viernes, 31 de julio de 2009

¿La desocupación aumenta o es apenas una "sensación térmica"?


Estimaciones del sector privado, del mundo sindical e incluso la voz de la calle, señalan que la desocupación está creciendo en el país. En cambio el ministro de Trabajo afirma lo contrario. ¿Quién tiene razón?
Consultado a propósito del incremento de la tasa de desocupación, el ministro Carlos Tomada respondió que si se compara el primer trimestre del año con igual período del 2008 se puede decir que la desocupación se mantiene estable en torno al 8,2%. Agregó que por los datos que maneja su cartera no hay grandes despidos, de miles de trabajadores, que lo que hay son despidos individuales. Sí reconoció la no renovación de contratos de trabajo a su vencimiento.
Las declaraciones del ministro permiten sacar una conclusión y al mismo tiempo abren un interrogante. Primero, si aceptamos que la tasa de desocupación está amesetada en torno al 8% de la PEA después de seis años de crecimiento a tasa "chinas", podemos concluir que ése sería el piso de desocupación estructural con que funciona la economía argentina y que será difícil de perforar a la baja.
Segundo, ¿como considerar a los trabajadores que al vencimiento de sus contratos éstos no son renovados? El ministro pareciera no considerar desocupados a los trabajadores que se quedan sin contrato. Tal vez debiéramos crear una nueva categoría: descontratados, pero lo que es real es que son trabajadores que se quedan sin trabajo y por lo tanto engrosan la desocupación existente.

Evidencias

Todos los datos disponibles indican un potencial agravamiento de la situación social (ocupación, salarios, pobreza) a pesar de las diversas medidas contracíclicas tomadas por el gobierno. La aceleración de la destrucción de empleos forma parte de este agravamiento. Un estudio del IDEF-CTA, basado en la comparación interanual de los aportes patronales a la seguridad social concluye que hasta junio los puestos perdidos sumaban más de 200.000. Un reciente documento elaborado por la UIA señala que en el primer semestre del año la caída del empleo alcanzó los de 222.000 puestos. Por otra parte el propio Indec reconoció que en el primer trimestre se destruyeron poco más de 140.000 puestos de trabajo; proyectando estas cifras al semestre el resultado se acerca, sino sobrepasa las anteriores estimaciones. Por otra parte no se puede desconocer que desde mediados del 2007 la creación de empleos es prácticamente nula.
Si no se confía en los estudios que circulan se puede recurrir a la información directa: en las últimas semanas se han registrados despidos y suspensiones en la panificadora Fargo; en la química Sealed Air; en la metalúrgica San Cayetano; en la gráfica FP; en varias empresas del cítrico en Tucumán; en calls center de Telecom; por el cierre de la tienda C&A, por sólo citar algunos casos en diversas ramas de la economía. Incluso el gobierno tuvo que hacerse cargo, por el abandono empresario, de la papelera Massuh y de la autopartista Malhe, además, aparentemente, la fábrica de pinturas Tersuave, en San Luis, seguiría el mismo camino. En ninguno de estos casos puede hablarse de despidos individuales.
Por otra parte desde principios de año se han registrado casos de varias empresas, las alimenticias Arrufat y Disco de Oro; la gráfica Indugraf; la textil Filobex-Febatex entre otras que, cerradas por sus patrones, han sido reabiertas por sus trabajadores, quienes las ocuparon y las han puesto en producción bajo su propia gestión. Además como es conocido el Ministerio de Trabajo administra el Programa Repro, por el cual subsidia a más de 1500 empresas pagándoles parte del salario a unos 85.000 trabajadores. Con esto el Estado nacional busca proteger el empleo y al mismo tiempo preservar la tasa de ganancia de las empresas. Es evidente que hay una desocupación contenida, que dependerá de cuanto se profundice la crisis y también de que se mantenga la disponibilidad de la caja fiscal.

¿Cuál es la tasa real?

Como lo hemos explicado varias veces en esta misma columna desde la intervención en el Indec hay una suerte de crisis de confianza en las estadísticas oficiales, así que hay que recurrir a estimaciones privadas. La firma SEL-Consultores, que es uno de los estudios privados más serios en este tipo de datos, ha estimado que en el área metropolitana (Capital y GBA) la desocupación sería del orden del 10,5%. Se sabe que en todo este último período la caída de la producción ha sido más fuerte en el interior del país, por lo que las estimaciones que dicen que la tasa estaría entre el 11y 12%, esto es alcanzaría de 1,8 a 2 millones de personas, parecen bastante realistas.
Desde los centros internacionales y analistas reconocidos, aún con enfoques diferentes, están afirmando que la economía mundial marcha a un estancamiento de larga duración. El reciente informe de la Cepal asegura que hay 3,4 millones de nuevos desocupados en América latina y agrega que para la región la recuperación será lenta. Juan Somavía, director de la OIT, ha señalado que la experiencia muestra que comenzada la recuperación económica el empleo tarda cuatro o cinco años en recuperarse. Por eso es que en la última conferencia internacional del organismo planteó la necesidad urgente de un "pacto mundial por el empleo"
Estas tendencias mundiales con sus particularidades están presentes en nuestro país. Es un dato objetivo que aquí no hemos tenido crisis financiera, que la economía está mejor parada que otras veces y que el gobierno ha tomado medidas anticíclicas tendientes a proteger el empleo, pero también es cierto que son todas medidas de corto plazo que no resuelven el problema de fondo. Y es así porque la visión del gobierno sobre la crisis es que sería de ciclo corto: la famosa crisis en forma de "V" corta, rápida caída y rápida recuperación, pero todo indica que la crisis tomará la forma de una "L", caída y amesetamiento en ese nivel, al estilo de Japón en los '90. Así, lejos de recuperarse rápidamente el empleo podemos asistir a una continuidad en la destrucción de puestos de trabajo. Se contradecirla así la afirmación de la Presidenta en la firma del acuerdo con los petroleros "El mejor antídoto contra la pobreza es el trabajo y el pleno empleo".

Una alternativa

Resulta imprescindible declarar la Emergencia Laboral y en ese marco conseguir que el Congreso Nacional sancione una ley, o en su defecto un decreto de necesidad y urgencia, que prohiba despidos y suspensiones por un lapso determinado, renovable en tanto la crisis persista. De esta forma se evitaría que nuevos desocupados se sumen a los actuales. Esto debe complementarse con la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo existente, tanto para absorber la desocupación de arrastre como para que los trabajadores se beneficien de la mayor productividad alcanzada.
Las altísimas tasas de ganancias que usufructuaron las empresas, cualquiera sea su tamaño, durante el ciclo expansivo que está concluyendo, hace que puedan absorber estos costos. De todas maneras puede instrumentarse algún sistema a auxilio para quienes demuestren su inviabilidad financiera de implementar estas medidas.
Si esto se acompaña con aumentos en los salarios y jubilaciones mínimas y reducción del IVA a artículos de primera necesidad se crearía una demanda genuina sobre el mercado interno.
Se puede argumentar que medidas de este tipo agravarían la situación fiscal, ya de por sí estrecha, pero tal vez es el momento oportuno para encarar alguna vez una reforma progresiva, que elimine la inequidad actual. Con apenas gravar las rentas financieras, extender las retenciones a la minería y el petróleo, reponer el impuesto a la herencia, revisar la política de subsidios, que hoy no tiene mayores controles, mejorar la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales, que hoy pagan muy pocas personas, revisar las exenciones insólitas que hay al Impuesto a las Ganancias. Sin que esto resulte una reforma integral ni mucho menos, es posible hacer que la crisis la paguen los que más tienen.

Foto: Argentina – Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. / Autor: Ministerio de Trabajo

Eduardo Lucita,integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

Trabajo infantil: de eso no se habla

Este viernes a las 15.30 hs. La Alameda y el MTE concentran en Plaza de Mayo.

Comunicado de prensa:

Trabajo infantil: de eso no se habla

Comunicado de la Alameda y el MTE

A las 15.30 hs en la Plaza de Mayo, en las vísperas del dialogo entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, una delegación de la Alameda y el MTE distribuirán una carta dirigida a ambos sectores en los que se reclama "que uno de los puntos principales del diálogo que hoy comienza, sea la erradicación del trabajo infantil en el ajo, cebolla, tomate, arándano, zapallo, vid, la zafra, la avicultura y tantas otras ramas agrarias por donde se extiende este flagelo. Y también reclamamos que los trabajadores del campo sean encuadrados bajo convenio y se termine de una vez por todas las precarización laboral", todos temas lamentablemente ausentes en la mesa de dialogo y que tendrían que ser los más importantes y prioritarios.
Hace un mes y medio la Alameda y el MTE entregaron a la Mesa de Enlace un listado de 22 empresas mendocinas a las que se les había detectado trabajo infantil, sea mediante filmaciones que hicimos con nuestros compañeros infiltrados en las fincas o sea mediante inspecciones de la subsecretaria de trabajo provincial. Les pedimos que expulsaran o al menos suspendieran a esas 22 empresas de sus filas. Desde entonces, lo único que hemos recibido han sido evasivas de parte de los dirigentes del agro que para discutir sus ganancias se reunen todos los días, pero para abordar el flagelo del trabajo infantil y forzozo nunca encuentran un minuto libre. El gobierno tampoco despliega una política de Estado tendiente a erradicar esta grave violación a los derechos humanos.
Por esto, la intención de la manifestación de esta tarde es llamar la atención pública para que la sociedad reclame que en el dialogo se discutan los problemas graves que tienen que ver con la gente y no las retenciones en abstracto como si fueran un botín de guerra. La Alameda y el MTE seguirán combatiendo en todas sus formas el trabajo esclavo, el trabajo infantil y forzozo bajo el horizonte de construir una sociedad sin esclavos, ni excluidos.

Gustavo Vera y Juan Grabois (Alameda y MTE)

Informes 1561584835

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Carta al Gobierno y la Mesa de Enlace, ante el diálogo que comienza:

Ha llegado la hora del diálogo entre los productores agropecuarios y el Gobierno Nacional. La agenda de ese encuentro girará en torno de los intereses de ese sector y las necesidades financieras del Estado Nacional. Las decisiones que allí se tomen influirán decisivamente en el rumbo político e institucional de la República.
Lamentablemente existen temas que no están contemplados en esa agenda. Tenemos la completa certeza de que la penosa situación de los trabajadores del campo será cuidadosamente omitida o en el mejor de los casos postergada por los interlocutores. La existencia de innumerables familias, nacionales o migrantes, sometidas a la vergüenza de la servidumbre por deudas o la servidumbre de la gleba, del trabajo forzoso, de las peores formas de trabajo infantil peligroso, a la desprotección frente a los riesgos de la enfermedad, la vejez, la muerte y el paro como consecuencia del defectuoso sistema de seguridad social, no será ni siquiera analizada.
La Mesa de Enlace fue oportunamente advertida por nuestra ONG de la constatación en distintas provincias de esas formas antiguas y modernas de explotación y opresión de la clase trabajadora y fundamentalmente de trabajo infantil y no nos ha dado ninguna respuesta. Pareciese que el único objetivo de estas entidades patronales fuese la maximización de sus ganancias. Parrafo aparte es la valoración que merece la actitud indiferente del Gobierno Nacional ante el flagelo del trabajo infantil y la precarización, pues el mismo tendría que abogar por afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y de todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Una clase dirigente que se desentiende de cuestiones elementales que hacen a la libertad, la dignidad y la igualdad de los habitantes de nuestro país destruye su credibilidad y se deslegitima.
Los costureros de la Alameda y los cartoneros del MTE apelan a la conciencia social de los productores y del Gobierno para que dirijan su mirada hacia la cuestión social generada por un sistema inicuo y regresivo instalado hace décadas en los campos argentinos y exigimos el estricto cumplimiento de las convenciones, tratados y pactos internacionales que ponen fuera de la ley la trata de personas, el trabajo forzoso, la servidumbre y las prácticas análogas a la esclavitud y el trabajo infantil peligroso. En ese sentido entendemos que no basta con la formalidad de la ley sino que además se requiere la voluntad política de hacerla vigente. Reclamamos que uno de los puntos principales del dialogo que hoy comienza, sea la erradicación del trabajo infantil en el ajo, cebolla, tomate, arándano, zapallo, vid, la zafra, la avicultura y tantas otras ramas agrarias por donde se extiende este flagelo. Y también reclamamos que los trabajadores del campo sean encuadrados bajo convenio y se termine de una vez por todas las precarización laboral. Si la prioridad de la política y la economía es el bienestar de la gente, estos deberían ser los puntos prioritarios y no la mera discusión de la redistribución de una torta de cuyas porciones sospechamos que no comen quienes más lo necesitan.

Gustavo Vera por la Alameda y Juan Grabois por el MTE

BASTA DE UN PAIS CON DOS SISTEMAS: NI ESCLAVOS, NI EXCLUIDOS (ALAMEDA - MTE)

Conflictos en medios de comunicación en La Pampa

La Pampa está viviendo dos conflictos en medios de comunicación, uno de ellos es en la radio "Pampa LU 33" y el otro en "Canal 3", televisión del estado.

Difundimos comunicado

Conflicto en Canal 3 por recategorización

Los trabajadores de Canal 3 realizaron ayer una manifestación para protestar ante la falta de respuesta a los reclamos laborales. Con una ruidosa aplaudida impidieron que el noticiero de las 21 horas saliera en vivo y en directo. Como las autoridades estaban al tanto de la medida, el informativo salió grabado.
La protesta duró unos 40 minutos en la que los empleados manifestaron su descontento por las declaraciones en las que el gobernador Oscar Jorge dijo que no era momento para reivindicaciones.
Los trabajadores de la emisora estatal realizaron dos asambleas el día martes en las que mostraron su disconformidad por la indiferencia que muestran los funcionarios con el principal reclamo: la recategorización.
Ayer a la hora del informativo central los trabajadores realizaron una ruidosa manifestación en las que se escuchó un pedido: "que se vayan". Fuentes ligadas a los empleados contaron que la protesta se debió a la falta de respuesta a la nota que le enviaron al secretario General de la Gobernación , Raúl Ortiz hace 20 días. La semana pasada Ortiz le dijo a El Diario que el pedido de los trabajadores de Canal 3 se estaba analizando en la "comisión de salarios". Pero los trabajadores consideran que si se sigue demorando quedará afuera del Presupuesto Provincial 2010, que se debe presentar a fines de septiembre.
En los minutos que duró la medida de los empleados en los estudios de la emisora, el director de Canal 3 Heber Pregno estuvo presente en el lugar pero no intercambió palabras con los manifestantes. Los empleados también reclamaron que se vayan los gerentes.

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Incertidumbre para los trabajadores

La Pampa - Conflicto en LU 33

El empresario mendocino César Catena anunció que se desvincula de la radio LU 33 Pampeana y reina la incertidumbre entre los trabajadores, que no saben si cobrarán sus sueldos en los primeros días del mes y tampoco cual será el futuro de la emisora.
Los apoderados legales de las empresas LUCECA SA e IKELAR SA, Carolina Torres y Gastón Checheli, enviaron cartas documentos a los cuatro gremios que tienen afiliados en la radio. Comunicaron que las firmas se sienten engañadas en su buena fe y devuelven la totalidad de las acciones que compraron al anterior concesionario de la radio, el empresario Luis Legnani.

Los trabajadores seguirán emitiendo y pedirán el apoyo del Estado.

En conferencia de prensa, dirigentes de los cuatro gremios que agrupan a su personal informaron la recepción de una carta documento en la que directivos de las empresas "Ikelar" y "Luceca" denuncian haber "sido sorprendidos en nuestra buena fe por Luis Angel Legnani, Lucas Legnani y Hortensia del Valle Palavecino, quienes nos vendieron el 100 por ciento de las acciones de Radiodifusora Pampeana SA sin acreditarse como titulares de la licencia ante el Comfer".

Largo conflicto

Emisora Pampeana pertenecía al Estado nacional. En 1991 fue privatizada y concesionada a Luis Legnani. En 2005 la familia propietaria le vendió el paquete accionario a César Catena, un empresario mendocino que, aunque siempre actuó como dueño de la radio, negó reiteradamente su vinculación con la empresa, hasta ahora. El año pasado, sucesivos incumplimientos en el pago de sueldos provocaron un prolongado conflicto que incluyó dos paros, la intervención de Relaciones Laborales y la apertura de un expediente en el Comfer por parte de su personal. Este reclamo, precisamente, resultó la llave para que el empresario decidiera abandonar la empresa.

Carta documento

"Hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe por parte de los señores Luis Angel Héctor Legnani, Lucas Luis Legnani y Hortensia del Valle Palavecino, quienes nos vendieron el 100% de las acciones de la sociedad Radiodifusora SA sin acreditarse como titulares de la licencia ante el Comfer. Si bien el Comfer valoró positivamente los antecedentes de nuestras empresas para ser titulares de la licencia, pese a nuestros requerimientos nunca completaron el trámite ante el Comfer, lo que nos mueve a tomar la decisiones que dejamos expresadas en esta carta", expresan los apoderados de LUCECA e IKELAR.
"Ante tal situación y la imposibilidad de obtener la licencia, nos vemos en la obligación de resolver el contrato de compra por no resultar posible cumplir el objetivo del contrato, y atento a los términos de vuestra denuncia, como nuestro interés no es afectar derecho alguno, depositaremos los libros sociales y el libro de accionistas ante el juez competente de Radiodifusora Pampeana SA y pondremos en conocimiento del Comfer y del juez concursal esta situación de inmediato", agregan.
"Desde ya no nos oponemos a ninguna acción o petición de ustedes contenida en la denuncia antes referenciada, nos desligamos del asunto definitivamente y quedamos a vuestra disposición para el supuesto de que necesiten alguna documentación o antecedente que pueda obrar en nuestro poder", concluyen.

Incertidumbre

La novedad fue difundida ayer por los representantes de los cuatro gremios involucrados en la radio, Flavio Frangolini del Sipren, Javier Ernst (técnicos), Ernesto Maidana (espectáculos públicos) y las delegadas Claudia Camiletti y Sandra Cantera.
"Esta desvinculació n viene a confirmar que Catena era el dueño de la radio. LOUCECA es la empresa que tiene a su cargo como titular el inmueble rural donde funciona el coto de caza de Quehué de este señor", dijo Frangolini. "Los trabajadores están en una situación de incertidumbre total", indicó el dirigente.
Ayer los gremios informaron de la situación al Comfer y a Relaciones Laborales de la provincia, que tiene abierto un expediente desde el conflicto del año pasado, cuando se llegó al paro por el atraso en el pago de los sueldos. También responderán la carta documento pidiendo precisiones.
"La radio quedó sin gerenciamiento. Y los compañeros tienen que cobrar los sueldos en pocos días", alertaron los sindicalistas.
Los trabajadores y los gremios habían hecho una presentación ante el Comfer para intentar encarrilar la crisis endémica en la que está envuelta la emisora desde su privatización, en 1991. Uno de los pedidos es que vuelva a manos del estado.
En la asamblea que realizaron ayer, los trabajadores decidieron seguir trabajando con normalidad. Aguardarán las próximas horas para conocer si las firmas de Catena depositan los salarios de julio en sus cuentas.
"El dinero que ingresa en la radio por publicidad no alcanza a cubrir los gastos mínimos. Esa diferencia la venían solventando. Esperaremos si pagan los sueldos y habría que ver como se gestionan los sueldos de agosto. Y si no pagan, el conflicto será en tres días", comentó Frangolini.
"La radio volvería a Legnani. Pero su firma estaba concursada. Si no se hacen los pagos pautados, cualquier acreedor podría pedir la quiebra", comentó sobre la incierta situación de la emisora.
"No sabemos quienes son nuestros empleadores. Es una situación límite, apelamos a que los organismos competentes actúen", apuntó Camiletti.
Frangolini dijo que los reclamos en el Comfer obtuvieron como respuesta que "es imposible" que la radio vuelva al estado, razón por la cual "volvería a ser concesionada a un privado, a menos de que encontremos algún camino intermedio como que los trabajadores gestionen la propia radio"

Honduras, tan violentamente violentada


(AW) El nuevo golpe cívico-militar pone en jaque, una vez más, el límite entre la defensa a la democracia y la defensa a una presidencia. La derecha, tan bulgar y mediocre, en su lógica de hacer política desde el individualismo más egoísta, intenta propiciar, mediante la destitución de un presidente constitucional, la desunión y la idolatría al personaje-caudillo. Sien embargo, hay un pueblo que no da tregua a su integridad.


Por Alejandro Haddad

Agencia Rodolfo Walsh

Uno más

Para algunos medios desmemoriados, el de Honduras es el primer golpe de estado en muchos años. Sin embargo, los pueblos que han sufrido esos golpes sí recuerdan. Y cuentan que hubo intento de derrocar a Carlos Andrés Pérez por parte de Hernán Grüber Odremán (Venezuela, 1992). Y también, entre otros, estuvieron los golpes contra Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997); el intento de Ollanta Humala contra Alberto Fujimori (Perú, 2000); y el frustrado golpe contra Hugo Chávez (Venezuela, 2002).
Además, y como si faltaran ejemplos de violación a la democracia, el propio presidente de Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso en 1992, protagonizando un “autogolpe”. Pero hay todavía más. Los dictadores jugando a ver quién es más dictador, en el Paraguay de 1989 Andrés Rodríguez Pedotti derrocó a Alfredo Stroessner.
Para algunos inhóspitos pensamientos resignados, el de Honduras es un golpe más. Sin embargo, para otros muchos, Honduras bien podría estar siendo usada como testeo para medir la reacción internacional ante una nueva ingerencia de las fuerzas militares en cuestiones civiles.
Pero, ¿por qué es tan sonante este golpe en comparación con los sucedidos en las últimas dos décadas? Los porqués o los quizás pueden ser varios, y no es menester de este artículo develarlos, pero sí, en cambio, intentar explicar que el golpe en Honduras es uno más, en el sentido de la larga lista de mamarrachadas políticas de la derecha y sus intereses que atentan contra la dignidad de los pueblos, los fragmenta, y busca en la desunión el culto por el individualismo. Eso, además, de debilitar democracias que atentan contra las asonadas comerciales del imperio.

Mel Zelaya y el partido Liberal

A través de su estancia en la tierra, el partido Liberal hondureño viene sufriendo la disyuntiva de ser o no ser. Disyuntiva que le toca sentir al propio presidente legal Zelaya y a su desplazador Micheletti.
El presidente legal de Honduras, Manuel “Mel” Zelaya, pertenece al partido Liberal, un partido que hoy día está quebrado entre quienes lo apoyan y quienes lo detestan. Sin embargo Zalaya nunca renunció a su partido, ni tampoco fue expulsado.
Su partido de Zelaya, el Liberal, tiene su origen en un movimiento organizado en 1884 por el doctor Celeo Arias al cual llamó “Liga Liberal”. Dicho movimiento tuvo lugar nada menos que en Comayagua, donde cien años después, ­­­y bajo un gobierno liberal, se estableció la base aérea militar estadounidense de Palmerola (ver más delante).
El 5 de febrero de 1891 nace formalmente el partido Liberal. En sus bases fundacionales se expresaba, entre otras consignas, la inviolabilidad de la vida humana y la seguridad individual afianzada por la garantía del “Habeas Corpus”. Además, se proponían garantizar la libertad de expresión, de asociación, de culto, la igual civil, el sufragio universal, la educación gratuita, y la independencia de los tres poderes. Es decir, un partido Liberal.
Luego, al partido le sucedió gozar de presidencias y sufrir derrocamientos y exilios. Como suele suceder en esta América bipolar, dos partidos se disputaron tradicionalmente el poder en honduras: el Liberal y el Nacional. En medio, los interrupciones cívico-militares.
Entre tanto, Zelaya, en la larga historia de su partido, podría ser considerado más o menos liberal, según la consigna por donde se lo analice. En la letra del himno del partido, se destaca la figura del militar y político unionista Francisco Morazán (“¡Morazán con sus luchas libertarias inspiro con visión nuestro destino!”). Desde ese punto, Mel, quien se caracteriza por fomentar las Asambleas del Poder Ciudadano, y por haber adherido a propuestas como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez, quedaría como un fiel representante de su partido. Ahora, si se lo analiza según otra de las frases del mismo himno, que dice: “¡Nuestras filas de gente progresista son baluartes de nuestra democracia; son su fruto las leyes que tenemos en el Agro, el Seguro y el Trabajo!”, Manuel Zelaya, quedaría rayando la traición, ya que su preocupación de su gobierno pareció estar más cerca del campesinado, las comunidades indígenas y los pueblos garifunas que de aquellos conceptos tan abstractos como conservadores del “agro, el seguro y el trabajo”. El himno liberal, nombra las labores pero no a quienes las laboran. Niega en con el silencio a los hacedores de Honduras, precisamente, el campesinado, las comunidades indígenas y los pueblos garifunas.
Además de esa “falta”, Zelaya se convirtió en el primer presidente hondureño en visitar Cuba, luego de 48 años.
Esto resultaría imperdonable para un partido que comenzó pronunciando la inviolabilidad de la vida humana y se tornó amigo de los intereses multinacionales heredados de la United Fruit Company.
Por otro lado, desde un lugar diametralmente opuesto, Micheletti se presenta como un liberal íntegro, secuestrando a un compañero de partido y presidente constitucional, enviándolo luego al ostracismo diciendo que el ejército fue “benévolo” porque debió ponerlo prisionero por los “delitos cometidos”.

Honduras y la cuestión militar

Recién en Septiembre de 1998, una reforma constitucional convirtió al presidente de la Republica en Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Y siguiendo esa línea política civilista, el entonces presidente (liberal) Carlos Roberto Flores, nombra por primera vez a un civil como ministro de Defensa.
Pero en la historia siempre hay peros, y el mismo partido Liberal, años atrás propició la entrada del ejército de los Estados Unidos de arriba. La irrespetuosa ingerencia estadounidense en la soberanía de los pueblos a su autodeterminación, llevó a presionar al gobierno liberal de Roberto Suazo Córdova quien, durante su período presidencial (1982-1986), permitió el establecimiento de una base aérea de aquél ejército. De esa manera, Honduras se convierte no solo en faldero de los EE.UU de arriba, sino también en cómplice de las matanzas que la CIA propició en países como Nicaragua a través de los contras entrenados por sus agentes especiales.
La base de Palmerola, que alberga un promedio de 600 militares norteamericanos, fue escrachada en octubre pasado por miembros de distintas organizaciones campesinas, indígenas, sociales, artistas, militantes de Derechos Humanos, en lo que fue el cierra del II Encuentro Continental Frente a la Militarización.
No fue casual que el encuentro se realizara en ese país centroamericano. El primero se había desarrollado en el estado mexicano de Chiapas, donde operan, desde el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994, unos 50 mil efectivos militares. Al cierre de aquel primer encuentro realizado en San Cristóbal de las Casas, se decidió realizar el próximo precisamente en Honduras, dada la presencia de esa nefasta base aérea de Palmerola.
En tiempos de democracias consolidadas, el funcionamiento de la base no tendría razón de ser, a menos que los estados Unidos de arriba hayan quedado con ganas de más. Y esas ganas parecen haber reflotado en junio de este 2009.
La ingerencia de los EE.UU nunca se diluyó en los países que le están abajo sosteniéndole. En tanto, el presidente Zelaya, había manifestado su intención de convertir la base militar en un aeropuerto comercial.

De ALBAs y ALCAs

Precisamente durante las jornadas del II Encuentro Continental Frente a la Militarización, el Congreso hondureño se preparaba para ratificar su entrada al ALBA, siendo que meses atrás, el presidente Zelaya lo había propuesto. En esa oportunidad, me tocó cubrir el evento para la Agencia Walsh y el aire en Honduras se respiraba extraño. Por un lado, en los días previos, una fuerte huelga de más de 3000 profesores de todo el país paralizó la actividad educativa, exigiendo el cobro de haberes atrasados. Por otro lado, estaba la esperanza de los pueblos postergados de entrar a una alternativa real.
La entrada al ALCA puede tomarse como una cuota más que la súbdita Honduras pagaba con los ojos cerrados al gran imperio. En oposición, la entrada al ALBA, daba esa cuota de esperanza de querer empezar a desprenderse de ese monstruo que todo lo avasalla con su poderío militar.
En ese aspecto, Zelaya pareció estar más preocupado por una salida a la grave situación social y económica de su país –uno de los más pobres del continente-, que de querer vestir la boina roja de Chávez. El ALBA le garantizó a Honduras la llegada de petróleo venezolano a bajo precio, y la seguridad de un comercio un poco más justo con países de su tamaño. Pero Honduras no renunció al ALCA ni a los beneficios de tener un trato especial en las remesas que desde los Estados Unidos de arriba le envían sus compatriotas (ver más adelante).

Zelaya, los EE.UU de arriba y conflictos de visado

La relación entre Zelaya y los Estados Unidos de arriba ha sido un tanto tensa durante la administración de George W. Bush. Amparado o no en los últimos días de Bush en la presidencia, lo cierto es que Mel se despachó para decir algunas cosas acerca del país del norte.
En agosto de 2008, Manuel Zelaya revelaba públicamente que el gobierno de Washington le pidió a su par de Tegucigalpa, visa para el terrorista Posadas Carriles. Las gestiones las habría realizado, en el año 2006, el ex embajador estadounidense en Honduras Charles Ford.
El momento y el lugar para esa revelación fue la inauguración del proyecto de pavimento de una carretera en la localidad de Santa Bárbara. Zelaya dijo que la embajada de EE.UU “ha intervenido en golpes de Estado, promovido invasiones y guerras en otros países”. Y luego agregó: “nosotros fuimos víctimas de la Guerra Fría, cuando desde aquí se atacaba a Nicaragua”.
Todo esto tuvo su precedente en 2007, cuando al embajador hondureño ante la ONU, Jorge Arturo Reina, le fuera denegado su acceso a EE.UU por carecer de visa.
Por aquel 2007, nada menos que el embajador norteamericano en Honduras Charles Ford, era quien debía otorgarle el visado. En medio de las gestiones, Ford declaró que en otras ocasiones, los EE.UU les permitieron la entrada a embajadores de países que carecen de relaciones diplomáticas con EE.UU como Cuba, Irán o Corea del Norte, para participar de los congresos de la ONU en Nueva York.
Pero detrás de la maroma diplomática, estaba la pública simpatía de Reina para con el presidente cubano Fidel Castro. En tanto, Ford, casi a modo burlón, declaró que a Reina se le revocó el visado en tiempos en que Jhon Negroponte era embajador en Honduras (1981-1985). Negroponte, por si hace falta recordarlo, fue uno de los mentores de los “contra” que fueron entrenados por la CIA para invadir Nicaragua y derrocar al gobierno sandinista.
La administración Obama pareció dar un vuelco radical en este tema, cuando a principios de este mes decidió revocarle la visa al golpista Micheletti, y a sus ministros y familiares. Sin embargo, las multinacionales de origen estadounidense que comercializan en, y con Honduras, no reciben sanciones, como sí las reciben quienes intentan hacerlo con países como Cuba.

Honduras - Israel

A poco de producirse el golpe de estado, el presidente de la Comunidad Hebrea de San Pedro Sula, Stayerman Mataron, habría manifestado que Manuel Zelaya estaba llevando a Honduras a “ser parte de lo que es Venezuela”. Y luego añadiría: “hasta el momento nadie había tenido ninguna amenaza”, pero advirtió que “a eso íbamos con el presidente Zelaya.
Por su parte, el diputado venezolano Adel El Zabayar, denunció la implicancia de Israel en el golpe atribuyéndole financiamiento militar y la colaboración de sus servicios secretos (Mossad) en cuestiones de espionaje.
La preocupación de Israel en torno a la tendencia “chavista” de Zelaya, está aparejada al conflicto que el gobierno oriental mantiene con Irán, y el acercamiento de Chávez hacia ese país. Es decir, vislumbraron cierta propiedad transitiva: si Zelaya es igual a Chávez y Chávez es igual a Irán, Zelaya es igual a Irán. Bien. Sigamos.
Desde la década de 1980, una empresa de mentes y capitales israelíes participa de la “seguridad” de Honduras. Se llama “International Security and Defense Systems (ISDS)”, llegó para adiestrar a militares hondureños en la luchan contra las guerrilla y se quedó. El negocio de la seguridad no son los delitos, sino la fabricación de los mismos. O sea, primero ganan inventándolos (por ejemplo, mediante un golpe de estado), y luego ganan reprimiéndolos (por ejemplo, entrenando militares). Para aportar un dato más, el escuadrón de inteligencia que la ISDS formó en el país caribeño, está denunciado en el secuestro y desaparición de 191 personas.
La International Security and Defense Systems opera en casi todos los países de América Latina, además de haber sido denunciada de colaborar con la empresa Telefónica de España, en la región autónoma de Catalunya.

¿Tradición golpista O bama?

A menos de un año de gestión, el presidente Barack Obama se enfrenta al último golpe de estado en América Latina. Los presidentes de los Estados Unidos de arriba no tienen descanso.
En la nueva era generacional, los políticos han sido conchabados a estar del lado de la ecología y los Derechos Humanos. En esa línea, Obama se comprometió a reducir los gases tóxicos emanados a la atmósfera, y se sumó, junto a sus colegas del G8, a “donar” unos 20 mil millones de dólares para que los países de África “aprendan” a cultivar y así tengan qué comer. Los campeones del fat food enseñándoles a cultivar a pueblos que hace miles de años ejercen esa práctica. Bien. Sigamos.
Obama repudió el golpe indicando que el presidente legal de Honduras es Manuel Zelaya. Pero, para periodistas como Carlos Fazio, el golpe responde a una estrategia de Obama-Clinton. Según un artículo publicado en el periódico mexicano La Jornada, Fazio dice que la “estrategia opera con base en una política de varios carriles, que combina la intervención militar directa (Afganistán, Pakistán, Irak) con operaciones clandestinas de desestabilización (Venezuela, Irán, Honduras, Bolivia, Ecuador) y una diplomacia de doble vía”.
Para el caso, el retroceso estaría vinculado, a fortalecer el Plan Puebla Panamá, que tiene como protagonistas a México y Colombia (los dos países con mayor ayuda militar estadounidense de toda América). Los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Honduras, estarían demorando la viabilidad del plan.
Volviendo a Fazio, el periodista destaca que “la estrategia del clan Clinton y grupos del aparato institucional al servicio del complejo energético militar industrial, que presentan una política de hechos consumados para el aval de Obama”, se apoya en el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens. El diplomático, de origen cubano, está vinculado a Jhon Negroponte. Lllorens habría participado en la expulsión de Zelaya.

Entre tanto Obama.

La secretaria de estado de Obama, Hillary Clinton, ha propiciado una seudo negociación entre Zelaya y Michelleti, algo que está más cerca del alejamiento que de un acuerdo. La negociación está sirviendo para demorar los tiempos y darle chance a la consolidación del golpista. No es casual, quizá, que el derrocamiento se haya producido a solo cinco meses de la finalización del mandato de Zelaya. “Cinco meses pasan rápido”, habrán pensado…

¿Mel o la defensa a la democracia?


La desvergüenza de la derecha en los países de Amércia Latina es tan vulgar y grosera, que lleva a los pueblos dignos a defender a presidentes con quienes, quizá, no acuerdan en todo ni en parte. Los pueblos, en su legítima defensa del derecho a decidir por sí mismos, salieron a repudiar sin duda alguna el golpe cívico-militar en Honduras, un repudio que está siendo capitalizado por Zelaya como apoyo a su persona.
Para muchas administraciones, la consolidación del golpe puede ser un grave antecedente que contagie a otros ejércitos. Pero los pueblos saben que ese contagio de violencia emanada de arriba, no precisa necesariamente estar vestido de verde oliva. Como ya vimos, en Perú hubo un autogolpe, y en países como Colombia o México, la militarización está dada por la excusa a la lucha contra las guerrilleras y los carteles del narcotráfico. En la Argentina no se precisa de ningún aparato militar en el poder para desaparecer a Migueles Brus, o Julios López o Lucianos Arrugas.
Para el caso, en Honduras lo que se defiende es la democracia más allá de quien porte la banda presidencial. La democracia defendida no es un individuo sino un pueblo.
Pero los golpistas, en su eterno divagar mediocre, van logrando que democracia sea sinónimo de un individuo; que Zelaya sea versus Micheletti. Individuo contra individuo. Porque, en definitiva, la lógica egoísta e individualista de la política capitalista y su escuálido concepto de democracia, se mantiene.
Pero como en la historia siempre hay peros, está el pueblo de Honduras. El heroico pueblo de Honduras, que es uno porque está lleno de diversidad.

jueves, 30 de julio de 2009

"Si no los puedes derrotar, únete a ellos"


Desde las tribunas de la Sociedad Rural, la Mesa de Enlace realizó el acto más virulento que se recuerde desde las épocas de “la 125”. Sus dirigentes atacaron a “un gobierno que no se da cuenta que perdió las elecciones”, pero también a “una oposición que no sabe que las ganó”.
¿Cuál es la razón de los ataques y, en particular, de este último? Los ruralistas se desayunaron con que la principal de sus reivindicaciones, una rebaja de las retenciones a la soja, tampoco figura en la agenda inmediata de la mayor parte de la UCR, del ‘peronismo disidente’ y de Macri, ni en la del partido socialista. Sólo cuentan con el respaldo fanatizado de Carrió (no de todo el Acuerdo Cívico) y de Cobos. Los diputados oficialistas enviaron un proyecto para reducir sustancialmente las retenciones al maíz y llevar a cero las del trigo, junto con compensaciones en los fletes. El gobierno también anunció subsidios a los tamberos, que saldrán del presupuesto público pero no, naturalmente, de los superbeneficios que perciben supermercados y monopolios industriales en la “cadena de la leche”. La suma de esta primera factura es cercana a los 400 millones de dólares. Estas medidas expresan un intento de dividir al frente del capital agrario y aislar a una fracción de los sojeros.
A pesar de ello, la cuestión de la soja no ha salido del temario. La Mesa de Enlace tiene una fuerte carta de extorsión, que es negar su participación en el Consejo Económico y Social, y tiene el apoyo de la Asociación de Empresarios, que reúne a los principales pulpos capitalistas. El afán de incrementar las ganancias por las exportaciones de soja choca, sin embargo, con los intereses de los otros sectores del capital agrario, que se ven desplazados por aquel poroto, y con el peligro que representa una disminución de las retenciones para que se descontrole el déficit fiscal. Es lo que se encargó de destacar el diputado radical Morini, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso: “Hay que cuidar el perfil fiscal”. “Aún estos opositores radicales – comenta Ámbito Financiero del 28/7– creen que es peligroso desfinanciar al Estado”. Por eso, cuando se reunieron, Cristina y Macri “avanzaron en una idea conflictiva: bajar fuerte los gastos por 40.000 millones de pesos en subsidios, a cambio de aumentos en las tarifas públicas” (Clarín, 24/7).

El nuevo canje

La preocupación por la caja del Estado no sólo responde a que el gobierno está “raspando la olla” de la Anses y hasta del Banco Nación, y a que los Estados provinciales se acercan a la quiebra y a la emisión de cuasi monedas. Ocurre que la camarilla oficial se ha lanzado a una nueva operación financiera: el canje de los títulos públicos de deuda en pesos, ajustables por inflación, por otros títulos de vencimiento más prolongado, con rendimientos elevados. Toda la burguesía impulsa esta operación: los bancos tienen entre el 30% y la mitad de estos bonos y el canje representaría un aumento de su precio en más del 50%, lo que se dice un hiper-negociado. De ahí que los banqueros estén dispuestos a postergar una rebaja de las retenciones a la soja si obtienen semejante ‘premio’. Por otro lado, “7 de cada 10 pesos de deuda atada al CER ya está en manos de la Anses, el Banco Nación y el Banco Central” (Cronista, 28/7). El canje significará para estas instituciones congelar sus recursos por un tiempo muy prolongado y quedar expuestos a una futura desvalorización, ‘default’ o confiscación. Al final, la deuda externa se ha transformado en intra-estatal, lo que significa que será pagada por depositantes, fondos públicos y aportes previsionales. Los acreedores capitalistas han ido cobrando, por tandas, la totalidad de la deuda.
Para ser “sustentable”, una nueva emisión de deuda debería ser parte de un paquete financiero más completo, o sea de la capacidad para contraer nueva deuda pública. Esto exige una política de ajuste, un ‘arreglo’ con los acreedores internacionales que tienen créditos sin cobrar (incluidas las indemnizaciones a Marsans y las renegociaciones de precios con las privatizadas) y, al final pero no muy lejos, el FMI.

Crisis política

Los choques a cuatro y cinco bandas, después de las elecciones, implican un agravamiento de la crisis política. Una ruptura con la Mesa de Enlace dejaría sin sustento al “Consejo Económico y Social”, al que apuesta el maltrecho gobierno “K”. “Ganamos en la calle, en el Congreso y en las urnas”, bramó Biolcatti en el acto de la Rural, en lo que constituye un reclamo para tomar el poder. Hasta un sector de la UCR –el de la Capital– denunció que este planteo conlleva intenciones “destituyentes” y aludió a “los mismos que tiraron a De la Rúa en 2001” (Duhalde, Techint, Arcor). El radicalismo (al menos un sector) teme que un final prematuro del kirchnerismo termine en manos de los Duhalde.
Los De Narváez y Solá reclaman “una interna en el pejota” que deje a los K sin sustento. La burguesía en su conjunto, incluida una mayoría del gobierno, quiere “ordenar” al conjunto de las relaciones sociales en función de la nueva agenda financiera vinculada con una salida capitalista a la recesión y a la quiebra. Ello liquidará los escasos recursos de arbitraje con la clase obrera que aún le restan a los K. Mientras Boudou preparaba el canje de deuda, Aníbal Fernández le aseguraba al país que “Massuh, muy pronto, volverá a ser privada”.
“Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”. A fuerza de agitar el fantasma de la “restauración conservadora”, el kirchnerismo sortea su destitución haciéndose cargo, por aproximaciones sucesivas, de la agenda de los destituyentes. Se terminó el verso ‘nacional y popular’. Los trabajadores nos enfrentamos a la tarea de desarrollar una alternativa política propia –una alternativa anticapitalista.

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Foto: Argentina - La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el envío al Congreso del proyecto de ley modificatorio de la Ley de Administración Financiera del Estado. / Autor: Presidencia de la Nación

miércoles, 29 de julio de 2009

José Martí: primer pensador del Tercer Mundo


Ernesto Che Guevara desde la Sierra Maestra en respuesta a su coterráneo Jorge Ricardo Masetti, cuando le preguntó que hacía un joven médico argentino en una revolución que no tenía nada que ver con su patria, aseguró: “En primer lugar, yo considero mi patria no solamente a la Argentina, sino a toda América.
Tengo antecedentes tan gloriosos como el de Martí y es precisamente en su tierra donde yo me atengo a su doctrina. Además, no puedo concebir que se llame intromisión al darme personalmente, al darme entero, al ofrecer mi sangre por una causa que considero justa y popular, a ayudar a un pueblo a liberarse de una tiranía”.
La admiración guevariana por José martí se manifestó luego del triunfo de la Revolución Cubana, cuando ya pudo apreciar que ella se encontraba en medio del contexto de la descolonización de los países subdesarrollados. Y casi en el alba de 1960 en ocasión del natalicio de Martí aseguró que él era el mentor de ese proceso gracias a una interpretación justa de los momentos históricos en que se vivía. Por eso lo calificó como mucho más que cubano, un americano que ya pertenecía a todos los demás países del continente.
Che ya había asegurado que el Maestro había sido el mentor a cuyas palabras tuvo necesidad de recurrir con anterioridad. Pero además subrayó que era necesario no olvidarlo ni colocarlo como una especie de postal antigua, pues quien vivía aún a pesar del tiempo transcurrido continuaba aconsejando a todos con su deleitación, para ratificar el consejo que asegura la necesidad de hacer “en cada momento lo que en cada momento es necesario”.
Desde tales opiniones el Che advirtió muy temprano que José Martí ya estaba consagrado por los valores que fue capaz de entregar al futuro, no sólo en su patria, como el primer pensador del tercer mundo. De cierta manera así ratificaba además lo expresado por Fidel Castro, quien en su alegato La Historia me Absolverá afirmó que no era posible dejar morir al Maestro, precisamente en el año del centenario de su nacimiento. Para eso se hizo el asalto al cuartel Moncada y la continuidad de los combates en sierras y ciudades para alcanzar la victoria.
El joven abogado Fidel Castro, incriminado por el tribunal de Santiago de Cuba para conocer que segmento politiqueros se habían enrolado en aquel episodio fue muy claro y directo. La revolución continuidad de la que nació desde el siglo XIX bajo el llamado de Carlos Manuel de Céspedes no estaba alimentada por verdugos ni políticos de turno.
La resonancia de tan importante acontecimiento dejó claro para el futuro que el autor intelectual del Moncada, no era otro que José Martí con su claro mensajes para levantar una república diferente donde prevalecieran la igualdad y la dignidad de todos los cubanos por igual.

Miralys Sánchez Pupo
Colaboradora de Radio Rebelde
web@radiorebelde.icrt.cu
28 de Julio del 2009, 9:12 a.m.

La Reforma Sanitaria en la agenda política

De cada peso que se gasta en salud el Estado pone sólo 25 centavos, 35 lo ponen las obras sociales y 40 la gente de su bolsillo. En términos del porcentual del PBI el gasto argentino alcanza al 9% del mismo.
Pero de ese 9% el estado solo aporta el 1,9% ( la Organización Mundial de la Salud recomienda el 5%) y la gente de su bolsillo gasta más del 3,5%. Bajar ese gasto de bolsillo que impacta mas entre los pobres solo se puede lograr aumentando el gasto estatal. Sería una manera concreta de redistribución y combate a la pobreza.
En los medios de comunicación, hasta el comienzo del dengue, el 90% del espacio dedicado al sistema de salud se refería a los fondos de las obras sociales y las cuotas de la medicina prepaga. El sector público competía como modesto tercero en las referencias a través de la glosa de algún conflicto sindical.
Este sector, cenicienta de la consideración mediática y del aporte presupuestario, soportó y soporta el 90% de la carga en la emergencia sanitaria.
La primera enseñanza es que con un sector público en tan bajo nivel de prioridad política no se pueden enfrentar los desafíos sanitarios de la época.
Otra evidencia es que no tenemos Ministerio de Salud de la Nación. La presunta federalización y municipalización de la salud en los 90 fue solo un artilugio para transferir desde el estado nacional a las provincias la mayor parte del gasto social. El ministerio nacional quedó reducido a una oficina sin capacidad de gobernar el sistema. Es el propio Ministerio de Salud el que no tiene peso a raíz del desguace intencional de las políticas neoliberales.
La segunda gran enseñanza de esta crisis es la imperiosa necesidad de terminar con la anarquía del sistema de salud recuperando el rol del Estado Nacional.
Lo que piensa el actual ministro acerca de quienes son los actores de mayor importancia en el sistema de salud quedó expresado en su agenda. Sus dos primeras reuniones fueron con la CGT y los dueños de las prepagas.
Los representantes de los trabajadores de la salud del sector público no fuimos escuchados ni recibidos, aun cuando llevamos sobre nuestras espaldas todo el peso de la epidemia.
Al comienzo de la epidemia de gripe porcina el ministerio de salud convocó a médicos comunitarios que trabajan en negro y que llevaban en mayo 4 meses sin cobrar. Luego el centro nacional de referencia pasó a ser el Hospital Posadas donde el 90% de los profesionales que atienden la gripe en el área de emergencia trabajan en negro. No puede haber políticas de salud decentes sin trabajo decente en salud.
Los primeros reportes nos hacen presumir que un importante porcentaje de los pacientes fallecidos por gripe porcina no había recibido medicación antiviral.
¿Por qué se tardó tanto en establecer la norma de tratamiento amplio para todos los casos sospechosos? Sencillamente porque no teníamos oseltamivir disponible para todos. Brasil en cambio había acumulado en su laboratorios estatales 10.000.000 de dosis en abril. Sin producción pública de medicamentos, sueros y vacunas estamos a merced de lo que las multinacionales nos quieran entregar.
El debate social debe culminar en nueva Ley Nacional de Salud que exprese los lineamientos de la reforma necesaria fortaleciendo en sus aspectos operativos y presupuestarios al sistema público de salud. Lo resumimos en tres palabras: Volver a Carrillo.
Es por ello que como representantes de los profesionales del sector público de salud hacemos un llamado al Poder Ejecutivo, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil a incluir el tema de la reforma sanitaria entre las prioridades de la agenda política.
No queremos ir a otra guerra sin generales, sin escudos y sin armas. La pérdida de esta oportunidad se pagará en enfermedad y muerte evitables de miles de argentinos.

Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa). Miembro de la Mesa Nacional de la CTA.

Gripe A: Argentina en el ojo de la tormenta por las nuevas muertes

Un relevamiento realizado por un conocido medio nacional, con las cifras que actualizaron las provincias, indica que ya son 219 fallecidos por el virus y todavía se espera el resultado de los estudio de 40 casos bajo sospecha.
En Argentina 219 personas murieron por gripe A, según reportes de autoridades sanitarias provinciales, mientras que se aguardan los resultados de más de 40 casos mortales sospechosos que fueron enviados al Instituto Malbrán para su estudio.
Estas cifras colocan al país muy cerca de Estados Unidos, ubicado en el primer lugar por número de decesos con 263 casos mortales. Expertos del mundo tienen sus ojos en Argentina para prever qué podría suceder en los países donde aún no ha llegado el frío.
Los datos surgen de un relevamiento realizado distrito por distrito, según el monitoreo que están realizando los ministerios de Salud provinciales.
Cada provincia envió al Instituto Malbrán las muestras de los casos sospechosos para realizar sus propios informes, que reportan, generalmente, dos veces por semana.
Algunos distritos aún aguardan para las próximas horas los resultados del laboratorio, entre ellos, Tucumán con 25 casos sospechosos y Salta, con 19.
La elaboración de reportes autónomos responde a que la cartera Nacional no actualiza su parte oficial desde el 14 de julio, cuando la OMS recomendó abandonar el conteo de casos individuales en los países que experimentan una amplia transmisión del virus.
"No se están haciendo partes diarios y se realizarán informes periódicos. Aún no hay una definición respecto a cuál será esa periodicidad", dijeron al portal de noticias del diario La Nación fuentes del ministerio de Salud de la Nación ante la consulta por cuál será el registro que realizarán de aquí en más. Según el último informe realizado por la cartera, el número de muertes por la gripe es 137.
No obstante, la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, había pedido durante una reunión denominada "Lecciones aprendidas de la influenza tipo A/H1N1", vigilar "con mucho cuidado" la evolución de la influenza A en el hemisferio sur.
Para los especialistas ahora resulta importante dar seguimiento al comportamiento en la temporada invernal y en grupos que al principio no eran considerados de riesgo.
Las provincias más afectadas. La provincia de Buenos Aires es la que registra el mayor número de muertes por el virus, con 79 casos confirmados, donde sin embargo se registra un descenso considerable en el número de consultas por el virus. "El pico en la provincia lo registramos hace un mes. Hace días que el número de consultas por la gripe viene en disminución", dijo a lanacion.com el jefe de Epidemiología bonaerense, Mario Massana Wilson.
En tanto, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, señaló que en el ámbito de la Capital Federal hay 19 fallecidos confirmados y tres muertes probables.
Otras de las provincias más afectadas son Santiago del Estero, con 7 decesos, Río Negro, con 6 y Neuquén y Corrientes, con 5 muertes confirmadas.

CORRIENTES NOTICIAS

martes, 28 de julio de 2009

Marcha contra el golpe en Honduras


El Partido Comunista de los Trabajadores adhiere a la Marcha y se reúne en El Molino, Callao y Rivadavia, a las 17.15 hs.

CONVOCATORIA UNITARIA CONTRA EL GOLPE EN HONDURAS


MIÉRCOLES 29 DE JULIO
17:30 HS PLAZA CONGRESO

MARCHA AL CONSULADO DE HONDURAS

NO AL GOLPE DE ESTADO

Las organizaciones abajo firmantes convocamos y marchamos el miércoles 29 de julio 17:30 hs desde Plaza Congreso hasta el Consulado de Honduras, en apoyo a la resistencia de los trabajadores y el pueblo hondureño, en repudio y contra el golpe de estado en Honduras.

Es necesaria la más amplia movilización internacional para derrotar a los golpistas.

NO AL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Firmas: Asociación Ex-Detenidos Desaparecidos,CTA, FIDELA, Liberpueblo, Abogados Laboralistas de Izquierda, Nuevo MAS, PTS, IS, PCR, MST, FETERA Flores, Corriente J. A. Mella, FPDS, FOL, FTC, Agrup. YA BASTA!!, Agrup. En Clave Roja, Org. Est. Lobo Suelto, Colectivo La Trifulca, SL, Signos del Topo, FOS, Las Rojas, GEAL, J.I. Htal. Garrahan, Otro Camino Para Superar La Crisis, Corriente Internacional Socialismo o Barbarie, C.I Prensa Diario Crónica, Del.Gral. Frig. Ecocarnes, Agrup. El Antídoto Htal. Francés, Agrup. Trabajadores Sin Cadenas, Contra Imagen, Red Nacional de Medios Alternativos, Periodista Daniel Cares, Librería Gallo Rojo, Editorial Antídoto, Gacetillas Argentinas, Confraternizar Hoy, Agrup. Juv. ¿Hasta Cuando?, Lista Violeta Prensa, Agrup. Docente Carlos Fuentealba-Lista Gris, PRS, El Viejo Topo Poder Estudiantil, MIR, Comité Universitario Plan B, Agrup. Prohibido Prohibir, Colectivo Rompecabezas, Sin Nomenklaturas, Grupo de Profesionales Latinoamericanas/os Contra El Abuso de Poder, Resumen Latinoamericano, Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, Gerardo Romagnoli, Duilio Pierri artista plástico,PCT,PO,AGD-UBA,PC


Enviar firmas: noalgolpeenhonduras@gmail.com

COMITÉ CONTRA EL GOLPE DE HONDURAS

Jujuy: 10º encuentro de la UAC: Asambleas sociales ratificaron su rechazo contra el modelo de saqueo de los recursos naturales


Organizaciones sociales de diversas provincias se congregaron en Jujuy para debatir la política ambiental del Gobierno y las alternativas de cambio impulsadas desde las asambleas populares. Marcharon hacia la Casa de Gobierno jujeño en repudio a la proliferación de explotaciones mineras en esa provincia. Histórico escrache al ingenio Ledesma. El debate en comisiones. Córdoba fue designada como sede del próximo encuentro nacional.
Durante el fin de semana pasado las ciudades jujeñas de San Salvador y Libertador General San Martín fueron el escenario donde centenares de representantes de asambleas ambientales y organizaciones de pueblos originarios de todo el país se congregaron en contra del sistema de saqueo de los recursos naturales.
Bajo el lema “Contra el saqueo de los bienes naturales y la contaminación, por la soberanía alimentaria y la vida”, el décimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas tuvo uno de sus momentos más emblemáticos el viernes cuando cientos de personas marcharon por las calles de la capital jujeña hasta la Casa de Gobierno local.
Frente al palacio del Poder Ejecutivo los manifestantes reclamaron a las autoridades un drástico cambio en la política ambiental que ejerce, sostenida en acciones promotoras de explotaciones mineras a cielo abierto y el desmonte de bosques nativos entre otros factores que agravan la problemática socioambiental.
“En el caso de la megaminería, el modelo de este Gobierno se expresa a través de un sistema de producción que dinamita los cerros, utiliza químicos contaminantes y enormes cantidades de agua para separar los minerales de las rocas, generando grandes desechos tóxicos y contaminación. Este mismo modelo productivo se manifiesta en el campo mediante el monocultivo de la caña de azúcar o de la soja transgénica, expulsando a las comunidades originarias de sus ancestrales territorios”, sostuvieron militantes de la UAC.
Entre otras provincias, estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales de Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, Chubut, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Salta.

El ingenio Ledesma, receptor del repudio popular

Al término de la segunda jornada de la 10º UAC, la energía colectiva encontró a las organizaciones saliendo nuevamente a la calle, esta vez en Libertador San Martín donde se realizó un histórico escrache al complejo agroindustrial Ledesma (allí funcionan un ingenio azucarero, una papelera, una sojera, producción citrícola, petróleo, frigorífico, etc.).
Durante la marcha, los asambleístas denunciaron la enorme contaminación que deriva de las grandes montañas de bagazo de la caña (causa la enfermedad bagazosis) que despiden diariamente olores nauseabundos. Además, se quejaron por los piletones donde se depositan los desechos tóxicos de la industria papelera, volcados luego al río San Francisco, y por los gases que emanan las chimeneas de la planta.
La marcha del sábado finalizó frente a la “Rosadita”, una enorme mansión de más de 100 años que, según relataron los participantes de la protesta, data de la época en que se esclavizaba a los pueblos aborígenes para trabajar en la zafra del ingenio, hasta la última dictadura militar.

El debate en comisiones

Las principales problemáticas debatidas en el encuentro giraron en torno a la relación entre los distintos problemas socioambientales: la megaminería, el avance de los agronegocios y la contaminación urbana, como parte de un modelo extractivo y de consumo que prioriza los negocios por sobre los bienes naturales y la salud de los pueblos.
“Nos pretenden confundir y disuadir con falsas promesas de trabajo y ‘desarrollo’. Nada más alejado de la realidad. En cada territorio tenemos cada vez más pobreza y menos tierras”, como expresaron las organizaciones campesinas indígenas.
Por otra parte, se identificó a la criminalización de la protesta social como un fenómeno que se expresa en las distintas provincias, amedrentando a las organizaciones sociales que se manifiestan en contra del modelo imperante.
En el encuentro también se abordó la temática del Ordenamiento Territorial, donde las organizaciones afirmaron no haber encontrado hasta el momento un espacio a la hora de decidir sobre los futuros proyectos regionales.
Además, se definieron numerosas propuestas y acciones sincronizadas a realizar en diferentes lugares del país durante septiembre, en contra del modelo sojero y megaminero.
A su vez, se manifestó un fuerte repudio a los fondos provenientes de Minera Alumbrera destinado a las Universidades Nacionales.
También se repudió el accionar del gobierno peruano contra las comunidades originarias y al reciente golpe de Estado en Honduras.
Finalmente, se eligió como próxima sede del encuentro a la ciudad de Córdoba capital, para los días 11, 12, y 13 de diciembre de este año.
“Las organizaciones de todo el país queremos un modelo productivo que asegure un futuro libre para nuestros hijos e hijas. Un desarrollo que cuide la salud de toda la población del campo y la ciudad, que garantice una vida digna para los trabajadores y campesinos, respetando las culturas originarias y las organizaciones sociales. Queremos un modelo que priorice las formas de producción sustentables de cada uno de los territorios y valorice el conocimiento de sus pobladores ancestrales, el cuidado de nuestros montes, suelos y ríos, un modelo en el que participemos todas las personas con equidad y soberanía alimentaria”, concluyeron los participantes.

Foto: Argentina, Jujuy - La empresa Ledesma es acusada de contaminación y de haber sido funcional a la dictadura militar. / Autor: UAC

FARC: "Tajantemente negamos haber entregado dinero a ninguna campaña electoral de ningún país vecino"


1. La autorización presidencial para instalar 5 nuevas bases militares estadounidenses en territorio colombiano es un acto de alta traición a la patria, una afrenta a la dignidad nacional y a la memoria de todos los mártires del ejército libertador de Bolívar que entregaron su vida luchando contra el yugo del imperio colonial y por la independencia.
2. Luego del rotundo fracaso del Plan Colombia y del acrecentado sentimiento anticolonial que recorre a Latinoamérica, no hay duda que esta nueva etapa de la invasión gringa tiene como objetivo principal a la insurgencia revolucionaria, a tiempo que se constituye en cabeza de puente de una guerra, dirigida desde Washington, contra gobiernos, países y pueblos hermanos que luchan consecuentemente por un desarrollo soberano y por la integración latinoamericana.
3. Los anuncios sobre el escalamiento de la invasión norteamericana a Colombia se hacen en medio de nuevos escándalos de corrupción practicados por la pandilla uribista desde el Palacio de Nariño, corruptelas que avergüenzan al país ante el mundo y que llenarán de rabia e indignidad a las futuras generaciones por el ánimo sanguinario, el cinismo, la avaricia y la impudicia que caracterizan a la mafia que hoy gobierna al país.
4. Como nueva cortina de humo y buscando agredir al señor presidente del Ecuador Rafael Correa, Washington y Bogotá manipularon un video de las FARC sacando de su contexto el documento. Tajantemente negamos haber entregado dinero a ninguna campaña electoral de ningún país vecino.
5. Nuestra decisión de lucha por una paz democrática y por la Nueva Colombia, está más alta que nunca. El pueblo de Colombia y de toda Latinoamérica y el Caribe sabrá responder, como lo evidencia nuestra historia, ante esta nueva agresión del imperio del norte y de sus cipayos.

La Patria se respeta, ¡fuera yanquis de Colombia!

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, julio 25 del 2009

Un manual para represores


La dictadura en retirada barrió con todo tipo de pruebas del plan criminal que había ejecutado, pero en ciertos reglamentos militares dejó escrito parte de su sustento doctrinario y su metodología del terror. Uno de ellos, referido a las “operaciones psicológicas”, establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”.
Documentos similares son parte de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por los sicarios del Estado, como el “Plan del Ejército, operaciones contra elementos subversivos”, que describe las acciones concretas para la toma del poder y habla de “aniquilar la subversión”. Pero hasta ahora no había aparecido una admisión tan clara de directivas basadas en acciones ilegales. Por eso la Justicia acaba de ordenar la reapertura de una causa para investigar el contenido “explícitamente delictivo” de este manual, que estuvo vigente hasta 1997.
Aunque parezca una paradoja, fue el defensor de un genocida quien puso el foco en el reglamento RC-5-1 del Ejército Argentino sobre Operaciones Sicológicas, dictado por el general Alejandro Lanusse el 8 de noviembre de 1968. Hace cuatro años, el abogado Florencio Varela, en representación del general retirado Santiago Riveros, quiso mostrar que su contenido daría legitimidad institucional al accionar de su defendido, con el absurdo argumento de que un simple reglamento militar es superior a la Constitución y a la legislación.
A contramano de todas las herramientas legales que hicieron posible el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, desde el Juicio a las Juntas hasta la anulación de los leyes de impunidad pasando por la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, Varela pretendió justificar aquellos crímenes en el marco de la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Dijo el letrado que “el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares”.
La línea de pensamiento es que las “acciones contra la subversión no fueron delitos de lesa humanidad sino que estaban en las tácticas militares de la contraguerrilla”.
El abogado Alberto Pedroncini, querellante en la causa sobre el Plan Cóndor en la que está imputado Riveros junto a otros represores, tomó contacto con la presentación de Varela y consideró que los reglamentos citados contenían la descripción de delitos de manera “explícita”. Por eso hizo una denuncia ante la Procuración que fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
Así, mediante un oficio al Ministerio de Defensa, obtuvo el texto autenticado y completo de los manuales en cuestión, en los que abundan instrucciones entre banales y terroríficas. Rafecas avanzó al principio con entusiasmo pero luego de tres años mandó el expediente al archivo porque no encontró conexión entre el manual y algún suceso que materializara sus directivas. Para el magistrado, la creación misma del reglamento no constituía delito penal.
El fiscal Gerardo Pollicita apeló y el mismo criterio mantuvo el fiscal de Cámara Germán Moldes. A principios de julio, la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el caso.
Página/12 tuvo acceso al RC-5-1 sobre “Operaciones Sicológicas”, que en uno de sus párrafos describe el “método de acción compulsiva” como “toda acción que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas, actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre, lo inconsciente (sic). La presión insta por acción compulsiva apelando casi siempre al factor miedo.
La presión sicológica engendrará angustia, la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror, y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental (...) la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de acción sicológica transitarán por este método de acción compulsiva”.
Las 170 páginas del reglamento RC-5-1 reflejan la estructura de la cadena de mando prevista para las OS (Operaciones Sicológicas), divide las OS de las fuerzas terrestres en “operaciones de represión militar, de inteligencia y de asuntos civiles”, y establece que “las OS se dirigirán directamente contra el insurgente armado, contra los elementos que apoyen a los insurgentes y hacia la población civil”. En cuanto a la ejecución de las OS, sostiene que sus planes y programas “tratarán de crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del gobierno”.
En cuanto a los “blancos” de las OS enumera: “elementos irregulares enemigos, elementos clandestinos, civiles que simpaticen con el movimiento subversivo, civiles que simpaticen con el gobierno legal, civiles no comprometidos, fuerzas militares legales y naciones que apoyen a las fuerzas irregulares”. Y en uno de los párrafos en que describe los medios y técnicas de las OS, señala que “las fuerzas militares legales podrán contribuir a aislar a las fuerzas irregulares enemigas, apelando a su función de protectores y guardianes de la paz.
Las demostraciones en masa, el contacto personal entre soldados y pobladores civiles, la participación en deportes comunes y las reuniones de todo tipo contribuirán a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los elementos irregulares. La tropa deberá estar perfectamente instruida a efectos de lograr un impacto sicológico positivo en la población”.

Los medios “ocultos”

En la última página del articulado el reglamento RC-5-1 divide los medios previstos y autorizados de acción psicológica en tres campos: naturales, técnicos y ocultos. Entre los dos primeros menciona el “cara a cara, agentes visuales y orales, actos públicos, altavoces, la radio y la televisión”, y en “ocultos” incluye “compulsión física: torturas de tercer grado. Compulsión síquica: anónimos, amenaza, chantaje, seguimiento físico, persecución, secuestros, calumnias, terrorismo, desmanes, sabotaje, toxicomanía, alcoholismo y drogas. Lavado de cerebro”.
Para Pedroncini, este reglamento “revela el perfil más perverso” de las instrucciones para la represión ilegal. Página/12 le preguntó en qué se diferencia de los manuales militares que ya se conocen, como las “Instrucciones para operaciones de seguridad” que establecía separar a los detenidos entre “hombres, mujeres y niños luego de su captura”, documento que integra el expediente sobre el plan sistemático de apropiación de menores. “Lo que hacen esas normas tramposas es legalizar el comienzo del procedimiento, darle una forma que permita cometer el delito sin decirlo, como la que habla de esos allanamientos en casas particulares y marcaba que había que separar a hombres, mujeres y niños, luego en el resto del reglamento aparecía como si esos grupos fueran tratados de acuerdo a la ley.
En cambio acá no hay máscara”, respondió el letrado, y remarcó que por esa razón lo eligieron para hacer una denuncia específica que investigue el contenido explícitamente delictivo de este tipo de manuales. “Cuando Florencio Varela presentó su escrito en el expediente hizo una referencia más categórica a ese reglamento, era el que les justificaba más cosas, por eso decidimos zambullirnos en ése. Con el doctor (David) Baigún nunca antes habíamos visto nada tan explícito en cuanto a describir por su nombre a los delitos, como torturas de tercer grado, o una serie de acciones que derivan en delito, como la descripción del método de la acción compulsiva, que menciona que ‘la fuerza implicará coacción y hasta la violencia mental’”, agregó Pedroncini.

Reglamentar las atrocidades

La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1984 mencionó la falta de constancias escritas de las órdenes criminales, al expresar que “no es de extrañar que del análisis de normas escritas que efectuara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resultaran todas formalmente inobjetables”. Sin embargo, militares de todas las épocas pusieron en blanco sobre negro muchas de las prácticas habituales que constituyen delito. “En la Escuela de las Américas enseñaban directamente cómo quebrar la voluntad del oponente con la tortura. Estos métodos están escritos. Estaquear al soldado está por escrito, le llaman calabozo de campaña”, dijo el coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida).
“El plan del genocidio está estipulado en la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo la tutela de Estados Unidos, y la prueba es que todas las dictaduras de la región hicieron lo mismo. Hoy mismo la acción psicológica sigue rigiendo en Honduras”, completó. Página/12 le preguntó sobre la tortura “de tercer grado” que menciona el reglamento RC–5-1. “Sería la más leve, si es que puede haber grados en esta atrocidad, como cuando (George) Bush decía que el submarino estaba permitido, o algunos países que avalan la tortura hablan de ‘leve descarga eléctrica’”, respondió Ballester. Y reveló una experiencia personal: “Yo estaba en el candelero y todavía estaba Lanusse en el poder, entonces hicieron circular que yo me había ido con una guerrillera, la llamaban a mi señora para decirle eso, estaban usando la calumnia”.
El abogado Pedroncini cree ver la impronta de la llamada Escuela Francesa en materia represiva, pero al coronel Ballester le parece que el reglamento en cuestión puede ser una traducción de algún manual norteamericano de la Escuela de las Américas. “Cuando me recibí, los oficiales no podían usar bigote y los solteros tenían que vivir en el cuartel. Hay reglas que fueron quedando a través de los siglos, que trajo San Martín, como los tribunales de honor; unas absurdas y otras atroces.”
Con el objetivo de dar una respuesta concreta a las continuas demandas de la justicia sobre documentación referida a la represión ilegal, en marzo de 2000 el Ejército ordenó una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo de varios manuales. Encontraron reglamentos sobre la “lucha contrainsurgente” que los propios militares definieron como “viejos manuales del terrorismo de Estado que son copias de los elaborados por Estados Unidos para combatir en Vietnam”.
El hallazgo puso los pelos de punta a más de uno, por lo cual el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se apresuró a ponerlos en manos de la Justicia. El ex jefe del Ejército Martín Balza había acusado al represor Cristino Nicolaides de haber incinerado toda la documentación referida a la represión ilegal. El ex general replicó exigiendo que mostrara las actas de incineración, de modo que en enero de 2000 Balza comunicó en forma oficial que no existían más instructivos de los sicarios del Estado. Sin embargo, reglamentos cada vez más comprometedores siguen apareciendo.

Adriana Meyer

lunes, 27 de julio de 2009

Mendoza: dos nuevos cortes de ruta realizan los ypefianos


Los ex trabajadores de YPF, efectivizan un nuevo corte a la altura de la Destilería de Luján de Cuyo, no permitiendo el ingreso y egreso de camiones al lugar. El otro punto en done están cortando la circulación vehicular es en la zona del Arco Desaguadero, en el límite con la vecina provincia de San Luis. Tal y como vienen haciendo desde hace más de diez años, reclaman por el pago de las viejas deudas del Programa de Propiedad Participada.
Desde las primeras horas de hoy, y hasta que obtengan alguna respuesta oficial acerca de las deudas que el Gobierno mantiene con ellos, los ex trabajadores cuyanos de YPF mantienen cortada la Ruta 7, en dos tramos vitales para el normal funcionamiento de esa vía.
Uno de los cortes es en la zona aledaña a la Destilería de Luján de Cuyo, donde la ruta inicia su tramo hacia alta montaña hasta llegar al túnel internacional Cristo Redentor, y el otro, es en el área limítrofe con la provincia de San Luis del Arco Desaguadero. Aunque el corte sería del lado de la vecina provincia.
En Destilería están evitando el ingreso y egreso de camiones, no están cortando la ruta propiamente dicha. No ocurre lo mismo en la zona de Desaguadero, en donde el corte se lleva adelante en la ruta.
Los ex YPF reclaman nuevamente, por el pago correspondiente al Programa de Propiedad Participada, reconocido por el Ministerio de Economía de la Nación desde el 1º de enero de 1991.
Hoy, esta deuda ha dado forma a un proyecto de Ley que permanece en el Congreso nacional a la espera de ser tratado desde el 20 de mayo de este año. La campaña electoral, primero, y la pandemia de Gripe A, después, retrasaron el tratamiento del proyecto.

Mario Urzúa (MDZOL)

Los tarifazos, política de ciencia ficción


Los Tarifazos que afectan al conjunto de la población, que los acorrala ante el frio y el impedimento de poder usar el gas, la luz, el agua, que es tan imprescindible hoy, responden a una política energética entreguista y desnacionalizadora cuyos costos son descargados sobre la población.
Política y modelo energético que deberían haberse cambiado. Política que benefició a las empresas multinacionales que descargan ahora sus “costos” (que nadie conoce) sobre la población, que no tiene ninguna responsabilidad en relación a la crisis energética instalada en nuestro país, desde la privatización y extranjerización de nuestras riquezas nacionales.
Los argentinos no tenemos responsabilidad de que nuestros recursos hayan sido depredados, de que nuestras reservas de petróleo, que teníamos por 17 años, ahora queden menos de 7 años; y las reservas de gas, que teníamos por más de 30 años, ahora queden menos de 8 años.
Los argentinos no somos responsables de que, teniendo esas reservas, ahora tengamos que importar gas y nos obliguen a pagar un impuesto de la manera que nos obligan a hacerlo. No somos responsables, tampoco, de que ahora tengamos que pagar un importe para formalizar un fideicomiso que las empresas usarán para hacer las obras que nunca se comprometieron a hacer y que ningún gobierno les exigió que hiciesen, como corresponde a una política seria.
Acá estamos en una situación de ciencia ficción, donde todo se descarga sobre los usuarios, afectando a los que menos posibilidad tienen para defenderse, sobre los poderes adquisitivos desvalorizados por la crisis. En el marco de esta situación, el gobierno decide estos aumentos, de manera ilegal, sin realizar audiencias públicas, violando las autonomías e independencia de los poderes, porque no se puede imponer aumentos por decretos, retroactividad y acumulativos. Sin embargo, estamos viviendo esta realidad, más digna de la ciencia ficción que de una democracia respetuosa de sus propias instituciones.
Convocamos a movilizarnos, a participar, a comprometernos, porque si queremos cambiar esto debemos hacerlo entre todos, en unidad, nadie lo va a hacer por nosotros.

¿Qué debe hacer el usuario ante los tarifazos? :

Primero: Todas las iniciativas que les permitan ir contra los tarifazos; lo principal es comprometerse y movilizarse.
Lo segundo es apoyar las iniciativas de los diputados, a nivel nacional, que han presentado un Proyecto de Ley para que se deroguen todos estos aumentos y el PUREE, que terminó siendo un castigo para todos los usuarios, tanto en el terreno del gas, como de la electricidad.
Lo tercero: las iniciativas de nivel judicial.
Lo cuarto: ir a la Defensoría del Pueblo y juntar todas estas voluntades en movilización para demostrar que aquí realmente hay un perjuicio muy serio y que hay una masividad en ese reclamo, para que quede claro que esto no sólo perjudica a algunos, perjudica a todos y se perjudica, de manera especial, a los que menos tienen y se perjudica a los que tienen salarios congelados y en particular aquellos que no tienen gas natural, que son entre 14 y 16 millones de argentinos que viven con gas licuado de petróleo (garrafa de cocina de 10 kg) que pagan 8 veces más que el metro cubico de gas natural.
La arbitrariedad del gobierno se expresa de diversas maneras: .
-En la decisión de modificar las tarifas y calificarlas como niveles R1, R2, R3… (y así de seguido) con lo cual hay una sorpresiva re categorización de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos consumidos en el año, imponiendo en función de eso, los nuevos incrementos tarifarios. Hay usuarios que pagaban 14 centavos el metro cúbico de gas y ahora pasaron a pagar 57 centavos el metro cúbico, cifra en la que está incorporado el impuesto por importación del gas (que es -más o menos- 27 centavos), donde el usuario no tiene ninguna responsabilidad.
-En haberlo decidido de buenas a primeras, sin previo conocimiento de los usuarios, que tendrían que tener conocimiento ante un aumento, con 30 días de anticipación.
-En pasar ilegalmente por alto la Audiencia Pública, instancia establecida por Ley. .
-En imponerle carácter retroactivo, acumulativo.
En una Argentina cuyas riquezas naturales permiten la enorme posibilidad de vivir con dignidad sin padecer hambre, pobreza, indigencia, mortalidad infantil, las familias numerosas, las que menos solvencia económica tienen, las que están en peores condiciones sociales, se ven obligadas a estar limitándose para calentarse en pleno frio, en plena temporada de invierno.
Esta decisión gubernamental, que denunciamos como ilegal e inhumana, tiene “hijos” y “entenados”. Por un lado, afecta a millones de seres humanos, tan hermanos y tan argentinos como todo nuestro pueblo. Y por otro lado, responde, una vez más, a intereses de grupos multinacionales que se han beneficiado depredando nuestros recursos, extrayéndolos -como hasta ahora- sin control, a simple declaración jurada, con libre disponibilidad de las divisas obtenidas.
Nuestro accionar es decisivo.
Por eso, lo que va a cambiar esta situación, de un modelo energético fracasado, terminado, que nos llevó a esta crisis, no son los aumentos salvajes de tarifas: hay que cambiar el modelo energético, hay que recuperar el patrimonio de los recursos naturales y energéticos a manos del pueblo. Sólo así vamos a poder, entre todos, desarrollar una política energética de contenido social que dará las soluciones que necesitamos.

José Rigane, Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata y Secretario de Organización de la CTA Nacional.

Resistencia, la capital provincial con más pobres del país

Ni África ni la India: la indigencia y la desnutrición están en El Chaco

Uno de cada tres de sus habitantes vive bajo la línea de pobreza. Jorge Capitanich admite que “la ayuda social a los desprotegidos no llega como debería”, pero construye un estadio que le costará al Estado $ 7,5 millones.
Resistencia es la capital provincial más pobre de la Argentina. A menos de treinta cuadras de la Casa de Gobierno, un cordón de asentamientos abraza el casco urbano como si fuera una herradura. En ese conglomerado de chapas de cartón, plástico y madera sobreviven hacinadas en condiciones de extrema pobreza uno de cada tres habitantes de la ciudad con mayor cantidad de indigentes del país.
Resistencia es sólo la puerta de ingreso a un territorio que tiene la mitad de su población bajo la línea de pobreza. “Desnutridos, mal nutridos y anémicos, así se encuentran unos 15 mil chaqueñitos menores de 14 años”, aseguró Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios “Nelson Mandela”, una institución dedicada a la investigación y el trabao de campo con los sectores más desprotegidos. Desde diciembre de 2007, la provincia es dirigida por Jorge Capitanich, uno de los pocos gobernadores kirchneristas que zafó del papelón electoral del 28 de junio, cuando obtuvo más del 48% de los votos.
Capitanich imitó las peores mañas de sus referentes políticos. Por eso, como una fatídica réplica del INDEC de Moreno, el fantasma de la adulteración de cifras se cierne sobre el departamento estadístico chaqueño. Mientras oficialmente se admite un 35,4% de pobreza y un 9,4% de indigencia, un relevamiento realizado por el Instituto para el Desarrollo de las Economías Regionales (IDESA) sostiene que el porcentaje de pobres asciende al 49,7% y el de indigentes, al 17,2 por ciento.
Los mismos números del Ministerio de Salud de Chaco admiten que el porcentaje de niños desnutridos en 2008 fue más alto que el de 2004, 2005, 2006 y 2007. Si se analiza la tabla del Plan Materno Infantil provincial, se observa que el año pasado, de los 19.496 bebés menores de un año bajo control médico, el 6,2% tenía algún tipo de desnutrición. En números absolutos, 1.040 con grado uno, el más leve; 154 con grado dos, y 24 en el estadio más grave. De los 20.233 chicos de un año bajo supervisión médica, el 19,6% presentó algún déficit nutricional, es decir, 3.956 niños, el triple de los valores del grupo anterior para el mismo año. Similar es el panorama de los chaqueños de entre dos y cinco años: el 17,5% está en condiciones de malnutrición. “Las tasas anuales de desnutrición infantil en Chaco son de las más altas de la Argentina”, sostuvo Núñez.

SECTORES MÁS AFECTADOS.

La avenida Soberanía divide las dos realidades que coexisten en la capital chaqueña. De un lado, la trama urbana donde viven unas 250 mil personas. Del otro, unas 25 mil familias que se desparraman a lo largo de un corredor de 24 kilómetros de asentamientos que rodea la ciudad de Resistencia. La Rubita es el primero de estos conglomerados informales erigidos en terrenos que alguna vez pertenecieron al Ejército. “Hace 34 años que vivo acá y siempre hubo la misma pobreza”, recordó Eulogio Quintana, que acaba de cumplir 67. La desnutrición de primer grado que sufre no hace otra cosa que agravar la patología que lo aqueja desde hace más de una década: padece leishmaniasis cutánea, una enfermedad infecciosa que transmiten los perros y que le provocó la pérdida de tejidos cartilaginosos en la cara y lesiones muy severas en la piernas. “Como no recibimos ninguna ayuda, me veo obligado a seguir cirujeando con el carrito para poder comer”, relató el anciano.
Unas 15 cuadras al norte se encuentra el comedor 1º de Mayo. Unas 300 familias se alimentan gracias al trabajo solidario que desarrolla un conjunto de personas liderado por Gladys Muñoz, una enfermera del Hospital Perrando que se conmueve cuando ve un chico desnutrido. “Soy madre de seis hijos y tengo 14 nietos, no puedo soportar la injusticia de que estas familias no puedan darles de comer a sus hijos”, afirmó a Crítica de la Argentina. A pesar del enorme esfuerzo que realizan, no pueden satisfacer la demanda de los hambrientos, que cada día son más. “Durante dos meses nos obligaron a cerrar por la emergencia sanitaria de la gripe, no sé cómo se las habrá arreglado esta pobre gente”, cuenta Muñoz mientras hunde un cucharón en la olla donde cocina guiso de arroz y menudos de pollo. Los chicos y sus madres desfilan con recipientes de todos los tamaños a la espera de la única comida del día. “La mayor parte de estas familias fueron expulsadas del campo como consecuencia de que no existen fuentes de trabajo y se hacinan en las periferias de las grandes ciudades como Resistencia, Sáenz Peña o Villa Ángela”, explica Núñez.

SE CAE EL PROMEDIO.

Los nacidos en Chaco tienen una expectativa de vida de 69 años, seis menos que el promedio nacional. Los últimos indicadores oficiales a nivel nacional colocan la mortalidad infantil chaqueña por encima de los 21,2 cada mil nacidos vivos.
“La situación socioeconómica es muy grave, todo lo que podamos hacer nosotros no alcanza para resolver el drama de la desnutrición”, dijo la doctora Griselda Spezzati, pediatra que dirige el Centro de Salud de la Villa Don Alberto. “Recibimos muchos pacientes con desnutrición de primer grado, que es la que está originada por la mala alimentación. Estos chiquitos están más expuestos a parasitosis, insuficiencias renales o enfermedades respiratorias como la broquiolitis o la neumonía”, detalló la profesional. “Tuvimos problemas con el suministro de leche en polvo debido a deficiencias organizativas a nivel central, además de los problemas que originó la emergencia sanitaria provocada tanto por el dengue como por la gripe A”, agregó. Spezzati detalló que “la dieta diaria que consumen los chiquitos es insuficiente y se compone fundamentalmente de hidratos de carbono, lo que genera problemas de malnutrición por tratarse de un exceso de hidratos de carbono y una falta de vitaminas y proteínas”.

Mauro Federico
criticadigital.com

Ex trabajadores de la mina develan como Alumbrera contamina y adultera datos

Minera Alumbrera se enfrenta actualmente a un proceso judicial por el delito federal de contaminación peligrosa para la salud

Varios ex trabajadores de la mina denunciaron que las certificaciones ambientales ISO 14001 son realizadas por personal interno de la empresa y que son obligados a mentir en sus evaluaciones e inclusive en las conferencias de prensa.
Hace tiempo que existe un gran manto de dudas sobre la veracidad de los estudios ambientales publicados a través de solicitadas y partes de prensa de la Minera Alumbrera, en los que se desmiente todo tipo de contaminación ambiental en el suelo, napas subterráneas y cursos fluviales de las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. En efecto, la empresa se enfrenta actualmente a un proceso judicial por el delito federal de contaminación peligrosa para la salud, en infracción al artículo 55 de la Ley 24.051, a raíz de la composición y de los niveles de metales hallados en los afluentes que la minera desecha en el canal DP2 en la provincia de Tucumán y que desembocan en el Embalse de las Termas de Río Hondo.
En general los argumentos de la empresa se basan en Certificaciones de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001:2004, auditado por Bureau Veritas Certification cuya última recertificación (comunicada a los medios de prensa) data de noviembre de 2008, y en la que expresó que la Minera “está comprometida con el cumplimiento de los máximos estándares ambientales y con los principios del desarrollo sostenible”.
Sin embargo, un grupo de ex operarios y personal staff de la Minera Alumbrera, reveló que las evaluaciones ISO que certifican el servicio técnico de la misma no son realizadas por personal técnico externo, sino mediante auditorías internas provenientes de Tucumán -y lo que es más llamativo aún-, por personal de la misma mina. Se tratarían de operarios y supervisores que son presionados por sus superiores para llenar los formularios que las consultoras distribuyen para realizar su evaluación de los sistemas de gestión ambiental y seguridad de la Alumbrera. “Es una autocertificación” que realiza la propia Minera afirmó un ex supervisor Senior de Administración de la empresa, que estuvo allí desde su construcción y trabajó por varios años más en la mina. Este ex empleado jerárquico expresó que el pago de grandes sumas a las empresas auditoras le certificaba su posterior aprobación.
Un ex mecánico de la Mina afirmó inclusive que él mismo llenaba las planillas del ISO 14001 en lo que respecta a mantenimiento mecánico “en las cuales te obligaban a mentir (…) vos tenés que poner esto y esto, después lo firmás y después la mando a la oficina central”, le habrían ordenado.
Según declaraciones de un ex integrante del área de topografía de la Alumbrera, las certificaciones ISO 14001 de dicho departamento las llevan cabo personal de Recursos Humanos: “nos hicieron limpiar los containers, esconder cosas, tirar gomas, aerosoles, esconderlas en el basural…”. Incluso declaró que se escondido un container tras los cerros hasta que pasaran los encargados de controlar las normas medioambientales, que según su testimonio no son más que empleados de un departamento interno de la Mina. “Medio ambiente es una mafia, todo se certifica ahí”, remató.
El “basural” que menciona el ex topógrafo no es nada menos que el dique de cola de la mina (de unos 3,5km de diámetro), cuyo nivel de contaminación sería altísimo. Todos los ex empleados consultados coinciden en afirmar que existe cianuro e incluso “camiones y máquinas tapadas” en el lugar. Además ratificaron las reiteradas sospechas acerca de las pérdidas por filtración del dique de cola, negadas en varias oportunidades por la empresa, y que afectarían las napas de agua de la zona. Relataron que Servicio Técnico de la Alumbrera contrató camiones y “lagartos” (camiones articulados Caterpillar 4x4 que pueden cargar 70 toneladas).para cargar (durante la noche) los derrames de tierra contaminada que se pierde en el cauce del río Vis-Vis. Además recordaron la alarmante situación hídrica que podría suscitarse en la región por la explotación del reservorio acuífero santamariano de Campos de Arenal, del cual se extraen 150 millones de litros diarios sólo para el emprendimiento minero.
Los cuatro ex trabajadores de La Alumbrera coincidieron en que “todo es lo mismo pues nada sale de empresa”. El ex topógrafo reveló que además los presionaban para mentir ante los medios en las conferencias de prensa, diciendo sólo lo que la empresa les ordenaba. “Los gerentes mandan a mentir a los superintendentes, y los superintendentes a los supervisores”, afirmó. Las certificaciones del Bureau Veritas Certification de exhibidas con bombos y platillos por la empresa operada por XStrata Copper son, en realidad, una cortina de humo para ocultar un redituable negocio en connivencia con la empresa, afirmó. Consecuentemente, no existe un contralor que controle realmente cuáles las verdaderas consecuencias que la actividad de la mina está provocando en el medio ambiente. Esto nos lleva a una pregunta obvia…

¿Y el estado…. ¿donde está?

“En la Secretaría de Minería tiene todas las 4x4, todos los equipos ¿para qué? ¡Para pasear!” exclama un ex chofer de camiones Caterpillar 793 que trabajó ocho años en la mina. Según afirman, el organismo a cargo de José Sinner “no refleja nada de lo que está pasando”. En su visita a la Alumbrera en noviembre de 2008, Sinner calificó de "estrictos" los controles ambientales que se llevan a cabo en el emprendimientos minero.
Sin embargo, a menos que la Cámara Federal de Tucumán, los grupos ambientalistas y civiles, los pequeños productores rurales del oeste, los ex empleados de la minera que están comenzando a contar su valiosa versión a nuestro diario; los biólogos, geólogos, docentes y directivos de distintas universidades nacionales, el cineasta y legislador electo Pino Solanas, y el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel estén equivocados (o formen parte de una gigantesca confabulación en contra de una empresa que brega por un medio ambiente sano), la evaluación de nuestro secretario de Minería puede ser tan beneficiosa como el cianuro para nuestro ecosistema.

Catamarca actual