Macri firmó ayer un decreto para modificar la Ley de ART. La llamada industria del juicio para el gobierno son las muertes obreras en ascenso, una ley a medida de las patronales.
La Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) fue modificada ayer a través del Decreto 54/2017, firmado por Macri. La propuesta sería tratada este año en el Congreso y ya contaba con media sanción en el Senado con la aprobación del Frente para la Victoria y el apoyo de la CGT.
Un proyecto a medida de las empresas, que obligará a los trabajadores a asistir a comisiones médicas, antes de comenzar un juicio contra la patronal. Este cambio evita que las empresas tengan que pasar por el juicio, sino que el trabajador primero asistirá a una etapa de mediación con esa comisión. Las comisiones tendrán un plazo para expedirse de 60 días.
Según la ley, esto será "obligatorio y excluyente como "instancia administrativa previa" a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad.
La Comisión Médica Jurisdiccional agotará la instancia administrativa del reclamo, aunque las partes podrán pedir la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central.
Ante el decreto presidencial, Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda (MC) y dirigente del PTS, criticó el cambio de ART afirmando que "en el Boletín Oficial aparecen dos acciones proempresarias de un plumazo, tomadas por Macri vía decreto: eliminar los feriados puente y modificar ley de Riegos del Trabajo. La salud de los trabajadores les parece un costo, quieren descartables. Vergonzoso".
El verso de Triaca
Según un documento publicado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en 2016 la cantidad de juicios ingresados fue de 127.503, que significa un aumento del 20 % con respecto a 2015 que fueron de 106.021 casos. Este incremento sería la motivación gubernamental para salir en defensa de las patronales.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien actúa como si fuera el gerente de RRHH de una empresa, defendió los cambios a la ley afirmando que "en los últimos años había habido un crecimiento casi exponencial de la cantidad de litigios, pero no había crecido la cantidad de accidentes, lo que estaba generando esta famosa industria del juicio".
Triaca agregó que "no había crecido la cantidad de accidentes sino que había bajado, lo que estaba generando esta famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores, que tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios". Sin embargo, las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo desmienten los argumentos del ministro.
Según la serie histórica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en 2015 se notificaron entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere (accidentes sucedidos durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa) 663.442 casos. En 2014, la misma cifra fue de 660.954, es decir un aumento de 0,37 % en un año.
En 2003 los casos notificados fueron de 342.889, en tanto desde 2003 a 2015 el promedio de estos casos fue de 552.962. En el mismo período, se registraron un total de 8.087.262 de accidentes laborales notificados. Los accidentes fueron en aumento, a pesar que algunos años hubo descensos, sigue siendo un número elevado de siniestros.
En el caso de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y por reingreso, de 2014 a 2015 ascendió de 776 a 796 casos. Entre 2003 y 2015 hubo 11.376 muertes obreras.
Las patronales celebran
El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja declaró que "el camino institucional, en el marco de la Constitución, es decisión de los poderes del Estado, pero la Unión Industrial Argentina (UIA) encuentra justificadas las razones de emergencia que ameritaron la medida".
El industrial José Urtubey sostuvo que con el cambio de la ley "mejorarán las condiciones de competitividad y se avanza claramente en dirección a ponerle punto final a la industria del juicio".
Otro entusiasta fue el abogado Julián de Diego, especialista en asesorar empresas para atacar a los trabajadores, quien señaló que “el decreto está muy bien dictado” y que "los hechos son estos, hechos concretos que permiten tratar de bajar la litigiosidad, mejorar las condiciones para que el trabajo sea previsible, bajar los costos laborales y aumentar la productividad".
No son accidentes, son crímenes patronales
Los empresarios hablan de accidentes, el Gobierno concede sus reclamos y accede a los cambios para terminar como ellos definen como la “industria del juicio”. Pero no se trata de accidentes.
En los últimos meses se conocieron los nombres de David Ramallo, trabajador de la línea 60, Diego Soraire del INTA, Richard Alcaraz, trabajador de la construcción, Luis Pons de la municipalidad de Avellaneda, Maximiliano Páez de la Cooperativa Infraestructura Urbana (ex sueños compartidos), Matías Kruger, trabajador del Subte, todos ellos perdieron su vida por la desidia patronal.
Los “accidentes” y muertes de trabajadores son inherente a la explotación capitalista. Los altos ritmos de trabajo, la ausencia de elementos de seguridad, la extensión de las jornadas laborales son los que desencadenan múltiples posibilidades de accidentes. Y cuando el final no es fatal, en muchos casos los trabajadores no pueden volver a recuperarse, en las fábricas los conocen como los “rotos”. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de los 7.322 trabajadores atendidos a Diciembre 2016, sólo el 27 % fue reinsertado y el 37 % fue reubicado.
Para los empresarios la vida de los trabajadores sólo representa un costo a reducir. Sólo los trabajadores pueden poner en pie sus propias Comisiones de Seguridad e Higiene, elegidas en asambleas conjuntas entre efectivos, contratados y tercerizados. Hay que anular la Ley de ART, que sólo representa un negociado para las aseguradoras.
Mónica Arancibia
@monidi12
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