La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó las asambleas en reclamo a modificaciones en el Impuesto a Ganancias, que implicarán una paralización parcial del transporte público para el lunes 19.
El punto fundamental a tener en cuenta es que la burocracia sindical ha abandonado -hasta de palabra- el reclamo de la derogación del impuesto al salario, dado que la CATT reclama simplemente que puedan establecerse deducciones del impuesto, dado que “casi el 60% del sueldo lo tenemos en extras, feriados que tenemos que trabajar y viáticos", como reconoció el líder de la UTA Roberto Fernández, lo que muestra la pulverización de los básicos, la precarización y la superexplotación en el sector.
Tanto ha retrocedido la burocracia que la negociación ya pasó a manos de la CATT, f raccionando más al movimiento obrero.
El gobierno no ha visto las medidas de la CATT con antipatía. De hecho, consideran que Juan Carlos Schmid, jefe de la CATT, es el triunviro de la CGT más próximo a sus posiciones. El gobierno no interpreta las medidas como un ataque sino como parte de la negociación y como un intento de descompresión de Schmid ante sus bases.
En este contexto, constituye un severo error pensar que las asambleas y el paro de la CATT puedan ser el puntapié de un plan de lucha contra el impuesto al salario. El gobierno, la oposición patronal y la burocracia están cocinando un acuerdo contra los trabajadores.
La medida se desarrollará, inclusive, el día de una reunión clave entre el gobierno y la central obrera. La llave del pacto, como han puntualizado diversos editorialistas políticos, se encuentra en la CGT. Se discute un punto de equilibrio entre el mínimo no imponible de 44,000 pesos para casados fijado por el proyecto de Diputados y el de 25,000 establecido por el proyecto original del macrismo.
Cualquiera sea la banda intermedia que se establezca, el acuerdo consagrará que la clase obrera siga afectada por el impuesto al salario, cuyo peso en la recaudación tributaria es cada vez más importante para un fisco que realiza todo tipo de exenciones al gran capital.
¿En qué contexto se inscribe la medida? Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de la oposición de modificaciones en Ganancias, el gobierno se lanzó a febriles negociaciones con los gobernadores y otros sectores políticos que fructificaron en un pacto que suspendió el tratamiento del limitadísimo proyecto de Massa y compañía en el Senado. Digamos de paso que dicho proyecto creaba un mecanismo de compensación a través de impuestos al capital que no se creían siquiera sus propios autores. Que se trataba de una farsa “se delataba en un hecho elemental: sólo unos días antes, los mismos diputados habían levantado la mano para aprobar el Presupuesto 2017 del gobierno, en el que está pautado lo que el Estado recaudará por Ganancias sobre los salarios” (PO 1441).
El eje de intervención ante la situación creada debe pasar por el reclamo de la abolición del impuesto al salario. Es lo que ha planteado la Agrupación Clasista de Trabajadores de la UTA, que en una declaración llama “a reclamar en las asambleas la derogación del impuesto y un plan de lucha nacional. Y al mismo tiempo rechazar el acuerdo salarial de hambre del bono en cuotas firmado a espaldas de las bases”. La Agrupación reclama la reapertura de la paritaria y un aumento de emergencia de 10 mil pesos.
Hagamos carne entre los trabajadores el planteo de abolición del impuesto al salario y el establecimiento del mínimo no imponible en 69,000 pesos, como plantea el proyecto del PO-FIT en la Cámara de Diputados.
El 20 de diciembre, coloquemos la reivindicación “el salario no es ganancia” en la movilización del sindicalismo combativo y la izquierda en Plaza de Mayo a quince años del Argentinazo.
Gustavo Montenegro
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