lunes, 31 de enero de 2022
El acuerdo del tarifazo espera su “letra chica”
En suma: la plata ya se puso, pero el acuerdo todavía no está. Ahora, viene una ´carta de intención´ y un “memorándum de entendimiento”, la llamada letra chica de los ajustes que el gobierno debe ejecutar. El límite de estas tratativas en el tiempo son los próximos vencimientos de fines de marzo, con el propio Fondo y con el Club de París, por más de 4.000 millones de dólares. Cualquier tropiezo o disidencia en la “letra chica” recibirá la medicina de las últimas semanas: la disparada del dólar, del riesgo país y un nuevo derrumbe de los títulos de la deuda argentina. Por eso mismo, es esperable que, de acá al “memorándum” asistamos a nuevos y duros detalles sobre el alcance del ajuste, que Guzmán-Fernández le admitirán al Fondo, por un lado, y buscarán disimular públicamente, del otro.
Tarifazo
Es significativo que el comunicado del Fondo asumiera como “esencial” (sic) la cuestión de los subsidios a las tarifas, que el gobierno minimizó en sus anuncios. Los subsidios actuales representan una cifra cercana a la totalidad del déficit que se quiere reducir en 2022 – unos 1,4 billones de pesos. Allí se encuentra el filón más jugoso del ajuste – junto a la desindexación de las jubilaciones.
El gobierno aludió a un aumento moderado de las tarifas en términos reales. O sea que, con una inflación del 50%, la ´moderación´ podría representar aumentos del 70 u 80 % en las facturas de los servicios. Los monopolios petroleros, a su turno, presionan por la ´internacionalización´ de sus precios, en un momento donde los desequilibrios económicos y políticos mundiales han disparado por los aires los precios del gas. Naturalmente, nada de esto tiene que ver con los costos reales de producción en la Argentina, que el gobierno de “Todes” no piensa verificar. Pero es difícil creer que una reducción significativa de los subsidios se limite a “liberar la tarifa de los barrios privados”, como quieren hacernos creer los economistas del kirchnerismo. El acuerdo viene con un tarifazo en regla bajo el poncho.
La “letra chica” deberá meterse también en la cuestión del financiamiento del Tesoro, que el Fondo exige que sea a través del endeudamiento y no de la emisión de pesos. Como a la vez se exigen tasas de interés superiores a la inflación, el acuerdo “viable” y “razonable” amenaza levantar a niveles todavía mayores la carga de la deuda pública, la cual, como viene ocurriendo, solo podrá colocarse ofreciendo su indexación de acuerdo a la inflación o a la evolución del tipo de cambio.
Todos apoyan, ninguno cree
La clase capitalista argentina y sus partidos se han aferrado a este acuerdo como supuesta tabla de salvación frente a una bancarrota económica y política que los envuelve sin excepción. La gran burguesía enfrenta una voluminosa deuda en dólares que contrajo en los primeros años del macrismo, y que necesita refinanciar imperiosamente. La carga de la deuda pública, naturalmente, incorpora a los rescates del fisco en favor de ese gran capital en crisis. El Estado quebrado, en definitiva, es sólo la expresión concentrada de una quiebra más general de las relaciones sociales capitalistas.
No sorprende, por eso, que “la política” del capital cierre filas con el acuerdo, aunque al mismo tiempo trate de deslindarse de sus consecuencias y de sus perspectivas. Por ejemplo, la “dura” Patricia Bulrich ha confirmado que JxC respaldará el acuerdo en el Congreso, aunque al mismo tiempo aclaró que lo que votará es el “financiamiento” (del Fondo), “el resto -o sea el ajuste- le corresponde al Ejecutivo”. Un economista top del macrismo, Federico Sutzenegger, acaba de definir al acuerdo en puertas como “más macrista que el propio Macri” (Perfil, 30/1). No quieren asociarse a las medidas confiscatorias en puerta, y que ellos conocen mejor que nadie.
Milei y Espert han anticipado su voto negativo, a sabiendas de que no moverá el amperímetro del Congreso. Pero el principal asesor de Milei, Carlos Maslatón, los ha deschavado: en un tuit muy difundido, saludó con bombos y platillos el acuerdo con el Fondo, al que ve como punto de partida de un “boom inversor y exportador”. Demasiado palabrerío: los libertarios, el partido de los brokers y los fondos de inversión, se conforman con una suba –aunque sea efímera- de los bonos de la deuda argentina.
En este recorrido, el premio a las imposturas se lo llevan el kirchnerismo y su jefa. Cristina guardó riguroso silencio en las horas previas al acuerdo, y no movió un dedo para frenar o interrumpir ninguna de las tratativas en marcha. Pero como ocurrió con Milei, también tuvo sus alter ego saliendo en apoyo del acuerdo, como Kicillof o el estalinista Carlos Heller. Cristina Kirchner intenta resguardarse de los choques sociales y crisis que se vienen. A su izquierda, un arco variopinto de oficialistas invoca la verborragia nacionalista para lamentarse sobre la “cesión de soberanía”, cuando callaron durante dos años sobre el gigantesco ajuste que se perpetraba, no en el vacío, sino para arrimar posiciones con el FMI. Es probable que estos críticos de la última hora pretendan sobrevivir a la declinación inexorable del kirchnerismo, como partícipe necesario un gobierno fondomonetarista.
A la inversa de CFK, Alberto Fernández fantasea en estas horas con una hipotética reelección, si el acuerdo consiguiera un ´reencaminamiento´ económico. Se olvida, naturalmente, de las consecuencias sociales brutales que acarreará el "monitoreo" del FMI y del Departamento de Estado sobre la Argentina. En previsión de ello, la burocracia sindical se apresuró a redactar el comunicado más ferviente de todos los que se escribieron en apoyo al acuerdo, ofreciéndose como gendarme del ajuste en los sindicatos.
La crisis política argentina ha ingresado en otra etapa. Los Fernández han convalidado el derecho del capital financiero internacional -y de la gran burguesía unida por mil vínculos con aquel- a la apropiación creciente y vitalicia de la riqueza social generada por la clase obrera. Que el capital dependa de una exacción asegurada por el Estado -e incluso por organismos internacionales parestatales- es una manifestación de su irremediable decadencia. El acuerdo con el FMI será el escenario de una aguda lucha de clases. El “sistema de la deuda” debe ser superado por una transformación social dirigida por la clase obrera, o sea, por un gobierno de trabajadores. Con esta perspectiva estratégica abordamos la movilización por el repudio a este acuerdo confiscatorio.
Marcelo Ramal
30/01/2022
La CGT celebra el acuerdo con el FMI
Esto viene a confirmar que “el acuerdo con el Fondo” fue la verdadera plataforma de reunificación de la central. La ´unidad´ en torno a un pacto colonial se puso en escena en la ´movilización´ por el día de la militancia, el 17 de noviembre pasado, a Plaza de Mayo. Allí, con la CGT y los ´barones del conurbano´ a la cabeza, se emplazó al gobierno a acelerar las negociaciones. Fue también un ´apriete´ al kirchnerismo, el cual tampoco ha sacado los pies del plato.
El apoyo de la CGT es ´la columna vertebral´ del acuerdo. El rol de la CGT será crucial para continuar ´desindexando´ salarios y jubilaciones. En los últimos dos años, la mayoría de los gremios retrocedieron entre 10 y 20 puntos en la capacidad de compra de sus salarios. En la víspera de este reciente ´entendimiento´ con el Fondo, Guzmán exhibía un ahorro de nada menos que $ 600.000 millones a costa de gastos sociales y asistencia frente a la pandemia.
En este cuadro, es evidente que reclamarle un “plan de lucha” a los “cuerpos orgánicos” de la CGT es una vía muerta para enfrentar el acuerdo con el Fondo. La cuestión de la huelga general está inscripta en la agenda para defender el salario y el empleo a partir del desarrollo de fuertes organizaciones de base, de la coordinación de las luchas y del pronunciamiento de sectores del movimiento obrero, que serán llamados a intervenir más temprano que tarde frente a las consecuencias del ´entendimiento´. La agitación por un Congreso Obrero que dé forma a una intervención de la clase obrera en la crisis cobra mayor urgencia.
Para empezar, se encuentran en curso distintas negociaciones paritarias (estatales, comercio, bancarios, petroleros) que serán un primer escenario de batalla en el movimiento obrero bajo el acuerdo con el FMI. La capacidad del movimiento obrero de defender el salario y las condiciones laborales dependerán del desarrollo de las organizaciones de base y antiburocráticas.
El Be
30/01/2022
domingo, 30 de enero de 2022
¿Un programa fondomonetarista sin ajuste?
La reducción del déficit fiscal se factura a los trabajadores.
En el mensaje presidencial y la conferencia de Martín Guzmán para anunciar el acuerdo arribado con el Fondo Monetario, se afirmó que el esquema pactado para reducir el déficit no implica un ajuste. El relato oficial afirma que el «equilibrio de las cuentas públicas» se alcanzaría al mismo tiempo que se amplía el gasto del Estado, a base de una mayor recaudación y un crecimiento económico. Sin embargo, es evidente que el ajuste sobre la población trabajadora ya está en marcha, y el acuerdo en ciernes redoblará los ataques contra las masas.
El pacto arribado con el FMI establece que este año el déficit primario no puede superar el 2,5% del PBI, muy por debajo del 3,3% que preveía el frustrado proyecto de Presupuesto 2022. Luego continúa con una reducción al 1,9% para el próximo año, y un 0,9% para 2024. A valores de hoy, solo en el ejercicio en curso el gobierno deberá ejecutar un recorte de 400.000 millones de pesos por encima de lo contemplado en el nonato Presupuesto, que ya pautaba podas nominales en salud, educación y gasto social. Es decir que estamos hablando de un ajuste extra.
Como base de comparación, recordemos que el acuerdo actual se allanó mediante la sobreejecución del ajuste en 2021, que redujo el déficit al 3,5% del PBI, a fuerza de ahorrarse unos 660.000 millones de pesos sobre la base de lo que perdieron las jubilaciones, asignaciones por hijo y prestaciones sociales contra la inflación. El gasto jubilatorio, en efecto, viene se desplomarse del 9,5% al 8% del PBI (por debajo de todo el mandato macrista).
Para alcanzar estos guarismos, el gobierno que convocó a audiencias para aprobar tarifazos del 20% en la luz y el gas ya emitió a través de la Secretaría de Energía un paper que cuantifica en 47% lo que deberían incrementar las boletas. Guzmán negó un mayor sacudón en las tarifas, pero el texto del directorio fondomonetarista contempla fuertes recortes en los subsidios. En esa línea, Aysa acaba de confirmar un aumento del 32%. La tijera sobre los subsidios a las empresas de servicios se carga en forma directa sobre los usuarios.
Alberto Fernández y su ministro insisten en que la llave es una mayor recaudación impositiva, pero esta se endosa a los trabajadores y los consumidores. Es el sentido del Consenso Fiscal que se tratará en las sesiones extraordinarias del Congreso, basado en subas en Ingresos Brutos que se traslada a los precios de los productos de consumo masivo, cuando ya casi la tercera parte de los ingresos tributarios proviene del IVA que grava hasta los productos de primera necesidad. Esto se reforzará ante la merma de ingresos por menores exportaciones.
Toda la factura del «equilibrio fiscal» va a ser cargada a cuenta de los trabajadores, que ven pulverizarse sus ingresos al compás de la estampida inflacionaria. Contra los tarifazos y recortes presupuestarios, en defensa de los salarios y las jubilaciones, urge ganar la calle para derrotar este acuerdo de entrega nacional. Para terminar con el ajuste hay que romper con el FMI y repudiar toda la deuda fraudulenta.
Iván Hirsch
Un acuerdo que hundirá la economía nacional hasta el Fondo
El relato oficial sobre el acuerdo firmado con el FMI indica que es «razonable» y que no afectará un sendero de crecimiento económico, e incluso que será precisamente con un repunte productivo que se podrá cumplir con el pago de la deuda. La realidad es exactamente inversa, y no podría ser de otra manera.
En primer lugar, es evidente que la meta de reducción del déficit fiscal, cuyo cumplimiento será estrictamente monitoreado por el Fondo trimestralmente, implica profundizar los recortes del gasto estatal que afectarán el consumo popular y la obra pública, dos ítems muy sensibles de la actividad económica del país. Los tarifazos en la energía, por su parte, también repercuten sobre los costos de la industria.
La directiva de que la política monetaria se base en tasas de interés positivas (es decir por encima de una inflación que se mantiene en un ritmo de 50% anual -y podría acelerarse-) encarece el crédito y por lo tanto genera una losa sobre la actividad económica y productiva, al osbtaculizar la inversión. Los que tanto despotrican contra la especulación financiera van a armar un negocio descomunal para la banca con las Leliq a costa de multiplicar la hipoteca del Banco Central, y con los bonos del Tesoro que se verán obligados a colocar para financiarse por el rígido cepo que fijó el Fondo a la emisión monetaria.
El objetivo de engrosar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares para fin de año también contiene efectos recesivos, porque requerirá de mayores trabas a las importaciones como forma de evitar la evaporación de las divisas. Más aún cuando los pronósticos auguran una fuerte caída de los niveles récord de exportación del año pasado, lo que amenaza un superávit comercial que hasta el Indec reconoce que obedecía a los mejores términos de intercambio (aumentaron más los precios de lo que se exporta que de lo que se importa) y no a mayor producción.
El incentivo real a las patronales para que abandonen la huelga de inversiones pasa por una depreciación en regla de lo que denominan el costo laboral. Ese es todo el secreto de la «reactivación económica» que tanto reivindica el gobierno. Según las estadísticas oficiales, entre los tercer trimestre de 2020 y el de 2021 los puestos de trabajo registrados crecieron un apenas un 2,4%, mientras que los precarizados lo hicieron un 18,9%. No es cierto que el nuevo programa fondomonetarista descarte una reforma laboral, esta se está ejecutando en los hechos.
Que ello no redunda necesariamente en mayor inversión lo muestra el caso de la industria de los hidrocarburos, que es la nave insignia del discurso oficial sobre el repunte productivo. Las propias petroleras admiten que «la producción está aumentando por las ganancias de productividad [por la superexplotación obrera], pero no es que se invierte más dinero en el país, se está invirtiendo bastante menos de lo que se invirtió en los años previos a la pandemia» (Econojournal, 24/1).
El saqueo nacional que implica este acuerdo con el FMI es incompatible con cualquier desarrollo económico del país. Por el contrario, para que las riquezas del país no se esfumen en una hipoteca fraudulenta y en la fuga de capitales es indispensable romper con el Fondo, repudiar la deuda usuraria y disponer del ahorro nacional mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
Iván Hirsch
Los capitalistas celebran el acuerdo de entrega al FMI
La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural y cámaras empresarias de la construcción, comercio y bancaria, la Asociación Empresaria Argentina, entre las entidades patronales más poderosas del país, salieron a apoyar públicamente el acuerdo anunciado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional como un camino para «el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos». Se trata de los socios del saqueo y la fuga de capitales que se profundizará con el nuevo programa fondomonetarista, de ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores.
Los capitalistas criollos celebran el principio de acuerdo como un pilar para terminar con la «incertidumbre» y dejar atrás la inflación, las corridas cambiarias y las crisis de deuda. Aseguran que este acuerdo promoverá «la generación de empleo» porque favorece «el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado».
Pero es precisamente la clase social responsable de la fuga de capitales que financió el megacrédito del FMI, y que ubicó al país en el podio de los Pandora Papers sobre las cuentas en paraísos fiscales. Es esa la contracara de la huelga de inversiones que impera, y que acicatea la estampida al dólar y su traslado a precios. Más aún, el superávit comercial récord de 2021 se evaporó en la misma medida por los pagos al Fondo que por los auropréstamos de las empresas hacia sus casas matrices o filiales en el exterior: más de 5.000 millones de dólares.
Finalmente, mientras las reservas internacionales siguen desplomándose y la porción de depósitos en moneda extranjera apenas supera los 15.000 millones de dólares, el Indec estima que la burguesía argentina tiene nada menos que 230.000 millones de dólares en billetes atesorado afuera del sistema financiero local (en cajas de seguridad o lo que se dice «abajo del colchón») -una suma que permitiría saldar casi por completo la deuda externa.
En el festejo de la clase capitalista pesa especialmente el hecho de que el ajuste que deberá ejecutar el gobierno para cumplir con las metas del programa y la tutela del FMI sobre la política económica plantea una ofensiva frontal contra los trabajadores, y en ese sentido refuerza la extorsión por imponer una flexibilización de las condiciones de trabajo como condición previa a cualquier inversión. El programa fondomonetarista es asumido como el marco para quebrar una correlación de fuerzas contra el movimiento obrero.
No hay que perder de vista, con todo, que la corrida que llevó a Macri a pactar de urgencia con el Fondo fue precedida por la formidable rebelión obrera que enfrentó el robo a los jubilados de diciembre de 2017, y obligó a freezar la anunciada reforma laboral. Este nuevo pacto de entrega nacional, saludado como «positivo» por los representantes de todo un régimen político de saqueo que hunde al país en la pobreza, deberá toparse con las reservas de lucha que guardan los trabajadores y el movimiento popular en Argentina y América Latina. Es preciso combatirlo con un programa que apunte a quebrar el parasitismo capitalista, empezando por el repudio de la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior para invertir el ahorro nacional en el desarrollo del país.
Iván Hirsch
sábado, 29 de enero de 2022
La “nueva normalidad”, una guerra contra la vida
Ómicron, ¿más contagiosa?
La variante ómicron denominada como “la más contagiosa, pero menos letal”, está llevando a casos récord de contagios. La OMS advirtió que el 60% de la población Europea podría contagiarse antes de marzo, declarando que se podría llegar al “fin de la pandemia” pero solo durante algunas semanas y meses debido a la combinación entre la cantidad de personas vacunadas y por aquel otro sector de la población que se “inmunizó debido a la infección”. Sin embargo, la “inmunidad” sólo sería válida para la variante ómicron, pero no contempla el riesgo de nuevas mutaciones del virus.
Según un estudio realizado por Benjamín Meyer un virólogo de la Universidad de Ginebra en Suiza, luego de realizar un testeo PCR a 150 personas infectadas, descubrió que no habían diferencias significativas entre la carga viral de personas vacunadas infectadas con la variante Ómicron, de aquellas infectadas con la variante Delta. Además, el estudio demostró que los infectados con la variante Delta todavía seguían siendo contagiosos incluso 5 días después del aislamiento. Los resultados sugieren que la híper transmisibilidad es por la capacidad de la mutación de evadir la inmunidad creada por la vacunación o por infecciones pasadas.
Estados Unidos, Europa y América Latina han eliminado todas las pautas de aislamiento para contactos estrechos como así también, la reducción a los positivos a solo 5 días de aislamiento cuando previamente se consideraba seguro que sean 10 días, en una clara política de “convivencia con el virus” y de presencialidad laboral. Mientras tanto, en las últimas 24 hs Argentina quedó en el puesto 6 a nivel mundial en cuanto a decesos reportados para una sola jornada, detrás de Gran Bretraña. La “nueva normalidad” deja a una población enferma y aumenta también, la mortalidad.
China y Nueva Zelanda: la política covid-zero
En Nueva Zelanda, su mandataria Jacinta Ardern apostó desde el comienzo de la pandemia a duras restricciones como el cierre de fronteras y confinamientos selectivos para conseguir eliminar el coronavirus; además, la vacuna se hizo obligatoria para trabajadores en contactos con clientes, así como profesores y personal sanitario. La imposición de la vacuna ha generado manifestaciones en contra la obligatoriedad de la vacuna y de las restricciones impuestas en el país por la pandemia. La ministra adivirtió que no abandonaría su política de covid cero, hasta que el 90% de la población se encuentre vacunada. El martes pasado anunció que para trabajadores no escenciales el aislamiento para contacto estrecho en el ámbito doméstico debía ser de 28 días. Las clases presenciales comenzaran pronto, pero con el nuevo esquema de aislamiento los docentes se preguntan si las clases no pasarán a la virtualidad. El país desde el inicio de la pandemia tiene 15.842 casos confirmados y 52 fallecidos.
En China también se mantuvo una política de aislamientos selectivos, testeos masivos a la población y seguimiento del virus. Esta política además de mostrar bajos niveles de contagio, ha permitido mantener en funcionamiento la economía y disminuir los índices de mortalidad. Las vacunas elaboradas en la nación ofrecen una protección significativamente menor contra la variante ómicron que aquellas realizadas en occidente.
Desde el punto de vista político, el manejo de la enfermedad llevado a cabo por el gobierno le ha traído buenos resultados a punto de ser calificado como “un gran éxito estratégico” sobre las democracias occidentales. “Es un gran desafío para los líderes, especialmente la retórica de salvar vidas. ¿Cómo se justifica la apertura y luego que decenas de miles de personas mueran en el proceso?”, dijo Willy Lam, experto en liderazgo político Chino en la Universidad China de Hong Kong.
Las restricciones generan que cierto sector de la población -como el caso de Nueva Zelanda- se manifieste a favor de “la libertad”, incluido sectores de izquierda que ven en la toma de medidas preventivas del virus como un ataque a su libertad individual. Sin embargo, ambos países se encuentran entre los que mejor manejaron la pandemia debido a la poca cantidad de contagios y muertes y como en el caso de China, sin afectar la actividad económica.
Covid en niños y vuelta a clases
En el pico de contagios se comienza a debatir la vuelta a clases. Los niños son el sector más golpeado en la pandemia debido a que la gran mayoría todavía no se encuentran vacunados. En Argentina apenas el 45 % de los menores de 11 años tiene el esquema completo de vacunación, se trata de la población más insuficientemente vacunada, es decir con menos recursos para hacer frente a la tercera ola, hay un exponencial de contagios en niños de entre 3 y 11 años. El director del hospital Garrahan confirmó un aumento en la cantidad de internaciones, por lo que debió abrir una tercera sala de cuidados intensivos Covid 19. Además el 10% del personal del hospital se encuentra también contagiado.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández ya comenzó su campaña en torno al ciclo lectivo 2022 bajo el slogan “nuestra prioridad en la presencialidad para todos y todas”. Esta política llevará al contagio masivo de niños y docentes.
La política de la “nueva normalidad” lleva a la población a enfermarse y aumenta la mortalidad. El manejo de la pandemia en otros países demuestra que existen otras maneras de enfrentar el virus que no someten a la población al contagio. Es necesario revertir la lógica aperturista que como objetivo tiene la presencialidad laboral para “una activación económica” que nunca llegó, debido a la gran cantidad de ausentismo laboral en los puestos de trabajo. Solo la organización de la clase trabajadora con los métodos históricos como la asamblea y la huelga, puede revertir el escenario de catástrofe económica y sanitaria.
Florencia Suárez
28/01/2022
Los Fernández y el FMI prorrogan el default por mil días
El ´acercamiento de posiciones` que el gobierno y el FMI lograron a último momento parece residir casi exclusivamente en un punto: Fernández y Guzmán se han comprometido reducir en casi un punto del PBI -unos 4.000 millones de dólares- el déficit fiscal que se prevé para el año que comienza. Extendido a los dos años y medio de vigencia del programa, representa un ajuste adicional del orden de los 12.000 a 15.000 millones en dólares al que tenía programado el gobierno. Todo esto afectará todavía más la poda que el oficialismo ha impuesto a salarios, jubilaciones y planes sociales por medio de la inflación, desde el inicio de la gestión actual. Esta poda, sin embargo, no afecta a la inflación, sólo la reduciría, hipotéticamente, del 55 al 45%. El mecanismo fundamental del ajuste ha recibido un ´service´ en los filtros.
En la conferencia de prensa donde anunció el acuerdo, ha confirmado lo antedicho. Dijo que “buena parte de la reducción del déficit 2022 ya se viene logrando gracias a la mayor recaudación”, que se obtiene precisamente por medio de la enorme inflación. Guzmán se refería al carácter confiscatorio de su programa económico, que ha residido en la indexación de los precios y, por ende, de la recaudación impositiva y de los rendimientos de la deuda pública, a cambio de la desindexación de salarios, jubilaciones y de gastos sociales. Sólo en 2021, este mecanismo transfirió 6.000 millones de dólares del mundo del trabajo hacia el Estado y los acreedores de la deuda. Sin sonrojarse, Guzmán afirmó también que el acuerdo “no contempla cambios en el régimen previsional”, como si estuviera dando una buena noticia. La continuidad de la desindexación de las jubilaciones provocará nuevas pérdidas de ingresos a los trabajadores en retiro.
Guzmán señaló que tampoco habrá cambios en cuanto a tarifas. Pero la eliminación prevista de subsidios comportará un ´generoso´ tarifazo. Fernández y Guzmán desmintieron que se fueran a producir “saltos devaluatorios”, sin explicar cuándo una devaluación no debe considerarse un “salto”. Pero el acuerdo exige acumular 5.000 millones de reservas en el curso de este año – cuando el saldo de cuenta corriente de este año fue negativo, a pesar de que se registró un superávit de 15 mil millones de dólares en el comercio exterior. Si con un dólar que llegó a 230 pesos en el mercado paralelo, fugar divisas resultó mejor negocio que guardar pesos, con qué tipo de cambio creen ´nuestros´ gurúes que podrán cambiar la tendencia. Ayer, en C5N, un conocedor del paño de las finanzas advirtió que, en 2022, vencen 50 mil millones de dólares de deuda externa del sector privado – mucha más que la acumulación de divisas que impuso el FMI. En el caso de que pretendan frenar la fuga de divisas, por medio de una tasa de interés superior a la inflación, como se han comprometido, Argentina habrá vuelto a los aciagos años de Prat Gay, Luis Caputo y el conocido Mauricio. O sea a la timba financiera. Una tasa básica del 50% anual se traduce en una comercial (créditos o tarjetas) superior al ciento por ciento.
Financiamiento
Las contradicciones del acuerdo saltan por todos los costados. La obligación de establecer una “tasa de interés positiva” choca con el compromiso de aumentar la recaudación por encima de la inflación. Menos crédito, más recesión. Encarece en forma descomunal el financiamiento del Tesoro, que ya adeuda el equivalente a 60 mil millones de dólares a corto plazo e indexado. Esta deuda deberá duplicarse como consecuencia del compromiso de los Fernández de transferir al Tesoro la deuda que el Banco Central tiene con los bancos locales - las Leliq-, por el equivalente a 40 mil millones de dólares. No hay nada más potente en materia inflacionaria que un Tesoro que acumula deuda en moneda local indexada por más de la cuarta parte del producto bruto nacional. Daría la impresión que el binomio presidencial hace todo lo posible para ocupar un asiento de reo junto a Macri y compañía, por contraer compromisos financieros fraudulentos. Los acompañará el 90% del Congreso nacional que ratificará estos desmanes.
Acuerdo “corto”
El anuncio de un acuerdo de dos años y medio es una declaración formal de default. El FMI lo quería por diez años y CFK, acompañada por el ilustre Moreau, que militó con el gobierno de De la Rúa, lo quería por veinte. Un acuerdo por un plazo inferior a los mil días, pone al FMI, por un lado, y a los Fernández, por el otro, bajo la supervisión de un tercero: los acreedores internacionales, que han firmado una renegociación, hace año y medio, por casi quince años de plazo. El menor ´traspié´ que el gobierno tenga con el ajuste, con la recaudación, con la actividad económica, o con una paritaria, volverá a llevar el ´riesgo-país´ a la línea de los dos mil puntos. Hacia 2025/2026, los vencimientos conjuntos de capital e intereses de toda la deuda externa argentina trepan por arriba de insostenibles 20.000 millones de dólares. De acuerdo a este pacto, en las elecciones de octubre de 2023, cuya campaña comenzaría a finales del año en curso, el voto de gracia lo tedrán los fondos internacionales. Una vez más, la desesperación lleva a la torpeza. El acuerdo instala, además del financiero, el default político. Macri podría acusar ahora a los Fernández de que han suscripto un acuerdo con el Fondo “para ganar las elecciones”. Se equivocaría, naturalmente, como él lo sabe mejor que nadie, porque aquel pacto con el FMI fue el comienzo del fin del derrumbe de su gobierno. Con el horizonte de renegociar una deuda de nuevo en cesación de pagos, la deuda pública y privada externa de Argentina será objeto de una frenética especulación financiera. En la confererencia de prensa, Guzmán dijo que esperaba una economía “tranquila”.
“Política de ingresos”
Guzmán anunció también una “política de ingresos”. Se trata de un eufemismo para esconder el propósito de convertir a los salarios en “ancla” de la inflación; si los salarios no suben, los aumentos de precios perderían ritmo. El ´anclaje´ de los salarios lleva, sin embargo, casi una década, sin que la inflación se diera por enterada. La raíz de la inflación es la deuda pública impagable, porque ella es considerada la moneda real de un país; la que circula en los comercios es una derivada de ella. En suma, se oficializan “las paritarias ´cuidadas´”. La invocación a los sindicatos y su “responsabilidad”, es el eufemismo, de nuevo, de una guerra contra los trabajadores, que los Fernández asumen que podrían ganar con la burocracia sindical, el Movimiento Evita y las Unidades Ejecutoras de Grabois. El ´zurdaje´ kirchnerista se apresta a ponerse en línea con la consigna de defender al ´gobierno popular´.
Los trabajadores enfrentamos un menudo desafío político por parte de un gobierno débil que ha ido en busca del Fondo y que obtendrá ahora el apoyo del Congreso patronal.
Marcelo Ramal
28/01/2022
viernes, 28 de enero de 2022
La ruptura con el FMI y la charlatanería kirchnerista
En esta circunstancia, el dólar paralelo no para de subir – hasta que se seque la plaza de pesos para comprarlo. Después de haber jurado quinientas veces que no piensa defoltear la deuda y que está decidido a firmar una carta de acuerdo con el Fondo, algunos en el gobierno comienzan a flaquear. En especial Cristina Kichner, que nunca dejó de reivindicar su condición de pagadora serial. Si hay alguna duda al respecto, sería su prueba, pregúntenle a Repsol, al Club de París, a los ‘bonistas’ y, por supuesto, al FMI. En Tegucigalpa, adonde asiste a la asunción de Xiomara Castro, aseguró que las políticas ‘neoliberales’ que pregona el FMI son responsables del narcotráfico. El sitio elegido para esta amalgama no podía ser más apropiado, porque Honduras ha sido gobernada directamente por los barones de la droga. Mientras Kamala Harris, la vicepresidenta de EEUU, arribaba también para la ceremonia, Cristina Fernández aseguraba, con razón por otra parte, que los principales beneficiarios de ese tráfico eran los bancos norteamericanos. Es cierto que Rosario o La Matanza quedan muy lejos de Centroamérica como para que alguien notara la omisión.
Habemus una crisis política, de nuevo
En este escenario, una parte del funcionariado oficial ha vuelto a reclamar que se declare el default. Diputados como Leopoldo Moreau, directores del Banco Nación como Claudio Lozano, la infaltable Fernanda Vallejos. Otros, circunstancialmente más relevantes que ellos, como Sabino Vaca Narvaja, el embajador cristinista en Pekín, advirtió que China no acompaña. China misma, dijo, para asistir financieramente a Argentina reclama un acuerdo con el FMI. El ‘imperialismo’ de China, como se puede ver, se mueve aún en las redes financieras internacionales que comanda, sin comillas simples, el imperialismo norteamericano.
Lo que califica como charlatanería a la prédica de la llamada izquierda kirchnerista, es que no es ni siquiera una declaración de cesación de pagos. Es: ‘no paguemos el lunes, y después vemos’. Es seguir negociando, mientras el ministro Guzmán va ofreciendo deuda pública en pesos pero indexada, a los fondos locales y a los bancos. Al mismo tiempo, los especuladores aseguran la compra de dólares futuros con el Banco Central, a tasas de interés inferiores a la inflación. De otro lado, hay otra deuda pública en dólares, más voluminosa, con acreedores privados, por parte del estado nacional y las provincias, que triplica la contraída con el FMI. Acerca de esta deuda, la izquierda kirchnerista la viene reivindicando desde que fue re-negociada, con “éxito” dicen, hace quince meses. Se trata de la parte gruesa que los Fernández se han comprometido a pagar, y que lo hacen de la única forma que saben hacerlo: mediante la desvalorización de salarios, jubilaciones y planes sociales.
El planteo de no pago de la deuda usuraria y ruptura con el FMI sólo puede ser tomado en serio si es parte de transformaciones económicas y sociales que sólo puede realizar un gobierno de trabajadores. En primer lugar con una inmediata elevación de esos salarios, esas jubilaciones y esos planes sociales desvalorizado, que tenga por eje o base el salario mínimo igual a la canasta familiar. La ‘agitación’ de la izquierda kirchnerista, por estas horas, es en cambio una completa estafa política. La Vicepresidenta no se distingue solamente por pronunciar discursos contra la narco-finanza o contra el anarco capitalismo. Hace muy poco, volvió a embestir contra la izquierda “que quiere expropiar todo”, o sea al FMI y al capital financiero, precisamente a quienes han expropiado largamente y lo siguen haciendo, al conjunto de los trabajadores y la mayoría de la pequeña burguesía.
El gobierno de los Fernández ha venido confiscando al mundo del trabajo desde diciembre de 2019, con el propósito de descargar la crisis dejada por el macrismo sobre los trabajadores y para preparar el acuerdo con el FMI. Lo ha hecho de nuevo a pocas semanas, en el rechazado Presupesto 2022, que preveía aumentos salariales de un 33% frente a una inflación del 52%. Lo hizo todo el tiempo con la colaboración de la burocracia sindical, incluida especialmente la de izquierda, como es el caso de Baradel. La bravata verbal contra el FMI es un pretexto para justificar la firma de paritarias a la baja, en nombre de la defensa del gobierno nacional y popular.
La fracción K del gobierno ha logrado la adhesión política de numerosos ex presidentes – Lula, por supuesto, pero también Mujica, el colombiano Samper, el dolarizado Correa, y varios más; ninguno que se encuentre en funciones o que sea candidato, como sería el caso del izquierdista colombiano Petro, para las elecciones en mayo próximo. No es un arco político que propicie el default o la ruptura con el FMI – es todo, absolutamente todo lo contrario; cada uno de ellos ha sido su sirviente. Esa declaración es un seguro internacional de que el kirchnerismo no pretende romper con el FMI; que la Argentina K no saca los pies del plato. Algún camporista despistado ha sugerido defoltear hasta octubre próximo, cuando Lula vuelva a la Presidencia de Brasil en las elecciones generales. Es lo último que Lula pretende recibir como ‘apoyo’ del gobierno de los Fernández. Hasta ahora no ha movido un dedo, como tampoco el PT y la Central de Trabajadores, contra la reforma previsional y laboral, contra las diez alzas de la tasa de interés en el lapso de seis meses, ni contra los aumentos de combustibles de Bolsonaro – típicas medidas fondomonetaristas.
El griterío contra el FMI de parte los pagadores seriales y de los ajustadores también seriales, se parece, como una farsa, al griterío malvinero de la dictadura. De nuevo, una ‘epopeya’ nacionalista y vacía de contenido, para escapar del derrumbe. El nacionalismo pequeño burgués ha sido históricamente pródigo en la malversación política cuando siente el callejón sin salida de sus contradicciones. La clase obrera debe advertir esta estafa, que a fuerza de no ir a ninguna parte lleva a las masas a la derrota.
Esta agudización de la crisis financiera plantea la posibilidad de una ruptura política de orden más general. Una crisis que forzará una intervención abierta de todas las clases sociales, en primer lugar de los trabajadores. La necesidad de fijar una política propia se hace más perentoria. La cuestión de la deliberación política de la clase obrera pasa a un primer lugar, al cual se llegará como consecuencia de las luchas y movilizaciones que impone la crisis misma. El cese del pago de la deuda usuraria y confiscatoria debe ser acompañado, para no ser una frase vacía, de un control general de la gran producción, comercio y finanzas; de una apertura de los libros de las grandes empresas; y de un plan económico alternativo – o sea de una lucha de conjunto por el poder político, por un gobierno de trabajadores.
Pero es necesario ir un poco más lejos todavía. Es que detrás del barullo y la charlatanería se desarrolla la tendencia a un colapso oficial. La piedra libre de los Fernández a la pandemia -que es la medida fondomonetarista de mayor envergadura, porque sacrifica la vida de los trabajadores a las exigencias del capital-; la crisis, de un lado con la Corte y del otro con el Congreso; la falta de Presupuesto; el incremento de la inflación; las paritarias; las luchas obreras; el chubutazo; el fraccionamiento del gobierno; todo esto, en suma, plantea una crisis generalizada, no solamente a la clase obrera sino a todas las clases sociales. La necesidad de un Congreso Obrero se torna urgente. Un congreso que defina un plan de lucha, que prepara la huelga general, que organice comités obreros y que presente un programa para salir realmente de esta catástrofe capitalista.
Jorge Altamira
27/01/2022
jueves, 27 de enero de 2022
Coronavirus: aumentan las muertes, profundizan el ajuste
Hace más de una semana que el promedio de muertes diarias por coronavirus en el país no baja de 140. Estos últimos dos días se contabilizaron los mayores números de la tercera ola: 260 ayer y 280 el día anterior. Otro dato es revelador: de la primera semana a la segunda de enero el crecimiento de casos letales fue de 84%, mientras que de la segunda a la tercera aumentó un 124%. Es evidente que, finalmente, los fallecimientos están alcanzando a los casos y llegando a su propio pico.
La buena noticia es que, en comparación con la segunda ola, la tasa de letalidad (número de fallecimientos por número de infectados) es mucho menor, en parte gracias a la acción de las vacunas que comprobaron ser sumamente eficaces para evitar las formas graves y en parte debido a la aparente menor virulencia y afectación pulmonar-respiratoria de la variante Ómicron. Esto, sin embargo, no evita que los números actuales de muertes y casos graves sean preocupantes, especialmente porque son varios los especialistas que aseguran que lo peor está por llegar, sobre todo si se tiene en cuenta que el tiempo entre el contagio y la evolución hacia una forma grave es más extenso en Ómicron.
En este sentido, es claro que frente a un número absoluto de contagios tan grande como los actuales, con un promedio de 100 mil diarios y casi un millón de casos activos, la pequeña fracción de casos complicados deja de ser pequeña. De allí los 200 fallecimientos diarios o el casi 50% de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud.
Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) reveló que los fallecimientos podrían crecer a más de 400 y 1.000 diarios. Cualquiera de las dos proyecciones -la “pesimista” y la “optimista”- plantean escenarios con picos de muertes en un contexto de meseta de contagios extremadamente alta. Todo indica que los más afectados son los no vacunados o con esquemas incompletos y aquellos con comorbilidades, pero también toca a quienes transitaron la infección sin pasar por la hospitalización.
Sobre este punto hay que rescatar que todavía es incierto el universo de secuelas a mediano y largo plazo de la infección por coronavirus. No podemos dejar de mencionar que la infección es de tipo sistémica, lo que implica la afectación de varios órganos y la posibilidad de alterar el bienestar de las personas en múltiples planos. En principio los estudios sugieren que 6 de cada 10 pacientes continúan sintomáticos por seis meses y que el 30% de aquellos que se recuperan pueden presentar por algún tiempo un empeoramiento de su calidad de vida. Además, los jóvenes que transitaron la enfermedad en forma leve pueden presentar por periodos prolongados problemas en la concentración, dolores de cabeza, depresión y hasta psicosis, siendo aún desconocido el tiempo de duración.
El gobierno no deja de flexibilizar protocolos, como el aislamiento para contactos estrechos o la reciente noticia de la eliminación del requisito de PCR negativo para argentinos y residentes que reingresen al país, en un contexto en el cual gran parte de la población se encuentra de vacaciones, es decir que los cuidados se reducen y los contagios florecen. Así, la actitud estatal de “descuidado” da el ejemplo para todas las flexibilizaciones del ámbito privado, como la eliminación de los protocolos o el obligar a los trabajadores a asistir con síntomas o siendo contacto estrecho a sus lugares de trabajo, centro neurálgico de los contagios. Todo en favor de evitar un parate de las actividades económicas y presentar números acordes para el FMI, pero a costa de la salud de la clase trabajadora.
Con ese horizonte es que el gobierno avanzó en la reducción del presupuesto de salud para el próximo año en $48.150 millones, corroborando la intención de borrarse de cualquier responsabilidad estatal a través de la desarticulación de los dispositivos Covid puestos en marcha durante la pandemia y privatizando testeos y atención, en momentos que se necesita en realidad el reforzamiento del sistema sanitario. Para ello se debe aumentar el presupuesto para salud y centralizar el sistema, de manera que funcione de manera articulada y se garantice el acceso para toda la población. Fortalecimiento de los testeos a través del aumento de los centros y del personal. Recomposición salarial para los trabajadores de la salud y paritarias indexadas a la inflación, así como el establecimiento de protocolos bajo control obrero a través de comisiones de seguridad e higiene electas entre las bases y vuelta de los aislamientos para contactos estrechos y aquellos que presenten síntomas. Para financiar este programa se debe romper con el FMI y rechazar el pago de la deuda.
Lucía Cope
«Uno de los mitos que se han creado es que hay un límite de tiempo para arreglar con el FMI»
Entrevista a Jorge Marchini de Economistas de Izquierda (EDI)
M.H.: En diciembre fuiste moderador de una mesa “Argentina y América Latina ante las negociaciones con el FMI” con Ricardo Aroskind, Christian Castillo, Martín Lousteau (no sé si estuvo presente) y Noemí Levy. ¿Contanos qué pasó?
J.M.: Primero hay que decir que algo pasó en este último período electoral, donde paradójicamente, el tema de la crisis, que hoy vemos claramente los efectos de la negociación con el FMI, que han marginado a una campaña electoral mucho más superficial, en general el ánimo social era “me gusta tal o cual candidato”. Mientras que la realidad es que el tema del FMI es un tema central, estamos viendo en estos días cómo se está negociando, el FMI hizo una declaración diciendo que la Argentina tiene que hacer un ajuste económico regresivo, con reducción del gasto público, vinculado al tipo de cambio, a las tarifas de los servicios públicos, que bien sabemos tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida populares, cuando tenemos dos crisis sucesivas, sobre todo los dos últimos años de Macri, donde viene este último crédito del FMI y luego los dos primeros años de Alberto Fernández que está en el marco de la expectativa que planteó su gobierno, pero también existe una situación de deuda que aparece en mitad de la escena.
El debate no solo fue situar qué sucedió con la deuda, quiénes fueron los actores, etc. Sino también la situación de emergencia, y la pregunta cuáles son las propuestas, qué están planteando. Porque no solo se trata de hacer diagnósticos, sino también saber cuáles son las propuestas.
Y la verdad es que fue un evento muy importante por voces distintas que hacen crecer el debate. No es un debate técnico el que está planteado en este momento, sino un debate a nivel de la sociedad. Uno de los temas que tienen las negociaciones financieras es que son secretas.
Nosotros hemos visto en todo el mundo que apenas terminaron las elecciones el presidente A. Fernández hace una declaración grabada que sale por cadena nacional, donde habla de que en los primeros días de diciembre enviaría al Congreso nacional los acuerdos alcanzados con el FMI. Sin decir cuáles son. Y de ahí en más todo fue incógnita.
Esto fue una apertura de ese debate. Y la importancia de hacer este ejercicio, poner diferentes referencias y opiniones distintas establece que ese debate tiene que ser social y no de especialistas y de grupos financieros y lobbies, que están presionando para que Argentina haga un ajuste regresivo y también las propuestas.
Uno de los mitos que se han creado es el del reloj, que hay un límite de tiempo para arreglar. Esto también fue importante para desmitificar este tipo de lugar común que se ha instalado. Está muy forzado por los analistas del establishment. Fue la idea de este debate poner al descubierto este tipo de ideas.
M.H.: Tuviste que moderar una mesa con pesos pesados.
J.M.: Una de las caricaturas que se hace del tema de la deuda, por personas que tienen intereses creados con este endeudamiento y con que se privilegie su pago, que ya sabemos que es una situación basada claramente en un vaciamiento.
Esta famosa deuda de los 44.000 millones de dólares del FMI no tiene contrapunto ni en puentes, ni caminos, ni escuelas, ni viviendas, tiene que ver con un juego financiero perverso de ingreso de capitales de corto plazo, financiamiento de fuga de capitales. Estos son temas anunciados en las investigaciones pero a las que no se les pone nombre y apellido que es lo que se debiera hacer.
En este debate una de las caricaturas que se hace es que quienes tenemos una opinión distinta, que el tema de Argentina y la deuda tiene que ser una de las prioridades de la sociedad, y no la especulación financiera, es ponernos la caricatura que nosotros no queremos discutir nada que solamente tenemos consignas, que no tenemos ni ideas ni propuestas.
Y este debate que se hizo fue muy interesante, estaba presente Christian Castillo por el FIT. Me gustó mucho su debate, muy bien planteado, con ideas muy claras. Estaba también Ricardo Aroskind que es una persona de un muy buen nivel como analista que trajo muy buenas ideas y propuestas respecto del tema. Y las opiniones también, de una especialista de México que trabaja con el Tesoro de ese país, fue muy interesante el ver el tema de la deuda no como un tema solo de la Argentina sino como común a los países periféricos y particularmente de América Latina.
Esta conferencia está en internet y se puede acceder a ella a través de Clacso. Era una aventura pensar en un debate de estas características pero era necesario hacerlo y el resultado fue realmente muy importante, sobre todo para ver líneas próximas para hacer más cosas. Yo creo que el tema FMI va a seguir cubriendo todo el escenario en los próximos meses. Ya vimos la movilización del viernes 10 de diciembre que en principio el eje de la convocatoria era otro, pero pasó a ser el tema de la deuda el tema central. Y el sábado 11 en la movilización de la izquierda el tema del “No al FMI” fue también principal.
Estos temas que ya tienen otro correlato, sobre las consecuencias de un eventual acuerdo urgente, como parecía estar rondando, tiene necesidad de respuesta y este debate de voces distintas nos dejó varios aprendizajes, por un lado cuáles son las posiciones y a quienes tenemos otra posición nos da la posibilidad de presentarlas pero además de ajustar el debate para tener mayor capacidad de convocatoria a ese debate. Me parece un logro importante en este tipo de eventos.
La idea de que el FMI nos iba a permitir crecer para poder pagar ha chocado contra la pared
M.H.: ¿Cuál es tu opinión respecto del pago de la deuda?
J.M.: En diciembre de 2019 con el cambio de gobierno era el momento más oportuno para iniciar una investigación, esto se decía en la campaña inclusive. Había que hacer una auditoría completa de la deuda para ver qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables. Ya sabemos que hay responsables desde aquí, de quiénes lo llevaron adelante, las normativas que no se han cumplido y también el vaciamiento de reservas vinculado con el juego financiero, la fuga de capitales, este tema tiene que ser investigado.
No se ha hecho la investigación con una teoría que tiene que ver con una parte de los economistas que se llaman heterodoxos que afirmaban que el tratamiento de la deuda iba a tener la comprensión de los acreedores, primero los privados, con una negociación de un año que hizo Martín Guzmán y luego del FMI. Con la idea de que nos iban a permitir crecer para poder pagar. Esta ilusión ha chocado contra la pared.
Si hay algo que ha quedado demostrado es que este FMI no es otro FMI, que no pide mejoramiento económico sino ajuste económico. Y ahora estamos en una hora crítica. El argumento que utiliza actualmente es que se pueden haber equivocado, pero que ahora no queda otra porque si no entramos en default.
Default significa no pagar la deuda. Esta deuda, que es el récord que el FMI ha dado a un país, tiene una magnitud enorme, 44.000 millones de dólares. Los primeros dos años, sobre todo el 2019 se pagaron intereses, lo que ocurre es que a partir de septiembre de 2021 ha comenzado el pago de la amortización, de pago de capital. Acá se utilizó un tipo de recurso extraordinario que es una emisión de Derecho Especial de Giro (DEG) elegido para pagar las primeras cuotas.
Y el tema es que el 31 de marzo hay que pagar una nueva cuota y no hay manera de hacerlo. Se ha generado el mito de que acordar con el FMI es malo pero peor es no acordar.
Y esta es una paradoja, porque el tema es que Argentina no puede pagar la deuda, porque los compromisos que se han acumulado de forma irresponsable han impuesto una deuda que no tenía sentido, no solo por la especulación financiera, sino por el tipo de pagos en condiciones que son imposibles de abarcar.
En este momento Argentina tiene que postergar este tema, tiene que extender la negociación, acreedores y deudores cuando hay una situación así, de cuello de botella, no se deja una deuda anterior sino que se suma a la nueva en el mismo paquete; extender el plazo de negociación.
Acá es claro que el tiempo, si se juega a contrarreloj el que pierde es el que tiene que ceder. Si Argentina cree que tiene que negociar, la otra parte tiene todo el poder. Lo que hay que hacer es que el tiempo no juegue a favor del FMI, hay que dilatar esta negociación y, por supuesto, buscar las medidas que se correspondan: controlar el comercio exterior, la banca con respecto a los giros de capitales, avanzar en la investigación de lo que tiene que ver con la estafa del uso de divisas.
Y al mismo tiempo priorizar los intereses nacionales y populares. Este es el debate que está abierto. De alguna manera estamos en este momento en el que se está jugando el futuro. Estamos hablando de un crédito a diez años que va a atar la economía argentina con supervisión permanente del FMI, con cumplimiento de metas en esta condición de priorizar el pago. Si eso ocurre, Argentina tiene un retroceso histórico nuevamente.
Tenemos ya un largo recorrido respecto al FMI y las consecuencias que tiene. Este es el debate abierto que se había mantenido latente, y hay que derribar ese mito que la Argentina no puede hacer otra cosa que aceptar. La derecha y el establishment lo han impuesto a esto.
Tenemos que ser capaces de replantear cuáles son los intereses nacionales y populares que están en primera línea y, por otro lado, el tema de la investigación de la deuda, la auditoría, la cuestión vinculada a cuáles son las prioridades y el hecho que existe un Estado de necesidad.
Tenemos un ministro de Economía que ha estado más dedicado a los temas de la deuda que a la economía argentina, estamos en época de rebrote de la pandemia con una gran crisis económica y, sin embargo, el tiempo dedicado del ministro es para hablar con el FMI.
Creo que hay que cambiar las prioridades, el tema es el recupero del empleo, de la producción, de las condiciones de vida, de la distribución del ingreso, el cambio del sistema impositivo para que recaiga no sobre los que menos tienen sino sobre los que tienen más capacidad contributiva.
Y una relación con el mundo que tenga que ver con no estar cautivos a la deuda y donde se imponen políticas exteriores, sino que el país pueda tener independencia económica. Este debate empieza a abrirse, la izquierda participa y tiene una posición clara, pero tiene que ser mucho más amplia, y tiene que haber una movilización popular mucho más amplia pero para hacerlo también hay que comprender el desafío que está presente y proponer alternativas.
El primer mito a romper es este que afirma que no hay alternativas. No es cierto, no es fácil tampoco, pero vale más esta perspectiva que busque sostener los intereses nacionales y populares, que ceder al tema de los intereses financieros que son altamente extorsivos en lo que plantean.
Mario Hernandez | 22/01/2022
miércoles, 26 de enero de 2022
La crisis de poder, televisada en horario ´prime´
En una exposición extendida en el tiempo, Asiain se pronunció por no pagar los vencimientos de los próximos días con el FMI y, de un modo general, dejar en suspenso la negociación del acuerdo y describió las consecuencias sombrías que tendría su firma. Denunció que el préstamo de facilidades extendidas requerirá como contrapartida un régimen de supervisión trimestral de las cuentas del país – en sus propias palabras, “tendrá a la Argentina en vilo, y siempre a las puertas de un eventual default”. Se valdrá para ello del método de pago de esa deuda, que parte de una entrega de dinero por parte del FMI para que Argentina cancele la deuda original, menos el monto de la cuota a pagar que establece el acuerdo renegociado. El mango de la sartén lo tiene el FMI.
El hombre del oficialismo caracterizó a ese régimen económico como un “cogobierno” (entre Fernández-Guzmán y el FMI). Un portal de noticias que recogió la nota dedujo que “el Frente de Todos se partió” (Urgente24), aunque Asiain no representa tanto y el principal medio televisivo del gobierno, bajo la tutela de Cristóbal López, no le mezquinó tiempo de transmisión. Un “canario en la mina” es siempre portavoz de un derrumbe. Este es, precisamente, el eje de los Lineamientos de la situación nacional que acaba de ser presentado para el debate del Congreso de Política Obrera. En el texto que está publicado en esta misma página, se señala que “La bancarrota financiera de un estado se encuentra asociada siempre a una crisis de poder. Así ocurrió con Isabelita, Galtieri, Alfonsín y De la Rúa; el kirchnerismo perdió en 2015, y a Macri lo salvó el ‘gong’ en el último round”.
“Lo vamos viendo”
La intervención de Asiain sirvió también para desnudar la inconsistencia de la izquierda kirchnerista, un daño coleteral del planteo del economista del oficialismo. Asiain encubrió cuidadosamente al mega-ajuste ya consumado por el gobierno de los Fernández en aras de arrimar posiciones con el FMI, sin la necesidad de que el FMI autorice cada partida de gasto del Presupuesto. Es lo que ha ocurrido con las jubilaciones, los salarios estatales y, más recientemente, la poda de partidas sociales para el año 2022. Fueron dos años de subsidios al capital local, más allá incluso de los Repro y ATR, porque la burguesía importó insumos a la cotización dólar en el mercado oficial para vender el producto elaborado a la cotización del dólar paralelo. Mientras despliega bravatas contra la “deuda que nos dejó Macri”, el gobierno convoca a audiencias para subir las tarifas de gas y luz, sin el menor examen de los costos de producción, tomando como referencia el precio internacional, que incorpora una enorme renta minera.
En el final de su exposición, Asiain dejó en claro que ni él ni la izquierda K no pretende repudiar la deuda, algo que de todos modos no hace falta aclarar, porque lo repiten todos los ‘izquierdistas’ del oficialismo. “Dejemos en suspenso los pagos y seguimos negociando, lo vamos viendo”, no incluye a la deuda pública local y externa por u$s 150 mil millones; la de las provincias, por u$s 25 mil millones; la deuda externa privada, que se paga con reservas internacionales, por decenas de miles de millones de dólares – ni la que ha contraído el Banco Central en pesos, equivalente a u$s 40 mil millones. Otros medios izquierdistas del kirchnerismo anuncian, en cambio, el envío inminente de una carta de intención al FMI, para evitar una corrida cambiaria y bancaria (Roberto Navarro, director de El Destape). Podría ocurrir que se envíe esa carta este fin de semana con el pedido de incorporar al paquete de pagos los vencimientos del viernes y lunes próximos.
La suspensión de pagos es siempre un episodio más de una negociación. Claro que los ´jugadores´ son muchos, desde los fondos internacionales y nacionales y los bancos con titulos de deuda pública en su poder, hasta entidades financieras que financian el comercio exterior a corto plazo. Está también un acreedor de fuste – el club de París, cuya préstamo fue renegociado por varias generaciones de financistas. Encima hay litigios por deuda en NY. La ´suspensión´, dejando las manos libres a todos estos buitres para operar en beneficio propio, acentúa la crisis de poder y agrava las injurias sociales contra los trabajadores.
La burguesía semi-oficialista, como el complejo exportador agro-industrial, los explotadores de Vaca Muerta y del Atlántico Sur o los exportadores de autos y los industriales de construcción, e incluso la burocracia sindical han advertido que no hay alternativa a la firma del acuerdo con el FMI. El gobierno y sus colegas de la oposición macrista pretenden ser estadistas, pero no pasan de mercachifles. La izquierda kirchnerista corre atrás de ellos.
Estos izquierdistas buscan evitar que los trabajadores hagan verdadera política en esta crisis, por medio de una lucha por la recuperación de conquistas sustraídas, por la salida integral a la pobreza y a la falta de trabajo y por un verdadero plan de lucha por el Covid Cero en el mundo del trabajo.
Para acabar con el desangre que impulsa el FMI y los fondos internacionales, es necesaria una ruptura histórica con el capital, para reconstruir la sociedad sobre bases socialistas. Esto requiere una lucha política propia de la clase obrera y un gobierno de trabajadores. El charlatanerismo fondomonetarista de la pseudo izquierda K tiene, por el contario, una función contrarrevolucionaria – como lo es apoyar al gobierno de los Fernández, Guzmán y Manzur.
Marcelo Ramal
26/01/2022
La inflación como transferencia de ingresos desde los trabajadores al Estado
La recaudación tributaria del 2021 muestra hasta qué punto la carga impositiva del país recae sobre las espaldas de los trabajadores. La misma tuvo una variación interanual del 11,9% en términos reales y este crecimiento se debió fundamentalmente a lo ingresado vía derechos de exportación -fruto del auge exportador- y a través del IVA.
Lo recaudado por medio del IVA aumentó un 14,8% interanual por encima de la inflación, constituyendo el 35% de ingreso tributario del país en todo el año pasado. Se trata de un impuesto al consumo sumamente regresivo, donde hasta personas sumidas en la indigencia se ven forzadas a tributar un 21% cada vez que adquieren un producto de primera necesidad.
Nominalmente, mediante el IVA en el 2021 se recaudó una suma 70,2% superior que en 2020. El salto mencionado es fruto del alza inflacionaria del 50,9% que tuvo lugar el año pasado, donde el porcentaje del impuesto pasó a cobrarse sobre productos cada vez más caros. Esta mayor confiscación al salario por la vía impositiva constituye una de las razones por las cuales el gobierno logró sobrecumplir las metas fiscales trazadas para 2021, cerrando el año con un déficit primario del 3% cuando se estimaba que fuera del 4,5%.
La misma escalada inflacionaria, que, a su turno, sirvió para licuar las partidas sociales, particularmente las sumas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones, ya que la nueva fórmula de movilidad bajo el gobierno actual deslindó los haberes previsionales de la pauta inflacionaria. Es decir, a pesar de que al Estado lo financian en mayor medida los trabajadores -como acabamos de señalar-, las únicas transferencias que le han ganado a la inflación son las destinadas a subsidiar al capital; en cambio, el gobierno descarga sobre las mayorías populares todo el peso del ajuste en pos de complacer al FMI.
De este modo vemos cómo la inflación es utilizada como mecanismo para transferir ingresos desde el bolsillo popular al de los capitalistas y el Estado. No solo porque encarece las góndolas locales generando una pérdida del salario real, sino que también refuerza el peso fiscal que deben afrontar los trabajadores por medio de impuestos como el IVA, que, cabe destacar, Alberto Fernández se encargó de reponerlo sobre los productos de la canasta básica ni bien asumió. Esto, sumado a que la clase obrera es ajena a los regímenes de «alivio fiscal» del que gozan los capitalistas -como las contempladas en los proyectos de ley de Hidrocarburos y en el de Promoción a la Industria Automotriz- quienes, además, al dominar los resortes de la economía, incurren constantemente en mecanismos de evasión.
Como lo evidenció el reciente Consenso Fiscal, la hoja de ruta para acordar con el Fondo incluye acrecentar la carga impositiva sobre la población trabajadora, de manera directa, como ocurre con los impuestos al consumo, o indirecta, mediante el aumento de impuestos a las patronales que terminan siendo trasladados al precio final que abona el consumidor.
Por lo tanto, debemos organizarnos para que el financiamiento del Estado corra por cuenta exclusiva de los capitalistas. Abajo el IVA, el impuesto al salario y a la vivienda única. Reposición de aportes patronales y aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.
Sofía Hart
Un impuesto a los fugadores… ¿para seguir fugando con la deuda?
Un puñado de organizaciones de centroizquierda referenciadas en el Frente de Todos emitieron una propuesta respecto del pago de la deuda externa, que intenta posar de salida progresiva para el país. Sugirieron que se establezca un impuesto extraordinario sobre los 100 principales fugadores de divisas, que permita recaudar el caudal de dólares necesario para solventar la deuda con el FMI. Cuando el gobierno nacional viene pagando religiosamente los vencimientos de deuda y se acercan nuevos compromisos pero las reservas del Banco Central están en rojo, la inciativa no pasa de un planteo vergonzante para… salvar los pagos al Fondo.
A fin de cuentas, un gravamen de este tipo no altera en lo más mínimo el régimen de fuga de capitales. Argentina es el tercer país con más nombres implicados en los Pandora Papers, porque los grandes capitalistas nacionales tuvieron facilidades por décadas y bajo todos los gobiernos para girar sus fortunas a paraísos fiscales y fuera de las fronteras del país con absoluta impunidad. Ni hablar de los pulpos multinacionales que dominan las grandes ramas de exportación. En esa lista están salpicados figuras y funcionarios a ambos lados de la grieta, lo que devela a todo un régimen de corrupción e impunidad. Lo que los empresarios criollos tienen en el exterior o atesorado fuera del sistema financiero local es más de diez veces las exiguas reservas internacionales del Central, lo que desmiente que el problema argentino sea una escasez de divisas.
Ahora bien, lo que estas organizaciones oficialistas vienen a proponer es, básicamente, que el monto que resulta de recaudar un impuesto a los fugadores… ¡se fugue nuevamente en pagos de deuda externa! En definitiva, la deuda es una de las vías principales del drenaje permanente de los activos del país hacia afuera. A la centroizquierda del Frente de Todos ni se le pasa por la cabeza concentrar del ahorro nacional para invertirlo en un desarrollo económico y social. El régimen de saqueo seguiría intacto, pero pagando un tributo al capital financiero internacional (con la mediación del Estado).
Por lo demás, señalar únicamente al crédito del FMI como garante de la fuga absuelve al conjunto la deuda fraudulenta, que desde la dictadura y la estatización de los pasivos de las empresas ha sido pagada y repagada varias veces, y sin embargo no para de crecer. Todos los que nos gobernaron desde entonces nos llevaron a la situación actual de miseria, hambre, pauperización generalizada y crisis económica engrosando el bolsillo del FMI, el Club de París, el Banco Mundial, los Templeton o los BlackRock. Lo prueba el récord de superávit comercial del 2021, del cual ni un dólar quedó en las arcas del Banco Central.
Los firmantes del documento (Roja y Negra de los Metrodelegados, Espacio Puebla, Frente Germán Abdala de la agrupación Verde y Blanca de ATE, Movimiento Popular La Dignidad, Agrupación Abriendo Caminos, Partido Comunista, Evita para la Victoria, Corriente Popular K, Movimiento Popular Liberación, Liberación Popular, Corriente porteña Cumpas y Soberana) presentan que se necesita un “Nunca Más” de la deuda externa, y que “el país tiene que dirigir sus recursos al desarrollo de su economía y la restitución del tejido social severamente dañado”, pero el gobierno viene tolerando la fuga de capitales y en dos años aumentó en 40.000 millones de dólares la deuda pública. Ahora, como garantía de repago al FMI, presentó en el Congreso una batería de leyes de beneficios para… los grandes pulpos capitalistas petroleros, automotrices, agropecuarios, mineros; que precisamente son los protagonistas del saqueo nacional.
Únicamente rompiendo con el Fondo Monetario y dejando de pagar la deuda es posible ponerle fin al saqueo del país, y para “dirigir los recursos al desarrollo de la economía” es imperioso nacionalizar la banca y el comercio exterior para frenar definitivamente la fuga de capitales y disponer del ahorro y las riquezas nacionales para revertir la huelga de inversiones que vienen imponiendo los capitalistas. Es un programa que solo puede levantar quien pelea por una transformación social genuina de la Argentina, para reorganizarla sobre nuevas bases.
Manuel Taba
Las lecciones de la URSS a 30 años de su caída
Desde el punto de vista de la clase capitalista, la implosión de la URSS es motivo de alborozo, porque con ella desaparece un referente para la clase obrera a escala mundial. Aunque es fraudulenta su propaganda de que dicha desaparición demuestra el fracaso inevitable de toda pretensión emancipatoria, la realidad es que para los explotadores resulta un alivio la disolución del primer Estado obrero de la historia, salvando la breve experiencia de la Comuna de París en 1871. Pero el Estado obrero que se disuelve en 1991 era muy distinto del que se había constituido inicialmente, en 1917, proclamado como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cinco años después.
Por el contrario, desde la perspectiva de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora, la experiencia soviética es un proceso que aporta enseñanzas importantes. Lecciones que no tienen que ver con la nostalgia, sino con la constatación de que sólo a partir de la liquidación de la base material de la opresión, la propiedad privada de los grandes medios de producción, se hizo posible resolver de forma inmediata cuestiones decisivas como la salida de la I Guerra Mundial o el reparto de la tierra hasta entonces latifundista. Y se comenzó a encaminar una auténtica transición socialista que, entre otros muchos hitos, dio pasos decisivos en la plena igualdad entre mujeres y hombres, como en ningún otro momento.
Entonces era la barbarie capitalista la que había provocado la guerra mundial, de forma análoga a como hoy dicha barbarie es la causa de un proceso cada vez más sistemático de destrucción de fuerzas productivas (la crisis, el saqueo de los recursos naturales y, sobre todo, la desvalorización de la fuerza de trabajo y la consecuente precarización vital de la mayoría de la población, las guerras imperialistas permanentes). En particular, de ningún modo se puede entender la dimensión de la pandemia -así como su utilización para imponer más regresión económica y política- si no es partiendo de su condición de resultado de la crisis del capitalismo y las destructivas políticas económicas que inevitablemente la acompañan, como el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud o la investigación farmacéutica regida por el objetivo único de la ganancia y cada vez más cortoplacista.
El Estado obrero que surge de la Revolución
Ningún Estado burgués puede resolver los problemas de la mayoría. Es así por definición y se constata empíricamente. Porque estos problemas proceden de la dominación burguesa, cuya base material, la explotación, debe necesariamente aumentar para contrarrestar -finalmente de forma infructuosa- las contradicciones crecientes de la acumulación capitalista. Lo padecemos tras cada proceso electoral en el que, más allá de la ilusión que pueda despertar en ciertos sectores tal o cual resultado, todo nuevo gobierno que se subordina a las exigencias del capital y su personal político (en particular el FMI) actúa contra los intereses de la clase trabajadora. Hacerlo a su favor implicaría situarse en una posición de ruptura, porque las legítimas aspiraciones de la mayoría son incompatibles con las exigencias del capital.
El triunfo de la revolución rusa en octubre de 1917 significa la destrucción del viejo Estado burgués, en sus versiones zarista y “democrática”, subordinado al imperialismo de las potencias dominantes. Y la constitución de un nuevo Estado que expresa la liquidación de la dominación de las clases explotadoras, cuya base material ha desaparecido con la expropiación de los grandes medios de producción y entre ellos el latifundio. Además, los Estados de las clases explotadoras se apoyan también en otras organizaciones reaccionarias como lo son en particular las religiones, como se expresaba entonces en Rusia en la injerencia de la Iglesia ortodoxa u hoy aquí en la injerencia de la Iglesia católica.
Es por tanto la constitución del Estado obrero, un Estado de la clase obrera en alianza con el campesinado pobre, lo que hace posible una serie de medidas tan importantes como lo son las dos que se toman en las primeras veinticuatro horas, desde la resolución sobre la formación del gobierno obrero y campesino: el decreto de la paz y el decreto de la tierra. Inmediatamente, ocho días después, la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia que incluye el derecho de autodeterminación. Todavía en 1917, es decir, en los dos primeros meses del nuevo Estado, se promulgan, entre otros muchos, decretos que ponen la organización económica bajo control de la mayoría y a su servicio: control obrero de la producción, contra la especulación y los especuladores, de nacionalización de los bancos y la cancelación de préstamos estatales, supresión de las herencias, de duración del trabajo, del límite de edad y el trabajo de las mujeres y, muy destacadamente, de la nacionalización del comercio exterior. También de defensa de la revolución y del internacionalismo, como los decretos de formación del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, de la milicia obrera y de apoyo material a la revolución mundial. Y de contenido democrático, igualitario, con los decretos de derecho de revocación, de la prensa, de la educación popular y de la erradicación del analfabetismo, del matrimonio civil y el divorcio, de la abolición de las categorías y grados civiles, de la libertad de conciencia y la separación de las Iglesias del Estado.
Un listado verdaderamente impactante, máxime si se mira desde la perspectiva actual cuando la mayor parte del contenido de estos decretos siguen siendo aspiraciones insatisfechas. En noviembre de 1920 se promulga el decreto de protección de la salud de las mujeres, que incluye el derecho a que las mujeres utilicen los medios técnicos para controlar su reproducción, en particular con el aborto. Algo que todavía hoy no está garantizado en muchos países (Stalin lo prohibiría en 1936, mostrándose también en ello su carácter contrarrevolucionario). Todo ello es el resultado de un Estado obrero, como decíamos, un Estado que no está ligado a la propiedad privada de los grandes medios de producción, sino que, al contrario, expresa su expropiación.
La degeneración burocrática no era inevitable
Obviamente, la toma del poder concretada en la creación de un Estado obrero no completa el paso a una sociedad comunista, aunque sí supone una enorme palanca para la transición socialista hacia ella. Prueba de ello son los avances que suponen los decretos mencionados en todos los ámbitos, en particular en la alfabetización o en la lucha por la emancipación de la mujer de la opresión patriarcal y por los derechos nacionales de los pueblos que integraban la unión, como parte del proceso general de emancipación social de toda forma de opresión.
Progresar en el proceso de transición exige un aumento de la productividad que permita el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero Rusia era una economía atrasada y dependiente que, además, padecía la devastación de la guerra mundial y sobre la que se lanzó una “guerra civil” contra la revolución, de forma inmediata, por parte de las potencias imperialistas, apoyando a los restos del viejo ejército zarista convertido en ejército blanco. Además, y esto es decisivo, el método marxista había identificado el contenido internacional de la lucha de clases, aunque mantuviera formas nacionales (como explican el propio Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848). Dicho de otro modo, toda ilusión de completar el socialismo en un solo país era y es ajena al marxismo y por tanto al bolchevismo. Pero Rusia queda aislada por las derrotas de los procesos revolucionarios que tienen lugar al final de la guerra mundial, en particular en Alemania y que se completan con la china (que no se deben a falta de combatividad del proletariado, sino de la debilidad del partido y, en particular en China bajo la influencia de la burocratización de la Internacional Comunista, además de a la traición de la dirección socialdemócrata en Alemania). El retroceso de las fuerzas productivas –producto de la destrucción causada por la guerra mundial y la posterior guerra civil- impedía sacar a la población de la miseria rápidamente.
Cuando una alcoba individual, una alimentación suficiente, un vestido adecuado aún no son accesibles más que a una pequeña minoría, millones de burócratas, grandes o pequeños, tratan de aprovecharse del poder para asegurar su propio bienestar. De ahí el inmenso egoísmo de esta capa social, su fuerte cohesión, su miedo al descontento de las masas, su obstinación sin límites en la represión de toda crítica y, por fin, su adoración hipócritamente religiosa al “jefe” que encarna y defiende los privilegios y el poder de los nuevos amos (Trotsky, La revolución traicionada).
Desde muy pronto, tanto Lenin como Trotsky habían alertado del riesgo de burocratización, de que se constituyera una capa de burócratas que pudieran parasitar los avances de la revolución (en textos como el “Testamento” o Más vale poco y bueno el primero o El nuevo curso o Carta a una asamblea del partido el segundo). Durante los años veinte tiene lugar una pugna que se expresa también, en parte, en una discusión teórica conocida como “debate de los años veinte”. En 1924 Bujarin acuña la expresión “socialismo en un solo país”, que en 1925 hace suya Stalin. Es la negación de la noción de revolución permanente que antes de Trotsky en 1904 -y de Lenin en 1905- ya habían formulado Marx y Engels desde 1845 en La sagrada familia. Con ese mantra se va preparando una gigantesca operación propagandística orientada a justificar la eliminación de todo resquicio democrático, lo que se concreta en 1927 con la expulsión de Trotsky del partido y en seguida de toda la oposición de izquierda. Con la posterior expulsión de la oposición de derecha se culmina el proceso de destrucción del centralismo democrático (plena unidad de acción bajo la premisa de plena libertad de discusión) en el Partido Bolchevique, que se sellará en las pantomimas contrarrevolucionarias de juicios que fueron los siniestros Procesos de Moscú ya en los años treinta, contra la vieja guardia bolchevique y también contra una parte de la propia burocracia.
Hay una conclusión decisiva de todo esto: la burocratización no era inevitable. Fue producto de una feroz lucha donde triunfó el ala burocrática contrarrevolucionaria. No hay ninguna ley social que determine que, necesariamente, toda experiencia revolucionaria, emancipatoria, de forma inevitable degenerará. La única forma de sostener eso sería sobre la base de que “el ser humano es así, egoísta, mezquino”. Pero el ser humano no es de ningún modo descontextualizado del marco social en el que vive. La perspectiva del socialismo no es un deseo sino una necesidad. Digámoslo claramente: el engendro de que toda revolución será traicionada es pura propaganda, orientada a sembrar resignación en la clase trabajadora, mediante el cuento, de terror, de que no hay alternativa al capitalismo.
La decantación de la compleja situación en favor de la degeneración burocrática se debió por tanto a las circunstancias específicas de la URSS. El atraso impide una mejora generalizada de las condiciones de vida de toda la población, de modo que la pugna distributiva sigue vigente. Y las condiciones políticas y culturales no alcanzan a ser un parapeto ante la presión burocratizante. Además, hay otros aspectos como la modificación de la composición social del partido bolchevique, los que se pueden identificar retrospectivamente como “errores” de la oposición, la muerte de Lenin, etc.
En ese contexto se consolida una capa con intereses propios, sus privilegios, que domina mediante el terror. Es la burocracia, que tiene –en sus inicios- una condición inevitablemente contradictoria, porque sus privilegios proceden del desarrollo que hace posible la revolución, de modo que deberían protegerla, pero la única forma de hacerlo efectivamente sería mediante su profundización y extensión internacional, lo que sin embargo supondría la ola que barrería a la propia burocracia. Por eso, es la base material de la burocracia, sus intereses particulares, la que inevitablemente la convierte en contrarrevolucionaria, como efectivamente se verifica en la Revolución china en 1925-27, frente al ascenso de Hitler o en la revolución española en 1936-37. Y, de una forma más amplia, en 1945 con la traición a los procesos revolucionarios en curso mediante su colaboración directa con el imperialismo sellada en las conferencias de Yalta y Postdam entre otras. Y a la vez su carácter contrarrevolucionario señala sus límites, que conducen inexorablemente a un dilema: o bien los trabajadores llevan a cabo una revolución política que, desembarazándose de la burocracia, permita preservar las conquistas de la revolución avanzando en su extensión mundial; o bien la burocracia acabará restaurando el capitalismo. Y esto replanteará la necesidad de una nueva revolución social que expropie a las nuevas burguesías restauracionistas. Como lo explica Trotsky en 1936, en La revolución traicionada, “¿devorará el burócrata al Estado obrero, o la clase obrera lo limpiará de burócratas?”.
El resto es conocido, el papel contrarrevolucionario del estalinismo, la corriente política que expresa la burocracia soviética destruyendo la Internacional Comunista constituida en marzo de 1919, bajo el liderazgo de dirigentes de la talla de Lenin y Trotsky en unas condiciones verdaderamente adversas, en medio de la guerra civil. La burocracia tuvo políticas ultraizquierdistas que llevó primero al siniestro Tercer periodo impulsando la división de la clase obrera para girar luego al oportunismo de la colaboración abierta de clases, con los frentes populares, constituidos para contener y derrotar los procesos revoluionarios. Vale la pena al respecto transcribir un breve fragmento de la entrevista que Howard, un periodista estadounidense, le hace a Stalin en 1936:
Howard: Su declaración, ¿significa que la Unión Soviética ha abandonado hasta cierto punto sus planes e intenciones de llevar a cabo la revolución mundial?
Stalin: Nosotros nunca tuvimos tales planes e intenciones (…) Eso es el fruto de un malentendido.
Esta posición ilustra bien la justeza de la decisión de constituir la IV Internacional en 1938, que además se refrenda con la decisión de Stalin de disolver la III Internacional en 1943, como señal de buena voluntad hacia las potencias imperialistas, específicamente Estados Unidos y Reino Unido, con las que se apresta a repartirse el petróleo persa en la Conferencia de Teherán.
Qué nos enseña la experiencia soviética
La disolución de la URSS por la burocracia estalinista justo ahora hace treinta años era la de un Estado obrero, sí, pero enormemente degenerado y en marcha a la restauración capitalista. No el Estado obrero creado bajo el liderazgo de Lenin, Trotsky y otros, sino su negación. Pero esto no significa que la experiencia soviética completa no aporte enseñanzas.
El capitalismo no es que conduzca a la barbarie, sino que ya nos tiene instalados en ella. La voraz maquinaria del capital arrasa con todo y en particular con las condiciones de vida que históricamente había logrado arrancar la clase trabajadora. Pero la clase trabajadora y los pueblos no renuncian a sus aspiraciones legítimas, que se concretan en una vida digna, acorde a las posibilidades que la productividad que su trabajo aporta. De modo que la explosividad social no va a remitir, de lo que dan buena prueba las múltiples expresiones de resistencia que estallan todo el tiempo, como sucede en este momento en América Latina.
Ninguna ilusión puede depositarse en que los graves problemas sociales se resuelvan en el marco de los Estados burgueses, lo que pone sobre el tapete la perspectiva socialista no como deseo sino como necesidad. ¿Por qué hay estallidos revolucionarios que triunfan y otros que no? La experiencia soviética ofrece una lección importantísima acerca de la toma del poder y la conformación de un Estado obrero, a partir de los órganos de lucha revolucionaria de la clase obrera, los soviets, que se transforman en órganos de poder. Pero no sólo eso, también del papel insustituible del partido revolucionario, que sólo lo podrá ser plenamente si se basa en el centralismo democrático, parte esencial de su programa. Por supuesto, no se trata de que dé una receta, un algoritmo matemático aplicable igual en todos los casos. Sí algunas lecciones importantes que, de cualquier modo, deberán adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso.
Aunque sólo fuera por esto, como sí se puede aprender de esta experiencia y mucho, quedan delatados quienes pretenden que se olvide, calificándola de fracaso, abiertamente o disimulándolo con la forma de “fin de ciclo”. Si fracasó es porque habría podido triunfar, pero entonces, ¿cuál habría podido ser ese triunfo? ¿La culminación de la transición socialista allí, alcanzándose sólo en este país el comunismo? Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Fin de un ciclo? ¡Como si la lucha de clases admitiera treguas!
“Lenin, Trotsky y sus amigos fueron los primeros (…) pueden clamar (…) ¡Yo osé!” (Rosa Luxemburg)
No es sólo eso, hoy, frente a toda la propaganda que pretende sepultar la experiencia revolucionaria como referente para la lucha actual, decimos con Rosa Luxemburg que:
(…) en el momento actual, cuando nos esperan luchas decisivas en todo el mundo, la cuestión del socialismo fue y sigue siendo el problema más candente de la época. No se trata de tal o cual cuestión táctica secundaria, sino de la capacidad de acción del proletariado, de su fuerza para actuar, de la voluntad de tomar el poder del socialismo como tal. En esto, Lenin, Trotsky y sus amigos fueron los primeros, los que fueron a la cabeza como ejemplo para el proletariado mundial; son todavía los únicos, hasta ahora, que pueden clamar con Hutten “¡Yo osé!” Esto es lo esencial y duradero en la política bolchevique. En este sentido, suyo es el inmortal galardón histórico de haber encabezado al proletariado internacional en la conquista del poder político y la ubicación práctica del problema de la realización del socialismo, de haber dado un gran paso adelante en la pugna mundial entre el capital y el trabajo. En Rusia solamente podía plantearse el problema. No podía resolverse. Y en este sentido, el futuro en todas partes pertenece al “bolchevismo”. (…)
Hoy estamos librando un conjunto de luchas contra la desocupación, los despidos y la precariedad, por un salario igual a la canasta familiar y su indexación, por la defensa de las jubilaciones, por una educación pública al servicio de la mayoría popular, por la centralización del sistema de salud, por la defensa del medio ambiente y por terminar con las privatizaciones menemistas (que todos mantuvieron), por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda pública. Son luchas transicionales que llevan a plantear la toma del poder para poner realmente imponerlas. Ante la constatación de la imposibilidad de que sean satisfechas en el capitalismo, la lucha sigue y en ella es en donde se organiza la clase, en el camino hacia el inequívoco horizonte de que hay alternativa, la del gobierno de los trabajadores. Camino para el que la experiencia soviética sigue siendo una enorme fuente de aprendizaje, porque las conquistas de Octubre están vivas como referente, son patrimonio de la humanidad; no se debe olvidar que la existencia de la URSS ayudó a la clase obrera a escala mundial, a conseguir avances importantes.
La construcción del partido revolucionario, la convocatoria a un Congreso del FIT-U abierto a las organizaciones que llevan adelante la lucha de ruptura con el FMI y una Conferencia Latinoamericana que ponga en el centro una salida positiva para el pueblo trabajador al conjunto de las rebeliones populares en nuestro continente, desde la independencia de clase y por un gobierno de obreros y campesinos.
Antonio Roselló
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