En marzo el haber mínimo que cobra el 70% de los jubilados y pensionados será de $6.394,28.
Ayer a la tarde Mauricio Macri, en conferencia de prensa, anunció que “la resolución ya se anuló”. Se refería a la norma que establecía un cambio en la fórmula del cálculo de movilidad de los haberes jubilatorios.
Una mínima modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria, que según reconoció la Anses se ubicaría en 12,65 % en lugar del 12,96%, generó un escándalo político.
La fórmula de movilidad se utiliza no sólo para los haberes jubilatorios (ordinarios y moratoria), sino también para la Asignación Universal por Hijo (AUH), y es crucial para los que cobran la mínima e impacta también sobre las Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez y otras) y Asignaciones Familiares (AAFF). En términos relativos, el cambio perjudicaba especialmente a los sectores de menos recursos.
La modificación en la movilidad vulneraba el cómputo establecido por ley de una forma muy engañosa en detrimento de los jubilados. Si bien no se alteraban los coeficientes de la Ley de Movilidad, sí se modificaba una Resolución que calculaba dichos coeficientes. Su impacto a pesar de ser mínimo en los haberes mensuales constituye en realidad un gran robo cuando se considera la masa de recursos que se ahorra el Estado durante el año. Por lo cual, estaba en sintonía con el ajuste sobre el gasto público que viene practicando el Gobierno.
Según distintos cálculos, el perjuicio total para los jubilados y beneficiarios de asignaciones podría haber significado entre $ 3.000 y $ 5.000 millones anuales.
Desde la noche del martes el escándalo mantuvo en crisis al oficialismo, e incluso hizo crujir a la alianza Cambiemos por dentro. Elisa Carrió, esa patrulla suelta funcional a tratar de sostener el cada vez más deshilachado discurso anti corrupción del Gobierno, disparó certeramente: “la torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación”.
El día martes, durante la votación de las modificaciones en el sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) el bloque oficialista había quedado ostensiblemente incómodo sin poder explicar qué había pasado con la fórmula de ajuste del haber jubilatorio.
De eso no se habla
Los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, correspondientes a junio de 2016, exhiben que se otorgan, entre jubilaciones y pensiones, 6.644.764 de beneficios comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y casi 6 millones de jubilados y pensionados.
A pesar que perduran algunas cajas previsionales provinciales o específicas de alguna rama de la actividad económica, el grueso de los adultos mayores reviste en el SIPA.
Del total de jubilados y pensionados incluidos en el SIPA, los datos oficiales indican que 4.677.639 cobraban la mínima o menos que la mínima en junio del año pasado. Es decir, que el 70 % cobraba $ 4.958,97 (la mínima de ese momento, en la actualidad en $ 5.661) o menos.
Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, el Gobierno "ignora" a los jubilados. Además, calificó de "temerario" el anuncio y agregó que "ignora al sector, lo que se anuncian son medidas que pueden ser efectistas políticamente, o que pueden resolver la situación de algún segmento, como la Reparación Histórica, pero tenemos 4 millones de jubilados que cobran la mínima que están por debajo de la línea de superficie, no pueden subsistir".
Semino denunció que “se están discutiendo entre $ 60 y $ 70 en un haber de hambre, sin la modificación o con la modificación. La discusión de fondo que no se da en el sistema político es saber si una persona con $ 6.377, que es lo que va a cobrar a partir de marzo, puede subsistir en la Argentina. Yo creo que no".
Con ese haber mínimo no se cubre ni la mitad de la canasta básica de adultos mayores: para el 1º de diciembre de 2016, fue estimada en $ 14.062 por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que nadie discute, ni oficialismo ni oposición patronal, a pesar de la cólera desplegada en el debate, es la miseria que cobran los jubilados.
Por el contrario, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, defiende el 82 % móvil para los jubilados, que ningún adulto mayor esté por debajo de la canasta básica, incrementar los recursos mediante el aumento de las contribuciones patronales y que la Anses esté bajo el control de jubilados y trabajadores para sacarla de la órbita de los vaciadores y privatizadores del sistema jubilatorio.
Pablo Anino
@PabloAnino
Lucía Ortega
Economista UBA
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