El supuesto “voluntario” que quiere boicotear el paro docente es un militar retirado y exbuchón de la dictadura. Otro exespía que se suma a César Milani, Gerardo Martínez y una larga lista.
Algunos son empleados públicos en oficinas de ministerios. Otros tienen un quiosco o una ferretería en algún pueblo del interior. Los hay abogados, médicos, ingenieros, contadores. Algunos, incluso, dirigen sindicatos o forman parte de instituciones sociales, políticas y culturales.
Los exintegrantes del personal militar y civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército que cumplieron funciones para esa dependencia entre 1976 y 1983 están, en su gran mayoría, vivos, libres y plenamente integrados a la sociedad.
Entre ellos se encuentra el “respetable” docente de las universidades de Palermo, del Salvador (la de Bergoglio), CAECE y UADE Mariano Bronenberg. El mismo que ayer se hizo famoso en las redes sociales por encabezar una campaña de “voluntarios” contra las y los docentes que enfrentan el ajuste del macrismo e irán al paro los próximos 6 y 7 de marzo.
Pese a los esfuerzos de Clarín y La Nación por presentar a Bronenberg como un simple profesor preocupado por la educación los niños y las niñas, a poco de lanzada la campaña #voluntariadocenteNoalParo salió a la luz que el susodicho era un coronel retirado del Ejército y que integró nada menos que el Batallón 601 entre 1976 y 1983, en calidad de “capitán”.
Una larga lista
Hace siete años, por pedido del juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner autorizó al Ejército a que entregara un listado con nombres, apellidos, números de documento y cargos del denominado “cerebro” de la represión genocida, el Batallón de Inteligencia 601.
A fines de febrero de 2010, la Revista Veintitrés (entonces propiedad del empresario y militante kirchnerista Sergio Szpolski) publicó “en exclusiva” ese listado de 4.300 personas, entre militares y civiles. Según se dijo entonces, allí figuraban “todos” quienes pertenecieron a ese organismo de inteligencia de la dictadura. Allí figura, precisamente, Mariano Bronenberg.
Además de 345 tenientes, mayores, capitanes y coroneles la nómina incluye 1.599 “agentes civiles” del Batallón 601 y otros 2.353 que cumplieron tareas en distintos destacamentos y secciones de diferentes lugares del país.
Aquella publicación generó revuelo político y no poca indignación entre organismos de derechos humanos y sobrevivientes del genocidio. Sobre todo porque en el mismo hecho se demostraban dos cosas que gran parte del régimen político se negaba (y se niega aún) a reconocer: que hay infinidad de archivos de la dictadura que están en poder del Estado y son guardados bajo siete llaves por todos los gobiernos y que gran parte de esos protagonistas del genocidio están libres, en funciones (sea en las mismas instituciones de antaño o en otras) y con las mismas mañas.
Es necesario remarcar (una vez más) que aunque esa lista sea larga, en verdad ser un “buchón” del Batallón 601 no era para cualquiera. Porque quienes integraban ese organismo debían realizar sus tareas cotidianas como “trabajadores”, “profesionales” o “vecinos” al tiempo que espiaban a sus compañeros de trabajo o estudio e informaban a sus empleadores sobre nombres, movimientos y otros detalles. Antes del golpe muchos eran miembros de organizaciones sindicales, sociales y políticas, lo que les permitió luego del 24 de marzo ser informantes esenciales para futuros secuestros y desapariciones. Y hubo quienes participaron, también, en aquellos operativos.
Por eso, cuando en 2010 apareció el listado a más de un “ciudadano” se le complicó la cosa al comprobar que su apellido, sus nombres y número de documento eran parte de esos 4.300 patéticos renglones.
Botones, de muestra
Algunos nombres enseguida comenzaron a aparecer en denuncias y escraches. Uno de los primeros fue el del actual secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Gerardo Martínez. Apenas descubierto que ese Martínez de la lista era él, quien entonces era uno de los burócratas sindicales mimados de la presidente debió salir al cruce como pudo. “Esa desgraciada y lamentable historia en la que me involucran”, respondía ante los medios y aseguraba que él nunca había ni trabajado ni conocido el 601. Sin embargo su coartada era muy limitada, ya que nunca pudo desmentir su relación con el teniente coronel Pedro Armando Coria, entonces interventor del sindicato de albañiles.
Martínez y Coria se habían conocido en 1978 en las mismas oficinas de la Uocra. Y mientras el dirigente, según sus propias palabras, acumulaba “liderazgo” en el sindicato, el militar lo limpiaba de disidentes.
Otro que figura en la lista del 601 es el teniente coronel (hoy retirado) Roberto Gordillo, justamente quien le recomendó a su camarada Coria que incorpore a Martínez al batallón de inteligencia.
Gordillo fue detenido en octubre de 2014 por su participación en 1976 como “especialista” en el área de Inteligencia en Tucumán, bajo las órdenes del entonces gobernador de facto Antonio Domingo Bussi. El coronel no corrió la misma suerte de Gerardo Martínez, que fue sobreseído por el juez Lijo (quien pese a la comprobada pertenencia al Batallón afirmó no haber encontrado pruebas para condenarlo). A Gordillo lo mandó a detener en Tucumán el juez Federal Daniel Bejas.
A quien no mandó a detener Bejas en estos años fue a otro integrante del 601 que también figura en el listado publicado en 2010. Se trata nada menos que de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, imputado en la causa por la desaparición en Tucumán del conscripto Alberto Ledo. Justamente la familia de Ledo acusa a Bejas de haber hecho todo cuanto pudo para no molestar a Milani.
Una curiosidad de esta historia es que quien tuvo a su cargo en 2010 el envío del listado de espías desde el Edificio Libertador a los Tribunales de Comodoro Py fue el mismo Milani, quien entonces era director general de Inteligencia del Ejército, que luego fue promovido por Cristina como jefe de la fuerza y quien hoy está tras las rejas en La Rioja procesado por delitos de lesa humanidad.
Pero el listado de espías del 601 tiene otras perlitas. En 2015, al tiempo que Mariano Bronenberg militaba la campaña de Mauricio Macri y se fotografiaba con personajes de la talla del intendente facho de Mar del Plata, Carlos Arroyo, Daniel Scioli nombraba como asesor de la “Mesa Empresaria Scioli Presidente” nada menos que a Pablo Maron Challú, un Licenciado en Economía que en los 70 había también sido “asesor”, pero del Batallón de Inteligencia.
Si Bronenberg se vanagloria de ser profesor en universidades privadas, Challú no le va en saga. Quien en 2009 ya integraba las huestes sciolistas como asesor de Gabinete de la gobernación bonaerense en el área de “Producción y Empleo”, también es un digno docente de la Universidad Católica.
(Grupos de) tareas de ayer y de hoy
El especialista Jorge Daniel Pedraza estudió el entramado de los organismos de la dictadura. Respeto al Batallón 601 y sus especificidades, Pedraza afirma que “de la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión y Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información”.
Pedraza agrega que “los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios. Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades”.
Queda en las lectoras y los lectores de La Izquierda Diario imaginar las tareas y funciones específicas que desempeñaban, según la explicación de Pedraza, personajes como Mariano Bronenberg, Gerardo Martínez, Pablo Challú, Pedro Gordillo y César Milani.
A fines del año pasado otro exespía de la dictadura fue descubierto. Se trata de Fabián Fernández Garello, actual fiscal general de Mar del Plata que supo buchonear al servicio de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (la tenebrosa Dippba de Miguel Etchecolatz). Otro hecho que demuestra que gran parte de los hacedores del genocidio se reciclaron en "democracia" y algunos lo hicieron con creces.
Espías M, espías K o espías sin partido. Todos paridos por las mismas cloacas del genocidio.
Daniel Satur
@saturnetroc
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