Macri y su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, no dejan lugar a dudas. El gabinete “remozado” de Cambiemos ha debutado con una escalada en regla contra la clase obrera. Quieren recauchutar al frente burgués de sostenimiento al gobierno, previamente golpeado por un monumental empantanamiento económico y político. En pocos días, el gobierno anunció una rebaja de aportes patronales, acentuando la orientación que inauguró el menemismo, consolidó el kirchnerismo y condujo al vaciamiento de las cajas previsionales. En consonancia con ello promueven un recorte a las ya retaceadas prestaciones del Pami. Macri redobló la apuesta con un acuerdo para el supuesto “relanzamiento” del yacimiento de Vaca Muerta, que contempla un ataque completo al convenio petrolero. La suba de la bolsa saludó de inmediato los anuncios confiscatorios. Para completar el panorama, el gobierno reprimió brutalmente a los manteros de Once, otro globo de ensayo -en este caso, respecto del “control de la calle” frente a las luchas que despertará la nueva oleada ajustadora. Mientras tanto, el mismo gobierno que acusa de usurpadores a los que apelan a la venta callejera para sobrevivir protegía con palos a los grandes usurpadores -los acaparadores capitalistas de tierras en la Patagonia, ahora contra los mapuches.
Techint
La “revolución laboral” anunciada por Macri no es un plan de nuevos empleos sino una gran plataforma de ataque al derecho al trabajo de los actuales planteles obreros. El gobierno ratificó su voluntad de transformar a los planes sociales en “vouchers” (chequeras), que sus actuales beneficiarios podrían entregar a cuenta de sus sueldos a las patronales interesadas en tomarlos. De esa forma, los recursos de la “asistencia social” se convertirían en un gigantesco subsidio a las patronales, con el cual se financiarían los “retiros” (despidos encubiertos) de los trabajadores con mayor antigüedad. Quien sintetizó los objetivos oficiales fue el secretario de Empleo, Miguel Ponte, un ex Techint, que reivindicó la “naturalidad” con la que debe concebirse “la entrada y salida de un puesto de trabajo” (sic). La mención a Techint no es gratuita, si se tiene en cuenta que Dujovne ha sido por años asesor del jefe radical Ernesto Sanz, a su vez, reputado por su vínculo con el pulpo siderúrgico. No sorprende, por ello, que el nuevo ministro de Economía tenga en carpeta un paquete impositivo que toma, en lo esencial, el “pliego” que la UIA le entregó al gobierno: eliminación de los impuestos “distorsivos” (o sea, los que paga la patronal) e incluso una posible reducción del impuesto a las Ganancias. Mientras tanto, el gobierno eliminaba la devolución parcial del IVA a las compras con tarjeta, otro impuestazo al consumo. A esta altura, es una impostura presentar a Dujovne como un defensor del “equilibrio fiscal”. La reducción de aportes y las exenciones agravarán el quebranto fiscal actual, que el gobierno espera cubrir con un mayor endeudamiento, por un lado, y ajustes e impuestazos al consumo, por el otro.
Pero esta orientación no es sólo de la City bancaria. En sus anuncios de Vaca Muerta, Macri planteó que la “flexibilidad” se extienda hacia los sectores más amenazados por la competencia internacional ¡Este también es un reclamo de los “industrialistas” de la UIA! El movimiento obrero debe tomar nota que la campaña “proteccionista” de la burguesía no es una defensa del mercado interior -golpeado todos los días por la caída del salario y los despidos-, sino una extorsión sobre la clase obrera industrial, para que resigne conquistas históricas. La reforma laboral y tributaria en ciernes marca el ingreso de Techint al gabinete nacional, para reforzar la guerra contra los trabajadores. Es cierto que Dujovne planteó la perspectiva de un acuerdo con el FMI, para obtener el socorro financiero que ya no podría solventar por los medios actuales. Pero los Rocca y la burguesía nacional, que necesitan tramitar sus propios rescates, no rechazan la salida fondomonetarista, en particular, si viene acompañada de una escalada antiobrera.
La crisis de fondo continúa
Macri ha presentado al acuerdo laboral de Vaca Muerta como la llave para relanzar la producción gasífera y petrolera. Pero Vaca Muerta se empantanó, no por los “costos laborales”, sino por la crisis mundial -o sea, la sobreproducción petrolera y la caída a pique de los precios. Para remontar esa cuesta, las patronales no sólo han arrancado un convenio negrero, sino también un precio “especial” del gas que triplica al internacional, la reducción en las retenciones de exportación y un nuevo tarifazo en las naftas. Esas condiciones agravarán el dislocamiento industrial del país, y, desde luego, las tendencias inflacionarias y recesivas. Pero lo que vale para Vaca Muerta vale para todo el paquete antiobrero del gobierno: la escalada contra la clase obrera busca ‘relanzar’ al gobierno y galvanizar en torno suyo a toda la clase patronal. Pero las contradicciones de la política oficial, de cara al alcance de la bancarrota capitalista, afloran por todos lados. Las nuevas exenciones fiscales reclamadas por la UIA -y prometidas por Dujovne- agravarán el quebranto fiscal (por eso, ya han comenzado las contramarchas y vacilaciones respecto del punto). El ataque a los convenios no salvará a la patronal industrial de la competencia internacional, que viene azuzada por la crisis mundial y por los desequilibrios que genera el programa oficial (inflación en dólares, tarifazos, la carga usuraria del capital financiero). En medio de los anuncios de nuevos ajustes, progresa una crisis de gabinete de mayor alcance, cuyo telón de fondo son las secuelas del propio ajuste. En la cola de los futuros cesantes, se anota el ministro de Salud -acosado por el recorte de insumos esenciales- y el “ambientalista” Bergman, que asiste impávido a los incendios causados por la depredación capitalista y la complicidad estatal. Detrás de los anuncios contra los trabajadores, la impasse económica y política sigue su curso.
Los planteos flexibilizadores no han merecido el rechazo de la oposición massista o del FpV: los Massa o Kirchner saben muy bien que, para la base social capitalista que le disputan al gobierno, la flexibilización laboral es una cuestión de Estado. En esa línea, sus agentes en el movimiento obrero -los Daer, Acuña y compañía- se han limitado a señalar que discutirán “la situación (los convenios) en cada caso”. Han renunciado, desde el vamos, a una defensa de conjunto de las conquistas históricas de la clase obrera. Nada de esto impedirá que la escalada oficial desate una lucha encarnizada allí donde se plantee, como ya está ocurriendo, en la propia Neuquén, con los obreros de Schlumberger o Halliburton. En cualquier caso, tenemos trazado desde el vamos un 2017 de grandes enfrentamientos, luchas y desenlaces de las contradicciones explosivas que están en curso. Es todo un señalamiento para el Frente de Izquierda: la campaña electoral no será el devenir pacífico de las tendencias políticas preexistentes, sino que estará surcada por este cuadro convulsivo. Esta situación de conjunto debe colocar a la izquierda protagonizando la oposición a la escalada antiobrera, comenzando, naturalmente, con la organización obrera en defensa de los convenios y contra los despidos, en la perspectiva de la ocupación de las fábricas que despidan o suspendan, y de un plan de lucha contra la ofensiva oficial. Por medio de una intensa agitación política, es necesario denunciar la impotencia de los planes capitalistas de cara a una bancarrota internacional extendida y convocar a los trabajadores a organizarse en torno de un programa y de una salida de poder propios.
Marcelo Ramal
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