sábado, 30 de diciembre de 2017

Etchecolatz, de La Noche de los Lápices a la desaparición de Julio López



A pesar de haber sido una pieza esencial del genocidio en los 70, la Justicia le otorgó a Etchecolatz la prisión domiciliaria. Un recorrido por su siniestra historia y la del aparato represivo que manejó.

El fotógrafo del portal Infojus Leo Vaca no podía creer lo que estaba viendo detrás del lente de su cámara. Corría el mes de octubre del 2014 y en La Plata el Tribunal Oral Criminal Federal 1 estaba finalizando el juicio por La Cacha, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaba en La Plata durante la última dictadura. En el momento que se estaba leyendo el veredicto uno de los principales acusados, Miguel Etchecolatz, miró a los familiares de las víctimas y a los organismos de DD. HH presentes en forma amenazante, cínica, inmutable y sacó de su bolsillo un papelito doblado que desplegó con calma e intentó llevárselo al juez pero no lo dejaron. Las fotografías mostraron luego que en papelito del ex comisario estaban escritas las palabras “Jorge Julio López” y menos visible la palabra “secuestrar”.
El mensaje, mafioso por donde se lo mire, fue una clara señal de impunidad ante la desaparición de Julio López ocurrida varios años antes, el 18 de septiembre de 2006. Ese día López desapareció cuando se dirigía a escuchar la sentencia de un juicio que fue histórico porque, luego de décadas de lucha, se estaba juzgando por primera vez como genocidio los secuestros, torturas y crímenes que bajo las órdenes del Estado llevaron adelante las fuerzas represivas para aniquilar una generación de obreros, activistas, estudiantes, militantes peronistas y de izquierda (incluso niños y mujeres embarazadas) y disciplinar al pueblo trabajador. En ese juicio Etchecolatz fue el segundo represor condenado a perpetua y Julio López fue el testigo cuya contundente declaración terminó siendo clave para lograr su condena.
Miguel Osvaldo Etchecolatz no fue un genocida cualquiera, tuvo un papel central sobre el aparato represivo dirigido por la Policía en la provincia de Buenos Aires desde 1976 (aunque las fuerzas represivas venían actuando desde antes a través de grupos parapoliciales como la Triple A y en La Plata la CNU). Fue la mano derecha del general de brigada Ramón Camps luego de una larga carrera que había comenzado a los 13 años, cuando ingresó a la Escuela Vucetich.
Nunca se arrepintió de nada. En 1997 publicó el libro La otra campana del Nunca Más donde defendía abiertamente el terrorismo de Estado. Afirmó que“nunca tuve ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna…¿Por haber matado? Fui ejecutor de la ley hecha por hombres. Fui Guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos, volvería a hacerlo” (página 124).
Se creía un “iluminado de Dios” y un defensor de los “valores de la Patria”. Consideraba que la capital bonaerense era el epicentro de la guerrilla; visión que compartía con militares y empresarios, por eso La Plata se convirtió en una ciudad testigo para la “lucha contra la subversión”. En sus barrios vivían los obreros organizados en comisiones internas y los delegados combativos de Propulsora Siderúrgica, del astillero Río Santiago y de Petroquímica Sudamericana (entre otros); los estudiantes secundarios y universitarios que peleaban por el boleto estudiantil, los estatales y docentes de agrupaciones antiburocráticas; también amigos y simpatizantes de todas estas causas. Sobre ellos se desató el plan sistemático ejecutado al pie de la letra por el Director General de Investigaciones.

Etchecolatz y la Policía bonaerense en acción

En marzo de 1976 se convirtió en el Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense hasta enero de 1979. Desde 1975 esta fuerza de Seguridad, como las otras, pasaron a estar bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército. Desde sus oficinas diseñó y organizó los grupos de tareas encargados de secuestrar y torturar a miles de trabajadores y estudiantes en el famoso Circuito Camps, formado por 29 centros clandestinos de detención y distribuidos en 9 partidos de la provincia. El centro administrativo y logístico del aceitado circuito represivo era la Brigada de Investigaciones más conocida como “la casita” o “la central”. Para los detenidos que pasaron por ahí era un lugar de paso. Estaban dos o tres días y luego los trasladaban a los diferentes campos clandestinos de detención de la provincia como el siniestro Destacamento de Arana, conocido por torturar brutalmente a los detenidos y quemar los cuerpos; la Comisaría 5ta de La Plata a donde iban a parar los “blanqueados” como presos políticos, o Puesto Vasco (Quilmes) que era frecuentado por los altos mandos policiales. No caben dudas de que fue un plan sistemático de exterminio perpetrado por el Estado y los sectores que éste defiende desde siempre. Abundan los testimonios que afirman haber visto al siniestro comisario merodeando los pasillos de los CCD, participando de las torturas y de las detenciones junto a comandos operativos.
Uno de estos comandos fue el que secuestró violentamente de sus casas a estudiantes secundarios de entre 14 y 17 años en la recordada “Noche de los Lápices” porque militaban en sus colegios y luchaban por el boleto estudiantil gratuito. Seis de ellos permanecen desaparecidos. El operativo fue coordinado por la Jefatura de la Policía, es decir por Etchecolatz, y por el Batallón de Inteligencia 601; tenían entre 14 y 17 años. Ese 16 de septiembre de 1976, lo que para las fuerzas represivas fue un operativo de rutina se terminó convirtiendo en un día de lucha y movilización del movimiento estudiantil argentino. No hay que olvidarse tampoco que el ex policía represor conoce hasta el día de hoy la suerte de Clara Anahí Mariani, hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, quién fuera secuestrada de su hogar durante un operativo en La Plata en noviembre de 1976 en el asesinaron a su madre. Hasta el día de hoy no dio ningún tipo de información al respecto aunque declaró en 2011 que tenía datos sobre su paradero.
No se le conocen sobrenombre al jefe de la bonaerense, a todos les decía que quién los estaba torturando era el comisario Miguel Etchecolatz. El mensaje era para que los sobrevivientes recuerden y difundan con nombre y apellido quién decidía sobre la vida y la muerte de miles. Un mensaje disciplinador para extender el terror sobre quiénes continuaban resistiendo en la clandestinidad y a quiénes se solidarizaban con su lucha. Los represores llamaban a esto “acción psicológica”, pero a la distancia las intenciones de los genocidas no rindieron frutos. El miedo no apabulló a los cientos de testimonios de ex detenidos en las salas de los tribunales, respaldados por la movilización de las organizaciones de DD.HH y los partidos de izquierda que siempre levantaron sus banderas.

El testimonio de Julio López

“Dale, dale, subila un poco más” dice Etchecolatz a un subalterno haciendo referencia a los voltios de la picana eléctrica. El macabro escenario donde se estaba torturando era la terraza de un centro clandestino en Arana y el picaneado era Jorge Julio López, un albañil militante peronista de una unidad de base del barrio de Los Hornos que había sido secuestrado por un grupo de tareas el 27 de octubre de 1976 en un operativo donde se llevaron a otros militantes del barrio. También estuvo en otros CCD: Cuatrerismo, comisaría 5ta, Comisaría 8va y de ahí a la Unidad 9. López brindó un largo testimonio de sus años desaparecido en año 2006 en el marco de la causa que juzgaba los crímenes de Etchecolatz (1). Dio nombres de detenidos para clarificar algunas causas y acusó directamente al ex comisario de torturar y matar. Semanas más tarde, Julio López desaparecía por segunda vez sin dejar rastro y todas las sospechas caerían nuevamente sobre el represor.
Ni la participación de los oscuros servicios ilegales -que siguen actuando en las sombras del Estado- ni el rol de las fuerzas de seguridad en la desaparición de López, ni el papelito con el mensaje provocador del ex comisario fueron investigados seriamente por el gobierno kirchnerista. El caso fue minimizado por funcionarios k como Aníbal Fernández quién dijo que debía estar tomando el té en la casa de su tía.
Etchecolatz se jubiló en 1979 y trabajó durante algunos años como seguridad de Bunge y Born según cuenta su hija Mariana, quién hace pocos meses reflejó en una entrevista para la revista Anfibia el calvario que fue vivir con su padre genocida. Si bien había sido juzgado con la vuelta de la democracia burguesa a 23 años de prisión, la sentencia fue anulada porque se aplicó la Ley de Obediencia Debida. La primera condena a perpetua efectiva la recibió el día que Julio López desapareció.
El genocida, que hasta hace algunos meses continuaba formando parte de la policía bonaerense como un jubilado cualquiera, tiene 88 años y la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria para que pase fin de año en su casa de Mar del Plata. Toda una muestra de impunidad repudiada por los organismos de Derechos Humanos, partidos políticos de izquierda y amplios sectores de la sociedad.

Claudia Ferri

Notas

1. Ya había sido testigo de una causa por la detención y desaparición de Patricia Dell Orto y Ambrosio Di Marco en 1999.

Hace 27 años Menem y el peronismo indultaban a los genocidas



Mientras crece la bronca popular por la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz se cumple un nuevo aniversario de la firma de los decretos de impunidad.

El beneficio de la prisión domiciliaria otorgado recientemente al represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de la Brigada de investigaciones de la Policía Bonaerense quien estuvo al frente de 21 centros clandestinos de detención y fue condenado en seis expedientes por crímenes de lesa humanidad, retrotrae al año 1990.
En ese entonces, el presidente Carlos Menem sancionaba el Decreto 2.741/1990, indultando a los exmiembros de las juntas militares que en 1985 habían sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Este decreto, quizás el más resonante debido a los genocidas beneficiados, vino a completar una serie que comenzó un año antes. En 1989 se habían firmado los primeros cuatro que alcanzaban a quienes tenían un proceso judicial abierto y comprenden las siguientes situaciones.
La totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con excepción del exgeneral Carlos Guillermo Suarez Mason, extraditado de los Estados Unidos (que será incluido en una norma posterior) (Decreto 1002/89).
Todo el personal militar, de la Prefectura Naval y de inteligencia que intervino en las rebeliones contra el gobierno constitucional en la Semana Santa de 1987, Monte Caseros (1987) y Villa Martelli (1988).
Los exmiembros de la junta militar teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, condenados por sus responsabilidades políticas y estratégico-militares en las islas Malvinas
Volviendo al decreto del año 1990 por el cual fueron indultados los genocidas de más alto rango como Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini (luego se anexarían mediante otros decretos a Ramón Camps y Ovidio Riccheri) vale repasar algunos fragmentos que lo componen e intentan justificar.
"Visto las medidas dispuestas por el gobierno nacional para crear las condiciones que posibiliten la reconciliación definitiva entre los argentinos, y considerando: que una profunda reflexión sobre la situación imperante en la República lleva a concluir en la necesidad de que el poder Ejecutivo Nacional realice, respecto de los actos de violencia y de los desencuentros habidos en el pasado inmediato, una última contribución para afianzar el proceso de pacificación en que están empeñados los sectores verdaderamente representativos de la Nación”.
Con total impunidad se refiere a crímenes de lesa humanidad comprendidos dentro de un plan sistemático de terrorismo de estado como “desencuentros habidos en el pasado inmediato”.
“Que como ya se sostuviera, por sobre toda consideración sobre la razón o sin razón de las diversas posiciones doctrinarias o ideológicas, es menester adoptar las medidas que generen condiciones propicias para que a partir de ellas, y con el aporte insustituible de la grandeza espiritual de los hombres y mujeres de esta nación, pueda arribarse a la reconciliación definitiva de todos los argentinos, única solución posible para las heridas que aún faltan cicatrizar y para construir una auténtica patria de hermanos”.
Ridículamente y apelando a la “grandeza espiritual” se intentaba imponer como “única solución posible” la reconciliación con quienes desaparecieron y asesinaron a 30.000 compañeros y se apropiaron de sus hijos.
“Que cabe puntualizar, no obstante, que esta medida es sólo un mecanismo político, constitucionalmente previsto para crear las condiciones de la pacificación nacional. No implica en manera alguna que estos objetivos hayan sido alcanzados, ni que esté garantizado alcanzarlos; es una más entre las muchas medidas que el gobierno nacional, sacrificando convicciones obvias, legítimas e históricas, está dispuesto a propiciar para lograr la pacificación de la república”.
Lo llamativo de este fragmento es el reconocimiento de una supuesta renuncia a convicciones legítimas, con el objetivo de “pacificar” la república.
Para finalizar y dejar en evidencia que tanto los indultos como la idea de reconciliación con los genocidas descansa en la teoría de los dos demonios, se desprenden estas líneas a continuación que hablan de un “mutuo perdón”.
"Que el Poder Ejecutivo Nacional pretende crear las condiciones y el escenario de la reconciliación, del mutuo perdón y de la unión nacional”.
Cabe destacar que en ese entonces el 75 % de los argentinos, de acuerdo con las encuestas, se oponían los indultos. Dados a conocer los últimos un sábado en vísperas del Año Nuevo y de un fin de semana largo y al comienzo de las vacaciones. Esa maniobra no impidió la manifestación que se dio en la Plaza de Mayo, el domingo 30 de diciembre a la cual acudieron aproximadamente 100.000 personas.
Pasados los años 90 y luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 la lucha popular contra los genocidas ganó un terreno enorme. El mismo peronismo que trece años antes había avalado a Menem y sus indultos ahora se veía obligado a dar una respuesta. En 2003 el Congreso (a propuesta de la diputada de izquierda Patricia Walsh) anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde entonces hubo jueces que a título personal comenzaron a fallar en favor de la inconstitucionalidad de esos indultos.
Tres años después, en junio de 2006, la Cámara de Casación Penal resolvió que los indultos concedidos a condenados por delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. Finalmente en agosto de 2010 la Corte Suprema determinó que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.
Hoy como ayer seguiremos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva. Ni olvido ni perdón.

Martín Leonardi

El ministro Drago propuso rechazar las intervenciones militares para pagar las deudas financieras hace 155 años.



Ante el bloqueo a Venezuela por el cobro de su deuda, Drago, ministro de J. A. Roca, repudió la injerencia armada de los estados europeos generando jurisprudencia internacional y un giro en la ofensiva de EEUU en Latinoamérica.

Etapa Imperialista

El historiador marxista chileno Luis Vitale describió que durante las últimas décadas del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial (1918), los países Latinoamericanos atravesaron un cambio en el carácter en la dependencia, pasaron a ser semicolonias con gran influencia de capitales monopólicos extranjeros. Lenin definió esta etapa como la etapa imperialista, una etapa superior del capitalismo en la que se concentraban el capital financiero e industrial a nivel mundial.
Durante este período se reconfiguró el mapa mundial, las inversiones británicas que durante el siglo XIX ejercieron gran influencia en Latinoamérica fueron perdiendo terreno mientras crece la influencia de los Estados Unidos. Con la Doctrina Monroe (1823), EEUU establecía, bajo de idea de América para los americanos, el inicio de una política colonialista, en la que asumía el rol de guardián de los países americanos frente a la invasión de cualquier país europeo.
A pesar de esto, luego de establecida la Doctrina, los ingleses ocuparon las Islas Malvinas, costa de los Mosquitos en Nicaragua y parte de Venezuela. España invade República Dominicana y Francia interviene en México durante el siglo XIX. Un rumbo distinto asume EEUU durante el bloqueo naval que Gran Bretaña, el Imperio Alemán y la monarquía italiana ejercieron en las costas de Venezuela en 1902 exigiendo el pago inmediato de las deudas que el dictador C. Casto que había suspendido como consecuencia de la guerra civil venezolana.

La Doctrina Drago: no a la intervención militar para el cobro de las deudas

Ante el bloqueo, a fines de 1902, el Ministro de Asuntos Exteriores L. M. Drago, de la segunda presidencia de Julio A. Roca, realizó una importante declaración, que envía al gobierno de los Estados Unidos, repudiando la injerencia de los países europeos en los asuntos americanos: “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada y menos aún a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. El cobro compulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de un Gobierno, con todas las facultades que les son inherentes, por los fuertes de la tierra”. En esta declaración política llamada Doctrina Drago, dejó expresado su preocupación por la invasión por la fuerza a los países americanos a la vez que clamó para que el gobierno de T. Roosevelt intervenga diplomáticamente respaldando la Doctrina Monroe. Si bien el conflicto llegó a su fin con el Protocolo de Washington (1903) en el que se acordó que Venezuela pagaría a plazos sus deudas con el 30% de sus ingresos de aduana, la Doctrina Drago generó jurisprudencia internacional.
Este hecho conocido internacionalmente contrastó con un clima de luchas obreras contra la Ley de Residencia y contra el pago de los intereses de la deuda externa durante la segunda presidencia de Roca. El 22 de noviembre de 1902 se sancionó la Ley de Residencia por la que fueron expulsados cientos de inmigrantes.
También Roca le pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública, la propuesta fue apoyada por el senado, lo que generó una rápida respuesta de la prensa y grandes manifestaciones por lo que Roca decide no apoyarla y responsabilizar a Pellegrini.

La ofensiva de EEUU en Latinoamérica

En 1907 en la Segunda Conferencia Internacional de Paz de La Haya, instituyó parcialmente en el art. 1 de la Convención parte de la Doctrina Drago: la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de las deudas (suscrita el 18 de octubre de 1907) mostrando un avance contra la injerencias de las políticas imperialistas para el cobro de las deudas. Sin embrago, Estados Unidos impuso la Cláusula Porter que permitió el uso de las fuerzas militares en caso de que los países deudores no sometan el asunto a arbitraje.
Además de esto, la diplomacia de los Estados Unidos impulsó el llamando Colorario Roosevelt (1904) considerado como una enmienda a la Doctrina Monroe, que afianzó aún más la dependencia colonial de los países bajo su influencia, estableciendo que si las propiedades de los propietarios o empresas estadounidenses corrían peligro, EEUU estaba obligado a intervenir. Además de esto, se atribuía el derecho de expansión de sus intereses comerciales por Latinoamérica y sobre todo en el Caribe. La aplicación de esta política imperialista de Estados Unidos se la llamó "Diplomacia del Garrote".
Como antecedentes, Estados Unidos ya había impuesto la Enmienda Platt y el protectorado a Cuba que duró hasta 1934, intervino Panamá en 1903 con la finalidad de obtener su protectorado y la construcción del canal, ocupó Nicaragua y durante la Primera Guerra Mundial interviene Haití (1915-1935).

Hernán Perriere

Represión, persecución y "punitivismo"

Pertenezco a mi clase y a algunas ropas,
voy de blanco por las calles sucias.
Melancolías, mercaderías me acechan.
¿Debo seguir hasta la náusea?
¿Puedo rebelarme sin armas?

La flor y la náusea | Carlos Drummond de Andrade (1945)

La transformación de una estructura es un fenómeno político. La dinámica de cambios en los procesos sociales causa tensiones que son propios de la diferencia y de la contradicción de la práctica política. Por lo tanto, sería ingenuo, deshonesto, pensar o afirmar que en estos procesos de transformación no conllevan conflictos. En cualquier sociedad las tensiones sociales van a estar presentes y esta no es una particularidad de Argentina.
En nuestras sociedades injustas y excluyentes no es difícil encontrar, en muchos sectores, respuesta al aparato represivo del Estado que impone sus líneas con la utilización de la fuerza. Parece obvio, todavía es menester observar cómo la construcción de una narrativa puede transformar el oprimido en violento, cuando en realidad esta supuesta violencia es sólo una defensa. Los métodos de respuesta a la violencia del Estado no son homogéneos porque las formas de violentar a los miembros de la sociedad tampoco lo son. Si pensamos en analizar las respuestas de las calles a la autoridad del Estado, no se puede dejar de comprender que, en la sociedad, no somos iguales.
Las últimas análisis sobre las protestas -también desde las izquierdas, lo que es bastante preocupante- desvelan una miopía propia de quienes poco consideran la realidad concreta por un lado, y por lo otro es una reproducción de lo dicho por los medios hegemónicos de comunicación. Esta narrativa de “los violentos” y de “los infiltrados” comienza con la protesta por la aparición de Santiago Maldonado y es validada por el conjunto de la sociedad y por parte de la militancia. Un nítido intento de debilitar a los movimientos sociales. Hacer responsable de la represión del Estado a las personas que resisten con sus cuerpos en una situación de conflicto desproporcional es legitimar la represión e inaugurar un proceso de criminalización de los grupos en resistencia. Es la implementación de una sociedad policial y punitiva, que busca, a través del miedo del otro, defenderse de un enemigo creado por quienes construyen el sentido común.
Esta narrativa también se basa en el juego político de la “no política”. En las protestas de los docentes, Macri salió a apelar que los reclamos no fueran políticos, aun no tardó mucho en decir que el movimiento espontaneo de rechazo a sus mediadas lesa-derechos era un intento de desestabilizar a su gobierno. Los periódicos apelan a la legitimidad, a las instituciones de la república y a la legalidad, sin embargo, también muestran de forma selectiva las imágenes de la represión y la respuesta a ella.
Frente a estos hechos que deben multiplicarse a partir de la forma “mano dura” de gobernar de Macri, hay una preocupación real por parte de muchos -tal vez los más comprometidos con este espacio-tiempo- de abrir canales de comunicación en la sociedad de forma que los que resisten, no importando el color de su bandera, puedan juntos discutir las formas de resistencia con franqueza y honestidad.
Las iniciativas tan conocidas por quienes ya pasaron procesos políticos tan simbólicos como la desaparición de los 30 mil y de las protestas de 2001 deben servir de punto de partida para encontrar salidas que no sean convirtiendo aliados en enemigos. Hay que buscar en la memoria e intentar seguir a partir de los acúmulos ya generados por todos aquellos y aquellas que dejaron su sudor, sangre y vidas por las páginas de la historia. En este sentido, nosotras desde Virginia Bolten preguntamos: ¿A quienes sirve criminalizar a las resistencias?

Editorial Virginia Bolten

La nieta 127 nació en la ESMA

Es la hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano. Nació en junio de 1977 en la maternidad clandestina del centro de torturas y exterminio más emblemático del genocidio. Por su caso la fiscalía y las querellas acusaron en el tramo de la megacausa que terminó hace semanas. También hubo condenados en el juicio "Plan Sistemático". La mujer no tiene abuelos/as, pero sí tíos y tías. Aquí las historias de sus padres. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

Los testimonios

Una de las personas por las que sabemos que la niña nació allí es Sara Solarz de Osatinsky. En una declaración realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, durante febrero de 1983, la sobreviviente dijo: "en junio de 1977, María del Carmen Moyano de Poblete siente las primeras contracciones y es descendida al sótano del campo de concentración de la E.S.M.A. donde se encontraban tanto las salas de tortura como la enfermería. Ya en la enfermería María del Carmen se ve enfrentada a tener su hijo en presencia de profesionales asistentes del campo de concentración, el Dr. Magnacco, médico ginecólogo del Hospital Naval de Buenos Aires, el Dr. Martínez, médico de piel del mismo hospital y un enfermero del que desconocemos su nombre. Esto produce en ella un choque tan violento que pide a gritos la presencia de una compañera. Es en ese momento y ante la imposibilidad de María del Carmen de dar a luz que los militares acceden a su petición (…) fui conducida engrillada a ayudar a María del Carmen. Ella no aguantaba el ruido de mis cadenas cuando me desplazaba en torno a ella; comienza entonces a suplicar que me las quiten, cosa que le fue negada”.
El Tula Poblete y Pichona Moyano eran militantes de Montoneros. Según informa Abuelas en su página, aún como un caso sin resolver, con la fotos de sus padres y el recuadro con la foto de la nieta recuperada aún en blanco, "María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954 en la ciudad de Mendoza. Su familia la llamaba "La Gorda". Carlos nació en la ciudad de San Juan el 2 de noviembre de 1944. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban "Pichona" y a él "Tula" o "Guillermo". La pareja fue secuestrada entre abril y mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de ocho o nueve meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD "La Perla" de Córdoba y luego fueron trasladados a la ESMA. En dicho CCD, a fines de junio de 1977, María del Carmen dio a luz una niña atendida por el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco".

Los padres

En el tercer tramo de la megacausa, el Ministerio Público Fiscal a cargo de Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele, reconstruyó lo sucedido a través de testimonios de sobrevivientes. Poblete era el caso 842, Moyano el el 268 y la hija que hoy recuperó su identidad fue el 308. "María del Carmen Moyano, apodada “Pichona”, estudiante de bioquímica y farmacia, militaba en la agrupación política peronista “Montoneros” y prestaba colaboración en el barrio de San Martín, de la provincia de Mendoza. María del Carmen estaba en pareja con Carlos Simón Poblete, también militante de Juventud Peronista en el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.
Soiza Reilly, en su alegató que duró más de seis meses, dijo sobre ellos: "Se ha acreditado que María del Carmen Moyano de Poblete fue privada ilegítimamente de su libertad con violencia y amenazas y sin las formalidades prescriptas por la ley, en el mes de abril de 1977, junto con su pareja Carlos Simón Poblete, en la Provincia de Córdoba, en un operativo efectuado por personal de las fuerzas de seguridad, perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército. Al momento de su detención, la víctima cursaba un embarazo de siete meses. María del Carmen habría permanecido detenida en el centro clandestino de detención denominado 'La Perla', ubicado en dicha provincia. Luego de una semana, fue trasladada al centro de exterminio y torturas que funcionó en el interior de la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí fue atormentada y sometida a las condiciones inhumanas de detención existentes en dicho lugar, ya que estuvo alojada en el cuarto de las embarazadas esposada, con grilletes en los pies, con escasa alimentación y con una grave restricción para responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas. Este cuadro de situación se vio agravado, en primer lugar, por el estado de gravidez en que se encontraba al momento de ser secuestrada; en segundo lugar, por haber dado a luz dentro del CCD; y, en tercer lugar, por haber sido separada violentamente de su hija recién nacida. Su hija, aún no identificada, nació en la ESMA, en el mes de junio de 1977, con la asistencia de los médicos Magnacco y Martínez Pizarro. Una semana después del alumbramiento, María del Carmen fue sacada de la ESMA, sin su hija. Aún permanece desaparecida". Cabe acotar que Magnacco recibió 14 años de prisión como condena en el juicio. Luego del juicio pidió acceder al beneficio de la libertad condicional, que le fue concedida, por lo que podríamos cruzarlo portando su tobillera electrónica, que controla sus movimientos, pero no sus acciones y pensamientos oscuros de genocida.
Acerca del padre de la joven que recuperó su identidad, el Ministerio Público Fiscal dijo: "su pareja Carlos Simón Poblete, como ya señalamos, fue privado ilegítimamente de su libertad el mes de abril de 1977 en la Ciudad de Córdoba junto a su mujer María del Carmen Moyano, y fue trasladado al centro de exterminio y torturas que funcionó en el interior de la ESMA. La víctima fue alojada, en un primer momento, en el sótano del lugar donde se lo torturó físicamente y se lo interrogó en forma conjunta y simultánea sobre las actividades políticas que desarrollaba en ese momento. Durante la mayor parte de su cautiverio fue sometido a tormentos y a las inhumanas condiciones de detención relativas a la falta de alimentación, higiene, etc. que ya han sido verificadas en este centro de exterminio y que ya son por todos conocidas. Este cuadro de situación se vio agravado en el caso de Poblete, en primer lugar, por saber que en aquel centro se encontraba su esposa, María del Carmen, que se encontraba embarazada al momento de ser secuestrada; en segundo lugar, por saber que su hija nació en aquel CCD; y, en tercer lugar, por haber sido separado violentamente de su esposa y su hija recién nacida. Carlos Simón Poblete también permanece desaparecido".

La apropiación

Acerca del nacimiento en la maternidad clandestina, Soiza Reilly alegó: "Por su parte, se ha acreditado en debida forma que, la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, nació aproximadamente en el mes de junio del año 1977 en instalaciones de la E.S.M.A. donde sus padres se encontraban cautivos. La niña, fue arrancada de los brazos de sus padres aproximadamente a los ocho días de nacida, siendo sustraída, retenida y ocultada de la custodia de sus progenitores, no siendo entregada a sus familiares biológicos. Aún la niña no fue recuperada", decía en aquel momento la fiscalía, aún con la esperanza que hoy se pone en palabras, gestos, abrazos y rostros que pueden verse y tocarse.
Por su caso, habían sido condenados Jorge Acosa, Antonio Vañek y Reynaldo Bignone. Fue durante el juicio conocido como "Plan Sistemático", en el que se probó el robo de bebés como conducta durante el genocidio. Ese fallo ya está firme en segunda instancia. Lo que está más firme que nunca, en un día como el de hoy, es que la sociedad sigue buscando, ya sea desde organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, como a través de los propios nietos y nietas que buscan quitarse las dudas que suelen tener. Mientras el gobierno, de la mano de la justicia, va abriendo las puertas de las cárceles para los genocidas, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue su camino. A pesar de ellos.

La retaguardia

viernes, 29 de diciembre de 2017

Periodistas y fotógrafos contra la represión policial // ARGRA y SIPREBA frente al Congreso Nacional



Convocada por la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), tuvo lugar una movilización al Congreso Nacional contra la represión y la brutalidad policial en las recientes movilizaciones desarrolladas contra la reforma jubilatoria, en la que más de 50 periodistas y fotógrafos fueron víctimas de la violencia estatal.

"La secretaría de Derechos Humanos quedó desmantelada" // Despidos en el Ministerio de Defensa



Con una convocatoria abierta de los trabajadores del Ministerio de Defensa frente a la Plaza de Armas, en la esquina porteña de Paseo Colón y Alsina, continúa la lucha de los estatales frente a los primeros 70 despidos en distintas áreas del organismo. El gobierno ha desplegado en la zona un amplio operativo represivo, con la presencia camiones hidrantes y transportes de efectivos.

Abajo la persecución a los luchadores contra el saqueo jubilatorio // Acto en Comodoro Py

Hacemos responsables al juez Torres, a la ministra Patricia Bullrich y al servicio penitenciario.

Dictan prisión preventiva a César Arakaki: peligran su vida e integridad física

En la tarde de hoy, el juez Sergio Torres denegó la excarcelación de César Arakaki, militante del Partido Obrero, a raíz de su participación en la marcha del pasado 18 de diciembre, cuando 300.000 personas se movilizaron contra la reforma previsional. Apenas trascendió que podría ser citado, hace ya una semana atrás, Arakaki se colocó a disposición de la Justicia. Del mismo modo, y cuando en la tarde de ayer se difundió su orden de captura, Arakaki se presentó voluntariamente al juzgado acompañado de sus abogados. A pesar de esta conducta, que obliga a descartar cualquier peligro de fuga, y de que no se ha podido demostrar agresión alguna a policías, le han dictado la prisión preventiva y ordenado su traslado a un penal común. El otro detenido en la tarde de ayer, Lucas Sauret fue liberado, cuando verificaron que ni siquiera había participado de la marcha del 18 por encontrarse trabajando. Semejante error habla a las claras de la torpeza y arbitrariedad con la cual se están armando las causas a los manifestantes del lunes 18. La liberación no eximió a Sauret de soportar, en la noche en que permaneció detenido, intimidaciones verbales por parte de personal policial. En el caso de Arakaki, el juez Torres no ha asegurado que su detención tenga lugar en condiciones seguras y adecuadas para quien es detenido por razones políticas. Ya en la jornada de hoy, y mientras estaba detenido en la unidad 29 de Comodoro Py, soportó amenazas y agresiones verbales por parte de presos comunes. Ni qué decir que una detención en un pabellón de esas características, sea en Ezeiza, Devoto o Marcos Paz, pondría en peligro la vida y la integridad física de Arakaki.
El ensañamiento político y judicial contra un militante que, en definitiva, ejerció su derecho a permanecer manifestando contra el saqueo jubilatorio, es brutal y manifiesto. Quieren intimidar a toda la población trabajadora que se pronunció y luchó contra la reforma previsional, y que ahora debe librar una lucha aún más intensa contra la reforma laboral. Este enseñamiento contrasta, por otra parte, con la mora en investigar la participación y brutales acciones represivas de miembros de la policía en la marcha del 18.
La Dra. Claudia Ferrero, abogada de Arakaki, presentó un escrito al juez Torres reclamando por las condiciones de detención de su defendido. Desde el Partido Obrero, hacemos responsables al juez Torres, a la ministra Patricia Bullrich y al servicio penitenciario por la vida e integridad de Arakaki, al tiempo que reclamamos su inmediata libertad.

PARTIDO OBRERO

¿Quién es Martínez Sobrino, el juez que le dio la domiciliaria a Etchecolatz?



Fue secretario de un juzgado de menores en la dictadura, desde donde colaboró con la adopción irregular de bebés como Simón Riquelo. Había sido recusado en 2010 por organismos de derechos humanos.

Este fin de año, quizás, Miguel Osvaldo Etchecolatz brinde y sonría con sorna. Finalmente obtuvo del poder que se dice llamar Justicia el beneficio de la prisión domiciliaria.
La decisión de los magistrados despertó la indignación generalizada de miles que repudian la impunidad y que pelean desde hace décadas por juicio, castigo y por cárcel común y efectiva a los genocidas.
La definición judicial en sí misma ya es repudiable, pero lo es más aun si se observa quién es uno de los integrantes del tribunal que obró en este caso: el juez federal José Valentín Martínez Sobrino.
“Este señor”, como lo definió la nieta restituida María Victoria Moyano Artigas, tiene más explicaciones para dar que la real potestad para impartir justicia en materia de delitos de Lesa Humanidad. La joven abogada, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), se refirió al beneficio otorgado al represor Etchecolatz y al prontuario de Martínez Sobrino, en una entrevista en Crónica TV.
“Él en ese momento, en la dictadura, era secretario de un juzgado cuyo juez era Mitchell, que falleció. Ellos participaron de una adopción completamente ilegal de un joven que fue entregado a un policía de la Capital Federal. Este señor firmó la documentación para fraguar toda una causa”, detalló la abogada, luchadora contra la impunidad y defensa de los derechos humanos.
“Hace unos cuantos años, antes de que se desarrollara el juicio del plan sistemático del robo de bebés, del cual yo fui uno de los casos, nosotros junto con Chicha Mariani, con Mirta Baravalle, con Clara Petrakos y otras hijas, nietas y abuelas, hicimos una denuncia justamente contra Martínez Sobrino que iba a formar parte del tribunal, porque este señor que hoy está como juez, participó de la apropiación de un joven que se llamó Simón Riquelo”, denunció Moyano Artigas. Gracias a la intervención de organismos de derechos humanos, Martínez Sobrino quedó afuera de la causa en la que hubiera juzgado hechos que él mismo cometió.
La impunidad que se sostiene a lo largo de los años y a través de todos los gobiernos, hace que hoy, un juez con las manos más que sucias, sea el hombre “compasivo” que concede el beneficio de la prisión domiciliaria a un represor de la calaña de Etchecolatz. En diálogo con Radio Nacional, el magistrado habló sobre dicha decisión. "Ha tenido varios episodios de bastante gravedad relacionados con su salud, ha tenido incluso un ACV del que se pensó que no se iba a recuperar. Etchecolatz está con varios imputados más, el defensor oficial solicitó hace un tiempo la prisión domiciliaria”. "Evaluamos la edad y el estado físico delicado", continuó el juez.
En 2015, los abogados defensores de Etchecolatz habían solicitado la prisión domiciliaria atendiendo a que “su cuadro de salud empeoraba con la situación de encierro”. Entonces el Cuerpo Médico Forense entendió que el represor podía ser atendido en el hospital penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, el TOF Nº 1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria, aunque el excomisario siguió en prisión dada la vigencia de otras condenas.
La médica forense que le negó el beneficio, Virginia Creimer denunció que después de haber tomado los exámenes de salud de Etchecolatz, encontró un cuchillo de carnicero con sangre en la puerta de su casa. Todo un mensaje. Tal como sucedió con la desaparición de Jorge Julio López, la idea es dejar en claro que los represores siguen en acción, aunque sea desde adentro de la cárcel. ¿Qué sería capaz de hacer Etchecolatz desde su casa?

“Evitar instituciones y formas burocráticas”

En el año 2010 “formulamos denuncia contra Wagner Gustavo Mitchell, quien en aquel año era miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, y quien durante la dictadura se desempeñó como Juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción nro. 16, también contra Jorge Martínez Sobrino, quien se desempañaba como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, y que se desempeñó como titular de la Secretaría de Actuación del referido Juzgado, y contra José Domingo Allevato, abogado. Que se desempeñó como titular de la Secretaría tutelar del referido juzgado”, detalla Mirta Baravalle, en un documento que presentó en carácter de querellante ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2, en el marco de la causa por la desaparición de su hijo.
Según detalla Baravalle, la participación de Martínez Sobrino, quien “en una de las causas conexas, reconoció su intervención en el caso que pretende juzgar, admitiendo circunstancias tales como que a veces se evitaba a las instituciones y las formas burocráticas. Llegó al punto, incluso, de admitir que pocas horas después del secuestro, se reunió con el Dr. Mitchell y dispusieron entregar al menor al Subcomisario Parodi, que en definitiva a través de un expediente ideológicamente falso se apropió del niño, inscribiéndolo como su hijo adoptivo”.

A tono

Recientemente, Martínez Sobrino fue protagonista de un grave ataque a las libertades democráticas mínimas, como el derecho a expresar libremente una opinión. A mediados de diciembre Myriam Bregman y los abogados de Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentaron un recurso ante la Justicia Federal en defensa del dirigente de la CTEP Juan Grabois. El motivo de la presentación, fue el rechazo a las sanciones pecuniarias que le impuso el Tribunal Oral Federal N.° 6 por sus dichos vertidos en el alegato que pronunció en defensa de Lito Borello, en la causa conocida como “toma de la comisaría de La Boca” ante la muerte de El Oso Cisneros en 2004.
A los jueces del tribunal que sancionó a Grabois, le molestaron las opiniones vertidas por este, al punto que le impusieron una multa equivalente al 15 % del sueldo de juez de primera instancia. Para aplicar la sanción, el TOF N° 6 del que forma parte Martínez Sobrino, se basó en el decreto-ley 1285/58, cuyo origen se encuentra en la autodenominada “Revolución Libertadora”.
Este repaso permite ver la predisposición del juez Martínez Sobrino para ponerse al servicio de la impunidad, que no solo beneficia a los represores, si no a él mismo. Además, como bien denunció Victora Moyano Artigas, el beneficio otorgado a Etchecolatz es un mensaje para todos los genocidas hoy presos, para que salgan a exigir la prisión domiciliaria.
Por otro lado, como expresa la sanción a Grabois, este juez miembro de una casta absolutamente privilegiada, está al servicio del gobierno de los ricos hoy en el poder. Cambiemos cuenta con jueces como él, a tono con sus intenciones, para avanzar en una afrenta permanente contra las libertades democráticas y las garantías procesales mínimas.
Puede que este fin de año brinden jueces y represores impunes, pero no deberían olvidar las enormes movilizaciones que tiraron abajo el 2 por 1. Como se demostró entonces y como se vio en las recientes expresiones de repudio y la movilización contra la domiciliaria a Etchecolatz, la lucha contra la impunidad continúa con fuerza: Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación.

Juana Galarraga
@Juana_Galarraga

Hasta siempre, Fernando Birri, cineasta de los sueños



El miércoles 27 falleció a los 92 años el cineasta argentino Fernando Birri, considerado fundador del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano

Cineasta, poeta, artista, documentalista, actor, militante, pionero, titiritero, escritor, agitador, amigo, maestro, compañero, todas estas palabras y más caben en la descripción de Fernando Birri, un artista argentino comprometido con su tiempo, que sin duda dejó una huella e influencia enorme para muchas generaciones.
Luego de realizar estudios en Roma en el Centro Sperimentale di Cinematografía, en 1956 regresó a Santa Fe para fundar el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. Esta escuela se caracterizó por estar orientada principalmente al cine documental, basada en conceptos que incorporó del Neorrealismo Italiano. Allí, junto a sus estudiantes, en 1959 realizan el cortometraje Tire Dié que marca el inicio de un nuevo cine argentino (político, militante, comprometido o revolucionario, según lo llame cada quien) y es parte de los primeros impulsos del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano. En este film presentado como la "primer encuesta social filmada" se registra la acción de los niños que corren el tren pidiendo que le tiren unas monedas, a través de esta acción la mirada se amplía para dar cuenta de un contexto social de profunda desigualdad basada en datos estadísticos que fortalecen también la denuncia. Tanto la forma de realización, colectiva y en el marco de un proceso de aprendizaje, como la temática elegida y el punto de vista crítico y comprometido, constituyen una irrupción singular y original en el panorama del cine nacional de la época inmerso en los códigos de la industria. Es la primera vez que se plantea una realización independiente de este tipo.
La experiencia de la escuela del litoral aporta una formación crítica y se aborda la realización cinematográfica desde un punto de vista de compromiso ideológico que a partir del análisis de la realidad toma partido por los explotados y oprimidos. Otra producción destacada de la escuela es la ficción Los inundados (1961), con gran influencia del neorrealismo italiano esta película logró conquistar una importante audiencia.
La filmografía de Birri está cruzada por una variedad estética y estilística muy grande, comprometido con las luchas latinoamericanas y el antimperialismo, con un cuestionamiento político y estético a la maquinaria de Hollywood. Documental, ficción, películas experimentales, cortos, largos, entrevistas y puestas teatrales, todas las formas posibles dan lugar a su poesía. Como formador continuó el trabajo pionero de Santa Fe en la Escuela Internacional de Cine y Video de San Antonio de los Baños, Cuba. Entre sus enseñanzas plantea el cuestionamiento a los géneros que encasillan el cine y así aporta nuevas formas como el Doc Fic o Fic Doc, donde la ficción y el documental se entremezclan y entrelazan, se funden, porque lo que importa no es encasillar al cine sino liberarlo.
Como rescata la película "BirriLata" Fernando llena de entusiasmo a nuevas generaciones de jóvenes realizadores a quienes convoca a soñar, a enfrentar el imaginario de la ideología dominante y a convertirse en "militantes de la imagen". Desafía a las nuevas generaciones de cineastas con una pregunta "¿Y cuáles son los sueños que aún no hemos soñado?"
Desde hace ya varios años en Argentina una nueva generación de cineastas y documentalistas se identifica y referencia con su experiencia. Para la muestra por los 10 años de DOCA (Documentalistas Argentinos) en 2016 Fernando envió un emotivo mensaje en video y el 27 de mayo de este año, para el día del documentalista se le realizó un homenaje en el Cine Gaumont en donde se proyectó la película Los Inundados restaurada. Para esta ocasión envió unas palabras y retomando parte de sus escritos en el primer Manifiesto de Santa Fe remarcó:
"A mediados de los años 50 (para la precisión en 1955) cuando en nuestra Argentina ni se sabía muy bien lo que se entendía con la palabra “documental”, supimos escribir: “Tal la función revolucionaria del documental social en Latinoamérica. Al testimoniar como es nuestra realidad –nuestra subrealidad, nuestra infelicidad-la niega. Reniega de ella. La denuncia, la enjuicia, la critica, la desmonta. Porque muestra las cosas como son, irrefutablemente (y no como nos quieren hacer creer que son). Y el cine que se haga cómplice de esta mentira, de este subdesarrollo que denunciamos, es subcine. Como equilibrio a esta función de “negación”, el documental cumple otra de afirmación de los valores positivos de esa sociedad: de los valores del pueblo. Sus reservas de fuerzas, sus trabajos, sus alegrías, sus luchas, sus sueños”. Y si hoy lo recordamos, atropellado por tantos y tantos bellos y valientes documentales actuales que ennoblecen la cinematografía nacional, es sólo para confirmar –desafiando cualquier burocrático enfrentamiento- la salud de nuestras cámaras y grabadoras..."
Y agregando una reflexión sobre la situación actual de ataques y recortes al cine nacional e independiente que encontró este año una comunidad movilizada sumó una importante definición para los tiempos que corren: "..."la cultura es un derecho y no un negocio de las grandes productoras” y ergo que nuestro cine debe estar en manos de sus realizadores y trabajadores audiovisuales."

Violeta Bruck
@Violeta_Bk

Cambiemos, el mayor pico represivo desde 1983



Dos informes difundidos en los últimos días de 2017 dan cuenta de la profundización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y del incremento de las detenciones arbitrarias, apertura de causas penales y represión en el marco de la protesta social durante este año. Repasamos los trabajos de Correpi, y el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A junto a Liberpueblo (Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo).
Partiendo de la información disponible en medios masivos de comunicación (en plataformas digitales de alcance nacional y provincial como La Nación, Página 12, Izquierda Diario, Agencia CTA, Intransigente, Los Andes, Rio Negro, El Litoral de Corrientes y la Voz del Interior) y denuncias aportadas por las organizaciones que representan a las personas afectadas por los distintos hechos represivos, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y Liberpueblo elaboraron un relevamiento sobre detenciones, causas penales y represión de la protesta social durante 2016 y 2017.
En el caso de este año el informe toma de manera exhaustiva el período enero-setiembre, mientras que para los últimos tres meses considera los casos más relevantes en términos cuantitativos. El informe anual completo de 2017 será presentado a fines de febrero del próximo año.
El actual es “un relevamiento de mínima, dado que por las características particulares de la unidad de análisis y de las fuentes utilizadas resulta imposible realizar una recolección exhaustiva, límite que afecta en mayor medida al relevamiento de la cantidad de causas penales”, expresaron las organizaciones.
En cuanto a los casos de represión, la cantidad total se ha mantenido relativamente constante respecto de un año atrás (86 en 2016, 58 entre enero y setiembre de 2017), e incluso podría hablarse de un leve descenso, pero lo que debe remarcarse en este punto es el incremento de la “magnitud de la violencia estatal” durante este 2017, siendo un clarísimo ejemplo las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambas en el contexto y como consecuencia directa de operativos represivos llevados adelante por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Esto se complementa con el aumento en la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes, además del fuerte crecimiento en el número de detenidos (514 en 2017 contra 269 en 2016). Cabe señalar que estas detenciones no solo se produjeron en el marco de las manifestaciones, sino que se prolongaron por varias horas luego de finalizada la protesta.
Para el Observatorio de la CTA-A y Liberpueblo, el objetivo de estas acciones represivas es “por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un ‘delito’, una ‘amenaza para el orden legal’, una ‘violación a la ley’, deslegitimando los reclamos”.
Las organizaciones señalan que en los últimos años hay una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales, como atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, que son funcionales al dictado de prisiones preventivas contra los manifestantes.
En las etapas de indagatorias, los detenidos escucharon preguntas como “¿milita en alguna organización o partido político?” o “¿sabía qué se discutía en el Congreso?” (en el caso de las movilizaciones contra la Reforma Previsional).
La descripción de los jueces en sus fallos es prácticamente la misma para todos los imputados: provocar a los agentes, causar temor, arrojar objetos, quemar tachos de basura y buscar impedir que el Congreso sesione.
A su vez, los abogados defensores han sufrido todo tipo de obstáculos para identificar a los detenidos en las distintas comisarías y destacamentos que intervinieron en los operativos, generando la necesidad de interponer habeas corpus y pedir la intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La zona donde se produjo la mayor concentración de este tipo de hechos represivos es la Patagonia (31%) seguida por el Área Metropolitana de Buenos Aires (25%).
La mayoría de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (168), y reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (71).
La mayoría de los hechos de represión fue dirigida contra trabajadores (52%), luego contra integrantes de organizaciones sociales (28%) y comunidades de pueblos originarios (16%, aunque fueron los casos con mayor violencia, con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel).
En relación específica a las causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social, los más afectados fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios (74%). Para Liberpueblo y el Observatorio de la CTA-A, se trata de “una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva”.
“Cabe destacar que en este informe no hemos incluido las acciones civiles iniciadas contra organizaciones sindicales. En este sentido, en el último año se volvieron a producir casos de multas millonarias impuestas por el Estado contra organizaciones sindicales en el marco de conflictos colectivos de trabajo”, explicaron hacia el final del informe.

Un crimen estatal cada 23 horas

Es el principal dato que surge de la recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2017 que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentó el pasado 22 de diciembre en Plaza de Mayo.
En su informe, Correpi advierte que en estos dos primeros años de gestión Cambiemos se produjo el mayor pico represivo desde 1983, ya que entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015 se registraron 26 casos, en 2016 fueron 441; y en 2017, 258. Estos números suman 725 personas asesinadas en 721 días de gobierno, superando un muerto por represión estatal por día de gestión.
En cuanto a la cantidad de casos por fuerza represiva, continúan al frente las policías provinciales con 3031 casos, seguidas por los servicios penitenciarios (1506 muertes) y la Policía Federal (534).
En este 2017 se sumó la nueva fuerza de la Policía de la Ciudad (fusión de la Policía Metropolitana con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal), que cuenta con 27.000 efectivos, es decir un agente por cada 107 habitantes, prácticamente el triple de lo que recomienda la ONU.
En cuanto a las causas de muerte, el 47% se trata de gatillo fácil y el 39% de personas que se encontraban detenidas. En este punto, cabe remarcar que la casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban privadas de su libertad por acusaciones penales, sino arrestadas arbitrariamente por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
En relación a las edades de las víctimas, el 50% tenía hasta 25 años. Respecto a la zona en que se produjeron los hechos, si se calcula la incidencia de la represión estatal en función de la cantidad de habitantes, la provincia con mayor índice por millón es Tierra del Fuego (188.67), seguida por Santa Fe (185.94), Buenos Aires (163.20) y Mendoza (159.29).
La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato estatal por razones de género fue incrementándose con los años. En un importante porcentaje los casos registrados de víctimas mujeres se relacionan con situaciones de violencia machista y patriarcal. De 541 víctimas mujeres y mujeres trans, 329 casos son femicidios.
El informe de Correpi finaliza con una referencia a los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, es decir las dos muertes en el marco de la represión a la protesta social que se produjeron durante la gestión de Mauricio Macri, además de la militarización de territorios y las detenciones arbitrarias como características de estos dos años de gobierno. Y cierra con la enumeración de los distintos hechos represivos que se registraron en todo el país desde diciembre de 2015, momento en que comienza la gestión Cambiemos y que marca el mayor pico represivo desde 1983, que lleva a que cada 23 horas una persona sea asesinada por el aparato represivo del Estado.

Red Eco Alternativo

jueves, 28 de diciembre de 2017

Abogados denuncian un nuevo paradigma represivo

Advierten un aumento en las detenciones post marchas y la aplicación de viejas figuras penales. Aseguran que el objetivo es disuadir la participación en las movilizaciones

Pasó por primera vez en la marcha de las mujeres del 8 de marzo. Cuando había terminado la movilización, la policía salió a cazar manifestantes que estaban comiendo pizza o iniciando el repliegue por Avenida de Mayo. Luego esa metodología se repetiría en sucesivas manifestaciones, pero el número de detenidos sería cada vez más grande. Y las capturas, al voleo. Los abogados especializados en Derechos Humanos que intervinieron ante los distintos operativos dan cuenta de un nuevo paradigma represivo que tiene el objetivo de atacar una arraigada práctica en la cultura política argentina: salir a la calle para manifestar.
Abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional observan comportamientos de las fuerzas de seguridad y de la Justicia que hacen que el protocolo antipiquetes que anunció Patricia Bullrich en 2016 quede como un buen recuerdo. Ahora los voceros de las nuevas estrategias son el fiscal Germán Moldes que pidió negar las excarcelaciones a detenidos en manifestaciones, y el propio presidente Mauricio Macri, quien lo alabó de manera pública y hasta arriesgó que la intención de tirar una piedra es matar.

En la calle

Otro aspecto del nuevo estado de cosas es la cantidad creciente de detenciones. En la marcha por Santiago Maldonado, el 1 de septiembre, hubo 31 detenidos. El jueves de la semana pasada, cuando se cayó la sesión en la Cámara de Diputados, el número trepó a 45. Y el lunes subió a ochenta y tres.
"En las marchas del martes, jueves y lunes se vio lo mismo que el 1 de septiembre, en la movilización más masiva por la aparición de Santiago Maldonado: cargar sobre nosotros cuando desconcentramos, sobre el final de la actividad. Las detenciones del jueves fueron después de los festejos por la caída de la sesión", advirtió María del Carmen Verdú, de la Correpi.
Nahuel Bergier, abogado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, sostiene que "se ha observado un accionar de la policía sin orden judicial que genera ataques sistematizados con detenciones al voleo y termina en imputaciones genéricas, sin sustento, cuyo objetivo es criminalizar la protesta y diluir las movilizaciones".

En los tribunales

Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Cels, sostiene que "las acusaciones a los manifestantes de delitos no excarcelables y el aumento de la intervención penal es para disuadir la participación en las marchas". Y subraya: "El mensaje es que hay un riesgo importante de quedar detenido, incluso a personas que no tienen nada que ver con la manifestación". Por su parte, Verdú argumenta que "lo que más llama la atención, más que la conducta de las fuerzas, es el mecanismo posterior, el judicial. Están desempolvando figuras legales que habilitan la intervención judicial, como intimidación pública, sedición y rebelión, tipos penales que no se veían desde 2001".
Otro de los elementos identificados por la Correpi es la demora de los tiempos legales para postergar la salida de los detenidos. El juez Marcelo Martínez De Giorgi mantuvo incomunicados durante un fin de semana a los detenidos de la marcha de Santiago. Este lunes, el juez Sergio Torres, en medio de un cacerolazo creciente que terminó en el Congreso, liberó a los manifestantes antes de que llegara el reclamo por su liberación a la puerta de su juzgado.

Gimena Fuertes
Tiempo Argentino

180 despidos en la Televisión Digital Abierta

La cartera de Hernán Lombardi cerró el área de producción de contenidos para la señal digital pública.

Trabajadores y trabajadoras de la Televisión Digital Abierta (TDA) se encuentran realizando en estos momentos una permanencia pacifica en el hall del CCK, donde funcionan las oficinas del Sistema de Medios Públicos, ante la noticia del cierre del área de Contenidos de la señal digital pública. Son 180 familias que podrían quedar en la calle.
El año pasado, el gobierno creó Contenidos Públicos Audiovisuales Sociedad del Estado. Desde entonces, a los trabajadores se les viene prometiendo el pase a planta efectiva, ya que la mayoría reviste como monotributista (a través de convenios con universidades) o con contratos anuales precarios. Una vez más, el ajuste macrista se vale de la herencia de precarización legada por los K. Mediante un comunicado, el gobierno aseguró que la señal seguirá distribuyendo contenidos, sin especificar su origen. El gremio que interviene, en este caso, es SAT SAID (televisión).
En noviembre y diciembre, el ajuste se hizo sentir en los medios públicos: el 60% de trabajadores de Encuentro, Pakapaka y DeporTv fue echado y/o retirado, se dieron de baja las señales Acua Federal y Acua Mayor y dejó de ser público el archivo Prisma. Asimismo, Horacio Levin renunció a la dirección de la TV Pública para no hacerse cargo del fuerte recorte que impulsa Hernán Lombardi. A esto debe sumarse la suspensión de concursos de fomento para las producciones audiovisuales.
Los trabajadores y trabajadoras permanecerán en el hall del CCK, aseguran, hasta obtener una respuesta satisfactoria por la continuidad de los puestos de trabajo.

Prensa Obrera

El gobierno nacional y el poder judicial consagran la impunidad



Declaración de Justicia Ya! Buenos Aires

Justicia Ya! Buenos Aires repudia el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz.

Como jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires y responsable de todos los Centros Clandestinos de Detención y Tortura del circuito Camps, el ex comisario Miguel Etchecolatz es 1 símbolo de la represión dictatorial y tiene varias condenas a reclusión perpetua.
Hacemos responsable al gobierno nacional y a los jueces de los actos a los que este represor pudiera incitar desde su detención domiciliaria, tal como lo hizo desde la prisión en la cárcel para la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio Lopez, testigo fundamental en el juicio donde se dictó la primera condena a Etchecolatz luego de la anulación de las leyes de la impunidad

SERÁ JUSTICIA

Reforma tributaria: Beneficiar al extranjero, a la Bolsa y al gran empresario

La compleja reforma tributaria avanza en el Senado para su aprobación, tras la media sanción obtenida en la Cámara Baja. No es intención de esta nota abordar todos sus aspectos. Tomaremos algunos que consideramos importantes para intentar reflexionar sobre la orientación política que implican estos cambios, que suman en una misma perspectiva de la recientemente aprobada reforma previsional y la aún pendiente laboral.
En esta nota repasaremos algunos de los 319 artículos del proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados por amplia mayoría (146 votos a favor, 77 en contra y 18 abstenciones).
Un elemento que queremos mencionar antes del análisis que sigue, y que podemos considerar como “una a favor”, es la modificación en el proyecto original de la intención gravar las indemnizaciones por despidos y retiros voluntarios (solo deberán pagar aquellas personas "que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral”).
También destacamos que quedó sin efecto la imposición del gravamen sobre las rentabilidades obtenidas por cooperativas y mutuales dedicadas a la actividad de créditos y seguros. Fueron dos monedas de cambio en un extenso texto que, creemos, avanza sobre la especulación financiera pero poniendo a resguardo a las inversiones bursátiles y al dinero de los extranjeros mientras beneficia al capital empresario más concentrado.

Rebaja en las contribuciones Patronales: receta repetida

Para reducir lo que el gobierno define como “costo laboral” y lograr “competitividad” local y “atraer invesiones”, la reforma define la reducción de los aportes de las empresas con destino al Sistema Único de Seguridad Social. Esto significará la baja en los fondos con los que se pagan jubilaciones y pensiones, con los que se financia la obra social (Pami), el Fondo Nacional de Empleo y el pago de asignaciones familiares.
Los beneficiarios de esta reducción - hoy de 17 % para las Pymes y de 21 % para las demás- que se unificará en 19,50 % desde el 1/1/2022, son las empresas privadas, las empresas del Estado, aquellas sociedades en las que los estados nacional, provinciales y municipales son parte, los bancos y entidades regidos por la Ley de Entidades Financieras y todo otro organismo nacional, provincial y municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.
Para esto se establece un mínimo no imponible por cada trabajador hasta el cual las empresas no pagaran estas cargas. Ese mínimo irá aumentando anualmente (en una escala que comienza el año próximo con 2.400 pesos, sigue en 2019 con 4.800 pesos, en 2020 con 7.200 pesos y en 2021 con 9.600 pesos) y se ajustará desde 2019 con el índice de inflación (IPC) hasta llegar al 2022 a $ 12.000 (en valores 2018).
Esta medida, además de quitar fondos a las arcas de la ANSES no discrimina en cuanto al tamaño de las empresas. Claramente las beneficiarias serán las grandes empresas en las cuales este “costo laboral” impacta en menor medida.
En cuanto al objetivo declamado de facilitar la generación de nuevos puestos de trabajo o regularizar el trabajo no registrado, nuestra historia desde los 90 a la actualidad demuestra que ninguna de las rebajas en diferentes gobiernos lo logró. (ver Blanqueo laboral y rebaja en los aportes patronales: nada nuevo)
Según cálculos realizados por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), la rebaja provocaría un desfinanciamiento del sistema previsional del orden de los 200.000 millones de pesos. Sería necesario que se duplique la cantidad de trabajo registrado y que los nuevos puestos de trabajo sean con salarios superiores al mínimo no imponible. Por otro lado, para compensar la baja en la recaudación vía aumento del empleo, la economía debería crecer en términos reales muy por sobre las estimaciones del 3,5 % que el gobierno hace para los próximos cinco años.

Impuesto a las Ganancias de las empresas: la ilusión de que reinviertan

La Reforma baja la tasa del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas. Se reducirá progresivamente del 35 % al 25 % siempre que las utilidades obtenidas, sujetas al pago del impuesto, sean reinvertidas y no distribuidas.
Esta medida también beneficia a las empresas ya que las personas físicas tributan por una escala que va del 5 % al 35 %. Por lo tanto se producirán situaciones en que tributen más las personas que las empresas.
El trabajo de IPPyP compara la presión tributaria de otros países con el esquema plasmado en la reforma: En Alemania la alícuota que pagan las sociedades ronda 30,2 % y aumenta a casi 40 % por la distribución de dividendos y otros conceptos; en Francia tributan 33 % con un plus para las empresas de mayor facturación; en Estados Unidos, 35% con un esquema diferencial según el tamaño de la firma y llega casi al 40 % con el agregado de imposiciones de los distintos Estados; en Australia 30 % y llega al 40 % para las empresas petroleras.
Al igual que con las rebajas de las contribuciones patronales, la reforma tampoco diferencia en cuanto al tamaño de las empresas, favoreciendo a la economía concentrada con mayor capacidad de pago y de decisión respecto a reinvertir sus utilidades.
Por otra parte, el objetivo que declama el gobierno de motivar a que las ganancias empresarias se reinviertan genera, al menos, algunas dudas. Supongamos que la empresa decide distribuir utilidades entre sus socios, el pago de Ganancias se le encarecería 10%, pero si los socios comprasen LEBAC con esas utilidades retiradas recibirían por la colocación especulativa rentabilidades cercanas hoy al 28 %, por lo que deberían pagar sobre las mismas - a partir de la reforma tributaria – 5 % de Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, les quedaría aún un margen del 23 %, superior en 13 puntos porcentuales al 10 % adicional que debería tributar la empresa, como Impuesto a las Ganancias, por no reinvertir sus utilidades.
Otro de los beneficios a las grandes empresas contemplado en la reforma es la posibilidad de computar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, beneficio del que hasta ahora gozaban solo las pequeñas y medianas empresas desde momento de registrarse como tales. Ese impuesto recauda hoy alrededor de 200.000 millones de pesos y representa (datos a 9/2017) el 31 % de la recaudación del Impuesto a las Ganancias.

Impuesto a la renta financiera: beneficio para la Bolsa y los extranjeros

La tasa del impuesto que gravará las utilidades financieras, diferencia entre inversiones en moneda nacional (5%) y en moneda extranjera o con cláusula de ajuste (15%).
Las utilidades por la compra-venta y por colocaciones de capital en inversiones financieras por parte de personas físicas, hasta ahora exentas, pasarán a tributar ganancias. Sin embargo los sujetos extranjeros no residentes, no pagarán, salvo que sus inversiones sean en LEBAC.
De todo el menú disponible para hacer inversiones no productivas (depósitos bancarios, títulos públicos, Obligaciones NegoNs, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros, bonos y demás valores) sólo quedan exentas las operaciones de compra venta de acciones de las firmas que cotizan en bolsa, tanto la realicen locales como extranjeros.
Como se ve, además de no diferenciar entre grandes inversiones especulativas y pequeños ahorros, claramente se orienta por un lado al beneficiar al extranjero y las divisas que pueda traer (aunque solo sea para especular) y por el otro a mantener a resguardo a las operaciones en la Bolsa.
El trabajo del IPPyP señala: “La renta financiera de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) superan cómodamente la propuesta oficial: para los dividendos, la tasa es del 42 % promedio, para los intereses del 28 % y para la ganancia del capital del 37 %”. Finalmente, si el objetivo de esta reforma fue planteado en términos de “promover la inversión, competitividad y el empleo de calidad” no se visualiza cómo se lo alcanzará con estos cambios que gravan más la actividad productiva (del 25 al 35% ) que la especulativa (en 5% o 15%).

El NO impuesto a las grandes fortunas

La última ley de blanqueo de capitales reformó el Impuesto sobre los Bienes Personales, aumentando el mínimo no imponible y reduciendo la tasa a pagar que desde 2018 será de apenas 0,25 % del patrimonio personal que exceda $ 1.050.000.
La reforma tributaria no acusó recibo de la ausencia del Impuesto a la herencia que fue derogado en 1976 por el ministro de Economía la dictadura cívico-militar-empresario, José Alfredo Martínez de Hoz, quien pocos días antes del golpe heredó una millonaria fortuna sobre la que se vio (auto)eximido de tributar.
Y si de grandes fortunas donde recaudar hablamos, basta con citar lo que el informe del IPPyP detalla: “En la Argentina hay 11 fortunas que detentan un patrimonio neto de más de 1.000 millones de dólares, hay 1.000 argentinos que tienen patrimonios superiores a los 30 millones de dólares y 114.000 argentinos superan el millón de dólares como riqueza personal (en promedio disponen de 15 millones cada una). Tan solo 40 firmas disponen en total de un patrimonio de 35.000 millones de dólares (el 6,3% del PBI) entre quienes podemos identificar apellidos destacables de la elite economía argentina como Bulgheroni, Rocca, Pérez Companc, Urquía, Pagani entre otros. Si a esas 114.000 fortunas se le cobrara la alícuota que establecía – con anterioridad al a reducción – el impuesto a los Bienes Personales de 0,75%, recaudaríamos $ 227.487 millones, monto suficiente para transferir casi $ 6.000 millones a los hogares pobres, magnitud que representa la brecha de ingresos para superar la condición de pobreza. Es decir, tan solo con aplicar como corresponde el impuesto a los Bienes Personales seria posible resolver el problema de la pobreza en Argentina.

Fabiana Arencibia
Red Eco Alternativo

Libertad a Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina



La joven fue detenida por las Fuerzas de Defensa Israelí, mientras el sionismo avanza sobre territorio palestino con el espaldarazo de Trump.

Una campaña internacional está en marcha exigiendo la libertad de la joven palestina de 16 años Ahed Tamimi. El martes 19 de diciembre las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF) detuvieron en Nabi Saleh a la joven, a su madre Nariman y a una amiga, Nour.
Estas detenciones se inscriben entre otras cientos que se están sucediendo en los territorios ocupados como consecuencia de la decisión de Donald Trump de mudar la embajada norteamericana a Jerusalén y reconocer a esta ciudad, símbolo multirreligioso, como patrimonio exclusivo del Estado de Israel.
La decisión ha abierto una crisis internacional. Luego de que Estados Unidos vetara la posibilidad de tratar el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, el rechazo a la decisión de Trump fue llevado a tratamiento del plenario de los 193 países integrantes. Allí 128 países votaron una moción de rechazo al otorgamiento de un nuevo estatus para Jerusalén, 9 votaron a favor y 35 se abstuvieron, entre ellos la Argentina.
Los colonos que ocupan la zona desde 1977, los Halamish, vienen extendiendo su territorio con el apoyo del ejército; ahora, apalancados por el espaldarazo imperialista, han avanzado sobre nuevas fuentes de suministro de agua en territorio cisjordano.
En pocas horas se hizo viral el video donde se ve a la niña Ahed Tamimi abofeteando a los soldados apostados en el patio de su casa, quienes el día anterior habían malherido a uno de sus primos disparándole en la cara. Los Tamimi son una familia de activistas palestinos y referentes de la nueva generación de luchadores que resisten la política de ocupación de Israel. El proceso de resistencia se intensifica mientras que Hamas y la Autoridad Nacional Palestina se disputan el gobierno de la Franja de Gaza, entre acusaciones de incumplimiento de los pactos firmados con la mediación egipcia.
La campaña internacional por la liberación de Ahed Tamimi debe ser tomada como una bandera que contrarreste la política imperialista en Medio Oriente y que ponga en evidencia los crímenes cometidos por el Estado de Israel, incluido el desastre humanitario de convertir extensiones de territorios palestinos en campos de concentración a los que se les quita el suministro de alimentos y de agua.

¡Libertad a Ahed Tamimi! ¡Libertad a todos los presos políticos palestinos!

Vanina Biasi

miércoles, 27 de diciembre de 2017

República versus democracia (o el palacio contra la calle)



La Cámara de Diputados ha consumado un saqueo fenomenal contra el pueblo trabajador. Pocas veces el carácter despótico y oligárquico de la democracia capitalista argentina quedó tan al desnudo.

Entre el lunes 18 y el miércoles 20 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación ha consumado un saqueo fenomenal contra el conjunto del pueblo trabajador. Pocas veces el carácter despótico y oligárquico de la democracia capitalista argentina quedó tan al desnudo. Una exigua mayoría de la Cámara de Diputados sancionó un combo de leyes repudiado por la amplísima mayoría de la población. Todos los poderes del Estado se complotaron para lograr este resultado. Sin embargo, la victoria gubernamental fue pírrica, como escribió tempranamente Fernando Rosso en La Izquierda Diario.
Es muy significativo que la consigna más coreada durante la imponente movilización frente al Congreso, y también en forma generalizada en los cacerolazos en la noche del 18 de diciembre y la madrugada del 19, haya sido “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”. ¿La “grieta” del capitalismo estaba dando lugar a una embrionaria conciencia de clase? Parte del costo para la clase dominante de poner en el Gobierno a los dueños del país. O, para ser más precisos, a parte de los mismos, con gerentes incluidos.

Pagni y el ojo perdido

Pasado “el huracán que reconfiguró el mapa de poder”, según lo llamó Carlos Pagni en La Nación, una de las políticas del Gobierno pasa por avanzar en la demonización y criminalización de la izquierda. El mismo Pagni presenta como una supuesta evidencia que “el kirchnerismo y la izquierda proponen un régimen en el que la manifestación popular tenga poder de veto sobre las instituciones de la república” [1]. La concepción presente en esta afirmación del columnista de La Nación muestra que los “republicanos” de hoy le conceden menos derechos al pueblo trabajador que los que tenían los plebeyos en la república esclavista romana, donde los “tribunos del pueblo”, cargo establecido por primera vez en el 494 antes de Cristo, tenían el iusintercessionis, que les daba el poder de veto sobre cualquier ley o propuesta de cualquier magistrado que afectara a sus representados. Hoy los trabajadores deberían limitarse a reclamos sindicales o a manifestaciones impotentes, pero nunca a hacer pesar su fuerza mayoritaria para desbaratar maniobras antidemocráticas en su contra, como con una huelga general política, que tildarían de “sediciosa”.
En segundo lugar, y más allá de que el kirchnerismo y la izquierda anticapitalista expresamos estrategias claramente diferentes, hay que decir que las patronales y la derecha local no se han privado de utilizar el recurso de “la calle” como “poder de veto”. ¿Qué fueron sino los 129 días de lockout de las patronales agrarias –del 11 de marzo al 18 de julio de 2008–, incluyendo cortes de ruta generalizados, amenaza de desabastecimiento y otras formas varias de presión sobre el Congreso durante la votación de “la 125”? ¿O qué fueron los “cacerolazos” durante el Gobierno de Cristina Fernández? ¿O las marchas convocadas por Blumberg, que impusieron una modificación regresiva y “a lo cambalache” de la legislación penal bajo el Gobierno de Néstor Kirchner?
Esta cuestión no es solo nacional. Sin ir más lejos, recordemos el papel que jugaron las movilizaciones de las clases medias acomodadas, fogoneadas por la Red O Globo, para imponer el “golpe institucional” contra Dilma Rousseff en Brasil. Al Gobierno de los ricos y sus ideólogos y comunicadores lo que les preocupa no es que “la calle tenga poder de veto sobre las instituciones de la república” en general, sino cuando las movilizaciones ponen en cuestión votaciones que van a favor de los intereses de las clases dominantes, como vimos en estos días. La mirada de Pagni y otros que opinan parecido (ni hablar de Joaquín Morales Solá, que parece estar reviviendo los tiempos en que alababa, desde el diario La Gaceta la Tucumán de Bussi en la dictadura) es tan sesgada que parecería que fueron ellos quienes perdieron un ojo en las movilizaciones y no cuatro manifestantes a manos de la brutal represión policial.

La Constitución inmutable (o cómo los muertos deben gobernar a los vivos)

Pero, más allá de utilizar una vara distinta según quién sea el protagonista y cuál sea el carácter de las movilizaciones, expresan una concepción formalista de “república” como mera división de poderes, opuesta a “democracia” en tanto expresión de la voluntad popular, en sintonía con las concepciones más retrógradas de las que se plantean dentro del constitucionalismo burgués. Según se desprende de lo que hemos escuchado en estas horas, la “institucionalidad” consagrada en las Constituciones sería algo inmutable y la presión de la calle un acto cuasisedicioso. O directamente sedicioso, de acuerdo al carácter legal por el que pretende Cambiemos que sean procesados los manifestantes detenidos en las movilizaciones, y aún los diputados que se opusieron a la reforma previsional.
La interpretación que pretenden imponer del artículo 22 de la Constitución Nacional, que sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” [2], es una antigualla política y jurídica. Según esta, una vez consumado el acto del sufragio los representantes electos pueden hacer lo que les plazca, aun si traicionan explícitamente el mandato por el que fueron electos, el llamado “contrato electoral”. El régimen institucional existente es poco menos que sagrado y su cuestionamiento es prácticamente un “crimen de lesa humanidad”. El carácter absurdo de esta interpretación es evidente. ¿Por qué las nuevas generaciones deberían pagar el precio de una institucionalidad inmutable consagrada en un tiempo, un espacio y una relación de fuerzas específicos?
Un absurdo que está bien señalado por Antonio Negri en El poder constituyente: “¿Cómo puede un hecho normativo consuetudinario hacer justicia a la innovación? ¿Cómo puede una «clase política» preconstituida ser el garante de una nueva Constitución? Ya el esfuerzo de cerrar el poder constituyente en una jaula de limitaciones espacio-temporales resulta insostenible −pero el intento de bloquearlo dentro de una prefiguración institucionalista llega a ser inconcebible: en efecto, se puede tratar de limitar el alcance del acontecimiento, pero seguramente no es posible definir por anticipado su singularidad innovadora”. Thomas Jefferson mismo se preguntaba en una famosa carta al mayor John Cartwright si las Constituciones podían ser inmutables, y se contestaba: “Creo que no. (…) lo único inmutable son los derechos innatos e inalienables del hombre” [3]. Entre los que se cuentan, como ocurre de Locke en adelante, el derecho a la rebelión y a la revolución. Qué sediciosas les deben parecer estas reflexiones a Pagni y sus amigos.
De seguir los consejos de los periodistas y “profesionales de la opinión” que apoyan a Cambiemos, estaríamos ante la vuelta a una concepción decimonónica de limitar la movilización popular a la sola petición a las autoridades. Al considerar una suerte de acto criminal cualquier cuestionamiento al actual régimen institucional, deberíamos limitar toda manifestación (e innovación) política dentro de los marcos establecidos por los constituyentes de 1853 (con las “adecuaciones” realizadas por Mitre después de Pavón), más la reforma amañada por el Pacto de Olivos de 1994 entre Alfonsín y Menem. Una reforma cuyo fin principal era permitir la reelección presidencial del riojano y que se consumó mediante una asamblea constituyente tan “soberana” que solo se podía discutir sobre el “núcleo de coincidencias básicas” (los temas acordados por el peronismo y el radicalismo) y no sobre el conjunto del texto constitucional. Al reducir al arbitrio de la camarilla gobernante toda modificación constitucional, intentan reducir a cero el poder constituyente de las masas.
El kirchnerismo, por su parte, fue tan conservador que a lo sumo pensó en alguna modificación de la Constitución “a lo Menem” para una nueva reelección de Cristina. Pero nunca, ni siquiera cuando conquistó el 54 % de los votos, vislumbró algún cambio de mayor envergadura del régimen institucional vigente. Algo que sí ocurrió -más allá de que en ningún caso se buscase trascender el orden capitalista y de nuestra crítica por izquierda al contenido de los cambios realizados que introducen o fortalecen elementos bonapartistas y de regimentación de las organizaciones de masas- en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
El constitucionalismo formalista conservador que hoy escuchamos tiene sin embargo el mérito de sincerar cuál es el carácter esencial de toda república burguesa: limitar el ejercicio de la soberanía popular al ejercicio del sufragio cada dos o cuatro años, mientras que el poder económico vota todos los días. Una república plutocrática, el gobierno de los ricos. Por eso se negaron siquiera a convocar a una consulta popular en el caso de la reforma previsional, un recurso que incluso figura en la Constitución reformada de 1994.

Estafa

Si buscásemos una figura jurídica para calificar la conducta del oficialismo con sus votantes, no encontraríamos una mejor que la de violación y abuso sistemático. Cambiemos nunca planteó en la campaña electoral que iba a tomar medidas como las planteadas en el primer combo del “reformismo permanente” anunciado por Macri. Marcos Peña había dicho exactamente lo contrario en uno de los informes de rendición de cuentas dado en el Parlamento durante el período electoral, así como en declaraciones a distintos medios. El diario La Nación, por ejemplo, titulaba un artículo del 3 de agosto con declaraciones que el jefe de Gabinete había realizado al diario santafesino El Litoral: “Marcos Peña descartó una reforma jubilatoria: ‘No hay nada que temer, ningún proyecto que queremos impulsar’”[4].
Es clara la estafa que realizaron, en primer lugar a sus votantes. Por su parte, los distintos sectores del PJ que ahora dieron apoyo al paquetazo (entre ellos los gobernadores a los que Agustín Rossi busca exculpar por todos los medios) hicieron campaña en base a que iban a ser oposición a Cambiemos. Como se ve, la mentira lisa y llana es una práctica extendida entre la casta política burguesa. Distintas encuestas daban cuenta de un rechazo al proyecto de alrededor de un 70 % de la población, incluido un importante porcentaje de votantes de Cambiemos. Ante esto, desde la izquierda sostuvimos que debía realizarse una consulta popular. Los seudorrepublicanos, obviamente, se negaron. Sabían que iban a una derrota segura. Y el problema no es que “lo comunicaron mal”, máxime cuando tienen más del 90 % del sistema mediático a su favor, sino que les era imposible ocultar el carácter regresivo de la medida.

El cuento de la división de poderes de los republitruchos y democraticidas

En el caso de la aprobación de estas leyes, los voceros de la reacción que cuestionan como antidemocrático tratar de hacer pesar el “poder de la calle” hablan como si los diputados deliberasen aislados de toda presión, como si estuviesen encerrados del mismo modo que un jurado popular cuando discute sobre el veredicto de un juicio. Pero lo cierto es que Cambiemos pudo hacer aprobar el conjunto de leyes del ajuste al ejercer un proceso generalizado de coacción de los poderes Ejecutivo (nacional y provinciales) y Judicial sobre el Poder Legislativo, donde el Gobierno tenía minoría. Leyes que fueron aprobadas contra una opinión popular absolutamente contraria, como mostraban todas las encuestas. Hasta los defensores de la visión republicana meramente formalista deberían escandalizarse por esta flagrante y obscena violación del -para ellos supuestamente sacrosanto- principio de la división de poderes, que puede explicar cualquier estudiante de primer año de Ciencia Política.
La “conspiración” comenzó a gestarse no bien se conocieron los resultados de las elecciones de octubre. El Gobierno de Cambiemos inició el operativo con la utilización de la foto del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti (acusado de “corrupto” por Elisa Carrió, quien pidió su juicio político) con María Eugenia Vidal para “apretar” a los gobernadores con hacer pagar a las provincias la restitución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Para Macri, esta medida busca ante todo asegurarse una victoria en primera vuelta en 2019, especulando que con esos recursos podría lograr el hipotético 3 % que tiene que sumar al resultado obtenido por el oficialismo en octubre pasado. Rápidamente, 23 de 24 gobernadores, incluyendo a Alicia Kirchner y todos los del PJ, con excepción de San Luis, acordaron con Macri descargar el golpe sobre los jubilados y todos los que reciben sus ingresos de la Anses, un planteo que, al igual que los puntos centrales de la reforma tributaria, había sido marcado al Gobierno por el Fondo Monetario Internacional el año pasado.
El desfalco se inició en el Senado gracias al voto de 25 senadores del peronismo (reiterando la práctica que tuvieron los dos años anteriores y que denunciamos desde el Frente de Izquierda), que se sumaron a los de Cambiemos. El acuerdo incluía que los gobernadores, a cambio de distintos “favores”, garantizarían que los diputados de sus provincias debían dar quórum o votar favorablemente el paquete legislativo gubernamental.
Pero el jueves 14 de diciembre el oficialismo no pudo conseguir el quórum, en medio de una militarización del Congreso y una brutal represión y cacería por parte de la Gendarmería a quienes se habían manifestado en repudio a la votación. Distintos medios cuentan que diputados de varias provincias recibieron centenares de llamados de la población instándolos a no apoyar el saqueo, cuestión que llevó a algunos, ante el temor a soportar el repudio de sus votantes, a desairar la promesa de sus gobernadores de que iban a dar el quórum. El Gobierno barajó promulgar la reforma vía un decreto de necesidad y urgencia, un atributo presidencial heredado de las monarquías absolutas, al cual recurren cada vez más frecuentemente los regímenes de las “democracias occidentales”, expresando las tendencias al bonapartismo del capitalismo contemporáneo. Los tuits amenazantes de Elisa Carrió y la dudosa constitucionalidad que tendría una resolución de este tipo los llevaron finalmente a dejarla de lado.
En cambio, se anunció un bono “compensatorio” (una migaja que solo involucra $ 4 mil millones de los $ 100 mil millones del saqueo a los jubilados) y se redobló la presión sobre los gobernadores de la oposición. Con nuevas concesiones económicas en algunos casos, logró una insólita acta de compromiso. En ella los “gobernas” se comprometen a que, como si fueran sus delegados personales y no hubiesen sido electos por el sufragio popular, los diputados de sus provincias voten favorablemente el proyecto y den quórum cuando se convoque la sesión. Un documento que es una suerte de acta de confesión del carácter corrompido de la democracia capitalista argentina y el único hecho de “sedición” verificado que hemos tenido en estos días.
La votación finalmente favorable a la ley no fue “la expresión democrática del cuerpo legislativo”, como nos quieren hacer creer, sino la victoria de la gigantesca operación coactiva del Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos provinciales, apuntalada por la Corte Suprema, con militarización del Congreso incluida, para aprobar un proyecto rechazado por una amplísima mayoría de la población. La división de poderes de la que alardean los “republitruchos”, “te la debo”. Un verdadero democraticidio.

El saqueo de los ricos

Un estudio reciente consigna que la burguesía abarca en nuestro país al 0,3 % de la población, mientras que los directivos de las grandes empresas suman un 0,5 % más. En números absolutos, este 0,8 % de los habitantes de nuestro país no supera las 400.000 personas. Ahí está, asociado a las corporaciones imperialistas que actúan en nuestro país (que representan dos tercios de las principales quinientas empresas), el interés social representado por Cambiemos, el “Gobierno de los ricos”.
Este sector fue amnistiado respecto del delito de evasión fiscal y fuga ilegal de capitales que los ricos de este país cometen en forma generalizada y sistemática con el llamado “blanqueo”. Reconocieron haber evadido U$S 120 mil millones de los aproximadamente U$S 400 mil millones que se calcula tienen en el exterior. Incluso los familiares de Macri y Marcos Peña fueron beneficiarios directos de este blanqueo, junto con personajes emblemáticos de la burguesía local como Alfredo Coto o Paolo Rocca. Son miles de millones de dólares que no habían declarado. Esto se completa ahora con los ingresos extra que para estos sectores significa la reforma tributaria, con la baja de las contribuciones patronales (desfinanciando la Anses) y el porcentaje a pagar del impuesto a las ganancias, que pasa del 35 al 25 %. Son $ 154 mil millones que los más ricos se han autorregalado de acá al 2022.
Como puede verse, no exageramos un ápice cuando hablamos de que estamos ante una república plutocrática, donde la riqueza que se apropian las clases dominantes tiene como destino privilegiado la fuga de capitales hacia paraísos fiscales, especulación financiera, especulación inmobiliaria y consumo suntuario. No por casualidad, bajo Macri, la fuga de capitales ha llegado a la escalofriante cifra de U$S 3.100 millones por mes… Frente a los negocios ligados a la obra pública que reinaban en el Gobierno anterior con los Lázaro Báez, los Cristóbal López y los De Vido (de los que participaban también el íntimo del presidente Macri, Nicolás Caputo, y su primo, Ángelo Calcaterra), ahora se instaura una vía seudolegal de robo generalizado. Un acto que no puede tildarse menos que de mafioso, donde quienes ejercen el gobierno toman medidas para enriquecerse a sí mismos y a las empresas a las que representan, mientras les meten la mano en el bolsillo a los que menos tienen.

La resistencia

En los últimos días el pueblo trabajador ha protagonizado numerosas acciones de lucha contra este saqueo, con una respuesta cada vez más represiva por parte del Estado. Con Patricia Bullrich como vocera, el Gobierno de Macri viene insistiendo en una política de manos libres para las fuerzas represivas, como se vio en el operativo ilegal de Gendarmería que provocó la muerte de Santiago Maldonado o en el fusilamiento de Rafael Nahuel por parte de efectivos de la Prefectura.
La cumbre de la OMC fue la ocasión para desplegar una militarización del centro de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo operativo que se utilizó para militarizar el Congreso el jueves 14, con cacería generalizada de manifestantes (y de algunos que ni siquiera lo fueron) e incluso agresiones contra diputados. Según denunció el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en los últimos diez días se produjeron más de 250 detenciones en manifestaciones populares. Pese al intento de amedrentamiento con el operativo represivo del lunes 18, la movilización en Plaza Congreso involucró a decenas de miles de trabajadores y jóvenes. Mientras la CGT jugó un rol nefasto, con una convocatoria a paro sobre la hora y sin llamar a movilizar, la concentración expresaba determinación para que no fuese consumado el saqueo. La presencia masiva era la expresión de una continuidad con la movilización que se había realizado el día jueves. La bronca de los manifestantes fue una respuesta a la brutal represión de pocos días antes.
El operativo represivo esta vez incluía no solo desplegar numerosos policías infiltrados en la manifestación, sino también utilizar como carne de cañón a una parte del propio personal policial, a la vez que se apostaban francotiradores con pistolas lanzagases en terrazas de edificios cercanos para emprender una nueva cacería. Como lo expresa el hecho de que al menos cuatro manifestantes hayan perdido un ojo, la Policía tiró apuntando a la cara y no de la cintura para abajo, como indican sus protocolos. Entre los más graves hechos de la acción represiva se cuenta la golpiza propinada a un jubilado indefenso por una horda policial y que un efectivo en moto le haya pasado por encima a un joven cartonero del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Por la noche, y pese a la campaña macartista y de amedrentamiento lanzada por los medios de comunicación adictos al Gobierno (más del 90 % de los existentes), nuevamente decenas, quizás centenares de miles ganaron las calles en cacerolazos espontáneos que se dieron en los barrios más diversos de la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en distintas ciudades del interior del país. Fue llamativo que la consigna más coreada, como señalábamos, fuera “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”. Había mucha rabia y mucha bronca, que llevó a numerosos contingentes de “caceroleros” a marchar desde los barrios a Plaza Congreso, en un desfile de varias horas que solo se frenó a eso de las tres de la madrugada. Un hecho que expresó la erosión de la legitimidad política sufrida por el Gobierno en estas jornadas, que según distintos medios ya surge clara en las encuestas de opinión que maneja el propio Poder Ejecutivo.
Derrotar este paquetazo era posible. Es evidente que no era un enfrentamiento a piedrazos con la Policía lo que podía lograr esto, independientemente de comprender que estos enfrentamientos fueron expresión de una justa bronca popular. Para eso había que desplegar la fuerza del conjunto de la clase obrera en una huelga general con movilización que permitiera expresar la fuerza real de la voluntad popular en las calles. Ese fue nuestro planteo y a lo que se negaron los dirigentes burocráticos de la CGT (e incluso la mayoría de los dirigentes de los gremios que formalmente convocaron a movilizarse), pese a la tendencia a concurrir al Congreso de numerosos contingentes de trabajadores, que impusieron el paro y se movilizaron en distintos lugares de trabajo.

El ataque a la izquierda

Las piedras utilizadas por los manifestantes y las imágenes de un militante del PSTU (un obrero despedido de la General Motors que fue candidato extrapartidario por el FIT en la provincia de Santa Fe) en las que tiraba una bomba de estruendo fueron utilizadas para lanzar una durísima campaña mediática contra los manifestantes en general y contra la izquierda en particular. La campaña, aún en curso, incluye denuncias penales de dos abogados cercanos al PRO contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño por “abuso de autoridad” y otras inverosímiles acusaciones por el estilo. Incluso los responsables de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo y Marcelo D’Alessandro, parecen querer dar nuevos fundamentos a los planteos de Giorgio Agamben sobre el estado de excepción permanente, con sus insólitas declaraciones en las que amenazan con quitar personerías legales a las fuerzas de izquierda que estuvimos presentes en la movilización.
No nos extrañan estos intentos para dar nuevos saltos en la criminalización de la protesta social y en la instauración de un Estado policial por parte de una fuerza política cuyo presidente es parte de un grupo económico familiar enriquecido con el genocidio. Los Macri pasaban de 7 a 47 empresas y lograban la estatización de su deuda privada (como toda la burguesía argentina) mientras en más de quinientos centros clandestinos de detención se torturaba, asesinaba y secuestraba, a la vez que se privaba de su identidad a más de cuatrocientos niños ilegalmente apropiados por la dictadura. O por parte del radicalismo, el otro socio de la coalición de Gobierno, cuyo prócer Arturo Illia (que gobernó con solo el 23 % de los votos en base a la proscripción del peronismo) fue parte en Córdoba de los comandos civiles de la “Revolución Libertadora” de Rojas y Aramburu, mientras que su canciller Miguel Zavala Ortiz tripuló uno de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 y produjeron la muerte de 375 civiles, entre ellos mujeres y niños, y unos dos mil heridos, con el objetivo de deponer y matar a Perón, que había sido reelecto con el 63,4 % de los votos en noviembre de 1951. Tres meses después, en septiembre de 1955, lograrían el primero de esos objetivos e impondrían una proscripción política de dieciocho años para la fuerza con la que se identificaba predominantemente la clase obrera. Credenciales no muy democráticas que digamos, amén de los más de cuatrocientos intendentes que la UCR le dio a la dictadura militar.

Democráticos y autoritarios

Habitualmente, quienes están en el poder recurren a la banal teoría del “agitador externo” para explicar las protestas y el descontento social en su contra. Durante los hechos de la Semana Trágica se hablaba de una conspiración bolchevique a partir de un barco soviético que estaba en el puerto de Buenos Aires. Los medios de aquel entonces publicaban en portada noticias sobre la detención de “los líderes del sóviet” (el principal detenido era un sastre polaco afiliado al Partido Socialista) para justificar el pogromo asesino lanzado por las bandas de la Liga Patriótica y las fuerzas policiales y militares. Se sabe que Onganía, a quien Macri parece querer emular, culpaba a Lanusse del Cordobazo por haber desplegado tarde el Ejército y “a los francotiradores puestos por Aramburu”, en alusión a que entre los detenidos se encontraban miembros de Udelpa, el partido que había fundado el golpista de 1955. De la Rúa y gran parte del radicalismo sostuvieron que las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 (donde los crímenes de 39 manifestantes permanecen impunes) no fueron otra cosa que un golpe de Estado llevado adelante por los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
Las teorías conspirativas que siempre emanan de los servicios de inteligencia (la cloaca del Estado) nunca toman la intervención independiente de las masas, su descontento, su rabia, su transformación en sujeto, como factor explicativo de los acontecimientos. Eso estamos viendo hoy nuevamente en los debates sobre el sentido de los acontecimientos que acabamos de vivir. Son debates que buscan incidir sobre el devenir, por ejemplo limitando el derecho a la protesta y criminalizando a quienes participamos activamente de las luchas del pueblo trabajador y queremos terminar con este sistema de explotación y opresión.
Pero, más allá de esto, quedó en evidencia ante millones, incluso para muchos que lo habían votado, que este es un Gobierno de ricos y para ricos, que no vacila en atacar el bolsillo de los que menos tienen para llenar el de la ínfima minoría social a la que representan. Y en quienes protagonizaron las movilizaciones la sensación de que hay efectivamente una “grieta de clase”. Para nosotros, se trata de desarrollar esas conclusiones para permitir la emergencia en Argentina de una izquierda anticapitalista y de los trabajadores que permita a las masas explotadas superar la experiencia histórica del peronismo y transformarse realmente en alternativa de poder.
Ellos, los “republitruchos”, defienden un aparato judicial corrompido y vitalicio, manejado a carpetazos y por operadores como Angelici y los fondos que salen de los servicios de inteligencia, que en el caso de la Justicia Federal la llevan a beneficiar siempre al poder de turno. Nosotros, la elección directa de los jueces por la población y el establecimiento generalizado de jurados populares. Ellos son parte de una casta política que cobra como gerentes de empresas, mientras nosotros luchamos porque todo funcionario político cobre como un trabajador calificado o como un docente y sea revocable por sus electores. Ellos defienden al Gobierno de los decretos y los vetos presidenciales. Nosotros propugnamos la abolición de la figura presidencial, un rey sin corona, como lo llamó Juan Bautista Alberdi en función de los atributos “cesaristas” que le consagra la Constitución Nacional al “primer mandatario”.
¿Quiénes son los autoritarios y quiénes los democráticos? Como siempre hemos dicho, nuestra lucha por terminar con este régimen político y social basado en la propiedad capitalista de unos pocos a costa de la esclavitud asalariada de la gran mayoría no se contrapone, sino que se ve fortalecida con cada nuevo derecho democrático obtenido. Como decía León Trotsky en Un programa de acción para Francia [5], la lucha por una democracia más generosa facilitará la lucha por el poder obrero, por un gobierno de los trabajadores basado en una democracia de los consejos, el “tesoro perdido” de las revoluciones, según los denominaba HannahArendt.

El “tesoro perdido” de las revoluciones (o de cómo Carrió no leyó a Hannah Arendt)

El carácter antidemocrático de toda república burguesa, donde el derecho al sufragio juega el papel de presentar una ficción de soberanía popular para encubrir el carácter despótico de un poder estatal al servicio de mantener el de una ínfima minoría de propietarios capitalistas, es algo que siempre señalamos los marxistas. Por ello luchamos por una democracia infinitamente superior a la más democrática de las repúblicas burguesas, una democracia de consejos de trabajadores.
La filósofa Hannah Arendt (cuyos libros Elisa Carrió podría alguna vez leer en lugar de utilizar su nombre para un instituto), una adversaria del marxismo, pero lúcida sin dudas, en su clásico trabajo On Revolution reconoció que cada gran revolución histórica (como la estadounidense, la francesa, la Comuna de París de 1871 o las revoluciones rusas de 1905 y 1917) dio lugar a sistemas de consejos populares, que serían la expresión más acabada de la libertad política. Reprochaba a los historiadores no haber tomado nota de esto: “Hasta los historiadores cuyas simpatías estaban, sin lugar a dudas, del lado de la revolución y que no podían dejar de mencionar la aparición de los consejos populares en el cuadro de su historia no los consideraron más que como órganos de naturaleza temporal en la lucha revolucionaria por la liberación; en otras palabras, no acertaron a comprender que el sistema de consejos les ponía en contacto con una forma de gobierno enteramente nueva, con un espacio público nuevo para la libertad, constituido y organizado durante el curso de la propia revolución” [6].
Pero la concepción de Arendt plantea una dicotomía entre el ejercicio de la actividad política y la resolución de “la cuestión social” que muestra el límite de sus planteos, al no comprender que desde Marx no hay libertad política sin libertad económica. Justamente un sistema de consejos obreros y de las masas explotadas sería para nosotros la forma que tomaría el poder en un Estado de los trabajadores. Sobre la base de la expropiación del puñado de capitalistas que mantiene el control de los recursos estratégicos de la economía, permitirían la centralización de los medios de producción y que sean las propias masas las que decidan democráticamente su propio destino, participando no solo en la deliberación política cotidiana (con representantes que serían revocables y que ganarían lo mismo que un obrero calificado, según estableció la Comuna de París y luego los sóviets rusos), sino en la planificación democrática de la economía.
Un régimen de tal tipo solo puede surgir de una voluntad mayoritaria de las masas explotadas y de ninguna manera producto de alguna acción de tipo “putchista”. La idea de Lenin sobre la necesidad de un partido de vanguardia no dice que una fuerza minoritaria pueda hacerse del poder, como sostienen en forma de caricatura sus críticos vulgares, sino que esa fuerza que expresa a los sectores más avanzados de la clase obrera debe ganar el liderazgo revolucionario de las masas obreras y explotadas para poder plantearse la conquista del poder, cuestión que inevitablemente tendrá que vencer la resistencia de los explotadores y de su aparato de dominación. Por ejemplo, los bolcheviques eran ya mayoritarios en los sóviets cuando estos tomaron el poder en octubre de 1917. Conquistar esa mayoría es una tarea que tenemos aún por delante.
El país ha vivido días de fuerte conmoción política. Nada será igual después de estas jornadas. Como efecto colateral, se evaporaron los devaneos sobre la “nueva derecha democrática” y la “hegemonía macrista”. Amplios sectores de la clase trabajadora y el movimiento de masas han tomado conciencia de sus propias fuerzas. Las peleas que se vienen, empezando por la reforma laboral, parten de la experiencia que han dado estas jornadas de lucha. No le será fácil al Gobierno de los ricos y los republitruchos y democraticidas continuar imponiendo su política de saqueo y robo descarado a las masas populares.

Christian Castillo
Emilio Albamonte

[1] “Un huracán que reconfiguró el mapa de poder”, Carlos Pagni, La Nación, 21-12-2017
[2] “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición” (Artículo 22, Constitución Nacional). Este artículo expresa una concepción que los socialistas siempre hemos cuestionado.
[3] Ver From Thomas Jefferson to John Cartwright, 5 junio de 1824.
[4] La Nación, 03-08-2017
[5] León Trotsky, Un programa de acción para Francia, junio 1934.
[6] Hanna Arendt, On Revolution, PENGUIN BOOKS, Londres, 1990 (hay versión en español: Sobre la revolución, Alianza Universidad, Buenos Aires, 1992).