La Patagonia vendida

Foto: mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.

Las raíces históricas de la entrega de territorio patagónico a extranjeros, casi siempre a costa de las poblaciones originarias, se hunde en el tiempo hasta llegar a la conquista que Julio Argentino Roca emprendió en 1878 y han sido señaladas por Antonia Torrebruna en la edición digital de Prensa Obrera este martes 12. Pero, como se sabe, en la Argentina burguesa las cosas siempre pueden empeorar y en efecto empeoran.
Joe Lewis, el británico amigo de Mauricio Macri, ex propietario de Hard Rock Café y socio de Planet Hollywood con Silvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger (uno más derechista que el otro), opera en Río Negro desde 2008, cuando gobernaba la provincia el radical kirchnerista Miguel Saiz. Sus propiedades crecieron allí durante las gobernaciones K del fascistoide Carlos Soria y Alberto Weretilneck, que sigue hasta hoy. Como se ve, Macri no hace más que continuar, en versión ampliada y mejorada, la política de sus antecesores. Ya volveremos a Lewis, a Benetton y a otros.
Después de facilitar la compra a precio vil (menos de 100 pesos la hectárea en 2010/2011, unos 20 dólares), el gobierno de Cristina Kirchner hizo aprobar una ley risible, que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros… al 15 por ciento del territorio de cada provincia. Durante su mandato, la Patagonia transfirió casi 17 millones de hectáreas, que no son más del 6 por ciento de la superficie de la región. De todos modos, y por si acaso, Macri derogó ilegalmente esa ley, mediante un decreto, el 820/16, en junio del año pasado. Burlonamente, Marcos Peña dijo entonces: “Si los extranjeros llegan a comprar más del 15 por ciento del territorio, veremos si ponemos alguna limitación”.
Lewis, entre otras cosas, es dueño de 18 mil hectáreas en Río Negro. Posee allí una mansión obscena, pero lo más importante es que esa propiedad rodea el lago Escondido, al cual impide todo acceso público y por eso las fuertes manifestaciones de protesta organizadas por los pobladores. Lewis tiene una estancia cerca de Sierra Grande, en la misma provincia, con acceso al Mar Argentino aunque leyes nacionales declaran que las costas son zona de seguridad. Es más: esa estancia tiene un enorme aeropuerto clandestino, más grande que el de San Carlos de Bariloche. Esa pista no tiene radares, está fuera de todo control y varias denuncias han indicado que desde allí parten vuelos encubiertos a las islas Malvinas.
En cuanto a la familia Benetton, tiene 1 millón de hectáreas en la Patagonia y extensas propiedades en la provincia de Buenos Aires, cerca de Balcarce. Como se sabe, por cuenta de Benetton se reprime con saña roquista a la comunidad mapuche Lof, en el chubutense departamento de Cushamen (Chubut está gobernada por el peronista Mario Das Neves). También el fallecido magnate norteamericano Douglas Tompkins tiene propiedades enormes en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Otro “vecino” patagónico es Ward Lay, norteamericano, propietario de la marca de papas fritas Lay’s y uno de los dueños de Pepsi. Lay compró miles de hectáreas en Neuquén porque, según dijo, “me recuerda al Texas de los años 50”. No sólo lo ha movido la nostalgia: en la estancia Alicurá, de su propiedad, instaló un alojamiento 5 estrellas con coto de caza y lodges de pesca.
El negocio sigue. Están a la venta o han sido vendidas grandes extensiones, en su mayoría fiscales, en toda la precordillera y sobre todo en los grandes lagos, en la zona de Bariloche y El Bolsón, con vías de agua que desembocan en el lago Argentino. Hay actualmente grandes remates de tierras fiscales, sin control estatal y en manos de inmobiliarias, en Tres Lagos (Santa Cruz), en cercanías de Esquel (Chubut) y, como queda dicho, en los alrededores de Bariloche y El Bolsón. Son zonas con reservas de agua dulce, minerales abundantes y bosques nativos. Los compradores extranjeros cercan arroyos, ríos y lagos, como han hecho Lewis y Turner, y proliferan las alambradas. Gonzalo Sánchez, autor del libro La Patagonia vendida, ha denunciado que por lo menos el 55 por ciento de las autorizaciones de transferencia de tierras fiscales presentan irregularidades severas. La burguesía nacional no es ajena a estos negociados.
Allá por 2010, cuando el peronismo rionegrino entró en conflicto con el gobernador Saiz, los diputados provinciales Luis Nievas y Liliana Andaloro (PJ), con Ariel Gallinger (ARI), se dirigieron a la gobernación, a la municipalidad de Viedma y a la Secretaría del Interior, por entonces a cargo de Florencio Randazzo. No pedían la prohibición de las ventas, sino apenas una comisión que revisara los pedidos de autorización. La respuesta fue silencio de radio.
Como se ve, para kirchneristas y macristas la entrega nacional es política de Estado.

Alejandro Guerrero