingresarían al país –triangulados a través de los otros países del mercado común- los productos de industrias de mayor escala y productividad. El Mercosur quedaría así reducido a ser una zona de libre comercio, lo que golpearía de lleno a la industria nacional y pondría al agro a competir con los otros países sudamericanos (motivo por el cual la actitud oficial fue enérgicamente criticada por la Mesa de Enlace).
Según las cámaras patronales, un acuerdo con Corea del Sur afectaría directamente a las industrias de electrodomésticos y electrónica; mientras que la Copal (Alimentación) advierte por las graves consecuencias de un acuerdo con Canadá. Pero son las automotrices, que ya antes de la pandemia venían cayendo en picada, las que están en el ojo de la tormenta.

Iván Hirsch

La crisis capitalista es más mortal que el coronavirus

Las fuerzas de choque de la ultraderecha cumplen las órdenes del capital

El confinamiento decretado en Estados Unidos y en muchos países del mundo para hacer frente a la pandemia de COVID-19 ha paralizado la economía capitalista y, por tanto, ha demolido el proceso de la acumulación de capital.
El hecho de que esta parálisis económica arroje a decenas de millones de trabajadores a una crisis de supervivencia es totalmente fortuito para la preocupación de la clase capitalista transnacional (CCT) de reanudar de inmediato la maquinaria lucrativa, ya que el capital no puede permanecer ocioso sin dejar de ser capital. El impulso de reavivar la acumulación explica que en muchas ciudades norteamericanas se hayan producido manifestaciones públicas de la ultraderecha para exigir el levantamiento de la cuarentena, al igual que los sectores más reaccionarios del capital promovieron el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, movimiento que a su vez se movilizó en apoyo al trumpismo.
Si bien las protestas parecen espontáneas, de hecho han sido organizadas por las agrupaciones conservadoras estadounidenses, entre ellas la Fundación Heritage, FreedomWorks (Obras de Libertad) y el Consejo Americano de Intercambio Legislativo (conocido como ALEC por su sigla en inglés), que reúne a los directores ejecutivos de las grandes corporaciones junto con los legisladores derechistas locales de todo Estados Unidos. El mismo Presidente Trump enardeció a los manifestantes mediante una serie de tweets, entre ellos uno que declaraba “LIBERAR a VIRGINIA, y proteger su gran Segunda Enmienda, que está bajo asedio”. El llamado a defender dicha enmienda de la Constitución norteamericana, que garantiza el derecho a portar armas, prácticamente constituía un llamado a la insurrección armada. En el estado de Michigan seguidores armados de Trump bloquearon el tráfico para impedir el paso a la ayuda. Días atrás Trump adujo tener poder “total” – la clásica definición de totalitarismo – para levantar la cuarentena.
A pesar de su retórica populista, el trumpismo ha servido bien a los intereses de la CCT en implementar un programa de neoliberalismo en esteroides que va desde la reforma impositiva regresiva y la amplia desregulación y privatización hasta una expansión de los subsidios al capital, recortes al gasto social y represión sindical. Trump – él mismo miembro de la CCT – retomó donde dejó el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008 y forjó una base social entre aquellos sectores de la clase obrera mayoritariamente blancos que anteriormente habían gozado de ciertos privilegios, como empleo estable y bien remunerado, y que en años recientes han experimentado una aguda desestabilización socioeconómica y movilidad descendente frente a la globalización capitalista. Al igual que el Tea Party que le precedió, Trump ha sabido desviar la cada vez mayor ansiedad social que sienten estos sectores desde una critica radical al sistema capitalista hacia una movilización racista y jingoísta contra chivos expiatorios como los inmigrantes. Estas tácticas trumpistas han convertido dichos sectores en fuerzas de choque para la agenda capitalista ultraderechista que los ha llevado al borde de un proyecto verdaderamente fascista.
La cada vez mayor crisis del capitalismo global ha acarreado una rápida polarización política en la sociedad global entre una izquierda insurgente y fuerzas ultraderechistas y neofascistas que han logrado adeptos en muchos países del mundo. Ambas fuerzas recurren a la misma base social de los millones de personas devastadas por la austeridad neoliberal, el empobrecimiento, el empleo precario y relegación a las filas de la humanidad superflua. El nivel de polarización social global y de desigualdad no tienen precedentes en estos momentos. El 1 % más rico de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza del planeta mientras el 80 % más bajo tiene que conformarse con apenas el 4.5 % de esa riqueza. Mientras se extiende el descontento popular contra esta desigualdad, la movilización ultraderechista y neofascista juega un papel crítico en el esfuerzo por parte de los grupos dominantes de canalizar dicho descontento hacia el apoyo a la agenda de la CCT, la misma disfrazada en una retórica populista.
Es en este contexto donde los grupos conservadores en Estados Unidos se han empeñado en organizar una respuesta ultraderechista a la emergencia sanitaria y la crisis económica, abarcando una mayor dosis de subterfugio ideológico y también una renovada movilización de sus fuerzas de choque que ahora exigen el levantamiento del confinamiento. La movilización de masas desde abajo bien podría exigir que el Estado proporcione ayuda a gran escala a los millones de trabajadores y familias pobres en vez de insistir en la inmediata reapertura de la economía. Pero la CCT y sus agentes políticos buscan a toda costa evitar que las masas pidan un Estado de bienestar social como respuesta a la crisis. Por eso promueven la revuelta reaccionaria contra el confinamiento avivada por Trump y la ultraderecha.
Independientemente de las diferencias políticas en el seno de sus filas, la CCT se ha empeñado en trasladar la carga de la crisis y el sacrificio que impone la pandemia a las clases trabajadoras y populares. Para este fin ha podido contar con el poder del Estado capitalista. Los gobiernos del mundo han aprobado nuevos rescates masivos para el capital mientras se escurren de esta piñata unas migajas para las clases trabajadoras. El gobierno estadounidense inyectó una cantidad inicial de 1.5 mil millones de dólares a los bancos de Wall Street en tanto que la Casa Blanca prometió que su respuesta a la pandemia “estaría plenamente centrada en liberar el poder del sector privado”, es decir, que la ganancia capitalista va primero y la misma impulsaría la respuesta a la emergencia sanitaria. Acto seguido aprobó un paquete de estímulo de 2.2 mil millones de dólares cuyo componente mayor fue rescates a las corporaciones. En Europa los gobiernos miembros de la UE aprobaron paquetes fiscales similares, al igual que hizo la mayoría de los gobiernos en el mundo, que abarcaban la misma combinación de estímulos fiscales, rescates corporativos y cantidades muy modestas de ayudas públicas.
Los gobiernos estadounidense y europeos prometieron al menos 8 mil millones de dólares en préstamos y subsidios a las corporaciones privadas, aproximadamente el equivalente a todas sus ganancias en los últimos dos años, lo que la revista The Economist calificó del “rescate más grande de la empresa privada en la historia”. Se trata de la lucha de clases desde arriba. Mientras estos mil millones de dólares se acumulan en la parte superior del pirámide social, la crisis desatada por la pandemia dejará a su paso más desigualdad, más tensión política, más militarismo y más autoritarismo. La Organización Internacional de Trabajo advirtió que centenares de millones de personas podrían perder su empleo, en tanto la agencia internacional Oxfam calculó que hasta 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza. Aún más ominoso, el Programa Mundial de Alimentos advirtió sobre “una hambruna de proporciones bíblicas” y calculó que hasta 130 millones de personas podrían morir de hambre por el posible colapso de las cadenas de abastecimiento de alimentos, lo que la organización calificó de “la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial”.

Se avecinan convulsiones sociales y políticas

El carácter clasista de la pandemia queda al desnudo. Al virus no le importa la clase, etnia o nacionalidad de sus portadores humanos pero son los pobres, los marginados y las clases trabajadoras los que no gozan de las condiciones para protegerse del contagio ni pueden asegurar la atención médica en caso de contaminación. Pueden morir millones de personas, no tanto por la infección viral sino por la falta de acceso a los servicios y recursos de suporte vital. La CCT intentará aprovechar el desempleo y empobrecimiento masivo para reforzar su poder de clase mediante mayor disciplina y austeridad a medida que pase lo peor de la pandemia y la economía global se hunda en depresión. Las clases dominantes utilizarán la pandemia como cortina de humo para consolidar un estado policial global. Por último, la crisis capitalista desatada por el coronavirus será mas mortal para los trabajadores empobrecidos que el mismo virus.
Aun cuando se mantienen el gasto deficitario y el estimulo keynesiano mientras dure una depresión económica, la experiencia de 2008 nos muestra que los gobiernos recuperaron los costos de los rescates mediante una mayor austeridad, en tanto los bancos y las corporaciones utilizaron los fondos de dichos rescates para volver a comprar acciones y emprender una nueva ronda de actividades depredadoras. La estrategia de la CCT parece ser una repetición de 2008, ahora a una escala mucho mayor, dirigida a inyectar cantidades masivas de dinero al sistema bancario privado. A cambio no se impone a los bancos ninguna obligación de utilizar dicho dinero para reinvertir en la economía real o para algún bien social. A raíz del colapso financiero de 2008 los bancos simplemente convirtieron los miles de millones que recibieron en concepto de rescates en especulación en el casino financiero global y para apropiarse de más activos y recursos en todo el mundo.
Además de la movilización de las fuerzas ultraderechistas y neofascistas también se han movilizado sectores populares y las clases trabajadoras. Aunque no sea posible tumbar el sistema, la única salida a la crisis del capitalismo global será revertir las cada vez mayores desigualdades mediante una redistribución del la riqueza y del poder hacia abajo. La lucha por dicha redistribución ya ha comenzado en medio de la pandemia. En Estados Unidos, al igual que en otros países, los trabajadores han emprendido una ola de huelgas y protestas para exigir condiciones de seguridad mientras que los inquilinos hacen llamados a huelgas de alquileres. Los militantes del movimiento a favor de la justicia para de los inmigrantes han rodeado los centros de detención para pedir la liberación de los detenidos, los trabajadores automotrices han salido en huelgas salvajes para obligar a cerrar las plantas, los desamparados han ocupado casas deshabitadas y los trabajadores sanitarios han emprendido protestas ruidosas para exigir los equipos necesarios para realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
Los grupos gobernantes no pueden sino sentirse asustados por el creciente descontento de las masas. La crisis erosiona la hegemonía capitalista y tiene el potencial de despertar a millones de personas de la apatía política. El proyecto neoliberal está agotado y a duras penas se podrá resucitar. Para bien o para mal, se reconstruirá el mundo. Hemos entrado en un periodo de cada vez mayor caos en el sistema capitalista mundial. Fuera de una revolución, hemos de luchar ahora para evitar que nuestros gobernantes conviertan la crisis en una oportunidad para resucitar y profundizar el orden neoliberal moribundo cuando pase la tormenta de la pandemia. Se trata de clamar en nuestra lucha por algo en línea de un “Nuevo Pacto Verde” (“Green New Deal”) a escala global como programa interno mientras se acumulan las fuerzas para un cambio más radical del sistema. Las fuerzas progresistas y de izquierda tienen que situarse para hacer retroceder al impulso ultraderechista y neofascista. Se concentran los nubarrones. Se están trazando las líneas de batalla. Se aproximan convulsiones. Está en juego la batalla por el mundo postpandemia.

William I. Robinson, profesor de sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara.

Estrategias para el Pensamiento Crítico

Intervenir en los núcleos de las contradicciones

No hay Pensamiento Crítico que valga si no comienza por sí mismo. Si no tiene como “primera parada” el rigor de interrogar, sistemáticamente, sus fines y sus principios, sus herramientas, sus horizontes y sus limitaciones. El pensamiento crítico que se auto-exceptúa es exceptuable del todo. Por más salvoconductos que se invente, el Pensamiento Crítico que no echa sus barbas a remojo, que no se tiene a sí mismo como objeto de estudio permanente, termina siendo coartada dogmática idéntica a las que nos han hartado a lo largo de la historia. Por más ingeniosos que sean sus personeros de moda, agazapados en el burocratismo, en las farándulas, en las máquinas de guerra ideológica, en las iglesias o en los santuarios de fake news… por más “críticos” que parezcan, si no pasan por sí mismos son sospechosos. ¿Más claro? Prudencia no es sinónimo de debilidad. El panorama está convirtiéndose en un campo minado donde cualquier payaso pretende detonar un debate fuera de su alcance. Abundan tirios y troyanos. Pero las direcciones políticas están obligadas a profundizar la autocrítica si quieren profundizar la confianza. “Irreverencia en el debate, lealtad en la batalla”.
Mal nos irá si al revisar los daños causados por las ideas de la clase opresora, nos creemos inmaculados, indemnes o a salvo. El problema no es aceptar que somos (también) engendros de la ideología de la clase dominante, el problema es identificar qué tan orgullosos estamos y qué hacemos con eso. Ya no se puede validar un Pensamiento Crítico que coquetee con utopías o se vuelva emboscada puramente especulativa. Necesitamos el Pensamiento Crítico para pensar y hacer la transformación de la realidad pero con un sustento metodológico de autocrítica y reelaboración permanentes, al alcance efectivo de los pueblos, para superar el orden económico-social al uso. Y es que las ideas de la clase dominante se expresan, primero, como modelo económico y, por eso, desarrollar la crítica ha de servirnos para ganar fuerza organizadora contra las peores herencias de clase, es decir, su economía, sus leyes y sus valores morales.
Hay que romper desde sus entrañas las formas y usos del razonamiento convencional inoculadas en nuestra cotidianeidad más invisible. Desarrollar un cambio, no sólo de formas, con un método nuevo entrenado para superar toda lógica hegemónica que, huérfana de cuestionamiento a la esencia de la actividad productiva y a las relaciones de producción dominantes, nos ha adoctrinado con su contenido y pertenencia de clase y su capacidad de paralizarnos las funciones intelectuales y políticas. Que nos ha convertido en defensores de nuestro verdugo.
El Pensamiento Crítico que necesitamos debe contener un efecto subversivo, incluso sobre él mismo, si quiere tenerlo para cualquier otro campo de subversión. La praxis del Pensamiento Crítico puede tomarse como una síntesis de humanismo de nuevo género que pone el interés social por encima de todo. Pensamiento Crítico sometido, él mismo, al principio de desarrollo histórico, operando en las entrañas de la coyuntura, con afirmaciones revolucionarias rigurosas incompatibles con los mitos de “estabilidad” conservadora. Para evitar la emboscada de vivir reconstruyendo, abstractamente, categorías escapistas, es preciso re-politizar al Pensamiento Crítico, alejarlo de gurúes y santorales academicistas y trazar su desarrollo científico al lado de las luchas sociales. Cada renovación del Pensamiento Crítico debe ser respuesta a necesidades transformadoras de la práctica histórica dispuesta a intervenir en el corazón de todas nuestras contradicciones.
Hay que producir un estatuto científico del Pensamiento Crítico cuya condición, primera y ultima, sea no estancarse entre reformulaciones, abandonos y revisionismos de moda, ni entre puros conceptos o proposiciones que no estén vinculados a la lucha por la transformación del mundo. El Pensamiento Crítico no pude desarrollarse independiente de la historia del pueblo trabajador cuyas luchas determinan sus avances y retrocesos, sus transformaciones y rectificaciones. No puede depender de los “modelos de futuro” o de las prescripciones en abstracto. Al contrario, debe expresar el movimiento real de las luchas sociales, no como una “teoría acabada” sino como una intervención organizada y popular contra la lógica y las acciones de reproducción dominante, a gran escala, y de acumulación acelerada del capital. Especialmente la lucha contra la ideología opresora que es como un virus inoculado en la razón para superponerse a las conexiones lógicas y a las evidencias científicas mismas, hasta convertirse en una tara contra el razonamiento crítico.
Ciertamente, en la vida diaria, la actual valoración del Pensamiento Crítico dista mucho de ser la de una necesidad teórico-práctica entrenada desde nuestra infancia. Mayormente está escindido de su fuerza revolucionaria y se lo reduce al catálogo de los buenos propósitos casi exclusivamente, “intelectuales”. Desvirtuado. Esa es la emboscada academicista para evitar que el Pensamiento Crítico avance contra los focos ideológicos esparcidos hasta los rincones más insospechados de la mente, de la tecnología y del cuerpo, como expresión dinámica de dominación. Por eso hay que intervenir contra la alienación, la ignorancia y las condiciones hegemónicas de producción, simultáneamente.
De lo que se trata no es (sólo) de interpretar el mundo sino de transformarlo, suprimiendo las clases sociales. Eso necesita un florecimiento mundial del Pensamiento Crítico capaz de llevarlo hasta el terreno de las emociones, de los sentimientos, de las creencias, de los gustos. Pensamiento Crítico del modo de producción y de las relaciones sociales impuestas por el capitalismo… en su modelo de Estado, de “sociedad civil”, de división de clases, de partidos sin democracia real, de arte y de ecología mercantiles y mercantilizados Y, necesariamente Pensamiento Crítico para la vida diaria, para interpelar qué somos, cómo somos y qué debemos ser para dejar de ser sociedades sometidas al capricho de los opresores. Pensamiento Crítico, pues, sujeto y objeto, también, de la crítica. La praxis, pues, como arma de la Crítica.

Fenando Buen Abad Domínguez

El día triste de Felicitas, el chamuyo de la CGT y mucho más



Diez minutos de noticias con todo lo que tenés que saber del día que termina. Los verdaderos responsables de la crisis carcelaria, la CGT justificando la baja de despidos, los cortes de luz que siguen a pesar de los tarifazos y lo más importante que pasa a nivel internacional. Dale play y mirá el video.

martes, 28 de abril de 2020

El Presidente, la UIA y la CGT rebajan los salarios



Sin mandato alguno la burocracia entrega al movimiento obrero encuarentenado.

Cuando le habló al país en su nuevo discurso profesoral el Presidente volvió a resaltar logros sanitarios en el anuncio de una nueva fase de salida progresiva de la cuarentena, pero ignoró por completo los temas que ya desatan fuertes conflictos en el movimiento obrero por debajo de los acuerdos de cúpula de la CGT: la caída vertical de los salarios, suspensiones generalizadas, despidos y aún cierres de empresas.
Un día después, hundió la puñalada contra todos los salarios habilitando la rebaja del 25% con la UIA y la CGT en abril y mayo para quienes estén en cuarentena. Daer, Andrés Rodríguez, Caló y Acuña, los firmantes, lograron su objetivo: no evitar los descuentos, sino comprometer directamente al poder político en la rebaja generalizada de salarios contra la letra del decreto inicial de la cuarentena. Han puesto como condición que no haya despidos en esas empresas, pero ya sabemos el nivel de no cumplimiento que esto tiene.
El Presidente, en la parte económica apenas anunció que siguen enfocados en la reestructuración de la deuda, o sea en el rescate de los especuladores y banqueros, mientras se desangra la población trabajadora.
El último acuerdo antisalarial firmado por los gremios supera los recortes ya fortísimos conocidos hasta hoy: la burocracia textil pactó sumas no remunerativas de $17.000 y $20.000 por todo concepto. Las obreras de Textilana en Mar del Plata ganaron la calle ante la delegación marplantense del Ministerio contra este robo. En su empresa trabajan turnos en productos no esenciales, en condiciones laborales de contagio, sin protección adecuada y, ahora, por este importe.
El movimiento obrero argentino está siendo empujado a dejar de cobrar un salario para cobrar un “ingreso de emergencia”. Examinemos todas las variantes de rebajas que sufre el salario.
Si miramos el Observatorio de los trabajadores en PrensaObrera.com, veremos que son decenas las empresas que directamente interrumpen el pago. Minutos antes de escribir este artículo nos llegaba la denuncia de una histórica gráfica, Ramón Chozas, que está trabajando ilegalmente bajo amenaza de despido no obstante lo cual anuncia que a fin de mes no pagará los salarios. Como en todos los casos, con la vista gorda de las autoridades del Ministerio y la complicidad de la Federación Gráfica, a nivel delegados y a nivel Comisión Directiva (miembro activo de la Corriente Federal kirchnerista).
En otros casos se operan las rebajas, con o sin acuerdo sindical. Pero hay que aclarar que los acuerdos son todos homologados de inmediato. Como en la época de Cavallo, se están bajando los salarios nominales, cuando el decreto presidencial inicial de la cuarentena estableció que se pagaran los salarios integralmente. Se borra con el codo literalmente lo que se escribe con la mano, bajo fuego de la presión patronal. Techint, que ganó el primer round, gana ya por puntos la pelea. Sus rebajas salariales se aplican a todos, además de la homologación de sus despidos.
Pero las rebajas son más profundas. Las cláusulas gatillo previamente establecidas en los acuerdos paritarios previos a la pandemia han sido anuladas (provincia de Neuquén, docentes universitarios, etc.) y reemplazadas según arbitrio del poder. Tampoco son respetadas las cláusulas de revisión previstas para estos meses: las reuniones con sindicatos son para rebajar salarios con motivo del aislamiento social preventivo obligatorio.
Como se observa, hasta nuevo aviso se acabaron las paritarias. Pero si la emergencia sanitaria justifica que no haya paritarias, sin embargo, no ha detenido la inflación, aún en medio de una caída económica sin precedentes. Marzo arrojó el 3,3% general y el 3,9% de aumento en alimentos. Esto significa que se rebajan los salarios y se suspenden las paritarias mientras continúa una inflación al ritmo del 40/50% anual. A la rebaja nominal se adiciona la rebaja del poder adquisitivo de esos importes nominales. Por eso la validez de la comparación del importe para los textiles con la canasta de pobreza: es menos de la mitad.
Con todo, la rebaja no termina en estos rubros. Es aún mayor porque se ha eliminado virtualmente la parte diferida del salario, o sea los aportes jubilatorios a la Anses. Como hemos explicado tantas veces, la jubilación no es una “pensión estatal”, sino un salario que debe pagar la patronal y que en lugar de ir al bolsillo del trabajador va a la Anses, para que ese trabajador y todos los trabajadores del país cobren la jubilación al fin de la vida activa. Pues bien, de ese salario diferido se descuenta el 95% según los decretos presidenciales, de manera que la Anses, en este dramático momento de los adultos mayores, está siendo vaciada. Por este motivo y por otro más: los subsidios dispuestos para sostener la mitad del salario por parte del Estado provendrán de los fondos de la Anses.
Conocen la explosividad de esta situación. Por eso emitieron días atrás el decreto que dispone que el Estado asume el pago de la mitad de la nómina de los salarios efectivamente cobrados en febrero. Pero tampoco se cumple.
Sobre 450.000 empresas anotadas habilitaron la viabilidad del subsidio a 180.000 y hasta 800 trabajadores. Ocurre que piden que la facturación nominal haya caído respecto de la que la empresa solicitante tuvo hace 12 meses, con un 50% de inflación de por medio. Entonces las empresas no califican, porque además facturaron hasta el 20 de marzo. Ergo, no pagan, rebajan o despiden.
Indudablemente Guzmán y Fernández pisan la pelota para contener el déficit fiscal imparable, debido a la caída de la recaudación y el parate económico. Pero han seguido emitiendo para pagar la deuda, y tampoco han nacionalizado la banca ni los depósitos bancarios para que sean dispuestos para afrontar la emergencia. Mucho menos han abierto los libros y cuentas de las empresas para examinar sus verdaderas cuentas y tenencias societarias y personales para evaluar la capacidad de pago a sus trabajadores.
Tampoco han movido un dedo ante la gran lucha de los obreros del frigorífico Penta, para reabrir la planta de la patronal superexplotadora. Solo reprimieron brutalmente primero y enviaron la Gendarmería después para impedir el paso de los compañeros en el Puente Pueyrredón. Se vio también presta a la Policía de la Ciudad para llevar presos a los delegados del subte, cuando denunciaron condiciones de contagio en sus trenes.
Todo el poder personal que ha acumulado Fernández, sin Congreso ni Justicia funcionando, con toda la burocracia sindical arrodillada y la oposición capitalista desmoronada y disciplinada, no existe a la hora de garantizar salarios y puestos de trabajo. Sus decretos son palabras que no se cumplen. Y, como se aprecia, pueden ser desconocidos por un nuevo decreto. No rige más la integralidad de los salarios en la cuarentena.
La clase obrera empieza a intervenir como lo han hecho los compañeros de BedTime ocupando la planta ante el no pago y la amenaza de despidos. Lo mismo en los centros de salud con asambleas y comisiones de reclamo desde la base de sus gremios. Como los obreros de la carne y de otros rubros.
La burocracia sindical no tiene mandato para entregar el salario y los puestos de trabajo. Lo peor está por venir. Los trabajadores tenemos que tomar nuestra defensa en manos propias. Ningún despido, salario integral, control obrero de esencialidad de las actividades durante la cuarentena, apertura de los libros al control de los trabajadores, respeto irrestricto de los protocolos sanitarios, actualización de salarios y jubilaciones según inflación. Que la crisis la paguen los capitalistas. No pago de la deuda, impuesto a las grandes rentas y fortunas.

Néstor Pitrola

La pandemia habilita el debate sobre el Estado y las políticas públicas

La economía está en debate en todo el mundo. Lo que preocupa es la recesión en curso y el paro forzoso de la producción, con un elevado porcentaje de población mundial en aislamiento. Las cuarentenas se mantienen y amplían, con mucha discusión sobre el impacto en la salud y en la economía.

Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.
Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.
La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.
Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.
Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.
Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.
Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.
La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19” [1].
El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.[2]
Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.
El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.

Recesión, impacto social y salida de la cuarentena

Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2% [3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.
Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.

¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?

¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?
¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?
Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.
La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?
A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.
No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.
El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas medidas preventivas.
Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.
Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.
Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.[4] Todos por encima de la media.
De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.

El Estado y su intervención en la economía

En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.
Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.
El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.
Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.
Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.
Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.
Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.
¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?
Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.
No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.
En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.
No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).
Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.
Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.
Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.
El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.
La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.
Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.
El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.
Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.

La transición necesaria

En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.
La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.
Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.
¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.
Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.
Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.
Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.
Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.

Julio C. Gambina | 27/04/2020

Notas:

[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)
[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)
[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)
[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.
[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

lunes, 27 de abril de 2020

San Martín: el distrito con más infectados por Covid-19 de la provincia de Buenos Aires



Según cifras oficiales, el municipio de Gral. San Martín encabeza la lista de casos de Covid-19 de la provincia, con 74 infectados. Esto constituye un 6,2% del total de casos de la provincia de Buenos Aires, que alcanza los 1.181 infectados. En cuanto a la tasa de mortalidad, en San Martín se registran 4 muertes, lo que representa el 5,5% del total de muertes por coronavirus en la provincia. Además, el distrito posee la mayor cantidad de contagiados de entre 0 a 9 años, según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
¿Cuáles son las razones por las que un municipio ubicado en el primer cordón del conurbano, que con 450.000 habitantes concentra solo el 2.7% de la población total de PBA, arroje los índices más altos de contagio y mortalidad por coronavirus?

Una crisis que preexiste a la pandemia

Miles de sanmartinenses padecen desde hace décadas la falta de acceso a la vivienda, el agua potable o las condiciones sanitarias mínimas. El hacinamiento y la precariedad son alarmantes en los barrios enclavados en Loma Hermosa, Villa Lanzone, Área Reconquista, Villa Zagala, Maipú y Billinghurst. En el marco del aislamiento obligatorio, gran cantidad de habitantes de estas zonas se encuentran sin percibir ningún tipo de ingreso por ser cuentapropistas o sobrevivir mediante changas. Incluso un amplio sector que se encuentra en esta situación denuncia haber sido rechazado para recibir el insuficiente bono de $10.000 aun cumpliendo con los requisitos que demanda el gobierno. Al mismo tiempo, estos sectores más vulnerables y golpeados por la crisis son las principales víctimas del hostigamiento policial que patrulla los barrios para “garantizar el cumplimiento de la cuarentena”, mientras se multiplican los casos de violencia de género en zonas liberadas.

Una cuarentena selectiva

Por otro lado, crecen las denuncias públicas hacia empresarios que obligan a sus empleados a asistir a los lugares de trabajo, cuando no realizan actividades esenciales, bajo la extorsión “el que no asiste no cobra”, esto además sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad e higiene. Aquí cuentan con la complicidad del gobierno municipal que cede a las presiones de las patronales para continuar o reanudar su producción. Esto explica por qué también San Martín tiene el índice más alto de contagios por contacto, es decir, no se trata de casos importados sino que la transmisión se da por interacción entre infectados.

La miseria en San Martín tiene responsables

La situación crítica en términos de vivienda, educación y salubridad es el resultado de las políticas de ajuste que fueron aplicadas sistemáticamente por todas las fuerzas políticas que en las últimas décadas gobernaron el municipio. Mandato tras mandato, fue alarmante la proliferación de asentamientos y barrios de emergencia. El aumento de la miseria social nunca se detuvo.
Las políticas de ajuste que desarrolló el macrismo en el ámbito nacional y provincial -miles de despidos y suspensiones, cierre de comercios, tarifazos- fueron complementadas en San Martín por el ex intendente Gabriel Katopodis, hoy flamante ministro de Obras Públicas, quien gobernó el distrito durante dos mandatos consecutivos, y actualmente es reemplazado por el que fuera su Jefe de Gabinete, Fernando Moreira. Los tarifazos y paritarias municipales de pobreza son algunas de las políticas que se destacaron durante los últimos años.

Covid-19, dengue y un sistema sanitario desguazado

La situación alarmante que arrojan los datos oficiales sobre contagios de Covid-19 viene a sumarse a la gran cantidad de casos de dengue, que crecen día a día en el distrito. Aquí también San Martín rankea entre los principales focos. Vecinos de barrios enteros vienen reclamando por fumigaciones que nunca llegan, y en su lugar obtienen como respuesta que lo importante es “descacharrear”, desviando una responsabilidad que debe ser parte de las políticas del Estado municipal.
Párrafo aparte merece la situación del personal de salud que se desempeña en el distrito. El caso del Hospital Belgrano fue noticia de alcance nacional por los 20 profesionales contagiados de coronavirus luego de la visita del gobernador Kicillof. Pero este cuadro se extiende: la falta de insumos básicos e infraestructura para hacer frente a la pandemia tanto en los hospitales y centros de atención municipales como provinciales lleva a la máxima exposición de los trabajadores al contagio del virus, que apelan incluso al pedido de donaciones a la comunidad. Tal es el caso de los hospitales Thompson, Marengo y Fleming; o el zonal Eva Perón, todos en situación de absoluta precariedad e insuficiencia en cuanto a camas, respiradores, posibilidad de realizar hisopados, etc.

Una necesidad: el control popular de la cuarentena

En este cuadro de emergencia social es que San Martín atraviesa la pandemia del Covid-19. Por eso es cada vez más imperiosa la necesidad de un control popular de la cuarentena en la que comisiones obreras de seguridad e higiene garanticen que efectivamente se implemente un plan de emergencia acorde a la situación. Por la apertura de los libros del municipio y la reorientación de todos los recursos a la atención de la crisis social y sanitaria.
Por la prohibición real de despidos, suspensiones y rebajas salariales. Por un ingreso mensual de emergencia de $30.000 para desocupados. Por el aumento del presupuesto de salud para abastecer los hospitales del distrito y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la pandemia de coronavirus, dengue y sarampión y para el aumento de las camas de internación especializada, de terapia intensiva y/o aislamiento que fueran necesarias.
Exigimos reparto gratuito a la población sin recursos de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de agua potable en todos los barrios.
Aumento de la partida presupuestaria para reforzar los subsidios para los comedores y para la elaboración de dispositivos que permitan su efectivo reparto atendiendo a las necesidades de alerta y prevención por la pandemia.

Gisela La Spina

De la fiebre amarilla al COVID-19: una cuestión de clase



Un breve repaso por las principales epidemias en Argentina, desde las transformaciones urbanas hasta las luchas sociales en la actualidad.

Al calor de la actual pandemia ocasionada por el COVID-19, ha surgido interés por estudiar episodios epidémicos del pasado. En verdad, han sido varias las situaciones catastróficas, donde las muertes se contaban por miles en lapsos muy cortos de tiempo y primaba un pánico generalizado. Los gobiernos se veían sobrepasados y las contradicciones sociales se expresaban en su versión más cruda. La siguiente retrospectiva se centra específicamente en Argentina, pero ante la extensión de un virus por el mundo a una velocidad nunca antes vista, cabe reflexionar sobre los efectos que pueda tener en el país en plena crisis económica.

La fiebre y los conventillos

En 1871, Buenos Aires contaba con aproximadamente 180.000 habitantes. Era una ciudad muy precaria donde, al no existir cloacas, los excrementos iban a pozos ciegos que contaminaban las napas, y en consecuencia, también aquellos pozos de donde se obtenía agua para consumo humano mediante aljibes. La otra fuente para obtener agua era directamente del río, donde saladeros y mataderos arrojaban sus desperdicios. Estos focos permitirían la propagación del mosquito Aedes aegypti que ocasionó los primeros casos de fiebre amarilla en enero. La enfermedad tuvo su pico en abril donde hubo días con más de quinientas defunciones y para junio, cuando se declara el fin de la epidemia, las muertes totales alcanzaban al menos 14.467 personas (un 8% de la población).
El presidente Sarmiento y su gabinete se retiraron a sus quintas fuera de la capital, al igual que las familias pudientes que abandonaron sus residencias en el sur para recluirse en el norte de la ciudad y ponerse a salvo de la epidemia que tuvo sus primeros casos en los barrios de San Telmo y La Boca. En Buenos Aires, la mitad de la población era extranjera: se trataba de inmigrantes que vivían hacinados en conventillos contra los que se apuntaría como responsables de la propagación de la enfermedad, siendo varios de ellos desalojados, sus viviendas clausuradas y sus pertenencias quemadas. Los precios de los alquileres fuera de la ciudad se elevarían, dejando a los trabajadores más pobres librados a su suerte (1).
Las próximas décadas verían un crecimiento exponencial de la inmigración, siendo utilizados los viejos caserones como casa de inquilinatos. En cada cuarto convivía una familia o grupos de hombres solos; en muchos ni siquiera había cocina, y las letrinas, duchas y piletones de lavar eran de uso común para decenas de personas. La propagación del cólera, el paludismo, los parásitos y las infecciones eran moneda corriente. Los trabajadores, que además pagaban altos alquileres para poder residir cerca de sus empleos, denunciaban estas condiciones tal como se ve reflejado en las prensas de sus organizaciones. En 1886, Ettore Mattei y varios militantes anarquistas fueron encarcelados cinco meses por publicar un manifiesto criticando las medidas adoptadas por la municipalidad para enfrentar la epidemia del cólera (2).
Los patios de los conventillos se fueron convirtiendo en un espacio importante para asambleas de anarquistas y socialistas. Tal fue el caso, que ante el aumento en el precio de los alquileres en 1907 se produjo una huelga de inquilinos, donde los residentes se negaban a pagar los alquileres. Con gran protagonismo de las mujeres que enfrentaron los desalojos a escobazos y manteniendo guardias durante día y noche, se produjo un gran movimiento en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Entre sus reclamos, exigían la disminución en un 30% de los valores y la higienización de las habitaciones a cargo de los propietarios. En algunos casos, los inquilinos conquistaron completamente sus demandas, en otros se les concedió solo parte de lo reclamado. Donde la organización era más débil, algunos desalojos avanzaron (3).

Gripe española y desigualdad regional

La pandemia de la gripe española, la más mortífera a nivel mundial en los últimos siglos, tuvo impacto en Argentina. La enfermedad llegó en 1918 por barcos provenientes de Europa, se expandió por todo el territorio nacional pero tuvo mayor repercusión en las provincias más pobres. Buenos Aires, beneficiaria directa de la pujante economía agroexportadora y tras la traumática fiebre amarilla, desarrolló políticas higienistas y pudo afrontar la situación en mejores condiciones. En cambio, las provincias del norte del país y de Cuyo se vieron en peor situación.
El gobierno de Yrigoyen, a partir del Departamento de Higiene, tomó medidas como la suspensión de clases, la internación de los viajantes que venían de Europa en un lazareto en la isla Martín García, se decretaron inspecciones a talleres y la prohibición o limitación de la mayoría de los eventos masivos. Para la segunda oleada, en 1919, se envió un médico y una guardia sanitaria a cada una de las zonas más afectadas para coordinar con los departamentos de higiene provinciales. Las solicitudes de medicamentos y suministros que ellos hacían al poder central demorarían en llegar si es que efectivamente lo hacían. Además, las reglamentaciones se mostrarían ineficientes al contrariarse con los intereses de los dueños de talleres y con los de la Iglesia católica. En el primer caso, aunque hubiera talleres donde las inasistencias por enfermedad llegaran al 40% o 50%, el Departamento de Trabajo proponía la notificación de los propietarios cuando ésta superara el 20%, medida que los dueños no tomaban porque podía provocar el cierre de sus locales. En el segundo, hubo mayor conflicto sobre todo en el Interior. La Iglesia consideraba a la enfermedad un castigo lanzado por la ira de Dios, y ante el “fracaso de la medicina”, realizó concurridas procesiones y enfrentó con éxito las limitaciones en el horario de las misas en zonas como Córdoba y Salta. Precisamente, Córdoba sería la provincia con más mortalidad entre las del área central más desarrollada y Salta, la más afectada del país con 118 muertes cada 10.000 habitantes (4).

Polio: del peronismo a la Revolución fusiladora

Tras la crisis económica de 1929, surgiría la política de los Estados de bienestar en los principales países capitalistas, que ante la amenaza del comunismo, concederían mejoras en aspectos de la vida de la clase trabajadora. Con la llegada del peronismo al poder en 1946 en Argentina, la cartera dirigida por Ramón Carrillo registró la centralización de instituciones sanitarias, la creación de nosocomios, una duplicación en el número de camas hospitalarias y la realización de campañas educativas. Pero aún en estas condiciones, la temida poliomielitis que ya había registrado un importante brote en 1942, trastocó el sistema sanitario argentino durante la década del cincuenta. Si bien en 1947 se sancionó una ley para la construcción de un Hospital de Niños con Enfermedades Infecciosas y se estipuló la realización de un Censo de Enfermos y Lisiados por la Parálisis Infantil para establecer montos de subvenciones, cuando azotó la epidemia de 1953, el hospital estaba aún sin licitar y el censo jamás se realizó. Las autoridades de ese entonces, en un primer momento negaron la existencia de la epidemia y luego justificarían su aparición como parte de una “ola epidémica mundial” (5). Tres años más tarde se daría el peor y más recordado brote: en 1956, se producirían 6500 casos, siendo el 71% de los pacientes menores, de entre cero y cuatro años. El gobierno militar, que había tomado el poder meses antes eliminó el Ministerio de Salud e ignoró durante varios meses las noticias sobre la proliferación de los casos. Las 140 camas del Hospital Muñiz estaban desbordadas y familias de diferentes pueblos acudían a Buenos Aires buscando atención. Se generaron espacios improvisados para la atención de niños y la población tomó medidas poco efectivas ante la falta de información, como pintar con cal las paredes y cordones de las veredas, poner collares con bolsitas de alcanfor a los chicos y las madres envolvían a sus bebés en sábanas. La mortalidad fue del 10%, y muchos niños quedaron con secuelas; mientras que los hijos de familias con mayores ingresos podían afrontar la rehabilitación, los más pobres quedaban por fuera al implicar costos muy elevados. El ingreso al país de la vacuna Salk y posteriormente Sabin prevendrían nuevos casos (6).

Los últimos años

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó a nivel mundial por importantes avances científicos ligados a descubrimientos de agentes productores de enfermedades y la elaboración de sueros, vacunas y antibióticos. Sin embargo, con la irrupción del neoliberalismo se han atacado muchas de las conquistas de los trabajadores y se produjeron constantes recortes en salud pública e investigación en diferentes países, generando nuevamente problemas a la hora de controlar epidemias en las últimas décadas.
La pandemia de Gripe AH1N1, cuyo virus se originó por las formas de producción de carne porcina de la empresa alimenticia Smithfield Foods, se desarrolló de manera sostenida durante el invierno de 2009 en Argentina; en julio fue el segundo país con más víctimas fatales y durante la duración de la pandemia 685 personas perdieron la vida (7). Los hospitales nuevamente se verían desbordados y en condiciones deplorables, sin insumos ni medicación suficiente en momentos críticos. Los trabajadores en diferentes fábricas denunciaron la situación en sus plantas; algunas empresas anunciaron despidos. Ese mismo mes, los obreros de Kraft-Terrabusi, una de las mayores alimenticias del país, solicitaron a su patronal la desinfección de la fábrica, elementos de higiene y licencias para las madres; ante la negativa de tomar medidas hasta que “hubiera un muerto en la planta, como en México”, los trabajadores se movilizaron a la jefatura de la empresa y realizaron una semana de paro. Más de un mes después, la empresa despediría a 158 operarios remitiéndose a esos hechos. Los despidos, especialmente orientados a delegados y activistas, desencadenaron una de las huelgas industriales más importantes de las últimas décadas, con una toma de 38 días que se volvió un hecho político nacional. Se lograría la reincorporación de una parte de los despedidos y no se alcanzaría el objetivo de la empresa de desarticular la organización gremial, que contrariamente, se fortalecería tras esa lucha con la elección de delegados de izquierda (8).
En la actualidad, la pandemia del coronavirus no solo está saturando los sistemas sanitarios de los principales centros capitalistas, sino que está acelerando los tiempos de una nueva crisis económica mundial. Mientras cientos de miles de trabajadores mueren, los Estados se encargan de garantizar las ganancias de las empresas. En Argentina, los despidos se cuentan por miles desde que llegó al país la enfermedad pese a la prohibición gubernamental y los subsidios estatales están lejos de alcanzar a una familia para sobrevivir. Como muestra el recorrido histórico, existe un problema estructural donde en cada epidemia las más perjudicadas son las franjas más vulnerables de la población.
Sin embargo, también se ven significativas muestras de solidaridad entre los trabajadores, como la de las gestiones obreras de MadyGraf y las textiles neuquinas que están produciendo elementos sanitarios y los docentes que desde las escuelas se encargan de distribuir alimentos entre la población. Los jóvenes precarizados, que trabajan en lugares de comida rápida, call centers, locales comerciales o aplicaciones han sido de los primeros en denunciar la reducción en sus ya bajos salarios y mostrar un camino de organización. En la medida que la crisis se profundice, se abre un nuevo episodio de luchas sociales porque no la paguen con su vida los mismos de siempre.

Joaquín Moyano
Consejero estudiantil Junta de Historia (FFyL-UBA)
Sábado 18 de abril | 10:28

Notas:

(1) Crego, Mabel Alicia. Historia de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, En San Telmo y sus alrededores.
(2) Poy, Lucas. Tu quoque trabajador? Agitación obrera en Buenos Aires (1888-1889), Serie Documentos de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 2010.
(3) Ceruti, Leónidas. "Huelga de las Escobas" o huelga de inquilinos en Buenos Aires y Rosario, Argentina (1907), 2011.
(4) Carbonetti, Adrián; Rivero, María Dolores; Herrero, María Belén. Políticas de salud frente a la gripe española y respuestas sociales. Una aproximación a los casos de Buenos Aires, Córdoba y Salta a través de la prensa (1918-1989), Astrolabio Núm. 13, 2014.
(5) Ramacciotti, Karina. Política y enfermedades en Buenos Aires, 1946-1953, Revista de la medicina y de la Ciencia, Madrid, Vol LVIII, Num. 2, 2006.
(6) Testa, Daniela. Poliomielitis: “La herencia maldita” y la esperanza de la rehabilitación. La epidemia de 1956 en la Ciudad de Buenos Aires. Intersticios, Vol 5, 2011.
(7) Ministerio de Salud de la Nación. Gacetilla de Prensa: Influenza Pandémica (H1N1) 2009, 2010.
(8) Varela, Paula; Lotito, Diego. La lucha de Kraft-Terrabusi. Comisiones internas, izquierda clasista y “vacancia” de representación sindical. Conflicto Social, Año 2, Num. 2, 2009.