jueves, 31 de marzo de 2016

Claves para entender la entrega a los buitres que avaló el Congreso



Con apoyo del PJ, el gobierno lograba hoy la aprobación en el senado de la Ley de Normalización de Deuda Pública.

¿Qué deroga la ley aprobada?

Con esta nueva normativa se deroga la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. La primera de ellas es la que impide ofrecer a los buitres una propuesta más beneficiosa que la que recibieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, que representan el 93 % de la deuda en bonos que entró en default en 2001, desestimando el reclamo de los buitres que se encuentran entre los tenedores del 7 % que rechazó ambos canjes (los llamados “holdout”) de exigir el pago del 100 % de la deuda más los intereses generados, sin la quita negociada en las dos oportunidades. La ley Cerrojo fue utilizada como argumento por los litigantes en Nueva York para fundamentar su reclamo de que el gobierno pagara el 100 % del valor de sus bonos en default. Esta exigencia de los buitres fue aceptada por Thomas Griesa en febrero de 2012, y reafirmada en junio de 2014 por la Corte Suprema de los EE.UU. La negativa del gobierno argentino a cumplir el fallo argumentando que podría dar lugar a nuevos litigios condujo desde septiembre de 2014 al “Griefault”, término con el que se refiere al default parcial de la parte de los bonos pertenecientes a los canjes de 2005 y 2010 que fue emitida bajo legislación norteamericana. Estos bonos no pueden pagarse por la orden dictada por Griesa de bloquear dichos pagos hasta tanto la Argentina negociara con los buitres.
La segunda ley derogada por la normativa aprobada ayer, la de Pago Soberano, fue aprobada en septiembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández en un intento de escapar a las trabas de Griesa, impulsando que los acreedores con bonos afectados por la decisión del juez de Nueva York los canjearan por otros regidos por la jurisdicción argentina, o la de Francia. Al mismo tiempo, reemplazaba al agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos. Se trató de una normativa que no logró lo que se proponía, que es que los acreedores que canjearan sus títulos por otros para continuar el pago de la deuda afectada. Pero sí fue utilizada por los buitres para denunciar ante Griesa la “mala fe” del gobierno argentino, mientras Cristina Fernández bajo la retórica “patria o buitres” buscaba disfrazar como “soberana” su política de pagar hasta que no quedaran dólares en el BCRA.

Lo que viene

La ley aprobada autoriza al gobierno de Mauricio Macri a emitir hasta 20 mil millones de dólares para cumplir con el pago a los buitres. Según indican los acuerdos con los distintos tenedores de bonos, la emisión alcanzaría los 12.500 millones de dólares. Se llega a esta cifra porque a los beneficiarios originales de la sentencia de Griesa, confirmada en 2014, se sumaron otros acreedores con títulos en default a los que el juez Griesa reconoció los mismos derechos que habían obtenido judicialmente los demandantes originales. Lo que ahora el gobierno se prepara para cancelar corresponde a una deuda original de 4.682 millones de dólares. Es decir que está pagando 2,7 veces la deuda original, por intereses y punitorios. Según las cuentas del equipo económico, creció por acumulación de intereses y punitorios hasta 22.388 millones de dólares, y el gobierno alcanzó un acuerdo para saldar esa deuda con una “quita” que llegaría a 46,2 %, un dibujo que se realiza sobre el monto agigantado por intereses astronómicos.
Pero además, como denunciaron varios legisladores, lo que reciben algunos de los litigantes se engrosa por el compromiso del gobierno de pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a los fondos buitre por honorarios legales que abonaron, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.

¿Qué pasa el 13A?

Después de firmado el preacuerdo con los buitres el pasado 29 de febrero, Griesa ordenó el levantamiento del embargo contra la Argentina. Pero la Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso la decisión del juez, y fijó para el 13 de abril una nueva audiencia. Tan sólo un día antes de la fecha prevista de pago a los buitres. En los hechos, la decisión de la Corte de Apelaciones obliga a postergar el vencimiento del 14 de abril. Pero el acuerdo estipula que si antes del 14 no se concreta el pago, se cae el acuerdo. Varios fondos buitre presentaron dos escritos ante la Justicia de Estados Unidos en los que demandan suspender la decisión del juez Thomas Griesa de levantar embargos a la Argentina, ya que consideran que el país no podrá cumplir el 14 de abril. Los acreedores NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, principales holdouts en conflicto con este país, sostuvieron que quieren cobrar los 4.653 millones de dólares acordados en la fecha pautada.
El Gobierno apuesta a pactar una postergación de la fecha, mientras se prepara para salir al mercado a inicios de abril. Es probable que en los próximos días se reabran las negociaciones, y que los buitres presionen contrarreloj para acordar más concesiones a cambio de acordar una nueva fecha de pago.

¿Se cierra el capítulo buitres o vienen más litigios?

Lo que este acuerdo le da a los buitres es más que lo que aceptó el 93 % de los acreedores que entraron a los canjes. Y no porque estos no hayan hecho un negocio formidable, todo lo contrario. En 2005 en los hechos la quita nominal fue de alrededor del 54 %, pero el ajuste por inflación y sobre todo los cupones atados al crecimiento del PIB generaron un crecimiento acelerado en los valores a cobrar por los acreedores. En 2010 se repitió la operatoria, con el agravante de que se reconoció a quienes ingresaron a este canje todo el valor retroactivo de los cupones del crecimiento, es decir pura ganancia sin que los usureros tengan siquiera que tomarse la molesta de simular que corren algún “riesgo”. Los cupones del crecimiento le sumaron a la deuda pagos por nada menos que 12 mil millones de dólares, equivalente nada menos que a un tercio del valor de los bonos entregados en 2005. Como si esto fuera poco, la mayoría de los que canjearon habían comprado los títulos a precios de remate por estar en default, y con el canje tuvieron ganancias de 300 % o más sobre lo que habían pagado.
Ahora, estos buitres obtienen mucho más. Buitres que se van a embolsar con el acuerdo pactado, rendimientos que van desde 846 % para Aurelius, hasta 3.183 % para Bracebridge, y en el medio de 1.308 % para NML de Paul Singer, todo partiendo de la estimación del mercado de que estos fondos nunca pagaron más del 30% del valor nominal de cada bono. Para darse una idea de la magnitud de la ganancia: suponiendo que hayan comprado sus títulos en 2001, es decir que hayan tenido que esperar 15 años para cobrar (lo que no es así casi en ningún caso) y que pagaron el 30 % del nominal, el rendimiento anual que estarían recibiendo por su “inversión” es de 19,28 % para NML; 16,16 % para Aurelius, y 26,21 % para Bracebridge.
Esto puede hacer que varios acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010, aduzcan que se ven “perjudicados” por el acuerdo. Ocurre que dichos bonos incluyeron la famosa cláusula RUFO (Right Upon Future Offer) que significa que los que entraron en los canjes tienen derecho a una oferta mejor si el gobierno mejora las condiciones propuestas a alguno de los bonistas que no ingresaron en los Canjes I y II. Aunque según las condiciones de emisión de la deuda argentina la clausula RUFO tenía fecha de expiración el 31 de diciembre de 2014, es materia de debate entre juristas si esta no puede ser invocada en nuevos litigios.
El gobierno de Macri haya pretendido minimizar esta posibilidad. El diputado del PRO Luciano Laspina sostuvo cuando se trató en dicha cámara el proyecto que “no hay nadie que seriamente ni en privado, ni público considera que hay chance de revivir la cláusula RUFO”. Pero de hecho son varias las opiniones de quienes sí consideran que puede ocurrir. No puede descartarse que buitres como el propio Paul Singer, la cara más visible de los litigantes, tengan en su poder bonos canjeados y estén preparados para presentar un reclamo invocando la RUFO apenas se materialice el acuerdo. Jueces “buitre” listos para darle la razón en las cortes neoyorquinas, no le faltan.

¿Cómo salir de la encerrona de la deuda?

Pagarle a los buitres es endeudarse por miles de millones, para ponerlos inmediatamente en el bolsillo de ricachones como Paul Singer, que lucran generando demandas millonarias por papeles que compraron por dos pesos. Pero este endeudamiento para pagar deuda “vieja” es sólo el punto de partida; Macri se dispone a emitir deuda por montos que superarán varias veces el pago a los buitres. El ministro Prat Gay sostuvo en varias oportunidades que la deuda es “buena” porque permitirá mitigar el ajuste en marcha, verso insostenible ya que ajustan ahora para que les presten y volverán a ajustar después para pagar la deuda que toman.
Lejos de “normalizar” la deuda buitre para entrar en una nueva espiral de endeudamiento, es urgente para el pueblo trabajador pelear para que no sigan pagando una deuda cuyos costos caen sobre nuestras espaldas. Por eso es necesario decir no al pago de la deuda, nacionalización de la banca para conformar una entidad única bajo gestión de los trabajadores, y monopolio estatal del comercio exterior que hoy es una vía para la defraudación y el manejo discrecional de los dólares por los pulpos imperialistas y sus socios locales que manejan la entrada y salida de divisas.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

La izquierda tenía razón: un “frente” para la victoria de los buitres votó la entrega



El macrismo logró la votación con apoyo de más de 20 senadores del FpV, sin los cuales se caía la entrega. La izquierda se opuso en el Congreso, en las calles y tuvo razón al votar en blanco.

Al cierre de esta edición de La Izquierda Diario, quedaba allanado el camino para una gran entrega nacional.
En el Senado, donde el Frente para la Victoria tiene mayoría, más de 20 legisladores de esa fuerza política tomaron una opción. “En la vida hay que elegir”, rezaba un slogan kirchnerista algunos años atrás: sin dudarlo, entre patria y buitres, la mayor parte de los senadores del FpV eligió a los buitres.
Esto los llevó a votar junto a los senadores oficialistas de Cambiemos, y con Carlos Saúl Menem, el peronismo disidente, el UNA, el GEN y el Movimiento Popular Neuquino. Se armó un verdadero frente para la victoria…de los buitres, que votó la entrega con 54 votos a favor y 16 en contra, superando largamente lo necesario para la aprobación del acuerdo, que eran 37 votos.
Estas fuerzas permitieron entonces el principal triunfo que necesitaba Mauricio Macri para la continuidad de su plan económico de ajuste, entrega, y ataque a las condiciones de vida.
No casualmente, ayer a la noche el presidente sostuvo en el canal TN que está "muy contento" por sus primeros meses de gobierno, y afirmó: "siento que los primeros resultados se empiezan a ver, y que hay una esperanza enorme en Argentina". Horas antes, el presidente provisional del Senado y dirigente del PRO, Federico Pinedo, había celebrado también diciendo que el de ayer era "un día muy importante para la Argentina".
Para que no queden dudas de lo ocurrido ayer: si el Frente para la Victoria, con mayoría en el Senado, votaba en contra, se hubiera caído el acuerdo con los holdouts, que significa una fabulosa entrega nacional a los usureros más grandes del mundo, y cuyo costo recaerá sobre las espaldas del pueblo trabajador y sus futuras generaciones, sus empleos, educación, salud y condiciones de vida en general.
Como dijo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman durante una de las etapas del debate por la deuda: “Que nos pongan un ejemplo donde la deuda no haya beneficiado a los grandes empresarios, a los grandes bancos, que no haya terminado siendo una carga pesadísima para el país”. El recuerdo de los ´90 y el 2001 está presente en la memoria popular.
Ayer, entonces, el Congreso Nacional, transformado en la escribanía del juez neoyorkino Thomas Griesa, terminó de votar a favor de un pago que significa ganancias de más del 1000% para los buitres. Para el pago millonario a los holdouts (más de 12.000 millones de dólares), se prevé la emisión de deuda a 5, 10 y 30 años, a una elevada tasa, superior al 7%.
Con la tarea hecha a pedir de los buitres, ahora el gobierno nacional aguarda la realización de una audiencia el 13 de abril en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde espera que no surjan nuevos inconvenientes para avanzar en la entrega nacional.

Argumentos buitres

Si de parte de Cambiemos desde un principio se escucharon los argumentos de acordar con los buitres para volver al mercado financiero internacional y así “normalizar” la economía nacional, desde el FpV también hubo justificaciones y cruces.
Ya el día anterior, Miguel Ángel Pichetto, jefe de bancada del Frente para la Victoria en el Senado, había anticipado que votaría a favor del acuerdo, y que no había que sorprenderse, ya que el kirchnerismo le había pagado “al Club de París, a YPF, al Ciadi, a todo el mundo”. No se había privado tampoco de decir que según él, esa misma actitud tomaría hoy Néstor Kirchner.
Vale recordar que Pichetto fue durante todos estos años la principal espada del kirchnerismo en el Senado. A diferencia de la histórica sesión durante la crisis del campo, esta vez Pichetto y Julio Cobos votaron juntos.
En las declaraciones del jefe de bancada del Frente para la Victoria, hay una gran verdad, por más que otras voces kirchneristas le salieron al cruce. Como denunciara el Frente de Izquierda durante la campaña presidencial, tanto el candidato del FpV Daniel Scioli, como el de Cambiemos, Mauricio Macri, compartían en lo esencial un mismo plan económico de ajuste y endeudamiento. El asesor económico de Scioli, Miguel Bein, no se cansó de repetirlo incluso después de la elección, mientras que durante la campaña Juan Manuel Urtubey había viajado a Nueva York, a pedido de Scioli, para tantear un acuerdo con los holdouts.
El santafesino Omar Perotti explicitó esto durante la sesión de ayer al justificar su voto a favor del acuerdo, diciendo que “hice campaña con Scioli, y su equipo económico planteaba cerrar el default de la Argentina”.
Por su parte, los gobernadores peronistas (muchos de ellos impulsaron a sus senadores a votar a favor de los buitres, pensando en obtener fondos para sus distritos), ejecutan en sus provincias los mismos planes de ajuste que Cambiemos, con despidos y techos salariales incluidos. Es el caso, por ejemplo, de Alicia Kirchner en Santa Cruz.
A sólo 10 días del cierre de listas para la elección de autoridades del Partido Justicialista, las diferencias en la votación del Frente para la Victoria no constituyen más que una división de tareas donde nadie saca los pies del plato. Se dobla, pero no se rompe. El pensamiento no está puesto en enfrentar el ajuste y la entrega que sufren los trabajadores y el pueblo, sino en el 2017, y en el 2019.
De hecho, ninguno de los legisladores del FpV críticos del acuerdo llamó a movilizar seriamente para rechazar el acuerdo, o siquiera para imponer la consulta popular. Máximo Kirchner, en Diputados, no rechazó la entrega sino que lanzó un tibio pedido de que “vayan y negocien mejor, que no haya tanto apuro, que no cedan tan fácil a la extorsión”. Al fin y al cabo, como decía Cristina Fernández, los gobiernos kirchneristas fueron “pagadores seriales de deuda externa”.
Ayer en el Senado, la minoría del FpV que votó en contra, usó argumentos parecidos. Anabel Fernández Sagasti, por ejemplo, pidió encarar nuevas negociaciones con los tenedores de bonos en default: “negociar con soberanía, cuidando los intereses de la Argentina”.
Sólo el Frente de Izquierda rechazó en el Congreso la ilegítima deuda externa.

Voto en blanco: un acierto del Frente de Izquierda

De este modo, la votación en el Congreso a favor de los fondos buitre demostró el acierto del Frente de Izquierda de haber llamado a votar en blanco durante el balotaje. Sólo esta fuerza rechaza esta entrega en el Congreso y propone movilizarse en las calles para enfrentarla.
Así lo expresó ayer el ex candidato presidencial de esta fuerza, Nicolás del Caño, quien dijo que “si a alguien le quedaba alguna duda, la izquierda tenía razón en llamar a votar en blanco en el balotaje, ya que no tenían diferencias sustanciales unos y otros”.
A la vez, resaltó que “a la unidad que se ve por arriba para apoyar la entrega y el ajuste que aplica el Gobierno de Macri se le enfrenta un descontento obrero y popular, como hemos visto en las multitudinarias marchas del 24 de Marzo, en las luchas de los docentes de Santiago del Estero, Mendoza y Tierra del Fuego y la de los estatales de la Ciudad. La mayor parte de la dirigencia sindical mira para otro lado, cuando lo que está planteado es un plan de lucha hacia un paro activo nacional contra el ajuste, la entrega y los despidos".

Más entrega nacional, más despidos y más tarifazos

Pasados los famosos 100 días de gobierno, Macri aplicó una buena parte del plan a pedido de los grandes empresarios: devaluación, levantamiento del cepo, anulación y baja de retenciones, negociación con los buitres, tarifazos, despidos en el Estado y relaciones amistosas con Barack Obama y otros líderes imperialistas.
Pero esto recién empieza. Para el mes de abril ya están anunciados fuertes tarifazos en el gas, agua, transporte y naftas. Al mismo tiempo, ha comenzado una nueva tanda de despidos en el Estado. La fecha clave de hoy, 31 de marzo, cuando vencen miles de contratos, ya fue anticipada en el día de ayer con despidos, y también con respuestas por parte de los trabajadores.
Mientras espera las demoradas y dudosas inversiones de capital extranjero, Macri busca a su vez bajar la inflación con un antipopular plan recesivo de enfriamiento de la economía, que a la vez encuentra sus límites en la predisposición de los trabajadores para enfrentar el ajuste.
Por su parte, las conducciones sindicales permanecen en la tregua, y sólo exploran acuerdos en el Congreso por el impuesto al salario. El Frente para la Victoria, lejos de la resistencia con aguante, permite que Milagro Sala continúe presa sin luchar seriamente por su libertad, muchos de sus senadores votan a favor de los buitres, y sus dirigentes sindicales bien lejos están de llamar a un plan de lucha.
El Frente de Izquierda plantea la necesidad de un paro activo nacional contra el ajuste, la entrega y los despidos, y la necesidad de construir una alternativa política de los trabajadores contra los partidos del ajuste y la impunidad.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

¿Por qué Macri no soporta Telesur?



Es que Telesur no es un canal, Telesur somos todos

A nadie debiera sorprender los pasos que, en materia de comunicación e información, esté dando el nuevo gobierno argentino, atentando contra la democratización y contra la pluralidad de opiniones, favoreciendo groseramente a grandes grupos mediáticos.
En esta Argentina donde se gobierna a través de decretos inconstitucionales, se intenta imponer la verdad única, la imagen única. Para ello es necesario acallar las voces e imágenes –los contenidos, las señales- que contradigan esos mensajes únicos, con relatos digitados y transmitidos casi al unísono desde las metrópolis del capital.
No hay anuncio oficial -¿apenas un globito de ensayo?- pero los medios comerciales repiten que Argentina se retirará como socio de La Nueva Televisora del Sur y que, a la vez, se elimina el canal (Telesur) de la Televisión Digital Abierta, por lo que tampoco sería de inclusión obligatoria en las grillas de todos los cableoperadores.
"Esta determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos, en términos de pluralismo y austeridad", trató de explicar el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, al decretar el fin del pluralismo. Se olvidó, incluso, de explicar en qué consiste la austeridad: en realidad, ¿qué gastos asumía Argentina?
Que el gobierno de Macri se haya empecinado en perseguir a Telesur, es una medalla en la pantalla de la televisora, ya que marca su importancia, y la impotencia macrista de no poder imponer impunemente imaginarios colectivos, cuando está abierta la ventanita de la verdad.
La verdad es que ni siquiera son originales. Antes de que saliera al aire, Connie Mack, un impresentable representante republicano de Florida, logró imponer en el parlamento una decisión en la que se declaraba a Telesur (que aún ni siquiera había difundido su señal de prueba) “una amenaza para Estados Unidos (ya que) trata de minar el equilibrio de poderes en el hemisferio occidental».
Debemos asumir que el tema de los medios de comunicación tiene que ver con el futuro de nuestras democracias. Hoy en día, en nuestra América, la monopolización mediática intenta suplantar a la dictadura militar. Son los grandes grupos económicos que usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quién es el protagonista y quién es el antagonista.
Ya no hacen falta tanques y bayonetas como 40 años atrás: basta con el control de los medios de comunicación, que se han convertido en escenario principal del conflicto social y principales actores políticos, invisibilizando primero a los partidos y ahora a los movimientos sociales fundados en la participación popular. Hace 40 años cerraron medios, desaparecieron, torturaron y asesinaron periodistas y editores y hoy también pretenden dictarnos qué leer, oír o escuchar
Los grandes conglomerados económicos –que a su vez tienen como ariete a los medios de comunicación comerciales- son el verdadero poder fáctico en nuestros países (y quizá en el mundo). (Cualquier duda, pregunte a Lula o Dilma Roussef, quienes en 13 años de gobierno no lograron llevar adelante una ley que controlara los oligopolios mediáticos en al país).
La redundancia, la exageración, la agresividad sin ideas, la caza del chivo expiatorio como regla del criticismo y los intereses comerciales y/o políticos-religiosos sin mayores –ni menores– principios, tratan de enturbiar el panorama impidiendo establecer jerarquías de problemas y reglas para su debate y resolución.
Nos ha costado asumir que el discurso comercial –bombardeado a través de información, publicidad y entretenimiento, con un mismo envase, disfrazado de realidad o de hechos naturales– es también un discurso ideológico, agresivo, limitante de nuestra libertad de ciudadano.
Y, para peor, Argentina (claro, en su anterior gobierno) había logrado la sanción de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consensuada por todo el país (menos los grupos mono y oligopólicos) que serviría de marco legal para la democratización de la comunicación. La ley no hacía la democratización: la permitía.
A un gobierno derechista no le sirve la información equilibrada, con múltiples fuentes, diversa, plural, donde los protagonistas no sean solo príncipes y gobernantes, sino también campesinos, amas de casa, trabajadores, estudiantes… y desocupados, indios, blancos, negros, multados, zambos… que muestren la realidad de nuestra Argentina y nuestra América latina en construcción.
Pero la derecha –incluso la argentina- sabe que no se trata solo del control de la información sino del control de la industria del contenido, que incluye la información, la publicidad, la cultura de masas o entretenimiento, los videojuegos. A lo ancho y largo del mundo los contenidos y los fines de la comunicación son puestos cada vez más en función del capital, para que los medios se conviertan en los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, en el ejército de formación del imaginario popular y del avasallamiento de la conciencia social.
Los medios comerciales tratan de evitar debates: ellos presentan los problemas, deciden los protagonistas y antagonistas, fallan sobre el culpable, lo ejecutan moralmente. Intentan estimular el rechazo del conjunto de opciones políticas o, más banalmente, otorgar a la crítica un tono inconsistente que establece cierta complicidad con la desmemoria, los humores cambiantes o la frivolidad de algún sector de los lectores o de la audiencia.
La derecha quiere que los medios sirvan para denunciar escándalos pero no para que presten una atención equivalente a los nuevos problemas de diseño o reestructuración del Estado, la crisis de la educación o la salud, la agobiante exclusión social. La mayoría de los operadores de los medios comerciales parece imaginar un eterno festival de rencillas domésticas y negociados ubicables en la portada de un periódico o en los titulares de un noticiero, y lo que es aún peor, parecen empeñados en hacerle creer a la sociedad que el poder y el futuro tienen solo esa cara.
El gobierno de Mauricio Macri, dice el Nobel Pérez Esquivel, "no se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos". Y hoy ataca a Telesur, como mañana, seguramente, atacará Mercosur, Unasur, Celac, como se lo exigen sus patrocinadores (ellos leerán sponsors).

Telesur, de la utopía a la realidad

Telesur fue uno de los proyectos más importantes en la última década en América Latina y el Caribe: constituye la primera tentativa seria de liberación audiovisual y de descolonización mediática, quizá no solo en América latina. Surgió como un proyecto estratégico orientado a contrarrestar el mensaje hegemónico del Norte mediante la creación de un canal multiestatal latinoamericano.
La idea era cristalizar aquel sueño acariciado durante años por periodistas y trabajadores de la cultura de la región, de ofrecer la imagen y la voz de América Latina a todo el mundo, y, a la vez, ver el mundo desde una perspectiva propia.
Por primera vez se gestaba un espacio público multiestatal en televisión para difundir una realidad latinoamericana que era, en buena medida, invisibilizada, ocultada, ninguneada o minimizada por los grandes medios de comunicación de los países desarrollados e incluso por los medios comerciales de la región. Como señal alternativa (al mensaje hegemónico) nuevos actores se fueron sumando a la pantalla, y aquellos que durante muchos años no habían tenido voz ni imagen comenzaron a informar y ser informados.
Una de las ideas fundadoras es que Telesur pudiera tender puentes entre los pueblos del continente. Como decía un documento del canal: Vernos es conocernos, conocernos es respetarnos, respetarnos es aprender a querernos, y querernos es el primer paso para integrarnos. Si la integración es el propósito, Telesur es el medio.
Telesur no trataba de hacer una CNN latinoamericana o de izquierda sino de revolucionar la televisión, con rigor periodístico, veracidad, calidad y entretenimiento, información y formación de ciudadanía. Y, junto al proyecto de la televisora, transitaba otro que considero más importante: la Factoría Latinoamericana de Contenidos, que garantizara contenidos nuevos, -que partieran de la premisa de vernos con nuestros propios ojos- para Telesur y todas las televisoras que fueran surgiendo.
Telesur demostró que sí se podía hacer una televisora de alcance masivo, que mostrara nuestra idiosincracia, nuestras realidades, nuestras luchas, nuestros anhelos. Que nos mostrara tal cual somos, en toda la inmensidad de la diversidad étnica y cultural, en toda la pluralidad de la región. Lamentablemente el alcance de Telesur estuvo limitado por ser un canal satelital y haber optado por ser una señal eminentemente informativa.
Quien más debió adaptarse a estos mensajes alternativos (a los hegemónicos), fue CNN en español, que después de 10 años de ocultamiento e invisibilización de negros, indios y movimientos sociales, debió comenzar en 2005 a cambiar su agenda, porque dejaba de ser el transmisor del mensaje único (cubrió la ceremonia indígena de asunción presidencial de Evo Morales, no pudo ignorar los golpes de estado en Honduras ni Paraguay, etc, etc) .

Macri puede irse, claro

En el otro tema: el gobierno argentino puede (está en su derecho de) salirse de cualquier convenio, atendiendo a las cláusulas de éste. Quizá deba pagar deudas, antes de lograrlo. La que no podrá pagar jamás es la que dejaría (permítame el condicional ya que no hay decisión formal alguna) con la ciudadanía argentina, conculcándole otro derecho: a la información. Siempre habrá una forma de ver Telesur, sobre todo si Macri y compañía no lo quieren.
Hace once años, cuando pusimos en marcha Telesur, eran por demás escasas las posibilidades de que el pensamiento crítico, las ideas progresistas, las luchas de nuestras pueblos, nuestra memoria histórica, nuestra idiosincrasia, nuestra gente, tuviera espacios en los medios. Quizá gracias a estos medios y al colonialismo cultural, nuestros pueblos tenían su autoestima por el suelo.
La utopía permitió avanzar hacia una realidad consolidada. Y desde el comienzo, la derecha erró su percepción. Telesur no es un canal, no es una señal. Telesur es la lucha por la dignidad, la equidad y la justicia social, por la democracia participativa, por la conversión del habitante en sujeto político. Telesur somos todos, y así se lo está demostrando toda la región a estos gobernantes argentinos.

Aram Aharonian, Creador y fundador de Telesur. Primer director de la emisora (2005-2008).

miércoles, 30 de marzo de 2016

El Senado les sirve la mesa a los buitres



Hoy se debate en la Cámara de Senadores la Ley de Normalización de Deuda Pública. Se trata de una gran entrega a lo reclamado por los buitres. El oficialismo contaría con una amplia mayoría.

La Cámara de Senadores se apresta a votar la Ley de Normalización de Deuda Pública. El proyecto oficialista contempla la derogación de la Ley Cerrojo y de la Ley de Pago Soberano que impide ofrecer a los buitres una propuesta más beneficiosa que la que recibieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Aquellos canjes otorgaron ganancias del 300 %. A pesar de la quita promedio del 25 % de la que se vanagloria el equipo de Alfonso Prat Gay, la ley que se apresta a votar el Congreso Nacional significará ganancias que pueden superar el 1000 % para los buitres, aceptando prácticamente todas sus condiciones y las de Thomas Griesa.
El proyecto elevado por el macrismo, no sólo plantea una resolución de carácter general al conflicto, sino que comprende el aval a cada uno de los acuerdos particulares firmados por Luis Caputo, el secretario de Finanzas, con los diversos buitres litigantes.
Por eso no es una exageración caricaturesca decir que el Congreso actúa como una escribanía de lo decidido en Nueva York, sino una definición bastante aproximada a la realidad.
La iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo autorizaba endeudamiento por hasta u$s 20 mil millones. El proyecto modificado luego del enorme combate (que incluyó sanguchitos de miga y mates fríos) dado por los divorciados del Frente para la Victoria (Diego Bossio & Cia) y por el Frente Renovador limitó el aval dado al gabinete económico para emitir títulos de la deuda pública a u$s 11.684 millones.
Ese límite que puso la oposición patronal a Cambiemos es enteramente mentiroso, pues el mismo proyecto de ley aclara que si el gabinete económico necesita endeudarse por más de u$s 11.684 millones podrá recurrir a la autorización que establece el Presupuesto 2016 aprobado por el kirchnerismo el año pasado.
Ese presupuesto autoriza una friolera de endeudamiento que se eleva a u$s 54 mil millones. El macrismo se nutre de ese servicio que hizo Axel Kicillof cuando comandaba la política económica. Seguramente el kirchnerismo no pensaba que lo heredaría Macri, sino Daniel Scioli. El error de cálculos no oculta que la deuda que pensaba emitir era de un volumen gigantesco.
Para cancelar a los buitres se prevé la emisión de títulos a 5, 10 y 30 años en dólares, a ser colocados en el mercado financiero internacional. La operación de deuda pública será coordinada por JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Santander y HSBC, mientras que BBVA, UBS y Citigroup actuarán como colocadores en el “mercado” de los títulos.
Hay que recordar que JP Morgan Chase y Deutsche Bank son los ex empleadores de Alfonso Prat Gay y Luis Caputo. Y que la mayoría de los bancos que orquestarán la nueva emisión de deuda facilitaron el exitoso “Megacanje” que terminó de hundir la economía en 2001. La “transparencia” que venía a traer Cambiemos está entrando en default.
La tasa de interés que pagará el macrismo por la nueva colocación de deuda se ubica encima del 7 %, mayor a la que paga cualquier país del mundo, incluidos los de la geografía latinoamericana.
Los dólares en efectivo irán a los buitres. Los bancos ganarán las comisiones y seducirán a los inversores con esa generosa tasa de interés.
La hipoteca de la deuda quedará a cargo del pueblo trabajador en el presente y en el futuro con desembolsos por intereses que se elevarán más del 10 % en el presupuesto público de los próximos años y con un stock de deuda que superará ampliamente los u$s 270 mil millones cuando hace apenas seis meses atrás se encontraba en u$s 240 mil millones.

Entrega a contrarreloj

El desgarbado juez neoyorquino Thomas Griesa puso fecha de vencimiento al acuerdo buitre: ordenó que antes del 14 de abril el Congreso tire abajo la Ley Cerrojo, la Ley de Pago Soberano y se realicen los pagos a los buitres. De lo contrario, se cae el acuerdo. Prepotencia imperialista en estado puro.
El gesto compensatorio del juez a favor del país tuvo lugar el 26 de febrero cuando dispuso que si la Argentina derogaba las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y además cumplía con la cancelación de los convenios firmados con los “holdouts”, antes del 14 de abril, quedarían sin efecto los embargos que impiden que el país abone los títulos de deuda reestructurada.
Pero la Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso la medida solicitada por Griesa y llamó a una audiencia recién para el 13 de abril, pese a que el gobierno de los Estados Unidos presentó un amicus curiae (escrito con opinión) en favor de Argentina en reconocimiento del felpudismo macrista.
Durante el último fin de semana, luego de la euforia por la visita de Barack Obama y el amicus curiae, el equipo económico estuvo al borde de un “ataque de nervios” frente a la posibilidad de que se caiga el acuerdo por el que tanto trabajó.
No obstante los tiempos acotados, los fondos buitre dieron señales tranquilizadoras anticipando que no pedirán la caída de los acuerdos. Como resulta evidente, su palabra no es de confiar. Todo pende de un hilo.

Voto positivo en nombre de Néstor y Cristina

El Frente para la Victoria (FpV) salió a las calles durante la celebración del 40 aniversario del golpe cívico militar embanderado con la consigna “patria o buitres”.
De acuerdo a los registros del Senado de la Nación, el FpV cuenta con 39 integrantes (54 % de los votos) sobre un total de 72 bancas. Es decir que está en condiciones de tirar abajo el acuerdo macrista con los buitres.
Contrario a la consigna de las calles, el titular del bloque de senadores del FpV, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que "hay garantía de que la ley salga".
Es el mismo senador que años atrás, cuando era un guardián de Néstor y Cristina, inquirió a Julio Cobos durante el conflicto con la oligarquía terrateniente: “Voy a usar una frase que le dijo Jesús a sus discípulos: lo que tengas que hacer, hazlo rápido".
Ahora, vestido de Poncio Pilato, Pichetto adelantó que no le inquieta el mote de "traidor" que le vayan a atribuir. A la vez, se desmarcó de los espacios kirchneristas que utilizan la consigna "patria o buitres".
Un movimiento que resalta tanto la lealtad está lleno de traidores, decía un viejo líder peronista. En el kirchnerismo es ya una patología incurable: Diego Bossio, Sergio Massa, Hugo Moyano y la lista se sigue expandiendo: "Habrá una mayoría importante que representa a los gobernadores" que votarán afirmativamente el acuerdo con los buitres, señaló Pichetto.
No sólo eso. El senador se mostró convencido de que el ex presidente Néstor Kirchner “pagaría” a los bonistas. “Además también le pagamos al Club de París, a YPF, al Ciadi, a todo el mundo, este ciclo hay que completarlo, no entiendo cómo no se pone todo eso en defensa del gobierno anterior”, afirmó Pichetto.
Por otra parte, manifestó que la ex presidenta, Cristina Fernández, no dio “ninguna orden de cómo tenemos que votar este tema”. A confesión de parte, relevo de pruebas. No sólo se trata de un espacio político prolifero en traidores, sino también de “pagadores seriales”.
El sciolista y ex presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, indicó que si fuera senador “votaría a favor”. A lo que agregó que “hay que taparse la nariz, no hay nada para festejar”.
Frente a un régimen patronal de ajustadores y entregadores queda cada vez más en evidencia que el Frente de Izquierda y los Trabajadores tenía razón. Había que votar en blanco en el balotaje.

Se fue Obama, siguen los problemas económicos

“Las dos mejores semanas del gobierno”, repiten por los pasillos los funcionarios macristas por la votación en diputados en favor del acuerdo con los buitres y el buen trato de Barack Obama a Mauricio Macri. Prometen una lluvia de inversiones luego de que se cierre el litigio en Nueva York.
Mientras ese maravilloso país existe sólo en el nuevo relato de Cambiemos, en el país real (que no se reduce a Barrio Norte ni a Nordelta) afloran la inflación, los despidos, el dólar sube y baja en una pelea entre diversos sectores de la burguesía por expandir sus ganancias y se prepara un nuevo zarpazo sobre el bolsillo de los trabajadores con tarifazos en agua, gas y transporte.
Hace unas semanas Cambiemos aseguraba que la alegría llegaría en el segundo semestre. Ahora comenzaron a sincerar que este año sería difícil que se evite el estancamiento o la recesión económica. El famoso economista liberal, Álvaro Alsogaray, advertía que “hay que pasar el invierno”. Con Cambiemos, “la primavera también”. Hasta ahora sólo festejan los buitres.

Pablo Anino

La Biblioteca Nacional hoy



Ha dejado de ser lo que había sido hasta fines de noviembre del año pasado. Sin ideas, lo único que se le ocurre a la nueva dirección es eliminar lo que le daba carácter y fuerza y echar gente.

Silvio Astier, el personaje de El juguete rabioso, de Roberto Arlt, es un lector que no cuenta, al comienzo, con los libros que le importan: lo tendrá más adelante, cuando sea ayudante del viejo librero italiano que lo explota; codicia esos libros lejanos de modo que cuando, con otros cómplices, entra a una biblioteca pública, de noche, y roba algunos volúmenes, satisface una necesidad latente e imperiosa, se siente justificado por un acto que al mismo tiempo considera reprobable.
El episodio es significativo y ha dado lugar a algunas interpretaciones, menos de orden ético –robar lo que sea es un acto asocial y condenable, un delito- que político, la posibilidad de entender ese tipo de robo como expropiación. Correlativamente, y en esa dirección, la biblioteca aparece como un símil de la acumulación capitalista, sólo que lo es del sentido, que no es un valor de cambio; aunque los libros cuesten y valgan su verdadero valor no pasa por ahí, ya se sabe: la acumulación en la biblioteca es del sentido, no de la mercancía ni del dinero, no es un banco que para alguien como Brecht era expropiable.
Desde luego, hay varias maneras de robar una biblioteca; la más elemental es llevarse a casa algunos libros en un caso para tenerlos y leerlos porque se los ama, en otro para venderlos; una más sofisticada, pero no por eso menos agresiva y brutal es la que estamos presenciando en este comienzo de era que algunos designan como macrismo y que vaya uno a saber cuánto va a durar y qué ruinas dejará cuando concluya. Lo que está robando es nada menos que el alma de la biblioteca, esa relación que se había creado entre el ámbito y quienes podían acceder a él.
Con el argumento que formuló, cuando se le ocurrió que debía decir algo, un director a quien le están haciendo el favor de evitarle decisiones antagónicas con lo que él pretende ser, acerca de la “rentabilidad”, no sólo se niega una obra sino que se “destituye” casi todo o todo lo que la biblioteca había abierto y se despide, se echa, se saca de sus empleos a quienes habían sido sus ejecutores. Se acaban las publicaciones, se acaba la tradicional revista, se eliminan los talleres, no sé cuántas cosas más desaparecen “porque no son rentables” y, sobre todo, se regresa a un momento cavernario, la biblioteca como convocatoria de sombras y no de personas, la biblioteca como depósito de dudosas glorias y no de recuperaciones y debates.
No puedo decir sólo que es una lástima que eso suceda o bien, más fuertemente, que es una grosera iniquidad que tiene como telón de fondo cientos de trabajadores a quienes les roban todo, lo que hicieron, lo que podrían seguir haciendo y, no poca cosa, el salario. Y no lo puedo decir porque hay una congruencia entre lo que acaban de hacer ahí con lo que están destruyendo en otras partes; esa política en marcha, con entreguismo y todo, había sido anunciada pero evidentemente una considerable porción de eso que no se equivoca nunca lo desoyó, no lo midió y ahora, como el resto del país, sufre las consecuencias.
La Biblioteca ha dejado de ser lo que había sido hasta fines de noviembre del año pasado; sin ideas lo único que se le ocurre a la nueva dirección que balbucea algunas consignas reaccionarias es eliminar lo que le daba carácter y fuerza y echar gente. Su mayor, y triste éxito, sería que algunos solitarios lectores se refugiaran en el silencio de las salas para huir del ruido de las calles, del tedio de sus casas, del miedo a la vejez y, sobre todo, del desafío de saber y de pensar.

Noé Jitrik

La participación judicial

Los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek solicitaron que se sumen a las acusaciones del ex magistrado los crímenes cometidos contra 54 víctimas. Lona ya está procesado por la Masacre de Palomitas y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La pata civil del genocidio implementado tras el golpe de Estado de 1976, cuyo juzgamiento venía sufriendo un evidente letargo del que fue sacudido ayer con la condena al empresario Marcos Levín por delitos cometidos durante la dictadura, podría sumar otra resolución reactivadora. Los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek solicitaron que se amplíe la imputación contra el ex juez federal Ricardo Lona –quien está procesado por la Masacre de Palomitas y el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone– por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos contra 54 víctimas. Lona recorrió un largo camino judicial, desde 2004 cuando había sido reintegrado porque el Jury de Enjuiciamiento no tuvo los votos necesarios para su destitución.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que el carácter “sistemático” de las omisiones del ex magistrado a la hora de investigar los crímenes de las fuerzas de seguridad configuró un “aporte necesario para la concreción exitosa del plan criminal represivo en la forma de previsión y garantía de impunidad”. Según publicó el sitio la página web del Ministerio Público Fiscal, en esos expedientes el denominador común era la ausencia de elementales medidas de prueba. En este sentido, los fiscales enumeraron un conjunto de irregularidades y falencias, tales como la falta de apertura de investigaciones a raíz de las denuncias que recibía de las propias víctimas cuando eran llevadas a declarar al juzgado. Otra de las irregularidades en las que incurrió el ex magistrado salteño fue la omisión de citar a testigos de los hechos denunciados y de requerir ampliaciones de testimoniales para profundizar hipótesis, e incluso el no llevar adelante reconocimientos en rueda de personas. También era habitual la falta de inspecciones oculares, con no haber recabado copia de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que ordenaban los arrestos invocados por las fuerzas de seguridad, y la falta de control respecto a las condiciones de legalidad y cumplimiento de esos mismos arrestos.
En su escrito, los fiscales federales señalaron que esto sucedía en un contexto donde se multiplicaban cada día las denuncias por allanamientos ilegales, secuestros, amenazas, imposición de tormentos, aparición de cuerpos acribillados o explotados, y enfrentamientos fraguados. A su criterio, Lona era el único juez federal de Salta y desde esa condición no promovió la persecución y represión de los delitos de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo del Estado, pese a haber tomado conocimiento de esos hechos por denuncias o hábeas corpus. Sin embargo, esto esta no era su única violación a los derechos humanos de aquellas víctimas. En forma paralela, el magistrado paralizaba las investigaciones originadas en hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, sobre la base de una circunstancia falsa, como por ejemplo, que no surgía de los expedientes quiénes eran los autores del hecho, sus cómplices o encubridores o al menos indicios de ello. Los fiscales requirieron que se ordene la detención y citación a indagatoria de Lona por los delitos de homicidio agravado, tormentos agravados, privación abusiva de la libertad agravada, allanamiento ilegal, lesiones, violación agravada, y prevaricato, en concurso ideal con el de omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes. Todo esto, sumado a los delitos de omitir, retardar o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de la misma, en perjuicio de 54 víctimas.
La Corte Suprema había confirmado en diciembre su prisión preventiva como partícipe necesario por la denominada Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, cuando once presos políticos fueron fusilados durante un falso traslado. En tanto, el 18 de febrero el juez federal Fernando Poviña cerró la etapa de instrucción y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de Salta, para que proceda a la designación del tribunal que llevará adelante el plenario, dado que se trata de un juicio que tramita con las reglas del viejo Código de Procedimientos, que no contempla procesos orales y públicos. Además, Lona está procesado por los casos Ragone, Santiago Arredes y Margarita de Leal, que serán elevados a juicio. En 2013 la Cámara de Casación había revocado el último sobreseimiento que le quedaba. Hasta ese momento, 67 jueces salteños se habían excusado de imputarlo aduciendo vínculos con el ex juez, buen botón de muestra de las dificultades de los procesos contra el capítulo judicial de las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado.

Adriana Meyer

“Todas las medidas repercuten en forma negativa”

En un documento de más de 60 páginas, los sindicalistas detallan lo ocurrido en materia laboral en los primeros 100 días de gobierno de Macri, que evalúan como “un plan sistemático de cambio del patrón de distribución de la riqueza”.

Mientras el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se prepara para anunciar mañana el saldo de trabajadores que dejó en la calle el proceso de “revisión” de contratos en el Estado nacional, los titulares de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunciarán hoy al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “las vulneraciones al derecho al trabajo” que implicó no sólo la ola de despidos, sino el conjunto de las medidas macroeconómicas. “Todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno repercuten de forma negativa en la oferta de mano de obra, generan vulnerabilidad en el sector trabajador y aumentan el desempleo, violando derechos humanos fundamentales”, sostiene el documento de más de 60 páginas que presentará ATE Capital ante las autoridades de la OIT en el país, a quienes pedirá que la organización se expida condenando el ajuste que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros cien días.
Entre las medidas que caracteriza como “regresivas” para los trabajadores, el escrito enumera “la devaluación y eliminación de los derechos de exportación”, la “apertura económica”, la “desregulación del mercado de capitales” y la “reducción del gasto público”, todos ejes que el propio Presidente señala públicamente como parte de su plan hacia la “pobreza cero”.
“El actual Gobierno, desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, desarrolló un conjunto de medidas económicas, sociales, financieras y previsionales que analizadas en su conjunto, materializan un plan sistemático de cambio del patrón de distribución de la riqueza, que causa gravísimas violaciones y restricciones a derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y la promoción del empleo, consagrado en diferentes convenios y recomendaciones de la OIT”, denuncian los sindicatos en el documento, que será presentado hoy durante la audiencia que Catalano, Yasky y Micheli tendrán con el director de la OIT Argentina, Pedro Furtado.
Entre otras preocupaciones, Furtado escuchará de boca de los dirigentes que desde la llegada de Cambiemos al poder “se vulneran tratados internacionales y derechos garantizados por la Constitución” en función de beneficiar a las patronales del sector agroexportador y financiero, a la par de la “discriminación y la falta de justificativos” con que se dieron los despidos, algo sobre lo que el titular de la organización a nivel mundial, Guy Ryder, insiste públicamente y que se encargó de resaltar en su última visita al país, en diciembre del año pasado.
En sus fundamentos, la denuncia advierte sobre la violación de por lo menos seis de los convenios fundamentales de la OIT, a los que el país suscribe. Entre los principales que cita se encuentra el Convenio 122 sobre el desempleo, que data de la década del 60, y requiere a los Estados miembros que “la política de empleo constituya un elemento esencial de toda política destinada a promover el aumento de los ingresos nacionales y su distribución equitativa”.

Ajuste y represión

En paralelo, cientos de estatales realizarán hoy distintas actividades durante todo el día frente a los ministerios donde hubo despidos a la espera del “jueves negro” de mañana, día límite establecido por el decreto 254/15 firmado por Macri e Ibarra para analizar la situación de cada uno de los 24 mil trabajadores en riesgo de quedar desempleados. Hasta ahora, el número de estatales despedido en el Estado Nacional, las empresas Sociedad del Estado y los organismos descentralizados es de más de ocho mil, y trepa a más de 30 mil si se cuentan los estados provinciales y municipales en todo el país. Por eso, la situación en la que se encuentran miles de despedidos es uno de los ejes centrales de la denuncia. “Quien está desempleado sufre las consecuencias negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de convertirse en víctima de la exclusión social”, remarca el escrito, que advierte sobre los riesgos sociales que provocó el desempleo en la década del 90.
“Los despidos son el núcleo del ajuste”, describió el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien afirmó que el objetivo de la presentación es lograr un pronunciamiento “a la altura de la gravedad de la situación” durante la próxima asamblea de la OIT, que reunirá a sindicatos de varios países a principios de junio. “Precisamente la OIT condenó fuertemente los despidos masivos en Europa, y esperamos que el Gobierno cambie su actitud si se ve en la misma situación que padecen países como España”, sostuvo.
“La política económica está generando condiciones para el desempleo y mayores niveles de pobreza”, justificó Catalano la medida en diálogo con Página/12. “Hasta ahora, esa es la experiencia que siempre tuvo la Argentina al adoptar este tipo de recetas neoliberales”, explicó. Para el secretario general de ATE Capital, “hasta ahora no hubo una sola medida a favor de los trabajadores”, mientras que, en cambio, “se llegó al límite de utilizar la policía para despedir a los trabajadores”.

Discriminación

“La denuncia es una respuesta de los trabajadores frente a la violación del principio básico de la estabilidad laboral, pero además por la carga de discriminación y persecución política que entrañan varios de los despidos”, sostuvo Yasky. En el escrito se citan textuales del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en los que afirma: “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis”. El objetivo de denunciar actos de discriminación y persecución política. “Los despidos y el discurso contrario a los trabajadores estatales se ha extendido y generalizado de forma paralela”, explica, “generando una idea extremadamente discriminatoria de que todo trabajador estatal es ñoqui hasta que se demuestre lo contrario”.

Informe: Matías Ferrari.

martes, 29 de marzo de 2016

La Ciudad de remate



El PRO porteño se propone avanzar en la venta de tierras públicas sin el aval de la Legislatura. El FpV apoyó el proyecto en la primera lectura. ¿Un adelanto de lo que se viene en el país?

Este martes tendrá lugar en la Legislatura porteña la Audiencia Pública por la creación de la Agencia de Bienes S.E, votada en diciembre por el PRO y el Frente para la Victoria. Después de la misma, deberá volver al recinto donde el oficialismo intentará su sanción definitiva.
La última sesión de 2015 marcó la tónica del modelo de Ciudad que está intentando consolidar el PRO para Buenos Aires y el plan que pretenderán instaurar en el país. La aprobación de los emprendimientos privados en la zona de Plaza Houssay, la concesión del centro de convenciones en el Parque Thays y la creación del Distrito Joven en la Costanera Norte son una muestra más de la privatización del espacio público que viene llevando adelante el oficialismo con la aprobación de monstruosos shoppings, los distritos tecnológico, farmacéutico y audiovisual y tantos otros proyectos destinados a la valorización de capitales privados.
Para esto, contó una vez más con la colaboración inestimable de los diputados kirchneristas, que vienen siendo cómplices de la entrega del patrimonio de la Ciudad a los privados en los últimos años.
Sin embargo, el 3 de diciembre se avanzó un paso más. La creación de la empresa Agencia de Bienes S.E. con un proyecto que incluía la “enajenación” de los terrenos de El Dorrego y de dos terrenos del predio del Tiro Federal, de aproximadamente 18 hectáreas.
El PRO y el FpV ni siquiera guardaron las formas y la votación fue escandalosa, negociando entre gallos y medianoches sin permitir ningún debate y abriendo el camino a que la Agencia de Bienes S.E. pueda vender terrenos de la Ciudad sin pasar por la Legislatura, sin obligación de presentar informes de impacto ambiental, ni sociales ni acerca de nada, incumpliendo así la Constitución de la Ciudad.
Por esta razón, organizaciones nucleadas en la campaña “Buenos Aires no se vende” también rechazan la propuesta que se votó “en total hermetismo y a espaldas de la ciudadanía” y califican a la agencia creada como “una inmobiliaria de tierras del Estado con capacidad para vender todos los terrenos y edificios de la Ciudad ubicados al norte de la Av. San Juan”.
En principio, las intenciones serían realizar un “Centro Metropolitano Audiovisual” y un “Parque de Innovaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Evidentemente, el oficialismo y sus aliados del Frente para la Victoria prefirieron mantener en total secreto esta negociación que se aprobó sin debate y sin informes técnicos sociales, ambientales ni económicos ni estudios de impacto ambiental ni fundamentos de planificación y economía urbana. Solamente una cínica promesa de que, de la venta de estos últimos, se destinaría un 20% para la urbanización de las villas 31 y 31 Bis.
Pero la frutilla del postre es que la sanción de esta ley autoriza “al Poder Ejecutivo a disponer la transferencia a la "AGENCIA DE BIENES S.E.", de los inmuebles del dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción a los comprendidos en el ámbito de la Corporación del Sur y de la Corporación Puerto Madero, completando de esta forma la entrega de los terrenos públicos en el 100 % de la Ciudad a estas tres firmas.
De esta forma, se abre la posibilidad de que los mismos puedan ser vendidos sin la participación de la Legislatura, siempre y cuando sean considerados “innecesarios para la gestión”, dejando a discreción de los funcionarios de turno cuáles serían los terrenos públicos a ser rematados y en qué orden. En estas condiciones estarían aproximadamente 2.400 inmuebles en 12 de las 15 comunas.
Como cuestiona la escritora y novelista Gabriela Massuh en la entrevista que se publica en esta edición: “¿Qué quiere decir "innecesario para la Gestión"? Esto es algo ignominioso que no se explica en el proyecto de ley. ¿Es innecesario el Obelisco? ¿Lo es el Teatro Colón? ¿Lo son las plazas?”.
Con el Tiro Federal y el Distrito Joven en la Costanera Norte, el PRO está intentando sentar las bases grandes emprendimientos privados en la zona cercana al río y toda la franja costera, modificando radicalmente la actual fisonomía de este sector de la Ciudad. De hecho, y a pesar de que esta ley deberá aprobarse en segunda lectura en dicho recinto, después de la audiencia pública (no vinculante) prevista para este 29 de marzo, el PRO ya comenzó a buscar inversiones entre constructoras con el lema “Opportunities are coming” (Las oportunidades están llegando).
Efectivamente, están llegando para los grandes especuladores inmobiliarios de la Ciudad, que ya se hacen ilusiones con las ganancias que el PRO pretende regalarles con la venta de los terrenos de la Ciudad. En efecto, ya una desarrolladora inmobiliaria ha definido a los terrenos del Tiro Federal como “el próximo Puerto Madero”.
Asimismo, la ley votada en primera lectura establece que el Banco Ciudad implementará líneas de crédito preferenciales para la compra de inmuebles, construcciones y mudanzas para la radicación en el “Parque de Innovación”, casi una burla para los centenares de miles que alquilan a tasas usurarias, a los que se les ofrecen apenas planes como el “Alquilar se Puede” que a cinco meses de haber sido implementado había beneficiado apenas a 10 personas de las 15.000 que lo habían solicitado.
Hasta ahora, toda modificación en el espacio urbano que ha propuesto el PRO ha estado en función de mejorar las rentabilidades de los empresarios en la Ciudad y no de los problemas de vivienda que sufren las 500.000 personas que viven en emergencia habitacional.

Los especuladores van por más

Un ejemplo de este modus operandi que quiere instaurar la Agencia de Bienes S.E. fue la última venta de los terrenos frente a la Casa Amarilla en La Boca que fueron vendidos por la Corporación del Sur al Club Boca Juniors en una licitación hecha a medida del club que preside el operador macrista Daniel Angelici, para la construcción de un nuevo estadio-shopping en unos terrenos donde el Instituto para la Vivienda debía construir unas 4.000 viviendas de las que se hicieron apenas un 10 %.
Asimismo, en la carpeta de "entrega de tierras públicas" del PRO también se incluyen los emprendimientos privados en el Autódromo, la venta del Buenos Aires Design Center, el Cenard, el plan del Nuevo Catalinas, todas iniciativas que hasta ahora no han prosperado por la acción de los vecinos, organizaciones civiles y diputados que resisten la venta de todo el patrimonio de la Ciudad y no negocian los bienes públicos según los acuerdos legislativos del momento.
Habrá que ver quién le ofrece los votos para llegar a los 40 que necesita el PRO que tiene 28 diputados: si vuelve a buscar al kirchnerismo, su aliado de diciembre, o va por sus amigos de Cambiemos, el atomizado ECO, que puso a su líder, Martín Lousteau, de embajador en EE.UU.
De cualquier manera, una misma alerta se prende en todo el país por la posibilidad que se abre de rematar todos los terrenos que se encuentran bajo la órbita de la Nación con el macrismo en el poder. Habrá que ver si el kirchnerismo apoya los proyectos del PRO como en la Ciudad de Buenos Aires o se divide como en la Cámara de Diputados nacional.
Por su parte, el Frente de Izquierda seguirá denunciando estos pactos corruptos poniendo las bancas al servicio de enfrentar la privatización de las tierras públicas y para dar solución al problema de vivienda de los miles de porteños en esas condiciones y los millones en el resto del país.

Patricio del Corro

Nueva jornada nacional de lucha de estatales y paro nacional docente

La Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma ratificó la Jornada Nacional de Lucha, con paros y movilizaciones en todas las provincias, para hoy 29 de marzo.
En este contexto, busca articular y visibilizar las principales reivindicaciones en torno a las consignas de “ni un despido más, ni un trabajador menos”, no al tarifazo, aumento salarial y de los planes sociales, no al impuesto al salario y a la criminalización de la protesta. Mientras se realizarán diferentes actividades en todo el país en el marco de la Jornada de Lucha, en Buenos Aires la CTA Autónoma junto a las organizaciones de la Multisectorial (CCC, MST, Barrios de Pie, entre otras) llaman a movilizar al Congreso de la Nación hoy martes 29 de marzo a las 12:00.
El titular de UTE y secretario Gremial de Ctera, Eduardo López, confirmó que los docentes de todo el país realizarán un paro el próximo 4 de abril para reclamar por los conflictos salariales no resueltos en diversas provincias y para manifestar su preocupación por el destino de la causa que busca las responsabilidades políticas en el asesinato de Carlos Fuentealba.
El dirigente docente recordó que “el 4 de abril se cumplen 9 años del asesinato” del maestro neuquino y subrayó que “hace pocos días, la justicia provincial acaba de desprocesar a los responsables políticos”, lo que marca un “preocupante” antecedente hacia un posible archivo de la causa.
Además, la medida de fuerza es en solidaridad con los docentes que aún no pudieron acordar sus paritarias provinciales: “Hay conflictos en Mendoza, en Santiago del Estero, en provincias de la Patagonia (Tierra del Fuego y Santa Cruz), en Jujuy”, señaló.
El paro también está motivado en la “defensa de las políticas educativas”, entre las que López mencionó “el plan Conectar Igualdad, para el que no se están entregando las computadoras” y “el plan Orquestas Infantiles”.
En Santiago del Estero, de paro por tiempo indeterminado desde el 1° de marzo, el conflicto docente se vio agudizado ante el intento por parte del Ejecutivo santiagueño de criminalizar la protesta social con la elaboración de listas negras, e incluso se difundieron imágenes en las que se ve a la policía dentro de las escuelas tomando lista de los maestros ausentes y presentes. Además en la ciudad de Frías, un activista docente fue apuñalado en un confuso episodio y varios maestros fueron retenidos durante una movilización en las rutas; a esto se suma la represión policial sufrida durante una manifestación desarrollada el 4 de marzo en la capital provincial.
Los reclamos van más allá de las nulas propuestas salariales, también exigen mejoras en las escuelas, ya que muchas de ellas no tienen agua ni baños.
Ante esta situación y la falta de respuestas, los docentes santiagueños se movilizarán el próximo jueves 31 de marzo al Ministerio de Educación de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires.
Los docentes universitarios de la CONADU Histórica y la AGD UBA llamaron a parar 48 horas en la Universidad de Buenos Aires sin concurrencia a los lugares de trabajo por la inmediata reapertura de la paritaria y el 45% de aumento salarial. El miércoles instalarán una Carpa Educativa que abrirá al mediodía con una conferencia de prensa, contará a partir de las 16:00 con el funcionamiento de las comisiones del No al Cese y a las 17:00 Contra la precarización laboral, y tendrá un acto de cierre hacia las 18:00. Al mismo tiempo, sesionará en la Carpa el Plenario de Secretarios Generales de la Federación.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizará un paro de 48 horas el martes 29 y miércoles 30 de marzo. También ATE de la Provincia de Buenos Aires llamó a parar ambos días. La medida de fuerza da continuidad al paro del 16 y 17 de marzo y a la masiva movilización a la Gobernación durante el paro nacional de ATE del 16.

Continúan los despidos y la resistencia

Trabajadores despedidos de Atucha cortaron el lunes la rotonda de ingreso a la ciudad de Zárate, sobre la Ruta 14, para reclamar por sus fuentes laborales y la continuidad del Plan Nuclear Argentino. El secretario adjunto de la UOCRA Zárate, Ariel Puebla, denunció que ya hubo 600 telegramas de despidos y que otros 1.200 trabajadores afectados se quedarán sin empleo el 31 de marzo debido “a la decisión política del Gobierno de no continuar con las obras”.
Puebla explicó que en la planta de Atucha III los despidos llegarán a 2.500 trabajadores, sumando los restantes gremios, y que en la región van a superar a las 3.000 personas “porque se están por paralizar las obras de las rutas 6, 8 y 9 y la reparación de vías de la línea Mitre a Rosario”.
“Hasta ahora no hay ninguna respuesta ni de las autoridades nacionales ni de las provinciales”, sostuvo el gremialista y adelantó que “las medidas de fuerza se irán incrementando si no aparecen las soluciones”.
El único funcionario macrista que habló hasta el momento fue el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien confirmó que los contratos con las empresas constructoras que vencen el 31 de marzo “no se van a renovar”, aseguró que “no hay recursos” para la construcción de la cuarta central y dejó abierta la posibilidad de desmantelar Atucha I.
Al día siguiente volvieron a cortar la autopista Panamericana en el Kilómetro 103 a la altura de Lima. El corte se levantó por un pedido efectuado desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, que convocó a los gremios a una audiencia para el próximo lunes 28 en la ciudad de La Plata.
Mil doscientos efectivos de la Gendarmería Nacional permanecieron apostados en la colectora de la Ruta 9 durante el tiempo que transcurrió el corte a unos 250 metros de los manifestantes.
Además, ante la falta de presupuesto y la paralización de las obras de la cuarta central nuclear en Atucha II, el directorio de la empresa operadora Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) presentó su renuncia y avisó que “no será parte de ese tipo de desguace”.
Se trata de toda la cúpula de la empresa de participación estatal integrada por José Luis Antúnez (presidente), Juan Sebastián Estrada (vice), y los directores Rubén Quintana, Norma Luisa Boero y Sebastián Bonetto. “Hemos renunciado ayer, en principio porque siempre nuestra forma de trabajo fue en positivo, construimos la central nuclear Atucha II, y llegar a este nivel en el cual no estamos en agenda, con un presupuesto bajísimo, hace que todo lo programado para la cuarta y quinta central, no tenga un horizonte”, explicó Quintana, uno de los directores más antiguos de NASA, nombrado por Néstor Kirchner en 2003.
En los últimos días se conoció el despido de más de 130 operarios de una fábrica italiana radicada en el parque industrial La Cantábrica de Haedo, Morón. Algunos de los trabajadores echados de Carraro Argentina contaban con más de 15 y 20 años de antigüedad. Los operarios despedidos, agrupados en SMATA, realizaron una manifestación en la puerta de la empresa que se dedica a producir partes de tractores. “Además, los trabajadores aseguraron que la autopartista ubicada en Valentín Gómez 577, quiere pagar solo la mitad de las indemnizaciones a los 135 cesanteados, lo que derivó en que SMATA realizará una manifestación durante toda la jornada del jueves 23”, indicaron desde SMATA. Tras un mes de conflicto, Recidal S. A. acató la conciliación obligatoria, reincorporando a los 28 obreros despedidos.
Según Pablo Lucero, delegado de los trabajadores de la planta aceitera: "Logramos un primer paso, un primer triunfo, que es tener a los compañeros adentro". Pero advierte que la medida es sólo temporal: "La conciliación obligatoria dura hasta el 13 de abril, por lo que nosotros vamos a seguir organizados y vamos a seguir participando de las audiencias del Ministerio de Trabajo, para poder buscarle una salida a este conflicto".
A pesar de que la empresa justificó los despidos como una "crisis de rentabilidad", la realidad es que no sólo no hay rastros de crisis, sino que la bonanza le permitió abrir una nueva planta aceitera durante el 2015, que actualmente trabaja a plena capacidad.
Según explicaba el delegado Lucero: "Es una empresa que da grandes ganancias. El problema es que la patronal quiere sacar al sindicato como sea y precarizar las condiciones de trabajo. No hay crisis, hay una decisión de echar al sindicato".
Volkswagen le informó al Smata que la producción en la planta de Pacheco para este año será de aproximadamente 60.000 unidades, casi 40.000 menos que en 2015. La empresa eliminó el turno noche a partir del 21 de marzo. Los tres turnos que actualmente rotan una vez por mes, lo harían semanalmente entre mañana y tarde y estarán suspendidos cuando les toque el turno noche. A esto hay que sumarle una suspensión semanal, es decir que se trabajará cuatro días a la semana. Ocho días de suspensión sobre los veintiuno laborables, lo que significa una significativa rebaja del salario.
Desde noviembre se perdieron más de 200 puestos de trabajo mediante retiros voluntarios y prejubilaciones.
Este año la industria automotriz producirá 525.000 unidades, 4% menos que en 2015 y un 40% por debajo del registro de 830.000 autos logrado en 2011.
Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en los dos primeros meses de 2016 las exportaciones de autos, utilitarios y vehículos pesados a Brasil cayeron 62% en unidades, en comparación con el mismo período del año anterior. En todo 2015 los envíos a ese destino habían bajado 44,9%. El dato resulta aún más significativo si se considera que el vecino país es el destino del 82,6% de las exportaciones argentinas de la industria automotriz.

Biblioteca Nacional

El domingo 20 de marzo Mauricio Macri fue tapa de los principales diarios de la Argentina. En la antesala de la visita del presidente Barak Obama, los matutinos de tirada nacional aprovecharon para ilustrar sus ediciones impresas con la imagen del mandatario anfitrión. “Hay un millón y medio de empleados públicos de más”, tiró Macri en cada una de las entrevistas y así justificó los despidos masivos en el Estado. Ese mismo día, la frase se reforzó cuando en la TVP se transmitió una nota grabada en el Centro Cultural Kirchner. Mientras ese mensaje aún flotaba en el aire, dos días después, los trabajadores de la Biblioteca Nacional se concentraron en la puerta del edificio, en Agüero 2502. La imagen era desoladora: los telegramas de despido llegaron a centenares de trabajadores. “Estamos en la puerta, queremos que nos digan la cantidad de despidos. Sabemos que son más de 200 pero todavía no nos dieron la lista oficial”, señaló Diego Martínez, trabajador de la Biblioteca Nacional y delegado de Ate. Luego se confirmarían 249.
Un día antes de este vaciamiento, había circulado una solicitada con cientos de firmas –incluidas personalidades de la cultura de un amplio arco político– que pedía que no haya recortes en la Biblioteca Nacional.
“Solicitamos a la comunidad en su conjunto y a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en particular el máximo cuidado y precaución en el tratamiento de una institución que, en los últimos años, no sólo se orientó a preservar, acrecentar, registrar y difundir la memoria impresa de la Nación sino que a la vez fue un espacio de pluralismo y libertad de pensamiento”, dice el texto, al que adhieren, entre otros, Beatriz Sarlo, Rogelio García Lupo, Luisa Valenzuela, Eduardo Stupía, Maristella Svampa, Jorge Lafforgue, Andrea Giunta, Noé Jitrik, Nora Dottori, Christian Ferrer, Roberto Jacoby, Graciela Courreges y Pablo Alabarces.
Al respecto, escribió su ex Director, Horacio González: “Creíamos que venía un comprensible relevo, en una institución que iba a ser respetada y dirigida por un escritor que ha elaborado una obra bien considerada en los ambientes intelectuales de otros países. Pero no sabemos de qué central sigilosa de fallos y dictámenes sobre la vida de los otros, salieron los telegramas. Si fueron de la misma máquina de escribir con la que Alberto Manguel escribe sus delicadas investigaciones, es grave, no deja indemne su figura. Que esté a 15.000 kilómetros de aquí empeora el hecho, pues el estilo de los distraídos que llegan después de la tempestad, está bien analizado y repudiado en la literatura universal que sin duda él conoce. Si salió de alguna autoridad transitoria local, en cambio, es igualmente innoble, pero afecta al gremio de Bibliotecarios del país y a la Universidad, dos instituciones de las que esa supuesta autoridad vicaria forma parte. Porque una medida así no tiene solo como responsable a la Razón Modernizadora Abstracta. Hay firmas, decretos, resoluciones, acuerdos explícitos o implícitos, y sigilosas reuniones. Una obtusa inteligencia decidió que había sobras, sebo, chicharrón o lubricantes excesivos en el Estado. Ante ello el Ministerio de Cultura tomó una medida bien cultural, la única que hasta ahora se le conoce: creó la Cultura del Telegrama de Despido. Los envía con la firma de la “Biblioteca Nacional”. […] los panfleteadores de Telegramas coronan así la paralización del Estado y el desconocimiento de los derechos laborales. Lo que resulta más difícil decir es cómo podrán subsistir sus pobres certezas ante el examen al que tarde o temprano los someterá la conciencia democrática del país. Han despedido a personas, han despedido a la Biblioteca misma en su dignidad laboral y de su lugar en la historia cultural argentina”.
Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, también el espacio cultural y educativo de las Madres de Plaza de Mayo en la ex ESMA (ECuNHi) no cuenta con apoyo del Estado. Los convenios que tenía con PAMI y los Ministerios de Trabajo, Cultura, Desarrollo Social y Educación se disolvieron. Los más de 30 trabajadores del lugar no están cobrando. “Vamos a seguir estando, haciendo y construyendo. Damos inicio a una nueva etapa. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes”, instó Verónica Parodi, directora del espacio, al inaugurar la jornada “Este abrazo” el pasado 12 de marzo, que contó con la presencia de Hebe de Bonafini, Los Musiqueros, Alejandra Pastor, Teresa Parodi y Arbolito, entre otros.
“Están rompiendo el tejido social”, opinó Luciano Burgos, coordinador de La Huella del Sur, un programa del Ministerio de Cultura que fue vaciado por el nuevo gobierno. La iniciativa apuntaba a la formación de elencos infantiles de teatro comunitario en zonas vulnerables. Al ECuNHi habían llegado 80 chicos del Barrio Ejército de los Andes, Villa Independencia, William Morris y Villa Ilaza, que ofrecieron al aire la obra de teatro La niña y la luna. Del programa fueron despedidos 27 de 35 talleristas. La nueva gestión nunca revisó el trabajo que realizaban.
Un grupo numeroso de escritores e ilustradores de literatura infantil y juvenil, anunciaron la realización de un abrazo al ECuNHi para el 9 de abril.
Por otro lado, siguen sin cobrar 2.500 artistas, técnicos, docentes y agentes de prensa que dieron funciones en el Centro Cultural Kirchner, que sigue cerrado, con alrededor de 600 trabajadores menos, y no hay novedades sobre la reapertura, postergada, según la versión oficial, por las condiciones edilicias.
La Secretaría Gremial de la Asociación Argentina de Actores tomó cartas en el asunto. Publicó en Internet un aviso dirigido a actores y bailarines y se les pidió que presentaran la documentación correspondiente para realizar los reclamos.

En Tierra del Fuego

La provincia de Tierra del Fuego atraviesa uno de los conflictos sindicales más importantes de su historia. Desde hace más de 20 días todos los gremios estatales tienen paralizada la administración, la salud y la educación.
El conflicto comenzó el 8 de enero, cuando en Tierra del Fuego la mayoría de los estatales estaban de vacaciones viajando a sus provincias de origen. Los legisladores realizaron una sesión especial en la que terminaron en la madrugada del 9 de enero votando un paquete de leyes que habían dado a conocer públicamente el día anterior. No lo habían consensuado con los trabajadores. No permitieron el ingreso de éstos ni de sus representantes que estaban afuera del recinto manifestando en contra de un paquete de leyes nocivas para los estatales. Un fuerte operativo policial rodeando el recinto de sesiones y el corte de la fibra óptica interrumpiendo todas las comunicaciones de celulares, internet, etc., hicieron imposible que los trabajadores que quedaban en la isla se pudieran organizar o ingresar al lugar a dialogar con los legisladores.
Los estatales reclaman por la licuación de la deuda del gobierno con la Caja Previsional estatal, el desmembramiento de la Obra Social, el aumento de los años de edad jubilatoria, pérdida del 82% móvil, modificación de la autonomía y autarquía de la Caja y Obra Social, rebaja salarial, entre otras.

Por la prensa

El Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (CTP) saludó las resoluciones del 44º Congreso Extraordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consolida un proceso de construcción sindical antipatronal y desde las bases iniciado años atrás por un puñado de compañeros/as de distintos puntos del país y avanza en el llamado a la unidad de los sectores que por distintos motivos aún no se encuadran en ningún espacio nacional.
“De la misma manera que los compañeros/as del CiSPren de Córdoba -que a través de su secretario general Carlos Valduvino declararon la necesidad de avanzar en la coordinación a nivel nacional para fortalecer una única organización de trabajadores de prensa en todo el país- y así como lo hicieron sectores con quienes desde el CTP construimos día a día el SiPreBA, entendemos que el actual contexto de ajuste, despidos y la aplicación de un protocolo que atenta contra la libertad de expresión, hace más urgente que nunca esa tarea, que nos permitirá ampliar derechos, participar en discusiones paritarias a nivel nacional, mejorar nuestra tarea gremial/profesional y ampliar la capacidad para enfrentar a las patronales de prensa”, afirmaron en un comunicado.
En vísperas de cumplirse el 40° aniversario del golpe genocida de 1976, el sub-gerente de noticias de Radio Nacional, Marcelo Marino se puso en comunicación con el Informativo de la emisora para trasmitir una orden del flamante gerente de noticias, Fernando Subirats: “Me pide que les diga que jamás repitamos como en el boletín que acaba de salir dictadura cívico militar. De aquí en más, hay que poner solo dictadura militar”.
La orden fue recibida por quien en ese momento estaba a cargo del Informativo, el Secretario adjunto del SiPreBA, Carlos Saglul, un ex desaparecido que estuvo preso en las cárceles de Azul y Sierra Chica y que además ha escrito numerosos artículos sobre la participación de los Grupos Económicos en la autoría intelectual del genocidio, quien solicitó en ese momento que Subirats trasmitiera la orden por escrito y con su firma.
Además, el SiPreBA exige al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que cumpla con su promesa de “defender el pluralismo informativo”. También que se respete la libertad de conciencia de los trabajadores de Radio Nacional. “El golpe de marzo de 1976 fue un golpe cívico-militar y no habrá complicidad, ni amedrentamiento de las patronales de los medios públicos o privados que pueda ocultarlo”, afirmó la entidad sindical.
El mismo día los trabajadores de Radio Nacional habían sufrido un violento ataque. El hecho ocurrió a las 7:42, cuando un hombre entró a los gritos y armado a los estudios de la radio mientras se transmitía el programa que conduce Romina Manguel. La periodista debió interrumpir la emisión mientras se escuchaba de fondo un "Tirate al piso, tirate al piso".
El atacante tenía en su poder un arma blanca (un cuchillo) y un cinturón de explosivos, informó oficialmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Vos fuiste del ERP. Quiero hablar con vos”, aseguran que le dijo al periodista Eduardo Anguita, que estaba en la radio. Los trabajadores de la emisora pública fueron evacuados.
“Alertamos ante esta amenaza sufrida por los trabajadores de Radio Nacional y hacemos responsable a las autoridades públicas de la radio por la falta de garantías en la seguridad. Reclamamos que se investigue y se esclarezca este grave hecho que vuelve a repetirse”, señala en un comunicado la agrupación Naranja de Prensa.
Paro por tiempo indeterminado en el Diario La Mañana de Córdoba. Se decidió en asamblea frente al despido de 10 trabajadores.

Mario Hernandez

Fuentes: Clarín, Prensa Obrera, Página 12, APU, Resumen Latinoamericano, Indymedia Argentina, InfoBaires24, ACTA, Diario Z, Periódico El Roble, La Izquierda Diario, Infogremiales, www.lacapital.com.ar, Sutef y CTA (A) de Tierra del Fuego, InfoCielo, Anred y Red Eco Alternativo.

Cruyff y la dictadura argentina

Johan Cruyff y la maravillosa selección holandesa de los 70 tuvieron un singular encuentro con la dictadura militar

Exactamente 40 años después del golpe militar argentino del 24 de marzo de 1976 muere Johan Cruyff, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Y es una rara coincidencia porque Cruyff y la maravillosa selección holandesa de los 70 tuvieron un singular encuentro con la dictadura militar argentina.
En 1978 se celebró en Argentina el Mundial de Fútbol. Eran los años más duros del régimen militar de Videla y compañía, que desapareció y torturo a miles de opositores. Esas atrocidades ya eran conocidas internacionalmente, gracias a las valerosas denuncias de grupos como las Madres de Mayo, pero la FIFA nunca pensó en cambiar la sede del Mundial. La disculpa: que no había que mezclar la política con el fútbol. Pero en realidad esa indolencia de la FIFA hizo que el fútbol terminara mezclado con la política y, peor aún, con el terror, pues la realización del Mundial y el triunfo argentino le dieron una bocanada de legitimidad al régimen militar.
Y aquí es donde se juntan la historia de la junta militar y de Cruyff. En ese momento, Holanda tenía no sólo la mejor selección del mundo sino que su “fútbol total” había revolucionado el deporte. Además, muchos de sus integrantes tenían un espíritu rebelde y desafiante. Y el líder indiscutible era Cruyff. Por eso algunas veces esa selección holandesa (por su exquisita calidad, su capacidad de revolucionar el fútbol y su fresca rebeldía) fue comparada con los Beatles. Y Cruyff era visto como el Lennon de ese conjunto.
Llegó entonces el Mundial del 78 en Argentina. Algunos sectores en Holanda pidieron boicotearlo para no legitimar la dictadura, y unos pocos futbolistas rebeldes, como el alemán Breitner, se negaron a asistir. Pero estas propuestas de boicot fueron derrotadas y hubo Mundial y Holanda asistió. Sin embargo, Cruyff no concurrió y durante muchos años se especuló que sus razones eran semejantes a las de Breitner; que no quería avalar al atroz régimen argentino. Y quienes fuimos jóvenes en esa época lo admiramos aún más por esa conjetura. Hoy sabemos que la razón fue otra, menos heroica, pero profundamente humana.
Hace algunos años, Cruyff aclaró que no había ido al Mundial del 78 por motivos familiares. Algunos meses antes, él y su familia sufrieron un violento intento de secuestro. Esa terrible experiencia le cambió su visión de las cosas y decidió privilegiar su vida familiar sobre el fútbol. Y por ello abandonó la selección y no asistió al Mundial. Pero, en todo caso, algo quedó de su rebeldía en sus compañeros de la selección holandesa, que tuvo dos gestos de dignidad: antes de la final se reunieron con las madres de la plaza de Mayo, y luego del partido, en la ceremonia final, prefirieron irse al vestuario para evitar darles la mano a los dictadores. Y por esos gestos, el fútbol conservó algo de dignidad en ese controvertido Mundial.

Rodrigo Uprimny
Fútbol Rebelde

Rodrigo Uprimny, Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Publicado originalmente en El Espectador.

lunes, 28 de marzo de 2016

Macri pasó la Semana Santa en la estancia de un polémico magnate: enterate quién es



El magnate inglés Joseph Lewis -que controla Edenor- posee una fastuosa estancia en Río Negro, donde se apropió del Lago Escondido. Allí pasó Macri el fin de semana largo.

Mientras algunos contaban las monedas para llegar a comprar el huevo de Pascuas, Mauricio Macri pasó la Semana Santa a todo lujo en la estancia que el empresario inglés Joe Lewis construyó a 45 kilómetros del Bolsón, en torno al Lago Escondido. Los pobladores de la zona denuncian desde hace años que Lewis prohíbe el acceso al Lago, que debería ser público.
Según reveló el diario Clarín, el presidente llegó con su esposa Juliana Awada y su hija Antonia a bordo del helicóptero privado de Lewis, horas antes de dirigirse al Hotel Llao Llao para despedir a Barack y Michele Obama. Luego, la familia presidencial pasó la semana santa en dicha propiedad. ¿Quién este polémico millonario?

El dueño de la luz

La revista Forbes, en su ranking de 2015, señaló a Joe Lewis como la 277° persona más rica del mundo, y la séptima en Inglaterra. Su fortuna se estima en 5.300 millones de dólares. Es el mayor inversor en Tavistock Group, que tiene más de 200 compañías en 15 países y que gestiona un patrimonio de 2.800 millones de dólares.
Los negocios del grupo van desde la propiedad de equipos deportivos como el Tottenham hasta petroleras y empresas de energía. En este último rubro, el grupo Tavistock es propietario de Pampa Energía, empresa que a su vez controla Edenor, la privatizada que acaba de aumentar sideralmente sus tarifas a pesar de proveer un servicio de baja calidad, con recurrentes cortes.
La empresa de Lewis no solo distribuye energía a través de Edenor. También la genera: controla el 8% de la producción en el país.

El dueño de Lago Escondido

A fines de la década del noventa, Lewis compró a precio irrisorio un predio de 12 mil hectáreas de tierras fiscales en Río Negro, alrededor del Lago Escondido. En el terreno, construyó una mansión de casi cuatro mil metros cuadrados, un chalet para invitados, caballerizas, chanchas de fútbol y otros deportes, anfiteatro y helipuerto. Para administrar la fabulosa finca creó la compañía Hidden Lake S.A. y cerró todos los accesos a la costa del lago.
Si bien la costa es pública, todos los caminos se vieron cerrados por lo que, los vecinos de El Bolsón y otras localidades cercanas comenzaron protestas públicas por el derecho a “las costas libres, y contra la concentración y extranjerización de la Tierra”. A pesar de la enorme repercusión de la denuncia, los accesos al lago siguen siendo casi imposibles de transitar.

Miércoles negro

Lewis hizo su fortuna no solo apropiándose de recursos naturales y mano de obra barata en países semicoloniales como Argentina o las Bahamas (donde el grupo Tavistok tiene su sede). También estafó a los trabajadores y el pueblo de su propio país. En el año 1992 se asoció con el empresario George Soros y realizaron una suerte de golpe financiero contra la libra esterlina que pasó a llamarse como “miércoles negro”. El gobierno conservador británico se vio obligado a retirar la libra esterlina del Mecanismo Europeo de Cambio. Las pérdidas comerciales de la jornada se estimaron en 800 millones de euros. Con la movida, Soros obtuvo más de mil millones de dólares en ganancias por la venta de libras esterlinas a corto plazo. Se calcula de Lewis ganó bastante más.

Cecilia Rodríguez

Triple A: condenaron a cinco miembros por asociación ilícita

La pena es de cuatro años de prisión y el fallo fue dictado por la jueza federal María Servini de Cubría.

La más que limitada condena (apenas 4 años de prisión) y el fallo emitido por Servini de Cubría es en el marco de una causa que tramitó por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal. El fallo se dictó en febrero pasado, pero recién cobró trascendencia en estos días. En la causa intervino el fiscal federal Eduardo Taiano y actuó como querellante la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
En la resolución dictada la magistrada por probado que Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi integraron la organización paramilitar desde sus cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social.
Entre los argumentos de la sentencia se destaca el hecho de que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) "fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación", en referencia a José López Rega.
Y en el fallo la jueza afirma que el escribano y periodista Conti -desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión-, y Villone -como secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social- habrían actuado como los "enlaces" entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en el Ministerio entre 1973 y 1975. Además la magistrada consideró que la sede de esa cartera se utilizó como “lugar físico” para realizar reuniones de la organización paramilitar, como también para financiar su funcionamiento: "El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado, (…) se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas", afirmó Servini de Cubría.
Tal como sostuvieron la fiscalía a cargo de Taiano, la querella, el juzgado en la etapa de sumario y la Cámara Federal de Apelaciones, Servini coincidió en que "no existe ningún obstáculo legal para la persecución de este delito, pues la acción penal respecto del mismo es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad".
La Triple A, conocida organización paramilitar, organizada desde las propias entrañas del gobierno peronista y comandada por el ministro de Bienestar Social José López Rega, antecedió al golpe de Estado de 1976. Gran parte de sus miembros se integraron a la dictadura luego de aquel 24 de Marzo. Sus secuestros, asesinatos y saqueos a las víctimas representaron la primera experiencia orquestada desde el Estado para intentar detener el proceso de insurgencia obrera y popular que se venía desarrollando en Argentina desde finales de los ’60.

Ensenada: el golpe militar en Astillero Río Santiago



El 24 de marzo de 1976, Astillero Río Santiago estaba cerrado. Luego de una semana, los obreros fueron convocados a volver al trabajo en medio de un gigantesco operativo militar dentro y fuera de la fábrica. Más de 40 trabajadores continúan desaparecidos.

El triunfo de los metalúrgicos de Propulsora originó un cambio importante en los obreros de la región. En el año 1974 muchos conflictos se ganan, incluso en fábricas que venían de derrotas muy duras. Las luchas contra el Pacto Social protagonizadas por estos obreros, alcanzan un punto alto de conflictividad.

"La Coordinadora”

Esta indomable fuerza fue la que sentó las bases para el surgimiento de la Coordinadora de delegados, comisiones internas y gremios en lucha de La Plata, Berisso y Ensenada. Permitió la unidad territorial de las Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados transformándose en un organismo democrático y de lucha que desafió el control burocrático de los sindicatos.
En 1975 fue ganando peso e incorporando a las fábricas más combativas de la región: Indeco, Ofa, Ipako, Petroquímica Sudamericana, choferes de colectivos de varias líneas de La Plata. También se incorporaron los delegados de la obra de ampliación de Petroquímica General Mosconi pertenecientes a la Uocra, la comisión interna del Hospital de Gonnet, delegados y agrupaciones combativas del frigorífico Swift de la ciudad de Berisso, metalúrgicos de Siap y Kaiser Aluminio, obreros de la madera de Corchoflex y los trabajadores no docentes agremiados en la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (Atulp). Propulsora y Astillero fueron sus pilares fundamentales.

“14.250 o paro nacional”

Las Jornadas de junio y julio de 1975 contra el Plan Rodrigo ubicaban a la clase obrera en el centro de la oposición política al gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón. La Coordinadora comenzó a funcionar como una corriente de oposición que tenía gran influencia en la base, y cuya capacidad de movilización independiente del aparato sindical de la burocracia, demostró en la huelga general activa que impulsó y garantizó en toda la región el 3 de julio de 1975.
Esa mañana, se recuerda como uno de los hitos más importantes del movimiento obrero de la región: más de 3 mil obreros de Astillero y Propulsora se reúnen en la Plaza Belgrano de Ensenada para movilizar hacia la Uocra (cede provisoria de la CGT) en la ciudad de La Plata y exigir la homologación de los convenios colectivos y la vigencia de la ley 14250.

Comienza la represión: el directorio cierra la fábrica y se producen los primeros secuestros

Luego de las Jornadas de junio y julio, ante la inflación y debilidad del gobierno de Isabel, aumentó la lucha salarial. Victorio Calabró –gobernador de la provincia de Buenos Aires– junto con las fuerzas armadas, inició distintos golpes represivos. En Astillero los ataques contaban con la colaboración y provocaciones organizadas por la burocracia de ATE Ensenada y miembros de la agrupación Azul y Blanca, como el autosecuestro de tres de sus militantes para desviar el reclamo de aumento salarial; pero esta maniobra fracasa y el 31 de noviembre de 1975 el Directorio responde con el cierre de la planta y un operativo policial a la espera de que la conducción gremial, garantice que los trabajadores acepten una oferta salarial menor a la que venían reclamando, y se reanuden las tareas con “tranquilidad”.
El día 4 de noviembre el directorio de AFNE (Astilleros y Fábricas navales del Estado) mantenía las puertas cerradas. No estaban dispuestos a quitar la policía y fuerzas de la marina que estaban apostadas al interior de la fábrica y en las inmediaciones, a pesar de que los obreros habían aceptado en asamblea, la oferta de la patronal. Para quebrar la resistencia secuestran a tres trabajadores de sus casas: Ángel De Charras, Silvio Marotte y Alcides Méndez Paz fueron brutalmente torturados; este último fue asesinado luego de tres meses de secuestro y prisión.
El 6 de noviembre el directorio abre la fábrica. Los delegados y trabajadores combativos eran marcados por los propios dirigentes del sindicato quienes estuvieron vinculados directamente a la represión. A su vez, los grupos fascistas del gobernador Calabró con el apoyo logístico de la marina y la policía asesinan a trabajadores de Swift, Propulsora, Ofa, Siap y a militantes de la corriente trotskista PST.

La antesala al golpe militar

En enero de 1976 fue secuestrado “Carajito” Peláez. Los obreros resuelven llamar al paro y asamblea permanente, permaneciendo en la planta pero sin trabajar; la medida fue contundente y a los pocos días aparece con vida. Este fue uno de los grandes triunfos producto de la lucha. La persecución, secuestro y asesinato de los activistas no logró impedir que desde la base surgiera una nueva oleada de conflictos salariales y por mejores condiciones de trabajo –entre los trabajadores corría el dicho “por cada barco dos obreros”, en relación a las muertes por “accidentes” de trabajo–.
El 18 de marzo comienza un paro progresivo de dos horas por día exigiendo aumento de salario. Luego de cuatro días de implementar esta medida de lucha, el directorio de AFNE decide el cierre de Astillero y un masivo despliegue del BIM 3 y de la policía provincial en los accesos de la ciudad de Ensenada para impedir la llegada de los trabajadores a la planta. La desorganización de los obreros es utilizada por las fuerzas represivas para pasar a la ofensiva. Los días previos al golpe de Estado son secuestrados de sus casas y asesinados Fortunato Andreucci, José Luís Lucero y Jorge Guztos.

Astillero bajo la dictadura

El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe, Astillero continuaba cerrado. El 29 de marzo a través de la radio y los diarios locales el directorio de la empresa comunica a los obreros la reapertura de la planta y son convocados a trabajar en medio de un operativo militar gigantesco. Desde las 7 de la mañana una cola de obreros custodiados se extendía hasta la plaza Belgrano. En el portón de entrada eran requisados y controlados por los infantes de marina que contaban con listas negras con nombres de activistas y delegados. Aquellos que figuraban eran subidos a los camiones del BIM 3; a otros los levantaban en el camino o en sus domicilios. Por dentro la fábrica estaba totalmente militarizada: infantes con FAL recorrían las taquillas, mientras los jefes requisaban.
En junio es asesinado el jefe de recursos humanos, capitán de navío Ballardi. Esta acción de la guerrilla fue la excusa para desatar una nueva ofensiva represiva sobre la fábrica. Un día después secuestran a seis trabajadores: Martínez y Arias, integrantes de la Lista Celeste; “Coco” Cardinale, Luciano Sander, Arriola miembros de la agrupación Azul y Blanca; Becker y asesinan a Morán dirigente del PC. La represión fue brutal, y continuó con la desaparición de 42 delegados y activistas.

A 40 años del golpe Astillero sigue en pie de lucha

El golpe militar logró derrotar el enorme empuje y ebullición política de la vanguardia obrera que se había fogueado en la intensa lucha de clases de los años anteriores. Sin embargo, una década después cientos de obreros estuvieron en la primera línea de resistencia frente al intento de privatización en la década de los ´90. En el 2004 recuperan el Cuerpo de Delegados, retomando la tradición de votar delegados por sector y la participación de distintas tendencias políticas. Desde el 2006, todos los 24 de marzo se realiza un acto en homenaje a los desaparecidos organizado por los propios trabajadores contra los intentos de los funcionarios de la empresa y los distintos gobiernos provinciales, durante el kirchnerismo, de realizar un acto conjunto. Muchos de los obreros que fueron presos y detenidos durante la dictadura volvieron a la fábrica y fueron testigos en el juicio contra los genocidas de la Fuerza de tareas 5 y siguen luchando para que los cómplices civiles vayan a la cárcel. Las banderas de lucha de la generación de los 70 siguen presentes en los obreros de una de las fábricas más emblemáticas de la región: Astillero Río Santiago.

Claudia Añazco San Martín
Delegada SUTEBA Ensenada

Fuente: Montes José (compilador), Astillero Río Santiago, su historia y su lucha relatada por sus trabajadores, 1999, Ediciones La Verdad Obrera.