La Bonaerense “borra archivos”

La policía de la provincia y una crisis política

Las adolescentes masacradas en Florencio Varela se han convertido en un testimonio atroz: el crimen develó la presencia de una trama ominosa de narcotraficantes y policías que reclutan menores de edad para introducir y vender drogas en boliches nocturnos. Los traficantes “captan a chicas en situación de vulnerabilidad en fiestas que hacen en quintas o en las previas en casas, para ser usadas como ‘mulas’ para llevar la droga a locales nocturnos” (La Nación, 19/2).
Esa revelación golpea sobre una policía bonaerense en completa crisis, hundida en una corrupción terminal y quebrada por sus internas. Por ejemplo, el comisario mayor Marcelo Di Pasqua, ex jefe departamental de Mar del Plata, denunció al titular de la fuerza, Pablo Bressi, por sus vínculos con el narcotráfico. De inmediato convocó a la prensa y declaró: “Yo no quiero aparecer suicidado en un calabozo (…) esta mafia es capaz de cualquier cosa” (Perfil, 13/2).
Aunque no lo nombra, la referencia de Di Pasqua al comisario Federico Jurado es directa. Jurado, uno de los nueve policías detenidos por recibir coimas, apareció muerto el 18 de enero en su celda de la Unidad 9, en La Plata. Como se recordará, las luchas de camarillas en la Bonaerense hicieron que, delaciones mediante, Jurado y otros ocho oficiales fueran descubiertos con sobres de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata. El Servicio Penitenciario Bonaerense, aun antes de que se hiciera la autopsia, informó que el hombre había muerto por un “paro cardiorrespiratorio no traumático”. La autopsia preliminar, hecha por forenses de Gendarmería, deja demasiadas dudas y habrá que esperar la definitiva.
El abogado del comisario muerto, Daniel Mazzocchini, dijo de su defendido que “tenía 45 años y ningún problema cardiaco. Siempre que suceden estas cosas dicen que es muerte natural”. Mazzocchini recordó que poco antes la jueza Marcela Garmendia había rechazado un pedido de habeas corpus por su cliente, solicitado porque “temíamos por su seguridad” (La Nación, 19/1). Por eso las prevenciones del denunciante Di Pasqua: él sabe con qué celeridad se “borran archivos” en las internas policiales, y con qué facilidad los “carpetazos” se vuelven plomo caliente. Es una organización mafiosa.

Continuidad

Di Pasqua había denunciado a Bressi en 2013 por proteger a una banda de narcotraficantes que operaba en Lomas de Zamora, cuando el actual jefe estaba a cargo de la Dirección de Investigaciones de Esteban Echeverría y era, según testimonios de un comisario retirado (Perfil, ídem) “el recaudador de (Hugo) Matzkin, que por su efectividad en la recaudación lo premió y le consiguió el ascenso a jefe de la Bonaerense”.
Estamos hablando, como se ve, de una continuidad delictiva directa entre la organización policial de Daniel Scioli y la actual. Matzkin, jefe de policía del ex gobernador y actual compinche en Ezeiza (precisamente donde operaba Bressi) del ex ministro de seguridad kirchnerista, el matón Alejandro “38 especial” Granados, tenía en Bressi a su principal colaborador.
En cuanto a Di Pasqua, nadie piense que es trigo limpio. El mismo comisario citado antes dice: “Di Pasqua acusa a Bressi por sus vínculos políticos, pero él siempre usó el mismo mecanismo (…) ahora están en una disputa de poder” (Perfil, ídem). Di Pasqua lo admite. Cuando el periodista le recuerda que está denunciado por enriquecimiento ilícito y que su patrimonio no guarda correspondencia con los ingresos de un comisario, dice simplemente: “Yo no meo agua bendita. Cada cual se las rebusca como puede. Algunos hacen adicionales, otros manejan un taxi. A mí por suerte el bocho me dio para un poco más”. Son reos confesos.
Prensa Obrera, en una nota de la semana pasada por el comienzo del juicio oral en el caso de la niña asesinada Candela Rodríguez, dijo que ese crimen se vinculaba con las disputas entre policías por el territorio del narcotráfico y con luchas feroces de camarillas por la jefatura de la fuerza. Esa pelea se multiplica constantemente, se alimenta a sí misma y señala la descomposición terminal de una fuerza corrompida hasta los huesos.
La Bonaerense muestra síntomas de disolución desde hace mucho. La proliferación de policías locales es demostración de eso. Por cierto, ha sido el remedio tan malo como la enfermedad: esos “pitufos” se han transformado en fuerzas de choque de los intendentes, en protectores del delito en cada zona y, además, ya acumulan denuncias abundantes por casos de maltrato y gatillo fácil.
La atrocidad de Florencio Varela vuelve a mostrar el absurdo de vincular la seguridad ciudadana con mayor presencia policial. La Bonaerense tiene 90 mil efectivos, es la institución armada más grande del país y también la banda más peligrosa, organizadora del delito. Las policías locales nacieron con todos esos síntomas de putrefacción avanzada. El pueblo trabajador necesita tomar en sus manos la cuestión de la seguridad, consciente de que la policía es parte sustancial del problema junto con la corrupción de jueces y políticos patronales.

Alejandro Guerrero