La resistencia mapuche a la usurpación de tierras y el robo de los recursos acuíferos por el grupo Benetton es, según Pablo Duran, Ministro de Gobierno de Chubut, la obra de "un grupo terrorista, de delincuentes, no es un grupo que pelea, como lo vienen haciendo en muchas comunidades desde hace muchos años por los derechos ancestrales.
En la misma sintonía el gobernador Mario Das Neves - socio político de Sergio Massa- aseguró que en Chubut "desde hace tiempo hay un grupo de violentos que no respeta la ley", en la comunidad mapuche en la localidad de El Maitén.
Llamó a que "el repudio de las acciones de estos grupos tiene que ser generalizado. En esto voy a ser duro, hasta llegar a las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila. Espero que actué la Justicia".
La realidad es que la lucha de los mapuches se opone a la ocupación de tierras ancestrales pertenecientes a las distintas comunidades que fueron usurpadas por la firma Benetton, siguiendo el mismo patrón que los terratenientes del siglo XIX, en detrimento de la población mapuche, chubutense y de las leyes nacionales.
La ley 26.737 establece la prohibición a las personas físicas o jurídicas extranjeras de ser propietarias de más de 1.000 hectáreas, cualquiera sea el lugar o ubicación.
El grupo Benetton posee más de 900 mil hectáreas, siendo el principal terrateniente de la Argentina, en abierta violación de toda legislación local.
Además en 2014 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció el derecho de los mapuches sobre el territorio en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial.
Das Neves y el gobierno de Macri, decidieron violar la ley burguesa que protege la propiedad de la tierra contra el acaparamiento del capital extranjero y violar el derecho de propiedad de los pueblos originarios, para favorecer los intereses de un grupo económico internacional. Para hacerlo necesita crear un enemigo tal que le permita otorgar legalidad al uso de la violencia represiva del Estado.
Los argumentos son copiados de la herencia nefasta del pinochetismo en el régimen político chileno, que acusa a los actos de resistencia de sus propias comunidades mapuches de terrorismo. Así, la Resistencia Ancestral Mapuche y el Movimiento Autónomo de Puelmapu, que encabezan la resistencia a Benetton, son sindicados como terroristas vinculados a incendios intencionales en la Patagonia chilena, además de ataques a carabineros e incendios en campos privados.
El caso es de extrema gravedad: de aceptarse los argumentos de terrorismo de Das Neves se pondría en vigencia la ley antiterrorista que suspende las libertades y derechos del pueblo mapuche y lo transforma en coto de caza del Estado burgués y sus fuerzas represivas.
Los actos de resistencia mapuche están histórica y legítimamente fundados y hasta tiene, formalmente, una legalidad que los ampara. Son actos de autodefensa frente a un intento de avasallarlos y despojarlos de su tierra, tal como hiciera Roca en la Conquista del Desierto, para entregar esas tierras a los terratenientes.
Cabe recordar que la Ley Antiterrorista es un legado del kirchnerismo en la democracia argentina.
Los gobernantes capitalistas, el peronista Das Neves y el derechista Macri, actúan como agentes del capital extranjero y con los argumentos con que el imperialismo justifica sus sistemáticas violaciones a la soberanía de las naciones oprimidas y a los derechos de las personas. Así el Estado semicolonial argentino, y sus representantes políticos, se convierten en garantes de la opresión nacional mapuche para servir al capital extranjero.
Karl Marx señalaba que entre dos derechos iguales, decidía la fuerza. Para que se imponga la fuerza de los oprimidos es necesaria la más amplia movilización popular exigiendo la libertad de los detenidos, la defensa de los derechos democráticos y territoriales del pueblo mapuche y el rechazó a la ley antiterrorista y a cualquier figura con que se intente justificar la represión contra la clase obrera y el pueblo pobre.
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