Macri anunció su decisión de modificar, en los próximos días, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la legislación vigente en materia de política migratoria en nuestro país. Se trata de la Ley de Migraciones 25.871 y de la Ley de Nacionalidad 346. Las reformas apuntan a asociar a los inmigrantes con el crimen organizado, por ello de forma apresurada quieren recurrir a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), esquivando el receso parlamentario y evitando la apertura de un debate.
La asociación de inmigración y delito resulta una gigantesca arbitrariedad, desmentida por todos los datos de la realidad. En un reciente comunicado conjunto de distintas organizaciones impulsado por el CELS y firmado por nuestro diputado Pablo López (miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso) y APEL, se denuncia que “la participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 6% de la población carcelaria es extranjera, mientras que la conformación de la población extranjera en la Argentina es del 4.5%. Esta vinculación puede habilitar, además, episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes, como el caso Marcelina Meneses, asesinada en el año 2001, en razón de su nacionalidad boliviana.”
De concretarse el decreto anti-inmigratorio, sería la antesala de persecución de cualquier inmigrante con o sin antecedentes, con radicación regular o irregular, ya que revisarían todas las radicaciones otorgadas por directores de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) hasta ahora.
Las decisiones administrativas de la DNM actualmente están sujetas al control judicial para evitar arbitrariedades, pero con el proyecto del DNU le otorgan el control absoluto para impedir que sean impugnadas judicialmente. La norma implicaría una adaptación judicial a su servicio para producir expulsiones en tiempo record mediante procesos sumarísimos. En una entrevista del programa de TN de Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna del pasado 23/01, el actual Director de Migraciones, Horacio García, fue enfático al pronunciarse y sostuvo que es una decisión política del actual Ministro del Interior Rogelio Frigerio, evitar el ingreso de extranjeros, y los que viven actualmente en la Argentina con antecedentes también serían expulsados porque les revocarían las residencias otorgadas de administraciones anteriores. Aunque hayan cumplido su condena legal, con el calvario que supone atravesar por las cárceles argentinas y –más aún- siendo extranjero, serían deportados sin ninguna consideración.
El gobierno intenta avanzar a su vez en una reforma penal juvenil para criminalizar a los jóvenes y adolescentes. Es todo parte de un mismo paquete represivo que busca distraer la atención sobre los grandes responsables del crimen organizado, enlazados por múltiples vías con el poder político y judicial. La xenofobia que subyace a las reformas en danza sobre leyes migratorias sigue el libreto de los Pichetto: desde el FPV hasta Cambiemos hay un interés común en utilizar a los inmigrantes como chivo expiatorio de la descomposición social y el delito amparado por las cúpulas policiales y políticas. Pero también tiene un fuerte contenido clasista: no apunta sobre los Benetton, expropiadores de los mapuche, los Lewis, los Odebrecht o los banqueros de la usura y el saqueo nacional.
En un país donde es el Estado el que está sospechado de estructurar el delito organizado y organizar las zonas liberadas, le pretenden dar a ese Estado una mayor facultad de control sobre migraciones, formando un verdadero comercio de antecedentes limpios. Estamos ante una política de Estado orientada a administrar la exclusión, de los que sobran, de los que no sirven, de los despojados de derechos.
Rechazamos la reforma reaccionaria, anti inmigrante y anti obrera.
Doris Quispe
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