La negativa del gobierno a habilitar la permanencia de la jueza Highton de Nolasco en la Corte Suprema trajo los comentarios suspicaces del caso. Nadie dejó de recordar que los mismos macristas que reclaman la jubilación de la jueza, habían puesto el grito en el cielo cuando el kirchnerismo intentó hacer lo propio con el nonagenario Fayt. Sin embargo, la intención de mandar a Highton a su casa excedería al gobierno “Cambiemos”. En La Nación de hoy, el editorialista Morales Solá informa que, antes de negarle la petición a la jueza, el macrismo verificó que la prórroga en su cargo no pasaría por el Senado. A la cabeza del rechazo estaría nada menos que Miguel Pichetto, el jefe del bloque del FPV. Ocurre que, si Highton se jubila, le correspondería al FPV-PJ colocar a un nuevo miembro –ello, en función de los acuerdos que en su momento permitieron la consagración de los reaccionarios Rozencranz y Rosatti como nuevos integrantes de la Corte, a petición de Macri. En suma: la permanencia de Highton es una piedra en el zapato de los acuerdos políticos PRO-FPV-PJ. Esos acuerdos han modelado la formación de la nueva Corte. Pero también la batería de leyes votadas este año, comenzando por el acuerdo con los fondos buitre.
El nombramiento de la nueva Corte tampoco es ajeno a la escalada de iniciativas que están en la agenda de “Cambiemos”: es que varias de ellas, como el decreto antimigratorio o la nueva ley de ART, piezas cruciales en el progreso de una orientación represiva y flexibilizadora, podrían muy bien ser judicializadas a causa de su inconstitucionalidad. La Corte, en ese caso, deberá actuar como garante último de un régimen empeñado en una agresión de fondo contra los trabajadores. Pero el macrismo no está blindando a la Corte en soledad, sino como parte de la coalición del ajuste que, en este año, ha permitido que pasen los despidos y los tarifazos; que las finanzas públicas queden a disposición de los usureros internacionales, y que, como contrapartida, el salario continúe siendo confiscado por un supuesto ´impuesto a las ganancias´.
Cristina Kirchner no ha dicho una palabra sobre este acuerdo estratégico entre los senadores del FPV y el gobierno –ello, si se exceptúan las puteadas en privado a Pichetto, que sólo trascendieron a partir de las filtraciones de las escuchas judiciales. Después de todo, los K aspiran a coaligarse electoralmente con los “Pichetto” de todo el país: en una reciente reunión con dirigentes porteños, CFK le pidió a los K de la Ciudad que cierren filas con los pejotistas del distrito, cuyos legisladores, cuando se votan las leyes macristas, levantan la mano a favor con más entusiasmo que el propio bloque del PRO.
Las guerras de escuchas telefónicas –que los servicios han colocado a disposición de los choques preelectorales– no deben ocultar de qué modo los ajustadores van colocando los cimientos de una Corte a su medida.
Marcelo Ramal
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