El 16 de diciembre de 1993, miles de santiagueños protagonizaron uno de los levantamientos más importantes de la década menemista en el que los empleados públicos de la provincia voltearon al gobernador.
El Santiagueñazo, el Cultralcazo, fueron parte de las rebeliones que tuvieron su momento culminante en las jornadas del 19 y 20 de diciembre que logaron voltear al gobierno de De la Rúa y a unir los reclamos de los piqueteros y la clase media despojada de sus ahorros en los bancos, abriendo una nueva etapa de luchas.
Ocho años antes en la provincia más antigua del país, se vivieron dos días de rebelión popular que lograron el derrocamiento del gobernador Fernando Lobo y destrozar y saquear las casas de más de una docena de funcionarios y dirigentes sindicales de ese entonces. Se quemaron los edificios de los tres poderes del Estado, saquearon casas de una docena de funcionarios y el gobierno nacional de Menem intervino Santiago del Estero.
Cincuenta años de reinado de la familia Juárez
Al igual que otras familias patricias de provincias del norte del país, la dinastía Juárez era la que concentraba el poder político y económico en Santiago. Desde su llegada a la gobernación en 1949, Carlos Juárez gobernó durante cinco mandatos en diferentes años, siendo otras veces diputado y senador nacional. Muere en el año 2010 luego de haber sido el único dirigente político investigado, procesado y encarcelado en el 2008 por delitos de lesa humanidad cometido antes de 1976. Además cargaba con la imputación de la desaparición de 12 personas. Fue uno de los personajes más nefastos del peronismo y lideró un régimen político corrupto hasta la médula.
Las privatizaciones empezaran a tener en el año 93, un papel decisivo. Ese año se privatiza YPF, la empresa más importante del Estado, dejando a miles de empleados en la calle, quienes en 1996protagonizaran otra gran pueblada conocida como “Cutralcazo”. También es privatizada Somisa, dejando el tendal de despedidos en la calle, además de otras importantes empresas. Además se aprueba la Ley Federal de Educación, que tendrá como eje la descentralización de los presupuestos educativos a cargo de cada provincia. La política de reducción de gastos del Estado y el desfinanciamiento que sufrirán las provincias, harán estragos en la clase trabajadora, que además cargara sobre sus espaldas la larga derrota de la dictadura y no lograra presentar respuestas a la altura de las circunstancias.
Santiago se prende fuego
En diciembre del 93 la provincia se encontraba en una crisis total: no pagaban los sueldos de los empleados públicos hacia tres meses. Un mes antes se aprueba la “Ley Ómnibus”, ideada por el gobierno nacional, donde en uno de sus artículos se le exigía al gobierno provincial “la disponibilidad de todo el personal del Estado Provincial y el cese inmediato del personal que no haya alcanzado a la fecha presente, un año de antigüedad”, además de reducir el salario en un 50%. La rebelión no se hace aguardar.
El 16 de diciembre más de 5.000 empleados públicos salen a la calle desde bien temprano exigiendo la renuncia del gobernador y de otros funcionarios. Se concentran al frente de la Casa de Gobierno e inmediatamente entran a quemar sus instalaciones. Una vez terminados los destrozos, se dirigen a los Tribunales y a la Legislatura. La rebelión no había sido convocada por ningún sindicato ni central obrera, sino por trabajadores autoconvocados docentes, dado el enorme peso que tenían el sector publico. Junto a ellos se unieron los centros de estudiantes de escuelas secundarias y trabajadores de la salud. Si bien la policía reprimió duramente, no logro calmar la furia de los trabajadores, que luego se dirigirán a casas de distintos funcionarios políticos y hasta el secretario general del sindicato docente AESyA y lograran destrozar sus inmuebles, descargando toda la bronca que venían acumulando en esos meses. Incluso cuando los manifestantes quisieron ir a la casa del diputado radical Jose Zavalia, este logro repelerlos a balazo limpio junto a algunos policías.
La rebelión duro hasta el otro día, cuando el gobierno nacional decide intervenir la provincia, luego de conocer la renuncia del gobernador, y designa como gobernador interventor a Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba. Si bien la furia de los manifestantes lograra dejar al desnudo a un sistema político corrupto a más no poder, la espontaneidad y la falta de una dirección política consecuente (la inserción de la izquierda revolucionaria era nula en la provincia), no lograran transformar esa jornada en una lucha política a fondo con objetivos y una salida favorable a los sectores populares, al igual que ocho años más tarde pasara con las jornadas de diciembre de 2001.
Ricardo Farías Docente | Corriente Nacional 9 de Abril | Lista Marrón L.de Zamora
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