martes, 19 de septiembre de 2017

Otranto metió miedo en la Pu Lof para conjurar su terror a la verdad



El juez de Esquel sitió a la comunidad mapuche con un ejército armado hasta los dientes. No encontró nada y se fue enojado. Sus hipótesis valen menos que su dignidad.

“No se llega a comprender en su total dimensión cuál es el problema que estamos teniendo con esta comunidad: es extremadamente violenta”, había dicho el domingo al diario la Nación Guido Otranto, el mejor funcionario del Gobierno de Mauricio Macri.
Su definición no tenía otro propósito que preparar el terreno para lo que él mismo iba a protagonizar el lunes. El “mayor rastreo de la historia de la Argentina reciente” (al decir de Clarín) fue realizado de forma violenta por parte del juez federal de Esquel, acompañado de otros funcionarios y un ejército armado hasta los dientes.
Cerca de 300 efectivos, calculó La Nación, ingresaron a las 7 de la mañana a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Clarín le puso un poco más: “el operativo incluyó 365 efectivos, dos helicópteros, 16 perros de 5 jurisdicciones diferentes, agentes infantería y a caballo, dos drones y prefectura rastrillando el río”, detalló el vocero oficial.
Curiosamente (o no), pese a que en los últimos días las poblaciones de Esquel y El Bolsón presenciaban la invasión de policías y prefectos, esas empresas mediáticas no dijeron ni una palabra de lo que sabían que iba a pasar.
A pedido de Otranto y del enviado de Patricia Bullrich a Esquel, Gonzalo Cané, el operativo fue cuidadosamente callado por las usinas de Mitre y Magnetto. Es que aguantarse la “primicia” era más que necesario para poder arremeter contra la comunidad mapuche con toda la temeridad.

Cueste lo que cueste

La idea de Otranto, según la información que él mismo brindó, era rastrillar de forma exhaustiva todo el predio en el que vive la comunidad originaria (usurpado por Benetton desde hace casi tres décadas) en busca de rastros o pruebas que le permitan demostrar que a Santiago Maldonado no se lo llevó la Gendarmería sino que murió dentro de la Pu Lof.
Esa idea la sintetizó un artículo de Clarín en el que se dice que, según “la teoría que guía los pasos” del juez, en su llegada al río en el momento de la represión Maldonado probablemente haya quedado “enredado con la vegetación del fondo o entró en un shock producto de las bajas temperaturas (del agua) capaces de afectar la coordinación en apenas tres minutos”.
Por eso el juez, su coequiper Gonzalo Cané y la fiscal Silvina Ávila llegaron a la Pu Lof con la convicción de que iban a encontrar, cueste lo que cueste, rastros que apoyen esa teoría.
Pero tras casi doce horas de ocupación militar de territorio mapuche, Otranto y sus secuaces apenas lograron llevarse un poco de ropa (“un par de medias y un jean con pelos”, dice Clarín) una bolsa de dormir, una campera, una carabina y una mochila. El operador macrista Nicolás Wiñazki agregaría desde TN que también se habrían llevado uno o más celulares pertenecientes a miembros de la Pu Lof.
Esos elementos serán analizados por la Policía Científica de la Federal, aunque fuentes cercanas a Otranto anticiparon que no creen alguna de esas cosas pertenezcan a Maldonado.
Un allanamiento brutal, con privación de la libertad durante horas a varios miembros de la Pu Lof (una mujer, incluso, llevada detenida a Esquel con un cargo surrealista), destrozo de viviendas y pertenencias de la comunidad, negativa a que Sergio Maldonado y organismos de derechos humanos querellantes en la causa puedan ejercer su derecho a controlar la producción de prueba. Y un nivel de agresividad racista pocas veces visto. Ése es el verdadero saldo de la puesta en escena violenta orquestada desde el Estado y ejecutada durante todo el lunes en el kilómetro 1848 de la Ruta Nacional 40.
El objetivo, más que buscar rastros de Santiago, fue profundizar el ataque a la comunidad originaria que viene siendo aterrorizada desde el mismo momento en que inició la recuperación de su territorio ancestral.

El terror a la verdad

Otranto, Bullrich, Noceti, Magnetto y Mitre saben que cada vez hay menos margen para nuevas operaciones distractivas, plantando efímeras pistas falsas sobre el paradero de Santiago. Encima la semana pasada el desfile de gendarmes por el Juzgado Federal de Esquel dejó un océano de dudas sobre el relato organizado por la fuerza represiva y sus comandantes políticos del Ministerio de Seguridad.
Saben que si bien el tiempo que lleva desaparecido Santiago permitió a los desaparecedores eliminar pruebas valiosas para llegar a la verdad, la credibilidad del relato oficial se derrumba con cada nueva declaración testimonial. Y eso puede tener consecuencias, penales y políticas, impredecibles.
Otranto amenazó con que el rastrillaje iniciado el lunes a la mañana podría llevar días. Pero a las 7 de la tarde el ejército de ocupación que mandó a la Pu Lof ya se estaba volviendo a sus cuarteles. Ahora el juez debe volver a su oficina, a seguir buscando nuevas líneas de fuga. Pero probablemente se encuentre con novedades indeseadas.
Una fuente confiable con intervención en la causa dijo a este diario que en breve se incorporarán al expediente nuevos testimonios, totalmente coherentes con lo ya manifestado por miembros de la comunidad mapuche, que cerrarán aún más el círculo de responsabilidades sobre la Gendarmería y los funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Otranto quiere meter miedo mostrando el arsenal de sus fuerzas represivas. Pero hay un miedo que desde hace rato lo acecha a él. El miedo a la verdad.

Daniel Satur
@saturnetroc

Caso Santiago Maldonado: crónica de una invasión a tierra mapuche

La mira sobre el juez

La familia Maldonado irá el jueves a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para insistir en la recusación del magistrado, también criticado desde el peronismo y el macrismo.

Una situación curiosa rodea al juez federal de Esquel, Guido Otranto: lo cuestionan desde casi todos los sectores. Sergio Maldonado lo llamó “impresentable”, objetó que ayer no lo dejó presenciar el allanamiento en la comunidad Pu Lof de Cushamen y le reprochó haber dicho que su hipótesis es que Santiago Maldonado se ahogó. Pero también el Gobierno criticó al juez el fin de semana, al atribuirle demoras y entorpecimiento de la investigación. Y lo mismo hizo el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien atribuyó su desembarco a influencias de La Cámpora, algo que el ex viceministro de Justicia Julián Alvarez refutó. En otra línea argumental que intenta asociarlo al kirchnerismo, un abogado presentó ayer un pedido de juicio político contra Otranto, en el que le atribuye participar de una suerte de campaña contra el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que en esta maraña, quienes muestran sus críticas con convicción auténtica son los familiares del joven desaparecido, que este jueves insistirán en pedir su apartamiento del caso. El resto de los comentarios parecen parte de un juego político con una cuota de sobreactuación: el Gobierno, por ejemplo, no ha sido incomodado en nada hasta ahora por la actuación del juez.
El malestar de la familia lleva ya varias semanas y creció debido a las demoras en la realización de medidas básicas de rastrillaje, también en la búsqueda de rastros en los vehículos usados por Gendarmería, la dilación en la constatación de la nómina de gendarmes que participaron en los operativos y la falta de cuestionamiento a la actuación de la fuerza, así como la ausencia de foco en la responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Seguridad, en particular del jefe de gabinete, Pablo Noceti.
Seguridad mostró una alta incidencia en el devenir de la causa, por ejemplo al entregar con más de un mes de demora sus informes internos con las declaraciones de gendarmes. El enojo de la familia Maldonado recrudeció el fin de semana con las declaraciones de Otranto en una entrevista, donde planteó como hipótesis central la posibilidad de que Santiago se haya ahogado; dijo que no hay pruebas de que Gendarmería haya herido de gravedad a nadie, y acusó a la comunidad mapuche y a los organismos de derechos humanos de no colaborar con la investigación. Sergio Maldonado estalló ayer cuando se enteró por los medios sin haber sido notificado que se haría un megaallanamiento a Lof. Por todas estas razones la familia insistirá ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en pedir que el juez sea apartado.
Las advertencias desde el Gobierno tienen algo de puesta en escena. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo que el juez “entorpeció y dificultó” la investigación. Le cuestionó no haber ingresado al territorio a hacer una búsqueda completa, algo que ocurrió finalmente ayer. Pero mientras Burzaco criticaba, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, defendía a Otranto y atribuía las demoras a la complejidad de las medidas y al defensor oficial que presentó el habeas corpus al comienzo.
Otranto fue designado juez federal en 2011 por la ex presidenta Cristina Fernández. Primero estuvo al frente de un juzgado en General Roca, hasta que fue inaugurado el de Esquel. Antes venía de trabajar en la sala II de la Cámara Federal, en Comodoro Py. El gobernador Das Neves intentó vincularlo a La Cámpora, pero la realidad es que en aquella época el ex secretario de Justicia Alvarez, a quien aludió, no tenía injerencia en designaciones, como sí empezó a tener cuando ingresó al Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo, en 2014. “Ni lo conocía”, dijo Alvarez. Otras lecturas atribuyen la mesura de Otranto hacia el Gobierno a su apuesta por ganar el concurso para un tribunal oral federal en General Roca, donde va primero.
El pedido de juicio político presentado ayer por Denis Pitté Fletcher, un abogado afecto a las denuncias, le atribuyó una actuación funcional al kirchnerismo. “La pregunta es a quién beneficia políticamente la desaparición de Santiago Maldonado. Y es evidente que no es al Gobierno a quien beneficia”, decía el retorcido planteo.

Un nuevo testimonio confirma que Santiago Maldonado fue capturado por la Gendarmería “Lo suben a un unimog y ésa fue la última vez que lo vi”

Un nuevo testimonio será presentado ante la CIDH por un joven de la comunidad mapuche que estaba junto a Santiago Maldonado el día de su desaparición. Su relato desmiente las hipótesis de que se pudiera haber ahogado y reafirma la responsabilidad de los gendarmes.

Santiago y el peñi salen corriendo hacia el río. El peñi es un joven mapuche cuyo testimonio da cuenta de los hechos que culminaron con la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto. Este testimonio desmiente una vez más las hipótesis que deslindan la responsabilidad de Gendarmería o de que pudiera haberse ahogado. El testigo señala que los gendarmes habían ingresado a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen a los tiros. Maldonado llega a meterse al agua helada del Río Chubut pero no puede seguir y vuelve a la orilla. “Me dijo que no podía más, que se volvía. La situación del cruce del río es observada por una decena de gendarmes que se encontraban sobre el alto de la barranca. Tres de ellos bajan hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando ‘acá tenemos a uno’, y ahí escucho un escopetazo. Entre los tres lo arrastran con golpes hasta ese alto donde se encontraba el resto. Lo suben a una unimog, y esa fue la última vez que lo ví”, declaró el peñi (miembro de la comunidad). “Cuando llegué del otro lado del río junto a los otros peñi subimos a caballo hasta la punta de una loma, donde hay señal de celular, y desde ahí enviamos un mensaje a una lamien (hermana) que se encontraba en el ingreso a la tranquera con los organismos de derechos humanos: ‘se llevaron al Brujo’”. Según este nuevo testigo presencial, Santiago Maldonado no se ahogó ni cruzó el río, fue sacado del agua por los uniformados que habían reprimido aquella mañana del 1 de agosto a los mapuches, tras el corte de ruta con el que habían reclamado por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. Según el testimonio, Maldonado fue golpeado y subido a la camioneta de Gendarmería, tal como ya declaró Matías Santana.
Este joven mapuche relató la escena a los abogados que querellan contra el Estado por la desaparición forzada de Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. PáginaI12 accedió al anticipo de la presentación que harán, en dos casos abiertos ante dicho organismo, por Naturaleza de Derechos y una veintena de organizaciones sociales, denunciando la violación de derechos humanos a la comunidad mapuche, tanto por los hechos del 10 y 11 de enero de 2017 como por los del 31 de julio y 1 de agosto. Los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos “Chuzo” González Quintana estuvieron una semana en Bariloche, Esquel y El Bolson recolectando testimonios en el caso en el que reclaman protección para todos los miembros de la Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, y en el cual la CIDH los habilitó para aportar información sobre Maldonado, para quien se inició un expediente autónomo. También se dictó una medida cautelar el 22 de agosto de 2017 a fin de que la Argentina “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.
“Elaboramos este informe –reza el anticipo del documento– tomando testimonios a los comuneros y comuneras en el sur para informar a la CIDH sobre la situación de desprotección, persecución y hostigamiento que padecen los miembros de la Pu Lof, como así también quienes pertenecen a la red de apoyo, que comprende también a personas no mapuches, como es el caso de Ariel Garzí, amigo de Maldonado. Y también se denuncia el proceso ilegal contra el longko de la comunidad Facundo Jones Huala, que está detenido arbitrariamente en una situación idéntica a la de Milagro Sala. De los testimonios directos que estuvieron en la Pu Lof el 1 de agosto para el informe ante la CIDH se obtuvieron cuatro, dos femeninos y dos masculinos. Dos de ellos solicitaron reserva absoluta de su identidad, por eso unificamos el criterio y los identificamos con una letra”. Dos de los testigos ya prestaron declaración testimonial ante la justicia, son Soraya Maicoño y Matías Santana. “Se le indica a la CIDH –agrega el escrito– que la mayoría de los testigos son muy jóvenes, algunos de ellos han sido víctimas de apremios ilegales, y tienen mucho temor. Ni la fiscal ni el juez de Esquel ofrecen garantías de protección a los testigos. El caso más grave es el de Ariel Garzí, que a la semana de la desaparición de Santiago Maldonado, aportó pruebas esenciales para la resolución del caso, sin embargo el juez relativizó de modo muy sospechoso su testimonio y el aporte de pruebas”. En diálogo con PáginaI12, Cabaleiro y González Quintana afirmaron que “acá ante todo hay responsabilidades penales, no solamente de una treintena de gendarmes, –en especial una decena de ellos– que ingresaron al territorio ancestral mapuche con dispensa judicial para acribillar a jóvenes, con cartuchos de perdigones de plomo, que tienen capacidad para matar a una persona, tal como consta en las fotos tomadas por los comuneros de la Pu Lof. De esta agresión se presume que fue víctima Santiago Maldonado, según estos testimonios y los de funcionarios judiciales y del gobierno nacional”. Y agregaron que “hay fotos sobre el puesto de guardia que dan cuenta que se utilizaron cartuchos con perdigones de plomo”. Por lo tanto, la conclusión que se presenta ante la CIDH es que Santiago Andrés Maldonado fue desaparecido forzadamente por la Gendarmería Nacional y que hay responsabilidad exclusiva del Estado Argentino.

Los hechos

El juez federal Guido Otranto tiene prevista la reconstrucción de los hechos para el miércoles, aunque a su esquema quizás le falten algunas piezas esenciales. “Con los testigos directos pudimos reconstruir los hechos en la Pu Lof y los últimos momentos de Santiago antes de su desaparición. El testimonio A corresponde a una mujer de 28 años, madre de un hijo. Llegó el 31 de julio de 2017 al territorio aproximadamente a las 19 horas, desde la ciudad de Puelo. Llegó a la guardia en la cual se encontraba Maldonado, a quien conoció el día de la protesta en el Municipio de El Bolsón, por la ley de tierras. Lo describe muy divertido, es más cuando la testigo llega a la Pu Lof se estaban riendo porque Santiago estaba haciendo chistes reclamando un morral y nadie se lo prestaba. La mujer, miembro de la comunidad, afirmó que el 1 el joven tatuador estuvo en el primer enfrentamiento ejerciendo autodefensa. El testimonio C, que pertenece a Maicoño, también señala que lo vió. Ella llegó a las 9 de la mañana, ahí pudo ver como la Gendarmería entraba y salía del territorio desde la guardia vieja, cruce de la ruta 40 nueva y vieja, de ripio. Apunta que se dirige a la guardia nueva y ahí encuentra a los comuneros y comuneras que estaban sin dormir por el hostigamiento, y saluda entre los comuneros a Maldonado.
Según la mujer mapuche, que está citada para esta semana por el juez Otranto, Santiago estaba junto 7 u 8 comuneros que se encontraban en la ruta en horas de la mañana el 1. “Cuando se produce la irrupción de Gendarmería al predio, Maldonado se encontraba agrupado con varios comuneros dentro del territorio a varios metros de la tranquera principal del predio, y ante los disparos y el ingreso de los gendarmes, que los tomó por sorpresa, corre hasta el puesto de guardia nuevo, toma su mochila y sale corriendo hacia el río junto a los demás comuneros. El Testimonio E da cuenta que estuvo con él: “Fui el último que tuvo contacto con él antes que Gendarmería se lo llevara”.

Río bajo cero

Al llegar al río con Santiago, deciden cruzarlo, pero a esa altura había una parte profunda, donde la única manera para cruzarlo era través de un nado de metros. Según el testimonio E, Santiago no sabía nadar, entonces trata de tomarlo para ayudarlo a cruzar. “Mientras eso sucedía los gendarmes efectuaban disparos contra ellos. La acción se dificultaba bastante, entonces Santiago le dice “siga usted peñi, no puedo más, yo me vuelvo”. Entonces lo suelta y así Santiago vuelve a la ribera del río y trata de meterse en un arbusto. Estaba totalmente mojado, la temperatura era muy baja y el agua del rio era extremadamente fría. Santiago nunca llegó a cruzar el río”, declaró E ante los abogados y lo hará ante la CIDH. Todo esto era observado por una decena de gendarmes que estaban sobre el alto de la barranca. “Tres de ellos bajan hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando ‘acá tenemos a uno’ y escucho un escopetazo. Esos tres gendarmes lo arrastran con golpes hasta el alto de la barranca donde se encontraba el resto de los gendarmes y lo suben a una unimog”, dijo el peñi, que apenas salió del agua se unió a los demás, se secaron con plantas y fueron a caballo hasta una loma para poder enviar el mensaje de texto que recibieron en la tranquera, donde estaban Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la Apdh de Esquel.
“Cuando los gendarmes se van, ingresa la gente, entre ellas una lamien la cual había recibido un mensaje por celu de uno de los comuneros que había cruzado el río, que decia ‘que se habían llevado al Brujo’, al que conocíamos como Santiago Peloso. Llega el defensor oficial Fernando Machado, hizo un acta por el tema de los nenes, y ahí se le solicita que también consigne que había desaparecido Santiago. Eso fue tipo 8 de la noche, ya era oscuro”, dijo la mujer mapuche, quien también había precisado que el enfrentamiento consistió en piedras de la comunidad contra las balas de los gendarmes. La mujer pasó la noche en la Lof. “Como a eso de las 10 de la mañana subo a la guardia y me quedé ahí”. Relata que a las 11 menos 10, del cruce baja un camión de Gendarmería de color oscuro y una camioneta blanca y gendarmes caminando, dice que varios, calcula que 30. Llegan hasta la altura de la guardia nueva que está la tranquera (ingreso principal), que bajan a los tiros.
Cuando llega a la guardia nueva se queda ahí, estaba su mamá, su hijo de siete años y el hermanito de ella, de 9. Santiago llega a la guardia y toma su mochila y corre hacia al río junto a los demás comuneros, lo que fue ya declarado en sede judicial por la testigo Claudina Pilquiman. Y detrás de ellos los gendarmes corriendo, disparando e insultando. Dice que ella considera que fueron unos 30 gendarmes aproximadamente, que llegaron a cruzar la vía (La Trochita) hacia el rio, tambien las camionetas y un unimog, recuerda que esa unimog llega hasta cerca del rio. “En ese momento cuando llegan varios gendarmes a la guardia, la mamá de la dicente cierra la puerta de la casilla con los nenes adentro y la dicente queda afuera, y llega un gendarme mayor (hombre grande) para la dicente tenía el aspecto de jefe ya que tenía un uniforme distinto, ella se para delante de la puerta para que no ingrese a la casilla, y este la empuja, y abre la puerta y gritando ‘dónde lo tienen escondidos’ y luego se va. Observa que unos minutos después los gendarmes que habían ido hasta el rio regresan. Ahí ve salir un unimog. Señala que los gendarmes empezaron a quemar colchones, carpas, frazadas, ropa y hasta los juguetes de los chicos”, dice el testimonio A.
“Dado el proceder de las autoridades nacionales, de la fiscal y el juez federal Otranto, se va a solicitar a la CIDH que realice una visita in loco a la Argentina a fin de que tome los testimonios a los miembros de la Comunidad Pu Lof en Resistencia y se les brinde protección. Además de ello, se le va a solicitar a la CIDH que le advierta al Estado Argentino que está incumpliendo con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, dice el documento. “Lamentablemente como sociedad no hemos aprendido nada después de más de 30 años de restablecida la democracia en Argentina. Santiago es un caso de desaparición forzada. Lo que aflige es el déjà vu que nos presentaron los grandes medios de comunicación, que del mismo modo que durante el proceso dictatorial del ‘76 al ‘83, volvieron a dar rienda suelta a las operaciones de prensa para tergiversar la realidad diariamente hasta con historias desopilantes”, dijeron Cabaleiro y González Quintana. “El papel de los grandes medios de comunicación, fue el mejor aliado para las autoridades nacionales en función de desviar la atención de la Gendarmería durante más de un mes y medio, mientras tenemos a Santiago desaparecido. Santiago no murió, porque no nos consta, pero tampoco sabemos si esta con vida, ese simple planteo produce un escalofrío inconmensurable, Santiago desapareció en el marco de un procedimiento donde intervino una fuerza del estado nacional bajo el mando de un Jefe de Gabinete del Ministerio de la Nación: eso si lo sabemos y lo afirmamos, están las pruebas. Treinta gendarmes, un juez federal, una fiscal, una ministra de seguridad de la nación y su jefe de gabinete, más los grandes medios de comunicación se burlaron de la familia Maldonado y toda la sociedad argentina, durante los últimos 50 días. Pero hasta acá llegaron, la verdad es una sola, y es la que estamos revelando ante la CIDH. Las autoridades nacionales, el juez y la fiscal, ya saben que no van poder encubrirla fácilmente”, agregaron.
Respecto del rol del juez Otranto, dijeron que “la rapidez con la que expidió la orden para allanar y reprimir a la Pu Lof en Resistencia en enero como para despejar la ruta el 31 de julio, es diametralmente opuesta a la lentitud para investigar a la Gendarmería y a los funcionarios, y hay una lógica en esa lentitud, la no autoincriminación, ya que fue el juez, el que puso ahí a la Gendarmería y la que procedió bajo su guiño, también fue el juez quien tuvo antes y durante el procedimiento del 31 de julio y 1 de agosto, un vínculo muy estrecho y fluido con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Adriana Meyer
Página/12

"La policía que detuvo a los 31 a 10 cuadras de Plaza de Mayo incurrió en falsedad ideológica"

M.H.: ¿En qué estado está la causa relacionada con los detenidos a diez cuadras de Plaza de Mayo luego de la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado?
I.J.: Hoy estuvimos en el Juzgado, la causa sigue con secreto de sumario por lo tanto no podemos ingresar a verla. En principio el Juzgado tendría que solucionar esto entre viernes y lunes. Estuvimos en una reunión con la Secretaria del Juzgado en función de algunas cuestiones pendientes que teníamos que resolver y estamos a la espera de una decisión judicial. Nosotros apostamos obviamente a que tiene que ser el cierre de la causa, el sobreseimiento definitivo para poder encarar la otra parte que sería que se investigue el accionar de la policía a partir de la falsedad ideológica cometida con el dibujo de la causa más todo lo que ocurrió mientras los 31 detenidos estaban bajo su custodia.
M.H.: Las pruebas solo han sido aportadas por la policía ¿verdad?
I.J.: Ninguna de las pruebas que aportó la policía refiere a que cualquiera de los 31 haya sido promotor de esos incidentes. Para la figura que les imputan de intimidación pública es necesario acreditar que alguien inició los hechos y no que después se haya hipotéticamente sumado a un hecho de esas características. Lo que importa en ese cargo es quién inició los hechos.
La policía no tiene un solo elemento de prueba de esas circunstancias, pero además prueba que no tienen ninguna utilidad para la imputación porque muchos fueron detenidos a diez cuadras de donde reza el acta policial. Ahí estaría acreditada la falsedad ideológica. No solo el lugar de la detención, la hora de la detención es completamente diferente a la que figura en el acta con mucha prueba que acredita que la situación concreta de la detención es un invento de los policías.
M.H.: Un hecho preocupante son algunos dichos del personal policial que han denunciado los detenidos del tipo “te va a pasar como a Santiago Maldonado”.
I.J.: No lo mencionaban a Santiago, sino que lo que planteaban era algo que tenía que ver con la situación de los desaparecidos, “colaboren porque si no van a ser ustedes los próximos desaparecidos”, ese sería el mensaje.
M.H.: Frente a eso ¿cómo van a actuar los organismos que están defendiendo a los manifestantes?
I.J.: Se van a hacer las denuncias correspondientes y se va a investigar la conducta de estos policías más allá de la falsedad ideológica de las actas de detención. Las denuncias se van a poner en conocimiento del Juzgado. Nuestra prioridad hoy es el cierre de la causa respecto de los detenidos y paralelamente investigar qué hicieron con ellos los policías.
No solo eso se va a investigar, sino también la presencia intimidatoria de policías en distintas jurisdicciones frente a las casas de algunos de los detenidos. Precisamente hoy hablábamos con la Secretaria sobre si había sido una disposición del Juzgado mantener una guardia, certificar algún domicilio y de ninguna manera el Juzgado avaló esa actividad policial, por lo tanto, también se va a incluir esa última circunstancia.
Todo el combo para que la desaparición de Santiago Maldonado sea considerada un crimen de Estado está recontra acreditado
M.H.: Parecería haber una actuación de facto, como también en la causa de Santiago Maldonado. Ha trascendido un diálogo entre el Juez Otranto y el Jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, donde Nocetti dice “ya está hecho” cuando el Juez le recuerda que no dio la orden para que se introdujeran en territorio mapuche.
I.J.: Yo creo que ya no pueden volver atrás con eso, por más que ahora inventen situaciones que puedan atemperar o desviar la investigación, ya se ha dado un paso por parte del gobierno que es imposible de revertir que fue haber negado su participación concreta en la desaparición de Santiago, hoy tienen que reconocer que están investigando a la Gendarmería como se dijo hace 40 días atrás, no hace una semana. Es muy triste que esto sea producto de una encuesta y que a partir de ella haya cambiado la actitud del gobierno. A mí me parece que el gobierno ha hecho tan mal las cosas, primero desapareciendo a Santiago y luego ocultándolo, que realmente indica una situación de absoluta complicidad en una de las peores prácticas que recuerde la historia argentina.
M.H.: Estos siete gendarmes que aparecen ahora como cometiendo un exceso me recuerdan al caso de Fanchiotti en el asesinato de Darío y Maxi encubriendo a quienes tuvieron la responsabilidad política e institucional de los hechos, porque aparentemente se encamina hacia allí el tema.
I.J.: Precisamente hoy estábamos haciendo esa misma correlación, allá por junio de 2002 hasta que no aparecieron las fotos del “ruso” Kovalevsky la idea era que había sido un enfrentamiento entre bandas piqueteras, eso era lo que había preparado el gobierno de Duhalde. Entre las fotos de Kovalevsky y la conferencia de prensa frustrada de Fanchiotti en la puerta del hospital, quedó definitivamente encaminada la investigación hacia un verdadero crimen, el de Darío y Maxi, que se cubrió con hasta 7 horas de filmación de todos los medios de comunicación de ese momento.
Con esto pasa algo muy parecido, de las mismas características y las mismas condiciones, empezaron negando lo que era una evidencia, continuaron demonizando a la víctima y a los mapuches en general y hoy, producto de la gran presión que sostuvimos y de la palabra del pueblo que inundó las calles con una manifestación maravillosa, yo vengo de Córdoba y allí hubieron 80.000 personas en una ciudad que de población es mucho menor que la de Buenos Aires y mover esa cantidad de gente es elocuente. Más otras 300.000 personas en Buenos Aires. En todo el país a lo largo y a lo ancho en todas las plazas el pueblo salió a decir que no iba a tolerar esta nueva desaparición forzada y creo que esto es esencial para el análisis de la situación.
Ellos tienen un Jefe de gabinete de Seguridad que estuvo dirigiendo el operativo, tienen una Ministra que dijo que no iba a colgar a ningún gendarme porque los necesita y un Presidente que no salió a manifestar su repudio ante lo que estaba sucediendo ni dio la orden precisa de separación y descabezamiento de los posibles responsables, más una fiscal y un juez que estaban a la espera de las órdenes del poder político. Es decir, que todo el combo para que esto sea considerado un crimen de Estado está recontra acreditado y si bien no podemos acreditar fehacientemente que haya sido el gobierno quien dijo “vayan y desaparézcanlo” sí estamos en condiciones de afirmar sin ningún lugar a dudas que el gobierno se encargó de encubrir esta desaparición y por lo tanto la relación es directa; quien encubre tiene la misma responsabilidad que quien desaparece.
Lo esencial es saber qué sucedió con Santiago, en lo posible su aparición con vida, pero saber qué pasó con él y que los responsables paguen su culpa que la ubicamos en el gobierno y el Estado nacional.

Mario Hernandez

lunes, 18 de septiembre de 2017

“Los grandes empresarios tienen en la mira a la Patagonia"



Reportaje a Felisa Curamil y Juan Lincan, miembros del Parlamento mapuche en Río Negro

El ataque contra la comunidad mapuche de Lof Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado han replanteado a nivel nacional el debate sobre la represión estatal y el vasto proceso de apropiación capitalista de tierras y desarrollo de negociados mineros y petroleros en la Patagonia. En el presente reportaje, Felisa Curamil y Juan Lincan (miembros del Parlamento mapuche en Río Negro) se refieren a este proceso y realizan una mirada histórica de la opresión contra los pueblos originarios, concentrándose en lo sucedido durante los gobiernos de Kirchner y Macri.
Reclaman, también, la prórroga de la Ley de Tierras (26.160) que impide los desalojos y convocan, en tal sentido, a una marcha para el 27 de septiembre en Buenos Aires.
-¿Qué consecuencias tendría para la provincia el nuevo código de tierras?
-FC: Cuando asume Macri recorre muchos países para hacer acuerdo con los empresarios que quieren venir a explotar nuestras tierras, y hoy la problemática que hay acá es justamente que el objetivo de ellos son los territorios, y los territorios son los indígenas.
Luego del recorrido que hizo el gobierno y haber firmado acuerdos, en la provincia de Río Negro [el gobernador Alberto] Weretilneck saca el proyecto del Código de tierras. Este le permitirá a las empresas, al municipio y la gobernación la entrega de lo que ellos llaman “tierras fiscales”, nosotros decimos que es el territorio donde están asentadas las comunidades mapuche, donde ya han entrado camionetas y están haciendo cateos. Acá existe una organización, que es el Parlamento mapuche con el cual el gobierno nunca ha dialogado. Nosotros venimos reuniéndonos con las comunidades de toda la zona y realizamos una gran marcha, que culminó en Viedma y nunca nos recibieron, ni siquiera recibieron el documento donde rechazamos el código de tierras, y se negaron a la mesa de diálogo, violando el derecho de las comunidades indígenas a ser partícipes y generar una consulta previa. Están en juego nuestro territorio y nuestra cultura. No hay ni en Río Negro ni en todo el país una voluntad política de diálogo. El proyecto del código de tierra también contempla el cierre de escuelas. El no tener escuela en el espacio donde vivís te obliga a un desarraigo de tu zona. Hay un proyecto minero de carbón (Pico quemado, en Rio Chico Abajo en el departamento de Ñorquinco), donde quieren cerrar una escuela, con la excusa que no hay alumnos, para cederle las tierras a las mineras.
-¿Cómo ha sido el recorrido de su lucha en las últimas décadas?
-FC: Luego de la reforma de la Constitución de 1994, después de un gran movimiento de las diferentes comunidades, presionamos para que se nos reconozca como pueblos preexistentes, porque todas las leyes que habían eran de la dictadura, y no nos reconocían absolutamente nada, hablaban de indios domesticables que debían ser evangelizados. Luego seguimos trabajando a nivel internacional, a través del convenio 169 (antes era el convenio 107). Estos convenios están basados en la OIT (Organización Internacional del Trabajadores) y allí hay varios artículos que reconocen (14, 16 y 21) los territorios indígenas, y dicen que el Estado debe garantizar la participación, la consulta previa y libre e informada de los pueblos indígenas cuando se traten cuestiones de intereses relacionados a los territorios. Desde que el Estado firma la ratificación de este convenio, tiene que dar garantías de participación. Si hay algo que no han hecho los gobiernos es avanzar sobre esto.
Somos conscientes que dentro de lo que es el Estado argentino nos toca convivir con una sociedad donde hay diversidades, donde estamos nosotros como pueblo preexistente. Es absurdo pensar que nosotros queremos crear un estado paralelo. Esa idea que quiere hacer creer el gobierno es de quienes responden a los intereses de los terratenientes y empresarios. Su fin es enfrentarnos con el resto de la sociedad y no cumplir con los derechos que se han consagrado en la misma Constitución que ellos dicen defender.
En esta región muchos trabajadores somos mapuche, las empleadas domésticas, los gastronómicos, empleados municipales, somos mapuche, somos trabajadores también. Desde Roca y Sarmiento nos decían que éramos los vagos, los indios, las lacras y ahora en pleno siglo XXI nos encontramos con el mismo discurso. Ellos generan la violencia y ese enfrentamiento. Lo peor que nos puede pasar es enfrentar a los pueblos indígenas con los trabajadores, y en realidad acá tiene que haber una lucha común de los pueblos originarios con el movimiento obrero contra el Estado y los capitalistas. Lo que se está viendo hoy es una lucha de clase, entre los que manejan el poder y los trabajadores.
-JL: los peñi [compañeros] en la asamblea del parlamento plantearon que el pueblo originario quiere la tierra para el sustento de vivir, y no para hacer negociados como quieren los capitalistas. Eso es necesario que lo sepa toda la sociedad, no queremos la tierra con la ambición que tienen los capitalistas de explotar nuestros recursos, con la excusa de generar trabajo que es precario y es temporal… después todo es un desastre, queda contaminada la tierra, escasea el agua, hay enfermedades en las personas y en los animales. Por eso no debemos dejar pasar esos planes y el pueblo en su conjunto debe luchar.
-FC: Yo vengo con la historia de nuestros antepasados y tenemos la memoria viva de ellos de todo el genocidio, la humillación, la quita del idioma, de nuestra cultura y de nuestro territorio que aún continúa en este siglo XXI. El mensaje que quiere dar el gobierno a la sociedad, con la represión que sufrió la comunidad en Cushamen y la desaparición forzada de Maldonado, es que aquél que apoye esta lucha terminará como Santiago. Frente a esto tenemos la obligación de luchar en conjunto. Lo que tienen los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, es la mira en la Patagonia, de intereses de explotación de los recursos naturales, mineros, petroleros y del agua. Históricamente, ningún gobierno ha tenido la voluntad política ni hemos sido parte de la agenda pública los pueblos originarios. Mi abuela falleció en el 2001, tenía 113 años. Vivió la campaña del desierto, la fronteriza, todo el genocidio de todos los gobiernos, de dictadura y de democracia. Ellos vivían acá con los propios recursos que nos daban la naturaleza, donde todos estos territorios eran nuestros. Nos vinieron corriendo y nos dejaron las peores tierras, asesinando a nuestros antepasados. Un genocidio, un etnocidio. Nos han asesinado y nos han despojado de nuestras tierras, en beneficio de grandes intereses económicos. Hoy el kirchnerismo podrá decir que apoya nuestra lucha, pero ellos reprimieron al pueblo qom, nosotros como parte de pueblos originarios no podemos hacer la vista gorda sobre eso. Nunca Cristina Kirchner recibió a Félix Díaz, que sí fue recibido por el zángano de Macri para sacarse la foto mientras continuaban reprimiéndolos. Los Bullrich o los Marcos Peña con sus familias han sido los que han quitado las mejores tierras de los pueblos indígenas, sus familias han matado miles de indígenas y nunca van hacerse cargo. Es gravísimo que esta misma gente sea la que hoy está gobernando.
-JL: está bueno darle una lectura política al resto de la sociedad, que se está involucrando a partir de lo de Maldonado y que entienden lo que son los derechos de nuestras comunidades. El gobierno a partir de que no se sienta con los pueblos indígenas a una mesa de diálogo ya está planteando la violencia, con sus medios de comunicación y sus aparatos para defenestrar nuestra lucha. Hay muchos ancianos que se han muerto reclamando sus tierras y a través de los años los gobiernos no les dieron atención.
-FC: el Estado, de forma inteligente, y para no hacerse cargo, quiere enfrentar al pueblo con los mapuche y el resto de la sociedad. El enemigo nuestro y de toda la sociedad es el gobierno y el Estado, un estado opresor, que viene a oprimirnos, a mapuche, al movimiento obrero o al campesinado. Así como Maldonado, hay miles de personas que nos han acompañado en nuestros reclamos, porque se comprometen en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestros recursos como la tierra y el agua.
-¿Cómo ha sido la situación desde la aplicación de la ley 26.160?
-MC: Con nuestra lucha en 2006 logramos que cada provincia comience a hablar del tema con la participación de todos los pueblos originarios del país. Con la ley 26.160 se debió haber avanzado en la regularización de los territorios de los pueblos originarios, pero aquí en Rio Negro solo se reconoció el 50% a las comunidades. Por más que la ley planteaba frenar los desalojos sabemos que en otros lugares del país continuaron.
Con la ley 26.160 lo que “omitió” el kirchnerismo fue no agregar un artículo para entregar los títulos de los territorios demarcados, que eso es lo que nos garantiza el resguardo de nuestro territorio. Tanto el gobierno K como el gobierno actual quieren evitarlo, para explotar toda la riqueza. Yo me he venido a Bariloche por una cuestión forzada, en toda la Patagonia fuimos sometidos a esa migración interna, nos han desterrado de nuestros propios lugares y luego nos toca integrarnos en las ciudades, sufrimos un doble desarraigo. Estamos llamando a una marcha a todos los pueblos para el 27 de septiembre en Buenos Aires para exigir una prórroga de la ley 26.160 e impedir un desalojo y se haga efectiva la entrega de nuestras tierras.

Entrevista realizada por Facundo Britos, Marcos Novara y Rafael Maigua

Inicio de campaña: conferencia de prensa del Frente de Izquierda

Mañana, martes 19 de septiembre a las 16h en el Hotel Castelar, el Frente de Izquierda brindará una conferencia de prensa con la que reiniciará la campaña electoral hacia las elecciones generales del 22 de octubre.

Estarán presentes los primeros candidatos de los principales distritos del país de los partidos que conforman el frente: Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista. Entre ellos el candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires Nestor Pitrola y los candidatos a diputados Nicolás Del Caño, Roregman, Gabriel Solano y Nicolás Nuñez. Participarán también candidatos del interior del país.
Marcelo Ramal dijo que “en CABA haremos una fuerte campaña para construir una oposición real al macrismo. Con la elección ya definida por el resultado de las PASO, buscaremos concentrar el voto progresista y de izquierda y sumar a un sector del electorado en favor de los derechos de las mujeres, de la juventud, en defensa de la educación y las condiciones de trabajo, para conquistar diputados de izquierda por la Ciudad en el Congreso.”
Nestor Pitrola dijo que “en la Provincia, lejos de caer en la extorsión kirchnerista, saldremos a plantear que al ajuste le hacemos frente con los trabajadores y la izquierda y no con quienes acompañaron al gobierno, votando las leyes y conteniendo medidas de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. El Frente de Izquierda va a una fuerte campaña de clarificación respecto al papel de colaboración jugado por la dirigencia sindical y el PJ, del cual CFK se plantea como una de sus partes, y disputar los votos de quienes rechazan la política de Macri. Vamos a multiplicar las bancas del FIT en el Congreso nacional para fortalecer la voz de los trabajadores y en el debate que se viene post-octubre levantar la perspectiva de los trabajadores para una salida a la crisis del país.”

Comunidades Mapuches rechazan el operativo montado por el Juez Otranto



A 11 años de la desaparición de Julio López y a 49 días de la desaparición forzosa de Maldonado, el juez Otranto ordenó un operativo en el Lof Resistencia Cushamen, que contó con más de 400 efectivos “por el tiempo que sea necesario” manifestó el juez al Diario La Nación.

A las 5 de la mañana comenzó el despliegue. Las familias de la comunidad no fueron avisadas. Bajo objetivo de rastrillar toda la vera del río Chubut, ingresarían a algunas viviendas del Lof para poder ubicar rastros del joven artesano desaparecido.
Helicópteros, drones, buzos, unidades de Infantería, de caballería, un grupo especial de acampe con vehículos todoterreno más efectivos de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), del grupo de prefectura “Albatros”, 16 perros entrenados, componían las fuerzas armadas desplegadas para encontrar la mochila y celulares de Santiago Maldonado.
Por los momentos que está atravesando el Lof Resistencia Cushamen, expresaron su solidaridad las comunidades de “Vaca Muerta” Zonal X. En un comunicado de la Confederación mapuche, expresaron que, “este tipo de ingreso inconsulto y violento busca “plantar” pruebas falsas para relacionar al Pueblo Mapuche con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y salvar a la Gendarmería, a toda vista responsable de generar esta situación junto con la Ministra Bullrich”.
Al momento y al lugar no pudo acceder la prensa, ni organismos de derechos humanos, ni Sergio Maldonado (hermano de Santiago) querellante en la causa. Es decir que no hay ninguna garantía de que el operativo sea efectuado sin las violaciones a los derechos humanos. La campaña de estigmatización ejercida desde el gobierno se cristaliza en la brutalidad a la que son sometidas en cada allanamiento, sólo por el hecho de ser Mapuche.
Por último las autoridades Mapuche refirieron que esta es una maniobra más de la justicia en complicidad con el gobierno nacional, para no asumir las consecuencias de sus permanentes acciones violentas y racistas.

LID

En la ciudad más rica del país, diez mil chicos no pueden acceder a la educación pública

El colectivo "Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y el sindicato docente UTE denuncian la dramática situación de miles de familias que no consiguen ingresar al sistema de vacantes escolares impuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando Rocío se separó de su pareja tras denunciarlo por violencia, quedó sola con su nene de un año, un alquiler y su único ingreso. Ante la imposibilidad de tomarse más tiempo en el trabajo, decidió en septiembre de 2016 que era tiempo de inscribir a su hijo en la escuela pública. Recién en febrero, y sólo por su iniciativa al preguntar si su hijo tenía finalmente una vacante, le contestaron con un escueto “no”. Rocío inició automáticamente un amparo en el que detallaba su situación particular, mientras hacía malabares para pagar niñeras y llevaba a su nene al trabajo. Tuvo que ir al ministerio en muchas oportunidades y escuchar que ella hacía llorar a su hijo a propósito para dar lástima. Pero lo que Rocío no se olvida es la cara de quien le espetó desde el ministerio que “la realidad cambió y las madres en seguida quieren dejar a sus hijos en la escuela porque ahora deciden trabajar, pero el Estado no se puede hacer cargo de tu hijo”. La joven madre agradece que al menos pudo dar con espacios colectivos que buscan soluciones que el Ministerio de Educación de la Ciudad no da.
Patricia Pines es parte del colectivo “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas”, un espacio en el que confluyen abogados, docentes, padres, organizaciones políticas y sindicales que buscan hacer frente a la emergencia de vacantes de la Ciudad. La red surgió luego de la primera experiencia con la inscripción online, a finales del año 2013. “Nos organizamos sin conocernos luego de que se implementara este sistema que es a nuestros ojos excluyente e ineficaz y está integrado por personal que desconoce el funcionamiento del sistema educativo”, explica Pines.
Para los integrantes de la Red, la inscripción online “no deja en claro que hay varias instancias y que no hay más vuelta que esperar. El nivel de desprotección es tal que incluso se generaron negocios satélite como el de locutorios que cobraban un plus por realizar las inscripciones a quienes no supieran manejar el sistema”, agregan.
La misma apreciación hace María José Gutiérrez, Secretaria de Nivel Inicial de UTE, quien recuerda que “todos los años denunciamos lo mismo sobre el sistema: que se cae, que la selección es arbitraria por GPS y no por preferencia o que no tiene en cuenta situaciones especiales. Hay incluso chicos que figuran con vacantes cuando en realidad no están asistiendo por distancias pero prefieren mantenerlas a la espera de un posible traslado por miedo a terminar afuera”.
Gracias al sostenimiento de sus integrantes, la Red creció y actualmente la integran miles de miembros de la comunidad educativa que poco a poco van estableciendo una respuesta semi protocolaria “a la ausencia de vacantes y la indiferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Si bien el espacio es multisectorial y trabaja por redes sociales, tratamos de juntarnos y poner bien el foco en un objetivo, un logro notable porque tenemos gente de espacios muy diversos”, destaca Patricia. Entre las acciones que llevan adelante se cuenta incluso la búsqueda y acondicionamiento de lugares para generar nuevas escuelas, “hasta ahora logramos dos, la Azucena Villaflor y la Carlos Fuentealba”, se enorgullece Pines, aunque ironiza que a este ritmo “ni jubilada vería las 60 escuelas que faltan en la Ciudad”.
Según Gutiérrez, el problema de las vacantes a nivel inicial radica en que “no se hicieron jardines como se habían comprometido desde el GCBA. Hay distritos como el 21 con 145 chicos declarados fuera del sistema -y eso sin contar desde los 45 días de vida-”. Si bien la escolarización desde los 45 días no es obligatoria, es un derecho que se incumple en miles de casos. Los números con los que puede contar el sindicato son sólo sobre niños en edad escolar que se quedaron sin vacantes, pero las estimaciones crecen enormemente si se incluye a todos esos infantes que deberían poder acceder a la educación pública y no encuentran lugar.
Como respuesta a la falta de vacantes, la Red recomienda tomar medidas judiciales y no apostar a la espera: “llevamos más de 120 recursos de amparo” cuenta Patricia, y señala que “hasta ahora lo único que resuelve la situación es la judicialización con una multa sobre algún sueldo de los funcionarios responsables: ahí sí que enseguida aparecen lugares”. Rocío es una de las personas que logró ganar el pulso judicial. El amparo dicta para ella que si no tiene un lugar en el jardín maternal de su preferencia deben darle alguno cercano y, de ser imposible, pagarle un privado. Sin embargo, hace un mes que no tiene novedades.
“Hay distritos en los que unifican los grados como si fueran escuelas rurales, como si en la ciudad argentina más rica no hubieran recursos. No sabemos a dónde va a llevar esto. No es solo un problema de vacantes, la educación en general está en crisis en la ciudad”, remarca Pines.
Según la secretaria de Nivel inicial de UTE, “que se unifiquen grados es más común en el norte pero de Rivadavia para abajo hay muchísimos más niños. El problema del reglamento de inicial es que no aclara que no se pueden unificar salas y ahí es donde aparecen estos movimientos para reordenar a los chicos sin importar sus edades”.
Pero las decisiones judiciales tienen una doble cara, porque a diez años del PRO en la Ciudad la falta de establecimientos es una realidad que se acentúa. Además, Gutiérrez señala que como sindicato respaldan los amparos, “sin embargo, cuando el chico entra por vía judicial comienza el problema del hacinamiento: hay grados con hasta 35 nenes. Como queremos a los pibes en las escuelas finalmente terminamos apelando a que los compañeros docentes se esfuercen más en recibir chicos y se generan situaciones que exceden al trabajador”.
Desde la Red denuncian que el objetivo central es seguir fugando el mayor porcentaje posible de niños al sistema de educación privada. “Tuvimos el caso de una familia a la que le investigaron por redes sociales que había pagado una matrícula en un privado. Lo presentaron como prueba contra un padre que pedía una vacante: imprimieron y adjuntaron en respuesta judicial una captura del Facebook de este padre”, alerta Pines.
Según Gutiérrez, la única respuesta del gobierno es triplicar la presencia de Centros de Primera Infancia. Los CPI no se asemejan en nada a una escuela, son guarderías, con trabajadores precarizados y dependen de la órbita del ministerio de Desarrollo Social. “Nosotros queremos que los CPI entren en la órbita del ministerio de Educación, que haya trabajadores de la educación en estos espacios y que se pueda dar una respuesta educativa a la falta de vacantes”, señala Gutiérrez. En la Red, cuando les ofrecen la vía de los CPI “tratamos de que no acepten porque eso no garantiza la escolaridad, sólo acalla el problema hasta la edad de escolarización obligatoria”, explica Pines. Rocío tuvo que aceptar de momento que su nene asista a un CPI, pero es plenamente consciente de que “no hay condiciones ni personal idóneo para cuidar a los nenes. Si no aceptaba el CPI me quedaba sin trabajo”, reflexiona angustiada.
A lo largo de los años “la situación no mejora y el mecanismo está sordo a reclamos. Hay madres que no están pudiendo trabajar, la única modificación que se logró fue la posibilidad de mayores opciones de escuelas a la hora de la inscripción” pero esto no garantiza nada, según Pines.
Desde el 2 de octubre y hasta el 15, se abrirá un nuevo período de inscripciones y para la comunidad educativa esto significa la vuelta a los reclamos. Desde la Red recomiendan a los padres que ya inscribieron reclamar antes de estas fechas. En cuanto a quienes inician el trámite, recuerdan que la primera parte es “por sistema y se les pregunta todo. Los primeros 7 días no suele funcionar”, por lo que hay que estar preparados para que las cosas no sean fáciles.
En la ciudad más rica del país hay un promedio de diez mil chicos que desde los 45 días de vida no tienen derecho a acceder a la escuela pública y muchos de ellos terminarán en privadas.
“Hacen falta presupuesto y voluntad política. Pedimos los 850 millones para la educación pública contra los 2 mil millones que el GCBA dedica a publicidad oficial”, señala Patricia y se suma a las voces que denuncian que la falta de vacantes es “sólo una de las derivadas del plan sistemático de privatización de la educación pública que tiene el PRO”.

María Fernanda Rezzano
APU

El circuito represivo que denunció Julio López



El 27 de octubre de 1976 fue detenido-desaparecido por primera vez. Estuvo en los centros clandestinos el Potrerismo, Pozo de Arana, Comisaria Quinta y Octava, que integraban el Circuito Camps. A través de las declaraciones de Julio López se conoció quiénes fueron sus compañeros de cautiverio.

El Circuito Camps estaba integrado por un conjunto de centros clandestinos de detención (CCD) dependientes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Su nombre hace referencia a quien decidía de la vida (y la muerte) de los detenidos-desparecidos: el general Ramón Camps. El jefe militar de la policía bonaerense fue indultado por el ex presidente Carlos Menem en 1990.
Este circuito funcionó en nueve partidos del conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata y estuvo conformado por al menos 29 centros clandestinos. Cada CCD cumplía funciones específicos dentro del circuito, como se señaló en el dictamen del fiscal Félix Crous presentado en el Juzgado Federal de La Plata. Allí estuvieron más de dos mil detenidos-desaparecidos.
Tanto la Brigada de Investigaciones De La Plata, como la dependencia policial de calle 1 y 60 funcionaron como centro de ingreso de los detenidos-desaparecidos al circuito clandestino, y luego trasladados a otros centros de detención y tortura; mientras que la Comisaría Quinta era un centro de ’depósito’ en los que los prisioneros permanecían durante el tiempo intermedio entre su detención y su traslado a centros como el Pozo de Arana, el de Quilmes o de Banfield.
En el CCD, COT I Martínez, dentro del circuito tenía algunas características propias. Albergaba entre sus detenidos a numerosas personas de pública actuación, como los periodistas Rafael Perrotta y Jacobo Timerman, y a dirigentes políticos y a ex funcionarios de jerarquía durante el gobierno constitucional depuesto el 24 de marzo de 1976: tales los casos de Ramón Miralles, Juan Gramano, Juan Ramón Nazar, Alberto Líberman, Héctor Ballent, entre otros.

Algunas de las víctimas del Circuito Camps

El 16 de septiembre de 1976, hoy conocida como la Noche de los Lápices, secuestraron a jóvenes que tenían entre 14 y 16 años, de la Unión de Estudiantes Secundarios.
En un operativo contra la casa del hijo de Chicha Mariani, el 24 de noviembre de 1976, la patota de Etchecolatz y Camps acribilló a su nuera, Diana Teruggi, y secuestraron a su nieta, Clara Anahí de tan solo tres meses, que aún hoy sigue desaparecida.
La patota también fue responsable del secuestro del periodista Jacobo Timerman; de los Graiver, de las integrantes de la Asociación exdetenidos-desaparecidos, Adriana Calvo y Nilda Eloy, así como de Jorge Julio López. También secuestró, y aún permanece desaparecido a Enrique Rodolfo Barry, tío de Alejandrina, hija de desaparecidos e integrante del CeProDH. Mientras que en el pozo de Banfield pasó sus últimos días de embarazo María Asunción Artigas. Allí nació, el 25 de agosto de 1978, María Victoria, quien hoy integra el CeProDH.

Algunos testimonios

Adriana Calvo fue la primera testigo en declarar en el Juicio a las Juntas, el 29 de abril de 1985. Allí contó que estuvo detenida-desaparecida, primero en la Brigada de Investigaciones de la Policía de La Plata y que luego fue traslada a otros centros de detención.
A fines de los 90, el movimiento democrático que reclamaba juicio y castigo a los culpables, permitió que en La Plata comenzaran los Juicios por la Verdad. A través de esos juicios no se obtenía cargas penales, porque las leyes de impunidad lo impedían, pero sí mucha información aportada por los testigos con la que se reconstruyó parte de lo que sucedió en los CCD. Durante los Juicios por la Verdad han declarado más de 900 víctimas. Muchos de sus testimonios permitieron, luego que se anularan las leyes de Obediencia Debida, Punto Final, que se abrieran procesos penales a represores como el cura Cristian Von Wernich y Miguel Etchecolatz, así como se inició el juicio por el caso de la Comisaría Quinta.
En estos juicios aportaron su testimonio también Jorge Julio López y Adriana Calvo.
En el primer juicio que se llevó adelante tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, López volvió a ofrecer su testimonio que permitió condenar al ex comisario Etchecolatz. El 28 de junio de 2006 ante el tribunal de La Plata, López relató el calvario que atravesó como detenido-desaparecido, que comenzó en octubre de 1976 cuando fue secuestrado en su casa de Los Hornos. Contó que una patota de la Bonaerense lo llevó al centro clandestino de detención de Potrerismo, luego al Pozo de Arana, y más tarde a las comisarías Quinta y Octava de esa Ciudad, y que al ser legalizado, fue trasladado a la Unidad Penal N° 9. El 25 de junio de 1979 recuperó la libertad.
También habló de sus compañeros de cautiverio y aportó datos claves sobre el rol que cumplía Etchecolatz. Como continúo siendo durante todos los juicios de lesa humanidad, a causa que aún permanecen cerrado bajo siete llaves los archivos de la dictadura (por responsabilidad de todos los gobierno), fue López (como tantos otras víctimas) quien aportó pruebas para condenar a los represores, pero también para reconstruir quiénes fueron sus compañeros de cautiverio que aún hoy permanecen desaparecidos.
Durante el juicio relató que entre sus secuestradores se encontraba el propio Etchecolatz y su chofer Hugo Alberto Guallama. También aportó datos de quienes sufrieron junto a él el mismo calvario de torturas en el Pozo de Arana, entre ellos se encontraba Norberto Rodas y Alejandro Sánchez, Ambrosio De Marco y su pareja Patricia Dell’Orto, ejecutados a fines de 1976.
Su trabajo itinerante como albañil también le permitió reconocer muchos de los lugares clandestinos donde estuvo detenido. Como el caso de la estancia la Armonía donde él había trabajado diez años antes de ser convertido en un CCD: Pozo de Arana; o la comisaría Quinta, porque desde la ventana se veía un palmera que pertenecía a una casa en la que había trabajado, desde allí se escuchaba el campanario de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
En aquella sala de los Tribunales platense el público que presenció su valiente testimonio se puso de pie. Aplaudió la bravura de un hombre que había revivido el horror del andamiaje represivo que le tocó vivir.
Los testimonios de López volvieron a tener vigencia en el 2008. Tras el hallazgo, por las tarea realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, donde funcionó el Pozo de Arana se encontraron 10.000 fragmentos de restos óseos humanos cremados y un viejo paredón de fusilamiento con más de 200 impactos de bala. Allí estuvieron detenidos-desaparecidos también los adolescentes que reclamaban el boleto estudiantil. La Noche de los Lápices y del horror se vivieron en el Pozo de Arana.

Tras su testimonio…

Tres meses después de aquel valioso alegato, y a 72 horas de que los jueces del Tribunal condenaran a Etchecolatz a cadena perpetua "por crímenes cometidos en el marco de un genocidio", tomando el pedido de la querella, López desapareció por segunda vez. El 18 de septiembre de 2006, hace ya once años.
Las abogadas de López, Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, junto a exdetenidos desparecidos como Adriana Calvo y Nilda Eloy, organismo de derechos humanos como el CeProDH, denunciaron inmediatamente su desaparición.
Los medios oficialistas no tenían en su agenda poner la desaparición de Jorge López. Tampoco, en estos once años, los medios rabiosamente opositores a los gobiernos de los Kirchner, incluso los que hicieron periodismo de guerra, pusieron en agenda la desaparición de López.
Los que pelearon por su aparición con vida, los que denunciaron que la causa es un monumento a la impunidad, los que nunca se olvidaron de Julio López, los que nunca se callaron por su desaparición, a once años de su desaparición volverán a marchar este 18 de septiembre.
Marcharan con sus remeras estampadas con la cara de López. Llevaran pancartas pidiendo justicia, denunciando que el Estado es responsable. Volverán a reproducir en las redes sociales, como todo los años, el video de su testimonio en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Su nombre se convirtió en grito, marcha y reclamo contra el aparato represivo del Estado y contra la impunidad.
Este año los esténcil no solo retratarán la cara de López, también lo harán con la imagen de Santiago Maldonado.
En todas las plazas del país saldremos a reclamar, este 18 de septiembre por Julio y por Santiago.

Rosa D'Alesio

domingo, 17 de septiembre de 2017

Cinismo: Garavano pidió terminar con las "operaciones y mentiras a los jueces" en el caso Maldonado



El ministro de Justicia habló del tema en radio La Red. Dijo que es probable que algunos gendarmes "no dijeron la verdad en un primer momento"

En una muestra de cinismo enorme, el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió terminar con "operaciones o mentiras que se les dicen a los jueces", en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Garavano habla con total liviandad de operaciones, como si no fuese el mismo Estado, desde el Ministerio de Seguridad, las fuerzas represivas y los servicios de inteligencia, responsable por la difusión de las principales mentiras para desviar la investigación.
Lo que no ha faltado desde que Santiago desapareció en Chubut a manos de la Gendarmería, es "la carna podrida", versiones falsas, repetidas por el coro mediático afín al oficialismo y defendidas como válidas por representantes del Gobierno de primera línea, como Patricia Bullrich y Marcos Peña.
Garavano forma parte del repertorio de funcionarios que repiten sandeces sobre el caso. Ante la evidencia, a todas luces, de la responsabilidad de Gendarmería en los hechos ocurridos el 1° de agosto, ahora la clave del relato oficial es inculpar a algunos gendarmes sueltos. "Lo que hoy está saliendo a la luz" es que "probablemente" haya gendarmes que "no dijeron la verdad en un primer momento", sostuvo el ministro en diálogo con radio La Red. Además aseguró que las declaraciones de los gendarmes al sumar elementos que previamente habían negado, configuran una nueva situación que "ha dado un giro y un envión a la investigación".
Para el ministro, "es bueno que todo el Estado, en este caso el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad, aporten elementos, pero ya elementos certeros, precisos, técnicos y no a veces mentiras infantiles, pero que han generado hasta casi un desvío en la investigación, que han generado más confusión en la sociedad y en el propio juez y en la fiscal en términos de cuáles son las hipótesis, qué hay que investigar y dónde hay que poner el foco". No se explica tanto cinismo. Desde el minuto cero de la desaparición de Santiago, los testigos denuncian y señalan el camino que debe seguir la investigación: Gendarmería se llevó a Santiago el 1° de agosto luego de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Las versiones inverosímiles, poco certeras, las mentiras infantiles en pos de desviar la investigación, fueron y siguen siendo responsabilidad del Gobierno, con la inestimable ayuda de los medios que lo apoyan. Garavano suma sus declaraciones en el contexto de la nueva operación gubernamental, judicial y mediática, que intenta sacrificar a algunos gendarmes en pos de salvar al conjunto de la fuerza represiva y al Gobierno por su responsabilidad.

LID

Noche de los Lapices

Los lápices no pierden su filo



Los jóvenes son un factor explosivo en la historia, capaz de poner en jaque al poder existente con sus ideas y su cuerpo. Ésta es la amenaza que la dictadura pretendió borrar aquel septiembre de 1976, y es el legado que retomamos hoy en las calles.

¿Qué escriben nuestros lápices?

A mediados la década del 60, el boom económico posterior a la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y el capitalismo mostraba los límites de su recuperación. El imperialismo desparramaba su napalm en Vietnam y los pueblos oprimidos levantaban su cabeza. Fue entonces cuando en todo el mundo –desde Europa hasta Latinoamérica-, obreros y estudiantes confluyeron en luchas que cuestionaron el corazón del sistema. En Argentina, este proceso tuvo su expresión en distintos hitos cuyo punto culminante fue aquella gran gesta de la clase obrera argentina: el Cordobazo.
En 1970, durante el ascenso revolucionario más importante de la historia argentina, codo a codo con los jóvenes trabajadores, los universitarios y los secundarios tuvieron un protagonismo indiscutible. Un ejemplo fue la pelea que desarrollaron a lo largo de 1975 en La Plata y otras ciudades que, lejos de limitarse al boleto estudiantil, mostraba los mejores elementos de una generación que sostenía en alto las banderas de la insurrección.
Por ello, cuando en septiembre del año siguiente, la dictadura -a cargo del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires- chupó y torturó a diez de estos jóvenes, lo hizo como parte de un plan sistemático para borrar a la vanguardia que constituía su mayor amenaza. Tenían entre 14 y 17 años y eran, en su mayoría, militantes. Claudio de Acha, Horacio Úngaro, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini y Daniel Alberto Racero aún continúan desaparecidos, y Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler lograron sobrevivir.

Cinceles del futuro

Gustavo Calotti, uno de los estudiantes que vivió luego de haber sido sometido en los Centros Clandestinos de Arana y el Pozo de Quilmes, la Comisaría 3 de Valentín Alsina y la U-9 de La Plata, afirmaba: “Se construyó una historia con el boleto estudiantil y se hizo de ésta un símbolo que vació el contenido”. Esto no es casual. Las clases dominantes se han empeñado una y otra vez en limar el filo rebelde de nuestra historia, negándola o convirtiéndola en un instrumento para sus propios fines. Son aquellos que reivindican discursivamente a la “juventud maravillosa” pero alertan que los tiempos han cambiado, que ya no se necesita pelear para alcanzar nuestras conquistas. Los que, con su cinismo habitual, apoyan a candidatos enemigos de los laburantes y los jóvenes, mantienen la precarización laboral y las policías asesinas así como la impunidad de ayer y de hoy, pero instituyen el 16 de septiembre como “Día Nacional de la Juventud”.
El pensador marxista Walter Benjamin entendía que “la imagen de los antepasados esclavizados” constituye, para los explotados, “el nervio de su mejor fuerza”. Para él, la propia revolución podía ser entendida como un “salto de tigre al pasado” y, en este sentido, decretaba: “tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza”.
A lo largo de la última dictadura militar desaparecieron 250 jóvenes entre 13 y 18 años y, de acuerdo con la CONADEP, el 21% del total de los perseguidos y encarcelados provino de secundarios y universidades. El propio Ramón Camps, a cargo del operativo de septiembre del 76, justificó los secuestros por el "accionar subversivo en las Escuelas". Lejos de ser una“revuelta estudiantil y utópica”, como muchas veces se pretende, los secundarios se alzaron para transformar radicalmente al mundo.
Para nosotros, desde la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda y las agrupaciones No Vamo a Calmarno y En Clave Roja, el día de hoy no es una fecha para conmemorar pasivamente. Sino que es un día de memoria viva, donde marchamos contra las fuerzas represivas, los burócratas sindicales, las cúpulas eclesiásticas y los entregadores, que fueron los aliados del Proceso y continúan hoy garantizando la represión y la persecución.
Por eso, hoy marchamos para exigirle al Estado la aparición con vida de Santiago Maldonado y que no se transforme en otro monumento a la impunidad como es el caso de Julio López. Nosotros no contraponemos desaparecidos con desaparecidos, luchamos contra la impunidad y contra los encubridores de ayer y hoy, y este lunes nos va a encontrar otra vez en las calles, 11 años después de la desaparición de Julio López.
Magalí, referente del Carlos Pellegrini y la agrupación En Clave Roja nos dice: “41 años después, las fuerzas represivas siguen fieles a su rol. A mí no me van a contar lo que son, mi abuelo fue asesinado por la triple A, en el 2014 enfrentamos a la gendarmería en LEAR, hace unos meses en el desalojo de Pepsico, y todos los días se quieren meter a los colegios tomados y amedrentarnos. No les tenemos miedo, los enfrentamos en todos lados. Por eso yo retomo la lucha por cambiar este sistema de raíz que dieron nuestros compañeros desaparecidos de la Plata y toda su generación.”
Los lápices siguen escribiendo porque no vamos a dejar que conviertan en papel mojado lo que fue marcado a fuego. La pregunta está planteada: ¿qué vamos a escribir hoy? En momentos de convulsión, los jóvenes se muestran como un factor decisivo para girar el curso de los acontecimientos. Lo que está en disputa es cómo nos preparamos y bajo qué banderas lo hacemos.

Jazmín Pecci

sábado, 16 de septiembre de 2017

Alegato de Elia Espen, a 40 años de la desaparición de su hijo

Reclamo internacional: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

2006 - ¿Dónde está Julio López? - 2017

El juez Otranto rechazó la recusación de la familia Maldonado



La decisión queda en manos de la Cámara de Apelaciones. Por qué debe ser separado de la causa.

La recusación del juez Otranto y la fiscal Sandra Ávila, pedida por la familia de Santiago Maldonado, fue rechazada por el mismo juez y ahora pasará a la Cámara de Apelaciones, que deberá decidir sobre el destino de la misma.
El juez rechaza que el hecho de haber sido quien ordenó el desalojo de la ruta 40 el 31 de julio sea un impedimento para investigar dónde está Maldonado. Como una forma de lavar su accionar y retener para sí la causa, el juez aduce que ahora la investigación se dedica exclusivamente a comprobar si hubo una desaparición forzada de persona; sin embargo, todas las medidas que no fueron realizadas durante los primeros días de los hechos dan cuenta de la inacción judicial, cuando no del encubrimiento de la Gendarmería. Una acción que contó con el auspicio y el beneplácito de Patricia Bullrich, en nombre del gobierno.
Otranto, por ejemplo, no separó preventivamente a los gendarmes que habían participado del operativo ni los llamó a testificar sino hasta 40 días después de la desaparición de Maldonado. Al mismo tiempo, Bullrich decía que no iba a “tirar un gendarme por la ventana”. El juez fue un solícito empleado del gobierno en la tarea del encubrimiento.
Por otro lado, Otranto admite la reunión con Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich, quien le indicó cómo debían actuar las fuerzas represivas en el caso de cortes de ruta realizados por la comunidad mapuche, en particular la que se encuentra en Pu Lof Cushamen. De este modo, el juez admite la sumisión del poder judicial a las órdenes del poder político y su obediencia a la hora de someterse a la escalada represiva planificada por las fuerzas estatales. A confesión de partes, relevo de pruebas: esta sola admisión debería bastar para apartar a Otranto -y la fiscal Ávila- de la investigación. Por otro lado, el juez se niega a llamar a Noceti, pero de hacerlo, debería hacerlo en calidad de cómplice que interroga a un cómplice. Todo un despropósito.
Es necesario separar a los encubridores de la causa y que se investigue hasta las últimas consecuencias y paguen su pena los culpables materiales y políticos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
La familia de Santiago Maldonado emitieron un comunicado rechazaron la decisión del juez. Lo acusan de prolongar los plazos judiciales y reclaman "una investigación seria,a cargo de un juez imparcial y eficaz".

Comunicado de la familia Maldonado

En el día de ayer, viernes 15 de septiembre, el juez Otranto rechazó el pedido de recusación pedido por esta familia y pospuso la resolución del resto de los requerimientos expuestos en nuestra última presentación. Esta actitud agrava el estado de incertidumbre sobre el futuro de la causa y, en especial, la suerte de Santiago. Los tiempos judiciales no guardan la menor relación con la angustia que tenemos.
No opinaremos sobre las consideraciones legales de la resolución, que dejamos reservado a nuestra abogada de confianza, pero estamos convencidos que nos asiste razón en el planteo, que el señor Juez podría haber despejado el camino y no lo hizo.
Seguiremos haciendo todo lo posible para lograr saber qué pasó con Santiago y dónde está. Sólo podrá lograrse con una investigación seria, a cargo de un magistrado imparcial y eficaz.
Te extrañamos Santiago, esperamos saber de vos, no nos rendimos.

Antonia Torrebruna

Los jóvenes mapuches no mintieron: Gendarmería llegó hasta donde estaba Santiago

Este sábado terminaron de declarar 19 de los gendarmes que participaron de la represión cuando desapareció Maldonado. Contradicciones, confirmaciones y una lupa que sigue puesta en al fuerza de Bullrich.

Este sábado a las 11:30, tras una maniobra de distracción de la Policía, dos hombres huían por la puerta trasera del Juzgado Federal de Esquel. Uno de ellos, el que subía del lado del acompañante, era el subalferéz Emmanuel Echazú. Imposible no reconocerlo. Es el hombre que aparece en las fotos del 1° de agosto con una herida en el rostro volviendo de la vera del Río Chubut.
Su evasiva tiene explicación: es uno de los que quedaron más expuestos tras la ronda de declaraciones testimoniales de esta semana. Por un lado, las mismas reflejaron una serie de contradicciones con respecto a las versiones iniciales ante los sumarios internos de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad. Por otro, no pudieron evitar reconocer que al menos entre diez y doce efectivos llegaron hasta la vera del río y allí “pasó algo”, cuestión que durante semanas habían negado. Se trata del lugar donde desapareció Santiago y donde apuntan los testimonios de la comunidad mapuche.

Lo que dejaron las declaraciones

Para resumir, esta semana declararon 19 gendarmes en el Juzgado Federal de Guido Otranto, en la causa que trata los habeas corpus presentados ante la desaparición de Santiago Maldonado. De las audiencias participaron la fiscal Silvina Ávila, los abogados de Gendarmería y los querellantes.
Los testimonios de los gendarmes tuvieron varias contradicciones con las versiones por ellos mismos volcadas durante semanas en el sumario de la propia fuerza y ante funcionarios del Ministerio de Seguridad. También contradicen las declaraciones del jefe del operativo, el comandante Juan Pablo Escola (segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel), que había negado que sus hombres hubiesen llegado a la vera del río donde se produjo la desaparición de Santiago.
Como aseguró Federico Efrón, abogado del CELS presente en las audiencias, “todos los gendarmes que declararon reconocen que ingresaron al territorio, excepto dos cocineros. Queda muy en claro, más que nunca, que muchos gendarmes llegaron a la vera del río. Por lo menos diez o doce. Hay contradicciones de quién ve a quién, sobre qué hicieron. Pero se confirma que la Gendarmería estaba en la orilla del río, en el momento que Santiago desaparece”, sintetizó ante el programa Radio del Futuro de FM Patriada.
De los testimonios, aún con sus divergencias, se confirma que hubo una persecución a los manifestantes; que participaban más de una docena de efectivos armados con escopetas e incluso ingresaron a la Lof algunos con armas 9 milímetros; que la represión llegó a la vera del río e incluyó un “rastrillaje” en la orilla del mismo; que probablemente en ese momento actuaron en dos grupos; que las camionetas y móviles ingresaron hasta distintos puntos del territorio, pero por lo menos uno de ellos llegó hasta el punto donde marcan los testimonios mapuches.
Además queda en evidencia que una de las motivaciones del operativo del 31 de julio y el 1 de agosto era atrapar y detener manifestantes. “Si el operativo iniciado en la mañana sobre la ruta 40 ya era irregular, la decisión de avanzar dentro del territorio lo convierte en totalmente ilegal”, apunta una fuente que tuvo acceso a las audiencias.
Otra fuente remarcó un elemento de las audiencias que le parece sustancial: “Con estas testimoniales se cae todo el argumento de la flagrancia”. Es la Gendarmería la que despejada la ruta, decidió avanzar sobre la Pu Lof, ingresar por la tranquera pero también rompiendo alambrados, allí dentro es donde se produjo la represión y es ahí adentro donde recibieron algunas heridas Emmanuel Echazú y Ernesto Yañez, producto de la defensa con piedras o el enfrentamiento físico con alguno de los “manifestantes”.
Echazú y Yañez son dos de los que adquirieron mayor protagonismo en los momentos de la “cacería”. Echazú fue quien subió con una herida en el rostro, con la escopeta que pertenecería a Yañez, que también había llegado a la vera del río. El otro “escopetero” era Darío Zoilán, quien también declaró esta semana.
También Andrés Ahumada, uno de los choferes armados que pidió permiso para avanzar sobre los manifestantes y cuyo accionar fue analizado por este medio. Este sábado el abogado de Gendarmería reconoció a La Izquierda Diario que “ingresaron armas de fuego a la Pu Lof, con los choferes de la camioneta que tienen obligación de portarlas”. Parece que el entusiasmado accionar de Ahumada fue mucho más allá de lo que marcaría incluso ese protocolo.
Justamente, la lupa quedó puesta no sólo sobre el accionar de “los hombres”, sino también de los vehículos que actuaron en la represión. “Sobre lo otro que hay muchas contradicciones es sobre la cantidad de camionetas que entraron. Aparentemente hay un solo un Eurocargo, que es fácilmente confundible con un Unimog. Los dos choferes de las dos Rangers claramente dicen que ingresaron, pero hubo una tercera y una cuarta que entran y salen, en principio para “llevarlos a comer”. El chofer de una de las Ranger, no sólo reconoce que ingresó, sino que hace un recorrido bastante largo por dentro, en el que se llega a poner bastante cerca de dos mapuches que están arriba de un caballo”, agrega Efrón.
Hay un detalle que puede parecer menor, pero quizá no lo es. Una de las cosas que quedó confirmada en las testimoniales es que la totalidad de los efectivos que llegaron a la vera del río pertenecen al Escuadrón 35 de El Bolsón. Justamente al día siguiente de la represión, todos se tomaron licencia. “No hay nada raro -dijo el abogado de Gendarmería- se tomaron su licencia de invierno, como le corresponde a cualquier trabajador por el artículo 14 bis”. Increíble; tanto como que se hayan ido “sin dar explicaciones”. ¿O no hacía falta?

La primera reacción del gobierno de Macri

Como se decía antes, aún con sus contradicciones y mentiras los testimonios terminan reconociendo una cacería hasta el río, con la participación de varios efectivos armados y vehículos. O sea, parte de lo que ya habían denunciado los testimonios de la comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos que concurrieron al lugar.
El gobierno ya tenía preparada una respuesta ante la nueva situación. Fue el turno del ministro de Justicia Germán Garavano. Pasado el mediodía del sábado declaró que “hoy está saliendo a la luz que probablemente haya gendarmes que no dijeron la verdad en un primer momento”. Además agregó, sin ponerse colorado, que “hay que terminar con las operaciones y mentiras a los jueces”. Puro cinismo.
La apreciación del ministro pareciera casi una autoincriminación, cuando lo que se vio en las últimas semanas fue un desfile de testigos preparados por el abogado de Gendarmería Gustavo Dalzone y el funcionario del Ministerio de Seguridad Gonzalo Cané. Sin embargo, el objetivo de Garavano es continuar la teoría de “algunos gendarmes sacados”, intentando deslindar la responsabilidad de la institución y de su propio gobierno.
La familia de Santiago y la comunidad mapuche, en cambio, insisten que la Gendarmería es responsable y también hay que investigar a los responsables políticos del encubrimiento. “Los tiempos judiciales no guardan la menor relación con la angustia que tenemos”, dijeron los familiares del joven desaparecido hace hoy 45 días.
Para la semana que viene se esperan los resultados de los cruces de llamadas y mensajes entre los celulares de más de 70 efectivos. ¿Se conocerá realmente las comunicaciones entre quienes actuaron dentro de la Lof? ¿Las órdenes de los superiores, Méndez y Escola? ¿Las comunicaciones de estas con el funcionario Pablo Noceti?
También se realizará la “reconstrucción de los hechos” el día miércoles. Y, como no podía faltar, asistiremos a nuevas operaciones judiciales y mediáticas a las que ya nos hemos acostumbrado.

Lucho Aguilar
Desde Esquel

Miles de secundarios marcharon contra la reforma antieducativa y por Santiago Maldonado



Más de 5.000 jóvenes fueron del Ministerio de Educación nacional al porteño, pasando por Plaza de Mayo.

Más de 5.000 estudiantes secundarios se movilizaron hoy, en conmemoración del aniversario de la Noche de los lápices, del Ministerio de Educación nacional al porteño, en el marco de una intensa lucha de los jóvenes contra la reforma antieducativa del macrismo –un reclamo que confluyó con el de aparición con vida por Santiago Maldonado y por justicia por los compañeros desaparecidos en la dictadura.
La movilización –que supera a la nutrida marcha realizada la semana pasada– se produjo mientras se encuentran tomados 30 colegios de la Capital Federal contra la reforma. La mayor concurrencia con respecto a los últimos 16 de septiembre se explica tanto por la envergadura del ataque de Larreta como por el impacto y la indignación que ha despertado en la nueva camada de luchadores y en la masa estudiantil la desaparición de Maldonado.
La movilización pasó por Plaza de Mayo, donde los jóvenes realizaron un acto en el que expresaron frente al centro del poder político sus reclamos. Allí, los referentes estudiantiles de la UJS-Partido Obrero plantearon la necesidad de extender las tomas al conjunto de los colegios y abrir paso a un estudiantazo que quiebre la llamada “Secundaria del Futuro”, que acentúa la degradación de la educación media al establecer que el 50% del actual quinto año consista en trabajo gratuito en las empresas y el reemplazo de docentes por “facilitadores” precarizados. Asimismo, los primeros cuatro años se dividen en dos ciclos, uno básico y orientado, lo que conduciría a títulos intermedios aún más descalificados.
Cabe señalar que en 2013 en Capital (al amparo de la Ley Nacional de Educación aprobada por el kirchnerismo con Daniel Filmus como ministro de Educación) se recortaron más de 40 orientaciones.
La reforma de Larreta es la coronación de un vasto trabajo de destrucción de la educación pública que va de Menem al macrismo, pasando por el kirchnerismo. Estos servidores de la clase capitalista apuntan a transformar el sistema educativo en un mero entrenamiento laboral y un reservorio de mano de obra barata.
En la movilización se oyó fuerte la demanda de que Soledad Acuña, la titular de la cartera educativa porteña, reciba al conjunto de los colegios en lucha. “El gobierno sigue respondiendo con provocaciones”, señaló Milton Vernik, de la escuela Carlos Pellegrini, en diálogo con Prensa Obrera recordando que días atrás la ministra convocó a los estudiantes a una reunión, para luego recibir solo a representantes de los colegios que no estuviesen tomados.
De la movilización participaron gremios docentes, en apoyo a la lucha de los jóvenes contra la reforma. Días atrás, la gremial Ademys propuso en una reunión multisectorial la realización de una marcha educativa unificada de la Capital el día 22, de docentes y estudiantes de secundarios, terciarios y facultades de la UBA, cuya convocatoria se concretaría en estos días.
Frente al enorme impulso estudiantil, el kirchnerismo –que conduce la Coordinadora de Estudiantes de Base– pasó de plantear que “no estaban dadas las condiciones para tomar” a presentarse como defensor de las tomas, aunque sigue interviniendo en los colegios con la línea de levantar las ocupaciones o ir a “cuartos intermedios”.
La lucha de los secundarios sigue creciendo, y confluye con la librada por los científicos del Conicet, que mantienen la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica contra los despidos y el recorte en el organismo. La pelea contra el ajuste en educación y ciencia se despliega con fuerza.

Abajo la reforma antieducativa.

Tomás Eps (@tomaseps)

Fallo en la ´megacausa´ Operativo Independencia: 2x1 a la tucumana



Repudio a las absoluciones y a la impunidad de los genocidas.

El viernes 15 de Septiembre, ante casi mil personas que se habían concentrado frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, se leyó la sentencia de la megacausa “Operativo Independencia”, la más grande hasta aquí realizada en la provincia.
Luego de más de un año y cuatro meses de audiencias, el Tribunal resolvió absolver, a pesar de las numerosas pruebas y testigos, a siete de los 17 imputados y condenar al resto -seis a prisión perpetua y cuatro a penas menores.

El fallo fue repudiado por los organismos de derechos humanos.

Ocurre que si bien la sentencia reconoce el inicio del terrorismo de Estado en una fecha anterior al golpe, consagra un cuadro de impunidad que no puede separarse de la ofensiva represiva y pro-genocida que viene llevando adelante el gobierno nacional (negacionismo, 2x1, desaparición de Santiago, etc).
Por caso, unos de los condenados a perpetua, el “Tuerto” Albornoz, que ya va por la quinta condena a perpetua, sin embargo se retiró del tribunal sin custodia, salió con su nieta y se tomó un taxi a su domicilio. Esta escena burlesca no es una excepción. La mayoría de los condenados gozan del sistema de “de vigilancia electrónica o arresto domiciliario”.
Aunque el Poder Judicial haya hecho lo imposible por acotar sus daños, la historia del Operativo Independencia pone en el banquillo a todo el Estado y al empresariado tucumano.

Operativo Independencia

El “Operativo Independencia” se desarrolló desde febrero de 1975 hasta marzo de 1976, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El objetivo ‘oficial’ de este Operativo era aniquilar a la guerrilla rural. Su despliegue puso rápidamente en evidencia que el objetivo real militarizar la provincia para someter al proletariado azucarero y a la juventud tucumana, ante el temor a que se produjera un nuevo levantamiento popular, que replicaran los ocurridos años antes (los Tucumanazos), bajo la dictadura de Onganía, primero, y Levingston después. Como síntoma de las tensiones acumuladas, en 1974, se produjo una enorme huelga general de la FOTIA, que había escapado del control de la burocracia sindical y paralizado la provincia por casi 20 días.
“La entrada en operaciones del Ejército en el Noroeste del país es una clara manifestación de la colosal crisis que corroe al régimen político actual. Un gobierno, surgido del voto mayoritario de la población, apoyado por todos los partidos capitalistas y el stalinismo, tiene que apelar al concurso de las FF.AA. para contener la inevitable insurgencia de los explotados.”, señalaba en febrero de 1975 el periódico Política Obrera. Doscientos obreros azucareros que participaron como activistas o como dirigentes de esa huelga fueron secuestrados o desaparecidos (Taire, 2004).
El resultado del Operativo Independencia fue el asesinato de varios centenares de personas (delegados, activistas obreros, juveniles, profesionales, campesinos, etc), miles de detenciones, violaciones, torturas y la puesta en pie de varias decenas de Centros Clandestinos de Detención, varios de ellos dentro de algunos ingenios y ex ingenios, como el Nueva Baviera, Santa Lucía, Fronterita, etc.
Del Operativo Independencia participaron miles de efectivos, tanto militares como gendarmes, policías y civiles (grupos de tareas) bajo la conducción del alto mando militar, primero de Vilas y luego de Bussi. Desde el gobierno de Isabel y todos los bloques del Congreso Nacional, pasando por el gobierno justicialista Tucumano de Amado Juri y todo los bloques de las cámaras de la legislatura provincial, todas las cámaras empresarias, los medios de comunicación, las direcciones sindicales del peronismo, diversas organizaciones de la sociedad civil y hasta el PC apoyaron el Operativo Independencia.

Operativo Impunidad

A lo largo de todo este proceso judicial un debate cruzó esta causa: la responsabilidad penal de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón. En 2012, pese a un pedido de un fiscal para su indagatoria, el Juez Federal Daniel Bejas (ex apoderado del PJ, puesto a dedo como juez por el kirchnerismo) no hizo lugar al procesamiento, lo que fue confirmado por la Cámara Federal en 2014. Con la impunidad a la máxima responsable política se buscó preservar la impunidad de todo el arco político cómplice que apoyó el Operativo. Tampoco se procesó a los dueños de ingenios y a otros empresarios que sirvieron sus propiedades para que sean usadas como centros clandestinos de detención, torturas y exterminio.
Otro debate que se sucedió en paralelo a todo este proceso fue el de Milani, que en 2013 fue designado como Jefe del Ejército por el gobierno de Cristina Fernández. Milani había participado del Operativo Independencia y es responsable de la desaparición del conscripto Alberto Ledo. La fiscalía federal tucumana, sin embargo, no encontró pruebas para procesarlo, lo que en su momento fue motivo de un escándalo político. La impunidad de Milani en esta causa fue también parte de un proceso de impunidad que consistió en limitar el número de imputados –en un primer momento 311 “presuntos” imputados- a la veintena que llegó a juicio oral alguno de los cuales se benefició con el punto final biológico, entre ellos Vilas y el propio Bussi, con los que pactaron todos los gobiernos provinciales desde 1983 a esta parte.
Para poder hacerle frente es indispensable reforcemos nuestra lucha independiente por memoria, verdad y justicia para todos nuestros compañeros y por el juicio y castigo para todos los genocidas.

¡No reconciliamos, No olvidamos, No perdonamos!

Diego Toscano

Carta abierta de Myriam Bregman contra la impunidad



Myriam Bregman, una de las abogadas de Julio López en el histórico juicio contra Etchecolatz, reflexiona sobre los once años de impunidad y la lucha por Santiago Maldonado.

Aquel 18 de septiembre llegaba a su etapa final el primer juicio luego de la reapertura de las causas de lesa humanidad que tuvo lugar una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que durante años habían prohibido juzgar a los genocidas por sus crímenes.
Las abogadas de la querella de Justicia Ya! nos encontrábamos en la ciudad de La Plata a punto de alegar en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de Nilda Eloy y Julio López. La ansiedad nos atormentaba. Más a mí, creo, ya que me tocaba comenzar con la explicación del contexto social y político en que se desarrolló el genocidio, esa acusación novedosa que íbamos a introducir y que pacientemente habíamos explicado a los sobrevivientes del Circuito Camps que representábamos.
No queríamos una condena por sumatoria de delitos aislados –torturas, homicidios, privación ilegal de la libertad–, queríamos conseguir la verdadera calificación jurídico-política de lo que en realidad sucedió en la Argentina durante la dictadura cívico militar: genocidio. Por esos días, casi sin saber la profundidad que adquiriría ese reclamo, exigíamos la unificación de las causas de lesa humanidad por circuito represivo y no que fueran a juicio oral causas parcializadas, como esa contra un solo represor –el comisario Miguel Etchecolatz– por un puñado de casos. Decíamos que con eso se sobreexpone y revictimiza a los testigos. Que abran los archivos de la represión para que el Estado sea el que aporte las pruebas, agregábamos.
El lunes 18 estábamos allí con toda la carga de esos meses. Nos habían amenazado, intimidado; habíamos tenido que recorrer nuevamente los lugares de cautiverio con los sobrevivientes, que recordaban a los que no salieron, a los que desaparecieron. Habíamos llorado de bronca y dolor al no poder conseguir que nos digan dónde está Clara Anahí Mariani, aunque ese día éramos pura emoción: lo habíamos logrado, estábamos por alegar.
Pero Julio no llegó. “López”, como le decíamos por la distancia que ponían los años, no estaba en aquella sala de audiencias repleta. Pronto, mientras todas –y digo todas porque era una querella contundentemente femenina– nos deshacíamos en preguntas, Adriana Calvo le respondió a un periodista que se acercó a preguntar por qué no empezaban los alegatos: “López está desaparecido”. Adriana, “la Calvo”, como la llamábamos con respeto y humor, habló desde su experiencia: ella fue la testigo número uno del Juicio a las Juntas Militares, la primera que se sentó allí con los responsables del genocidio mirándola, amenazándola, los mismos que muy poco tiempo atrás eran sus secuestradores y los de Tere, su beba nacida en cautiverio.
Desde allí, no paramos más. A las dos horas, y mientras el juicio transcurría, fuimos a presentar el hábeas corpus. Al día siguiente, la sala de audiencias estaba colmada para escuchar la sentencia, pero un ex detenido desaparecido explicó a viva voz lo que pasaba con López y se comenzó a corear, a gritar, a exigir aparición de Julio López.
Los medios de comunicación nos llamaban, decíamos, con la adrenalina del caso: “Hay que buscar en la Bonaerense, hay que buscar en Marcos Paz” (donde estaba detenido Etchecolatz). Desde el primer momento señalamos la responsabilidad del secuestro por parte de la patota ligada al genocida. A los pocos días nos enteraríamos de que 9.026 policías que integraban la fuerza en el momento en que Julio fue secuestrado en dictadura continuaban en la Bonaerense y que incluso muchos habían sido ascendidos y gobernaban la fuerza.
La Justicia provincial y la Bonaerense rápidamente montaron una parodia de búsqueda. Durante los primeros tres meses la causa se caratuló como averiguación de paradero. La peleamos, llegamos hasta la Corte Suprema y allí el procurador de la Nación Esteban Righi nos dijo que era una persona extraviada. Nos movilizamos y obtuvimos un primer logro cuando la Corte Suprema dijo que la causa debía pasar a la justicia federal, que significaba que no estábamos hablando de un delito común, de una persona extraviada, y se empezó a encuadrar en una desaparición forzada. Pero a partir de ahí empezó a actuar un feroz aparato de encubrimiento de la Bonaerense, la SIDE y la Policía Federal. Fueron tapando y obstaculizando todas las pruebas existentes. Pruebas que juntamos cada día, pruebas que aparecían y aportábamos.
Solo voy a poner un ejemplo de cómo embarran la cancha y plantan pistas falsas. Ellos nos entretenían con allanamientos y rastrillajes a los que llegaban por los dichos de videntes, pendulistas, de una mujer que se convertía en pájaro por la noche y “lo veía” a Julio mientras sobrevolaba la zona... Nos entretenían revisando pastizales con los perros, con cadáveres que rápidamente adjudicaban a Julio… Todo hicieron. Mientras, en forma paralela seguía nuestra investigación y denuncia; realizamos un trabajo de relevamiento de fotos de actos y dimos con una fotografía en la que aparece el hombre que le realizó a López el seguimiento en los días previos, un exagente de la Policía cercano a Etchecolatz. Ese material lo aportamos al juez en noviembre de 2006, y recién luego de eso la Policía reconoció que sabía que ese expolicía se reunía con otros exmilitares y policías “preocupados” por los juicios. Entonces comprobamos que existía una mecánica de “blanqueo” de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia, porque eran ingresadas al expediente solo cuando les constaba que nosotras ya tomamos conocimiento de esa información. Aun así, la Justicia tardó nueve meses en allanarlo y mandaron a fotocopiar la causa al Ministerio de Seguridad, ¡justo donde trabaja el hijo de este personaje!
También tempranamente señalamos que esas fuerzas tenían responsables políticos, así como la responsabilidad de aquellos que con sus omisiones, dilaciones y reticencias permitieron que la causa por la desaparición de Julio se erija como un momento a la impunidad. Aníbal Fernández, superministro y vocero del Gobierno kirchnerista de entonces, nos dijo que no descartaba ninguna hipótesis, que podía estar ‘en la casa de la tía’… No lo estaba, claro, aunque perdieron tiempo yéndolo a buscar a General Villegas, de donde era oriundo. No lo estaba y, once años después, nos seguimos preguntando: ¿dónde está Julio López?
Los objetivos de los desaparecedores no variaron en el tiempo. El contenido principal del mensaje macabro del secuestro de López fue: “Estamos y podemos”, una muestra de que los grupos de represores ligados e integrados a las antiguas patotas que actuaron en la dictadura cívico-militar nunca fueron desarticulados en su totalidad. A lo sumo se reciclaron en otras tareas, como las agencias de seguridad o en otras tramas mafiosas dentro de las mismas fuerzas. Y, a su vez, daban el mensaje de que estaban decididos a no resignar tan fácilmente los treinta años de impunidad que gozaron. Desde las estructuras del Estado se les había dado continuidad en el aparato represivo, en las fuerzas armadas y de seguridad, e incluso algunos partidos tradicionales como el PJ o la UCR, que los han llevado en sus listas electorales, como pasó con Luis Patti.
Hace un mes y medio desapareció Santiago Maldonado. Nosotros no contraponemos desaparecidos. Es claro que no podemos permitir que la impunidad continúe. Sabemos que a la justicia no se la encuentra, se la busca. Por eso nos movilizamos, por eso nunca nos callamos. Porque jamás vamos a bajar los brazos, porque la coherencia se construye en la calle, siempre del mismo lado. Por eso luchamos con todas nuestras fuerzas por que aparezca Santiago.