La ley cede en comodato por 99 años la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria y crea un órgano de gestión. Es el resultado de la lucha de un colectivo de militantes, organizaciones y ex detenidos desaparecidos.
Durante meses, los integrantes del colectivo de organizaciones se reunieron para evaluar las diferentes opciones.
“Colectivo. Nunca la primera parte de un nombre fue más apropiada para un grupo de militantes: somos parte de un grupo abierto, plural y participativo que brega por continuar el proceso de lucha impulsado por los y las sobrevivientes, por los hijos e hijas que dejaron generaciones de militantes, trabajadores y estudiantes de los 70, por los nietos que recuperaron su identidad y los que todavía faltan. Por los jóvenes de ayer que se encarnan en los jóvenes de hoy, por esas luchas que empezaron en el pasado pero que continúan en el presente.” Con estas palabras, Mirta Taboada, periodista e integrante de la Asociación Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, da cuenta de algo que la define, como posiblemente también defina al resto de los compañeros y compañeras de ese Colectivo: una identidad que se ancla en la lucha por los derechos humanos.
La transformación del Pozo de Quilmes en un Sitio de Memoria fue una lucha generada por un Colectivo de militantes, organizaciones y ex detenidos desaparecidos que quisieron recuperar ese espacio físico que constituyó un centro clandestino de detención y tortura, uno de los eslabones en el plan sistemático de la última dictadura cívico-militar. Recuperarlo para recuperar su historia y sostener la memoria de quienes ya no están, una memoria que ayuda en la comprensión del presente.
Durante meses estuvieron codo a codo, cada semana reuniéndose en la Asociación Civil Colectivo de a Pie, a pocas cuadras de la estación de Quilmes, para pensar juntos los caminos a transitar. Esa casa –y otra vez la palabra Colectivo teje una lógica de redes– fue un lugar posible para la construcción de un proyecto de ley que hiciera realidad el objetivo soñado. La casa cobijó durante meses las reuniones, acunó deseos y despertó miradas en común. Fue ahí donde el Colectivo creció y se fortaleció en las multiplicidades y diferencias. “Que la sede de reunión haya sido el Colectivo de a Pie nos dice algo”, señala Mirta. “Nos habla de los lazos que se tejen entre las distintas organizaciones sociales y nos recuerda que frente a los avances de modelos que perjudican a una mayoría en beneficio de unos pocos, nacen –pueden nacer– experiencias colectivas como ésta”.
El derecho a la memoria de las nuevas generaciones se construye en ese acercar el pasado al presente para revelar sus huellas y consecuencias. La memoria interpela y da respuestas. Ese fue el norte, el horizonte para pensarla y entenderla como una práctica de resistencia. “La imagen del chalet en la esquina de Allison Bell y Garibaldi –sigue Mirta– forma una parte sustancial de la identidad del Colectivo. Se convirtió, por votación de sus integrantes, en su símbolo visual. La gestión del edificio desde la propia comunidad civil significa recuperar un lugar del control de una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires –la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes– que formó parte del entramado de poder represivo durante el Terrorismo de Estado cuando era la Brigada de Investigaciones. Un lugar que, como tantos todavía hoy, están vinculados a abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. Su conversión en Sitio de Memoria implica también llenarlo de sentidos y prácticas desde una perspectiva donde la memoria y los derechos humanos abren el camino hacia la defensa de otros derechos”.
Narrar esa memoria, documentar esa historia y traer testimonios de sobrevivientes y testigos es dar paso a una construcción colectiva que rompa el silencio. Porque la memoria es una trama de relatos que se tallan en la historia. Y porque “son los y las sobrevivientes, algunos de ellos integrantes de este Colectivo, los que están expuestos al recuerdo, a revivirlo a través de testimonios y a la difícil tarea –tan corpórea- de volver. Pero vuelven. Una, dos, tres, cinco veces y quienes acompañamos y suscribimos a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia queremos intervenir en y desde esas paredes. Abrirlas a la comunidad y, en especial, a los y las jóvenes. Esa forma de hacer anclada desde la experiencia pasada para intervenir en el presente se palpa en los objetivos que delineó el Colectivo en las tardes que se hacían noche entre mates y voces que argumentaban y escuchaban”.
La ley, presentada a través de la diputada bonaerense Evangelina Ramírez, fue aprobada por ambas Cámaras de la provincia de Buenos Aires el 22 de diciembre de 2016 y no sólo el resultado como tal es un hecho valioso e histórico, también lo fue el proceso de su construcción, las preguntas, las tensiones que surgieron en el camino, las redes que se tendieron con la Comisión Provincial por la Memoria y con otras organizaciones civiles que gestionan Sitios de Memoria.
Mediante su publicación en el Boletín Oficial, el ejecutivo provincial promulgó la ley. Desde ese momento hay sesenta días para que el edificio sea desafectado de sus actuales funciones.
La ley cede en comodato por 99 años la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y crea un órgano de gestión integrado por la CPM, el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio.
“Nunca va a ser suficiente decir que los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos y sociales no representan casos particulares. Nos involucra a todos y todas, nos atraviesa a distintas generaciones a través del tiempo. El ex Pozo de Quilmes representa la primera lucha de este Colectivo y es una victoria colectiva y social”, concluye esta integrante del Colectivo.
Laura Rosso
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