Grandes medios y oficialismo celebran su encarcelamiento. Pero son quienes piden terminar con los juicios de lesa humanidad. El kirchnerismo, luego de haberlo bancado, sale a despegarse. El 24 de marzo, la pelea en las calles es por la cárcel a todos los genocidas y sus cómplices civiles.
El viernes pasado, después de declarar en los Tribunales Federales por causas que investiga las detenciones ilegales y torturas de Pedro y Ramón Olivera en 1977 y de Verónica Matta en 1976, César Milani quedó detenido y está alojado con prisión preventiva en una dependencia del Servicio Penitenciario de la provincia de La Rioja
En las horas siguientes, y casi de repente, una ola de “defensores de los derechos humanos” brotó de todo el arco oficialista. Funcionarios que hasta el día anterior recitaban la teoría de los dos demonios, se convirtieron en furiosos críticos del genocida Milani y de Cristina Fernández por haberlo sostenido como jefe del Ejército.
Entre ellos, la garante de la “moralidad” republicana, Elisa “Lilita” Carrió, salió a manifestar su alegría por la detención de Milani. La líder de la CC-ARI celebró la detención del ex militar y agregó “se demuestra que Cristina Kirchner tuvo como jefe del Ejército a un genocida".
La hipocresía resulta manifiesta. Durante el Gobierno de Cristina Fernández, desde la Fundación Hannah Arendt dirigida por Carrió, se llegó a anunciar que se impulsaría la revisión de las causas de lesa humanidad. La líder del ARI y su fundación se pronunciaban por terminar con los juicios a los genocidas y continuar con el camino tomado por Sudáfrica para juzgar el apartheid: cambiar verdad por justicia. Hay que agregar que, en el caso citado, los procesos terminaron en la impunidad de los ejecutores del plan represivo.
Pero, además, Lilita viene de una larga militancia en la UCR. Ese partido no sólo fue parte de los que llamaron a los militares en la última dictadura, si no que, vuelto el régimen democrático, sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que permitieron establecer un manto de impunidad aun mayor.
En noviembre de 2015, –criticando los juicios contra los genocidas- Carrió llegó a decir que “no se puede tener presos a hombres de 80 años sólo por venganza”.
Evidenciando que la defensa de las libertades democráticas “no es lo suyo”, Carrió dijo en diciembre del año pasado –al cumplirse otro aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre- que “los muertos del 2001 fueron puestos”.
El repentino interés de Carrió por el genocidio no es solo suyo en la coalición Cambiemos. También la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti defendió la detención y afirmó que “quien tengan que ver algo con la dictadura tendrá que tener todo la fuerza y el peso de la ley para que se conozca qué hizo y tenga la condena necesaria".
Esto lo dice la persona que le restó importancia a los dichos del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, que negó el carácter de plan sistemático genocida de la última dictadura.
Hipocresía empresarial y silencio de clase
Las grandes empresas periodísticas, las mismas que ocultan o dedican escasos espacios a los juicios de lesa humanidad, transmitieron casi en directo la detención de Milani en La Rioja.
Clarín, el grupo empresario de Noble y Magnetto, el mismo que apoyó el golpe y se apropió ilegalmente de Papel Prensa en la última dictadura, vienen dedicando extensos espacios televisivos en TN y Canal 13 a esta detención.
Otro de los diarios golpistas, La Nación, también festejó la resolución de la Justicia riojana. El diario mitrista, tribuna de quienes reclaman la libertad de los militares procesados por crímenes de lesa humanidad, ha venido reclamando limitar los juicios.
Tanto los funcionarios como estos diarios que parecen mostrarse “conmovidos” por la detención de Milani, ocultan que el golpe militar fue un genocidio de clase. Es decir, un plan sistemático de exterminio destinado a masacrar a los trabajadores y pueblo pobre, en pos de imponer un nuevo patrón de acumulación del capital. El terrorismo de Estado tuvo como finalidad derrotar un proceso de insurgencia obrera y popular que, desde el Cordobazo en adelante, cuestionaba abiertamente el poder capitalista en Argentina.
De este golpe, los beneficiados directos fueron los grandes empresarios. Entre esos grandes empresarios estuvieron los dueños de Clarín pero también la familia Macri, que elevó de 7 a 47 el total de sus empresas durante la dictadura.
Impunidad de clase que se sostiene
Ese gran empresariado hoy sigue gozando de impunidad. En los años del kirchnerismo, a pesar del discurso, no fueron tocados. Los pocos grandes empresarios que fueron enjuiciados terminaron impunes. Para el kirchnerismo, ese rol en la dictadura no pareció un problema. Empresarios como Carlos Blaquier (Ingenio Ledesma) no tuvieron problemas en declararse “cristinistas”. La misma relación con Magnetto y Clarín se mantuvo dentro de marcos de acuerdo hasta 2008.
En ese marco, sostener a Milani no resultaba completamente incoherente con una política que limitaba los juicios a figuras emblemáticas de la represión genocida, que ya no tenían funciones en el aparato de las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad.
Una pelea planteada
Si el kirchnerismo, al sostener a Milani como jefe del Ejército, demostró los límites de su propio relato como “Gobierno de los derechos humanos”, el festejo de los funcionarios oficiales y de la corporación mediática por la detención de éste, es pura hipocresía. Una maniobra política para sacar el Gobierno de su peor momento, luego de una semana atravesada por la crisis política que parió el acuerdo con el Correo Argentino.
Precisamente por eso, la pelea por la cárcel a todos los genocidas y sus cómplices civiles sigue siendo una tarea planteada. Una pelea que requiere sostener una política independiente de todos los sectores políticos patronales que, a pesar de sus discursos, garantizaron la impunidad de gran parte de los responsables del golpe de marzo del 76’.
Este 24 de marzo, una vez más está planteada la tarea de tomar las calles de manera independiente, en el marco de esa pelea.
Rosa D'Alesio
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