En "defensa" de la "patria" y el Estado de derecho el gobierno provincial salió a justificar la represión al lof de Resistencia Cushamen por recuperar tierras al multimillonario italiano Benetton.
El escenario político de Chubut se redujo en los últimos días casi con exclusividad a la zona cordillerana, donde el Gobierno de Mario Das Neves, en connivencia con la Justicia federal y provincial, avanza decididamente sobre el lof de Resistencia Cushamen en defensa del terrateniente Luciano Benetton. La situación volvió a poner una vez más en el centro de la escena no solo a la criminal Policía de la provincia, cuarta en el triste ranking de asesinatos a nivel nacional, según la Correpi, sino también el doble discurso en defensa de los intereses nacionales por parte de quienes nos gobiernan. Las críticas y los silencios de fuerzas supuestamente opositoras suman condimentos para una primera lectura del asunto.
Se sabe que el gobernador Das Neves comenzó aproximadamente en octubre del año pasado una campaña mediática, con discursos encendidos contra la comunidad mapuche que se encuentra recuperando territorios en la zona cordillerana. Desde entonces dos fueron los ejes donde apuntó todos los dardos. El primero de ellos fue Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad. La segunda víctima fue el juez federal Guido Otranto, por haber denegado la extradición a Chile del lonko cuando fue detenido a mediados del año pasado. Para ello el gobernador contó con la complicidad de los principales medios de comunicación de la zona, sobre todo en el valle inferior del río Chubut, centro político de la provincia.
La campaña no se destacó por su originalidad. Como sucede en otras partes del país, se estigmatizó a los principales referentes de la lucha como terroristas que no respetan el Estado de derecho ni profesan amor por la "patria". Supuestos e infundados vínculos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la ETA (Euskadi Ta Askatasuna) comenzaron a ser recurrentemente tapa de los diarios de la zona. Mientras se intentaba preparar a la opinión pública con la demonización de este sector de la comunidad mapuche, también avanzaba el apriete sobre Otranto con el planteamiento de un juicio político. Durante este período abierto en octubre del año pasado trascendió el visto bueno del Gobierno nacional para la decisión que adopte el gobernador, que, vale recordar, a nivel nacional pertenece al espacio político de Sergio Massa, y en la provincia formó su propio partido político denominado Chubut Somos todos, una suerte de peronistas díscolos en la última etapa del kirchnerismo y radicales que estuvieron vinculados a las dos primeras gestiones de Das Neves entre los años 2003 y 2011.
El periodista Rodrigo Mansilla ayer entrevistó en Fm El Chubut al ministro Coordinador de Gabinete Alberto Gilardino. Algunos pasajes de la charla son ilustrativos de lo que venimos señalando. En referencia a la muestra de solidaridad expresada por algunas organizaciones sociales en la Casa del Chubut el pasado miércoles dijo “se suman los mapuches de Recoleta que estuvieron ayer en la Casa del Chubut. Eran treinta. No deben saber ni dónde queda Chubut, ni hablar de Esquel. Hablás de Cushamen y ya directamente lo googlearán”. Lo berreta de la chicana ya es toda una muestra de la altanería con la que tratan el tema. En otro segmento de la entrevista señala con algo de cínica culpa que “es delicado el tema de los pueblos originarios porque hubo mucho avasallamiento y mucho abuso durante muchos años”. No solo habla en pretérito, como si nada de eso sucediera en el aquí y ahora, sino que renglón seguido se despacha con una serie de afirmaciones que ocultan las luchas de los pueblos originarios por sus derechos: “Ahora se les ha reconocido. Se les han reconocido la lengua, se les reconoce en escuelas que puedan tener el idioma, se les han dado tierras, se les han dado oportunidades”. Allí pasivos estos sectores oprimidos de la sociedad fueron reconocidos por el todopoderoso Estado.
Como era de esperarse, Gilardino no bajó su racista pie del acelerador y expresó que “(…) lo que hacen me parece que no condice con el reclamo, que no es un reclamo legítimo. Vos no podés tener como un referente a un señor, este señor Jones Huala que desconoce la bandera, que desconoce el idioma, que desconoce el territorio. Eso es ir contra la "patria". Tu reclamo no puede ir en contra del estado de derecho”. Que la propia Constitución Nacional que él dice defender en nombre de la "patria" diga que los pueblos originarios son preexistentes al Estado para este funcionario significa poco y nada. En nombre de la "patria" el Gobierno provincial defiende a un empresario que compró alrededor de un millón de hectáreas bajo el primer gobierno de Carlos Menem y que expandió su poder con todos los gobiernos de turno desde aquel entonces hasta ahora, más allá del signo político.
Volviendo a Otranto, el gobierno provincial se lava las manos y lo señala a él como responsable de la represión de Gendarmería el pasado martes. Algo de razón tienen. Pues, el juez sabía muy bien a lo que se exponía con la orden de desalojar las vías del emblemático tren La Trochita. Todo Chubut estaba al tanto de la concentración de cientos de gendarmes en las últimas semanas en la cordillera.
Días antes a la represión trascendió en varios medios de información que se habían comunicado con el hospital de El Maitén averiguando si estaban en condiciones de atender una cantidad de heridos fuera de lo normal. El garantismo del juez Otranto tuvo patas cortas. Por más que se excuse que él no envió a reprimir, la sola orden era lo que esperaban tanto el Estado provincial como nacional. Inmediatamente el juez provincial José Colabelli aprovechó la ocasión y dictó una orden de allanamiento por supuestas prácticas de abigeato de la comunidad. La Policía provincial se encargó de hacer el resto.
El rechazo al accionar conjunto de fuerzas federales y provinciales que, en última instancia, no hacen más que expresar la articulación de los gobiernos de Das Neves con el de Macri, dejó la pelota picando para que el Partido Justicialista de la provincia, sobre todo aquellos sectores más cercanos al kirchnerismo, salieran rápidamente a condenar la represión mediante un comunicado oficial. Nunca antes en los últimos años el PJ provincial había actuado tan rápido de reflejo frente a un avasallamiento a los derechos humanos. Por el contrario, durante los cuatro años de gestión de Martín Buzzi fue el propio dasnevismo quien en varias ocasiones corría por izquierda al kirchnerismo denunciando cínicamente la criminal persecución al pueblo qom en el noreste argentino.
El radicalismo provincial, como era de esperarse, no sienta posición unívoca. La diputada Jacqueline Caminoa, por ejemplo, se manifestó a favor de despejar las vías del tren, pero sin el uso de la violencia. Y, al igual que el gobierno provincial, se ofuscó por el poco respeto a la "patria" de estos sectores. No era de esperarse algo muy distinto del partido al que pertenece el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quien hoy es objeto de críticas a nivel nacional e internacional por la detención de Milagro Sala y la persecución contra los luchadores de aquella provincia.
Mientras tanto, se supo que hoy quedaron en libertad los siete detenidos por la causa provincial que iniciara el juez Colabelli. De acuerdo a información de Página 12, los representantes legales de los mapuches recusaron al juez José Luis Colabelli por discriminación. Los intereses comunes entre el italiano Benetton y la “justicia” quedaron al descubierto al conocerse que la esposa de Colabelli, Gladys Carla Rossi, actúa en representación del consulado de Italia en Esquel. Por su parte Otranto ayer denegó la excarcelación a Ricardo Antihuel, Ariel Mariota Garzi y Nicolás Hernández Huala, por lo cual siguen detenidos. Hoy una delegación de personalidades y agrupaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos se hará presente en la cordillera exigiendo la libertad de los detenidos y el cese de la persecución a los que luchan.
Iván Marín
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