Ayer concluyó el primer juicio oral y público contra Sala. Se trata de la causa por “daño agravado y amenazas coactivas” por un escrache contra Gerardo Morales realizado en 2009, del cual la dirigente de la Tupac Amaru no participó.
El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por Marcelo Juárez Almaráz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz, condenó por unanimidad a Sala a tres años de prisión en suspenso. A pesar de que en el curso de un juicio plagado de irregularidades no pudo comprobarse su participación en los hechos juzgados, la declararon culpable del delito de “daños agravados” en calidad de “instigadora”. En tanto en la acusación de “amenazas coactivas” la dirigente fue sobreseída por prescripción del delito.
Graciela López y Ramón Salvatierra, también imputados en esta causa, fueron declarados como coautores materiales por “daños agravados”, y condenados a 3 y 2 años de prisión en suspenso respectivamente.
Las únicas “pruebas” sobre la participación de Sala en el escrache contra Gerardo Morales, Leandro Despouy y otros dirigentes de la UCR en 2009, fueron aportadas por los testimonios de René Arellano y su esposa Cristina Chauque. El primero, como comprobó la defensa, incurrió en falso testimonio al negar su relación laboral con el Ejecutivo Provincial y otros datos contradictorios.
A pesar de haber sido absuelta en la causa por “amenazas coactivas” y recibir una pena en suspenso por “instigación” en la causa de “daños agravados”, la dirigente de la Tupac Amaru continuará en el Penal de Alto Comedero donde se encuentra detenida desde el 16 de enero por realizar un acampe protesta en la Plaza Belgrano de la Capital jujeña.
Recordemos que desde aquel momento el Gobierno y la Justicia Provincial han abierto innumerables causas para justificar la detención arbitraria de la dirigente.
Mientras la causa principal por la cual aducen la necesidad de la prisión preventiva es por “asociación ilícita y fraude a la administración pública” por el supuesto faltante de 29 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas, este primer juicio condena una protesta de 2009. En el mismo sentido, mañana se dictará sentencia en el juicio contravencional por el acampe en Plaza Belgrano.
Toda una confesión por parte del Gobierno radical-massista y su Justicia, que buscan legitimar la detención ilegal de la dirigente ante el cuestionamiento de organismos internacionales como la ONU y la OEA que exigieron su inmediata liberación.
Esta condena vuelve a comprobar lo que denunciaron desde un primer momento organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Con la detención ilegal de Sala buscan sentar un peligroso precedente contra el pueblo trabajador, sus organizaciones y métodos de lucha.
Así lo hizo en su primer año de gobierno Gerardo Morales, reprimiendo brutalmente a los obreros de Ledesma y luego criminalizando a sus dirigentes; armando listas negras, con sumarios y descuento de días de paro a los estatales; con causas penales contra dirigentes de Aceros Zapla y el Ingenio La Esperanza. Un verdadero laboratorio del ajuste y la represión, como denunció en septiembre una Comisión de organismos de DD.HH y legisladores reunida en Jujuy.
Repercusiones
Mientras desde el oficialismo lanzaron el hashtag #JujuyEsPaz inundando las redes sociales desde sus troll-centers, y funcionarios de alto rango como Leandro Despouy -también testigo en esta causa- saludaban la condena. Referentes del kirchnerismo y de la izquierda expresaron su repudio a este fallo reaccionario que sienta un peligroso precedente contra la protesta social.
Leandro Despouy, quien estuvo presente en la conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas en 2009 como Auditor General de la Nación, y que actualmente integra el equipo de la Canciller Susana Malcorra, como como Embajador Extraordinario Plenipotenciario y Representante Especial para los Derechos Humanos declaró desde su cuenta de Twitter “la justicia determinó los daños objetivos por los que rendí testimonio y he sido víctima junto al Senador” Gerardo Morales. Toda una contradicción de funciones para quien debería ocuparse de dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU y la OEA.
Otro dirigente de la UCR, también presente en los acontecimientos de 2009 y testigo en el juicio, el actual integrante del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, Martín Giubergia aseguró que “hoy podemos decir que #JujuyEsPaz y que ningún delincuente volverá a pisotear las instituciones de la Provincia”, desde Twitter.
Por su parte, referentes del kirchnerismo como Martín Sabbatella repudió el fallo y aseguró que “ya nadie puede tener dudas de que la detención de Milagro es ilegal y que responde exclusivamente a una decisión política”. Mientras Agustín Rossi denunció que “es un fallo plagado de irregularidades”.
En sintonía con las declaraciones de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el obrero de recolección y referente del PTS-Frente de Izquierda de la Provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, denunció en su cuenta de Facebook que el fallo “escandaloso” de la Justicia jujeña que condena a tres años “por tirar huevos” a Sala, contrasta con la impunidad garantizada a los responsables de tres asesinatos en Ledesma en 2011 por una toma de tierras, o la impunidad de la que goza el empresario Carlos Pedro Blaquier “responsable del apagón de Ledesma en la dictadura donde desaparecieron trabajadores” garantizada por “este Gobierno y el anterior”.
Desde el Partido Obrero también repudiaron la condena porque es “un grave antecedente contra la protesta y las luchas sociales”.
Verónica Valdez
@valveritos
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