martes, 31 de mayo de 2016

Más educación religiosa de la mano de Macri y el papa Francisco



El otorgamiento de $ 16 millones al programa escolar del Papa “Scholas Ocurrentes”, volvió abrir un debate sobre la laicidad de la educación pública. Plata hay, pero para el Vaticano.

La bendición del Vaticano es aún una deuda pendiente para el gobierno nacional. De todas maneras, lo intenta y se esfuerza. En el día de ayer, a pocos días de la foto de la reunión entre el papa y Hebe de Bonafini, el gobierno nacional anunció que apoyará con millonarios fondos públicos un proyecto educativo impulsado directamente desde el Vaticano. El exitista jefe de Gabinete Marcos Peña llegó a afirmar, en la misma sintonía, que “es una gran alegría poder apoyar el proyecto Scholas Ocurrentes por la impronta que le ha dado el propio Papa Francisco”.
El otorgamiento alcanza la friolera suma de $ 16.666.000, destinados a sufragar los gastos de personal, equipamiento e infraestructura de la sede central en nuestro país, del proyecto Scholas durante el presente año. Mientras tanto, para la universidad pública el gobierno definió un recorte de $ 65,6 millones la semana pasada. Con la devaluación, la inflación y los tarifazos, se calcula que no alcanzaría ni para pagar las facturas de la luz o el gas, mucho menos para solucionar los problemas de infraestructura. Plata hay, pero es para el Vaticano. Toda una declaración de principios.
A lo largo y ancho del país se siguen profundizando los conflictos educativos, como lo muestra una nueva semana de paro de los docentes en Santa Cruz y la tenaz lucha de los docentes de Tierra del Fuego y Santiago del Estero.
Para despejar cualquier duda sobre el carácter privatista del modelo macrista, esta semana también dieron fuertes señales de rechazo a los diferentes proyectos sobre Boleto Educativo Gratuito.

La derogación de la 1420, una herencia kirchnerista

Los 12 años de kirchnerismo fueron una verdadera escuela en la relación con el Vaticano. Principalmente, con sus entredichos con el Papa, a quien primero enfrentaron y luego terminaron “amando”.
Vale la pena recordar que fue bajo el kirchnerismo que la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico resolvió, el año pasado, la derogación definitiva de la Ley 1420, conocida como Ley de Educación Común, sancionada en 1884. Esa normativa es célebre por establecer la educación pública, obligatoria y gratuita, restringiendo la educación religiosa a la esfera optativa por fuera del horario escolar, es decir que dispuso un sistema de laicismo limitado.
Su derogación se justificó en la existencia de la Ley de Educación Nacional 26.206 y las leyes provinciales en vigencia. Sin embargo, un grupo de juristas objetó ese procedimiento, señalando la vigencia del Artículo 8 de la susodicha Ley 1420, ya que sintetiza la garantía del carácter laico de la educación obligatoria, aspecto sobre el que no prescribe la nueva ley sancionada durante el kirchnerismo. De esta forma se legitimaron las normativas provinciales que incluyen la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. En buen romance, la laicidad quedó suspendida en un limbo.
Esta decisión, impulsada por los integrantes kirchneristas de la comisión, no sorprende en el marco de la buena relación que mantuvo la presidenta Cristina con el papa Francisco a partir de su asunción. Lo mismo pudo observarse, posteriormente, con la sanción exprés del Código Civil que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, que le reservó a la Iglesia Católica el carácter de persona jurídica pública y estableció la concepción como el momento de la existencia humana, como resultado de la presión de esa institución. Fue un claro mensaje contra las mujeres que la luchan por la conquista del aborto legal, seguro y gratuito.
En ese marco Salta, Tucumán y Catamarca ya introdujeron en sus constituciones provinciales la instrucción religiosa. La misma rige desde 2008 en las escuelas públicas de Salta, a partir de la ley provincial 7546, que autoriza su dictado en horario escolar, a pesar de un fallo adverso del Supremo Tribunal provincial.
De forma similar, aunque más moderada, Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero adaptaron en sus respectivas legislaciones la enseñanza religiosa no obligatoria. Es así como la ambigüedad de la Ley 26.206, bajo el pretexto del federalismo, abre la puerta a la entrada de la religión a la escuela pública. El senador del FpV Rodolfo Urtubey, titular en su momento de la comisión de Digesto Jurídico y hermano de Juan Manuel, gobernador de Salta, es un firme impulsor de este curso al oscurantismo.

La Ciudad de Buenos Aires, más privada y confesional

Mauricio Macri aumentó casi 5 puntos porcentuales el presupuesto educativo destinado a la gestión privada, elevando del 15.8 %, en 2007 al 19.6 % en 2014. Esto implicó un salto de 2.103 millones de pesos acumulados en ocho años.
El presupuesto con el que cuenta Horacio Rodríguez Larreta, que votó el PRO junto aliados como SUMA+ (Radicales), viene con menos recursos para las escuelas públicas y un aumento del 42 % para las escuelas privadas (más de $ 4.000 millones), mientras que el aumento de infraestructura para las públicas sería sólo de un 19 %. Y, como frutilla del postre, para el presupuesto del 2015 se había votado un aumento de $ 450 millones para los colegios privados.
En la Ciudad de Buenos Aires, la distribución de la oferta educativa por tipo de gestión, en 2007, definía que el 60% era de gestión estatal y el 40% de privada. Para el 2015, la proporción se invirtió: el 40 % es estatal y 60 % privada, siendo católicas la mitad de las escuelas privadas.

Educación pública, gratuita y laica

El gobierno nacional y los provinciales vienen impulsando el sector privado en educación por medio de miles de millones de pesos cada año, en cada jurisdicción. Pero además avala la censura que la Iglesia impone sobre los contenidos escolares. Para cualquiera que transite el sistema educativo sobran ejemplos. Quizás el más trascendente es la negación y boicot al libre desarrollo de la educación sexual para niños, niñas y jóvenes que, desde hace años, se está discutiendo en nuestro país. El sesgo ideológico oscurantista de la Iglesia no sólo atañe a las escuelas confesionales, sino que busca imponerse al conjunto del sistema. El kirchnerismo apoyó estas políticas de escuelas con puertas abiertas a la religión. El macrismo, por su parte, busca profundizarlas. Los fondos entregados al proyecto educativo Scholas Occurrentes van en el camino de ahondar esa perspectiva.
La educación está lejos de ser el reino de la neutralidad política. Por ello el contenido de lo que se enseña en las escuelas debe ser también motivo de disputa para la clase trabajadora y la izquierda.
En nuestra sociedad lejos se está de una verdadera educación al servicio de las y los trabajadores y sus intereses. El sistema educativo actual, como está, limita la posibilidad de creación, de desarrollo intelectual, de trabajo en equipo, se potencia la división entre trabajo manual e intelectual y se quiere imponer el oscurantismo sobre los programas de estudio.
Por lo tanto, la educación para la igualdad y los derechos que pregonan oficialistas y opositores es pura formalidad si no la tomamos en nuestras manos.

Federico Puy Docente, Congresal UTE-CTERA
Hernán Cortiñas Congresal Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

Gripe A: ya son 35 los muertos en todo el país



El número de casos de la enfermedad supera el esperado y se habla de “situación de alerta”. Casi todas las víctimas pertenecen a los llamados grupos de riesgo y no estaban vacunadas.

Desde el área de Epidemiología del ministerio de Salud de la Nación se confirmó ayer que el número de muertes por gripe A llega a 35 en todo el país. Los casos fatales correspondieron, casi en su totalidad, a personas con factores de riesgo que no se encontraban vacunadas. Según el informe de vigilancia epidemiológica de gripe del ministerio de Salud de la Nación, la evolución del número de casos empezaría a plantear una “situación de alarma”, sin llegar a un brote epidémico.
Los fallecimientos se detectaron en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Catamarca, Entre Ríos, Salta y Jujuy. La totalidad de los casos correspondería a gripe A H1N1. A nivel nacional ya se habrían reportado más de 180.000 casos de la enfermedad.
Aunque la vacunación es libre y gratuita en hospitales y centros de salud para las personas pertenecientes a los “grupos de riesgo” de la enfermedad (ver ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?), durante la última semana se han denunciado faltantes de vacunas, particularmente en la provincia de Santa Fe. Asimismo, muchas farmacias anunciaron falta de medicación antiviral, cuya venta fue liberada en el año 2010.
Desde el ministerio de Salud aseguraron que esta situación es transitoria, y que está garantizada la cobertura plena de la vacunación para grupos de riesgo y la provisión de antivirales. Las autoridades aseguran que se cuenta con recursos suficientes para resolver rápidamente los faltantes.
A pesar de estas medidas, muchos especialistas consideran que “se llega tarde” con las campañas de vacunación, ya que ninguna de las personas fallecidas había recibido la inmunización correspondiente. Además, señalan que la situación de mayor gravedad se vivirá con la llegada de las bajas temperaturas, especialmente durante los próximos dos meses.

Alfredo González

Rebelión patagónica contra el ajuste y los tarifazos

Paran petroleros de YPF en Chubut y Santa Cruz. Preparan medidas en Tierra del Fuego para el 1º de junio. Continúan los reclamos por aumento de tarifas. Cae el apoyo al gobierno y aumenta la gente que asiste a los comedores populares.
El paro en YPF comenzó a las 0 del sábado. La empresa no cumplió con los compromisos pactados y bajó la cantidad de equipos de los pozos. Petroleros de base y jerárquicos de Chubut y Santa Cruz, así como del Sindicato de Camioneros, cuestionan la baja de equipos en los campos de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Las críticas contra el gobierno de Mauricio Macri apuntan al vaciamiento de YPF y por eso decretaron un paro de actividades que no se sabe por cuánto tiempo se extenderá. Los camioneros bloqueaban anoche en Comodoro Rivadavia la playa de combustibles de Kilómetro 3 por lo cual no hubo abastecimiento en estaciones de servicio de la provincia de Chubut. Los sindicatos petroleros de base de Chubut y Santa Cruz, sumados a los Petroleros Jerárquicos, convocaron la medida de fuerza contra YPF ante la baja de equipos de torre que rompe con los acuerdos de sostenimiento de la actividad.
Jorge Avila, el secretario general de Petroleros Privados Chubut, anunció la medida luego del plenario de delegados en el pelotero del gremio que votaron la unificación del reclamo con sus colegas santacruceños. “Vamos a parar toda la actividad con YPF, como lo hicimos con Sipetrol, como lo hicimos con PAE. Nos obligaron, en ningún momento buscamos un conflicto. Afecta a Chubut y Santa Cruz, por lo tanto, afecta a la producción”, apuntó. Son 28 los equipos parados entre ambas provincias. La más afectada es Santa Cruz donde YPF tiene el 70% de las áreas, informó el sábado El Patagónico.
Por su parte los camioneros organizaban anoche sus medidas en los yacimientos, con paro de actividades incluyendo en la playa de combustibles de Kilómetro 3. “Le paramos a YPF la Planta de Combustibles (de Caleta Olivia) -ayer desde las 6 de la mañana- y en los próximos días iremos profundizando la medida”, dijo Jorge Taboada, titular de los camioneros y diputado nacional.
“Acá se empiezan a ver las verdaderas intenciones de esta gente con la ciudad, con la región, con la cuenca. Ahí se empieza a ver la real situación, venían por los puestos laborales y nos encontraron acá a todos defendiendo el trabajo”, expresó el titular del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.
El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Lewis, confirmó a El Patagónico que “las estaciones de YPF quedan en el día de hoy (sábado) sin producto”, hasta tanto se destrabe la paralización en las Plantas de Combustibles de Caleta Olivia y Comodoro.
Desde ayer a las seis de la mañana que el gremio de Camioneros tomó la Planta de Combustibles de Caleta Olivia de YPF, y desde las 00 horas, la medida se replicó en la Planta de Km 3 de Comodoro Rivadavia por los despidos de más de 20 trabajadores.
“Mantenemos las medidas de fuerza desde ayer a las 06.00 de la mañana hasta que no se resuelva la situación de los 28 trabajadores que fueron despedidos“, esgrimieron desde Camioneros.

El paro petrolero se suma a un panorama grave

En el marco del plan de lucha que lleva adelante la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego, el jueves se instalaron piquetes en los accesos del Colegio CPET de Río Grande.
Con un altísimo acatamiento del paro, los docentes se concentraron allí para repudiar el ajuste que pretende aplicar el Gobierno y para realizar una volanteada en las calles aledañas, convocando a la marcha de antorchas del viernes 27.
Mientras tanto, una veintena de gremios y organizaciones barriales ratificaron la manifestación del 1º de junio, en contra del tarifazo al servicio de gas. También se salió al cruce de la intervención de la Justicia para interponerse a las medidas anunciadas, que afectarían el suministro de gas al continente.
En la conferencia, que se desarrolló en el gimnasio de la UOM, estuvieron presentes -junto a los dirigentes metalúrgicos- representantes del Sindicato de Petroleros Privados, de Petroleros Jerárquicos, SECASFPI, CTA de los Trabajadores, ATE, ASOEM, SOIVA, SUPETAX, Aeronáuticos, SIPREN, UTEDYC, SETIA, dirigentes barriales y llegó una nota de adhesión de Químicos y Petroquímicos. El diputado nacional Oscar Martínez señaló que, “muchos más manifestaron su adhesión y compromiso para la convocatoria del 1º de junio”.
Anticipándose a la decisión que se tomaría horas después, en el marco del encuentro entre los gobernadores patagónicos y funcionarios del Gobierno nacional, Martínez dijo que, “cualquier modificación a la tarifa, aunque sea considerablemente importante, no va a modificar absolutamente nada cuando se parte de un incremento del 1600 ó 2000 %, como sucede en algunos casos”.
Hubo referencias a las “transferencias millonarias” a las petroleras, advirtiendo que, “estamos gobernados por los CEO”. René Vergara, secretario de prensa de petroleros privados, aclaró que, “la provincia se puede autoabastecer, no necesitamos que traigan gas para acá, porque nosotros somos quienes llevamos gas al continente. Entonces no podemos permitir que venga el Gobierno nacional a exigirnos pagar tal o cual precio; nosotros somos los que tenemos que poner el valor. No podemos dejar que nos metan la mano en el bolsillo a los trabajadores y al pueblo en general; por eso estamos convocando para el primero de junio”, afirmó.
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Guillermo Pereyra, adelantó que las empresas quieren reducir la jornada laboral, aunque advirtió que no permitirá que eso provoque una baja de salarios.
El gremio se volverá a reunir con las Cámaras que nuclean a las operadoras y compañías de servicios, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El jueves pasado el sindicato se retiró de la negociación paritaria sin ninguna oferta salarial y amenazó con un paro. El gremio espera obtener 40% de aumento en las paritarias, de los cuales 8 puntos corresponden a un atraso del 2015. La Cuenca Neuquina tiene suspendidos a unos 2.000 operarios.
“El preventivo de crisis (PPC) vence esta semana. Ya nos comunicó San Antonio que a partir del 1° de junio empiezan con turnos de ocho horas. Le contesté que encantado, pero que el salario no lo pueden bajar, tienen que cobrar lo mismo que si trabajaran 12 horas”, comentó Pereyra durante los festejos por el 25 de mayo al portal especializado EnergyPress.
Pereyra recordó que las petroleras cuentan con beneficios como el barril de petróleo más alto que el internacional, la fuerte suba del precio del gas en boca de pozo y el pago de la deuda que mantenía la Nación y, sin embargo, reducen las inversiones.
“Están dadas todas las condiciones, ¿qué pasa que no invierten? Tenemos firmados convenios entre los gobernadores, las empresas y los trabajadores para mantener las fuentes de trabajo, pero poco a poco están bajando los equipos y no hay una explicación clara de por qué lo están haciendo”, aseguró el gremialista.

Gansadas: “La gente anda en remera adentro de la casa, con diez grados bajo cero. Inclusive llega a abrir la ventana”. Del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio

Bajo una lluvia intensa y fría, varios miles de personas se congregaron el 25 de mayo en el Centro Cívico de Bariloche para protestar por la suba de la tarifa del gas en la Patagonia.
Participaron organizaciones sociales, partidos políticos, gremios y se vieron banderas de La Cámpora, CTA, Frente de Izquierda, entre otros. Desde el palco los manifestantes aseguraron que en la Cordillera no admitirán la suba del gas y tampoco el techo del 400% anunciado este lunes por el Gobierno nacional. El alza tarifaria consiguió algo inédito en el sur, la unión de gremios y partidos que durante años se han mantenido distantes en la provincia. El propio Intendente de la ciudad, Gustavo Gennuso, llamó primero a no pagar las facturas y en las últimas horas alentó la movilización social en Bariloche.
Según trascendió ayer por la noche, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, está preparando un amparo contra el techo del 400%, informado por el Ministro del Interior Rogelio Frigerio. En las últimas horas las Cámaras de Comercio local y la Defensora del Pueblo de la provincia, Nadina Díaz, presentaron nuevos amparos ante la Justicia Federal.
También el Concejo Deliberante de Villa La Angostura (Neuquén) rechazó en un documento los aumentos a los que calificó de “desmesurados”. La Cámara Hotelera de la villa presentó un recurso de amparo. Lo propio hizo la Cámara de Hotelería y Comercio de San Martín de los Andes. Antes de la Resolución de ENARGAS Nº I/3733, los patagónicos pagaban entre 0,10 y 0,40 centavos el m3 de gas, dependiendo de la categoría de consumo. Con la nueva tarifa, los valores se dispararon entre 1 y 4,5 pesos por m3.
El Gobierno Nacional informó el lunes que el aumento de tarifas residenciales de gas para las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa tendrán un tope de 400 %.
Además, ratificaron la decisión de que "las pymes, comercios y pymes turísticas pagarán el 50 % del aumento y la diferencia en los dos veranos siguientes".
Los funcionarios estuvieron reunidos por más de dos horas y media con gobernadores y representantes provinciales, quienes les plantearon la delicada situación que se produjo por los aumentos que, según señalaron, oscilaban entre 1.000 y 1.800 %.
Los gobernadores presentes fueron: Carlos Verna (La Pampa), Sergio Casas (La Rioja), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Mario Das Neves (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca),Omar Gutiérrez (Neuquén), además de los vicegobernadores Daniel Salvador (Buenos Aires) y Pablo González (Santa Cruz). También participaron: Sergio Lanciani, ministro de Energía de Misiones; Javier Montero, ministro de Ambiente de Salta, Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos de Mendoza, y Fabián López, secretario de Energía de Córdoba.
En ese marco, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, reiteraron que el Poder Ejecutivo “apelará todos los amparos judiciales” que dispongan la suspensión de los incrementos dispuestos en las tarifas de gas y de electricidad.
El primero de los fallos conocidos fue el de la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, quien dispuso una medida cautelar que frena el aumento de la tarifa de la luz, ante un reclamo presentado por el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad bonaerense de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.
La magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por las resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería, y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
También ordenó a la distribuidora eléctrica Edenor que devuelva en las próximas facturas los incrementos que eventualmente haya cobrado al mencionado hospital y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses.
Horas más tarde, trascendió similar medida dispuesta por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, quien frenó el aumento en la tarifa de gas en ese distrito patagónico al hacer lugar a un recurso de amparo.
En su fallo, el juez Villanueva dispuso que las tarifas se retrotraigan al 31 de marzo pasado, por un plazo de tres meses, al tiempo que prohibió que la distribuidora Camuzzi implemente cortes en el suministro por falta de pago.
Alrededor de 2.000 personas se concentraron el lunes en Plaza San Martín de la localidad de Esquel para repudiar el incremento de 2000% en sus facturas y desde allí se movilizaron por las calles céntricas. ATE alentó la convocatoria junto con otros sindicatos, organizaciones vecinales y concejales.
Los comercios cerraron en su mayoría, para permitir la concurrencia a los empleados. Los trabajadores municipales tuvieron asueto. Representantes de asociaciones vecinales se sumaron a la ruidosa manifestación. Ni siquiera faltó el intendente Sergio Ongarato, de Cambiemos, que encabezó la columna junto concejales oficialistas y opositores.
Con cinco grados bajo cero y una térmica más fría aún, los esquelenses saludaron no muy gratamente al Ministro de Interior Rogelio Frigerio, quien días atrás dijo que en la Patagonia “la gente anda en remera adentro de la casa, con diez grados bajo cero. Inclusive llega a abrir la ventana, porque era gratis prácticamente el servicio público”.
En la ciudad de Tandil, un grupo de vecinos se encuentra organizando la denominada “Marcha de las Frazadas”, similar a una realizada hace algunas semanas en Mar del Plata, para repudiar el desproporcionado aumento en la tarifa del gas y la energía eléctrica y pedir a las autoridades que tomen medidas en defensa de los usuarios.
La movilización está anunciada para el próximo miércoles 1° de junio, en la que habrá una concentración en el Municipio y también frente a las oficinas de Camuzzi Gas Pampeana.
Quienes convocan a la marcha, también se encuentran abocados a la recolección de firmas, que avalen un petitorio a las autoridades tanto del ámbito municipal, como nacional, así como a la empresa distribuidora del gas de red, para que revean la medida respecto del nuevo cuadro tarifario, que en Tandil ronda el 1000% en muchos casos.
Ese petitorio será presentado ante el Intendente el día de la movilización.

En caída libre

El alza de precios (24,7%) y el aumento de las tarifas (16%), superan a la inseguridad y la corrupción, en el ránking de preocupaciones de los argentinos. De allí que no extrañe que Macri perdiera el apoyo del 25% de sus votantes en seis meses, según el último estudio de la consultora Dicen, realizado en mayo en la zona del AMBA (CABA + GBA). El dato complementa lo que indican incluso las encuestadoras cercanas al gobierno: la fuerte caída en los niveles de aprobación del Presidente, aunque todavía preserve un respaldo significativo, como lo consigna Mariel Fornori, en la columna de opinión de Clarín: “Hoy, transcurridos ya más de cinco meses de este nuevo gobierno, la pérdida de capital político del Presidente Macri ha sido, de acuerdo a nuestros sondeos (M&F), de 6,5 puntos en la aprobación de su gestión y poco más de 7 puntos en cuanto a su imagen personal”.
La encuesta de Dicen está centrada en la región que representa más del 30% del electorado nacional. Allí, el gobierno solo tiene 38 puntos de aprobación contra un 50.5% de desaprobación.
Mediante el pago de las deudas que mantiene el sistema previsional con jubilados y pensionados busca recuperar apoyo, aunque la Ley estaría atada a un blanqueo de capitales. Los saqueadores de los jubilados y pensionados, ahora en la administración del Estado, prometen subsanar el saqueo, a cambio que no les hagan ningún tipo de reclamo, en cuyo caso desistirían de su “gesto solidario”.
Al respecto, causa expectativa qué hará Mauricio Macri con sus 18 millones declarados en el paraíso fiscal de Bahamas en la declaración jurada que hizo pública recientemente.
La inflación de mayo registraría una suba del 3 al 3,5% respecto de abril, ubicando el índice de precios interanual entre el 41 y el 43%. Mientras tanto, los comedores populares se están llenando. En la Fundación Che Pibe de Fiorito, los tres turnos ya no alcanzan para alimentar a los 600 chicos que reciben a diario desde hace 23 años. En el comedor “Manos Solidarias” que llevan adelante las “Madres contra el paco”, en Villa Lamadrid, de Ingeniero Budge, el año pasado le daban de comer a unas 370 personas que ahora ya son 450. Allí, las que se acercan son mujeres que hasta hace poco trabajaban por hora pero ya no.
“En estos cuatro meses todo se resintió por los ajustes y los impuestos, pero es un problema que se viene arrastrando de años atrás”, opina Carlos Armando, de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados (FEDEVI). Estima que son unas 600.000 las personas que comen en los 380 comedores de la federación. “Los comedores tienen los cupos cubiertos. En este momento habría que duplicar la oferta, pero no hay estructura para dar más cupos”.
En el comedor de los salesianos de Don Bosco al 4.000 en el pico de la crisis del 2000 se llegó a dar 400 viandas. Después bajaron a 120. Hoy el promedio es de 250.
Hasta la dirigente del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, admitió que en los últimos meses aumentó el 50% la cantidad de gente que va a alimentarse a Villa Soldati. Se sumaron 80 familias a las 160 que iban habitualmente.
El director nacional de Cáritas Argentina, Horacio Cristiani, reveló ayer que la organización que depende de la Iglesia Católica, debió abrir 25 comedores nuevos porque hay “una mayor necesidad” en las personas de menos recursos y advirtió que la entidad que dirige afronta “este proceso con preocupación”.

Mario Hernandez

Fuentes: Prensa Obrera, Clarín, Resumen Latinoamericano, Télam, Tiempo Argentino.

Movilización de las CTA: la izquierda exige paro nacional y plan de lucha

Hugo Yasky y Pablo Micheli, secretarios generales de las CTA anunciaron movilización a Plaza de Mayo este jueves. Marchan contra los despidos, el tarifazo y el veto a la ley antidespidos.

Hugo Yasky definió en la conferencia de prensa donde convocó a la movilización, que “anunciamos la marcha hacia Plaza de Mayo, la demanda de una solución por el tema de los despidos. El ajuste en todo el país está haciendo estragos y nosotros creemos que hay que salir a la calle”.
Y agregó que “va a haber un cese de actividades desde el mediodía para facilitarles, a quienes concurran a la marcha, poder estar. Se trata de un cese de actividades al que se van a sumar todos aquellos que participen de las movilizaciones y de los actos, del mismo modo en que lo hicimos el 29 de abril”.
Lejos de las medidas “contundentes” y el paro prometido por los dirigentes el pasado 29 de abril, nuevamente las CTA muestran su timorata oposición al gobierno de Macri, convocando una movilización que no fue votada por ningún trabajador y, por lo tanto, nace débil como cualquier medida convocada burocráticamente y no de la decisión de las bases y de las manos de los trabajadores.
En el caso de Pablo Micheli, ni siquiera sus dirigentes de ATE se juegan a esta acción, ya que lo denuncian por tomar decisiones a título personal y no respetar los estamentos de dirección de la CTA.
Párrafo aparte merecen los dirigentes de la CGT como Moyano y Calo, que pasaron de la amenaza de paro a las ollas populares, aunque sin fecha. Ante el veto de Macri a la ley antidespidos ratificaron que no habrá paro nacional y rompieron la unidad de acción con las CTA que se había expresado en la movilización del 29 de abril.
Mientras tanto, Macri busca nuevos aliados como el papa, con quien ahora hicieron un acuerdo que financiará el Estado argentino por $16 millones al proyecto Scholas Occurrentes. Lejos de aumentar el presupuesto educativo para la escuela pública y los comedores escolares, que es una demanda creciente en el conurbano, como han reconocido hasta los propios dirigentes del PJ como Verónica Magario (La Matanza) o la propia Iglesia.

Plan de lucha y paro nacional

Los trabajadores de Tierra del Fuego y Santa Cruz siguen luchando contra el ajuste de Bertone y Alicia Kirchner; los médicos de la CiCop y los judiciales bonaerenses siguen en pie de lucha en la provincia de Vidal, a la cual se le sumaron los maestros del SUTEBA con un masivo paro el martes 24 de mayo; los estatales nacionales ese mismo día pararon masivamente con ATE y se movilizaron al Ministerio de Hacienda y Finanzas. Estos ejemplos muestran que fuerzas hay para enfrentar el ajuste de Macri, Vidal y los gobernadores kirchneristas.
Ante la convocatoria de las CTA es necesario hacer asambleas en todos los lugares de trabajo, dependencias, hospitales y escuelas y votar paro, plan de lucha y un congreso de delegados de estatales, judiciales, médicos, maestros con mandato de base que discuta y vote un plan de lucha por todas nuestras demandas y contra el ajuste de Macri y los gobernadores.
Ante las asambleas de SUTEBA, Nathalia González Seligra, Secretaria de DD.HH. de la seccional La Matanza de ese gremio, afirmó que “los docentes hemos mostrado el pasado 24 de mayo la predisposición a la lucha parando masivamente y es por ello que Vidal salió a atacarnos amenazando con descuentos. Por eso este martes los docentes del Frente de Izquierda exigimos a Baradel acabar con medidas aisladas y movilizaciones sin paros convocadas desde los medios de comunicación. Necesitamos instancias para decidir un paro y plan de lucha escalonado junto al resto de los estatales de la provincia para enfrentar a Vidal y su plan de ajuste. Y peleamos por el aumento del presupuesto educativo y de la salud, por aumento en la cantidad y valor de los cupos de los comedores y por supuesto el cese de los despidos que afecta a los padres de nuestros alumnos. En la semana de la jornada #NiUnaMenos, levantamos la bandera de los derechos de las mujeres trabajadoras y tomamos las calles contra los femicidios y la violencia a las mujeres así como el derecho a educación sexual y el derecho al aborto libre seguro y legal”.

Ariel Iglesias Secretario de Organización | SUTEBA La Matanza

Macri le hace “el aguante” a la represión de la gobernadora K en Tierra del Fuego



Estatales fueguinos y organismos de derechos humanos fueron hoy al Ministerio de Interior a denunciar la situación en la provincia. Ningún funcionario los atendió. Mañana habrá movilización.

Desde hace días el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) venía reclamando una entrevista con el ministro del Interior. El motivo era más que justificado: denunciar la grave situación que se vive en Tierra del Fuego desde hace tres meses, con el ajuste implementado por la gobernadora del Frente para la Victoria Rosana Bertone y la represión sistemática a lucha de estatales y docentes.
Finalmente una delegación de dirigentes de la Unión de Gremios de Tierra del Fuego junto a los organismos de derechos humanos se dieron cita esta mañana a las 10 en el edificio de la calle 25 de Mayo 101 de la Ciudad de Buenos Aires.
Indudablemente, el brutal desalojo de esta madrugada por parte del gobierno del Frente para la Victoria agravó la situación, sumando un nuevo motivo de denuncia y repudio.
Antes de ingresar al edificio desde el EMVJ dijeron que “con gases, golpes y perros, los policías desalojaron a los manifestantes e incendiaron las carpas. Hay un compañero herido que se encuentra internado. Denunciamos esta nueva represión del gobierno provincial contra los trabajadores fueguinos que resisten el ajustazo de Bertone, avalado por el gobierno nacional”.

No pasó nada

Es evidente que Frigerio y el resto de los funcionarios del gobierno están al tanto de lo que ocurre en Tierra del Fuego. Por eso que ni el ministro ni nunguno de sus secretarios y asesores haya asistido a la entrevista es un mensaje de aval a la represión del gobierno kirchnerista fueguino.
Enrique “Cahito” Fukman, referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, al salir del edificio manifestó que el ministro “Frigerio no estaba y dejamos todos nuestros datos pidiendo una (nueva) cita”.
Carlos Platkowski, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), agregó que "ningún otro funcionario se hizo presente para atendernos, lo que marca el nivel de preocupación que tienen por este tema en el gobierno de Macri. Nada que nos sorprenda, claro. Lo que demuestra esto es que la lucha hay que redoblarla y rodear de la mayor solidaridad posible a las trabajadoras y los trabajadores de Tierra del Fuego en esta dura pelea contra el gobierno kirchnerista de Bertone".
Minutos después el EMVJ lanzó un comunicado convocando a una movilización mañana a la mañana frente a la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Sarmiento 745.
Desde el colectivo de organismos de derechos humanos manifestaron que “ante la brutal represión llevada adelante por la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone (…) el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a concentrarnos el miércoles 1 de junio a las 11 horas frente a la Casa de Tierra del Fuego”.
Las delagaciones que acompañaron a los representantes de la Unión de Gremios de Tierra del Fuego estuvo integrada por miembros de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), el Colectivo Memoria Militante (CMM), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Liberpueblo.

Redacción LID

Argentina otra vez en la cuerda floja

Elevadísimo costo social, saneamiento a medias. Macri no logra eludir el impacto del ajuste. El plan contrarrevolucionario continental bambolea antes de que las masas lo enfrenten.

Imágenes superpuestas dibujan el panorama de la crisis argentina. El 19 de mayo el Congreso votó una Ley según la cual se suspenden los despidos por 180 días y se establece una doble indemnización. Dos días después Mauricio Macri la vetó, de acuerdo con las potestades que le adjudica la Constitución. El Presidente eligió un escenario singular para ejercer ese derecho: una fábrica productora y procesadora de pollos, cerrada durante el gobierno anterior y rescatada por el actual. Abrazado a obreros, Macri explicó que el objetivo es crear puestos de trabajo. En simultáneo, anunció una cantidad de obras públicas de diferente envergadura, reunió junto a empresarios y sindicalistas el Consejo del Salario Mínimo (que estableció el salario mínimo en 8.060 pesos –algo más de 550 dólares– para enero) y reunió a todos los gobernadores de Provincia, con los cuales acordó “un esquema más federal de gobierno, en el cual se descentralicen los recursos”, en favor, claro, de los Estados provinciales. En medio de una erupción irrefrenable de denuncias por corrupción de las principales figuras del régimen anterior, el país transita los avatares de un saneamiento a medias que, no obstante, multiplica efectos calamitosos al conjunto social.
Atónito, el ciudadano común descubre la descomposición de la sociedad burguesa, en este caso empeorada por las consecuencias imprevistas –e inmanejables para el capital– del estallido del control político tradicional en 2001. El espectáculo sirve para disimular el curso actual de esa decadencia.
No es posible sin embargo encubrir los efectos del intento por equilibrar la economía. Con fecha 12 de diciembre, en referencia a Venezuela y tras la circunstancial victoria legislativa de la derecha, decíamos en estas páginas: “No hay sino dos opciones: si el saneamiento lo realiza el gobierno revolucionario, el precio deberá asumirlo la burguesía. De lo contrario, si la política que ‘va por delante’ decide que no quiere o no puede dar ese salto cualitativo, el peso del caos actual caerá inexorablemente sobre las masas trabajadoras y desposeídas, sobre jóvenes y estudiantes” (http://bit.ly/243aIUt).
Todavía está en disputa esa opción en Venezuela. No en Argentina. El 22 de noviembre las elecciones le dieron la presidencia a Mauricio Macri y Cambiemos. Desde entonces quedó claro que las desproporciones fuera de control alcanzadas por la economía durante el período anterior sólo podían tener una respuesta: que el precio lo asumieran los trabajadores y el conjunto del pueblo, en beneficio excluyente del gran capital.

Exigencias del capital en crisis

Eso es lo que viene desenvolviéndose desde el 10 de diciembre en Argentina. Se trata de un fenómeno objetivo que sólo miradas miopes o interesadas presentan como resultante de perversidades individuales. Los propios economistas del candidato opositor a Macri designado por Cristina Fernández, Daniel Scioli, repiten cada día en radio y televisión que ellos hubiesen tomado las mismas medidas. Y agregan, con sonrisa cínica: “pero de manera diferente”.
A los primeros pasos, destinados a levantar retenciones a productores agropecuarios –excepto la soya– y arreglar con los fondos buitre, llegaron en marzo elevadísimos aumentos de tarifas (electricidad, gas, combustibles, transporte). Esto arrastró todos los precios y en abril la inflación bordeó el 7% (aún no hay cifras oficiales). La medida apuntó a poner bajo control la disparada sin parámetros de los precios relativos. No obstante, estos quedaron a mucha distancia de un equilibrio razonable para la economía capitalista. Igualmente se produjo un impacto intolerable sobre todo en las capas medias, imposibilitadas de acogerse a subsidios implementados para el tercio de la población bajo la línea de pobreza. A la vista de efectos y el riesgo de rebelión, el gobierno encaró una serie de medidas paliativas que comienza a definir e implementar a fines de mayo, lo cual implica acudir al salvataje con fondos públicos.
Paralelamente el Gobierno produjo una cantidad imprecisa de despidos en el Estado (alegando que se trata de personal contratado a última hora tras la derrota electoral del gobierno saliente). La combinación de ambas medidas apenas rozó el descontrolado déficit fiscal (7% en 2015, 5% estimado para 2016). A eso se sumaron la restricción en la emisión de dinero y elevadísimas tasas de interés (38%), para evitar la fuga hacia el dólar, todo lo cual produjo una severa caída del consumo –incluso en alimentos– y la consecuente recesión.
Al unísono la prensa alerta sobre la necesidad de distribuir alimentos gratuitos en el conurbano bonaerense. La gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, actuó rápido y destinó 4 mil millones de pesos para comedores comunitarios. Lo hizo a través de movimientos sociales antes asociados a Cristina Fernández. En tanto, las discusiones salariales están completándose en torno al 28-35%. La poderosa movilización estudiantil en apoyo a los trabajadores docentes y no docentes quedó por el momento sin ese motor. Las centrales sindicales, que tras una importante concentración el 29 de abril apoyaron la ley contra los despidos, luego del veto presidencial no parecen dispuestas a convocar a una huelga general conjunta.
A fuerza de retracción al consumo, recesión y disminución de la base monetaria, pese a nuevos aumentos en mayo la inflación del mes parece estar algo más de dos puntos por debajo de abril. Las autoridades aseguran que a partir de julio bajará más y a fines de año estará en 1,5%. Mientras vociferan contra el Gobierno, las principales dirigencias sindicales negocian tras bambalinas. El arreglo con los gobernadores traduce un acuerdo interpartidario a nivel nacional. Y el grueso del empresariado respalda al Gobierno. La clase trabajadora no tiene voz propia.

Onda expansiva de la situación en Brasil

Si no fuese por la crisis brasileña, Macri podría darse por vencedor de esta primera prueba de fuerzas y encarar con cierta tranquilidad su proyecto, expuesto en ediciones anteriores de América XXI. Pero la caída de la economía brasileña y la posibilidad de una incontrolable turbulencia política puede convertirse en factor de mayor caída económica y descontrol político y arrasar con toda la estrategia estadounidense para la región. Está además la incógnita de lo que hará el movimiento estudiantil.
Mientras tanto, las empresas consultoras –sucedáneas de partidos en extinción y dirigencias incapaces (con apenas un puñado de excepciones), indican que Macri mantiene un 60% de aprobación y un 80% de expectativa. Si esto fuese verdad –cabe la duda– significaría que la anomia social se expresa por ahora en carta de crédito a las promesas oficiales. En cualquier caso, más allá de los guarismos precisos, es evidente que el conjunto social no se pone de pie contra el Gobierno y, en mayor o menor medida, espera de él la solución a sus problemas inmediatos.
Dicho de otro modo: la degradación y desarticulación del sistema partidario y sindical ha llegado al punto más elevado en la historia argentina. Ése es precisamente el punto fuerte de Macri y de quienes, desde el Departamento de Estado, planifican la consolidación de un eje Washington-Buenos Aires, replantear la expansión de la Alianza del Pacífico y desde allí completar la campaña para derrocar el gobierno revolucionario de Venezuela y arrasar con el Alba.
Ya la cancillería argentina opera para conformar un grupo de supuestos amigos de Venezuela, empeñado en montar una mesa de negociación en Caracas. El Vaticano forma parte de la operación. También los gobiernos de Uruguay, Chile y Paraguay. Por consideraciones tácticas, relegarán por ahora a la OEA. Apuntan de inmediato a Mercosur y Unasur. En los próximos días Macri asistirá en Chile a una reunión de la Alianza del Pacífico, tras haber anunciado que su canciller, Susana Malcorra, será candidata a la secretaría general de las Naciones Unidas. Mientras tanto la totalidad de la prensa comercial argentina se dedica a glosar ad nauseam las fechorías de funcionarios del gobierno anterior. Los editorialistas, en cambio, se abocan a multiplicar las calumnias contra Venezuela.
Toda esta arquitectura está en delicado equilibrio. O, como diría un ingeniero, a punto de colapso. Es verdad que llegan algunas inversiones para emprender obras públicas. También que el Gobierno, contrariando toda ortodoxia y dejando helados a la amplia gama de keynesianos, neokeynesianos y neo-neokeynesianos, resigna el equilibrio fiscal para emprender obras públicas y la construcción de un número de viviendas, inusual por lo elevado.
Todo para mostrar a la región, como repiten estas páginas, las bondades de un presidente empresario asociado al imperialismo frente a un presidente obrero empeñado en el socialismo.
Para el corto plazo no es improbable que Macri consiga avanzar en su propósito. Ante la inexistencia de una voz autorizada y potente que provenga desde las raíces de la sociedad oprimida y explotada, todo es posible. En una dimensión más amplia, está claro que la fallida “Alianza para el Progreso” puesta en marcha por John Kennedy contra la Revolución Cubana en los 1960, tiene aun menos chance medio siglo después, cuando el capitalismo está en creciente e imparable crisis a escala global. Ya hay fuerzas proyectadas para esa batalla crucial.

Luis Bilbao

lunes, 30 de mayo de 2016

¿Quién defiende a Patricia Bullrich?




Sucede que a Bullrich la respaldan el gobierno norteamericano y el de Israel. Bullrich viene de acordar en marzo el aumento de la presencia de agentes de la DEA y la reapertura de su oficina en Salta, dado que la agencia norteamericana busca reordenar bajo su control el circuito del narcotráfico en el país. Fue entre los sucesivos viajes de la ministra a las oficinas de la DEA y el FBI, y las visitas del secretario de seguridad Burzaco a Jerusalén, donde se organizó el seminario que traerá al país a fines de mayo a altos mandos militares del gobierno de Netanyahu y casi dos decenas de empresas de seguridad israelíes (Rafael, el SK Group, Vernit, RT e Israel Aerospace Industries, líderes del mercado armamentístico y de inteligencia) que desplegarán el arsenal militar que producen para proveer a las fuerzas represivas locales.
¿Cómo se explica la continuidad de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, a pesar de la sucesión de crisis que dejaron en evidencia la descomposicion del aparato de seguridad que dirige? Apenas asumida, Bullrich debió retractarse, en menos de 24 horas, de un comunicado publicado en la pagina web del Ministerio de Seguridad que injuriaba al Partido Obrero para justificar la repudiada represión a los trabajadores de Cresta Roja. Una semana despues, la “triple fuga” dejó en evidencia su incapacidad de resolver la crisis abierta, por sus propios vínculos con ella. En febrero, tras presentar el protocolo antipiquetes, que “en 5 minutos” disolvería cualquier manifestación, debió archivarlo para siempre ante la masividad de la protestas y el repudio general.
Finalmente, aún no ha respondido por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, que hizo pública la asociación ilegal entre la Prefectura, de la cual es jefa, con los narcos. Sin embargo, ninguno de estos hechos ha implicado su remoción del cargo.
Sucede que a Bullrich la respaldan el gobierno norteamericano y el de Israel. Bullrich viene de acordar en marzo el aumento de la presencia de agentes de la DEA y la reapertura de su oficina en Salta, dado que la agencia norteamericana busca reordenar bajo su control el circuito del narcotráfico en el país. Fue entre los sucesivos viajes de la ministra a las oficinas de la DEA y el FBI, y las visitas del secretario de seguridad Burzaco a Jerusalén, donde se organizó el seminario que traerá al país a fines de mayo a altos mandos militares del gobierno de Netanyahu y casi dos decenas de empresas de seguridad israelíes (Rafael, el SK Group, Vernit, RT e Israel Aerospace Industries, líderes del mercado armamentístico y de inteligencia) que desplegarán el arsenal militar que producen para proveer a las fuerzas represivas locales.
Este aceitado bilateralismo se da en momentos en que el gobierno de Israel profundiza su orientación derechista. Netanyahu acaba de formar gobierno con el fascista Lieberman, a quien concedió nada menos que el ministerio de Defensa. Su partido también controlará el ministerio de Inmigración.
De la mano de Bullrich, la “seguridad” nacional la digitan los gobiernos más criminales del mundo. La “vuelta al mundo” del reforzamiento de las relaciones con Estados Unidos e Israel no terminará con el narcotráfico y el delito organizado sino que profundizará la represión y persecución contra los trabajadores y organizaciones populares.

Mariana Romero

Default a los jubilados, blanqueo a los evasores



El caballo de Troya de Mauricio Macri

No caben dudas que los fondos buitre han tenido mucha más suerte que los jubilados argentinos. Recibieron del gobierno Cambiemos una propuesta de pago de la deuda pendiente –que habían comprado a la vigésima parte de su valor actual- con una quita no mayor al 25%. Para cancelarla, el país debió endeudarse por un capital que será duplicado a lo largo de diez años.
En cambio, la “reparación histórica” que acaba de anunciar Mauricio Macri implica el default para el 70% de la deuda acumulada con los jubilados argentinos, como resultado de los reajustes que no se hicieron a las jubilaciones entre enero de 2002 y diciembre de 2006. Este despojo unilateral –en esto consiste la supuesta ley de “reparación”- tendrá lugar a través de acuerdos entre el Estado y los jubilados, donde el primero especulará con la miseria y urgencia de estos últimos. Sólo el 15% de los jubilados afectados por este despojo –los que ya iniciaron demanda- tendrán acceso al pago del 50% de la deuda; el resto, a pagar en cuotas. Pero para aquellos que no tienen sentencia, sólo se les reconocerá hasta cuatro años de retroactividad, lo que implica el desconocimiento de una parte de la deuda. Pero el “plato fuerte” de la confiscación son los 1.800.000 jubilados restantes, el 80% de los afectados: los que ingresen al “acuerdo” sólo percibirán el reajuste de sus haberes actuales, pero a cambio deberán renunciar definitivamente a cualquier reclamo por los retroactivos adeudados. El gobierno explotará, de ese modo, las jubilaciones de miseria vigentes (y que dejaron los K). Los nuevos haberes, en el mejor de los casos, no llegarán a las dos terceras partes de una canasta familiar.

Liquidación del fondo de garantía

Los resarcimientos para llevar adelante esta extorsión serán pagados con los rendimientos del Fondo de Garantía del Anses, o sea, con los propios fondos jubilatorios. El Tesoro, que se había quedado con los haberes no liquidados, no pondrá un peso. A partir de estos desembolsos, la “reforma” será el pretexto para avanzar en la liquidación del Fondo de Garantía, para su reconversión en una “comisión” que examine la “sustentabilidad” del sistema previsional. Los pasos del desguace continuarán con la venta de las acciones en grandes corporaciones capitalistas que la Anses había heredado de las AFJP. El golpe al “fondo de garantía” será la excusa, no para su recapitalización en base a que la clase capitalista eleve sus contribuciones (y pague todos los aportes evadidos), sino para una reforma previsional reaccionaria. Sus puntos más salientes ya han sido anunciados: aumento de la edad jubilatoria, por un lado, y creación de una jubilación subasistencial -“asignación universal por vejez”, del otro. En suma, el pago extorsivo y parcial a los jubilados que deberían haber sido beneficiados automáticamente por el fallo Badaro es el caballo de Troya para una agresión aún mayor de los derechos jubilatorios de los trabajadores argentinos. Como en otras cuestiones, el macrismo ha terminado consolidando las confiscaciones perpetradas por los “nacionales y populares”. La frutilla del postre, también insinuada en los anuncios, es una reprivatización del sistema jubilatorio.

Blanqueo

El gobierno dice que los fondos a recaudar por el “blanqueo” a los capitalistas evasores serán destinados a bancar esta “reparación histórica”. Pero esta afirmación se contradice con otras versiones oficiales, que señalan que esos recursos saldrán del Fondo de Garantía. Todo indica que el macrismo reproducirá en este caso lo que hace habitualmente en la legislatura porteña, cuando, por caso, avanza con la venta de tierras públicas de alto valor inmobiliario… y destina el 5% de lo recaudado a la construcción de un jardín de infantes. También en este caso, la “reparación a jubilados” será sólo una coartada. El gobierno anuncia un blanqueo que, en cualquier caso, hubieran precipitado las disposiciones internacionales de intercambio de información financiera que se pondrán en marcha a partir de 2017. Los capitalistas evasores podrán exteriorizar, por migajas, lo que se hubiera revelado de cualquier modo a partir del año que viene. Para hacer punta, el propio Mauricio acaba de “exteriorizar” su declaración jurada. Pero los resultados de este jubileo, en términos de recaudación y resultados económicos, están por verse. Por lo pronto, los ‘analistas’ de la City ya han expresado preocupación por la “plétora” de dólares que generaría el blanqueo. Con ello, reconocen el carácter puramente especulativo del actual ingreso de capitales, cuyas contradicciones –revaluación cambiaria, inflación en pesos y en dólares- serán reforzadas por el jubileo de evasores. En cuanto al blanqueo laboral (también anunciado en el paquete) no es un secreto que está asociado a una “reforma laboral”, o sea, a una reducción general de los derechos de quienes ingresen a un trabajo.
Al caballo de Troya de Mauricio Macri, le oponemos el pago integral de todas las deudas acumuladas por el fallo Badaro, sobre la base de un impuesto extraordinario a los capitalistas evasores; la imposición del 82% móvil del último mejor salario percibido y la recapitalización del fondo de garantía en base a la elevación de los aportes patronales.

Marcelo Ramal

Anuncios oficiales: un chantaje a 2 millones de jubilados

Los anuncios en materia previsional realizados por Macri representan un chantaje a más de 2 millones de jubilados. Aunque fue presentado como una “reparación histórica”, regularizando los juicios acumulados bajo el kirchnerismo, la realidad demuestra exactamente lo contrario.
De un total de aproximadamente 2.100.000 jubilados que tienen sus haberes mal liquidados, sólo 70.000 –quienes tienen sentencia firme- cobrarían la totalidad de la sentencia judicial a su favor, aunque incluso en estos casos el 50% del monto total será en cuotas. Para la inmensa mayoría la situación es muy distinta. Los 300.000 jubilados que tienen juicios en trámite recibirán una propuesta de pago, que no sólo será en cuotas, sino que sufrirán una quita al establecerse el límite de 4 años del total de reclamos. Dependiendo de la antigüedad de cada reclamo, la quita podría llegar hasta un 40%.
Pero la situación es mucho más grave para la inmensa masa de jubilados -1.800.000- que teniendo sus haberes mal liquidados aún no comenzaron una demanda judicial. A este sector el gobierno le impone el siguiente chantaje: si quieren acceder a un reajuste de sus haberes hacia adelante deben renunciar a su derecho a iniciar una demanda por el retroactivo. Se trata, como puede verse, de una clara extorsión. Cabe denunciar que el trato a los fondos buitres fue radicalmente distinto, pues se aceptó la entrada al canje de los bonistas que no habían iniciado una demanda judicial.
La “reparación histórica” también busca sepultar el reclamo histórico del 82% móvil. El ajuste que recibirán los 2.100.000 jubilados (un tercio del total) será del orden del 45%, lo que deja los haberes lejos del 82% móvil del salario en actividad. Para el resto de los 4 millones de jubilados la situación será aún peor, porque se los condena a un ingreso que no cubre siquiera la canasta de pobreza.
El pago de las sentencias debiera ser afrontado por el Tesoro, que se valió de la Anses para su propio financiamiento. Sin embargo, ha sido cargado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, abriendo la puerta para la venta de las acciones que están en su poder. Se trata de un golpe a los fondos de los jubilados, para cumplir un reclamo de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa.
Cuando Macri señaló que debe debatirse la “sustentabilidad de todo el sistema”, abrió la puerta para una reforma previsional integral, que contemplará el aumento de la edad jubilatoria, la reprivatización parcial del sistema restableciendo las AFJP como complemento al sistema público y la condena a la masa de trabajadores en negro a una “asignación universal a la vejez” de miseria.
El gobierno se ha valido del anuncio para justificar un blanqueo de capitales, que beneficia a los capitalistas evasores, entre los que se encuentra el propio presidente de la Nación.
En oposición a este paquete ajustador y privatizador planteamos: pago de las sentencias y el retroactivo a la totalidad de los jubilados, sin quita ni cuotas, a cargo del Tesoro. Vigencia del 82% móvil del salario en actividad. Por una Anses dirigida por trabajadores y jubilados.

Gabriel Solano

Primeras condenas en Argentina por crímenes en operación Cóndor

El tribunal oral federal uno de Argentina condenó este viernes a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, a los ex comandantes Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la llamada operación Cóndor, coordinación criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y principios de los 80.
La causa investigó el complot de las dictaduras latinoamericanas para secuestrar, trasladar de un país a otro ilegalmente, asesinar a opositores en el exilio o importantes dirigentes políticos y ex guerrilleros. Los jueces Adrián Federico Grünberg, Óscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer, además del juez sustituto Ricardo Ángel Basílico, comenzaron en 2003 el juicio oral, en el cual había 32 acusados, de los cuales sólo 17 llegaron vivos a la lectura del veredicto.
El general Bignone fue el último presidente de facto de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, que dejó saldo de unos 30 mil desaparecidos, miles de muertos y sobrevivientes que fueron sometidos a torturas y vejaciones en el contexto del terrorismo de Estado impuesto en el país, que utilizó como metodología sistemática el robo de niños nacidos en cautiverio o detenidos con sus padres y luego desaparecidos.
Decenas de familiares y algunos sobrevivientes, así como organismos defensores de los derechos humanos e hijos de desaparecidos dentro del esquema Cóndor, esperaron en una sala expectante y cargada de emoción, separados por una pared del estrado, donde un magistrado leyó la sentencia y la lista de los nombres de las víctimas.
Fue el primer juicio sobre la operación Cóndor en el país y la región de este acuerdo criminal de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia.
En esta causa también se investigó parte de lo que fue el expediente del juicio que se realizó sobre el centro clandestino de detención Automotores Orletti, adonde fueron llevadas la mayoría de las víctimas. Hubo mayor cantidad de uruguayos refugiados en Argentina, detenidos y entregados a las fuerzas militares uruguayas que actuaban dentro de la operación Cóndor, como fue el caso de la joven María Claudia García de Gelman, esposa de Marcelo Gelman, hijo del reconocido poeta Juan Gelman, quien pudo recuperar a su nieta Macarena, después de años de búsqueda.
Macarena, nacida en un centro clandestino de Uruguay y entregada a un policía y su esposa, con su madre desaparecida en ese país y su padre asesinado en Argentina, se encontraba por la tarde cargada de emociones, pero también de esperanza en la justicia.
También estaba Sara Méndez, uruguaya detenida en Orletti y llevada con otros compañeros a Uruguay después de que le fue arrebatado 20 días su bebé, mismo que fue encontrado posteriormente en Buenos Aires en el hogar de un comisario.
Muchos de los que sobrevivieron en Orletti fueron testigos invaluables del infierno vivido esos años. También condenaron a los que tuvieron responsabilidad en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de dos jóvenes diplomáticos cubanos, Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, cuyo restos, como los de Marcelo Gelman, los encontraron en tambos de aceite con cemento, los cuales fueron arrojados a una río y hallados muchos años después.
La mayoría de los acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por asociación ilícita, con sentencias que van de 8, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno. La mayoría estaban sentenciados en otras causas como responsables de centenares de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar.
La pena de 25 años de prisión fue para Santiago Omar Riveros y el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, quienes se robaron a una hija de desaparecidos en el contexto de la operación Cóndor. En este caso, implicado en los tormentos contra víctimas en Orletti. Asimismo, el coronel retirado del ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini.
Reynaldo Bignone y Rodolfo Feroglio recibieron penas de 20 años. De 88 años, Bignone fue condenado por ser autor “penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado plan Cóndor”, aseveró el juez Amirante al leer el veredicto.
Cordero, a su vez, fue sentenciado por ser partícipe necesario, responsable penalmente de privación de la libertad en 11 casos. Entre éstos, ya probados, está el de María Claudia de Gelman. Algunos de los principales responsables, como el ex dictador Jorge Rafael Videla, ya murieron. Otros fueron apartados de la causa por razones de salud.
En los primeros años de la investigación, en 2001, se pidió la extradición de los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay), Augusto Pinochet (Chile) y Hugo Bánzer (Bolivia), pero la justicia no dio curso en seguida y luego fallecieron todos.
Se trata de un juicio único por sus características. Es el primero en Latinoamérica que logra llegar a la sentencia de un proceso cuya existencia se conoce desde hace décadas, expresó el joven fiscal Pablo Ouviña.
El mismo día en que la justicia dictó sentencia en el primer juicio sobre la operación Cóndor, organismos humanitarios manifestaron su enorme preocupación por la decisión del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri por una iniciativa de acuerdos de seguridad, la cual comienza con la iniciación de un seminario dictado por especialistas en inteligencia y antiterrorismo de Israel.
Es una iniciativa llamada a tener una fuerte gravitación en la orientación de las decisiones geopolíticas del Estado argentino con las consecuencias que esto ocasionaría (...) esto confirma el riesgo, que fue adelantado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que la región y nuestro país sean llevados a involucrarse en el escenario de conflictos que se desarrollan en otras partes del mundo y que terminaron desatando verdaderas tragedias humanitarias, aseveró el legislador Leopoldo Moreau con base en lo publicado por el diario Clarín, el cual agregó que participarán 16 empresas israelíes que vendrían a proveer a las fuerzas de seguridad locales de elementos tecnológicos de inteligencia.
Se advierte que está prevista una conferencia del general de brigada Royi Elcabets, israelí, quien disertará sobre cómo sus compatriotas combaten las acciones de terrorismo.
Moreau, experto en el tema, señaló: No podemos dejar de preguntarnos qué tiene que ver esa problemática con nuestra realidad local, sin dejar de lado también la interrogante de si la definición de terrorismo que tiene el Estado argentino es similar o, por el contrario, difiere con la que tiene el Estado de Israel.

Stella Calloni
La Jornada

Macri: el blanqueo y pagos a jubilados

No hay duda que el gobierno Macri tiene iniciativa política. En el “peor momento” según reconocen, asume una ofensiva en la disputa del consenso social y la vanguardia de la agenda de discusión política en la Argentina.
En primer lugar, ante los límites para ingresar inversiones genuinas y ante el aún elevado costo de los préstamos internacionales, se la juega por capturar una parte de los capitales fugados desde el país.
El total de la fuga de capitales se estima en 400.000 millones de dólares y el propio Macri acaba de declarar en su patrimonio duplicado en un año, que tiene 18 millones de dólares depositados en el exterior.
La excusa recurrente de los “fugadores” es la falta de seguridad jurídica para los inversores, y no se trata de hacer una crítica moral a la salida de capitales, pero si reconocer que la acumulación capitalista nunca tuvo ni tendrá límites fronterizos. La economía capitalista es mundial y la busca de rentabilidad no reconoce límites nacionales.
Los blanqueos siempre son mal vistos y por eso, en esta oportunidad se lo asocia a la cancelación de deuda con jubilados con sentencia en firme, en proceso de juicio o con potencialidad de litigar contra el Estado. Es algo que suena bien en la lógica de “peor momento del macrismo”, ya que mostraría sensibilidad social, algo así como pagar a empobrecidos jubilados con fondos de la acumulación de los ricos y concentrados capitales.
El costo estimado del pago a jubilados es de 75.000 millones de pesos, algo menos de 5.000 millones de dólares. Ese costo se devengará, como mínimo en un par de años, a medida que se vayan presentando los acuerdos de los acreedores (jubilados), según dice a la prensa el titular de Anses. Se considerarán unos 100.000 casos por mes para un universo de 2,5 a 3 millones de jubilados (Entrevista en Clarín, 29/5/16).
Con el blanqueo, el fisco ingresará con una tasa del 10% para el 2016 y 15% para el 2017 unos 3.500 millones de dólares. De ahí se deduce una expectativa de exteriorizar unos 20.000 millones de dólares, algunos de los cuales podrían ser repatriados y engrosar las reservas internacionales. Por ello, hay una expectativa de ingreso de divisas y mejorar la ecuación fiscal con el costo del blanqueo.
Como los recursos no alcanzarán, se acudirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSES.
El blanqueo se difunde difundiendo el acuerdo fiscal con 48 países en el 2017 para informar sobre patrimonios de nacionales en esos países. En el 2018 la cifra superará el centenar de países, incluyendo paraísos fiscales.
Habrá que ver la materialidad de esa amenaza para un capitalismo criminal, donde la evasión y elusión es un instrumento privilegiado de los capitales más concentrados, los hegemónicos, especialmente radicados en EEUU, país que no suscribe ningún acuerdo relativo a denunciar evasiones, fugas y paraísos. No en vano, los empresarios de ese país no aparecen en los “Panamá papers”.
La propuesta remitida al Parlamento incluye la universalización de ingresos previsionales para los mayores de 65 años, en el 80% de la mínima, hoy de $3.967, muy lejos de una canasta reclamada por el movimiento de jubilados y que los trabajadores de ATE INDEC estiman cercana a los $17.000 mensuales.
Más allá de cualquier consideración técnica, el anuncio expresa voluntad política de recuperar protagonismo en la arena política. La gran movilización del 29/4 por el movimiento obrero y la difusión del documento sobre la pobreza y la conflictividad de la Iglesia, sumado a la convocatoria en Mar del Plata a todas las centrales por parte de la pastoral social el sábado 21/5/16, había corrido la iniciativa al movimiento obrero y a la Iglesia, con lo que eso significa en la lucha política argentina.
Macri quiere sumar consenso político y ese es su objetivo en este primer semestre de gobierno. Sabe que no le alcanza con el consenso electoral y ya rechazó alianzas con incomodos socios, sea el PJ o los renovadores, salvo para circunstancias precisas en el Congreso. Cree que cuenta con el aval silencioso de una mayoría que le otorgó el voto, críticos a la gestión kirchnerista del último turno.
Lo que relatamos no es más que episodios de manifestación de la lucha de clases, que requiere lecturas adecuadas para profundizar una línea de acumulación entre las/os trabajadoras/es e intentar resolver la crisis de alternativa política. Esta es la base, a mi entender, de algunos debates en el movimiento popular, y la necesidad de la unidad de acción contra el ajuste que implementan las clases dominantes y el gobierno Macri.

Julio C. Gambina

Agrotóxicos y soberanía alimentaria, los ejes de la marcha contra Monsanto

Por quinto año consecutivo, una movilización global alertó sobre los peligros del monopolio de las semillas transgénicas que pretende imponer la multinacional de los agronegocios. Expertos denunciaron el efecto del glifosato en los pueblos fumigados y el riesgo de que el país se sume al Acuerdo Transpacífico, dando a las empresas beneficios de patentamiento.
Veinte años transcurrieron de la resolución 167/96 que autorizó la producción y comercialización de la Soja RR, propiedad de Monsanto, y que cambió para siempre el modelo agrícola del país. Y el aniversario llegó con una Marcha Mundial contra Monsanto, que tuvo su epicentro local ayer, por quinto año consecutivo, desde las oficinas de la multinacional hasta el Obelisco, mientras la agroquímica exige al gobierno nacional una "aduana privada" para cobrarles regalías a los productores por el uso de semillas, y enfrenta denuncias judiciales de pueblos fumigados. De los 40 países que organizaron esta marcha, la Argentina fue el cuarto con más ciudades adherentes –veinte–, de Salta a Esquel. Una reacción masiva que tiene un porqué.
"Estamos contra la agricultura industrial y transgénica basada en el uso masivo de agrotóxicos. Decían que acabarían con el hambre del mundo: pasó todo lo contrario." Quien habla es Julián Galeano, integrante de la asamblea organizadora. El reclamo central fue el rechazo a que la Argentina se incorpore al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un deseo del presidente Macri. Impulsado por EE UU, propone quitar medidas proteccionistas a favor de mayores beneficios de patentamiento para las grandes transnacionales.
Estos 20 años fueron todo ganancia para las empresas de agronegocios. Con Monsanto a la cabeza, aumentaron su rentabilidad y su injerencia en el país, con escaso control oficial, al tiempo que se sancionaban normativas favorables, como permitirles fumigar a sólo 50 o cien metros de los pueblos, cuando el mínimo debería ser mil. La estrella fue el glifosato, principio activo del herbicida RoundUp. Con la asunción de Cambiemos, la relación se hizo explícita. La gestión de Macri cambió el rótulo del Ministerio de "Agroindustria", y en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal nombró como titular de Asuntos Agrarios a Leonardo Sarquis, ex gerente de la división Semillas Vegetales de Monsanto.
Recién el año pasado, el Ministerio de Salud empezó a publicar los "efectos colaterales" del modelo agrario. "Se vio claramente que los departamentos que usan glifosato tienen el doble de mortalidad por cáncer. En los pueblos sojeros de Chaco, las familias tienen un 30% de sus miembros enfermos de cáncer; en los ganaderos es entre 3 y 5%", grafica Medardo Ávila Vázquez, titular de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Sobre la base de los informes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Red Universitaria de Ambiente y Salud advirtió que el consumo de agrotóxicos aumentó un 983% en 25 años: de 38 mil toneladas en 1990 a 370 mil en 2015. Medardo subraya: "La Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, con 5 litros por kilo." La superficie cultivada creció hasta 30 millones de hectáreas (70% es transgénico), y ya son 12 millones de personas las expuestas a estos herbicidas.
Pero las plantas se hacen más resistentes. En la misma hectárea donde en 1996 empleaban tres kilos por año de glifosato, hoy aplican doce. Y los vecinos toman conciencia: unos 150 municipios ordenaron sacar a los agroquímicos de las zonas urbanas.
En Monte Maíz, en el sureste cordobés, toda la vida pasa por la agricultura. A principios de 2000, empezaron a darse cuenta: desde la aparición del glifosato aumentaban los casos de cáncer, lupus, alergia y abortos espontáneos. Recién en 2014, con el aporte de Ávila, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, pudieron comprobarlo: en Monte Maíz los nuevos casos de tumores cada año son cinco veces más que la tasa informada por la OMS para el país: 1070 casos cada 100 mil habitantes, contra 200. Colon y pulmón, los más usuales.
"Fumigaban en clubes, escuelas, en la plaza. Mezclaban productos sin control de los ingenieros agrónomos, que tienen el librito de Monsanto en la facultad. Pocos toman conciencia de que es un veneno", enfatiza Gladys Rodríguez, maestra jubilada de 70 años. Su hermano y su primo murieron de cáncer. Sólo en 2014 detectaron 34 casos nuevos: el cura, el director del hospital, funcionarios. La última: una maestra de 30 años que falleció en Laborde, al lado de Monte Maíz. En julio de 2015, el Concejo Deliberante prohibió fumigar a menos de 500 metros de la última casa del pueblo, aunque los silos con glifosato permanecen en la zona urbana.
En marzo del año pasado, el glifosato fue recatalogado como probable carcinógeno humano por la OMS. Cinco meses después, un equipo de científicos de la Universidad de La Plata detectó presencia de glifosato en el 85% de los productos de higiene personal que contienen algodón, y en el 76% de frutas y verduras. El Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de esa universidad publicó un trabajo que demuestra por primera vez que el herbicida también evapora y cae con las lluvias. Tanta es su presencia cotidiana, que la Facultad de Agronomía de la UBA desarrolló el "glifotest", para detectarlo rápidamente en agua, suelo y alimentos. Pero en las universidades también hay connivencia. Acuerdos, como la cátedra de Cerealicultura, entre la UBA y Monsanto, o sanciones a quienes investigan: el decano cordobés de Agronomía pidió la expulsión de Ávila.
Jorge Rulli, referente del grupo de Reflexión Rural, explica que "las consecuencias de lo transgénico son impredecibles. Por eso creo que Monsanto se prepara para anunciar un salto tecnológico menos vulnerable a críticas, dejar un poco la soja, volcarse al maíz para combustible y vender una parte a Bayer."
La cuestión se centra en la soberanía alimentaria y el modelo de producción de alimentos. Galeano propone la agroecología, sin el tinte industrial, "una agricultura sin pesticidas, que puede alimentar al mundo, generar más empleo y no dañar al medio ambiente". Los médicos de pueblos fumigados presentaron una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fines de 2015. También hay una demanda colectiva por daño ambiental encarada por un grupo de abogados contra el Estado y once corporaciones transgénicas, exigiendo una indemnización multimillonaria a toda la sociedad. Y el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en La Haya, una Corte Internacional evaluará a Monsanto por "crímenes contra la Humanidad y el Medio Ambiente".«

"Decepcionados" con el gobierno de Macri

El consumo de agrotóxicos en el campo argentino aumentó 983% en 25 años: pasó de 38 mil toneladas al año en 1990 a 370 mil en 2015.
Más allá de tener ex empleados de Monsanto en el Ejecutivo, y de llamar "de Agroindustria" al Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional enfrenta un conflicto no deseado con la multinacional agroquímica por la llamada "Cláusula Monsanto". Se trata del testeo a los camiones de los productores por parte de las grandes firmas del sector para controlar la biotecnología en las semillas (RR2 o Intacta), que según Monsanto cuentan con protección de la propiedad intelectual. Pero los productores se niegan a pagarle más a Monsanto por las semillas. Esta "aduana paralela" volvió a unir en el reclamo a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que señalaron que "Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones".
A mediados de abril, el gobierno sacó una resolución que establece que cualquier control de granos debe contar antes con la autorización de la cartera a cargo de Ricardo Buryaile. El "ninguneo" a Monsanto generó reuniones de funcionarios con los altos mandos de la firma a nivel mundial, aunque en ninguna estuvo Mauricio Macri. Su administración no niega el actual sistema, ni siquiera que la empresa cobre regalías por su producto, pero apunta a que el control de semillas esté en manos del Estado. La cuestión se agravó estos últimos días: el miércoles, Monsanto suspendió el lanzamiento de su nueva semilla transgénica XTEND. Su CEO global, Brett Begemann, señaló que se sentía "decepcionado" con el gobierno.

Monsanto en las escuelas porteñas

A muchos padres de niños que asisten a escuelas primarias porteñas les llegó un pedido de conformidad para que el colegio participe de una encuesta para el programa "Mi escuela saludable", del Gobierno de la Ciudad, que busca "promover hábitos saludables para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso/obesidad". Las firmas que componen ILSI Argentina, la consultora que analizará los resultados, son grandes multinacionales, muchas denunciadas por su accionar en términos ambientales y de alimentación saludable. Entre ellas figuran Monsanto, Coca-Cola, Bayer y Syngenta Agro S.A.

Gustavo Sarmiento
Tiempo Argentino

Carpani y el nacionalismo revolucionario



Carpani fue un artista muy comprometido políticamente en especial con la causa de los trabajadores y así lo expresó a través de sus obras.

Impulsó y fundó el grupo Espartaco, junto a un colectivo de artistas en 1959 (Sanchez y Mollari, a los que se les sumaron Juana Elena Diz, Raul Lara Torrez, joven pintor boliviano, Pascual Di Bianco, Carlos Sessano, Esperilio Bute y Franco Venturi, nacido en 1937 y desaparecido en 1976), influenciados sobre todo por el muralismo mexicano, y también por el artista ecuatoriano Guayasamín y el brasileño Portinari.
Planteaban la necesidad de un arte con raíces nacionales contra la cultura del coloniaje y la dependencia nacional, y dedicado a las necesidades y las luchas del pueblo trabajador. En el manifiesto del grupo Por un arte revolucionario se define al arte como “una insustituible arma de combate, el instrumento precioso por medio del cual el artista se integra con la sociedad y la refleja, no pasiva sino activamente, no como un espejo sino como un modelador”.
Carpani acompañó, junto a los trabajadores, el proceso de alzamiento del proletariado que tuvo un hito importante en el Cordobazo, y del cual tratamos su influencia en el arte en este suplemento.
Más orgánicamente estuvo relacionado con el sindicalismo, en particular con la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, donde colaboró entre otras cosas, diseñando carteles con ilustraciones relacionadas con la lucha de la clase obrera, entre ellos el que pedía la libertad de Tosco y del mismo Ongaro.
Sus trazos de fuerza indeleble y visión monumental dibujaron las imágenes de personajes y figuras célebres, tanto en afiches como en murales, que van desde Martín Fierro, el reclamo por Felipe Vallese hasta el Cámpora al gobierno, Perón al poder, desde los centauros gauchos hasta Desocupados y En huelga. En 1961 realizó un mural para el sindicato de la Alimentación que tituló: Trabajo. Solidaridad. Lucha.
Ilustró la tapa de una edición de la obra de León Trotsky Historia de la revolución rusa, como también la de La formación de la conciencia nacional, libro esencial del pensamiento de Hernández Arregui. Y las inolvidables figuras retratadas del Che, Perón, Evita, Cooke, e inclusive Julio Cortazar, Roberto Arlt y Atahualpa Yupanqui.
Unió en sus concepciones, de forma particular, el arte y la política a través de sus manifiestos, como vimos en el de Espartaco, ensayos y escritos tratando de indagar sobre la función social y política del arte que era lo que le interesaba.
En trabajos como El arte y la vanguardia obrera del año 1964 intentó asociar lo que llamó la emotividad revolucionaria con la conciencia revolucionaria en una búsqueda de los aportes posibles del arte para ayudar en la concientización política de la clase obrera.
En el ámbito político Carpani tuvo una proximidad con Abelardo Ramos, al igual que alguno de sus amigos intelectuales como Laclau, dentro de lo que fue en Argentina un nacionalismo de izquierda, una izquierda que tanto se vinculó a grupos trotskistas en los treinta como después al peronismo, haciendo una interpretación opuesta al marxismo del surgimiento de Perón y el peronismo en 1945. Aunque plantean correctamente que Argentina al igual que Latinoamérica son semicolonias del imperialismo, ven en el peronismo la política hacia la liberación nacional del imperialismo, se identifican con las bases obreras pero aceptan que la política y la cabeza conductora de ese movimiento fueran un militar de la burguesía.
Estas concepciones políticas, ilusionadas con un nacionalismo revolucionario que nunca existió de la mano del peronismo, Carpani las mantuvo siempre.
Entre sus últimas publicaciones está la titulada Nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario. Este trabajo dedicado solo a la política se editó por primera vez en 1972, plena ebullición política pos Cordobazo, en los Cuadernos de Socialismo Nacional, Latinoamericano y Revolucionario. En 1976, ya en el golpe y con Carpani exiliado, se publicó por la Editorial Zero en España. Y el artista lo republicó en 1986, es decir, manteniendo los postulados habiendo pasado inclusive la dictadura, y hace pocos años, en el 2014 fue reeditado por el kirchnerismo con prólogo de Horacio González.
En el último capítulo El nacionalismo revolucionario en Argentina intenta dar un fundamento histórico a su nacionalismo revolucionario identificándolo con la lucha obrera bajo la Resistencia Peronista, por la que estuvo siempre muy impactado, separándola y diferenciándola del peronismo burgués y burocrático. Toma la frase de Evita “Donde hay un obrero está la Patria” para decir que ese es “el peronismo de abajo, el de la Resistencia, las tomas de fábrica, los Cordobazos, la lucha armada…” enfrentado al “peronismo de los patronos burgueses, los burócratas sindicales y los políticos traidores, que nunca pelearon y siempre negociaron”.
Nunca llegó a la conclusión de que la clase obrera necesitaba -a partir de esa combatividad de la Resistencia, de ese enfrentamiento a la burocracia sindical que vimos en los 70, y de que el Cordobazo fue un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero argentino- alcanzar la independencia política necesaria para poder encabezar la liberación nacional y, más aún, conformar un partido revolucionario para lograr la “patria socialista” que soñaba.

Elizabeth Yang

domingo, 29 de mayo de 2016

1927: Sacco y Vanzetti en Buenos Aires



En la noche del 22 de agosto de 1927 (paradojas de la historia: justo 45 años antes de los fusilamientos de Trelew), fueron ejecutados en Massachussets, Estados Unidos, dos obreros anarquistas de origen italiano, Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, condenados por un crimen que no habían cometido.

En todo el mundo, casi sin excepción, trabajadores manuales, estudiantes, artistas, escritores, amas de casa y no pocos sectores medios, se movilizaron masivamente para protestar por la farsa jurídica que la plutocracia norteamericana había montado con el único objeto de desalentar las luchas populares.
El gobernador Fuller recibió millones de cartas, pero se negó a escuchar el clamor universal. Finalmente el verdugo cumplió la tétrica ceremonia de electrocución.
En la Argentina las demostraciones fueron intensas y multitudinarias. Este trabajo es apenas una síntesis de todo lo que ocurrió aquí en aquellos años de combatividad obrera y jolgorio burgués.

El país, la época

Agosto de 1927. Para la burguesía en ascenso, la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-28) era un festín.
De cuna aristocrática, tenía 58 años cuando llegó a la primera magistratura. De porte imponente y, como subrayara irónicamente el historiador Félix Luna, "con una calvicie que acentuaba su aire patricio, elegante, lleno de ’savoir faire’ y con una cultura absorbida en sus muchos años de residencia en Europa", Alvear era, inevitablemente la contrafigura de su antecesor en el cargo, Hipólito Yrigoyen.
Ambos, Alvear e Yrigoyen, pertenecían a la Unión Cívica Radical, pero los "de arriba", pese a las feroces masacres desatadas con la anuencia y la responsabilidad del yrigoyenismo durante la Semana Trágica (1919), la Patagonia Rebelde (1921) y La Forestal (1921), le tenían más confianza al primero. Una confianza que no ocultaba su inequívoco origen de clase.
Los grandes diarios, especialmente "La Nación", y los sectores dominantes, celebraron la llegada de Alvear al poder como la iniciación de una era de la que estaría excluída la "chusma", que según todos ellos había prevalecido bajo la presidencia del "Peludo", cuando personas de "niveles inferiores" habían participado en el gobierno.
En esos días el país contaba con unos 10.000.000 de habitantes, de los cuales unos 2,000.000 residían en la Capital. La cuarta parte de la población del territorio nacional y alrededor del 40% de la ciudad de Buenos Aires era extranjera.
El sistema, es cierto, necesitaba la mano de obra calificada que había llegado de ultramar, pero al mismo tiempo se sentía saturado de conflictos, huelgas y movilizaciones callejeras promovidas por socialistas, anarquistas y comunistas.
(En 1950, ya en tiempos de Perón, en la película "El último payador", que transcurría en las dos primeras décadas del siglo veinte, escrita y dirigida por Homero Manzi, el autor ponía en boca de uno de los personajes esta expresión entre irónica y quejosa: "La huelga es cosa de gringos").
Por eso no extrañó que, justamente en la presidencia de Alvear, a fines de 1923, se concretara en el Congreso un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para restringir la ley de inmigración a fin de que los trabajadores extranjeros que llegasen a estas playas resultasen "útiles y arraigados".
Buenos Aires, cabeza de Goliat en un cuerpo raquítico y empobrecido, crecía al ritmo de la burguesía.
El alumbrado eléctrico público se expandía rápidamente, estimándose en 12.500 las lámparas en servicio promedio, aunque todavía existían en las calles de la Capital 93 faroles a querosén con un consumo mensual de 10.500 litros de combustible.
En esos días se terminaron de construir edificios públicos como el Correo Central, pero el fervor de los "dorados veinte" que embargaba a quienes frecuentaban el Jockey Club y la vida nocturna porteña o viajaban a París para "tirar manteca al techo", no lograba ocultar la dura realidad de la mayoría de la gente.
Al lado de una brillante clase adinerada que colmaba clubes, teatros y salones de arte, que se trasladaba y hasta residía en Europa (como la familia del propio Presidente), había sectores mayoritarios de la población que se hacinaban en conventillos o recorrían angustiosamente las zonas rurales buscando trabajo estacional en cosechas, zafras o vendimias.
La desocupación era permanente, y el alcoholismo, la desnutrición y la falta de higiene constituían realidades que, no por ocultas y negadas, resultaban menos dramáticas.
En 1927 operaba en la Argentina casi un centenar de bancos. Y el de la Nación contaba con 203 sucursales. Algunos de estos bancos estaban vinculados con las grandes empresas extranjeras radicadas en el país, que en esta tercera década del siglo se multiplicaron con una particularidad: la importancia cada vez mayor de las importaciones norteamericanas, que pasaron de unos 100 millones de pesos en 1920 a 1.127 en 1927.
En el sexenio de Alvear, a pesar de que buena parte de la historiografía tiende a calificar esta época como "feliz", "próspera" y "tranquila", se produjeron 519 huelgas (muchas de ellas de carácter general) en las que participaron más de 400.000 trabajadores. La represión policial, los largos encierros y las tortuas no fueron menores que en las otras etapas.
La Unión Sindical Argentina y la Federación Obrera Regional Argentina —las dos alas en que estaba dividido entonces el movimiento de los trabajadores organizados—, acentuaron su resistencia a los planes económicos antipopulares y a la falta de protección social.
Como siempre, las disidencias internas y los enfoques antagónicos en el campo de los explotados impedían la unidad. "Reformistas", "incondicionales de los boolcheviques", "claudicantes", "socios de la patronal" eran algunas de las adjetivaciones y epítetos que socialistas, comunistas y anarquistas se enrostraban entre sí.
Pero las bases luchaban, con huelgas y movilizaciones muchas veces victoriosas. Y los acérrimos adversarios en debates y periódicos —que en aquella época abundaban a falta de medios electrónicos de difusión masiva, pese a que la radio ya venía transmitiendo desde 1920—, solían encontrarse y confranternizar en las manifestaciones callejeras o en las cárceles del sistema (tan sórdidas y oprobiosas como las de hoy).
Pero los intereses y las ideologías contrapuestas eran muy fuertes. Y en una época como ésa, de avances fascistas en el mundo e intensificación de la lucha de clases, la Unión Sindical Argentina, que pretendía llevar a cabo una política sindical independiente de los partidos políticos y de las centrales internacionales, no tardó en dividirse, creándose la Confederación Obrera Argentina (COA).
El congreso de fundación de este último nucleamiento tuvo lugar a fines del ’26 en la sede de La Fraternidad (Alberti 352, Capital) con la participación de delegados avalados por 81.000 cotizantes, de los cuales 75.000 pertenecían a los ferroviarios.
El nivel de vida de las masas, mientras tanto, seguía deteriorándose. Y los sectores hegemónicos observaban burlonamente las rencillas entre "reformistas" y "revolucionarios" —inclusive el desarrollo, ya en aquel entonces, de algunas capas burocráticas—, que desgastaban al movimiento obrero.
Fue en aquellos días de la presidencia de Alvear que un episodio represivo llevado a cabo en el norte del país causó enorme conmoción en todas partes. Ocurrió el 19 de julio de 1924, oportunidad en la que 200 indígenas de los pueblos qom y mocoví fueron masacrados por la acción mancomunada de la policía chaqueña y grupos de estancieros en la Colonia Aborigen Napalpí. A finales de los años veinte, el periódico "El Heraldo del Norte" recordó así esta masacre:
"Como a las nueve de la mañana, y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo, (los policías) realizaron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos y sin respetar sexo ni edad".
Aquí, en Buenos Aires, y en otras grandes ciudades que concentraban grandes multitudes proletarias, se llevaron a cabo actos de repudio. La lucha de clases se ahondaba ante el desconcierto y la furia de la oligarquía y demás factores predominantes.

Sacco y Vanzetti

En ese clima entre opresores y oprimidos —con burgueses en avance y trabajadores en lucha, más allá de sus sempiternos zigzagueos y reflujos—, un hecho externo, lejano, produciría un elemento desencadenante que, si bien no lograría concluir en unificación orgánica del movimiento obrero, coadyuvaría en cambio, y de hecho, en la calle, en las tribunas, en los enfrentamientos con la policía, a que se postergaran las contradicciones y disidencias internas.
Ese hecho fue la farsa procesal montada por la plutocracia norteamericana contra dos obreros anarquistas de origen italiano: Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, a quienes en 1920, en medio de una reaccionaria atmósfera de xenofobia e intolerancia, se juzgó por un crimen que no habían cometido.
Rechazada la última apelación en abril de 1927 y ejecutados en la noche del 22 al 23 de agosto de ese mismo año, la injusticia movilizó a los trabajadores en todo el mundo, sin distinción de ideologías, pero también a intelectuales y científicos como H. G. Wells. Sigmund Freud, Albert Einstein y George Bernard Shaw, que reclamaron a viva voz contra la aberrante decisión judicial.
La "justicia" del Norte, sin embargo —ávida de poner en el banquillo de los acusados no solo a las ideas "disolventes" que, como el anarquismo en auge, amenazaban su estabilidad y sus privilegios, sino también a la inmigración en su conjunto a la que buena parte de la derecha norteamericana consideraba "malsana"—, hizo oídos sordos a las manifestaciones que se multiplicaron en todo el mundo y a las millones de firmas que se le hicieron llegar desde todas partes para que no se concrete el crimen. Inexorablemente hicieron bajar la palanca, electrocutando a los dos trabajadores que caminaron hacia el patíbulo con gran dignidad.

En estas latitudes

Durante los siete años que duró el "proceso" hubo en la Argentina intensas movilizaciones callejeras, actos en lugares cerrados y centenares de trabajos periodísticos.
Pero fue en esos cuatro meses que van de la condena a la ejecución, de abril a agosto del ’27, que el tema se hizo carne en la casi totalidad de los obreros (nativos y extranjeros) y buena parte de los sectores medios que residían en nuestro país.
El primer hecho trascendente fue protagonizado por la Federación Gráfica Bonaerense, sindicato tradicionalmente combativo en los albores del movimiento obrero, que formuló un dramático llamado a todas las centrales sindicales existentes en ese entonces para "la concertación de un frente único que contribuya a rescatar de las garras del imperialismo yanqui a los dos luchadores obreros".
Las centrales, en primera instancia, rechazaron esta propuesta, pero ante la gran efervescencia que el sonado caso había producido en las "bases" (curiosa expresión contemporánea que en esos días aún no se usaba), se vieron obligadas a adoptar iniciativas unitarias de solidaridad.
La mayoría de los paros desarrollados con ese objetivo, fueron exitosos. Y las clases gobernantes no salían de su asombro observando de qué modo un episodio que transcurría a tantos kilómetros de distancia lograba motivar a miles de personas en este rincón sureño del mundo.
La primera huelga importante tuvo lugar el 15 de julio y fue cumplida unánimemente por gráficos, tranviarios y ferroviarios.
La ciudad se llenó de carteles y volantes que terminaban con estas consignas:
"¡Muera el capitalismo! ¡Muera el fascismo! ¡Viva la clase obrera mundial! ¡Libertad a Sacco y Vanzetti!"
Hoy está de moda entre algunos historiadores afirmar que el movimiento obrero organizado de entonces, antes del advenimiento del peronismo, solo se circunscribía al éjido portuario y capitalino. Pero eso no era cierto. Rastreando documentos y periódicos de la época —por ejemplo, muchos diarios del Interior—, pudimos comprobar que las movilizaciones por Sacco y Vanzetti (y, por supuesto, también la represión policial) alcanzaron picos muy altos en todo el país, al punto que en lugares como Comodoro Rivadavia y Villa Cañás (provincia de Santa Fe), las "fuerzas del orden", para frenar el ardor obrero, tuvieron que acudir al secuestro de dirigentes que permanecieron desaparecidos durante varios días. Sin embargo, en parte de la Patagonia y del Litoral, igual que en el resto del territorio argentino, no hubo fuerza represiva capaz de contener la ira popular.

Huelgas y actos

El 31 de julio se cumplió en Plaza Once un acto organizado por la Unión Sindical Argentina con muy buena respuesta por parte de los trabajadores que, al término de los discursos, se encolumnaron hasta la Plaza del Congreso voceando consignas adversas a los "burgueses", a la "justicia yanqui", al "imperialismo" y a "los asesinos que nos matan de hambre todos los días".
Los días 4 y 5 de agosto, cuando ya se presagiaba el lúgubre final, se cumplió sin inconvenientes el paro de 48 horas (la ciudad quedó virtualmente paralizada, cerrando inclusive buena parte del comercio, otrora renuente a adherir a este tipo de exteriorizaciones); y, ante el asombro de la derecha más recalcitrante, también la Cámara de Diputados repudió el ensañamiento con los dos obreros anarquistas, aprobando por unanimidad (aun los conservadores) el proyecto de resolución presentado por los diputados socialistas Muzio y Pérez Leirós: "La Cámara de Diputados de la Nación Argentina resuelve dirigirse al presidente de los Estados Unidos de Norte América para que éste interponga sus buenos oficios ante el gobernador del Estado de Massachussetts y evitar que sean ejecutados los obreros procesados Bartolomeo Vanzetti y Nicolás Sacco".

Carne y petróleo

Pero este consenso era apenas un espejismo que ocultaba la inquietud y las verdaderas intenciones de la reacción local: centenares de trabajadores fueron deportados al aplicarse la infame Ley de Residencia, aquella pergeñada a fines del siglo XIX por Miguel Cané, el del libro "Juvenilia", y sancionada finalmente en 1902 por el Congreso para expulsar a todos los "extranjeros indeseables". Extranjeros que, por supuesto, no eran los trusts expoliadores, sino los obreros inmigrantes con olor "subversivo". Por eso la totalidad del denominado aparato de seguridad del Estado (principalmente la policía) se movilizó para resguardar los bienes de las empresas multinacionales que, como el frigorífico Swift y la Compañía Norteamericana de Petróleo, tenían sus estanques instalados en la zona portuaria.
Además, desde La Plata, marcharon refuerzos policiales a Balcarce, donde la ciudad se encontraba virtualmente "sublevada" —la expresión se había originado en el propio Ministerio del Interior presidido por José P. Tamborini, el mismo que diecinueve años después fuera el candidato a presidente de la República por la Unión Democrática que enfrentó a Perón—; y la represión, a medida que se acercaba el fatídico momento y todo parecía inexorablemente perdido, se acentuó en casi todo el país.
En González Chávez, por ejemplo, o en Tandil o en la localidad cordobesa de San Francisco, se registraron numerosos heridos a raíz de los golpes y sablazos que los "cosacos" (así se denominaba en la jerga popular a las "fuerzas del orden") lanzaban contra las multitudes para disolverlas.
Los manifestantes, por lo general, no se escapaban y solían enfrentar a la policía con sendos gritos de guerra que unificaban a todos los sectores en lucha: ¡Muera la burguesía! ¡Muera el capitalismo!

“Eclosión social”

Parecía que con los paros de los días 4 y 5 de agosto la clase trabajadora residente en la Argentina había puesto "toda la carne al asador". Pero no fue así porque aún no había sido dicha la última palabra.
Era tal la furia por la injusticia que con el correr de las horas —como lo insinuara "La Nación" en sus solemnes columnas—, la "gente decente" se había vuelto temerosa de una posible "eclosión social" de "insospechables consecuencias".
Y cinco días después, efectivamente, en forma casi espontánea —aunque las centrales sindicales lanzaran simultáneamente proclamas con ese objetivo—, se llevó a cabo otro paro general (esta vez casi sin deserciones), en tanto que en Plaza del Congreso pudieron concretarse dos nuevas concentraciones masivas: una el 7 de agosto y otra el 21. En ambas predominó el carácter unitario y se sucedieron los oradores de todas las tendencias.
El último fue el más numeroso. Anunciado desde las 15 horas, desde temprano se montó en los alrededores un gran despliegue policial.
La crónica periodística —sobre todo el popular vespertino "Crítica", de Natalio Botana, el mismo que tres años después se complicaría con el apoyo al golpe del general José Félix Uriburu—, dio cuenta que en todas las bocacalles de la zona (Rivadavia y Callao, Rivadavia y Montevideo, así como a lo largo de la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen) "se establecieron piquetes del Escuadrón de Seguridad, con su respectivo trompa de órdenes al frente".
Esas mismas crónicas refirieron también que las fuerzas policiales, en el acto del domingo 21,"eran más numerosas que en los mitines anteriores efectuados en la misma plaza".
Esta vez —agregó la información— "el número de agentes de policía era considerable y, además, la Sección Orden Social de Investigaciones estuvo en pleno".
Minutos antes de la hora anunciada —subrayaba "Crítica" con un curioso adjetivo—, "el monumento ’negreaba’ de gente" (se refería al Monumento a los Dos Congresos, epicentro de tantas exteriorizaciones populares a lo largo de los últimos cien años) "hasta el punto que era difícil encontrar el menor espacio para que pudiese ubicarse otra persona. La multitud se extendía por todo el paseo y, asimismo, las calles adyacentes eran ocupadas por numerosos grupos de obreros".
La gente gritaba "Muera Mussolini", "Muera Fuller" (el gobernador de Massachussetts en cuyas manos estuvo la posibilidad de conmutar la pena), "Muera Estados Unidos".
La llegada del dirigente socialista Alfredo Palacios fue recibida con una ovación (esta vez lo aplaudieron inclusive los anarquistas y los comunistas, que dejaron momentáneamente de lado las disidencias y las críticas) y el acto se inició minutos antes de las 16.

Volantes y mensajes

En aquellos días no había micrófonos ni altavoces. En concentraciones multitudinarias de este tipo no había nás alternativa que dividir a la gente alrededor de distintas tribunas, donde, en realidad, se llevaban a cabo varios actos simultáneos para poder escuchar mejor los discursos.
En esta oportunidad, ante una concurrencia calculada en varias decenas de miles de trabajadores (en la mayor exteriorización popular de la época, superada recién en la década del cuarenta), tuvieron que erigirse cuatro tribunas. Que, por supuesto, también resultaron insuficientes, y la gente eligió la de su preferencia.
En la tribuna uno hablaron Leopoldo Alonso (secretario de la Unión Sindical Argentina), Antonio De Tomaso (Partido Socialista Independiente), Juana María Begino (Centro Socialista Femenino) y Euclides Jaimes, cuya filiación no hemos podido determinar.
En la tribuna dos lo hicieron otros tres representantes de la Unión Sindical Argentina (Pascual Plescia, Rafael Greco y Angélica Mendoza) y el dirigente socialista Mario Bravo.
En la tribuna tres el uso de la palabra estuvo a cargo de tres oradores comunistas (Julio R. Barcos, Augusto Pellegrini y Luis Di Filippo) y del dirigente obrero Teófilo González.
Y, finalmente, en la tribuna cuatro hablaron el anarquista Adán Ibáñez (del Sindicato de la Industria del Mueble), José F. Penelón (que todavía no había roto con el PC y muy poco tiempo después coadyuvaría a formar el nuevo Partido Concentración Obrera), Hermenegildo Rosales (PS) y Alfredo Palacios (PS).
La crónica no registró qué dijo cada uno de ellos, pero resulta dable imaginar la pasión y la vehemencia que los oradores deben haber puesto en cada una de sus expresiones. Lo que sí quedó documentado es el fervor con que la gente hizo flamear las banderas rojas para subrayar los conceptos de quienes hablaban.
En los volantes que se repartieron profusamente a los concurrentes figuraba un mensaje enviado por Nicolás Sacco:
"No obstante las pruebas luminosas de nuestra inocencia, no obstante la contribución de las protestas locales e internacionales, seremos llevados al patíbulo. El suplicio de dos inocentes no impedirá a la aurora hacer germinar las flores perfumadas de un porvenir humano más libre y más justo. Solo somos candidatos a ser quemados. Que la protesta anarquista de todo el mundo sirva para obtener no únicamente nuestra liberación, sino también la de todas las víctimas recluídas en las prisiones de la burguesía".

Cueste lo que cueste

Ese día, 21 de agosto de 1927, "Crítica" tituló así su 5a. edición con un encabezamiento a toda página: "¡Hay que salvarlos cueste lo que cueste!"
Y la FORA, ante la inminencia de la ejecución, llamó a la huelga general:
"Va a sonar la hora fatídica en que los dos inocentes serán entregados inmediatamente a la silla de la muerte. Ante la inmolación ignominiosa de Sacco y Vanzetti se exalta el fervor de los oprimidos y en el dolor de los corazones se identifican los proletarios del mundo en perseverante anhelo de justicia y en firme deseo de revuelta. Trabajadores de toda la región: que en este momento de prueba sea revelado el valor de la solidaridad, que sea puesta en acción en este día la voluntad de rebelión y de lucha contra los chacales de la plutocracia ominosa del Norte. Que de cada conciencia surja espontánea la rebeldía, que cada trabajador se entregue sin cálculo a la revuelta. Frente a los tartufos que reducen a medida la acción solidaria de los trabajadores, frente a la acción cobarde de los sempiternos traidores, contra el mundo del oprobio y del crimen, todos en pie de guerra. Por Sacco y Vanzatti, ¡viva la huelga general!"

Asesinato legal

La noticia, no por esperada, llegó como una bomba: el gobernador Fuller se negó a escuchar el clamor universal —millones de voces de protesta— y poco después de la medianoche del lunes 22 de agosto, Sacco y Vanzetti fueron asesinados en la silla eléctrica.
Ya no hubo movilizaciones multitudinarias en Buenos Aires, sino rostros apesadumbrados, tristes, de la gente que caminaba por la calle apretando los dientes con furia e impotencia.
Todos los diarios porteños, a pesar de que la confirmación del crimen llegó sobre la hora de cierre, alcanzaron a informar en sus ediciones matutinas del martes 23 la infausta noticia.
"La Protesta", el órgano anarquista que entonces salía todos los días y era confeccionado con llamativa profesionalidad (incluso en el plano del diagrama, la cuidadosa redacción y la presentación general), resumió el miércoles 24, en un comentario editorial, toda la indignación que había embargado al proletariado del mundo:
"Sacco y Vanzatti fueron sacrificados al prejuiciio de una casta fanática, al orgullo de la clase capitalista, al desprecio de la tribu rubia de Massachussetts. Y el desprecio de todos los hombres generosos caerá sobre los culpables de este crimen alevoso y premeditado. Y la sangre de los mártires sacudirá la toga de los jueces verdugos. Desde hoy está declarada la guerra entre la humanidad y Estados Unidos. No olvidéis la consigna, trabajadores: a la casta maldita de los Thayer y Fuller, de los Taft y Coolidge, no les podremos perdonar nunca el crimen cometido en la noche del 22 al 23 de agosto. Que el delito de la plutocracia yanqui lo paguen todos los que en una forma u otra son responsables del asesinato legal de Sacco y Vanzetti".
Pero "La Protesta" no se conformó solo con expresar su ira. También conectó en otro comentario de esa misma edición, las íntimas relaciones que en ese momento existían entre la brutalidad del fascismo mussoliniano y los sectores hegemónicos de la derecha norteamericana:
"Lo hemos repetido mil veces: la gran potencia que nutre al fascismo, o sea la corriente dictatorial de nuestros días en los diversos países, es la banca de Wall Street, de la cual el gabinete de Washington y los gobiernos de los diversos Estados no son más que simples instrumentos. Es preciso cerrar las puertas de todos los países al capitalismo norteamericano y obstaculizar por todos los medios el comercio y las operaciones bancarias con Estados Unidos. Tenemos para eso un arma de doble efecto: somos productores y somos consumidores, como lo eran Sacco y Vanzetti. Los chacales ya han realizado su obra. Ahora debemos los anarquistas llevar a cabo la nuestra, con tenacidad, con serenidad, con fe inquebrantable. Si queremos ser fieles ejecutores del testamento de los dos heroicos mártires, tenemos que hacer sufrir a los bárbaros las consecuencias del crimen. Frente al mundo y frente a la propia conciencia, los anarquistas han contraído un gran compromiso: el de hacer pagar a los magnates del dólar la vida de Sacco y Vanzetti".

Sigue la lucha

La huelga de la FORA —el último hito de un duro periplo para salvar la vida de los dos militantes anarquistas—, se inició en la mañana del lunes 22 y se prolongó hasta las cinco de la madrugada del miércoles 24.
La Unión de Chauffers (como se escribía entonces cuando la palabra "choferes" todavía no estaba castellanizada), uno de los gremios anarquistas de mayor empuje, emitió un comunicado para pedirles a sus compañeros que levanten el paro "a fin de reagrupar fuerzas" —después de la ejecución— para continuar la lucha contra el capitalismo nacional e internacional. "Los trabajadores del volante —destacó el comunicado— recordaremos siempre a Sacco y Vanzatti, dos mártires más que se suman al gran número de los caídos por la causa de la liberación obrera".
Al día siguiente, jueves 25 de agosto, "La Protesta" denunció que la organización parapolicial argentina conocida como Liga Patriótica, con la escarapela en la solapa, "se organiza en los atrios de las iglesias para apalear obreros desarmados y asaltar domicilios de pobres israelitas acusados de revolucionarios". El diario anarquista también hizo hincapié en la "efervescencia de los estudiantes nacionalistas de la Facultad de Derecho".
La reacción estaba ensoberbecida y no disimulaba su euforia. Y, por supuesto, no faltaron los altos jefes militares que se alegraron por la "estrepitosa derrota de las ideas disolventes".

Telón

Buenos Aires siguió su vida cotidiana. El domingo siguiente 35 mil personas presenciaron el partido que Boca Juniors le ganó a Independiente 3 a 0. El campeonato de fútbol (palabra que los diarios de entonces todavía escribían en inglés: "foot-ball"; por eso no pocos porteños no decían "fútbol" sino "fóbal") contaba en 1927 con equipos que hoy ya no existen: Argentinos del Sud, Estudiantil Porteño, San Fernando, Liberal Argentino, San Isidro, Sportivo Buenos Aires. Por su parte el Club Mártires de Chicago, fundado por obreros anarquistas en el barrio de Villa Crespo, había decidido cambiar su denominación por la de Argentinos Juniors, aunque manteniendo el color rojo de su casaca. En el Teatro Maipo daban "La fiesta del tango" y en el Apolo (ubicado en Corrientes casi esquina Uruguay, donde hoy está el Lorange), "Qué pena me da el finao", uno de esos clásicos sainetes donde el nacionalismo cultural y xenófobo de aquellos años, resistente a la combatividad de los obreros llegados de ultramar, solía caricaturizar con saña feroz a los inmigrantes españoles, italianos, judíos y turcos.
Los cines todavía exhibían películas mudas. El Alhambra (Montes de Oca al 300) daba la soviética "Iván el terrible"; el Miriam (Suipacha 686) exhibía "Don Quijote del far west" (con matiné "exclusiva para damas") y el Familiar Cine (Larrea y Lavalle) proyectaba una película norteameicana titulada "Caminos del paraíso".
El champagne Trapiche costaba entonces tres pesos, moneda nacional; la plancha eléctrica, 65 pesos y los automóviles andaban entre los 2.000 y 3.000. El salario mensual de un obrero que tenía la suerte de conseguir trabajo no llegaba a los 100 pesos (unos 30 dólares).
En España el dictador Primo de Rivera aumentaba la represión inquisitorial con apoyo de la Iglesia (lo mismo que Mussolini en Italia); en Giribone 16, en el barrio de Colegiales, explotaba un calentador, algo que era noticia para los diarios amarillos de la época; los personeros argentinos de la Standard Oil, cuando aún le faltaban algunas décadas para nacer a los entreguistas de hoy, se opusieron tenazmente al proyecto yrigoyenista en Diputados de nacionalización del petróleo, arguyendo (¡en 1927!) que "los hidrocarburos no deben estar en manos del Estado, porque el Estado es un mal propietario y un peor industrial"; y Mariana Iparraguirre, una anciana que en esa dura semana de agosto del ’27 había cumplido 95 años, relataba a los diarios de qué modo, en sus mocedades, había conocido a Juan Manuel de Rosas. Finalmente, las páginas policiales de algunos rotativos daban cuenta que en Billinghurst 1565, en el barrio de Palermo, una acaudalada mujer "agredió a balazos a su sirvienta para impedirle que comprara cocaína" (la policía informó oficialmente a la prensa que "no podemos dar datos porque es una señora distinguida").
Sí, Buenos Aires había retomado su "ritmo habitual". El sistema seguía funcionando de acuerdo con lo que anhelaban sus sectores hegemónicos. Los curas, los militares y los frecuentadores de la Sociedad Rural respiraban un poco más tranquilos. El sobresalto de las intensas movilizaciones por Sacco y Vanzetti "con toda esa gente en la calle gritando, protestando y agitando banderas rojas" había quedado atrás. Al menos eso creyeron.

Herman Schiller