En momentos donde crecen los pronunciamientos que niegan el genocidio cometido por la dictadura militar, el diario La Nación decidió tomar el toro por las astas. En su editorial del martes 7 de febrero reclama directamente la eliminación del 24 de Marzo como jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El diario de los Mitre va hasta el final. Si Cristina Kirchner hizo del 24 de marzo un feriado puente, y Macri luego quiso trasladarlo de día, ahora La Nación propone directamente su eliminación. Para que nadie sospeche que la propuesta tiene por objeto reducir la cantidad de días no laborales La Nación propone que se declare feriado el 10 de diciembre, día en el que la ONU en 1948 votó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pequeño detalle: la ONU no repudió el golpe militar de 1976 ni tomó medidas para sancionar al gobierno de Videla, Massera y Agosti.
La Nación fundamenta su pedido trazando una verdadera apología del golpe de estado. En su editorial afirma que “se había llegado a un verdadero vacío de poder” porque “el terrorismo montonero y del ERP producía víctimas, atacaba cuarteles y asesinaba policías y civiles”. Se trata de una falsedad histórica. Al momento del golpe, tanto Montoneros como el ERP estaban en franco estado de disolución. El gobierno peronista se había encargado de utilizar a las FFAA, como ocurrió por ejemplo con el Operativo Independencia de Bussi en Tucumán, para aniquilar al reducidísimo foco armado del ERP. Y había puesto fin, mediante una mezcla de golpes de estado e intervenciones federales, a los gobiernos provinciales ligados a la izquierda peronista, como sucedió en Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
La Nación oculta el objetivo real del golpe de Estado y de la acción genocida que éste desplegó, incurriendo en una falsedad histórica completa. Sucede que el golpe tuvo como propósito excluyente terminar con la vanguardia obrera y juvenil que desde el Cordobazo en adelante evolucionaba a posiciones de independencia de clase, superando el marco del peronismo. La vuelta de Perón en 1973 fue operativo político en esa misma dirección del cual Montoneros y la JP fueron un engranaje. Para ello, Perón se valió primero de un golpe de Estado contra el gobierno de Cámpora; luego, de medidas de reforzamiento de la burocracia sindical y de la legislación represiva; y, por último, de una política de terrorismo de Estado que se plasmó en la formación de la Triple A. El fracaso de este operativo llevó a la huelga general de junio y julio del 75´, la más importante y prolongada de la historia argentina. Finalizada la misma, fue el propio gobierno peronista el que nombró a Videla al frente del Ejército, abriendo el camino al golpe militar.
Falseamiento histórico
La Nación también falsea la historia cuando afirma que “la ocupación del gobierno por las fuerzas armadas (¡no habla de golpe!) contó con un amplio consenso en la sociedad”. En realidad, fue la clase capitalista la que reclamó por medio de un lock out patronal, en febrero de 1976, que los militares aceleraran los preparativos del golpe de Estado. En cambio, cuando éste se consumó, numerosas fábricas fueron se declararon en paro para repudiarlo, esto a pesar de la complicidad de la burocracia sindical. La clase obrera fue la única clase social que enfrentó la dictadura, mientras la clase capitalista y sus partidos eran cómplices directos. El dirigente radical Balbín fue el más claro de todos cuando llamó a exterminar a la “guerrilla… fabril”.
La distorsión de esta verdad histórica le permite a La Nación retomar los dichos de Gómez Centurión sobre la existencia de una “guerra” en la que se enfrentaron los militares y el “terrorismo”. La Nación va más a fondo aún y señala que la responsabilidad de éstos sería aún mayor porque fueron “los iniciadores del sangriento conflicto”. Para justificar esta tesis macabra, La Nación se remonta al gobierno de Cámpora, al que denuncia por estar infiltrado por las “organizaciones subversivas”. Llegado a este punto La Nación muestra que la democracia le importa un rábano. Ocurre que pasa por alto que Cámpora fue electo por el voto popular, por un porcentaje abrumador. La acusación que le realiza el diario por la amnistía dada a los “guerrilleros” pasa por alto que los presos políticos habían sido encarcelados por una dictadura militar.
La omisión que realiza La Nación sobre el propósito social de la masacre pergeñada le sirve para eludir la caracterización de que se trató de un genocidio. A partir de allí, se suma a una campaña que ha venido desarrollando el programa Intratables, para que los “crímenes del terror” sean declarados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Dicho pedido va en contra incluso de la doctrina del derecho internacional, que reserva esa caracterización para el terrorismo de Estado y no para delitos cometidos por particulares u organizaciones políticas. Aclarado este punto, vale insistir en que la campaña tiene el propósito de encubrir que el objetivo del golpe de Estado fue eliminar a la vanguardia obrera y juvenil combativa, y no a un grupo de organizaciones foquistas en retroceso.
El extremo de la falsificación histórica lo comete La Nación cuando se queja de que los supuestos subversivos “fueron indemnizados y han ocupado altos cargos oficiales, especialmente durante la administración precedente”. Cualquier análisis real muestra exactamente lo contrario: una parte considerable del personal político, judicial, de las fuerzas de seguridad, y especialmente empresarial, proviene de la dictadura militar. La democracia argentina debutó en 1983 reconociendo la legislación aprobada por la dictadura; al día de hoy, por ejemplo, el sistema financiero funciona sobre la base de la ´ley´ armada por Martínez de Hoz. La deuda externa que la democracia pagó hasta vaciar una y otra vez las arcas del Estado fue un negociado de los grupos capitalistas en complicidad con la dictadura militar. El grupo empresarial del actual presidente armó buena parte de sus negocios con esos procedimientos. La Nación lo sabe perfectamente, porque la apropiación de Papel Prensa, de quien en la actualidad es propietaria junto con Clarín, se consumó en las salas de tortura de los Videla y Massera.
El ataque al 24 de Marzo que realiza La Nación forma parte de un operativo de impunidad que alcanza al gobierno y a buena parte de la oposición, y que tiene por propósito fundamental sentar las bases de una participación activa de las fuerzas armadas en la represión interna. Lo que el kirchnerismo quiso y no pudo hacer con Milani, ahora cobra nuevo impulso con Macri y La Nación.
La preparación de la jornada del 24 de marzo deberá tener en cuenta este nuevo contexto político. Una masiva movilización independiente será la mejor respuesta a estos apologistas de Videla y Massera.
Gabriel Solano
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