Complicidad entre Clarín y el gobierno.
El accionar de las fuerzas represivas en la jornada del día 17 de Enero, se basó únicamente en un llamado telefónico del Grupo Clarín a las autoridades del Gobierno Nacional.
En el día de hoy, una comitiva encabezada por el legislador porteño, Marcelo Ramal, e integrada por trabajadores de AGR, y abogados de APEL, se dirigió a la Fiscalía N° 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pudo comprobar de manera fehaciente que el Fiscal de turno, no había emitido orden de desalojo alguna, y que asimismo, no poseía ninguna denuncia formal efectuada por los dueños de la empresa. En adición a lo antedicho, la patronal de Clarín ni siquiera ha iniciado acciones legales, ya sea contra los trabajadores, o contra los manifestantes y familiares que brindan su apoyo ante la entrada de la fábrica.
Desde la Fiscalía, informaron literalmente que la orden de reprimir había venido de más arriba, haciendo una alusión directa al Ministerio de Seguridad. Dieron cuenta de que accionaron ante un llamado por parte de los dueños de la empresa, denunciando una supuesta “ocupación violenta”. A esto debe sumarse el hecho de que hay destacamentos policiales apostados sobre las principales sedes del grupo Clarín. Entonces, resulta obvia la relación de complicidad existente entre Clarín y el Gobierno, lo cual permite caracterizar la represión del día 17 de Enero, como una medida de arbitrariedad absoluta por parte del Poder Ejecutivo, que actúa en connivencia con la patronal de Clarín para quebrar la lucha de los trabajadores de AGR.
Por eso repudiamos estos hechos. No a la represión en AGR. Basta de violencia institucional.
Pablo E. Iglesias Rando (APEL)
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