Primer test match: Bancarios 1 – Gobierno + patronales 0

Panorama sindical

La Asociación Bancaria le torció la mano al Gobierno nacional y a la banca internacional logrando un acuerdo paritario acorde a las expectativas del gremio. Sumando diferentes ítems el aumento será de 24,28% con una cláusula para actualizar de acuerdo a los índices inflacionarios.
Tras una extenuante jornada que el jueves pasado comenzó por la mañana y terminó cerca de las nueve de la noche, previa al paro convocado por 72 horas, finalmente se llegó a un acuerdo en donde se impusieron los términos firmados y sostenidos por los bancarios. Sumando diferentes puntos, el aumento final del salario de un trabajador bancario se verá incrementado en un 24,28% (4% ya pagado, más un 19,5 % a pagar ahora). De este modo el salario inicial quedará en $ 24.397, a lo que se suma la participación en las ganancias, con lo cual redondeará una cifra de $25.500.
Además se acordó una actualización de acuerdo a la inflación. “En el caso de que el índice de precios al consumidor (INDEC) supere el 19,5% referido el salario de cada trabajador se incrementará automáticamente en el porcentual de la diferencia en el mes correspondiente, que se abonará con el correspondiente retroactivo al 1° de enero de 2017”, informa un comunicado del sindicato.
A la salida de la reunión el titular del gremio, Sergio Palazzo, declaró: “Hemos logrado un reconocimiento. El Gobierno tenía otra expectativa a la que hemos superado. Me imagino que de aquí en más el resto de las organizaciones gremiales tendrán en cuenta este acuerdo”, disparó.
Para despedirse dejó la frase que será un mensaje político contundente: “Techos tienen las casas, los trabajadores tenemos paritarias”.

Segundo test match

El titular del Suteba, Roberto Baradel, insistió en que: “El Gobierno debe convocar a una paritaria nacional, para cumplir con la ley y establecer un piso salarial nacional”, luego de un encuentro con delegados docentes en la ciudad de Mar del Plata.
“El 23 de febrero tenemos el congreso de Ctera y vamos a sacar seguramente un plan de acción si no hay avances”, agregó el dirigente. Al tiempo que reclamó “una nueva convocatoria” a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, “para discutir la recomposición del salario, entre un 8 y un 10%, y un aumento sobre la inflación proyectada del 25%”.
Baradel reiteró “el rechazo” a la propuesta de aumento del 18% realizada por el gobierno provincial, “porque en realidad es un aumento del 4,5 por trimestre y se aplica al salario descontando previamente el incentivo docente”.
Al respecto, entre jueves y viernes se llamaría a una reunión en La Plata. La idea de los funcionarios es buscar algún mecanismo para “recuperar” algunos puntos que reclaman los sindicatos por el desfasaje con la inflación de 2016. Además, establecer mecanismos para “elevar en el bolsillo” ese 18% que el Ministerio de Educación ahora define como “piso y no como techo”.
El Secretario General de la UDA porteña, Norberto Cabanas, indicó que durante la reunión que los docentes mantuvieron este miércoles en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se les solicitó a las autoridades que se “eleve al Gobierno nacional el pedido para que Esteban Bullrich convoque a la paritaria docente federal para fijar el piso salarial de todo el país”.
En ese sentido, el dirigente advirtió que “de lo contrario, la conducción nacional de UDA ratificó que no iniciará las clases en el mes de marzo realizando un paro de 48 horas los días 6 y 7”. Respecto a la discusión paritaria de los docentes porteños, Cabanas indicó que “no se firmará ningún acuerdo jurisdiccional hasta tanto no se resuelva la situación nacional”.
Por su parte Jorge Adaro, secretario General de Ademys señaló: “No se le dio tratamiento al tema salarial. Tampoco se dio respuesta a ninguna de las urgentes problemáticas de la docencia”.
Los ministros provinciales de Educación pidieron a Esteban Bullrich que revea dos decisiones: que Nación actualice el incentivo docente que este año seguirá, como en 2016, en 1.210 pesos y que no recorte el Fondo compensador con que se asiste a las provincias para pagar sueldos educativos. Bullrich les contestó que es una decisión tomada y que no habrá marcha atrás: congela el “incentivo” y reduce un 25% el compensador. El recorte es de $ 480 millones, respecto al año pasado, y afecta a 7 provincias, mientras el “incentivo” lo reciben los docentes de todo el país y era un componente salarial.
En Misiones, la UDPM acordó un incremento salarial del 13% a pagar con los haberes de febrero. Un maestro de grado que recién se inicia pasará a cobrar $ 9.672 de bolsillo.
La UDA nacional manifestó su rechazo “porque condena a los educadores a salarios de pobreza, debido a que ni siquiera llega a cubrir el índice inflacionario”.
Por otra parte, el plenario de secretarios generales de las 25 asociaciones de base agrupadas en la Conadu (docentes universitarios) decidió un plan de acción gremial con vistas a la próxima negociación paritaria y exigió una recomposición salarial del 35%.
La organización, que lidera Carlos De Feo, denunció “la pérdida del poder adquisitivo de los docentes en 2016 como consecuencia del incumplimiento oficial de la cláusula de monitoreo de inflación, que requería una recomposición de los haberes, y de las previsiones para este año”, puntualizó un documento de prensa.
La Conadu rechazó la imposición de “techos” y “la deslegitimización de las paritarias” y decidió movilizarse con los gremios docentes el 6 de marzo próximo -día de supuesto inicio de clases- para exigir “la apertura de las negociaciones nacionales a fin de aumentar el piso salarial en todo el país y desarrollar los programas socio-educativos y de formación” de la actividad.
También participará al día siguiente en la movilización convocada por la CGT hacia el Ministerio de Producción, en el marco de “la unidad del movimiento obrero y en defensa de los puestos de trabajo y de las paritarias libres y sin topes”, y en la huelga de mujeres del día 8 junto a la CTA y varios sindicatos, para lo cual se suspenderán las actividades a partir de las 13:00 de ese día y se realizarán acciones en los lugares de empleo y marchas en todo el territorio.
Además, el gremio exigirá la designación de los dos directores del Conicet, electos por los investigadores del organismo, y participará el 1º de marzo próximo en la Feria de Ciencia y Tecnología y en la apertura de sesiones del Congreso Nacional.
“El plenario rechazó el ajuste en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que procura reducir al 50% la incorporación de investigadores, y defendió la Universidad pública; exigió la reincorporación de los 20 docentes despedidos en la Universidad de La Matanza y rechazó la persecución gremial a los integrantes del sindicato en la Universidad de Chaco Austral”.

Inflación

En medio de la fuerte polémica alrededor de la paritaria docente y la obsesión del gobierno por fijar un techo para todo el movimiento obrero del 18%, el Indec difundió los datos de inflación del mes de enero. Según el IPC, durante el primer mes del año los precios en los conglomerados urbanos de todo el país se incrementaron en un 1,3 %. La cifra, anualizada (aplicando ese incremento a cada uno de los meses del año en forma acumulativa) arroja una proyección del 16,8% de inflación pautada para 2017. La medición empalma con los pronósticos pautados en el proyecto de Presupuesto y con la pauta salarial que el gobierno busca imponer a toda costa.
De hecho, los registros del Indec para el mes de enero difieren sensiblemente de las mediciones que registraron consultoras privadas, organismos públicos y sindicatos al igual que las proyecciones que de ellos se infieren.
Como no ocurrió jamás desde la normalización del Instituto, el IPCBA, que mide la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y que ha sido utilizado como referencia por el gobierno actual cuando era oposición durante todos los años en los que la gestión que respondía a Guillermo Moreno manipuló los registros oficiales, se ubicó casi un 50% por encima de lo estimado por el organismo oficial plasmando un 1,9% para el mes de enero del que se infiere una proyección anual del 25,3% perforando los pronósticos oficiales y poniendo en cuestión el techo de aumento para las paritarias.
Pero, además, otras mediciones con las que también se referenciaba el PRO en su etapa opositora también difieren de la medición oficial. El denominado IPC Congreso, que difundía la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando oficiaba de diputada en el Parlamento, arrojó un incremento mensual del 1,6% con una proyección anual del 21% coincidiendo con la medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la CGT.
La consultora Inflación Verdadera, que se ufana de lograr reconocimiento de instituciones internacionales, dio como resultado para el mes de enero un 2,3% llevando la inflación anual hasta un 31%.
Por último, la medición de la consultora IPC on line, que asegura lograr la cobertura de un 76.36% de los datos del IPC oficial con 16.480 productos y 61.683 precios relevados, arrojó un incremento entre diciembre y enero de un 2,56%, duplicando el registro oficial para el mes y generando una proyección de 34,4% para todo el año.
Las divergencias alrededor de la medición de enero tienen un alcance político clave para el gobierno. Se trata de la referencia que va a atravesar el debate de la paritaria docente que, a su vez, será la referencia para todas las discusiones salariales posteriores.
Según las diversas proyecciones, una paritaria del 18% podría consagrar una pérdida del salario real de entre un 3 y 16% que se sumaría a la pérdida acumulada en 2016 de hasta un 10%.

Un gobierno de pillos

Ante el escándalo por la condonación de deuda al Correo y después de más de una semana de silencio, el presidente Mauricio Macri, anunció en conferencia de prensa que le ordenó al ministro de Comunicación que se consulte a expertos internacionales, al Congreso y a la Auditoría antes de firmar un nuevo acuerdo con su padre, Franco Macri. “Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo”, concluyó el Presidente en una definición de una gestión plagada de “errores” y marchas atrás. Luego de los cuestionamientos a la resolución de la Anses que rebajó de 12,96% a 12,65% el aumento semestral a jubilaciones, pensiones y asignaciones, Macri confirmó que se anuló la disposición. Dijo que se trató de “un tecnicismo matemático”, pero dejó abierta la puerta para insistir en ese cambio al plantear que “quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley”. Según una encuesta publicada el domingo por Página 12, el 60% de la gente piensa que el caso del Correo Argentino fue un acto de corrupción. Solo el 15% considera que estuvo bien. Además, 7 de cada 10 no creen que el Presidente “no estaba al tanto”. El anuncio del nuevo cálculo de las jubilaciones hizo peligrar la sanción de la Ley de ART en Diputados. A priori, Cambiemos contaba con el respaldo de sus habituales aliados y del Bloque Justicialista, de parte del Frente Renovador y del peronismo misionero.
Pero la intromisión del tema de la resolución de la Anses generó la decisión de estos tres bloques de abstenerse en la votación; en tanto que el Frente para la Victoria-PJ, que ya había anticipado su rechazo al proyecto se levantó de sus bancas y siguió la votación desde el recinto sin participar.
Así, Cambiemos se impuso en la votación por 88 afirmativos, contra 23 negativos y 44 abstenciones; en tanto que las ausencias sumaron 97.
Las dos espadas sindicales que validaron la reforma surgieron de bloques “opositores”. Por un lado el titular de la CGT, y legislador del Frente Renovador, Héctor Daer, que a diferencia de compañeros sindicalistas de su bancada como Facundo Moyano y Jorge Taboada votaron en contra. Y por otro Alberto Roberti, dirigente petrolero y miembro del Bloque Justicialista, que lidera el también gremialista del SMATA Oscar Romero y se referencia con Diego Bossio.
Al cierre del debate Daer justificó su respaldo y el apoyo de la CGT al proyecto con el fin de reducir la litigiosidad.
Más enfático y con argumentos propios de la UIA, Roberti también salió en defensa de la norma. “Es el camino adecuado para, por lo menos, atacar la catarata de juicios que se están llevando puestos a los trabajadores y a las pymes, que también padecen sus consecuencias”, dijo el también titular de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Sin embargo, jueces del trabajo, abogados laboralistas, académicos y representantes gremiales se reunieron para debatir el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri de modificación del régimen de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) así como también el Proyecto de ley que tenía media sanción en el Senado. El encuentro fue realizado en la sede de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET), organizado por el Profesor Julio Neffa, investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet y uno de los académicos vinculados al mundo del trabajo de mayor prestigio.
“Yo no soy contrario a la búsqueda de un sistema eficiente y ágil, que evite la judicialización masiva, pero tampoco se puede impedir el acceso directo a la Justicia. Bajo el nuevo sistema que se propone, los únicos perdedores son las víctimas de infortunios en el trabajo”, comenzó Luis Raffaghelli, juez nacional del Trabajo. “Más allá de la inconstitucionalidad de origen del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), su contenido merece análogo cuestionamiento. El Gobierno parte de premisas falsas y arriba a conclusiones igualmente falsas. Se ideologiza la siniestralidad y no advierte el sub registro de las enfermedades laborales. Lo más complicado del DNU es la definición de la instancia previa, la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas, que vulnera la Constitución Nacional y el derecho a la defensa. La solución no se encuentra cerrando los tribunales e imposibilitando el acceso al juez natural. El decreto además crea un farragoso sistema que eterniza los conflictos”, agregó el juez. “Para reducir la litigiosidad hay que profundizar estudios de medicina del trabajo, de derecho del trabajo, de derecho de daños, en seguridad e higiene y fortalecer la cultura de prevención. Hay que legislar para el bien común. Eso no se logrará persiguiendo a la baja los costos laborales y alejando a los más débiles del juez natural”, cerró Raffaghelli.
Jorge Andrés Kohen es director del posgrado de Medicina del Trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario e integra el Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario. “La necesidad y urgencia de la modificación legislativa es sólo de las compañías de seguros y de los bancos, que son los dueños de tres de las cinco aseguradoras de riesgo de trabajo más importantes. Es una clara ofensiva para lograr la flexibilización laboral”, señaló.
“La discusión sobre la litigiosidad encierra conceptos absolutamente falsos. Se coloca como víctima al sistema financiero y a las ART y de victimarios a los trabajadores y a los profesionales que defienden los derechos de los trabajadores, cuando uno de cada tres empleadores no cumple con las condiciones básicas de higiene y seguridad y las causas principales de los reclamos tienen que ver con los rechazos de las ART y de las comisiones médicas a los reclamos de los trabajadores afectados”, agregó Kohen. También advirtió que el alargamiento de los plazos de resolución de los conflictos (que se espera que suceda si prospera la Ley) representa una suculenta ganancia financiera para las ART. “En la discusión pública es imprescindible desplazar el eje del riesgo desde la ‘competitividad empresaria’ hacia la salud de los trabajadores”, concluyó el académico.
“El sistema de empresas privadas que manejan el sistema de riesgos del trabajo está presente sólo en la Argentina. Hay que hacer cambios de fondo. Buena parte de la judicialización tiene que ver con el no reconocimiento de las enfermedades laborales. De una vez por todas hay que determinar que los trabajadores argentinos tienen psiquis. La salud no es una mercancía a vender sino un bien a defender mediante la prevención”, analizó Carlos Rodríguez, ex Ministro de Trabajo de Santa Fe.
“El DNU constituye un viraje regresivo para tratar de reeditar la Ley de Riesgo de Trabajo, que es fruto del auge del neoliberalismo y que como ninguna otra norma evidencia el absoluto desprecio hacia el trabajador y la trabajadora. De hecho tiene el triste privilegio de ser la ley con más tachas de inconstitucionalidad. Como esa norma, el decreto establece nuevamente la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas que dependen de las ART”, planteó Luis Federico Padín, abogado de trabajadores. “El DNU y la ley que tiene media sanción obligarían a trabajadores del interior del país que se accidentaron a recorrer cientos de kilómetros para acceder a las comisiones médicas, que en muchos casos sólo están presentes en las capitales provinciales. Además, modifica un tecnicismo que constituye una perversidad: si el trabajador decide apelar la decisión de la comisión médica, ese recurso tiene efecto suspensivo. Es decir que el trabajador que apela no cobra un peso hasta tanto se resuelva en instancia superior. Esto constituye un abuso del estado de necesidad y no resiste el menor análisis constitucional”, cerró Padín.
El juez nacional del Trabajo Roberto Pompa subrayó que “desde 1994 no vi ni un sólo caso donde la comisión médica de la ART haya reconocido al trabajador accidentado un grado de incapacidad mayor al realmente existente. Y diría que el ciento por ciento de los casos judiciales reconoce una incapacidad mayor que la comisión médica. Entonces no podemos hablar de una industria del juicio sino de una industria del incumplimiento de parte de las ART”.

Movilización metalúrgica

El martes la UOM se movilizó al Ministerio de Trabajo. Lo más urgente era la situación de los trabajadores de la fábrica Banghó de PC Arts, ubicada en la localidad de Florida, que atraviesa despidos masivos y vencía la conciliación obligatoria de 15 días.
También se hizo presente una delegación de trabajadores de AGR-Clarín que se acercó a solidarizarse con los trabajadores despedidos de Banghó y el próximo 22 de febrero a las 14:30 marcharán a la Plaza de Mayo junto a la Federación Gráfica Bonaerense desde la sede del gremio en Paseo Colón 731 para “exigir a las más altas autoridades nacionales que intervengan” en el conflicto de AGR, de acuerdo a un Plenario de Delegados en donde se tomó la decisión el pasado jueves.
El único orador del acto fue Antonio Caló que anunció que luego de la lucha que dieron los 283 trabajadores de Banghó por sus puestos de trabajo tendrán que conformarse con suspensiones y una reducción del 30 % de sus salarios. Un arreglo parcial que estira la situación de incertidumbre para los trabajadores, quienes ahora deberán permanecer fuera de las instalaciones, con el antecedente de que la patronal intentó vaciar la fábrica durante el receso de verano.
Otro de los anuncios de Caló fue referido a la presentación de las paritarias el 1º de marzo donde el dirigente ya adelantó que pedirá un 18 %, muy por debajo de la inflación y a tono con el techo que quiere imponer el Gobierno. Para los dirigentes del sindicato la prioridad a resolver son los aranceles a la importación, una demanda de las patronales industriales del sector.
“Esta protesta es para demostrarle al Gobierno que no vamos a soportar más apertura a las importaciones”, vociferó Caló al iniciar su discurso en el que consideró que el acuerdo con Banghó “fue lo mejor posible”.
Y continuó: “La UOM soportó en los últimos meses nueve mil despidos y quince mil suspendidos, los cuales ahora cuando llegue marzo no sabemos si van a tener trabajo”.
Caló concluyó con un mensaje para la administración de Macri: “No sirve la rebaja de aranceles a los productos de origen extranjero. Basta de importaciones”.
Sin embargo, el lunes el Gobierno nacional oficializó la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado el año pasado, y que generó fuertes críticas entre los empresarios y sindicatos locales.
Entre los considerando del Decreto 117/2017, publicado en el Boletín Oficial, se afirma que la medida “redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”.
El Decreto abarca la importación tanto de computadoras portátiles como accesorios
informáticos y de telecomunicaciones que, desde mañana (martes 21/2), quedarán exentos del pago de derecho de importación. La medida fue anunciada el año pasado por el Gobierno con el objetivo de reducir el precio de esos productos en el mercado interno, dada la diferencia con respecto a otros países.
Según el dirigente metalúrgico y Secretario del Interior de la CGT, Francisco “Barba” Gutiérrez, son 10.000 los trabajadores metalúrgicos que están empleados en la industria informática y que perderán su puesto de trabajo.
“La apertura indiscriminada de las importaciones es una maniobra del gobierno, que procura flexibilizar mano de obra y convenios y reducir el costo laboral. Ello destruirá la producción local y el trabajo argentino. La desocupación ya superó el 10%. Ya cerraron 5.800 empresas industriales y 2.000 comercios. El mundo desarrollado pelea por el trabajo. No pueden abrirse las fronteras”, aseguró Gutiérrez.
Paralelamente, los trabajadores de la fábrica de tubos Siderca, confirmaron el despido de 8 trabajadores el día anterior a la movilización de la UOM.
La empresa propiedad de Paolo Rocca comenzó con un plan de readecuación donde en los últimos dos años redujo a la mitad la cantidad de operarios en la planta. Durante todo el año pasado, 189 trabajadores estuvieron suspendidos percibiendo el 50% de su salario real, después de haber sido reincorporados en diciembre del 2015. El reingreso de los operarios se hizo bajo una mayor flexibilización laboral en toda la planta, aumento de los ritmos de producción, polifuncionalidad y con el despido encubierto (retiros voluntarios) de cientos de operarios que no soportaron las nuevas condiciones laborales ni el salario reducido.
Este 2017 Siderca-Techint se prepara para encarar ventas de miles de toneladas de acero basados en la relativa estabilización del precio del petróleo. Antes de comenzar con la nueva modalidad flexibilizada se despachó con telegramas a los trabajadores que aún se encontraban suspendidos. Según los trabajadores “después de la negociación que se llevó a cabo en la conciliación, los trabajadores del sector pool, creado el 19 de diciembre del 2015, fueron despedidos”.
A su vez denuncian la complicidad de la conducción del sindicato metalúrgico de la zona para confirmar los despidos: “La seccional Campana encabezada por el secretario general y diputado nacional por el FpV, Abel Furlán, junto a su secretario Ángel Derosso se pusieron de acuerdo con la empresa para que 8 familias estén en la calle”. La indignación de los trabajadores también se expresó en la información que hicieron trascender a los medios “es insólito que en el día de mañana se convoque a una marcha a Capital en repudio a los despidos y a favor de la industria cuando el mismo gremio avaló el despido de estas familias”.
La última fábrica de llantas del país cerró sus puertas definitivamente. Mefro Wheels, la firma de origen alemán que mantenía una planta en la zona sur de Rosario, llegó a un acuerdo con los 170 trabajadores: recibirán una indemnización que solo alcanza el 60% de lo que marca la ley.
“Nos mataron las importaciones”, lamentó Miguel Valentino, delegado de los trabajadores. “La importación es indiscriminada. Si seguimos así vamos a volver a los 90”, alertó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario.
Producían unas 350 llantas por hora, unas dos mil por turno de las que usan los autos más grandes y unas tres mil de las que emplean los vehículos más pequeños.
Antes los galpones les quedaban chicos, las llantas listas para entregar se apilaban también afuera; hoy el depósito de unos 40 metros por 30 está casi vacío.
No sólo hay que contabilizar los empleos de Mefro, la implosión de la fábrica, alertan, perjudicará también a pequeñas empresas proveedoras de insumos como chapa, guantes y pintura.

Actividad económica

Cuándo se indaga de dónde brotará el crecimiento, los funcionarios suelen contestar “de la obra pública”. Sin embargo, la mayoría de los cálculos de los economistas señala que el peso de la obra pública es alrededor de 3%, o sea, que si la inversión en infraestructura crece 40%, el PBI se expandirá un 1,2%, que descontada la inflación (25%) se transforma en un crecimiento de 0,4 puntos. Esto sucede porque el consumo es el rey del PBI en la Argentina y explica alrededor del 70% de su crecimiento. No obstante, sí podría aumentar la demanda de empleo, sobre todo en la construcción, donde según el Ministerio de Trabajo, hoy existen 33.117 puestos de trabajo menos que hace un año atrás. Las licitaciones de obras públicas comenzaron a mostrar ritmo y en diciembre rozaron los $ 25.000 millones, pero la puesta en marcha tiene un rezago de cuatro a seis meses.
Una encuesta del Indec hecha a fines de enero entre empresas industriales señala que el 73% no espera cambios en la dotación de personal respecto del año pasado y un 17,3% que disminuirá, es decir, que el 90,6% no prevé aumentar el empleo, lo cual es previsible, dada que la caída del consumo en 2016 fue de alrededor del 4,7%.
Enero y febrero continúan con la tendencia negativa. La merma en el primer mes del año habría sido del 5% o 6% y en febrero se espera algo parecido.
Hay una mayor concentración del consumo en los sectores de mayores ingresos. Los economistas de ACM Consultores dicen que: “Estos sectores se beneficiaron de la mayor rentabilidad del sector agropecuario y de la renta financiera, de un efecto positivo por las medidas adoptadas en relación al impuesto a las Ganancias y parte del dinero del blanqueo que pudo haberse volcado hacia bienes registrables como los inmuebles y los automotores”.
En cambio, agregan, “el salario real privado registrado recibido en todo concepto promedio cayó en el orden de 5% durante 2016 según estimaciones propias y esto arrastró el consumo corriente. En suma, la mejora de determinados sectores parece no compensar en consumo a la caída de ingresos del resto de la población, donde a la caída del salario real del sector privado hay que agregarle un retroceso aún mayor de los salarios del sector informal, como así también el mayor costo impositivo que tuvieron que enfrentar aquellos monotributistas que fueron reempadronados como responsables inscriptos por la no actualización de las escalas”.
En enero, el rubro turismo tuvo salidas por U$S 1.433 millones (+ 56%) que llevaron al máximo histórico de demanda por tal concepto. También hubo un importante incremento del 23% de los pagos por importaciones. A modo de ejemplo, en 2016 se vendieron 800.000 heladeras, un 7,5% menos que en el año anterior. Al propio tiempo que aumentó el ingreso de heladeras importadas, que pasaron de 30.000 unidades a 100.000 en doce meses.
Pero la delantera se la lleva la industria automotriz con un egreso anual de U$S 1.096 millones (U$S 390 millones en 2015).
La última medida que tomó el Gobierno a fin de “transparentar” los precios con financiación, no está claro que logre repuntar el consumo.
Para Carlos Rodríguez, fundador del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA): “Es una medida que está destinada a bajar la tasa de inflación a lo que venga. Esperaban que el precio financiero siga constante y baje al contado. La gente solo se fija si puede pagar la cuota, pero el INDEC registra los precios de contado, entonces obtuvieron una pequeñísima baja de la inflación a costa de una fuerte caída de las ventas”.

Empleo y salarios

Un informe del Ministerio de Trabajo sobre la evolución del trabajo formal durante los últimos cinco años (2012-6) señala que “la evolución de los trabajadores del sector público presenta una tendencia expansiva a lo largo de todo el período, aunque en 2016 se percibe una desaceleración del crecimiento”. Entre enero de 2012 y noviembre de 2016, creció un 22%, con la incorporación de 566.000 trabajadores y una tasa anual del 4%, aunque para noviembre ya lo hacía apenas al 0,8% anual. Para 2017 se espera congelar vacantes.
También el trabajo privado muestra un crecimiento a lo largo del período analizado de un 4,7%, lo que implica la incorporación de 383.000 trabajadores, de los cuales 198.000 (52%) corresponden a trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo, 107.000 (28%) accedieron a empleos en empresas y 65.000 (17%) son de casas particulares. No obstante, el empleo privado formal ya se había plantado en 2012. Para 2017 habrá recuperación en la construcción, servicios y comercio, pero poca demanda en la industria.
De tal forma, solo uno de cada cuatro nuevos trabajadores privados están en relación de dependencia y, si sumamos el sector público, solo uno de cada diez pertenece al sector asalariado privado.
En materia salarial, a noviembre de 2016, los 6.400.000 trabajadores formales en el sector privado percibieron en promedio un sueldo bruto de $ 20.658, pero la mitad menos de $ 16.584, cercano al valor de la canasta de pobreza. El salario real promedio cayó en los últimos 3 años: -6,5% en 2014, -0,2% en 2015 y otro -3,5% en 2016.
Según datos de la AFIP, la industria tiene actualmente 38.000 trabajadores menos y la construcción 35.000 menos que a fines de 2011. El agro tiene la misma cantidad de trabajadores y hubo un incremento en los servicios.
Creció el número de monotributistas (200.000), de los cuales unos 60.000 corresponden a 2016. Así, el sector público y el monotributo concentraron el aumento del empleo formal.
Por último, según un estudio de Tiempo Argentino, publicado en su edición del pasado 15 de enero, los aumentos de servicios y tarifas significan para un consumidor promedio subas de $ 1.100 por mes. “Los números son relevantes si se tiene en cuenta que la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec estableció que la mitad de los individuos que tiene ingresos percibe menos de $ 8.000 por mes”, señala. Además, la mayoría de las paritarias comienzan a negociarse a partir de marzo, es decir, que durante el primer trimestre deberán afrontar precios más caros con el mismo salario del año pasado, a lo cual se agregan las subas propias de la época como servicios turísticos y la cuota de los colegios privados.

Tierra del Fuego

Se observa una fuerte caída del empleo en Tierra del Fuego (12,5%) y en Santa Cruz (10,3%).
La presidente de la Cooperativa Renacer. Mónica Acosta, aseguró que la crisis industrial se sigue agudizando en Tierra del Fuego. “La actividad principal es la fuente de empleo y no está garantizado lo básico, por todas las políticas que nos están inundando, desde la apertura de importaciones, que conspiró contra gran parte de nuestros productos; el carácter recesivo de la crisis; la no continuidad de contratos históricos como el fasón de Newsan luego de diez años ininterrumpidos”, informó.
“Las ventas en los productos de electrónica sigue cayendo y las políticas han acotado las perspectivas de fabricación en la isla a sólo tres productos, básicamente celulares, aire acondicionado y televisores. Nosotros de esos tenemos solamente televisores pero tampoco hemos firmado contratos para este año”, expresó.
“Nuestro punto de equilibrio sería fabricar los mismos electrodomésticos que fabricábamos el año pasado para sustentar 180 familias. Pero de esos 23.500 que fabricábamos por mes, pasamos a una producción de 8.000 productos mensuales. Es una producción muy modesta. En enero tuvimos que hacer un parate obligado”, expuso.
Por otra parte fue consultada sobre la pérdida de puestos de trabajo en la industria, que la UOM estima en seis mil, y aseguró que “son muchos más. Esa cifra es de Río Grande, donde se vive la crisis con más gravedad y ambos cónyuges han perdido el empleo en forma simultánea”.
Dio a conocer que personal de la Aduana de San Sebastián “me dio información de que, desde el 15 al 30 de diciembre se ejecutaron más de 300 mudanzas por tierra, y es gente que se fue por la pérdida del empleo industrial. En los primeros quince días de enero había otras 200 mudanzas más. En total fueron 500, en un mes. Esto sigue pasando y marzo va a ser un mes bisagra, porque se van a terminar de conocer cuáles son las licencias no automáticas de productos importados, que está vinculado al tema informática, una de las partes más críticas”, advirtió.
En Santa Cruz, la usina de carbón de Río Turbio se encuentra detenida hace casi un año y solo unos pocos operarios se ocupan del mantenimiento básico.
Los cuatro sindicatos con actuación en la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), y autoridades empresarias, comparecieron en el Ministerio de Trabajo de la Nación, por la denuncia de los Convenios colectivos de trabajo, que es intención empresaria modificar en función de la productividad, explicaron fuentes gremiales, que rechazan la medida.
“Nosotros decimos claramente que no se va a modificar nada mientras la empresa no se ponga al día con todas las deudas que tiene con los compañeros de trabajo, y la empresa tenga una producción segura”, dijeron desde la representación de la seccional Río Turbio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Las cuatro representaciones sindicales pidieron por la reincorporación de los 79 trabajadores despedidos por la empresa, que reiteró el compromiso asumido en una reunión con el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, de que elevará el informe respectivo.
La subsecretaría de Relaciones Laborales fijó una nueva audiencia para el jueves 9 de marzo a las 13:00 en la sede central de esa cartera laboral.

Cifras en la CABA

Según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en un año, aumentó del 52% al 56,3% la cantidad de ocupados porteños que se desempeñan en puestos de baja calificación. También disminuyó la población asalariada que, de abarcar al 77,7% de los ocupados en el tercer trimestre de 2015, descendió al 75,4% en igual período de 2016 (81% en 2014). En un año la desocupación porteña subió del 7,2% al 9,8%, pasando de 119.403 personas en el tercer trimestre de 2015, a 165.851 un año después. A su vez, “el 50,7% de los hogares tiene jefe asalariado y otro 18,2% trabajador independiente, lo cual implica que el 31% de los hogares tiene a su jefe inactivo o desocupado”. Al 22,1% de los jefes de hogar asalariados su empleador no le realiza descuentos jubilatorios, o sea, que se desempeña en condición de precariedad.
Por último, el personal de los hospitales metropolitanos agrupado en la filial porteña de la ATE paralizó el viernes las tareas en todos los establecimientos “en defensa de la salud pública y la convocatoria a paritarias”, entre otras demandas, y anunció una nueva huelga de 24 horas para el jueves 23.

Mario Hernandez