miércoles, 29 de junio de 2016

Panorama sindical argentino

El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, reconoció ante inversores en New York que la inflación en mayo, quedó arriba del 40 % anual (42%). Por ahora, la famosa meta anual del 25% quedará relegada.
La canasta alimentaria que mide la Dirección Estadística porteña registró en mayo su mayor incremento en 2016 como consecuencia del traslado de las subas en las tarifas de los servicios públicos y debido a las fuertes lluvias, que golpearon varias producciones.
Según la canasta alimentaria difundida por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, los bienes mostraron en mayo un variación de 4,8%. Los lácteos fueron los grandes protagonistas. La leche, el yogurt y los derivados encabezaron las subas de mayo, con un alza de 8,16 %.
En el ranking de aumentos de precios del mes pasado, a los lácteos les siguieron las frutas y verduras (6,5%), las bebidas (5,8%), los aceites y grasas (5,75%) y los cereales (3,6%). En lo que va del año, entre enero y mayo la suba de la canasta alimentaria fue de 15,34 %. Una familia porteña necesita $ 220 diarios para poder comer, mientras que a comienzos de año precisaba unos 191 pesos.
Por los aumentos en los valores que se abonan por las tarifas de los servicios públicos (en la Ciudad de Buenos Aires subieron con mayor fuerza que en el resto del país la electricidad, el gas, los transportes y el agua), la canasta total subió más que la de los alimentos: en el acumulado del año avanzó 18,3%.
Esa canasta en mayo para un matrimonio compuesto por una mujer y un varón, ambos de 35 años, activos, con dos hijos varones de 6 y 9 años e inquilinos de la vivienda llegó a los 19.221,70 pesos.
A esta situación se le agrega una nueva preocupación. El dólar continuó el viernes con la tendencia alcista de los últimos días. En la apertura de la jornada, la cotización minorista de la divisa estadounidense llegó a los $ 15, según lo reflejado por el Banco Nación, con un alza de 46 centavos frente a los valores del jueves.
De esta manera, el dólar alcanzó su valor más alto desde comienzos de abril, la última vez en que su cotización minorista se había ubicado en $ 15 y es de prever el traslado a precios como ya es habitual en el comportamiento empresario.
Según un informe sectorial, la caída de la actividad de las pequeñas y medianas empresas va del 20 al 40%.
"De acuerdo con un relevamiento económico reciente, en la CABA al menos 5.800 comercios y 1.200 Pymes industriales están en situación terminal. En la ciudad de Rosario se contabiliza el cierre de 1.500 establecimientos en lo que va del año".
La Asamblea de Pequeños y Medianos empresarios (APYME), en una declaración da cuenta de la situación crítica del sector.
En el documento APYME describe los principales problemas, más allá del tarifazo en los servicios públicos:
- "Hacia el mes de abril ya se había producido una caída promedio en las ventas del 6.6 interanual";
- "Merma del crédito bancario al sector privado de 5,5%; las Pymes triplicaron el uso de cheques diferidos, con tasas de descuento de 25%";
- "La entrada masiva de productos importados perjudica al 49,5% de las Pymes manufactureras, según encuestas del primer trimestre";
- "En conjunto, la caída de la actividad Pyme, según informes sectoriales, va desde un 20 a un 40%".
Desde el sector ven con "preocupación" el próximo pago del medio aguinaldo. "El gobierno no toma en cuenta que estamos en una situación de emergencia", aclaran desde APYME.
Pero las malas noticias para los trabajadores de comercio no terminan ahí. En Rosario, los cuatro súper más grandes del país despidieron entre 120 y 140 empleados. Lo confirmó el representante de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, quien agregó que esas cesantías se produjeron debido a la inminente entrada en vigencia de la Ley de descanso dominical.
Aunque Martínez negó el carácter extorsivo de la medida, el secretario gremial del Sindicato Empleados de Comercio de Rosario, Juan Gómez, denunció "las maniobras de Coto que otra vez envió telegramas a sus empleados a días de implementarse la Ley provincial de Descanso Dominical, a la cual ya adhirió el Concejo Municipal y la Intendencia de Rosario".
Sebastián Ferro, dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, consignó que además de los 20 despidos en la empresa Coto "esta mañana (23/6) le negaron la entrada a una decena de trabajadores en Carrefour".
"Carrefour ya había aceptado y reestructuró los turnos en base al descanso dominical, pero hubo una ofensiva a nivel nacional para que no se implemente a partir del 3 de julio esa ley", aseguró Ferro.
Por los aumentos de las tarifas y la merma en el consumo también cerraron unos 30 locales gastronómicos en los últimos 3 meses en Mar del Plata. Desde el gremio cuentan unos 200 empleos perdidos.

Metalúrgicos

La rama siderúrgica de la UOM realizará el próximo martes un paro nacional y una movilización a la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de que las multinacionales Acindar y Techint cumplan el aumento salarial del 35% acordado con el resto de las cámaras de la actividad.
El jueves los empresarios volvieron a ofrecer el 28% sobre el salario conformado es decir que se aplica solo sobre algunos ítems del recibo de sueldo, a lo que se adiciona una suma no remunerativa por única vez de 3.000 pesos. Como respuesta fue bloqueada la planta de Siderar en Villa Constitución y luego se realizó una movilización que el viernes se repitió en Campana, donde hay 400 puestos de trabajo en riesgo.
El plan de lucha de la UOM se inició el miércoles 15 frente a las oficinas porteñas del Grupo Techint, en el barrio porteño de Retiro, adonde instalaron una carpa de protesta durante 48 horas.
En tanto, la movilización anunciada para el próximo martes partirá desde las distintas plantas siderúrgicas de todo el país y tendrá como destino la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del paro nacional convocado para esa jornada.
En el marco del plan de lucha lanzado a nivel nacional por los trabajadores siderúrgicos, el jueves a la mañana una multitud de obreros se movilizó hasta las puertas de Acindar en Villa Constitución.
Los obreros llevan tres semanas de fuertes reclamos en el marco de la obstinación patronal de dar los aumentos salariales recién en octubre. Días atrás, la Comisión Interna de Acindar montó una carpa frente a la planta villense y el jueves cientos de trabajadores coparon la ciudad y realizaron una marcha, previo corte de accesos de Tenaris y ArcelorMittal. Participaron siderúrgicos de San Nicolás, Campana, La Plata, trabajadores de Rosario pertenecientes a Navarro que sumaron su reclamo por la caída producción y baja de turnos, La Matanza, Morón, entre otras seccionales. Además, se sumaron solidariamente compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado.
Una vez llegada la marcha a Acindar se definió en asamblea la continuidad del plan de lucha que el viernes llevó a los contingentes obreros a Campana, donde hay 400 operarios de Siderca suspendidos.
Este domingo desde las 14 horas, los obreros despedidos de Paraná Metal convocaron a una mateada y abrazo solidario con la presencia de artistas y diversos grupos musicales.
“Queremos seguir visibilizando que Paraná Metal debe estar activa, decirle a la ciudad que seguimos luchando por nuestros puestos de trabajo. Es importante que el villense entienda que no dejamos atrás el reclamo de reapertura. Convocamos a la ciudadanía para reclamar por esta fuente de trabajo tan importante en Villa Constitución, capaz de generar más trabajo que tanta falta hace en la zona”, explicó Leandro ’Pato’ Del Greco, uno de los ex empleados de la firma liquidada por Cristóbal López.

Paritarias

El gremio de la alimentación cerró el acuerdo salarial: 6 meses de 22% y los últimos 6 a 36,5%, lo que da un aumento “real” del 29%.
Desde el 7 de junio realizaron un plan de lucha con paros y cortes, empezando con 2 horas por turno, marcha a la Cámara Empresarial y el viernes 10 paro de 4 horas. En muchos lugares se votó por asamblea, siendo muy alto el acatamiento, todo esto hizo que la miserable oferta patronal de 30% en 3 veces se elevara a 36,5% en 2 veces.
El miércoles 22 se firmó el acuerdo paritario 2016 de la FESTIQyPRA (Federación Químicos y Petroquímicos de Argentina). Un día antes el Plenario de Delegados de Base aprobó la última propuesta de la Cámara Empresaria después de casi dos meses de discusión, medidas de fuerza, paros por turno y dos movilizaciones al Ministerio de Trabajo.
El acuerdo eleva en un 37,5% el salario de la categoría inicial en dos pagos (mayo y septiembre) y además todos los trabajadores recibirán por única vez entre diciembre y febrero una suma de $ 8.100.
Con este aumento un trabajador de categoría inicial sin ningún adicional va a cobrar $ 14.570 más $ 8.100 por única vez a fin de año y un trabajador promedio con 10 años de antigüedad y título secundario cobrara $ 21.200 más los $ 8.100 por única vez.
Camioneros y las cámaras empresarias del sector convinieron un aumento salarial del 37 % en cuatro tramos, por lo que la organización sindical levantó la huelga nacional prevista para esta semana.
Sindicalistas y empresarios convinieron finalmente por afuera del Ministerio de Trabajo -que había convocado a nueva audiencia para el próximo 29- una mejora anual de los haberes del 37 % en cuatro tramos: un 15 % en julio, un 9 en septiembre, otro 8 en noviembre y un 5 % en marzo próximo.
La organización gremial había decidido una huelga nacional de 48 horas para el jueves y viernes de esta semana y estaban al comenzar las asambleas y los paros sorpresivos en la rama caudales del gremio durante cuatro horas por turno.
Los trabajadores camioneros habían paralizado la recolección de residuos y, en especial, la rama combustibles del gremio, lo que ocasionó serios inconvenientes varios días en el abastecimiento de las estaciones de servicio.
Petroleros convocaron a una huelga de 48 horas a partir del lunes, que afectará la producción de crudo. Las empresas tensaron la situación al incluir en el debate paritario la jornada laboral de ocho horas y la productividad.
El dirigente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Leandro Moyano, confirmó la huelga de dos días a partir del lunes, luego del encuentro mantenido en la cartera laboral con las cámaras empresarias de la actividad y funcionarios laborales.
La imposibilidad de alcanzar un acuerdo de mejora de los haberes determinó la convocatoria a la protesta, que será nacional, ya que se sumará la totalidad de los sindicatos petroleros del país.
El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, había convocado al cuerpo de delegados para evaluar la posibilidad de realizar un paro general de 24 horas, en el marco del rechazo a la oferta salarial del 20 % que ofrecieron las empresas, pero todo se precipitó y la protesta comenzará a la medianoche del lunes, pero durante 48 horas.
Pereyra señaló que “se profundizará el plan de lucha en coordinación con todos los sindicatos del país y se afectará la producción, porque lo que está ocurriendo es una vergüenza”.
Los trabajadores de la tradicional fábrica de alfajores Havanna pararon y se manifestaron frente a la planta marplatense. El sector patronal ofreció una suba del 32% a pagar 21% en mayo y 11% en diciembre, no remunerativos. En tanto, desde el gremio de los pasteleros solicitan una suba del 35% más una suma fija de $ 2.000.

Estatales

Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizados en la Junta Interna de Promoción Social elaboraron un documento sobre las políticas del Programa Buenos Aires Presente y de las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia. “Declaramos el estado de emergencia de las políticas públicas y en la situación laboral a nivel ministerial”, manifiestan.
Los trabajadores denuncian que se atienden aspectos urgentes, postergando los acompañamientos con continuidad en el tiempo. El cuadro se agudiza con la ausencia de proyectos institucionales y protocolos de intervención en muchos efectores. En consecuencia, “cada trabajador despliega su quehacer desde la individualidad, sin encontrar indicadores de procedimiento que orienten y ordenen la práctica”, indican.
Según los trabajadores, la mayoría de los edificios donde se desarrollan los programas y proyectos del Ministerio no cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad e higiene que establecen las normas: cucarachas y ratas conviven con estructuras deterioradas, con problemas eléctricos y peligro de derrumbe.
En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, cinco trabajadores que hacen la misma tarea en el mismo programa durante las mismas horas por semana, pueden cobrar hasta cinco salarios distintos. Más de 1.200 empleados no tienen estabilidad laboral: 900 se encuentran bajo contrato de locación y alrededor de 300 son tercerizados mediante ONG y universidades.
Para visibilizar la problemática y en busca de respuestas de parte de las autoridades del Gobierno porteño, la Junta Interna de Promoción Social de ATE realizó un paro y una movilización el viernes desde México y Entre Ríos, a metros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, hacia el Ministerio de Hacienda.
El juez Horacio Macedo Moresi, del Juzgado Federal 1 de Jujuy, hizo lugar a un amparo presentado tras la cesantía de seis trabajadores afiliados a ATE. El magistrado la consideró discriminatoria por “persecutoria, ideológica y política”.
El 2 de febrero pasado, la delegación Jujuy de la Secretaría de Agricultura Familiar despidió a 16 trabajadores. Tres de ellos, delegados de ATE, fueron reincorporados al mes. Y ahora, la Justicia falló a favor del amparo presentado por otros seis trabajadores.
Es “inadmisible e impropio de un Estado de derecho”, señaló el juez Macedo Moresi, que la discriminación, “conducta reprochable por afectar a la dignidad de las personas, tenga como sujeto activo al propio Estado en su rol de empleador”.
Asimismo, el tribunal aclaró que el Poder Ejecutivo no puede alegar que sus funciones fueran transitorias, dada la antigüedad de entre seis y nueve años que tenían los cesanteados.

Por los medios

Perfil no paga los salarios en fecha. Los sueldos de abril y mayo fueron abonados en dos cuotas. Además, frente a la inminencia de la fecha de vencimiento del pago del medio aguinaldo, anuncia un nuevo incumplimiento salarial desdoblando su pago para julio. Frente a esto los trabajadores no sólo aspiran a cobrar en fecha los salarios establecidos, sino que reclaman una recomposición salarial acorde a la inflación. De allí que la Asamblea de Trabajadores de Perfil resolvió retirar las firmas de las notas el domingo 26 de junio.
El jueves, La Nueva Provincia de Bahía Blanca anticipó que desde julio sólo imprimirá tres veces a la semana y lo atribuyó a que los lectores prefieren formatos digitales. La medida implica la dimisión de trabajadores de la redacción, administración, fotografía, diseño, entre otras áreas; algunos con más de 25 años de pertenencia. En total suman 26 trabajadores, pero no se descartan más despidos.

Con el bastón de mando de la CGT en la mochila

Juan Carlos Schmid es el hombre elegido por la CGT Azopardo para conducir a la futura CGT única.
Schmid aseguró sentirse “honrado” por la designación y la posibilidad de conducir a millones de trabajadores -en soledad desde la secretarí¬a general o como parte de un triunvirato-; agradeció el apoyo de Hugo Moyano y expresó que en el movimiento obrero “no hay gremios chicos o grandes sino compañeros”.
Schmid fue apoyado de inmediato por gremios como panaderos, entidades deportivas y civiles, seguro, petroleros, pilotos y aeronavegantes ante “la insistencia de quienes deseaban a Pablo Moyano en la conducción”, por lo que su padre Hugo aclaró: “Pablo no integrará la conducción, haya o no triunvirato. No está para eso en esta etapa”.
Las otras dos CGT (Alsina y Azul y Blanca) seguramente insistirán con la propuesta de un triunvirato, para el que propondrían a Daer (Sanidad) y a Carlos Acuña (estaciones de servicio).
Falta saber cómo se negociará con el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) -que reúne a más de 50 sindicatos- y exige la conformación de un cuarteto para instalar al líder de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia.

Mario Hernández

A Grindetti se le quemaron los papeles

El ex ministro de Hacienda porteño está comprometido a raíz de las revelaciones de los Panama Papers. El fiscal le pidió a la jueza María Servini de Cubría que librara exhortos para cotejar los datos sobre una empresa offshore y una cuenta en Suiza.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, será investigado por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de dos hallazgos derivados de los Panamá Papers que lo comprometen: el poder legal que obtuvo en 2010, cuando era ministro de Hacienda porteño y hombre de confianza de Mauricio Macri, para manejar la empresa Mercier Internacional SA, radicada en Panamá y de dueños desconocidos, y otro con el cual habría operado una cuenta en el banco Clariden Leu Limited en Suiza. El fiscal federal Patricio Evers lo imputó ayer y le pidió a la jueza María Servini de Cubría que libre exhortos para cotejar los datos sobre su vinculación con la firma en cuestión y la cuenta. Esta causa judicial es un desprendimiento de la que tiene bajo la lupa al Presidente por la identificación de dos sociedades offshore que integra (Fleg Trading y Kagemusha). A pesar de que los expedientes fueron escindidos, no sería extraño que en algún punto se crucen las investigaciones ya que la conexión entre el intendente y el mandatario ha sido muy estrecha. Eso se refleja no sólo en la función pública, sino en la participación compartida en sociedades del Grupo Macri y el préstamo de 440 mil pesos que Macri declaró haberle hecho a Grindetti.
Evers también pidió las declaraciones patrimoniales que debió presentar el intendente de Lanús desde 2007 hasta la actualidad en la AFIP y ante las administraciones donde trabajó (el gobierno porteño y ahora la provincia de Buenos Aires), como para verificar si declaró su participación en Mercier y sus operaciones en la cuenta suiza y corroborar sus movimientos. El fiscal sostuvo en su dictamen que es posible “el señor Grindetti en ese entonces pero también a la fecha en ejercicio de funciones públicas sin justificación hubiera visto incrementado su patrimonio en forma apreciable, lo cual por lo demás no habría sido plasmado en distintas declaraciones juradas”.
Una escritura pública con fecha del 2 de julio de 2010 mostró -a raíz de la investigación del consorcio internacional de periodistas– que el estudio Mossack Fonseca de Panamá, creador de empresas offshore, le dio un poder a Grindetti para operar las sociedades y que luego recibió otro para manejar la cuenta en el Clariden Leu. Cuando recién salió a la luz la información, el intendente macrista admitió que le habían delegado el manejo de la empresa, que eso fue entre 2010 y 2013, pero aseguró que “nunca se registraron movimientos económicos”. Desconoció, en cambio, la cuenta bancaria en el exterior. Los exhortos que el fiscal le pide a la jueza Servini de Cubría están destinados a verificar esa información y obtener datos adicionales. Quiere que Suiza informe sobre el titular de la cuenta, sus apoderados, movimientos y quién la operó. Panamá debería proporcionar información “tanto de su participación accionaria como de quienes ostenten los cargos de directivos de la entidad”.
La denuncia que dio origen a esta causa la hizo el fiscal Martín Niklison en la Justicia ordinaria y luego fue enviada al fuero federal. Está basada en información publicada por Página/12 y el diario La Nación. La causa tiene poco material hasta ahora, y la mayor parte son aportes de periodistas.
Este diario señaló la contemporaneidad con la emisión de los llamados bonos Tango serie 8, una colocación de deuda que se hizo entre marzo y abril de 2010, rodeada de sospechas. Por entonces, el gobierno porteño de Macri justificó la emisión de los títulos en que necesitaba financiar las obras de extensión de las líneas de subte A, B y H. Se agenció 475 millones de dólares para eso, pero la mitad de las obras no habían sido licitadas y el dinero fue a parar a otros destinos. Los agentes financieros fueron el Credit Suisse y KBR Corporate Finance, una firma sin mayor trayectoria en la materia. La administración PRO los contrató de manera directa y a cambio de la colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento les pagó el equivalente al 2 por ciento de la operación. La pérdida para la ciudad fue estimada en 30 millones de pesos. El diario La Nación, por su lado, había sugerido que el propósito de Mercier eran inversiones inmobiliarias en Uruguay y/o Suiza.
Hasta Elisa Carrió (Cambiemos) trató a Grindetti públicamente de “corrupto” y Margarita Stolbizer (GEN) recordó las comisiones siderales y las pérdidas por el subterráneo. Leonardo Santoro hizo una denuncia ante la Procuraduría antilavado (Procelac) donde asociaba los bonos Tango 8 con una posible maniobra de lavado de dinero y de financiamiento de la campaña del PRO en 2013.
La Procelac entregó todo el material que tenía en sus manos al jugado de Casanello. También hizo varias presentaciones el diputado del Frente Para la Victoria Darío Martínez, que apuntó presuntos negocios con Macri: observó una combinación de relación laboral y política donde el hecho de que Grindetti figure como deudor del Presidente en 400 mil pesos sería sintomático, igual el hecho de que ambos fueron directivos de Socma, cuyos balances y movimientos están bajo análisis del fiscal Federico Delgado y el juez Casanello.
Grindetti trabajó desde 1980 hasta 2001 en Sideco, junto a Macri, según cuenta Gabriela Cerruti en su libro El Pibe. Pasó por varias otras empresas del grupo familiar: Creaurban, Iecsa, Manliba Autopistas del sol y Urugua-í .
Habrá que ver si el hecho de que se investigue a ambos funcionarios en forma separada ayuda a esclarecer o licúa los nexos al ceñir los expedientes a investigaciones sobre el volumen patrimonial y si los personajes investigados pueden o no justificarlo. Siempre hay otros delitos que dan origen al enriquecimiento. Pareciera que hay mucha información disponible pero diseminada en varios juzgados.

Irina Hauser

Miércoles 29 #Frazadazo en todo el país

“Llamamos a que toda la gente salga a la calle con una frazada y una vela para expresar su descontento contra estos tarifazos”

Hoy miércoles se llevará a cabo el #Frazadazo a lo largo y ancho del país como una forma de manifestación de toda la ciudadanía contra los aumentos en los servicios de luz, gas, agua, trasporte, entre otros. En la ciudad de Buenos Aires se realizará una marcha con velas y frazadas a partir de las 18 hacia el Obelisco. En este marco, en el día de ayer se brindó una conferencia de prensa en la sede de la CTA-A Nacional, en la cual Pablo Micheli, José Rigane y Héctor Polino, entre otros referentes, expresaron la preocupación de miles de compañeras y compañeros que están sufriendo las consecuencias del Tarifazo.
Pablo Micheli, Secretario General de la CTA Autónoma, abrió la rueda de prensa, saludó a todos los presentes y se refirió directamente a los motivos por los cuales se arribó a esta iniciativa de marchar con velas y frazadas en todas las ciudades más grandes del país: “Esta situación es pocas veces vista y es parte de un ajuste que se ha profundizado. Que un jefe de hogar tenga que resolver si le da de comer a sus hijos o paga la luz o el gas, es de una crudeza que no estamos acostumbrados en un país como el nuestro que puede tener soberanía energética absoluta sin que ésta sea a costa del hambre del pueblo”.
En este sentido, Micheli hizo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo producto de los ajustes que se vienen implementando: “Hoy hay mucha más gente que está pasando frio, lo cual demuestra que en lugar de mejorar la situación, se está empeorando. Mientras el gobierno busca alternativas irrisorias para paliar el tarifazo, como poner topes de aumento del 400%, el salario aumenta el 30% y en tres cuotas”, sostuvo, al mismo tiempo que agregó: “Por este motivo, no vamos a soportar una política económica en la cual la variable del ajuste siempre es la misma: los trabajadores, los jubilados, los que menos tenemos”.
Al concluir, Micheli explicó que así como ya sucedió en varias provincias y provocó un impacto importante que está haciendo retroceder al gobierno en algunas medidas, el objetivo de mañana es nacionalizar esta iniciativa: “Llamamos a que toda la gente salga a la calle con una frazada y una vela para expresar su descontento contra estos tarifazos que están golpeando fuertemente a los trabajadores y el pueblo en general”.
A su turno, José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA-A y Secretario General de FeTERA, apuntó directamente a las medidas implementadas desde el gobierno: “Si no se modifica la política económica energética, se va a seguir excluyendo a millones. Macri y Aranguren planifican una política que no responde a los intereses del conjunto del pueblo”. En este sentido, Rigane hizo referencia a cómo golpean los tarifazos a los trabajadores y trabajadores y se preguntó: “Por qué razón aumentaron las tarifas de la forma que aumentaron, si el salario se actualizó en porcentajes muchos menores”.
Por su parte, Héctor Polino resaltó la incompatibilidad del cargo del Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Araguren, ya que “Viola la ley de Ética Pública, la cual dice que tiene que pasar como mínimo un periodo de tres años desde que el funcionario asume el cargo respecto al cargo que tuvo en la actividad privada vinculada. Aranguren fue presidente de la petrolera Shell hasta el 30 de junio del año pasado y, a su vez, es accionista de la empresa, con lo cual todo aumento en el precio de las tarifas beneficia a Shell y, en consecuencia, a él”. El titular de Consumidores Libres catalogó esta situación tarifaria como “un conflicto de intereses”, al explicar que, además de estas desprolijidades, se nombró al frente del Enargas al presidente de Metrogas, David Tezanos. Al concluir, Polino saludó la iniciativa del Frazadazo la cual “Al igual que el Boicot de “Súper Vacíos” es una manifestación de todo el pueblo contra el abuso en las altas tarifas imposibles de pagar”.
Participaron de la conferencia referentes de las distintas organizaciones que convocan: CTA Autónoma Nacional, CTA de los Trabajadores, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, Proyecto Sur - Senador Fernando “Pino” Solanas, Defensoría de la Tercera Edad CABA, Asociación de Consumidores Libres, Apyme, La Alameda, El Moreno, Attac Argentina, Silcaba, Barrios de Pie, MST, Movimiento Emancipador, Partido Izquierda Socialista, Comisión Salvemos al Tren, Red Nacional contra los Tarifazos, Corriente Nacional Emancipación Sur, Encuentro de los Pueblos, Agrupación Celeste y Blanca Cortadores de Indumentaria.

#Frazadazo, movilización con velas y frazadas desde Corrientes y Callao al Obelisco

Miércoles 29 de junio a partir de las 18hs.

Denuncia penal por la violenta represión en empresa recuperada

Hubo 18 detenidos y varios heridos de bala de goma en una protesta posterior realizada frente a la comisaría. Se presentaron hábeas corpus.
Volvió a suceder y ya sorprende cada vez menos. Desde que asumió Mauricio Macri la represión se convirtió en una metodología habitual. Esta vez la brutal paliza tuvo como destinatarios a los 20 trabajadores de la empresa recuperada RB, ubicada en una coqueta zona de Martínez, en San Isidro. La empresa se conformó como cooperativa en 2004 y se dedica a la producción de instrumentos de medición y control y es proveedora de firmas como Metrovías y Edenor.
El jueves por la noche, un grupo de la Policía Bonaerense, Infantería de la Bonaerense y la Gendarmería ingresaron al establecimiento con el objetivo de desalojar y reprimir a los trabajadores. Lo mismo habían hecho hace dos semanas, el 8 de junio, amparados por una orden tomada por el Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, que dirige el juez Orlando Abel Díaz. Pero según los trabajadores, el desalojo sin notificación fue ilegal: en 2007 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación y la ley fue prorrogada en 2012 por cinco años más, por lo que se encuentra vigente.
Fue por eso que el jueves, los trabajadores nucleados en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) junto a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se convocaron en la planta para recuperar la fuente de trabajo. Pero la policía irrumpió y no dudó en disparar balas de goma dejando varios heridos. Dieciocho fueron detenidos –entre ellos Julián Ríos, concejal del Movimiento Evita de San Martín, así como el Eduardo Murúa, referente del MNER–.
Poco después, la represión continuó frente a la comisaría 1ª de San Isidro, en Centenario y Alsina, donde acudieron cerca de 400 manifestantes de varias organizaciones sociales y políticas que fueron a pedir información sobre sus compañeros arrestados. "Nos recibieron con una lluvia de balas de goma", contó uno de ellos a El Argentino Zona Norte (EAZN). Minutos después, cortaron la calle e hicieron una barricada con fuego. Una de las víctimas de los balazos fue un reportero gráfico de la agencia Télam, Raúl Ferrari, que cubría el episodio.
La jornada se tornó más violenta y con mayor incertidumbre. Tres trabajadores permanecieron desaparecidos durante cinco horas, hasta que sus compañeros lograron ubicarlos: estaban detenidos en la Comisaría 7ª de San Isidro. Ellos y el resto de los detenidos, alojados en la Comisaría 10ª de Martínez y en la primera y segunda de San Isidro, fueron liberados a lo largo de la madrugada.
"Presentamos un hábeas corpus y denunciamos a la Policía por el abuso de autoridad. Nosotros nos estábamos manifestando de forma pacífica”, dijo Ricardo Perea, uno de los trabajadores de RB a EAZN. "Estuvimos hasta las tres de la mañana cuando liberaron a todos." Perea indicó que el herido de mayor gravedad es Daniel Zakuski, trabajador de la planta: "Le dieron en la cara, estaba desfigurado." La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) está trabajando en el caso.
"Acá hay algo más, claramente la idea es no poner de ejemplo a las fábricas recuperadas. Nos están persiguiendo por todos lados, con las tarifas, con todo. Cada vez se parece más a 2001 esto, y peor aún. Vamos a seguir resistiendo y ocupando la fábrica", explicó Daniel, del MNER.
Lo cierto es que todos saben que detrás del desalojo la verdadera intención es construir un emprendimiento inmobiliario, algo que se convirtió en uso y costumbre en la zona norte del Conurbano bonaerense. "El terreno en donde está ubicada la empresa vale millones de dólares, está al lado de una planta de IBM, es una zona de suelos muy caros, por eso está la complicidad entre los dirigentes, la policía y la justicia", explicó Bruno Chiodi, de Patria Grande Zona Norte.
En la planta no quedó nadie y está custodiada por la Infantería. A los largo de estas horas, los trabajadores definirán cuáles son los pasos a seguir. Pero saben que el proceso de lucha será largo y complejo fuera de la fábrica.

Tiempo Argentino

Alfredo Olivera: “Milani sabe que una vez que declare quedará detenido”



Ante la suspensión a indagatoria al ex jefe del Ejército, César Milani, La Izquierda Diario dialogó con Alfredo Olivera, primera víctima en denunciarlo ante la justicia, para conocer su opinión.

En esta causa, Milani se encuentra imputado por los secuestros de Alfredo Olivera y de su padre, Pedro Olivera, en marzo de 1977 en la capital riojana. César Milani, por entonces subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, en la madrugada del 12 de marzo de 1977 estuvo al frente de un gran operativo militar y policial, cuando se llevan detenido a Pedro. Posteriormente Alfredo es detenido, y es el propio ex jefe del Ejército quien lo lleva a declarar ante un secretario del juzgado, Roberto Catalán. Olivera denunció en dos oportunidades a Milani. La primera vez en 1979, y la segunda oportunidad en 1984. Esta última está registrada en el Nunca Más riojano. Olivera memorizó el apellido de Milani, después que escuchó una conversación entre éste y el secretario del juzgado sobre la ascendencia del apellido Milani.
¿Qué opina de esta decisión judicial?
- Para los familiares y víctimas de la dictadura, es muy doloroso continuar esperando que se haga justicia. Esta causa viene del año 2013, pero la denuncia es del año 84. No tenemos justicia, y esto pareciera que nunca se va a encauzar. Es probable que se abra una etapa de apelaciones tras apelaciones. Nosotros estamos pidiendo que Milani sea directamente detenido, para que pueda comparecer. Ya en el año 2014, el fiscal Alberto Lozada, sostuvo ante la Cámara Federal de Córdoba que el juez riojano, Herrera Piedrabuena, estaba en condiciones de convocar a indagatoria al Milani por esta causa. Frente a esto la defensa del exjefe del Ejército, pidió el sobreseimiento. A partir de acá fue todo un derrotero que siguió con la apelación. Hasta que después de un largo proceso judicial se habilitó a que finalmente el juez Herrera Piedrabuena lo llame a declarar. Y sucede esta nueva negativa de parte de Milani para presentarse a responder en esta causa.
La abogada de Milani, Mariana Barbita, hizo el pedido de nulidad del llamado a indagatoria porque entienden que no se definieron los hechos por los cuales su defendido tiene que presentarse ante la justicia. Y sostuvo que al momento de los hechos su asistido no estaba en el lugar. ¿Qué opina sobre esto?
- En el año 79, cuando estoy detenido, en ese momento en La Plata, llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer si había denuncias contra la dictadura militar. En ese marco me llaman para que declarara cómo son mis condiciones de detención. Denuncié a Milani ante el juez de la dictadura de La Rioja, Roberto Catalán y este juez de la dictadura lo llama a declarar. Él reconoce que hacia traslado de detenidos, pero afirmó que no estuvo dentro de la sala del juzgado donde me interrogaron. Tengo las actas de mi denuncia y de la declaración de Milani.
No solo estaba en el lugar, sino que fue parte del allanamiento que se llevó detenido a mi padre. Y esto lo denunció en 1984, ante la comisión que tomó las denuncias contra la dictadura, en el Nunca Más riojano.
¿Qué opina sobre los dichos de Milani en una entrevista radial que dio recientemente?
- Solo dijo mentiras. Primero dice que él tenía 21 años, y eso no lo inhabilitó para haber hecho lo que hizo. Esta declaración la hace porque sabe que una vez que declaré queda detenido. Por eso sale ante la sociedad a justificarse. Tiene que dar esa entrevista, con su abogada al lado. Todo un dato.

Rosa D´Alesio

martes, 28 de junio de 2016

Panamá Papers: Grindetti imputado por enriquecimiento ilícito



Lo decidió el fiscal federal Patricio Evers. El intendente de Lanús aparece complicado por el escándalo financiero internacional.

La imputación es por presunto enriquecimiento ilícito. Grindetti había aparecido vinculado a empresas offshore que fueron descubiertas a partir de la investigación periodística conocida como Panamá Papers, que puso al descubierto una importante de cantidad de cuentas en paraísos fiscales. El presidente Macri también aparece entre los mencionados en esa investigación.

“Carta Abierta”: el último suspiro



No deja de ser significativo que un colectivo de intelectuales que le adjudica a la izquierda revolucionaria un carácter “testimonial”, publique la 21 versión de su credo bajo un encabezado que reza: “Dar testimonio”. Sólo le faltaba agregar “urbi et orbi”. Se trata de una justificación de hechos consumados, como lo ha venido haciendo, a través de textos barrocos, agobiados ahora por la televisación de múltiples episodios de corrupción. Tampoco podría ser de otra manera por parte de personas que gozaron del ejercicio de la función pública en distintas modalidades. Sea como fuere, efectuar un ejercicio testimonial, después de más de una década de gobierno y de siete meses de coalición parlamentaria con el macrismo, describe una descomunal bancarrota, tanto intelectual como política. Esto explica que el testimonio no le dedique siquiera un austero párrafo al Frente Ciudadano que convocara su conductora. Mal podrían haberlo hecho cuando el país es testigo, precisamente, de la desintegración del Frente para la Victoria e incluso del justicialismo, desde el primer día de la gestión ‘neoliberal’ y de ningún modo a partir de las bolsitas de José López.

Las bolsitas de López, instrucciones de uso

Lo que ha sacado al colectivo Carta Abierta de un piadoso silencio de siete pesados meses, han sido las bolsas voladoras del señor López. Como a un televidente del montón, los ha afectado una escena mediática. Esto explica que hayan decidido trenzarse en una ‘guerra de relatos’, tardíamente, en lugar de hacer un balance crítico del gobierno anterior y del posterior apoyo de la mayoría de sus bancadas y dirigentes sindicales al paquete macrista.
No los precipitó al ‘ejercicio reflexivo’, el voto del FpV al endeudamiento obsceno de la gobernadora bonaerense y al pago de los fondos buitres y la hipoteca adicional de u$s 8 mil millones, ni el pasaje de una mayoría del armado de los K a la coalición de hecho con el gobierno de los Ceo’s y banqueros. Tampoco los conmovió que esos mismos personajes avalaran el veto de Macri a la ley anti-despidos, a pesar de que contaban con una mayoría calificada en el Senado y podían obtenerla en Diputados. Ahora, esta coalición a la carta de que forman parte una mayoría del FpV y ex kirchneristas con el macrismo, se apresta a votar un blanqueo para los evasores impositivos, luego del Ok a dos candidatos a la Corte, enemigos jurados del derecho al aborto. Carta Abierta habría debido explicar este derrumbe de los K, que se ha producido como un castillo de naipes, en tiempo record, en lugar de esconderse detrás de las bolsas voladoras.
Al pasaje de los gobernadores y un número creciente de legisladores del FpV a la coalición con el macrismo, lo describe, con una demora de siete meses, de esta manera: “Un panorama de pasajes y veloces constricciones, ampara nuevas mayorías en Diputados y Senadores, con el vértigo forzado que le otorgan las almas recientemente catequizadas…”, bla, bla bla. Nosotros, los del PO, denunciamos esta “coalición a la carta” desde diciembre. Las “constricciones” de Carta Abierta dejan afuera la represión que aplican Alicia Kirchner y la fueguina Bertone para defender sus respectivos programas de ajuste. Tampoco incorporan el endeudamiento en serie que están lanzando los gobernadores del FpV. Como testigos de un proceso político que observan desde el limbo, mencionan, apenas de paso “el voto copartícipe (¿?, desconocen el término cómplice), de algunos legisladores (¿?, suficientes para darle mayoría al macrismo) que representaban lo que debía ser la oposición”. Se refieren de este modo al voto del FpV a la creación de la Agencia de privatización de bienes públicos de la Ciudad, olvidando que se trata de una alianza inquebrantable de ocho años en todo lo relativo a la especulación inmobiliaria. El lenguaje encubridor que usa la Carta para estos tránsfugas apenas disimula la intención de un ‘reencuentro nacional y popular’ con ellos en el futuro.
El “panorama de pasajes y veloces contricciones” no tiene nada que ver con “almas catequizadas”. El arreglo con los buitres y la mega-devaluación ya estaba inscripta en el programa de Scioli. Lejos de giros bruscos, la posición de los legisladores fue anunciada con mucha anticipación. Por eso, el Frente de Izquierda llamó a votar en blanco. Esas medidas eran exigidas por la burguesía nacional desde la instalación del ‘cepo’, y fueron adelantadas por la devaluación de Kicillof de enero de 2014. La ‘sintonía fina’ para las tarifas fue planteada una y otra vez por la ex presidenta, por lo menos desde su elección, en 2007, en compañía de Cobos y de los ucedeístas Boudou y Massa. El ‘ajuste’ prometido en ese momento fue interrumpido por el estallido de Lehman Brothers en 2008. La devaluación y la sintonía fracasaron apenas quedó a la vista que provocaría una reacción popular; entonces Kici llevó las tasas de interés por arriba del 30 por ciento. En definitiva, el FpV se ha coaligado con el macrismo en función de una misma estrategia de salida al impasse dejado por los K, y por sobre todo para preservar la gobernabilidad de Cambiemos, que se hubiera pulverizado de no haber arreglado con los buitres, devaluado el peso, eliminado (no por completo) el ‘cepo’ y aplicado el tarifazo.
Si no fueran suficientes los doce años K, cuando los banqueros se la llevaron con pala, la deuda pública aumentó en más de u$s 100.000 millones y se trucó el IPC (Indice de Precios al Consumidor), perjudicando en $ 200.000 millones el FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) de la Anses, lo ocurrido en estos siete meses es una prueba contundente del carácter de clase capitalista del peronismo en su conjunto. ¿Cómo se puede sustentar en el tiempo una redistribución de ingresos con semejante sangría financiera? Si el Chino Navarro ha roto con el Frente Kirchnerista, seguramente no debe haber sido por su condición de ‘alma catequizada’, sino por la dependencia del Movimiento Evita de los fondos públicos, que ahora manejan Macri y Vidal.

Derrota anunciada

El derrumbe del kirchnerismo no lo han provocado las bolsas del señor López; esas bolsas son una coartada para no pasar revista a las causas de conjunto de ese derrumbe. En 2013, CFK perdió la posibilidad de la re-reelección cuando Massa derrotó a Scioli en la provincia de Buenos Aires, con el respaldo de banqueros y contratistas que habían llenado sus bolsas con el kirchnerismo. Se cayó “el bonapatismo tardío”, que nosotros caracterizamos, de 2011. La candidatura de Scioli a la presidencia fue un tremendo recule de los K. La nueva derrota del bonaerense, esta vez frente a Macri, fue el último clavo del ataúd. El kirchnerismo no fue derrotado “por la desmesura oprobiosa que adquirió este caso”, como dicen los ‘testimoniales’, que en definitiva endilgan al valijero la responsabilidad por una derrumbe político previo. Ese valijero era, además, la “mano derecha de De Vido” – a su vez, “mano derecha” de CFK, junto con Zannini. El FpV no perdió por un punto en el balotaje; perdió veinte puntos entre 2011 y la primera vuelta de 2015. Si esto no es una debalce, ¿cómo llamarla? El viraje de la burguesía nacional kirchnerista hacia la oposición, desde 2011/12, fue respondido, de parte del gobierno de turno, por una adaptación hacia esa presión, en primer lugar con las candidaturas de los Scioli, Insfrán, Gioja, Urtubey, y con la devaluación de 2014, con el impuesto creciente a los salarios, con la autorización a la fuga de capitales por medio del llamado ‘contado con liquidación’ y, al final, con el negociado del dólar futuro. Aníbal Fernández, instrumento activo del fracaso, lleva en la mochila la responsabilidad política por los asesinatos de Kosteki y Santillán y de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Para Carta Abierta, las bolsas del señor López no mitigan las obras públicas del kirchnerismo, presentadas como una suerte de revolución social, como si los sobreprecios y las cometas hubieran sido posibles sin ellas, y como si no hubieran sido concebidas con esa finalidad. La patria contratista ha sido construida, a lo largo de décadas, con la licitación de obras públicas. El macrismo es un descendiente directo de esta burguesía del sobreprecio. Kicillof repitió, más de una vez, que pretendía desarrollar una burguesía desde el Estado -como en Corea del Sur, como si ignorara que allí fue financiada por Estados Unidos y por una feroz explotación social, que sigue en pie. La obra pública K fue desarrollada pagando los salarios más bajos del país, luego de la agricultura: los de la construcción.
Reivindicar este desarrollo de una burguesía nativa, ya altamente cartelizada y con fuertes lazos con el capital internacional y la mayor parte de su capital alojado en paraísos fiscales, en nombre de la defensa de la “existencia colectiva” contra la “expropiación general” -como dice el texto con todo su fárrago- es simplemente un embuste. Las bolsas del señor López fueron acompañadas por los Sueños Compartidos, por Skanska, por la colocación en Suiza de los fondos de Santa Cruz, por la venta a precio vil de los terrenos del Calafate. Fueron acompañadas por el desfalco de Cristóbal López a la Afip, con la complicidad de Echegaray, y con el negocio del juego, difundido hasta la obscenidad. Hasta cierto punto, el kirchnerismo destruyó el sistema de la obra pública al privatizar su realización, en especial con la vivienda, entre sus acólitos ‘sociales’. El desarrollo de una burocracia ‘social’ privilegiada es tan reaccionario como el de la burocracia sindical patrocinada por el Estado.
Las bolsas de López y la corrupción de la que se quiere delimitar Carta Abierta, no pueden ser desligadas de un entramado dirigido fundamentalmente contra la clase obrera. Los negociados del ferrocarril mostraron una mafia de kirchneristas y concesionarios, defendidos a muerte por CFK, que remató en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y la masacre de Once. Los ‘cartistas’ ni aluden a esto en su texto. Era un montaje de obreros tercerizados, explotados por empresas de la burocracia sindical, de capitalistas que jugaban con la vida de los usuarios y del conjunto de la Secretaría de Transporte –los Luna y los Schiavi. Carlos Tomada fue luego premiado con una candidatura, lo mismo que ‘Hannibal’, que había supervisado la liberación, por parte de la policía, del escenario en que actuaría la burocracia de Pedraza. La corrupción no es una rueda que se suelta por una falla de gobierno, sino un mecanismo íntimo del engranaje de la acumulación capitalista y el Estado. Ha quedado al desnudo, desde hace tiempo, que la violencia del ataque del gobierno K contra los trabajadores del Hospital Francés, respondía directamente a los intereses de la mafia de los medicamentos, que contaba con el respaldo de Capaccioli y Alberto Fernández.
El blanqueo macrista, que legitima la corrupción capitalista, no es más que una réplica ampliada del que armaron Guillermo Moreno, Kicillof y CFK.

El mito del eterno retorno

“Los derechos sociales” que reivindica la marcha peronista, tienen poco que ver con los que reivindica el kirchnerismo. Aquellos tenían que ver con el derecho y la calidad del trabajo; estos con la asistencia en un cuadro de creciente miseria social. Esto pone en evidencia la degradación histórica que ha sufrido el nacionalismo de contenido burgués. La carta habla de “los vientos regresivos de la historia” que tuvieron que enfrentar los gobiernos bolivarianos, pero ni menciona el más prosaico “viento de cola” que le brindaron los precios de la soja, del hierro o del petróleo, que alcanzaron las mayores cotizaciones de las materias primas desde la crisis petrolera del ‘74. Los “términos del intercambio”, casi siempre negativos desde antes de los años ‘50, se habían invertido. La mejora extraordinaria del ingreso nacional, según CFK, “se la llevaron con pala” los banqueros; se pagaron u$s170 mil millones de deuda externa. El chavismo descubre, recién ahora, cuando los precios de exportación se desploman, que Venezuela no superó el rentismo petrolero. Es lo que omite Carta Abierta cuando insiste en que “el kirchnerismo se hizo cargo de un país devastado. También omite que la devastación la habían provocado los futuros K que habían gobernado con Menem, unos, y con De la Rúa, otros, y todos con Cavallo. Tanto Lula como los K se apartaron del FMI cuando la economía reclamaba gastar los dólares que entraban.
Para empeorar las cosas, en pocos días más nos enteraremos que el crecimiento ‘chino’ siquiera fue tal, sino un engaño del IndeK. De acuerdo a un estudio de las universidades de Harvard y Buenos Aires, el PBI de Argentina fue en 2015, un 12.5% inferior al oficial, bien antes de la reciente devaluación, unos u$s80 mil millones menos. El ingreso por persona no era de u$s12.510 sino de u$s7.399; la tasa de pobreza no habría sido del 4.7%, en 2013, como pregonaban ‘Hannibal’ y Moreno, sino de 29.5 por ciento (Folha de Sao Paulo, 28/5). Para consuelo de kirchneristas, digamos que lo mismo acaba de ocurrir en Gran Bretaña, donde el gobierno reconoció que había inflado el PBI en u$s90 mil millones. Como ocurrió en Estados Unidos, hasta la crisis hipotecaria, y luego en Brasil, a partir de 2006, el crecimiento del consumo, también en Argentina, obedeció a un fuerte incremento del crédito personal. El ‘populismo’ que critican los Melconian, redundó en beneficios altísimos para los bancos. El derrumbe del kirchnerismo y la desintegración de su armado político no lo ha provocado el señor López con sus bolsas voladoras, sino las contradicciones insalvables de su propio entramado.

La izquierda

Carta Abierta defiende una ilusión: que el fracaso del macrismo devuelva el primer lugar al kirchnerismo. Alude a “la resistencia democrática… (que) resurge continuamente…”, aunque, lamenta, sin que se adviertan los signos de una conducción general efectiva”. Estas piadosas palabras para la ausencia de CFK del escenario político, salvo cuando la convoca Bonadio, son un “testimonio’ de la bancarrota de la dirección política del movimiento que debiera “resurgir”. Para justificar sus ilusiones, la Carta invoca el “lat(ido de) una memoria indemne” en el pueblo argentino, que lo llevaría de nuevo al punto de partida . Es una memoria, sin embargo, plagada de contradicciones, porque no es lo mismo el 17 de Octubre que la capitulación del ‘55 y la Triple A; el cordobazo que la represión peronista del 73/76; Mariano Ferreyra que Pedraza. La finalidad de la Carta se resume en una frase, que ya entró al lugar común de “las zonceras argentinas”: “a la izquierda del kirchnerismo solamente está la pared”. En efecto, el propósito de la Carta no es organizar la lucha contra el macrismo, al cual opone el “testimonio”, sino enfrentar el desarrollo de una izquierda revolucionaria que saque al movimiento popular de la serie estrepitosa de derrotas a que lo condujo el peronismo desde el golpe del ‘55. La lucha por derrotar la tentativa del macrismo y el gobierno debe, por su método y su programa, servir para superar cualquier nuevo recambio capitalista, se valga del nombre que sea. Es seguro que desde la propia izquierda se caracterizará a esta Carta como una suerte de “autocrítica positiva”, cuando es en realidad es el más pobre recurso argumental del que se vale un grupo de intelectuales para que la clase obrera no abandone por completo el pasado.
Horacio González escribió, en diciembre de 2013, ante el avance electoral del Frente de Izquierda ese año, lo siguiente: "Compañeros de la izquierda, felicitaciones, pero no van a conseguir nada si pretenden desarrollarse desde la premisa de la `bancarrota del capitalismo`". La premisa de Carta Abierta y su mentada redistribución de ingresos, tiene como premisa la expansión del capitalismo. ¿Por qué invoca, entonces, “una lucha contra los vientos regresivos de la historia”, que si tienen algún sentido, implican la tendencia a la bancarrota del capitalismo y su reacción de ajustes y miseria social? El Brexit, o sea la tendencia disolvente de la UE, con su secuela de bancarrotas monetarias y bancarias, viene oportunamente a recordar que la premisa de la izquierda revolucionaria es infinitamente más realista que los ahora auto reconocidos “testimoniales”.
Para llevar adelante una lucha consecuente contra el gobierno macrista y su “coalición a la carta” con el pejotismo y el FpV, es necesario reivindicar una trayectoria autónoma de los desfalcos políticos de todos los movimientos, partidos y camarillas capitalistas, en especial del engendro del FpV. La clase obrera no debe cargar con hipotecas ni mochilas que no son las de ella, si es que quiere obtener una victoria estratégica contra el gran capital. Es significativo que quienes reivindicaban la militancia (aunque fuera financiada por el Estado), se bajen ahora a la condición minimalista de “Dar Testimonio”.

Jorge Altamira

La cultura es una cuenta bancaria



En la nota de Clarín “La ideología de la gratuidad”, el escritor y crítico musical Federico Monjeau se opone a que en el CCK se vean funciones de la Orquesta Sinfónica Nacional en forma gratuita.

La propuesta del artículo en cuestión parecería una discusión menor, pero se trata de una contribución más dentro de una serie de intervenciones que, desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, configura una suerte de “guerra de guerrillas”, una “batalla cultural” de numerosos intelectuales y periodistas afines a Cambiemos o parte de la periferia ideológica “republicana” que se expresan en dicho diario. En esta misma tónica, desde hace rato periodistas como Lanata o Ricardo Roa se vienen expresando haciendo críticas sobre todo en el terreno de la educación y la cultura, cuestionando la gratuidad de la educación universitaria, la apertura misma de nuevas universidades, o la gratuidad parcial de distintos eventos o manifestaciones culturales.
Dice Monjeau: “Al principio podía pensarse que la herencia más difícil de sobrellevar del Centro Cultural Kirchner para la nueva administración era su nombre. Pero ahora empieza a verse un lastre un poco más complicado, y es una ideología. Es, por llamarlo así, una ideología de la gratuidad, que instaló en el área de Cultura el gobierno anterior ni bien asumió. A partir de ese momento todas las actividades provenientes de la Secretaría de Cultura de la Nación pasaron a ser gratuitas, también por supuesto las de la Sinfónica Nacional, que es el tema que concierne particularmente a esta columna. Es así como la Sinfónica Nacional se transformó en la única orquesta profesional del planeta en dar todos sus conciertos gratuitos”.
Se sabe que el macrismo hace una bandera de una proclamada “desideologización”, como antídoto a la partisana “batalla cultural” del kirchnerismo. No obstante, no todos quienes revistan dentro o en su periferia comparten esa táctica, y por el contrario proponen lanzar una lucha abiertamente ideológica pero de signo opuesto. Es lo que vienen haciendo Lopérfido y Lanata alrededor del tema de los desaparecidos y la defenestración del “setentismo” como parte de sacarse el lastre de la “pesada herencia”. Este artículo de Monjeau parece ubicarse en esa constelación. En todos los casos, el enemigo formal que se ataca es el kirchnerismo, ciertamente un contendiente a medida, una presa fácil. Sin embargo, no es casualidad que los temas en cuestión lo excedan, ya que se remiten a cuestiones popularmente sentidas, como es la posibilidad del acceso a la educación y la cultura.
“Ninguna orquesta pública ni privada se financia con la venta de entradas, pero ninguna, excepto la Sinfónica Nacional, deja de vender entradas. Todo tiene su precio. El valor eventualmente es más simbólico que económico, pero no puede prescindirse de él si se trata de formar un público interesado y un sistema de exigencias compartidas.” Es decir, Monjeau reconoce que no se trata de un problema económico, sino simplemente de una cuestión de lucha ideológica.
Pareciera que, a tono con la ideología amarilla del “emprendedorismo”, hay que inculcar que nada se regala, que todo se consigue con el esfuerzo individual(ista) y, menos que menos, nada que tenga que ver con la “alta cultura”. Uno siente que Monjeau está interpretando música compuesta por Macri, o tal vez, por qué no, compuesta por él mismo pero con una notoria influencia de aquél “maestro”. En la revolución de la alegría todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, lo que nos diferencia es nuestro espíritu laborioso o nuestra holgazanería: “Estoy convencido de que el público que, en condiciones económicas de hacerlo, no está dispuesto a pagar el precio de una entrada de cine por un concierto de una orquesta, no es un buen público; no lo es al menos para el buen funcionamiento de una orquesta, que requiere de oyentes exigentes”.
Impresiona tanta preocupación suya por un tema puramente “ideológico”, económicamente intrascendente, pero puramente político, como es vetar una de las pocas posibilidades de acceso gratuito a la cultura, por medio de un arancel. La cualidad de “oyentes exigentes” sería proporcional al tamaño de la billetera. Es notorio que la Argentina supo tener a comienzos del siglo XX una “oligarquía ilustrada”, que sabía combinar muy bien el genocidio indígena y luego la represión al movimiento obrero, junto con el estímulo y el disfrute de las bellas artes. No parece ser la característica del actual gobierno CEÓcrata, cuyo personal político desciende, familiar o políticamente, de aquella rancia estirpe, pero cuyas opciones estéticas se inclinan más hacia un Tinelli o un Miguel del Sel.
Para Monjeau pareciera que una orquesta sinfónica es una máquina, un aparato que funciona a lo pay per view. Por eso lo más interesante no es lo que dice, sino lo que omite sobre la “calidad” de las orquestas: la precariedad laboral contra la cual luchan sus músicos, despidos, persecución política y sindical, sueldos impagos. Han sufrido esto orquestas notables como la del Teatro Colón o del Teatro Argentino de La Plata, así como orquestas municipales, o los programas de las orquestas escuela para niños de sectores populares, así como también la destrucción de la educación musical mediante el desfinanciamiento y el achicamiento de conservatorios y escuelas de arte. Todo esto llevado a cabo por gobiernos de los tres niveles en los últimos años, tanto del macrismo como del kirchnerismo. Pero no, parece que la culpa de todo es la gratuidad.
Cuando leo las palabras de Monjeau, pienso lo actual que es aquello que León Trotsky escribió hace 92 años, cuando planteaba que una tarea fundamental de la revolución será, en primer lugar, la apropiación por parte de los trabajadores de lo mejor de la herencia cultural de las clases poseedoras. Los “bárbaros” bolcheviques, en medio del hambre y la guerra civil, abrían las puertas de los antiguos teatros de la nobleza a las clases populares y construían otros nuevos. Nuestra burguesía “ilustrada” los destruye, mientras premia a lo más decadente salido de las cloacas de la cultura televisiva. Y, por si fuera poco, tenemos críticos que juzgan el gusto musical según nuestra cuenta bancaria…

Guillermo Iturbide
Ediciones IPS-CEIP

A 50 años del golpe de Onganía: el Gobierno del gran capital



El 28 de junio de 1966 comenzó la dictadura que se propuso el ataque más ofensivo, desde 1955, contra los trabajadores y el pueblo. Tres años después caería a manos del ascenso que abrió el Cordobazo.

Las lecciones de la historia de la clase obrera argentina se vuelven cruciales para comprender nuestra realidad y aprender cómo enfrentar los ataques de las clases dominantes, el Estado y el papel de la burocracia sindical y los partidos patronales. Dos trabajos de Ediciones IPS-CEIP, aportan a la comprensión de los años de la Resistencia y la década del 70, cuyo punto de inflexión fue la dictadura de la que se cumplen hoy 50 años.

“Desensillar hasta que aclare”

Esta fue la orden de Perón en el exilio y declaraba: “Para mí, éste es un movimiento simpático porque se cortó una situación que ya no podía continuar (…) si el nuevo gobierno procede bien, triunfará. Es la última oportunidad de la Argentina para evitar que la guerra civil se transforme en la única salida”.
El golpe de Onganía reunió el apoyo del conjunto de los sectores dominantes, de la burocracia sindical y del propio Perón. La CGT, en un comunicado afirmaba: “El movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país”. El mismo dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, el referente entonces más destacado de la burocracia sindical peronista, asistió a la toma de gobierno.
Es que la autodenominada Revolución Argentina se proponía gobernar el tiempo que fuera necesario para imponer los intereses del capital más concentrado, un intento “bonapartista” que buscó disciplinar a las distintas fracciones de la clase dominante. Debía además derrotar la Resistencia obrera que venía obstaculizando los intentos de liquidar el conjunto de las conquistas obreras y populares; el peronismo y la burocracia, por su parte, le abrían un impasse para facilitarle esta tarea.

“Eficientizar” el Estado despidiendo trabajadores

Entre las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron las destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados como la disminución de la protección aduanera, las transferencias de tierras públicas a manos privadas, el aumento de las tarifas de electricidad y la privatización de emisoras radiales y televisivas.
La aplicación de la política de racionalización de la administración pública comenzó por afectar a los trabajadores azucareros de Tucumán, a partir de la intervención de ocho gremios. Aunque la respuesta popular fue notable, con sabotajes, paros, ocupaciones e incendios de cañaverales, no impidió los despidos y el cierre de la principal fuente de trabajo.
También sobre los portuarios impactó la política racionalizadora del gobierno. El objetivo era reducir los costos de las operaciones portuarias (por ejemplo, los haberes se reducían en un 50% al modificarse el cálculo de los jornales y los diferentes adicionales que componían el sueldo de un estibador). Estas medidas dieron lugar a un paro de alcance nacional, con el núcleo dinámico en el puerto de Buenos Aires y un importante grado de organización [2].
Los ferrocarriles fueron otro blanco del ataque del gobierno. Las medidas implicaban para los trabajadores, entre otras pérdidas, la reducción de las 10 horas mínimas de descanso a 5, la obligación de trabajar hasta 72 horas semanales si el servicio lo exigía, despidos masivos y traslados, cierre de estaciones y clausuras de ramales, privatización de talleres que pasarían a manos extranjeras [3]. La dirección de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria terminaron finalmente acordando su participación en la gestión de las reformas y la intervención militar impuso parcialmente la racionalización del sector.

El plan que desatará la ofensiva obrera y popular

En marzo de 1967 asumió Adalbert Krieger Vasena como ministro de economía, un representante genuino del capital monopolista internacional, especialmente del imperialismo norteamericano, uno de los más de 30 empresarios que Onganía incorporó a su gobierno.
La política económica de conjunto implicó una redistribución de ingresos desde los trabajadores, los sectores medios y los sectores más nacionales de la burguesía, a favor de los sectores más concentrados y ligados al capital extranjero. En primer lugar, el nuevo ministro implementó una serie de medidas destinadas a aumentar la recaudación impositiva y reducir el déficit estatal aumentando las tarifas de servicios públicos y disminuyendo la cantidad de empleados del Estado. Para enfrentar la inflación se buscó frenar el aumento de los salarios congelando los sueldos y suspendiendo nuevas negociaciones de los convenios colectivos de trabajo.
Junto con esto se realizó una amplia integración con empresas transnacionales, que fueron llamadas a colaborar en la “modernización del país” mediante el aporte de capital y tecnología, en tanto el Estado emprendía inversiones para mejorar la infraestructura energética y vial, se renovaron los contratos con las firmas petroleras extranjeras y se renegoció un crédito con el Fondo Monetario Internacional.

La burocracia sindical frente al ataque

Por su parte, la burocracia sindical, manteniendo su actitud conciliadora con el gobierno, intentó presionar las negociaciones a través de esporádicas protestas. El gobierno respondió reforzando la represión en el marco del Consejo Nacional de Seguridad.
Tras saludar el golpe de Onganía y ofrecer todas las vías para una negociación, los dirigentes sindicales se encontraron en la disyuntiva de contener el descontento obrero ante la intransigencia del gobierno, evitando profundizar la crisis de credibilidad que comenzaban a sufrir. La cúpula sindical comenzó a resquebrajarse.
Estas divisiones tomaron forma en el surgimiento de la CGT Paseo Colón (CGT de los Argentinos) liderada por Raimundo Ongaro, del gremio gráfico. Perón, que comprendió la necesidad de preparar una organización que pudiera contener el descontento de las bases –al tiempo que contrapesar los objetivos políticos de Vandor al interior del Partido Peronista– ofreció su apoyo a Ongaro.
En este contexto de represión estatal, intentos de negociación y crisis de la burocracia, las acciones de los trabajadores se dieron en forma localizada, restringidas al ámbito de las unidades de trabajo y con escasa duración. Sin embargo, durante el año 1968 varios conflictos tuvieron relevancia, entre ellos los que se desarrollaron en YPF, en la gráfica Fabril Financiera y los que se produjeron en la industria automotriz.

El movimiento estudiantil enfrenta el ataque

El ataque de la dictadura se dirigió también a sectores de las clases medias; el plan económico del gobierno impactó en el deterioro del poder adquisitivo y, en perspectiva, de las condiciones de vida de amplios sectores.
El 29 de julio de 1966 el gobierno sancionó el decreto ley 16.912, por el cual se eliminaba el gobierno tripartito en las universidades, se anulaban los consejos superiores y se transformaba a los rectores y decanos en interventores subordinados a las autoridades del Ministerio de Educación.
La decisión de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de resistir la política educativa de la dictadura y sus consecuencias sobre la autonomía universitaria desencadenó, en julio de 1966, la represión del gobierno contra los universitarios que se conocería como la “noche de los bastones largos”. En los años siguientes las luchas estudiantiles darían un salto cualitativo.
Un amplio espectro opositor se estaba forjando contra el Onganiato abriendo la crisis del plan económico del gobierno, empujando a la pérdida del apoyo de amplios sectores medios al régimen. En marzo de 1969 se dieron movilizaciones estudiantiles en Rosario y Tucumán, estas fueron la puerta de las luchas obreras que desencadenaron el Cordobazo, que hirió de muerte al Onganiato, dando inicio al ascenso obrero-popular que se constituyó en el ensayo revolucionario más importante que vivió la Argentina.

Alicia Rojo
CEIP "León Trotsky"

Brexit en la Argentina

El Brexit consagrará a Inglaterra como la mayor guarida fiscal del planeta, tema de estricta actualidad aquí dado el blanqueo de capitales. Pero también podría robustecer el reclamo por las Malvinas, si la colonia perdiera el apoyo político y el mercado para el 95 por ciento de sus exportaciones sin aranceles que le provee Europa. Aprovechar esta coyuntura requeriría una firme posición, muy distinta a la línea blanda ante el ocupante mostrada por Macrì y su canciller Malcorra.
España se apresuró a replantear la cuestión de Gibraltar en cuanto se conocieron los resultados: en el Reino Unido, se impuso por estrecho margen el abandono de Europa, pero en el peñón fue abrumadora la predilección por la permanencia. El ministro de Relaciones Exteriores, José García-Margallo, propuso un periodo de transición de soberanía compartida, en tránsito hacia la restitución plena del territorio que el imperio británico ocupa desde hace tres siglos. Del mismo modo, Escocia e Irlanda plantearon sus propios plebiscitos para permanecer en Europa y separarse del Reino cada vez más Desunido de la Gran Bretaña. También allí las respectivas sociedades votaron por la continuidad en Europa, por márgenes más amplios a los obtenidos por Brexit en Inglaterra. El gobierno argentino no parece darse por enterado de las implicancias de lo sucedido, que se irán haciendo más perceptibles con el paso de los días. Entre otras, una profunda fractura generacional (3 de cada 4 jóvenes votaron por la permanencia) que permite predecir duras expresiones callejeras contra la decisión que fue más popular entre las personas maduras y las de la tercera edad. Un día antes de que los británicos votaran, Susana Malcorra exhortó a su gobierno en las Naciones Unidas a reanudar las negociaciones, en busca de “una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía” sobre las islas. Esa letanía rutinaria no fue seguida por ninguna declaración que vinculara el caso de las Malvinas con el debilitamiento británico producido por la victoria de las posiciones que responden a los traumas de la globalización con posiciones aislacionistas. Por el contrario, de regreso dijo que nada cambia y sólo pidió prudencia. En las islas Malvinas, donde a diferencia de Gibraltar no hubo mesas de votación, el plebiscito se siguió con ansiedad y todos los pronunciamientos que se conocieron fueron a favor del status quo vigente. Tampoco hubo alguna evaluación oficial sobre cómo afectará el Brexit a la economía argentina y sólo analistas privados se mostraron atentos a algunos aspectos de la cuestión. El comercio podría resentirse pero es poco significativo ya que hoy Gran Bretaña es un socio muy menor (poco más del 1 por ciento del total argentino, tanto de importaciones como de exportaciones). Si las inversiones no vinieron antes, será más difícil que arranquen ahora. Pero ni el sector público ni el privado dieron muestras de advertir el impacto que la novedad tendrá para un rubro más importante en las relaciones bilaterales que el comercio y las inversiones: la fuga de capitales que se refugian en territorios y posesiones de la corona inglesa. Las estimaciones extraoficiales fijan su stock en 400.000 millones de dólares, una porción sustancial están cubiertos por la Union Jack.

Los escondites

El principal argumento a favor del blanqueo y las expectativas sobre un resultado más sustancial que en los anteriores, es la creciente dificultad para esconder dinero ilegal en el mundo, debido a los acuerdos de intercambio informativo propiciados por el G20. El Brexit eliminará los contrapesos que la pertenencia a la Unión Europea planteaba al “abrumador poder del lobby financiero en Gran Bretaña”, según el mensaje con que la ONG global Tax Justice Network (TJN) apoyó el voto por el Bremain, la permanencia en la Unión. Al describir la “maldición financiera” y sus grandes riesgos políticos y económicos, la organización afirma que sin el marco colaborativo internacional europeo, Inglaterra emprenderá una viciosa carrera hacia el último escalón en materia de secreto impositivo y regulación financiera, en un proceso lucrativo para los fondos de inversión y los contadores pero dañino para el resto, en las islas, en Europa y en todo el mundo. Tax Justice Network prevé nuevas guerras regulatorias y fiscales entre países, que “siempre debilitan la democracia y la justicia económica” e incrementan las desigualdades políticas y económicas. Las reducciones de impuestos que se justificarán por esa competencia erosionarán más aún la base impositiva y dañarán los servicios públicos. Como se sabe, la ley argentina de blanqueo incluye también una reducción de los impuestos directos que aliviarán la ya insignificante carga sobre las grandes fortunas. De acuerdo con las alícuotas resultantes y las declaraciones juradas del presidente, el columnista David Cufré calculó aquí que Maurizio Macrì pagaría casi un millón y medio de pesos menos por año en su liquidación del impuesto a los bienes personales. El proyecto oficial contemplaba su eliminación lisa y llana, pero el voto hipócrita de los bloques opoficialistas obligó a maquillarlo como una mera reducción. En la misma dirección que Tax Justice Network se pronunció el autor del revelador libro de investigación “Las Islas del Tesoro”, Nicholas Shaxson: “Brexit impulsaría a Gran Bretaña mucho más allá de lo que ya está en el camino de ser una guarida extraterritorial, y revitalizaría al ya predominante lobby offshore. En Inglaterra esto haría a unas pocas personas mucho más ricas y a mucha gente más pobre, y en el resto del mundo volvería a mucha gente más pobre”. En síntesis, malas noticias para la Argentina pero muy buenas para su gobierno de los CEOS.
El desempeño de la Unión Europea respecto de las guaridas fiscales no ha sido perfecto, e incluye entre sus miembros a grandes centros de refugio de la ilegalidad fiscal, como Luxemburgo. Sin embargo, ha hecho avances significativos para reducir el secretismo y compartir información con otros países, como la introducción de los registros de beneficiarios finales de las empresas y cuentas bancarias registradas allí. Según TJN esos registros contribuyen a controlar los peores abusos impositivos de las empresas multinacionales y a prevenir las múltiples formas de delito y corrupción revelados en los Panamá Papers. Una de las personalidades más prominentes descubiertas en ese paquete informativo filtrado a un diario alemán y analizado por el Consorcio de Periodismo de Investigación fue el actual jefe de Estado argentino.

“Honestamente”

Macrì declaró respecto de su cuenta en Bahamas que “la verdad es que ni me di cuenta, honestamente”. Más allá de su autoproclamada honestidad, cuando alguien no repara dónde guarda 18 millones de pesos se consolida la sospecha de que su fortuna supera con holgura los 140 millones de pesos declarados, sobre todo cuando hasta hace pocos años las empresas familiares figuraban en los primeros puestos del ranking de la riqueza argentina. Una constante de este primer semestre ha sido el dictado de medidas que benefician no sólo al sector social del que provienen el Poder Ejecutivo y la mayoría de sus ministros, sino también a las corporaciones en las que trabajaron y en varios casos a los propios funcionarios. Para negociar con los fondos buitre y con Thomas Griesa, Macrì envió primero a Carlos Melconian, quien había comprado títulos en default y litigado por su cobro ante ese mismo juez, y luego a los ex operadores de monedas del JP Morgan Alfonso de Prat-Gay y Luis Caputo. La devaluación dispuesta entre otros por el secretario de coordinación interministerial Mario Quintana, quien había comprado dólares a futuro e hizo así una buena diferencia, también aprovechó al jefe de asesores presidenciales José Torello, a la empresa de la familia presidencial Socma-Chery, al amigo presidencial Nicolás Caputo, al comprensivo diario La Nación y al vengativo Grupo Clarín. Nada se compara, sin embargo, con la gran jugada de Macrì como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que descubrió la ex ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti: el 15 de septiembre de 2011, Macrì compró el edificio Alpargatas en Barracas, y al día siguiente envió un proyecto a la Legislatura creando el Distrito de las Artes y eximiendo de impuestos a su negocio personal de construir allí 65.000 metros cuadrados de lofts suntuarios. Con la misma presunta ingenuidad que aplica a su situación personal, Macrì también defendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue presidente de la petrolera Shell en la Argentina y posee acciones de la casa matriz holandesa: “Lo que él tiene es lo que le pagaron producto de su retiro. Me parece que frente a un tipo de la honestidad y la capacidad de Aranguren, los ataques que ha recibido no son justos”. Ni siquiera la Oficina Anti (Descubrimiento de la) Corrupción se animó a tanto. Para su titular, Laura Alonso, el caso es complejo y está siendo objeto de un estudio exhaustivo.
El presidente también se presentó como “el político que más transparencia ha tenido sobre su situación personal, siempre he declarado todo”. Tampoco se sintió obligado a explicar cómo pudo poner el Banco Central bajo la conducción de Federico Sturzenegger, quien hasta el día de hoy está procesado por su intervención en el megacanje de hace quince años. Estas actitudes revelan un grado de audacia que contribuye a entender el estado de parálisis que aqueja a la oposición ante su carrera arrolladora. Luego de una victoria electoral en segunda vuelta, por un margen muy ajustado de votos, y en notoria minoría en las dos cámaras del Congreso, Macrì ha puesto el país patas para arriba en apenas seis meses, con un decisionismo que sorprende incluso a sus aliados radicales. El endeudamiento externo contraído entre la Nación y las provincias por más de 30.000 millones de dólares tendrá consecuencias desastrosas en el futuro, pero por el momento ha permitido financiar en un trimestre la fuga de 4.000 millones que el Banco Central contabiliza como formación de activos externos, suprimir cualquier restricción al ingreso y egreso de divisas, transferir utilidades de empresas trasnacionales a sus sedes y proporcionar atractivos negocios financieros con el clásico subibaja del tipo de cambio y la tasa de interés. Macrì también desmanteló los organismos de control del mercado accionario, donde se hizo cargo uno de sus alter ego, y del lavado de dinero, cuya Unidad de Información Financiera quedó en manos de dos especialistas que hasta ese momento habían trabajado del otro lado del mostrador. La reforma impositiva transfirió miles de millones de dólares de muchas a pocas manos, ya que dentro de un esquema ortodoxo en el que el déficit fiscal y su monetización son considerados como la causa única de la inflación, la merma de lo detraído al comercio exterior de cereales debe compensarse con la reducción en otros rubros, como la planta de trabajadores estatales y los subsidios al transporte y a las distintas formas de energía, que benefician a los más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas. Puesto en términos más simples, sin retenciones a la exportación de materias primas alimenticias, sus precios internos crecen, lo mismo que el combustible y la electricidad cuando se les quitan subsidios. Esta inflación, que el ministro de Hacienda y Finanzas De Prat-Gay terminó por reconocer que llega al 42 por ciento anualizado, más que el doble de su vaticinio inicial, es otro mecanismo de transferencia de ingresos hacia el sector patronal, cuyos costos se achican por la doble vía de los despidos y el abaratamiento relativo. Ese sombrío sendero de la búsqueda de competitividad a expensas de los salarios de los trabajadores va en sentido opuesto al que siguieron los países que lograron desarrollar sus economías. Y al destruir el mercado interno dependerá cada vez más de las exportaciones primarias, lo cual a su vez destrozará el tejido social.

La Corte de la regresión

Frente a las protestas inevitables que estas políticas generan y que el gobierno nacional enfrenta a palos, con gases lacrimógenos y balas de goma, como padecieron el jueves los trabajadores de la fábrica metalúrgica RB en San Isidro, la Corte Suprema de Justicia le hizo un gran regalo con el fallo Orellano, que circunscribió el derecho de acciones gremiales a los sindicatos reconocidos por el Estado, ya sea con personería o con inscripción. La semana pasada el Senado dio el acuerdo para la designación en ese tribunal de los dos jueces propuestos por Macrì, cuyas posiciones sobre estos temas motivaron las impugnaciones que recibieron, tanto ante el ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuanto en el Senado. Al objetar tanto a Horacio Rosatti cuanto a Carlos Rosenkrantz, el CELS cuestionó “sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”. En sus trabajos académicos, Rosatti sostuvo, igual que la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti, que el derecho de huelga es una atribución exclusiva de los sindicatos formalmente constituidos, para supuestos de un conflicto laboral concreto y reivindicativo o desconocimiento de un derecho laboral previamente reconocido. En el Tomo I de su Tratado de Derecho Constitucional de 2010, Rosatti considera “constitucionalmente discutibles” las llamadas huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”. Por su parte, Rosenkrantz cuestiona la constitucionalización de los derechos económicos y sociales, como salud, vivienda y educación. A su juicio no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos. Pero tampoco admite para defender esos derechos el ejercicio de la protesta si incluye un corte de calle o ruta. En su artículo “La pobreza, la ley y la Constitución” sostiene que “piquetear una ruta o autopista es un delito”. Además considera que este tipo de protesta no está protegida por la libertad de expresión. Rosenkrantz entiende que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”. A su juicio “la posibilidad de que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza terminará socavando el poder de los tribunales”. Sumada esta posición a las de Rosatti y Lorenzetti, el poder administrador quedaría libre de interferencias jurídicas para sus decisiones sobre transferencias de riqueza, como las que han tenido estridente principio de aplicación en lo que va de este año.

Palo y zanahoria

La perspectiva de que esos pliegos obtuvieran los dos tercios de los votos del Senado distaba de ser evidente cuando Macrì los envío, en diciembre. Seis meses después a nadie le llamó la atención que esa mayoría especial fuera incluso superada con comodidad. Antes de eso se aprobó el acuerdo para pagarle a los fondos buitre y comenzar el tercer ciclo del endeudamiento externo, cosa que tampoco podía darse por descontada. Los artífices de ese milagro político fueron el ministro de Obras Publicas, Rogelio Frigerio (n) y el presidente del bloque oficialista de senadores de la oposición, Miguel Angel Pichetto. Cada uno desde un lado de la mesa, comprometieron a los gobernadores de todos los partidos, con el argumento de que sin esa ley ni el gobierno podría continuar con las transferencias de recursos para obras públicas ni ellos estarían en condiciones de emitir deuda propia. Las emisiones de varias provincias ya superan los 8.000 millones de dólares pero los atrasos de la Nación sólo se han cancelado en pequeña medida, porque es un pecado usar sólo una vez esa zanahoria tan tentadora. El Poder Ejecutivo volvió a agitarla delante de los gobernadores para conseguir la aprobación de la ley de blanqueo, que incluye un capítulo sobre la restitución gradual del 15 por ciento de la coparticipación federal que se detrajo a las provincias cuando se privatizó el sistema previsional. Esa ley ómnibus también sienta las bases para la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y para una nueva privatización del régimen jubilatorio. Pero además, la Alianza Cambiemos blandió el palo de la persecución penal contra funcionarios del gobierno anterior, luego de un dilatado debate en el que terminó por imponerse el aliado radical, con Elisa Carrió y Ernesto Sanz a la cabeza, quienes se ilusionan con un desvanecimiento del justicialismo similar al que padecieron ellos luego de la crisis de fin de siglo. Quienes pensaban que la detención ilegal de Milagro Sala no les concernía deberían volver a pensarlo, ahora que la acusación se extendió también al ex gobernador y jefe justicialista de Jujuy Eduardo Fellner.
El gobierno contó en el momento más oportuno con el extraordinario episodio del convento de General Rodríguez y sus bóvedas disimuladas debajo del altar, el torneo de lanzamiento de bolsos sobre la tapia que ganó el ex secretario de obras públicas José López y las exquisitas disquisiciones semánticas del obispo Agustín Radrizzani sobre las bóvedas que usan los delincuentes y las criptas bendecidas por la Santa Madre, aunque la Real Academia Española opine que cripta es la tercera acepción de bóveda. Capturado con las manos en la masa, López no tiene escapatoria y también está recibiendo ofrecimientos para declararse arrepentido e incriminar a CFK, cuya floja respuesta no la convierte en responsable de ningún delito.
Ni el nuevo procesamiento del recaudador de la campaña del Frente para la Victoria en 2007, Héctor Capaccioli, ni la detención en Brasil del instigador del triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, comprometen a la ex presidente, a su vicepresidente Julio Cleto Cobos ni al ex jefe de gabinete Alberto Fernández, el responsable directo de Capaccioli. Por eso, Carrió y su correligionaria Margarita Stolbizer presentaron nuevas denuncias contra CFK, esta vez como jefa de una asociación ilícita, la figura a la que se recurre cuando no hay pruebas sobre la comisión de un delito. El Código Penal la incluyó en 1921, dos años después de la huelga de Vasena y su sangrienta represión en la Semana Trágica de 1919, como instrumento para criminalizar la mera pertenencia a un sindicato con prisión de un mes a cinco años, y sus penas se incrementaron en 1974 de 3 a 10 años para aplicarse a los militantes políticos. Para los jefes, la mínima es desde entonces de 5 años. Esto da lugar al absurdo, señalado desde entonces por diversos penalistas, de que concertarse para hurtar carteras en el subte o postrecitos en un súper (artículo 162 del Código Penal, pena mínima de un mes) pueda ser reprimido con la máxima de 10 años de prisión del artículo 210. Las constantes denuncias por presuntos fraudes contra la administración pública constituyen una de las formas más eficaces de disciplinar a jueces y legisladores, sobre quienes han vuelto a operar como en décadas pasadas los servicios de Inteligencia. Dos abogados de ese origen convencieron a Lázaro Báez de apuntar contra la ex presidente. Por el momento le salió el culo por la tiranta, según la transliteración que inventó Paco Urondo: no tiene forma de probar el encuentro en Olivos que tanto Cristina como el juez Sebastián Casanello y el presunto testigo Wado de Pedro niegan haber sostenido, pero ahora no sólo él está detenido, sino que a corto plazo podrán acompañarlo sus cuatro hijos, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien encontró cuentas a nombre de ellos en Suiza. Si estuviera vigente el nuevo régimen del arrepentido, de dudosa constitucionalidad, que los diputados también votaron esta semana, incluso se expondría a una pena de 4 a 10 años por suministrar datos falsos. La demolición del anterior gobierno avanza sin obstáculos, para satisfacción del actual. Hasta ahora nadie se pregunta si en algún momento esa maquinaria no se volverá también contra su instigador y contra el sistema político en su conjunto, como ya ocurrió en Brasil. Tiempo al tiempo.

Horacio Verbitsky
Página/12

Los medios masivos de difusión y opinion y la empresa monopolica Uber

En los días previos y luego de la histórica y multitudinaria movilización taxista el día 9 de junio en la Av. 9 de Julio, convocada por todas las organizaciones gremiales del sector, han aparecido artículos sobre la actividad ilegal y clandestina de este monopolio con diversa argumentación, más abierta o más encubierta a favor de la empresa , para explicarnos la inevitabilidad de su actividad, de su exclusividad en representación de la “modernidad”, amenazando unos y tratando de “convencernos” otros de bajarnos de la “lucha frontal” contra UBER para adaptarnos a una “realidad” que pretenden imponernos.
El domingo 26 de junio, en el suplemento económico de Página 12 aparece una entrevista a una politóloga, Natalia Zuazo, que caracteriza a UBER para luego plantear algunas opiniones sobre la salida a los graves problemas que construye esta empresa con las que permito polemizar.
En las primeras respuestas al cuestionario que le plantea la periodista Natalia Aruguete, Zuazo explica algunas de la características fundamentales de UBER, su origen, su dimensión financiera, su política de desembarco en los países, obviando a mi entender un criterio principal de su política cual es, la de no tener el mínimo respeto a las soberanías nacionales y los gobiernos de los países.
Tampoco se encuentra analizado en el artículo el conjunto de normas, leyes y derechos, particularmente los que protegen a los trabajadores, que la empresa viola en una aplicación sin anestesia de todos los políticas del neoliberalismo, que en este caso amenazan a los taxistas pero cuyo objetivo es el conjunto de los trabajadores.
Ante la pregunta sobre la respuesta en la calle que dimos los taxistas a UBER, la Sra. Zuazo afirma: “Al principio genera en los Sindicatos una situación de enfrentamiento” . Desconocemos en que se apoya para limitar nuestro rechazo solo “al principio”.
La continuidad de la respuesta lo explica con su propuesta, “Pero, en una segunda etapa, los sindicatos deben replantearse el manejo de su negocio”… y continúa ”los sindicatos deben promover leyes que los hagan competir con otras empresas” para que se cumplan las mismas reglas impositivas, laborales, etc.
¿De qué negocio del sindicato habla Zuazo? Creerá la politóloga que los 8.000 taxistas de la Ciudad de Buenos Aires salieron a la calle a defender “el negocio”, ¿O habrá querido decir su fuente de trabajo, sus ingresos, sus salarios y sus derechos sociales y laborales?
¿De qué competencia habla?, ¿Se pude competir con estos violadores seriales de leyes y derechos?, ¿Acaso nos quiere convencer de la “libre competencia” del neoliberalismo?
Un poco de enfrentamiento está bien nos plantea, pero después hay que competir. Los taxistas no tenemos absolutamente nada que negociar con UBER.
Para caer en el lugar común de desprestigiarnos para que nos rindamos, la Sra. Zuazo se pregunta: ¿Cómo hacen para adaptar su negocio, que también tiene manejos poco democráticos y concentrados? Aquí la descalificación se materializa caracterizando a los taxistas que trabajamos 10, 12 o más horas conduciendo un taxi por la Ciudad, a sus organizaciones gremiales como antidemocráticos y ridículamente como un monopolio. Un editorial, de la Nación, coincidente con la Dra. Zuazo, nos llegó a caracterizar como un cártel
La politóloga plantea, desconociendo lo que hemos manifestado públicamente y lo que estamos haciendo, que lo único que planteamos es que se prohíba UBER y eso se ajusta a derecho por la actividad “ilegal y clandestina” de UBER que decidió un fallo judicial. ¿Qué hay de ridículo en esto para la Sra. Zuazo?
De paso le informo que estamos gestionando ante el Estado la creación de una Aplicación UNICA – GRATUITA y OFICIAL para el servicio público de taxis de la CABA, no como plantea la politóloga, que se preocupa para conseguirnos un “negocio” y que el “sindicato se quede con el 10%”.
Para concluir, UBER viola todas las leyes que regulan al transporte en la Ciudad y el país, su negocio implica no pagar impuestos ,por ello a dos meses de su desembarco no tienen ni CUIT, ni domicilio legal en el país, no reconocen ninguna ley de protección del trabajo, tratan de imponer el trabajo no registrado, en negro, no se responsabilizan, ni se hacen cargo de ningún aspecto de la seguridad de los pasajeros, ni siquiera amplían el mercado de viajes, no hacen inversión alguna, fugan el dinero de los argentinos al exterior, no respetan fallos de la justicia argentina, etc.
Una pregunta final: ¿Por qué Pagina 12 se suma a otros medios concentrados ignorando la opinión de los taxistas porteños y sus organizaciones en sus páginas? Todos opinan, menos nosotros.
¿Será, como afirma la politóloga, que UBER... “ la primera parte de sus ganancias las utiliza en publicidad”?
Es evidente que en este terreno no podemos competir con el bolsillo de UBER.

Alberto T. Rodríguez. Secretario de la Asociación Taxistas de Capital

lunes, 27 de junio de 2016

A 20 años del primer “Cutralcazo”



Hace 20 años, el 26 de junio de 1996, concluía en la ciudad de Cutral Co, en Neuquén, el primer gran levantamiento de los desocupados, que dio origen a los llamados “piqueteros”.

El 26 de junio de 1996, pasadas las 16 horas, una asamblea multitudinaria de vecinos de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul votaba levantar los piquetes que mantenían cortado el tránsito desde hacía una semana sobre la ruta nacional 22. El entonces gobernador de Neuquén Felipe Sapag en persona finalmente había aceptado reunirse con los representantes elegidos por los manifestantes y firmar un acta acuerdo dando respuesta a sus demandas. Así concluía, hace 20 años, el primer Cutralcazo, que sin dudas fue uno de los primeros grandes levantamientos de los desocupados, que terminó en una verdadera pueblada.
Todo comenzaría una semana antes, cuando el gobernador Felipe Sapag anuncia el 19 de junio la decisión de poner fin al contrato con la empresa Agrium, que iba a instalar una planta de fertilizantes en la localidad. Más allá de ser un contrato de entrega, donde la parte del león se lo llevaría la multinacional canadiense, existía gran expectativa en los puestos de trabajo que supuestamente generaría la instalación de dicha planta, y la noticia, trasmitida la mañana del 20 por FM Victoria, generó bronca y desilusión en ambas comunidades. Cutral Co y Plaza Huincul, ciudades totalmente dependientes del petróleo, tenían por esos años un 26% de desocupación (que llegaría al 36% un año después), producto del impacto de la privatización de YPF en 1992, cuando la desocupación era de apenas un 3,6%. La esperanza prometida de salir de esa situación se terminaba con la llegada de aquella noticia.
La Radio Victoria abrió su micrófono a los oyentes y poco a poco se fue transformando en el canal de información y comunicación de los vecinos, que terminaron convocándose en una masiva asamblea sobre la ruta nacional 22 a la altura de La Torre de petróleo ubicada en el ingreso de Plaza Huincul, la primera de las dos localidades camino desde Neuquén Capital.
Con ramas, troncos, cubiertas, etc comenzaron a improvisarse los entonces novedosos “piquetes” que impedían el tránsito de cualquier vehículo que quisiera entrar o salir de la ciudad. El viernes 21 la municipalidad decreta asueto para todos sus empleados, no hay clases, los comercios cierran por propia iniciativa, acercando víveres a los “piqueteros” que sostienen los cortes en la ruta. Ambas ciudades están virtualmente paralizadas, la “vida” gira en torno al piquete. Es verdaderamente una “pueblada”, que se extiende durante todo el fin de semana, sin obtener ninguna respuesta del gobierno provincial, que hasta entonces se niega a viajar a Cutral Co a dialogar con lo que él considera unos “delincuentes”.
El lunes 24 llega una orden de desalojo firmada por la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles, quien solicita al entonces ministro del interior de Menem, Carlos Corach, que envíe a gendarmería para efectivizarlo. El martes 25 llegan más de 400 gendarmes con perros y decenas de vehículos, incluyendo un hidrante, prestos para desalojar el piquete. La noticia corre como reguero de pólvora y miles de vecinos se congregan sobre la ruta 22. Cerca de las 10 de la mañana gendarmería desata la represión con balas de goma y gases lacrimógenos. El pueblo resiste con piedras y gomeras el avance de gendarmería, que es sorprendida por la masividad de la concentración, y debe detener su avance. La jueza, presente en el lugar, se acerca hacia el piquete y anuncia que se declara incompetente para llevar adelante el desalojo. Una primera victoria del piquete que es festejada por miles.
Fracasado el intento de represión, al gobernador Felipe Sapag no le queda más remedio que cambiar de política y busca una negociación. En principio no quiere concurrir al piquete sobre la ruta así que esa misma tarde se dirige hacia el edificio municipal de Cutral Co, pero debe rendirse ante la realidad y la relación de fuerzas, producto de la masividad y el fracaso de la salida represiva. El 26 no le queda más que dirigirse al piquete y firmar un acuerdo con los representantes de los desocupados, acuerdo que pondrá fin al primer Cutralcazo.
Finalmente el gobernador Sapag no cumplió con el compromiso asumido, firmado más para descomprimir la tensa situación que para hacerlo realmente efectivo, dejando un descontento que sembrará las bases para el segundo Cutralcazo, que estallaría al año siguiente.
Más allá de la “traición” al acuerdo firmado, el primer levantamiento de Cutral Co y Plaza Huincul fue un hecho que marcó no sólo la historia de Neuquén sino del país, recreando un método de lucha entonces novedoso, el “piquete”, que luego se generalizaría con el agravamiento de la crisis económica y social, no sólo entre los desocupados sino entre los trabajadores ocupados y otros sectores sociales oprimidos. Otro punto característico, tanto del primer como del segundo Cutralcazo, será el reclamo de “trabajo para todos” frente a una desocupación que creció al calor de las privatizaciones, y no se limitaba al reclamo de subsidios, que serían luego de estos levantamientos una política generalizada, que no por casualidad comenzó en Neuquén con los llamados planes 2128.
Las imágenes de los piquetes de Cutral Co y Plaza Huincul recorrieron el país y marcaron toda una nueva etapa de la lucha de clases en Argentina, hace ya 20 años.

Alejo Lasa