domingo, 19 de febrero de 2017

Por un diagnóstico adecuado de la crisis



En los últimos días se han levantado voces de sectores de la Unión Industrial protestando por el "atraso cambiario" que sufriría la Argentina. Alegan que la ola importadora es imparable con el actual tipo de cambio y abogan, por lo bajo, para que haya un dólar a $ 22 o más. Si no, concluyen, crecerán aún más los despidos, que la CGT estimó en 400.000 durante el corto período del gobierno Macri.
El reclamo debe resultar llamativo si se tiene en cuenta que este gobierno ejecutó una devaluación, hace poco más de un año, del orden del 50%, arguyendo que había "un atraso cambiario". ¿Volvimos a foja cero? Sucede que se repitió la historia del 2014, cuando Kicillof hizo su devaluación ‘nacional y popular’: la devaluación se fue rápidamente a los precios, generando una inflación superior al 40%. El temor a que la misma derive en una ‘hiper’ llevó al gobierno a armar una bicicleta financiera clásica: subió la tasa de interés en pesos mientras mantenía pisado el valor del dólar.
Así, mientras en el mundo hay 15 billones de dólares invertidos en activos con tasas negativas en la Argentina la tasa en dólares superaba el 20% anual. La consecuencia fue el crecimiento exponencial de las Lebac, que terminaron superando los 600.000 millones de pesos. A una tasa actual del 25% aproximadamente, el BCRA debe afrontar intereses anuales del orden de los 150.000 millones de pesos.
A esto hay que sumarle que el plan oficial del gobierno consistió en la ‘vuelta a los mercados’, un eufemismo para encubrir un plan de endeudamiento serial que sólo durante el 2016 superó los 40.000 millones de dólares. Semejante ingreso de capitales por esta nueva deuda terminó presionando a la baja al tipo de cambio. Otro tanto ocurrió con el blanqueo de capitales, cuya parte principal fue a la especulación. Es decir que la llamada "apreciación del tipo de cambio" es el resultado de la política seguida por el gobierno y apoyada por toda la clase capitalista.
El reclamo de una nueva devaluación, que realizan los sectores de la burguesía industrial, e incluso un sector de los exportadores, no sólo representaría un golpe a los trabajadores que viven de su salario y más en general a la economía nacional. Además, haría que se repita la historia que hemos conocido en el 2014 y en el 2016.
Lo visto hasta aquí permite sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que el endeudamiento y el ingreso de capitales se limitó al circuito financiero para especular con el diferencial de una tasa de interés mucho más alta que la internacional. Pero la huelga de inversiones continúa, ya que este capital no se ha dirigido ni a la industria ni a la construcción.
Una reciente estadística ubica a la Argentina en el último lugar de la región, con una inversión del 16% de su PBI, la mitad de la media histórica del país. Esto se debe a que el capital reclama una tasa de beneficio mayor, que sólo puede conquistar no ya con modificaciones cambiarias sino arrasando las conquistas salariales y laborales de los trabajadores. Es lo que quiere Macri y avala la oposición de los Massa y Pichetto, cuando hablan de terminar con los convenios colectivos e introducir, otra vez, una ley de flexibilidad laboral.
La conclusión que se extrae de este diagnóstico es que la salida al impasse económico actual no pasa por ejecutar una nueva devaluación, que repetiría el fracaso de las anteriores, sino que es necesario desarrollar una política orientada a terminar con el capital, en tanto relación social que subordina el desarrollo de las fuerzas productivas al lucro privado extraído mediante la explotación de la fuerza de trabajo.
Una política de este tipo comenzaría por centralizar el ahorro nacional en una banca única, para orientar el ahorro nacional en función de un plan de desarrollo del país. Complementaría esta medida con el monopolio del comercio exterior, para proteger el desarrollo de las fuerzas productivas del país y relacionarnos con los otros países a través de una planificación del comercio internacional. Por último, nacionalizaría la energía y los recursos fundamentales, y establecería el control obrero de la producción.
Este es el programa que defiende el Frente de Izquierda y que debe ser obra de un gobierno de los trabajadores. Las otras falsas salidas que plantean los partidos del sistema implicarán nuevas confiscaciones de quienes viven de su trabajo.

Gabriel Solano

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