domingo, 31 de julio de 2016

El gobierno parece haber comprado su propio relato



Confianza excesiva en el poder de los CEO. Primero el sinceramiento, luego el pago a los buitres, después la “lluvia de inversiones”, ahora el blanqueo es la pieza central. ¿Alcanzará para tanto?

1. América Latina podemos decir que se encuentra en una situación paradojal. Después del ciclo de gobiernos posneoliberales en varios países de la región, en el último año vemos la sincronía de un nuevo momento, donde se imponen gobiernos que buscan retomar agresivamente la agenda neoliberal. Pero esto ocurre en cierta medida a contramano de las tendencias globales. El Brexit, el triunfo de Trump como candidato republicano (y por izquierda el sorprendente desempeño de Sanders en la interna demócrata), así como la amenaza en Europa de que puedan ganar otros partidos de extrema derecha, son las expresiones más salientes de que este consenso neoliberal que busca hacerse fuerte en la región es el que, a derecha pero también a izquierda, se está descomponiendo en los centros imperialistas. Pero también en la coyuntura, sumado el visible agotamiento de China como motor capaz de seguir operando como contratendencia al crecimiento limitado de EE. UU. y el estancamiento del resto del mundo desarrollado, plantean fuertes interrogantes sobre las posibilidades de estabilizar este giro hacia gobiernos con agenda de “sinceramiento”, que ya están sufriendo además en Brasil y la Argentina el desgaste por el rechazo de vastos sectores de los trabajadores y sectores populares ante los planes de profundizar el ajuste. En lo inmediato ayuda la continuidad de la política de bajas tasas de los EE. UU., pero esto podría no ser suficiente para frenar la caída de inversiones extranjeras que se viene registrando en los últimos dos años.

2. En este contexto internacional, el gobierno se lanzó desde diciembre a aplicar una serie de medidas que representaron un verdadero shock sobre la economía: liberalización cambiaria y devaluación, eliminación de retenciones a las exportaciones, tarifazos, apertura importadora. En pocos meses produjo una espiral de transferencia de ingresos a sectores del capital que supera los 20 mil millones de dólares. Junto con esto, una política monetaria contractiva y una espiral de endeudamiento que agregó a la deuda pública 30 mil millones de dólares, en su mayoría en moneda extranjera y a tasas elevadas. El correlato de una política de transferencia hacia los más ricos, es la descarga de los costos sociales del ajuste sobre los trabajadores y sectores populares. Para los trabajadores registrados, se estima una pérdida de ingresos a causa del aumento del costo de vida que podría estar en 15 por ciento o más para este año.

3. Los resultados que este paquete de medidas tuvo en términos económicos parecen tener en estado de perplejidad al propio gobierno. Confió excesivamente en el poder que tendría la llegada de un elenco de CEOs para traccionar inversiones que hace años venían en declinación. Hemos visto cómo se fue corriendo la anunciada llegada de un punto de inflexión. Primero era el sinceramiento, la vía para crecer. Después, dijeron que el acuerdo con los buitres y el pago de 10 mil millones de dólares marcaría el verdadero comienzo del semestre... ahora está el blanqueo como nueva meta. En el medio, el gobierno saca a relucir que las inversiones estarían llegando. Hace unos días hizo circular que los compromisos de inversión estarían en 30 mil millones de dólares. Mucho de eso son compromisos ya anunciados en 2015, varios tienen plazos de varios años, con lo cual el impacto de las cifras se desdibuja.

4. Vemos que estas expectativas están lejos de cumplirse, y todos los indicadores ilustran una situación de deterioro económico que no sólo no parecería estar a punto iniciar la reversión que el gobierno quiere anunciar, sino que se sigue profundizando. Los datos de empleo recientemente difundidos por el ministerio de Trabajo, que revelan que mayo fue el mes de mayor pérdida mensual de puestos de trabajo en el sector privado formal (60 mil), la dramática caída de la construcción en junio (19,5) y de la industria (6,4), el desplome de la inversión que según Ferreres cayó 5,3 %, exponen este deterioro sin piso. Sólo los cultivos del agro pampeano y la minería se sustraen a la tendencia recesiva, mientras las finanzas prosperan gracias a los altos rendimientos que permites las bicicletas que alimenta la política monetaria. La economía marcha hacia una caída que superará en el año el 2 %.

5. Es que, por un lado, fuera del agro, la minería, o la obra pública, los motivos para inversiones son pocos. Los que invierten para aprovechar el mercado argentino o del Mercosur, ven que Brasil va a caer 8 % en dos años, y en 2017 tampoco parece que vaya a mejorar, que en la Argentina la caída del poder adquisitivo está desplomando el consumo, y obviamente no van a poner plata. Algunos anuncios de inversión entran para aprovechar los planes que proyecta el gobierno, pero acá también golpea en lo inmediato el hecho de que apenas se haya ejecutado un 20 % de lo presupuestado para este año.

6. Pero además del poco atractivo que genera para el capital el deterioro económico actual a la hora de definir inversiones, hay un problema más de fondo para el gobierno, y es cómo evalúan las medidas tomadas los trabajadores y sectores populares por un lado, y los grandes empresarios y financistas, por otro. Para los primeros, se trata de un shock en toda la línea que va a marcar un nuevo año de caída en el poder adquisitivo (como ya se había vivido en 2014 pero en mayor escala). Desde la perspectiva opuesta, en cambio, el plan es visto como excesivamente gradualista en numerosos puntos. Apuntan sobre todo a los objetivos de recorte de los subsidios, vistos como demasiado escalonados. Y además, amenazados por la justicia. La misma evaluación hacen sobre el relajamiento de la pauta para los acuerdos salariales. Aunque los promedios de 30 % en los acuerdos representan una pérdida significativa contra la inflación, están por encima del objetivo original del gobierno de que ninguna supere el 25 %. La cuestión del gasto choca con las aspiraciones de que la gestión estatal absorba una porción menor del plusvalor absorbido a través de los impuestos, y plantea además el interrogante sobre la posibilidad de financiarlo, a pesar de los bajos niveles de endeudamiento heredados gracias al “desendeudamiento” kirchnerista.

7. El gobierno de Macri definió una serie de medidas para contrarrestar los efectos del plan aplicado durante el primer semestre del año. Acelerar el ritmo de la obra pública, y avanzar con la actualización de las jubilaciones son, junto con la apuesta a que se sienta el efecto de las paritarias, las piezas con las cuales el gobierno pretende ejecutar un “control de daños”, algo que frene la caída de la economía cuando se empieza a venir el clima electoral. Es decir, hacer una pausa en el ajuste para retomar la agenda proempresaria de “sinceramiento” en caso de lograr fortalecerse políticamente para hacerlo. En esto el blanqueo se transformó en una pieza central. Con el blanqueo el gobierno apunta a que ingresen capitales que busquen aprovechar las bajas tasa de penalidad (7 % en promedio sobre los fondos declarados) para entrar al país, y se destinen en parte a actividades productivas. En parte, también, busca captar algo de esos fondos para financiar al Tesoro, a través de los bonos intransferibles que ofrecerá como alternativa para quienes no quieran pagar penalidad (sin rendimiento en el caso del bono a 3 años, y con 1 % para el caso del que es a 7 años). A cambio de no cobrar penalidad, aspira a que resulten suficientemente atractivos para atraer fondos, y así financiar el mayor gasto que el gobierno anticipó que va destinar a obra pública sin tener que ampliar la emisión de deuda.

8. ¿Podrá alcanzar el blanqueo para tanto? Habrá que verse si termina más cerca de los 60 mil millones pronosticados por el titular del HSBC Gabriel Martino, o más bien alrededor o incluso debajo de los 20 mil millones de dólares, número con el que el propio gobierno salió a sostener que podría estar conforme. Otra pregunta es: incluso si se cumpliera un pronóstico cercano a los 20 mil millones de dólares, ¿cómo se conecta con la reactivación económica que promete el gobierno? No resulta fácil la respuesta. Excepto por la parte de los fondos blanqueados que se traduzca en bonos que financien el gasto del gobierno y permitan volcar más recursos a la obra pública –monto que nadie se atreve a predecir– no está claro que el destino de los capitales declarados vaya a ser la inversión ni por tanto el estímulo a la actividad productiva. Las tasas de interés que el Banco Central mantiene en 30 % y se resiste a bajar, resultan una invitación a meter los fondos blanqueados en la bicicleta financiera.

9. Sin la pata auxiliar del sindicalismo, así como los gobernadores e intendentes peronistas, el gobierno no podría sostener su agenda. El gobierno cuenta con un formidable apoyo, que es la pasividad de las burocracias sindicales que más allá de alguna confrontación en los discursos mantienen la tregua. A pesar de que con la amenaza del desempleo y el envalentonamiento de las patronales intentan mantener el quietismo en los lugares de trabajo, hay fuertes indicios por abajo de que hay vocación de enfrentar las medidas ajuste. Una primera cuestión en la agenda política hoy entonces para los trabajadores y los sectores populares es concentrar fuerzas en romper esta tregua, pelear desde los lugares ocupados por sectores del sindicalismo combativo y la izquierda por un verdadero paro general para enfrentar el ajuste.

10. Desde sectores del kirchnerismo a comienzos de este año alimentaban la expectativa de que este espacio político sería el puntal de la resistencia contra el ajuste. El terremoto generado por López, pero también la comprobación de la colaboración activa del peronismo en las políticas que se aplican desmintieron rápidamente estas expectativas. Para quienes apostaron honestamente a la perspectiva de una transformación social duradera que pudiera venir de la mano del kirchnerismo, que postuló al Estado como el gran sujeto para encararla y reconstruir una burguesía nacional con su apoyo, son tiempos de reflexión, de barajar y dar de nuevo. Este proyecto político perpetuó el conjunto de las contradicciones que caracterizan el atraso y la dependencia nacional, mientras alegremente afirmaba que estaba haciendo lo contrario. Para generar una fuerza capaz de enfrentar al gobierno de Macri y su política de profundizar las ataduras de la dependencia, pasa por otro lado. Es necesario apostar a la construcción de una fuerza política con inserción en la clase trabajadora y la juventud, que lejos de apuntar hacia un imposible “capitalismo en serio” despliegue un programa anticapitalista y antiimperialista. Hay que girar a la izquierda.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

Derecho al suelo urbano, lo que el viento no se lleva

Ahora que el viento no se lleva más el techo y la vivienda es suya, la argentina Cristina López se siente a resguardo en el asentamiento informal donde vive. Pero para pisar firme el suelo que ocupa, ella y sus vecinos tendrán que conquistar muchos otros derechos.
No se queja porque antes de mudarse hace cuatro años con su hijo adolescente al nuevo barrio de Hornos, en el municipio de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, su situación era mucho peor.
Vivía de alquiler hasta que el municipio le aportó un terreno, donde se construyó una precaria casita. “Como la construí yo sola no tenía estabilidad y una de las tormentas me llevó el techo”, contó López a IPS, lo que la obligó a vivir acogida con su hijo en casas de amigos o vecinos.
La nueva casa fue edificada con ayuda de Techo, una organización no gubernamental que promueve la vivienda digna en los asentamientos informales de las urbes de América Latina y el Caribe, mediante la acción conjunta de pobladores y voluntarios.
En Los Hornos, con 200 familias, y en el vecino barrio de Los Cedros, que acoge a 1.200 familias, Techo construyó 225 pequeñas viviendas unifamiliares, llamadas “casillas”. Son sencillas y de bajo costo, erigidas en apenas dos días y destinadas a resolver “emergencias habitacionales”.
Pero para López, de 59 años y quien realiza diferentes trabajos para sostenerse a ella y su hijo de 15 años, supuso la diferencia entre la indigencia y la dignidad.
“Fue el cambio total. No hay nada que se compara con esto. Una se da cuenta que a partir de una casa, una empieza a cambiar su forma de vida, porque una sabe que eso es propio y que aunque todavía no tenga ‘los papeles’ del terreno, el techo es mío. Este techo no me lo saca nadie”, describió.
Los papeles son el título de propiedad que debe entregarle la municipalidad que les cedió los terrenos, y no tenerlos la intranquiliza.
“Siempre hay un ‘vivo’ (listo) para reclamar que el terreno es suyo. Hasta que el municipio no diga esto es de ustedes, no podremos tener seguridad”, explicó.
Para dejar de ser “una ciudadana de segunda”, dice, también le falta contar con servicios como agua corriente, cloacas o electricidad con medidor (contador), para que “no se corte a cada rato”.
Además, Los Hornos está a 42 kilómetros de la capital y a más de 20 del centro de la cabecera municipal, y todo queda lejos. “No tenemos una escuela cercana, un centro de salud cercano, no entran ambulancias, no tenemos calles, nos falta todo”, resumió.

Suelo y desigualdad

“Los derechos vulnerados se reconocen en muchas cosas y el asentamiento es la mayor expresión de desigualdad y derechos vulnerados”, señaló a IPS el director de Regiones de Techo Argentina, Francisco Susmel.
“El no tener seguridad de tenencia no les permite tampoco garantizar que no va a haber un desalojo, que pueden mejorar su vivienda y su entorno”, e igualmente coarta su derecho a acceder a algunos servicios, ejemplificó.
Un relevamiento realizado en el 2013 por Techo en 1.834 asentamientos de las mayores ciudades de Argentina, donde viven 432.800 familias, mostró entre otras muchas vulnerabilidades, aquellas conectadas con el suelo, en una situación que se repite en los asentamientos pobres y hacinados de las urbes latinoamericanas.
El informe reveló que 64 por ciento de los suelos de esos conglomerados urbanos se inunda, mientras 41 por ciento se sitúa a menos de 10 metros de un río o un canal y 25 por ciento de un vertedero de basura.
“El suelo condiciona la desigualdad porque hoy está apropiado por un grupo selecto de personas y no está a disposición del resto de la población”, contextualizó a IPS el sociólogo Juan Pablo Duhalde, director del Centro de Investigación Social de Techo Internacional.
Según Paola Bagnera, autora del libro “El derecho a la ciudad en la producción del suelo urbano”, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el suelo urbano se constituye en uno de los elementos que condicionan la desigualdad en el ejercicio del derecho a la ciudad.
“Cuando hablamos de suelo urbano, nos referimos a la tierra, al territorio, a ese soporte básico que conforma la ciudad…que es el soporte donde se trazan las calles, las manzanas, que requiere la presencia de redes (de agua, electricidad, cloacas y otros)”, puntualizó a IPS esta arquitecta y especialista en hábitat, urbanismo y pobreza urbana de la argentina Universidad Nacional del Litoral.
“En un esquema de mercado, el valor que el suelo adquiere, tiene directa relación con la localización (cercanía o lejanía), la provisión (o ausencia) de servicios y equipamientos y las características ambientales (que derivan en diversas condiciones de exposición al riesgo)”, agregó.
Por ejemplo, en los años 90 la construcción en Argentina de emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados en áreas suburbanas, encareció terrenos hasta entonces de poco valor, que ocupaban los sectores populares.
“Este hecho, se convierte en uno de los elementos determinantes de la configuración del hábitat de los sectores populares en las grandes ciudades: desplazarse hacia zonas cada vez más periféricas o acrecentar densidades en espacios ya configurados como asentamientos o ‘villas’ en las propias centralidades urbanas”, señaló Bagnera.
Como consecuencia, la experta citó ejemplos como la “construcción en altura” en los asentamientos pobres y hacinados – denominados “villas miseria” en Argentina- en capitales como Buenos Aires, y el encarecimiento desmedido del precio de venta y alquiler de esos inmuebles.
“Pensando en América Latina, en la realidad de los asentamientos…, cuando el mercado toma decisiones sobre la distribución del suelo es cuando estamos haciendo referencia a que nos estamos gobernando de una forma poco eficiente y poco proyectada en el tiempo”, complementó e Duhalde.
Para este experto, el derecho al acceso al suelo urbano debe ser uno de los temas centrales de discusión en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), que se celebrará en la capital de Ecuador en octubre y de la que debe salir una Nueva Agenda Urbana mundial.
“El mercado del suelo es un mercado imperfecto que hoy reproduce las desigualdades en el acceso al suelo, porque está en manos de un grupo minoritario, orientado a generar rentabilidad, no para el colectivo”, explicó el especialista.
Para Duhalde, “se necesita de una serie de instituciones del Estado, del sector social, de la academia, distintos grupos de interés, que sean parte de esa distribución equitativa de los recursos, que en este caso es el suelo, que recordemos que tienen una función social. No es una mercancía”.
Bagnera propone la valorización del suelo urbano a partir de la incorporación de infraestructuras y equipamientos de la tierra.
“Esto es, a partir de la generación de procesos de organización colectiva a través de cooperativas de vivienda, grupos u organizaciones sociales que emprenden sus propios procesos de urbanización y dotación de infraestructuras a macizos que adquieren en forma colectiva”, explicitó.
“Y fundamentalmente con la participación del Estado, promoviendo políticas inclusivas de acceso a los servicios, contribuyendo a la generación de convenios urbanísticos de articulación público-privada”, argumentó.
Esas políticas, “tienden a reducir los costos de las infraestructuras, aportando tierras de dominio fiscal, o a partir de la producción de suelo urbano ejecutado como una acción directa de responsabilidad estatal”, concluyó.

Fabiana Frayssinet
IPS

¡SÍ a los humedales! ¡No a los negocios inmobiliarios que inundan y destruyen!

Hoy sábado 30 de julio a las 10:00 en la Estación de tren de Tigre la RED DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN Y DELTA DEL PARANA, lanzará la campaña #MASHUMEDALESMENOSINUNDADOS. Contarán con el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Rodolfo Livingston, Pablo Echarri y Benito Fernández, entre otras personalidades, asambleas de vecinos y organizaciones ambientales.
“Los humedales y planicies de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales como la atenuación y regulación de crecidas, la recarga de acuíferos, la purificación de aguas, la liberación de oxígeno y la fijación de carbono; más de 17 millones de personas de CABA y Provincia de Buenos Aires nos abastecemos del agua potable proveniente de los humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos proveen. Es imperioso que se respete la Ley vigente así como los Derechos Humanos fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de estos ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de remediación para recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio público natural de toda la sociedad y de las generaciones futuras, acorde lo establece el Art. 41 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, exigimos que el Estado Nacional, el Provincial y los Municipios respeten el marco jurídico vigente y se abstengan de autorizar emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se fijen las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado del dominio público, avasallado una y otra vez por estas urbanizaciones privadas ante la ceguera de los funcionarios.
Hemos asistido en estos últimos años a un agravamiento evidente de las inundaciones en numerosas localidades debido principalmente, entre otras causas, a la ocupación y al relleno que estos emprendimientos realizan en zonas naturalmente inundables”.
Así comienza el pronunciamiento de la RED DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN Y DELTA DEL PARANA, que también lo hacen contra el “proceso de desarrollo urbano guiado por los intereses de inversores inmobiliarios y no en función de las necesidades de toda la comunidad” y el arrasamiento de numerosos sitios arqueológicos ancestrales que se localizan en la región.
Por último, exigen “la detención definitiva de los emprendimientos sobre Humedales y las urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná y en particular en las islas de las tres secciones del delta bonaerense”.

Cómo adherir a la campaña

“Más humedales, Menos inundaciones” es una iniciativa de la red de organizaciones y vecinos de la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná. Su lanzamiento oficial será este sábado 30, de 10 a 15, en la estación de trenes de Tigre, donde habrá una serie de charlas y actividades sobre la temática.
Para contacto y adhesiones, escribir a adhesionevento30@gmail.com o visitar el evento en facebook haciendo click aquí: http://www.facebook.com/events/722194491216789/

Una Ley detenida en la Cámara de Senadores de la Nación

Asimismo, Graciela Capodoglio, de la ONG Patrimonio Natural, de Pilar, cuestionó duramente la demora en el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos para reforzar la protección de Humedales, que está detenida en la Cámara de Senadores de la Nación, y apuntó contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien anunció que pondrá en marcha el Inventario Nacional de Humedales. “Bergman no puede hacer lo que le dé la gana. No parece serio que la Nación decida hacer un inventario sin una Ley de humedales, que es la que nos va a garantizar que cualquier relevamiento sea serio”, señaló.
La necesidad de una Ley para proteger humedales es uno de los principales reclamos de varias organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, Vida Silvestre, FARN, entre otras. El año pasado, perdió estado parlamentario un Proyecto de ley que tenía media sanción de Diputados desde 2003. Este año, hay un proyecto discutiéndose en Senadores, que presentaron dos legisladores de la oposición, pero que aún no pudo debatirse porque los parlamentarios de la Comisión de Agricultura no dieron quórum. Mientras tanto, los ambientalistas cuestionan la demora del presidente Mauricio Macri, quien el 2 de febrero pasado anunció que iba a enviar un proyecto al Congreso, que nadie conoce aún.

A pesar de empresarios y funcionarios corruptos, la punta Querandí resiste

El domingo 17 de julio fue una jornada muy provechosa en el territorio comunitario de Punta Querandí, sitio arqueológico, considerado sagrado porque en la zona se hallaron restos arqueológicos de hasta mil años de antigüedad, resguardados por un acampe de la organización Movimiento en Defensa de la Pacha, que los protege del avance de los barrios privados.
Punta Querandí ocupa un predio de una hectárea aproximadamente, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva. En el lugar no sólo viven familias, sino que además fue declarado Espacio de la Memoria porque allí fue encontrado el cuerpo de la militante del PST Ana María Martínez en 1982, durante la dictadura cívico-militar.
De todos modos, el lugar sigue amenazado por el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, quien insiste con su pretensión de adueñarse de estas tierras ubicadas entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), donde se realizan ceremonias, talleres y actividades recreativas.
Todos los domingos desde hace casi una década, el Movimiento en Defensa de la Pacha se convoca en Punta Querandí para el mantenimiento del espacio y realizar diversas enseñanzas abiertas a todos los vecinos.
En esta ocasión, se concentraron en trasplantar y reforestar para remediar los desmontes llevados a cabo por la empresa EIDICO en su intento por destruir el lugar. Mientras un grupo de personas se dedicaron a trasplantar sauces criollos -uno de los árboles nativos de la región-, otro grupo estuvo abocado a preparar plantines de cactáceas y suculentas.
Recordemos que el reclamo no es sólo la protección de Punta Querandí, también piden la recuperación de todo el material arqueológico excavado por una campaña de rescate pagada por el empresario Jorge O’Reilly durante 10 días en diciembre de 2008. La propuesta es generar un “Museo de sitio” o “Centro de interpretación” en el mismo territorio de donde fueron extraídos.

¡PAREN EL DESMONTE! en Quilmes

La “Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes – Avellaneda” convocó el pasado lunes 25 a las 10:00 a concentrarse en “La Casa de la Cultura” para movilizar hacia el Palacio Municipal. Denunciaban y responsabilizaban al Municipio de Quilmes -presidido por Martiniano Molina- y la Subsecretaría de Medio Ambiente por permitir el atroz desmonte realizado el domingo 17 de julio con la destrucción de más de 4.000 metros cuadrados de bosque nativo con árboles centenarios, entre ellos talas, ceibos y curupíes, en un área protegida por la Ley Nacional de bosques nativos 26.331 y por seguir permitiendo el relleno del humedal.

Exigieron:

- LA REMEDIACION DEL AREA DESMONTADA

- UNA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA QUE LAS AREAS DE HUMEDALES DEJEN DE SER EL LUGAR DE DISPOSICION FINAL PARA LA BASURA

- LA RENUNCIA DEL SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS, OSCAR GARCIA, POR SER EL RESPONSABLE DIRECTO DEL DESMONTE DEL BOSQUE Y RELLENO DEL HUMEDAL

Asimismo, continuando con la jornada de restauración del bosque nativo del pasado 23 de julio, convocaron a dos jornadas DOS NUEVAS JORNADAS los domingos 31 de julio a las 10:00 y el 7 de agosto a las 14:00. Se encontrarán en Caseros y Espora/Bajada de Bernal Autopista Bs As-La Plata.

El negocio inmobiliario de Techint en Quilmes-Avellaneda

El martes 19 de julio organizaciones socio-ambientales de zona sur, junto con biólogos de la UNLP, particulares y asociaciones civiles, se manifestaron en contra del desmonte realizado por el Municipio de Quilmes en la costa de Bernal, parte de la Reserva Natural Quilmeña. La pasada semana se llevó adelante la destrucción de más de 4.000 m2 de bosque nativo y humedal. Este espacio natural cumple un servicio ambiental indispensable: amortigua las inundaciones y los vientos huracanados, además de refrigerar el aire y depurar el agua que después tomamos, es decir, hace habitable la ciudad, evitando tragedias como las inundaciones de La Plata, Luján y CABA.
No fue casual la destrucción del sendero que era la entrada a la zona del humedal atravesando el cañaveral y forma parte de las caminatas guiadas abiertas a la comunidad y también realizadas para escuelas, institutos terciarios e investigadores de la Universidad pública, que no solo garantizan la educación ambiental y el “conocimiento situado” de nuestros territorios, sino que visibilizan la función que tiene la ribera para los habitantes de las ciudades.
En una excelente nota para La Izquierda Diario, Micaela Anzoátegui, que forma parte del movimiento No a la entrega de la costa Quilmes-Avellaneda en defensa de la Reserva Natural (noalaentregadelacostaqa@gmail.com) señala que: La franja costera de toda la ribera de Buenos Aires hacia el lado sur, desde el Riachuelo hasta Punta Indio, contiene áreas verdes que constituyen los últimos reservorios de biodiversidad en la provincia y generan servicios ambientales para toda la comunidad, cerca del 2% de toda su superficie.
Más específicamente, en la costa de los distritos de Avellaneda y Quilmes el área fue declarada varias veces Reserva Natural Municipal. En la zona de Quilmes y Bernal, las dos Ordenanzas vigentes son la 8255/98 y 9348/02. Y actualmente peligra a causa de intereses económicos inmobiliarios y la negligencia política por la acción y omisión del Estado.
Toda la costa desde Quilmes hasta el límite con Avellaneda “no tocada por el hombre” fue declarada Reserva Natural Municipal en 2002 gracias a la lucha popular por cierre del CEAMSE, con el objetivo de amortiguar la contaminación de este relleno sanitario, prevenir inundaciones y conservar el ambiente de selva marginal y humedades parte demuestra identidad cultural. Pero ya en 1998 se había estipulado que todo el frente costero de Bernal sería considerado Zona de Reserva y fue llamada “Los Sauces”. También la franja costera de Avellaneda fue declarada, pero la presión de Techint y la complicidad política hicieron que se rezonificara en 2008 (cambio de categoría de la zona para hacerla compatible con el emprendimiento inmobiliario), con fuerte represión de los manifestantes dentro y fuera del recinto legislativo. El mismo Techint fue parte de la gestión negligente del CEAMSE (mediante SYUSA), iniciado en la última dictadura cívico-militar, que implicó la contaminación del suelo y las napas de agua con metales pesados durante más de 25 años, junto con la apropiación de tierras fiscales.
Los negociados con los recursos naturales que se dan en otras provincias a partir de la soja o la mega-minería, en Buenos Aires se realizan a partir de los mega-emprendimientos inmobiliarios. Las empresas, en complicidad con los funcionarios públicos, compran a precio vil tierras públicas, como los márgenes de ríos y lagunas, para instalar complejos urbanísticos cerrados, una idea proveniente de los complejos habitacionales estadounidenses, que actualmente allí son fuertemente cuestionados por sus impactos sobre el ambiente y la segregación social que generan al crear “ciudades aisladas”, desgajadas del tronco de la ciudad.
Estos complejos están destinados a una reducida clase alta, mientras se deja en condiciones precarias a la mayoría de la población. Dejando en evidencia el beneficio de una minoría en detrimento de las mayorías. Además traen aparejada la destrucción del medio ambiente, que debería protegerse de la privatización, y el daño a la población. Su consecuencia más común son las inundaciones. Además, el paisaje natural es reemplazado por un paisaje banal, en resumen, privatizado y parquizado.
Los asambleístas de No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, junto con otras organizaciones socio-ambientales, vienen denunciando desde hace más de diez años que el emprendimiento “Nueva Costa del Plata” de TECHINT pretende ser desarrollado en lo que es la franja costera que está por delante del Relleno Sanitario Villa Domínico-Quilmes, sobre los humedales y el Bosque Nativo, sobre un lugar ya declarado Reserva Natural.
Justamente, para poder realizarlo, la empresa debería elevar la cota de la costa a 6 metros de altura, lo cual implica la destrucción y relleno del área, es decir la devastación de un espacio público que brinda un servicio ambiental esencial a la comunidad (su función sería comparable a la de los riñones en el cuerpo humano, ya que retiene la crecientes, mitiga inundaciones y filtra la contaminación de focos como el Río de La Plata, el Polo Petroquímico de Dock Sud, los desbordes de líquidos lixiviados de los suelos del CEAMSE y las descargas de efluentes de la Papelera Smurfit Kappa, por decir sólo algunos). Todos estos focos contaminantes se encuentran cercanos a la población y han generado problemas de salud, especialmente en las poblaciones más pobres, como en el barrio cercano al Polo Petroquímico. Pero, destaquemos que destruir la vegetación y elevar un suelo bajo perteneciente al “valle de inundación del Río de La Plata” implica que el agua de la crecida y la lluvia que se retiene allí, no tendrá dónde depositarse e irá directo a los barrios, además de entrar como flecha por los canales y arroyos e inundar zonas mucho más alejadas como, por ejemplo, Florencio Varela.
Claramente, las consecuencias del desmonte serán para toda la comunidad y no sólo para los vecinos de la zona. Todos sentirán el cambio de temperatura en el ambiente y a muchos que jamás les llegó agua a sus casas comenzarán a inundarse. La construcción de este proyecto amenaza con desalojar a muchas familias que actualmente son excluidas por el Estado (en su precaria situación habitacional), y conlleva a un mayor debilitamiento estructural de los servicios básicos para toda la ciudad como son las redes de luz, agua y cloacas (que ya están colapsadas). De avanzar “Nueva Costa”, las consecuencias serían irreversibles.

Mario Hernandez

Fuentes: elargentinozn.com.ar, Argentina Indymedia, La Izquierda Diario, https://puntaquerandi.wordpress.com

“Tinelli satiriza a Macri en el corazón de su sistema”

El director de Flacso analiza la estrategia comunicativa del macrismo, las operaciones “sucias” en las redes sociales, el uso de la base de datos de la Anses y la pelea con el conductor de TV. “Son dos pesos pesado, es un empate o los dos pierden”, afirma.

“El destino político de Mauricio Macri no depende de lo bien que maneja Twitter sino de la política”, afirma el sociólogo Luis Alberto Quevedo, y al mismo tiempo que elogia el manejo profesional y eficaz que hace Cambiemos de las redes sociales enfatiza que no tiene dudas de que también se maneja en la “zona sucia de la comunicación” donde hay “equipos para hacer operaciones y romper imágenes”. En diálogo con Página/12, el director de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y ex asesor de Daniel Filmus en su campaña a jefe de Gobierno destaca sobre el encuentro que selló el presunto distanciamiento entre el Presidente y el conductor televisivo Marcelo Tinelli que “la noticia oficial fue que son amigos y era todo broma, pero con un hombre poderoso como él se habla de negocios”. Quevedo también asegura que con el uso de la base de datos del Anses el gobierno viola la “ley y la ética política”, y señala que “es la continuidad de la política (macrista) del cuerpo a cuerpo, por otros medios”.
–¿Cuánto hay de jueguito para la tribuna, peleo y luego acuerdo?
–Hay algo serio, el modo en cual el macrismo armó un sistema de comunicación sólido con sus reglas. Una de ellas consiste en que Macri tiene al sistema público de su lado y, más poderoso aún, el sistema privado corporativo de medios, con una tercera pata que es el mejor manejo profesional en el uso de las redes sociales. Así tiene un ecosistema comunicacional con una claridad político-comunicativa muy pensada que es la de dejar una zona de la comunicación por fuera –Página/12, un par de radios o C5N– y saber que el éxito de su estrategia de comunicación no consiste en que eso no exista, porque siempre va a existir, sino en que esa zona no tenga puentes con la macro comunicación que él sí maneja. Ahi tiene una alta capacidad de hablarle a los distintos públicos con diverso lenguaje. No es lo mismo cómo le habla a TN, Radio Mitre o La Nación, o cómo habla él mismo en Instagram o Snapchat. Son redes difíciles de manejar y considero que las usa muy bien porque tiene un conjunto de profesionales que trabajan allí.
–¿Cómo sería ese sistema?
–Mantiene afuera a los que no le importan, garantiza que no haya puentes. Página/12 puede sacar un artículo sobre la reforma laboral que pretende La Nación y nadie le contesta, y la garantía es que ninguno tome los temas que sí son agenda de la oposición. En cambio, el corazón del sistema macrista sabe que le habla al 60 por ciento de la población, que lo cruza con la estrategia del cuerpo a cuerpo, o usa la base de datos de la Anses para comunicarse con el ciudadano.
–¿No es más preocupante eso que si Macri y Tinelli se pelean?
–Lo de la Anses es la profundización de algo que el macrismo viene haciendo: no hacemos actos públicos, no estamos en la calle como los partidos tradicionales, no llenamos la Plaza de Mayo, pero le hablamos uno por uno a los vecinos. Hay que tomar en serio el sistema de timbreo que armó Macri para la campaña, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un ejército de pibas y pibes con tablets, y Clarín y La Nación los mostraban a ellos haciéndolo. El uso de la base de datos de la Anses es la continuidad de la política cuerpo a cuerpo, por otros medios.
–Pero en este caso violando leyes, ¿no le parece?
–Sí, varias. Hay una violación de la confidencialidad de los datos que maneja el Estado y hay una violación a la ética en adueñarse de la mayor base de datos de Argentina. Fue una política de las más exitosas del kirchnerismo, haber creado una base de datos confiables de ciudadanos argentinos de punta a punta. El uso de eso viola la ley en primer lugar, por eso está bien que se estén presentando los amparos, pero viola toda norma ética de la política. Y lo digo con énfasis porque ellos le dan cierta naturalidad, con eso de ‘queremos decirle cosas a los ciudadanos’, como si fuera algo ingenuo. Si lo hacía otro gobierno dirían que es fascismo puro.
–¿El problema con Tinelli es que satiriza a Macri?
–No es tanto que satiriza a Macri sino que lo haga en el corazón del sistema que él tiene bien cerrado y aceitado. Tinelli está en Canal 13, en horario central con 15 a 20 puntos de audiencia garantizados, y entonces se le escapa una tortuga. No puede soportarlo. Si eso lo hace revista Barcelona o Víctor Hugo Morales a él no le importa porque no le habla a ese público, son fronteras bien delimitadas. El gueto de los opositores no le preocupa. Pero esta dura crítica apareció en el centro de su territorio.
–¿Esto explica que el Presidente haya salido de un discurso en el que estaba todo bien a confesarle a Morales Solá su malestar por lo que hizo Tinelli?
–Así es. Sale de esa zona de confort comunicacional, que necesita que esté bien abroquelada, con fronteras claras, ahí se mueve con tranquilidad. Pero le salió el dato inesperado, la serendipity, y eso es lo maravilloso de la política. Y además, la crítica se la hacen a él, si hubiera sido a otro no le hubiera dolido tanto. Sabe que viene cayendo la aprobación de imagen de gestión, de ministros, y algo la suya también. Él es el último baluarte del gobierno de Cambiemos con buena imagen.
–¿Por eso la foto con las caras cambiadas con Tinelli?
–El broche que intenta hacer es: era todo una broma. Fue todo humor.
–Clarín suele pegar hasta que logra acuerdos con los sucesivos gobiernos. ¿Esto es similar?
–Estoy de acuerdo con eso. Entonces me pregunto qué habrán arreglado. La comunicación oficial garantizada fue sacarse una foto, reir juntos, eran todo humor, son amigos. ¿De qué hablaron durante una hora? Como cuando nos preguntamos de qué hablaron San Martín y Bolívar (risas). Tinelli no es un jugador secundario en los negocios del fútbol y la comunicación en Argentina, cuyo programa tiene peso previo a las campañas electorales. Es un hombre poderoso y con un hombre poderoso se habla de negocios, no de amistad. Macri como presidente es otro poderoso, que seguramente hizo algún canje.
–¿Qué pudieron haber intercambiado?
–Algo del interés de Tinelli por el mundo del fútbol, que Macri lo sacó del juego, aunque lo niegue. No va a ser presidente de la AFA ni de la Superliga, ni será referente del continente. Pueden haber arreglado negocios televisivos o comunicacionales. Tinelli le debe haber pedido tener que ver con el mundo del fútbol a nivel institucional. Si mañana aparece como miembro de una comisión normalizadora o candidato a la AFA nos vamos a acordar de esa charla.
–¿No será que por haberlo dejado afuera Tinelli lo ridiculizó?
–Si tuviera que apostar a una razón, diría que sí. Soy hincha de San Lorenzo y lo sigo, estaba desesperado y casi tuvo en sus manos a la AFA. Con el kirchnerismo también quiso tener la transmisión de Fútbol para Todos. Este gobierno lo sacó de todo, él pagó con la misma moneda: vos tenés poder para sacarme, yo tengo poder para criticarte.
–¿Tinelli tiene un estrecho vínculo con el poder desde siempre?
–Sí. Lo tuvo muy estrecho con Carlos Menem, no fue él quien ridiculizó a Fernando de la Rúa, este ex presidente se ridiculizó a sí mismo en su programa. En todo caso, lo puso en un lugar al que De la Rúa nunca debió haber ido. También tuvo relación con Néstor y Cristina Kirchner, después se peleó porque no le dieron el Fútbol para Todos. Tinelli dialoga con todos los poderes, tengan el color que tengan.
–¿Quién gana y quien pierde tras esa cumbre en Olivos?
–Lo vamos a saber en poco tiempo si hay un ganador. Pero creo que salen dos ganadores o dos perdedores. O Macri le dio a Tinelli algo del fútbol o de negocios, no lo sabemos, y entonces le retira la sátira que le está haciendo en la televisión, y así ganan los dos. Y si no hubo acuerdo, Macri le va a seguir pegando y Tinelli lo va a seguir satirizando. Son dos jugadores pesados, es un empate o los dos pierden.
–¿Ve un intento de limitar el humor?
–No. A Macri no le importa la zona de las redes sociales que lo viven criticando, no le preocupa la revista Barcelona ni Rep. Ni responde. Va a seguir atento a su zona de confort. Negociará con los humoristas que le importan, o con los patrones de los medios, pero Tinelli no tiene patrón, en sí mismo es una unidad de negocios.
–Desde Twitter elogiaron la cuenta @CasaRosada, como usted dice, no hay improvisación.
–Para Snapchat contrató a un director de cine, su Instagram es realmente muy bueno, sabe manejar ese lenguaje, sus redes sociales están manejadas por profesionales del primer nivel. No es creatividad de Macri sino dinero invertido en su imagen. Cuando digo que es admirable me refiero a que otros gobiernos no lo hacen. De todos modos, en la comunicación política la clave es la política, no la comunicación. El destino político de Macri no depende que maneje bien Twitter, sino de la política. Ahora se le está armando un escenario político que le va a correr la cancha. También hay torpeza comunicacional y política junta, y eso fue De la Rúa.
–¿Qué opina de apelar a trolls para demonizar a quienes critican a Cambiemos?
–Efectivamente el gobierno tiene una oficina dedicada a eso. Son maneras de interferir en las redes y producir ruido con un hashtag exitoso que aparezca al día siguiente como noticia en algunos diarios. Por eso tuvo que hacer esa aclaración, que el gobierno no tuvo nada que ver con esto de Tinelli. Entonces, ¿sí tuvo que ver con otras operaciones en las redes en otros momentos? ¿Tienen un equipo trabajando para romper imágenes de personas y en este caso no lo hicieron? Me parece que hizo una confesión de parte, trabajamos en la zona sucia de la comunicación pero esta vez no fuimos.

Adriana Meyer

El cuento del abuelito

Jubilados y pensionados endulzaron el blanqueo de capitales, pero la reparación alcanzará a 500.000 o 700.000 personas, todas en el tramo superior de la pirámide. El gobierno sigue afirmando que beneficiará a más de dos millones de personas, ahora con pleno conocimiento de su falsedad. El amparo de un experto internacional es la última carta para impedir la destrucción del sistema previsional. Las bases de la Anses y la desprotección de datos personales. Macrì teme por su vida. CFK vs. Stolbizer.

La presunta reparación histórica para jubilados y pensionados que el gobierno nacional usó como caramelo para que los incautos se tragaran el blanqueo de capitales, sólo alcanzará a una mínima franja de personas, alrededor del 10 por ciento del total, que están entre las de más altos ingresos. Así surge de las bases de datos de la Anses que desde esta semana pueden ser consultadas por los interesados en los efectos de la ley 27.260 sobre sus ingresos. Aún así, servirá como pretexto para la liquidación del sistema previsional de reparto. Pese a ello, en el decreto reglamentario 894/2016 el gobierno pretende que los beneficiarios “podrían ascender a más de dos millones de casos”, ahora con pleno conocimiento de su falsedad.

Entre 500 y 700 mil

Los registros de la Anses cubren un universo total de 7,2 millones de jubilaciones y pensiones y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 6,6 millones en mayo, cuando el presidente Maurizio Macrì envió el proyecto de ley al Congreso. La discrepancia se debe al movimiento constante de altas y bajas en las bases de la Anses (que además incluye a viudos y viudas que cobran dos beneficios), mientras el único dato indudable es el del SIPA ya que registra las prestaciones efectivamente pagadas hace apenas dos meses. En cualquier caso, 4,4 millones de los registrados por Anses cobran la mínima, no tienen reajustes pendientes y no están alcanzados por la ley. Otros 1,7 millones están excluidos porque corresponden a los regímenes especiales (Poder Judicial, ex cajas provinciales transferidas a la Nación, malvineros y otros). Un trabajo interno de la Anses, que el gobierno nacional oculta porque pone en evidencia la falta de sustento de su publicidad engañosa, estima que a priori la reparación podría llegar a 1,1 millón de personas, pero cuando esa cifra se descompone en sus partes, oscilarían entre 500.000 y 700.000:
- 200.000 tienen sentencia favorable, ya sea firme, de segunda instancia o con Recurso Extraordinario presentado y no apelado o desistido por el Estado. Para pagarles no hacía falta ninguna ley. Los abogados les están aconsejando que no acepten la quita propuesta por la ley y que exijan el pago completo de la sentencia.
- 500.000 que iniciaron juicio pero aún no tienen sentencia de segunda instancia, o que no recurrieron a la justicia pero recibirán una actualización importante.
- 400.000 “están para analizar”, según la terminología de la Anses. Los funcionarios que trabajan en el tema dicen que una porción de ellos recibiría una mejora tan exigua que no compensaría el gasto de los trámites para percibirla, por ejemplo cobran 10.000 pesos mensuales y les aumentarían a 10.100 o 10.200.
Además, una parte sino todo lo que obtengan por esa vía lo perderán por efecto de la política económica recesiva. Ya está ocurriendo y se agudizará: la movilidad semestral de las jubilaciones y pensiones fue de 15,35 por ciento entre octubre de 2015 y marzo de 2016, cuando la inflación superó el 20 por ciento (20,53 por ciento para el Indec, 20,42 por ciento para el Congreso). Uno de los indicadores que se utilizan para calcular el aumento de las jubilaciones es el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Entre octubre y marzo fue del 13,33 por ciento, por lo cual es previsible que el próximo ajuste de las jubilaciones, en septiembre, esté aún más desfasado de la inflación, que al concluir el año oscilará entre el 45 y el 50 por ciento. El ciclo vicioso de la recesión muerde los talones de los jubilados.

Orden público o interés social

Mañana un jubilado pedirá amparo a la justicia federal de la seguridad social contra la ley 27260, para que se suspenda su aplicación y por último se declare su inconstitucionalidad. No es un jubilado cualquiera: Miguel Fernández Pastor fue Gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios de la Anses durante la gestión de Sergio Massa y luego dirigió el Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social, con sede en México, la máxima institución académica regional en la materia. Ex concejal radical de Moreno, amigo personal de Raúl Alfonsín, fue propietario de las oficinas de la calle Santiago del Estero en la que comenzó su campaña electoral el primer presidente postdictatorial. Su tío Jorge Fernández Pastor fue el secretario legal y técnico de la presidencia de Alfonsín. El amparo sostiene que esa ley destruirá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que al mismo tiempo disminuirán los recursos impositivos, lo cual afectará la ley 26417 de movilidad previsional. Fernández Pastor cuestiona la Declaración de Emergencia en Materia de Litigiosidad Previsional por tres años del artículo 2 de la ley, porque sostiene que permitirá al gobierno legislar en materia de litigiosidad previsional sin intervención del Congreso, dado que el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio”. Esto contradice los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la doctrina y la jurisprudencia, para los cuales la emergencia es una media extrema que sólo puede dictarse cuando una crisis excepcional pone en peligro la continuidad del sistema y la existencia misma del Estado, afectando el bien común y requiriendo medidas extraordinarias. Aún así, la Corte Suprema dijo en “Café La Virginia” que ni una ley ni una norma de rango inferior pueden violar un tratado internacional. Con un sistema previsional que cubre a más del 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse, no tiene déficit y un fondo de garantía de 770.000 millones de pesos que asegura que sea sustentable, no hay causas objetivas que motiven la declaración del estado de emergencia. En consecuencia, las verdaderas motivaciones hay que buscarlas en el resto de la ley. Fernández Pastor las encuentra en el artículo 28, sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que contempla la venta de sus activos para pagar tanto el stock de sentencias homologadas judicialmente cuanto el flujo mensual de haberes, que dada la emergencia podría disponerse con una mera resolución.
Si el anterior gobierno con las moratorias y la ley de actualización fortaleció la base de la pirámide, de modo que el 75,9 por ciento de los jubilados perciben la mínima y otro 14,9 por ciento hasta dos mínimas, el actual sólo propone mejoras para la reducida cúspide. Aunque esto sólo mejorará los ingresos de uno de cada diez jubilados para el Estado tendrá un altísimo costo, que pondrá en peligro la sustentabilidad de todo el sistema. Si se pagaran los 380.000 casos que ya están en juicio, con una sentencia media de 400.000 pesos en una hipótesis conservadora, el stock a pagar ascendería a 152.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares. Pero además, suponiendo un ajuste medio de 4.500 pesos por caso, el nuevo flujo a erogar cada mes sería de 1.700 millones de pesos, o 22.230 millones más por año. Esto implica un 4,4 por ciento de aumento de la partida anual de jubilaciones y pensiones, que acabará muy pronto con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley prevé otras vías de desfinanciamiento del sistema, al ratificar la devolución de impuestos coparticipables a las provincias, la virtual eliminación del impuesto a los bienes personales y el incremento considerable del gasto. Ya Adalbert Krieger Vasena durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y Domingo Cavallo un cuarto de siglo después, transformaron los recursos previsionales en bonos evaporables. Esta vez la justicia puede impedir que se repita.
El artículo 95 de la ley declara “de orden público” las disposiciones de su Libro I, es decir de cumplimiento imperativo, cuando correspondería decir de interés social. De modo que la venta de las acciones de las empresas incorporadas al estatizarse el sistema previsional (31,5 por ciento del Banco Macro, 26,03 por ciento de Siderar, más de 26 por ciento de Edenor y Transportadora de Gas del Sur, 24,99 por ciento de Telecom Argentina, 24,88 por ciento de Consultatio, 20 por ciento del Grupo Financiero Galicia y Molinos, 9 por ciento del Grupo Clarín) y de los demás activos del FGS adquiere primacía sobre el interés colectivo, se oponga quien se oponga. “Si es aceptada la declaración de emergencia, si se permite que ‘se realicen los activos’ del FGS, si se tolera que el orden público consolide estos propósitos, cuando ocurra lo inexorable, cuando volvamos a los ‘90, la historia nos condenará por no haber estado a la altura en que el destino nos ubicó a cada uno. Si por el contrario hacemos cierto que la Seguridad Social es un derecho humano, que la solidaridad es el principio rector de la Seguridad Social, entonces sentiremos el maravilloso orgullo de haber hecho lo que corresponde. La patria, como la Seguridad Social, la construimos todos, todos los días”, concluye el amparo.

Un convenio escandaloso

Como si esto fuera poco, la ANSES convino entregar a la jefatura de gabinete de ministros no una sino tres bases de datos de código abierto, dijeron fuentes del organismo de seguridad social que conocen los entretelones secretos de lo pactado. La información que contienen y las fórmulas de cálculo que las interrelacionan y que en la jerga previsional se conocen con el horrible nombre de Reglas de Negocios, es mucho más detallada de lo que hizo saber el gobierno nacional y contiene datos personales sensibles que exceden cualquier necesidad de comunicación oficial para “mantener informada a la población”, según la cándida fórmula utilizada por la Secretaría de Comunicación Pública. La consulta de esa cuantiosa información no se concreta mediante un soporte físico, como un disco rígido o un conjunto de DVDs, sino a través de un link que permite el acceso remoto. Este link es fácil de hackear y según los expertos sería la vía ideal para las filtraciones de información hacia consultoras privadas que las aprovecharían para tareas de propaganda política y negocios y cuya vinculación con el gobierno no sería fácil de probar, de modo que el jefe de gabinete Marcos Peña Braun pudiera continuar pregonando con cara de ángel que “no hay vocación de utilización política” de esos datos (sic). En estos días, volvió a mencionarse el episodio ocurrido durante las elecciones porteñas de 2011, cuando una pretendida encuesta telefónica en realidad fue el instrumento para instalar una falsa vinculación entre el padre de Daniel Filmus y Sergio Schoklender, a raíz de lo cual en 2012 fue procesado el consultor de Maurizio Macrì, Jaime Duran Barba.
El Convenio afirma que la información consistirá en nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios. Pero las bases de datos de la Anses son más detalladas. A partir de 2004 se emprendió una tarea de actualización y expansión, que se mantiene al día con cada nuevo expediente iniciado en cualquier punto del país, cuyos datos se incorporan en tiempo real. Incluye datos comprobados y datos a verificar. La primera base es la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), la controla la Administración Federal de Ingresos Públicos y contiene todo lo relacionado a la recaudación: CUIT/CUIL, relación de trabajo autónomo o en relación de dependencia; salario o aporte; empleador o actividad; remuneraciones, etc. La segunda es la Base Única de Personas, que contiene no sólo los datos que menciona el convenio, sino también si la persona tiene trabajo o está desocupada, su antigüedad en el empleo y sus relaciones familiares: matrimonios, concubinatos, nacimientos, adopciones, patria potestad, discapacidades. La tercera es la Base de Beneficiarios, que se limita a los jubilados y pensionados y las sumas que perciben de la Anses por esos conceptos. Esta es la más codiciada por las empresas, porque les sirve para ofrecer ventas a crédito. El decreto que legalizó el Convenio dice que contó con dictamen favorable de la Dirección de Protección de Datos Personales. El dictamen firmado el 28 de abril por su director, Eduardo Bertoni, revela desde cuándo el gobierno estaba trabajando en el tema, aunque recién se reveló al país la semana pasada. Además de su rol técnico, Bertoni manifestó su adhesión política al gobierno al integrar la delegación que defendió la derogación por decreto de la ley audiovisual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su juicio, “no se observa impedimento legal para la suscripción del Convenio”, siempre que se cumplan con los requisitos de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, lo cual se parece demasiado a una tautología. Es legal si cumple con la ley. Bertoni recuerda que el artículo 11 de la ley 25.326 obliga a requerir el consentimiento del titular antes de ceder sus datos personales, salvo que la cesión ocurra entre órganos del Estado en forma directa, “en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. Luego define que el dato a intercambiar debe ser necesario y pertinente para la finalidad buscada. Como es obvio las partes declaran en el convenio que los datos a ceder se corresponden a sus respectivas competencias, que el intercambio tiene el exclusivo fin de cumplir con esas competencias, que los datos no son excesivos con relación “al ámbito y finalidad” y que no es información sensible o protegida. Estas son algunas de las cosas que están en duda, tanto en este convenio como en el mellizo que el gobierno firmó para apoderarse de la base de datos de la Obra Social de los jubilados, PAMI. Pero además, también los datos sensibles podrán ser entregados a la jefatura “para ser tratados con fines científicos o estadísticos”. Nada menos.

Horacio Verbitsky

sábado, 30 de julio de 2016

La recesión y la inflación no son una sensación



Las estadísticas oficiales dan cuenta de la insatisfacción social mayoritaria producto de la recesión y la inflación.
El INDEC acaba de informar que “la actividad industrial de junio de 2016 presenta una caída de 6,4% con respecto al mismo mes del año 2015” y que “En el primer semestre del año 2016 con respecto a igual acumulado del año anterior, la producción manufacturera muestra una disminución del 3,3%.”[1]
Preocupa el tema ya que la recuperación económica y del empleo luego de la recesión 1998-2002 tuvo epicentro en el sector industrial, por lo menos hasta el 2007 y luego en el 2008/09 la recesión fue convergente con la situación mundial de crisis. Entre 2010 y 2012 hubo relativa recuperación y luego un proceso creciente de desaceleración, ahora transformado en recesión.
Las proyecciones del organismo hacia el trimestre en curso, julio a septiembre, no son muy alentadoras según consultas a los empresarios involucrados en la actividad industrial, anticipando una opinión mayoritaria al sostenimiento de los indicadores actuales. Esa consulta confirma las previsiones de organismos internacionales que anticipan un año recesivo para la economía argentina, con impacto socialmente negativo en materia de empleo.
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo informa de la pérdida de casi 60.000 empleos a mayo del presente año, donde casi 10.000 son de la actividad económica en el campo, precisamente el único sector que presenta indicadores contra cíclicos en la macroeconomía, lo que no significa que a todos los productores del sector los beneficie.
Vale comentar las críticas por la situación económica de los productores de fruta, de lácteos o de variados cultivos tradicionales, que soportan la situación de manera diferenciada de los sectores hegemónicos, especialmente la soja.
Es algo que se verifica en el ámbito agroindustrial, ya que en materia de industria alimenticia el mayor déficit lo presenta la industria láctea con una caída (–22,3) muy importante respecto del mismo mes del año anterior e importante para el semestre (–14,0); mientras que para molienda de cereales y oleaginosas, la comparación con el mes del año anterior es también negativa (– 7,4), pero positiva en el acumulado del primer semestre (16,2).
Entre los rubros que más impacta la recesión está la construcción y la emblemática industria automotriz.
La industria del cemento acumula una caída (-14) para el primer semestre respecto del mismo periodo del año anterior.
Para la industria del automotor los indicadores señalan una caída en comparación con mayo del año pasado (–21,6) y sostenida para este primer semestre del 2016 (–13,7) respecto del mismo periodo del 2015.
Los datos se completan con caídas de las industrias metálicas básicas (-12,4%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (-4,8%), la industria del tabaco (-4,1%), la refinación del petróleo (-3,8%), los productos minerales no metálicos (-3,5%), la industria química (-0,9%) y la industria alimenticia (-0,4%).
Quienes crecen para la misma comparación temporal son la industria textil (10,2%), los productos de caucho y plástico (3,8%), la industria de papel y cartón (2,8%) y la edición e impresión (0,4%).
Son datos que explican la caída del empleo, que más allá de los datos del INDEC, involucran cifras muy superiores y que convalidan suspensiones como la reciente anunciada por ACINDAR y otras empresas del complejo siderometalúrgico.
Cruda realidad de ajuste
El cuadro presentado muestra la cruda realidad del ajuste. La política económica del gobierno Macri está dando sus frutos en materia de recesión, ya que el enfriamiento de la economía es producto de una concepción deliberada que se sustenta para confrontar con la inflación.
Por ese camino se abrieron las puertas a las importaciones y junto al crecimiento de los problemas del comercio exterior y una tendencia creciente hacia el déficit, lo que se hace es la promoción de la producción externa, muy lejos del estímulo a un proceso de radicación de inversiones en la Argentina.
Las falencias fiscales derivadas de la recesión, verificadas en la menor recaudación, inducen mayor ajuste en el gasto público, ralentización del ritmo de las inversiones públicas y agrava la ausencia de inversiones privadas o del Estado en la perspectiva de activar el orden económico. Es grave el mantenimiento estructural del déficit fiscal que renueva las condiciones para profundizar el endeudamiento público del país como solución a corto plazo e hipoteca las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo.
Hay quienes insisten en que el gobierno necesita más tiempo para mostrar resultados que satisfagan las expectativas sembradas desde la lógica de Cambiemos. La cruda realidad devuelve el conflicto creciente, evidente en el caso de la protesta contra el aumento de las tarifas y en ebullición la demanda por un paro nacional que impulsen las centrales sindicales.
Más allá de las protestas en curso o las que se generen, lo que hace falta es profundizar un debate sobre la realidad económica, política y social y la imposibilidad de soluciones para la mayoría social sin cambios estructurales que confronten con el poder económico local y mundial.

Julio C. Gambina
Buenos Aires, 29 de julio de 2016

Macri recibió con honores a Peña Nieto, responsable del asesinato de docentes y estudiantes en México



Organismos de DDHH, organizaciones sociales y partidos de izquierda repudiaron la visita del presidente de ese país, responsable de la brutal represión y los asesinatos a docentes en ese país.

Sobre Peña Nieto recae el repudio internacional porque, durante su gobierno, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron la nefasta noche del 26 de septiembre en un operativo donde participó el Ejército mexicano, la Policía Federal y el narcotráfico.
El 19 de junio de este año, tras la brutal represión en Nochixtlán, Oaxaca, en donde la Policía Federal abrió fuego contra trabajadores que se oponen a la imposición de la Reforma Educativa, se asesinaron a 11 compañeros y compañeras.
Su legado está marcado por la denuncia de organismos de Derechos Humanos de la asociación del Estado mexicano con el narco y porque, durante su mandato, murieron 65 mil personas, desaparecieron miles y la tortura rutinaria se generalizó entre los cuerpos de seguridad.

Mil veces asesino

El presidente de México arribó a Casa Rosada este viernes 29 alrededor de las 11:30 horas, después de haber depositado un arreglo floral en la Plaza San Martín. Allí mantuvo una reunión privada con Mauricio Macri y después almorzaron en la sede presidencial. Afuera, organizaciones de Derechos Humanos, residentes mexicanos en Argentina y la izquierda, gritaban lo que en los medios de comunicación y redes sociales se repetía una y otra vez: Fuera Peña Nieto, asesino de maestros estudiantes. La repercusión mediática del repudio a la visita recorrió el mundo, desde las grandes cadenas informativas como CNN y EFE o El País de España, hasta importantes medios mexicanos como el semanario Proceso que retomó una nota publicada ayer en La Izquierda Diario titulada “Llega a Argentina Peña Nieto, el asesino de docentes y estudiantes mexicanos”.
La cena de gala que brindó Macri al presidente de México y su esposa en el Centro Cultural Néstor Kirchner, contrasta con el repudio desplegado a nivel nacional e internacional. Los hermana no solo un intento de acercar el Mercosur a la Alianza del Pacífico, si no el gobernar para los grandes empresarios. En un momento de duros ataques contra los trabajadores argentinos, tarifazos y ajuste, los une también el desprecio absoluto por la educación pública y el intento, mucho más avanzado en México que en Argentina de avanzar sobre los derechos de los trabajadores de la educación. Estos son los amigos y nuevos aliados del presidente Macri.

¿Cuál es la reforma educativa que quieren implementar en México?

En el 2013 se aprobó la Reforma Educativa realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual el país azteca es miembro. Fue impulsada y aprobada por los partidos del llamado “Pacto por México” que integra al partido gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ultra derechista Partido Acción Nacional (PAN) y al centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esta reforma fue aprobada a espaldas de los 1 millón 300 mil profesores mexicanos que se organizan en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuya principal oposición interna es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Con su aprobación se abrieron diversos debates desde los medios masivos de educación en México hasta los claustros de educación y pedagogía han explicado que la Reforma Educativa tiene como único objetivo atacar los derechos laborales de los docentes.
Esta reforma se basa en un sistema educativo similar a empresas privadas donde los profesores rinden una evaluación estandarizada que no toma en cuenta el contexto cultural y social de la comunidad educativa; lógicamente los sectores marginados y pobres obtienen resultados negativos y son castigados punitivamente con la pérdida del trabajo, como ya ocurrió con más de 3000 docentes en la capital mexicana.
Legaliza las cuotas para diversas actividades escolares y permite la entrada de empresas privadas a los centros escolares abriendo el camino de la privatización. Desaparecen las escuelas Normales, dejando a la deriva la formación didáctica, dejando sin formación y profesión a miles de hijos de campesinos, indígenas y obreros que se forman como docentes.
En Argentina, el macrismo es aún todo lo neoliberal que la relación de fuerzas le permite ser. Pero si pudiera haría lo que hace su par mexicano Peña Nieto. Aquí, la educación pública es un derecho conquistado por todos los trabajadores.
El concepto de meritocracia y las evaluaciones a los estudiantes y a docentes, la formación de ranking de escuelas (según la calificación lograda) y el constante ataque a los docentes cada vez que peleamos en defensa de la escuela, son los pilares fundamentales que el Banco Mundial y el FMI recomiendan para la educación en América Latina. En la Ciudad de Buenos Aires donde el PRO gobierna hace ya varios años estas políticas se fueron implementando de a poco como el cierre de grados, la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, la creación del Instituto Evaluador y el problema creciente de vacantes, donde más de 11 mil chicos se quedaron sin escuela. Este modelo es el que quieren implementar a nivel nacional.
Estas políticas pueden ser implementadas gracias a las leyes neoliberales heredadas del menemismo, que durante 12 años de gobierno kirchnerista “nacional y popular” no fueron tocadas en su esencialidad como es el financiamiento descentralizado por provincias y la centralización de lo pedagógico. Los discursos de “los docentes son vagos y tienen cuatro meses de vacaciones” abonan a esta política de degaste, para aplicar el ajuste.
Cabe recordar que el presidente del PRI Peña Nieto también fue bautizado como “el mejor amigo de Cristina de Kirchner” en relación a las negociaciones del petróleo, siendo clave en el acuerdo de Repsol-YPF.
El inesperado “amigo” cobró notoriedad en Buenos Aires y en Madrid en el año 2013 porque posee el 9,49% de las acciones de Repsol y ostentaba un lugar en su consejo directivo. Por eso, Emilio Loyoza, CEO de Pemex, presionó para que el gobierno argentino y la petrolera española acordaran una indemnización de cinco millones de dólares por el 51% de las acciones expropiadas.
Paradójicamente, los grandes beneficiados fueron mexicanos: Pemex, interesado en explotar el yacimiento de Vaca Muerta, y Carlos Slim, propietario del 8,4% de las acciones de YPF y de fluidos vínculos con los Kirchner.
Ayer, mientras se producían movilizaciones y escraches de repudio a la visita del presidente mexicano a la Argentina, Macri lo recibía con todos los honores, bromeaba y firmaba una multiplicidad de convenios de colaboración entre ambos gobiernos.
Mientras en las calles sonaba el repudio, en la Casa Rosada se recibía con toda la pompa al represor Peña Nieto.

Federico Puy
Docente, Congresal UTE-CTERA
Lorena Sokol

Una larga Noche de Bastones Largos

El movimiento universitario argentino fue, practicante desde sus orígenes, un lugar de creatividad, sentido crítico y rebeldía juvenil pero también víctima de las más feroces represiones y atropellos.

La “Noche de los Bastones Largos” fue un episodio más de una sangrienta historia. La necesidad del capital de instruir a su mano de obra para poder reproducir los beneficios del ciclo productivo, lleva a que en los Estados capitalistas se extienda la enseñanza universitaria. Fruto también del choque de fuerzas que contraponen al capital con el ascenso del comunismo y del movimiento obrero organizado en todo el mundo, la enseñanza universitaria se transforma en una demanda ineludible para los países capitalistas que pretenden mantener su base social. Por ende, la universidad se transforma en una conquista de la clase obrera a la cual la burguesía intentara por todos los medios posibles controlar. Uno de los medios para ello fue la violencia.
En 1947, el gobierno peronista sancionó la Ley de Educación Superior 13.031, que permitía la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, pero a partir de un sorteo entre los diez mejores promedios. También se establecía que el rector sería designado por el Poder Ejecutivo, a la vez que ordenaba sanciones para docentes y estudiantes que participaran en política. El aumento considerable de la matrícula puso a su vez en alerta al gobierno. Para 1947 se registran 51.272 estudiantes, mientras que en 1955 se contabilizan 143.452 estudiantes. Sin embargo, este incremento no se verificaba en egreso ya que de 80 jóvenes que ingresaban solo se graduaban 5. Esto producto de las llamadas “materias filtro”, horarios discontinuos, alto costo de los materiales, costo del transporte, malas condiciones edilicias junto empeoramiento de las condiciones económicas que obligan a trabajar y dejar atrás el estudio, entre otras.
El rechazo de la militancia política dentro de las universidades fue la matriz de origen de la educación superior moderna nacida en 1947. La represión a los movimientos estudiantiles contestatarios y críticos del gobierno peronista fue una constante. Para 1953, se cambia la legislación permitiendo al Estado la potestad de regular la administración interna de las universidades y las pautas de los cursos, lo que llevó a la expulsión de docentes y alumnos que rechazaron dichas medidas. Los choques entre el movimiento estudiantil y el gobierno terminaron en la detención de un importante número de estudiantes como el caso de Ernesto Mario Bravo, estudiante de química y afiliado comunista, detenido y torturado durante veinte días (el hecho tuvo repercusión internacional en Uruguay, Chile y Brasil, donde se realizaron actos en solidaridad).
En 1954, fueron clausurados los locales de todos los centros de estudiantes que adherían a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), dejando un saldo de 250 estudiantes detenidos. Se llegó incluso a aplicar la Ley de Residencia para 11 estudiantes peruanos que fueron deportados (hecho que también tuvo repercusión internacional en Chile con más de 50.000 estudiantes en las calles de Santiago y 150.000 universitarios en paro por 48 hs en todo el país cordillerano).
En principio, la Revolución Libertadora fue acogida con entusiasmo por el movimiento estudiantil que esperaba encontrar en la dictadura liberal un cambio en la situación represiva. Si bien se abolió la ley 13.031, se estableció la autonomía universitaria, se reincorporaron docentes y estudiantes presos; y se eliminó el certificado de buena conducta, se designó como ministro de Educación a Atilio Dell ‘Oro Maini, quien pertenecía a la derecha de la iglesia católica. El gobierno de facto fue recibido con la toma de todas las facultades, donde se hicieron asambleas para designar a los interventores universitarios. El gobierno cedió ante estas presiones, pero creó el artículo 28 al decreto 6.403 para frenar el proceso de democratización de la universidad reservándose el Poder Ejecutivo el nombramiento de profesores siguiendo pautas de discriminación política e ideológica, además de otorgar la injerencia clerical en la enseñanza pública y estatal.
En esta coyuntura asumió el gobierno de Frondizi que revalidó el artículo 28 dando paso al conocido enfrentamiento entre “Laica o Libre” por una universidad con o sin intervención clerical. En este caso, una movilización de más de 10.000 estudiantes fue reprimida en la Plaza Congreso con gases lacrimógenos. La lucha estudiantil se reprodujo en el interior del país, tanto en Córdoba como en Tucumán, Rosario y Salta. Las luchas continuaron en toda la década del 60 dejando como saldo miles de estudiantes allanados por las madrugadas, represión de manifestaciones y universitarios que pasaron los tribunales del Plan Conintes.
El 28 de julio de 1966, a poco de asumir Onganía, fue sancionado el decreto de ley 16.912. Este decreto suprimirá el gobierno tripartito, disolvía los consejos superiores y obligaba a rectores y decanos a actuar como interventores acatando las órdenes del Ministerio de Educación. Como respuesta, en Filosofía y Letras, Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Exactas de la UBA fueron tomadas los edificios facultativos. La noche del 29 de julio de 1966, el gobierno desalojó a estudiantes y docentes de las tomas y en el caso de Exactas, la policía ingreso al establecimiento golpeando a todos los ocupantes dejando como saldo más de cincuenta detenidos entre profesores y estudiantes en lo que se conoció como “La Noche de los Bastones Largos”.
La historia del movimiento estudiantil es larga y rica en acontecimientos y luchas siguiendo hasta nuestros días. Hoy frente al gobierno de la gestión Macri, los estudiantes vuelven a salir a las calles ante el recorte de presupuesto y los tarifazos (entre ellos el de transporte) que hacen imposible la cursada de los sectores medios y bajos de la sociedad. La universidad es desde su nacimiento un espacio de debate y lucha de clases, porque representa la voluntad de la clase obrera de instruirse y progresar para desprenderse del yugo explotador de la burguesía. La enseñanza superior es una conquista que los estudiantes y docentes deben defender porque es producto de una lucha histórica. No es un regalo, ni un beneficio, es una conquista que como tal puede retroceder o perderse.

Pablo Javier Coronel Director de Huellas de la Historia

Bibliografía Utilizada:

- Pacheco, Julieta; Nacional y Popular; Ediciones RyR, Buenos Aires (Argentina) 2012.

Sarmiento… ¿inmortal?



Los estudiantes de la Juventud del PTS en terciarios junto a independientes realizaron una encuesta para conocer qué opinan los jóvenes sobre la figura de Sarmiento.

La primera pregunta que los corresponsales de LID le preguntaron a los estudiantes terciarios consistió en si conocían que existe una disposición que implica que en cada acto escolar se escuche el himno a Sarmiento. Ante lo que la mayoría de los entrevistados respondió que no sabía que existía una ley aprobada en 2008 por la Legislatura porteña llevada a cabo por el Ministerio de Educación de la Ciudad. Menos de la mitad de los entrevistado sí conocía esta disposición.
En la segunda pregunta que hace referencia a sí cantan o no el himno, la mayoría respondió que no, fundamentando su respuesta con cuestiones tales como nos contaba Jésica del PEP Normal 9, “porque si bien Sarmiento es una figura importante dentro de la educación, por la poca información que tengo no estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron en su momento a pesar de que eran épocas diferentes”. Luciana también del Normal 9 dice, “no, no lo creo un democratizador de la enseñanza, sus avances eran para los blancos y sus ideas de modernización del país apuntaban a la inserción de Argentina al sistema capitalista, dándole el mismo lugar en la estratificación internacional del trabajo que tiene hoy. Eran otras épocas, pero la Sociología ya era un hecho como ciencia, por lo tanto no creo en la justificación de su pedagogía.”
Mientras que para los estudiantes del Normal 2 “Mariano Acosta”, nos contaba Antonella, “no lo canto actualmente porque conozco su historia, no considero que haya que cantarse himnos a nada, porque impulsa la verticalidad en el sistema escolar y no estoy de acuerdo con el patriotismo ya que genera discriminación”. Fedra opina, “creo que se toma en cuenta un solo aspecto de él, pero se omite su posición en la campaña del desierto, las masacres que realizó y su lado racista. Me ha pasado que alumnos me preguntaron porque no cantaba y yo les contesté que no estaba de acuerdo con que se cante”. Ara nos dice indignada “no lo canto, Sarmiento es un genocida”.
Para finalizar, la última pregunta que hicimos fue si continuaba vigente el modelo normalizador impulsado por Sarmiento. Algunas respuestas fueron, Lara del Normal 9 exclama “el modelo normalizador sigue vigente, y claramente me parece nefasto”. Luciana también del Normal 9 nos cuenta “si, sigue vigente a pesar del sistema de educación gratuito que incluye solo a los que tienen los medios para ir a la escuela. Sus contenidos son generalizados, cubriendo necesidades de la clase media y no se trabaja sobre las identidades de diversos géneros.”Mientras que del Normal 1 Antonella dice, “considero que sí, en un montón de circunstancias educativas sigue vigente el modelo normalizador, ya que continúa estigmatizando, si bien hoy en día hay muchas nuevas corrientes educativas creo que se sigue con la idea de un grupo de alumnos homogéneo”.
Por último los estudiantes del Normal 2 expusieron a La Izquierda Diario sus opiniones. Por ejemplo, Mariano dice “lo vemos en profesores en nuestra formación cuando continúan enseñando el modelo clásico y muchos estudiantes también reproducen dicho modelo”. Claudio exaltado dice, “sí, sigue vigente desde la primaria predomina el rigor, por eso el ausentismo y la deserción escolar”. Alejandra nos cuenta desde su experiencia “lamentablemente creo que sigue vigente en el sentido de la homogeneidad que se pretende en las escuelas, hacer que todos sean iguales, a pesar del discurso de la inclusión y de respetar las diferencias. Se sigue usando el guardapolvo, se siguen imponiendo normas que actualmente ya no tienen sentido. Se sigue utilizando la educación para "civilizar a los bárbaros" como pretendía Sarmiento en vez de ser una herramienta para crear ciudadanos críticos y pensantes. El sistema educativo sigue siendo del siglo XIX en muchos sentidos, sólo que se quiere mostrar una especie de actualización, con paliativos como las computadoras, o como dar contenidos sobre los pueblos originarios”. Daniel retruca diciendo “en ese momento histórico les fue funcional para fundar el modelo de Nación que querían y hoy sigue vigente al nuevo concepto de lo que es la norma, normalizando otras prácticas, siendo funcional al modelo de Estado capitalista. Tiene sus grietas esta profesión y eso es lo lindo sino seríamos robots reproductores, está ahí siempre la discusión lo que para algunos es la norma para otros no, igual el límite es frágil y nos tenemos que estar repensando siempre en nuestras prácticas para no caer”. Para cerrar, Antonella cuenta “claramente ese modelo sigue vigente hoy en día aunque en menor proporción y tal vez con más intervención. Somos seres heterogéneos por lo cual la idea de ‘formar’ mediante la educación a ‘normales’ me parece retrograda ya que podría trabajarse e impulsar mucho mas la heterogeneidad que, claramente, al Estado no le sirve. Gente que pueda desarrollar sus capacidades, que "piense" autónomamente por así decirlo. Considero igual muy difícil pero no imposible romper con ese modelo en su totalidad”.
Por conclusión sacamos que los estudiante terciarios expresaron una imagen negativa sobre la figura de Sarmiento, lo cual denota para nosotros que hay una intencionalidad por criticar y empezar a construir nuevos parámetros sobre la educación pública en donde se cuestionen aspectos impuestos desde hace décadas que no estamos dispuestos a seguir reproduciendo.

Emiliano Lobestein
Celestito Molina

viernes, 29 de julio de 2016

Cortes de luz: los privatizadores y el gobierno extorsionan para arrancar el tarifazo



Con estos planteos, nos sumaremos al cacerolazo del próximo jueves 4 de agosto en todo el país.

En los últimos días, unas 700.000 personas sufrieron cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. La cifra se parangona con los momentos más álgidos de la interrupción del servicio en el verano, el momento de mayor consumo. Pero en esta época del año, los apagones no pueden explicarse por ese motivo. ¿Entonces? las mismas distribuidoras eléctricas dieron las verdaderas razones. Alegando la demora en percibir los mayores ingresos del tarifazo (interrumpidos por los amparos judiciales), “las compañías comenzaron a avisar que no están en condiciones económicas de prestar el servicio que se les reclama. (La Nación, 28.9). Los “desperfectos” eléctricos reaparecieron súbitamente, con el objetivo de arrancar el tarifazo. En la misma línea, 200 trabajadores de Edesur están amenazados por despidos. Nos encontramos ante una extorsión lisa y llana, donde los usuarios y los trabajadores son usados como ´carne de cañón´ para que el aumento de tarifas sea aplicado sin más dilaciones. En este cuadro, la justicia bonaerense apresuró la habilitación del tarifazo en la provincia.
La misma fuente periodística añade que las razones esgrimidas para este lock out patronal “son un pensamiento que comparten en el Gobierno”. El acto de sedición de las privatizadas contra la población, por lo tanto, tiene aval oficial. Se trata de la misma actitud que adoptó el presidente de los subterráneos porteños, Juan Pablo Piccardo, cuando sostuvo que, por causa de los amparos, quedaba “comprometida” la seguridad del servicio de subtes. El gobierno ampara, en palabras y actos, esta conspiración para privar al pueblo de los servicios públicos más elementales.
La pretensión de que “sin tarifazo no hay recursos” es desmentida por la fabulosa expansión económica que llevaron adelante las distribuidoras de luz en los años del kirchnerismo. Edenor (grupo Pampa) adquirió distribuidoras en todo el país, junto a la transportadora Transener y, más recientemente, los activos de Petrobrás en Argentina. Ese proceso de concentración del negocio eléctrico se financió con los subsidios del Estado, y con recursos que fueron sustraídos al mantenimiento e inversiones en el servicio. Ahora, el tarifazo ha apalancado una furioso especulación bursátil y de transferencias empresarias, que podría venirse abajo si los aumentos continúan en el freezer.
La decisión de privar a centenares de miles de personas del servicio eléctrico confirma el carácter delictivo y confiscatorio de las privatizaciones, y debe reforzar el reclamo por la anulación de todos los tarifazos, la apertura de las cuentas y costos y la inmediata intervención de todas las empresas de energía, para proceder a una auditoría a manos de representantes electos de trabajadores y usuarios. Es el único camino para terminar con la extorsión y el vaciamiento del patrimonio energético del país.
Con estos planteos, nos sumaremos al cacerolazo del próximo jueves 4 de agosto en todo el país.

Marcelo Ramal

Repudio a Peña Nieto



Organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos nos movilizamos para rechazar la presencia en el país del presidente mexicano.

Organizaciones políticas y de derechos humanos nos movilizamos junto a la Asamblea de Mexicanxs en Argentina para repudiar la presencia de Enrique Peña Nieto en el país.
Por la mañana, a primera hora, cortamos la 9 de Julio a la altura del Obelisco. Luego, participamos de un acto en Plaza de Mayo. A la tarde, llevamos el repudio a la Cancillería.
En contraste, Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada, donde ambos presidentes firmaron media docena de convenios de cooperación.
La hipocresía de Macri no tiene límite. Peña Nieto es políticamente responsable por las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en México. Los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 y el asesinato de al menos ocho personas que apoyaban la lucha docente en Oaxaca a manos de la policía son los casos más emblemáticos de la represión contra el movimiento obrero y popular que se lleva a cabo por medios estatales y para-estatales, incluida la intervención directa de las bandas de narcotraficantes asociadas a distintos estamentos gubernamentales y a las fuerzas de seguridad.
Macri mantiene un silencio cómplice. Se prueba, así, el carácter oportunista de las denuncias del PRO sobre los presos políticos en Venezuela. Y señalamos: quien admite los asesinatos políticos en otros países se reserva el derecho de aplicar esa misma metodología en el propio. Se trata de una conclusión fundamental que los trabajadores argentinos deben tener muy en cuenta.
Para Macri, la visita de Peña Nieto está lejos de ser un mero acto institucional. Se inscribe en su objetivo de sumar a Argentina a la Alianza del Pacífico, armada en función de estrechar los lazos entre las burguesías nacionales con los Estados Unidos. A la vez, México es un discípulo disciplinado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a lo cual Macri quiere hacer ingresar a la Argentina. La OCDE es la que ha inspirado las reformas educativas privatizadoras que enfrentaron los estudiantes y docentes reprimidos por el gobierno mexicano.
Fuera Peña Nieto de Argentina, masacrador de estudiantes y docentes. Abajo las reformas antieducativas.

Rodríguez Larreta también espía a los docentes



El gobierno porteño recaba información de las cuentas personales de los maestros.

Días a atrás, la gobernadora Vidal contrató un servicio de "observatorio analítico", con un presupuesto estimado en $1.597.200, con el verso de montar de recabar información en las redes sociales con respecto a la educación bonaerense, como si sus ministros no contaran con datos fehacientes. El tufillo persecutorio es evidente.
Ahora, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires acaban de ser notificados que para cambiar la contraseña de sus cuentas oficiales de correo electrónico –suministradas por el ministerio de Educación porteño a través de Google–, deben entregar información privada, datos tales como contactos de amistades, fotos, etc., de sus cuentas personales. La cuenta se bloquea automáticamente si la contraseña no es actualizada dentro de un plazo de cinco días y es de carácter obligatoria, ya que es el canal de comunicación oficial con la escuela. Más que observatorio, es un espionaje descarado.
Durante la campaña electoral de 2015, la propaganda del gobierno porteño incluyó llamadas telefónicas y mails de propaganda a los docentes de forma masiva. De hecho, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), el gasto en publicidad y propaganda de la administración de Mauricio Macri, durante ese año electoral, gastó 245,2% más en comparación con el primer semestre de 2014. El monto equivale a nueve veces el presupuesto ejecutado en Educación; y trece veces el dedicado a la construcción de viviendas populares. Una montaña de dinero para aceitar la maquinaria de la propaganda política del oficialismo.
Los "monitoreos" de Vidal y Rodríguez Larreta están en la línea del uso de información de la Anses para la "política de comunicación" del gobierno. "El Gran Hermano" macrista prefigura una trama de vigilancia al servicio del Estado. Recordemos que Macri fue responsable de haber montado una red de espionaje con Ciro James y "Fino" Palacios cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad. La Justicia lo sobreseyó una vez que fue electo presidente.
El legislador Marcelo Ramal presentará en los próximos días un pedido de informe con respecto a esta invasión intimidatoria de Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña.
Repudiamos la manipulación de información personal y cualquier persecución contra los docentes por sus actividades o comentarios públicos y privados en las redes sociales y cuentas personales.

Amanda Martín

De la Noche de los Bastones Largos a Macri y Peña Nieto.



A 50 años de la intervención del gobierno militar de Onganía en las universidades.

Hoy, 29 de julio, se cumplen 50 años de la intervención de las universidades nacionales por parte de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía.

Aquella noche de 1966, la Policía Federal desplegó una feroz represión para desalojar los edificios de cinco facultades de la UBA, que habían sido ocupados por estudiantes, graduados y profesores en rechazo a la intervención. Cerca de las 23, agentes de la guardia de Infantería entraron a los palazos al edificio de Perú 222, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dejando decenas de heridos y 150 detenidos. Cincuenta años después, el presidente Macri “conmemora” la noche más trágica de la universidad argentina reuniéndose con un represor, Enrique Peña Nieto, responsable de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa y del reciente asesinato de docentes en el Estado de Oaxaca.
Medio siglo después, hay intereses sociales de fondo que marcan una continuidad histórica entre las líneas maestras de la política educativa que buscó imponer el Onganiato y las reformas antieducativas que levantan estos “demócratas” de hoy en Argentina y México.

La “modernización” de los milicos

¿Qué objetivo perseguía Onganía con la intervención?
Onganía seguía el libreto de la “modernización” de la universidad que planteaba el capitalismo mundial, apuntada a una creciente injerencia del capital financiero en el sistema educacional, en desmedro de las conquistas educativas de los trabajadores y de la universidad pública. Es para imponer esta política que Onganía metió a la cana en la universidad, que en aquel momento era un hervidero de debates políticos.
Los debates sobre la “formación permanente” –léase “posgrados arancelados”- y la “vinculación con el sector productivo” –léase “subordinación a las empresas”- que hoy están tan de moda y con los cuales se justifica el recorte de las carreras de grado y la mentada “evaluación docente” –leáse “flexibilización laboral”- que impulsan Macri y Peña Nieto, ya formaban parte, en la década del ’60, de la agenda de los organismos internacionales.
En 1967, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elabora un informe sobre la universidad argentina donde plantea que “el sistema se caracteriza por el gran número de matriculados y abandonos” y propone reducir la matricula, introducir diplomas intermedios y acortar las carreras. Todo un programa de descalificación de la juventud, muy similar al que apuntan el gobierno y las cúpulas universitarias.
A los palazos, Onganía efectivamente logra, por primera vez en la historia argentina, una disminución absoluta de la matrícula universitaria: de 221.522 estudiantes en 1967 a 198.656 en 1970. Más de un 10% en 3 años. El otro aspecto de la “modernización” de la universidad fue el desarrollo de las universidades privadas. El gobierno de Frondizi había habilitado a las universidades privadas a dar títulos habilitantes –no sin resistencia del movimiento estudiantil, en la lucha de “laica o libre”, en 1958-, pero Onganía les daría un enorme impulso: de 12 universidades privadas que había en 1967, y que agrupaban el 6,7% de la matrícula, pasarían a ser 24 en 1971, reuniendo el 17,7% de la matrícula estudiantil.
Este fue el contenido de la Noche de los Bastones Largos. Pero el gobierno de Onganía no pudo llegar más lejos por el levantamiento obrero y estudiantil del 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, que sellará definitivamente el destino de su dictadura.

De la intervención violenta al copamiento “democrático”

Cincuenta años después, todos los gobiernos democráticos desde 1983 intentaron, con mayor o menor suerte, profundizar ese rumbo. El menemismo sancionó la privatista ley de Educación Superior, a pesar de la oposición de docentes y estudiantes. El kirchnerismo la mantuvo. Durante la década K, las universidades privadas crecieron el 6%, contra el 1% de la pública. La privatización educativa es una verdadera política de Estado, que continuó atravesando democracias y dictaduras.
Ahora, el gobierno de Cambiemos le copia el libreto a Onganía. El discurso oficial retoma el argumento de la "modernización" de la universidad para avanzar en la entrega del presupuesto educativo a las corporaciones privadas.
La línea estratégica nuevamente es marcada por la OCDE, a la cual Macri pide ingresar. Los burócratas de la OCDE son los autores de la reforma educativa que enfrentan los estudiantes y docentes masacrados por Peña Nieto en México.
A diferencia de la dictadura de Onganía, Macri no tiene ninguna necesidad de intervenir la universidad para aplicar su política, porque las autoridades universitarias actuales son, ellas mismas, cómplices y beneficiarias de esta degradación educativa.
El procesamiento de funcionarios de la UBA por el desvío de fondos para el Hospital de Clínicas, la utilización de las universidades como cajas negras para triangulaciones de fondos millonarios o la compra de votos para elegir rector en la Universidad de Tucumán con los fondos de la mega-minera La Alumbrera, retratan a la camarilla que maneja las universidades en función de sus propios negociados. El co-gobierno universitario está monopolizado por esta minoría privatista que le sustrae la ciudadanía al 95% de los docentes y sub-representa a los estudiantes. La policía que en 1966 entró a la UBA para remover a las autoridades ahora custodia a los decanos radicales, macristas y kirchneristas que sesionan en un Consejo Superior vallado, a espaldas del conjunto de los estudiantes y docentes. De esta forma las autoridades “democráticamente electas” acompañan la política de ajuste y privatización del gobierno.
Por todo esto, finalmente no fue un exabrupto que las autoridades de la UBA invitaran a la conmemoración de la Noche de los Bastones Largos al Ministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, que afirmó que “hay que echar a todos los docentes que creen que hacer paro sirve para algo”.

Viva el movimiento estudiantil

El 12 de mayo pasado, 70.000 estudiantes y docentes copamos la Plaza de Mayo contra el intento del gobierno de recortar el salario docente y el presupuesto de la universidad. Macri se vio obligado a recular. En la provincia de Buenos Aires, tras una larga lucha que empezó contra el gobierno de Scioli, los estudiantes le arrancaron a Vidal el boleto educativo gratuito, que antes la gobernadora había dicho que era “inviable”. El hecho no es menor, porque este año también se cumplirá el 40 aniversario de otra noche sangrienta para el movimiento estudiantil: la Noche de los Lápices.
El ataque a la universidad es otro capítulo del ajuste del gobierno y los gobernadores.
De Onganía a Peña Nieto, la represión a estudiantes y docentes encarna los mismos intereses de clase. Derrotarlos implica una lucha común del movimiento estudiantil con los trabajadores, para que la universidad y la ciencia sean puestos a disposición de los verdaderos productores de la riqueza nacional.
“Si el presente es lucha, el futuro es nuestro”.

Juan Winograd y Julián Asiner, dirigentes de la UJS, integrantes de la conducción de la FUBA