domingo, 26 de febrero de 2017

Choque en la Ruta 33: gobierno y empresarios son responsables

El viernes pasado, dos colectivos de la Empresa Monticas (Flechabus) chocaron de frente en la Ruta Nacional 33, localidad de Pérez, Santa Fe, dejando un saldo de 12 muertos y 34 heridos, cinco de ellos con pronóstico reservado.
Los primeros peritajes sostienen que el reventón de un neumático habría sido la causa del accidente que ocurrió en una recta de la ruta sin banquina bordeada por un zanjón, que es donde se clavaron los dos vehículos.
El gobierno provincial sostiene las concesiones en las rutas a pesar de los reclamos y advertencias permanentes de los usuarios por el pésimo estado de éstas. Cientos de denuncias de choferes usarios a lo largo de años, como se puede comprobar en en el hashtag #monticasotravez, demuestran que estamos frente a una tragedia largamente anunciada.
El gobernador Miguel Lifschitz no descartó la posibilidad de quitar la licencia a Monticas si se confirma su responsabilidad en el accidente, pero tampoco descartó la hipótesis de una “mala maniobra” del chofer. Advertimos contra cualquier intento de transformar al conductor en un chivo expiatorio del accidente, como ocurrió en la masacre de Once.
Incluso si se quitara la licencia a Monticas, el negociado continuaría de la mano de otra empresa, junto al monopolio de recorrido y el sometimiento de los usuarios a las pésimas e inseguras condiciones del servicio.
El mismo día del accidente, la población de Casilda se agolpó en la terminal en reclamo de justicia. Lo mismo está sucediendo en Zavalla. Se autoconvocaron también trabajadores y estudiantes en la terminal de Rosario para repudiar a la empresa.
La concejal del PO por Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa, se refirió a los hechos como "la masacre de Once de Lisfichtz".
Planteamos la investigación de toda la cadena de participación y complicidades en el hecho, empresariales y estatales. Esta masacre pone al rojo vivo la incompatibilidad del lucro empresarial con las necesidades de la población. Por ello corresponde la estatización del servicio de transporte y su puesta en funcionamiento bajo control de sus trabajadores y usuarios.

Silvia Coronel

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